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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00950-01

Fecha
23 de mayo de 2024
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00950-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 21 de marzo de 2024, dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-00950-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

23 de mayo de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00950-01
Demandante: Alberto Pérez León

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00950-01
Demandante: ALBERTO PÉREZ LEÓN
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
“A”

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Requisito objetivo de inmediatez

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte actora, por intermedio de apoderado judicial, contra la
sentencia de 21 de marzo de 2024, dictada por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, en la que declaró improcedente la acción de tutela por desatender el
requisito de la inmediatez.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La parte actora mencionó que en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho presentó demanda contra la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares -CREMIL-, con el fin de obtener la reliquidación de la asignación
de retiro con base en la partida computable del subsidio familiar.

Indicó que el 30 de abril de 2018, el Juzgado Primero Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Pamplona profirió sentencia en la que accedió a las
pretensiones de la demanda, inaplicó el artículo 13 del Decreto 4333 de 2004 y, en
consecuencia, declaró la nulidad del acto administrativo y dispuso reliquidar la
asignación del retiro con inclusión del subsidio familiar en el porcentaje que se le
venía reconociendo a la fecha de retiro.

Señaló que la parte demandada apeló la decisión en lo referente a la prescripción
trienal. Frente a ello, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander mediante
sentencia de 10 de octubre de 20191, revocó la decisión recurrida y, en su lugar,
negó las pretensiones de la demanda, por lo que consideró que “se excedió al
REVOCAR el fallo de primera instancia que había concedido el derecho que tiene el

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Verificada en las actuaciones registradas en SAMAI. Expediente No. 54518-33-33001-2016-00196-01.
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Demandante: Alberto Pérez León

demandante a la reliquidación de su Asignación de Retiro con base en la partida
computable del Subsidio Familiar, para aplicar la Jurisprudencia Unificada del Consejo de
Estado proferida el 25 de abril de 2019, perdiendo de vista que el apoderado de la parte
demandada solo se limitó en el recurso de apelación al tema de la prescripción de las
mesadas causadas, lo cual sin duda alguna vulnera el derecho fundamental al debido
proceso”.

Por último, relató que contra la referida decisión interpuso recurso extraordinario
de revisión, el cual fue resuelto por la Subsección “A” de la Sección Segunda del
Consejo de Estado por medio de sentencia de 24 de noviembre de 2022, en el
sentido de declararlo infundado.

2. Fundamentos de la acción

El accionante promovió acción de tutela en defensa de sus derechos
fundamentales a la igualdad y al debido proceso, supuestamente vulnerados por la
Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con la providencia
de 24 de noviembre de 2022, por medio de la cual declaró infundado el recurso
extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia de 10 de octubre de 2019
dictada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander en la que revocó el
fallo de 30 de abril de 2018 y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda
en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado No. 54518-33-33001-2016-00196-00.

En primer lugar, sostuvo que la solicitud de tutela cumple el requisito de
inmediatez, para lo cual se debe tener como parámetro un caso similar en el que
se resolvió un recurso extraordinario de revisión mediante sentencia de 18 de
octubre de 2023, que se declaró fundado por considerar que la sentencia de
segunda instancia resolvió aspectos que no fueron objeto del recurso de
apelación. Agregó que es a partir de esta última decisión que tuvo conocimiento
de la afectación a sus garantías constitucionales, a lo que agregó que dicha
situación prueba el derecho que le asiste al subsidio familiar como partida
computable de la asignación de retiro.

En segundo término, indicó que era necesario pronunciarse sobre la totalidad de
las actuaciones surtidas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, y mencionó que la sentencia de primera instancia hizo referencia al
derecho que le asiste al actor a la reliquidación de la asignación de retiro con la
inclusión del subsidio familiar, por lo que resolvió inaplicar por inconstitucional el
parágrafo del artículo 13 del Decreto 4433 de 2004.

Refirió que, como consecuencia de lo anterior, se declaró la nulidad de los actos
administrativos demandados y a título de restablecimiento del derecho se dispuso
que la partida computable por subsidio familiar debía ser incluida en el porcentaje
que se venía reconociendo a la fecha de retiro, sin embargo, declaró la
prescripción de las diferencias de mayor valor de las mesadas reajustadas
causadas hasta el 11 de agosto de 2012.

Adujo que el recurso de apelación formulado por la parte demandada solo se limitó
a pedir la revocatoria de los numerales quinto y sexto de la providencia del a quo y
a solicitar la aplicación de la prescripción trienal contada a partir de la fecha en
que se hizo exigible, “y no de forma cuatrienal como lo sostiene en el fallo. Lo anterior,
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Demandante: Alberto Pérez León

por cuanto estas últimas se aplican a reclamaciones sobre salarios o tiempos de servicio
en los que los militares se encontraban activos”.

Mencionó que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en segunda
instancia, efectuó un estudio integral de la sentencia apelada luego de considerar
que “si bien en el escrito de apelación se desarrolló el tema de prescripción, no es menos
cierto que el apelante solicita la revocatoria del numeral quinto de la sentencia de primera
instancia, en la cual se condena a CREMIL a pagar por concepto de saldos insolutos a
favor de los demandantes, la diferencia que resulte entre el mayor valor que arroje el
reajuste dispuesto en el numeral cuarto en relación a la inclusión del subsidio familiar
como partida computable dentro de la asignación de retiro del demandante, por lo anterior
entonces es necesario hacer un estudio de la sentencia en su integridad”.

Alegó que la entidad apelante solo pidió la revocatoria de los numerales quinto y
sexto de la sentencia, sin tener la intención de objetar todo el fallo, por lo que se
debía limitar a resolver lo relacionado con la prescripción del derecho reconocido
al demandante, sin entrar a pronunciarse sobre aspectos que no fueron invocados
en la alzada.

Aludió que “se puede llegar a la conclusión claramente de que la decisión que puso fin al
proceso presentó la incongruencia alegada por el hoy recurrente en revisión, ya que, el
Tribunal no tenía la competencia para decidir el punto relativo al derecho como tal, sino
que se debió circunscribir solo al punto de la apelación, el cual consistía en la aplicación
de la prescripción trienal o cuatrienal en el caso concreto”. Para sustentar lo anterior,
trajo a consideración los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 2012.

Señaló que en virtud de lo dispuesto en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, se
interpuso recurso extraordinario de revisión por considerar que se configuraba la
causal contemplada en el numeral quinto de la referida disposición y, en
específico, porque “si se lee el recurso de apelación interpuesto por la demandada, se
observa a simple vista que lo que pretendía era la aplicación de la prescripción trienal de
las mesadas de conformidad con el artículo 43 del Decreto 4433 de 2004 y no de forma
cuatrienal como se ordenó en la sentencia y que por esto solicita al Tribunal revocar los
numerales 5 y 6 y que en su lugar se declare probada la excepción de forma trienal”.

Para terminar, aseveró que la autoridad judicial accionada declaró infundado el
recurso, a lo que agregó que “dicho fallo viola el derecho fundamental al debido
proceso al abusar de la facultad que le otorgan los artículos 320 y 328 del CGP, pues en
ningún momento la parte demandada está atacando la sentencia de primera instancia por
ningún otro motivo diferente a la prescripción y esto no significa que esté solicitando la
revocatoria del fallo”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“RUEGO A LOS SEÑORES MAGISTRADOS DEL CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A, CONCEDER LA ACCIÓN DE TUTELA Y EN
CONSECUENCIA AMPARE EL DERECHO A LA IGUALDAD Y AL DEBIDO
PROCESO, DEJANDO SIN EFECTOS JURÍDICOS EL RECURSO
EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A -

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Demandante: Alberto Pérez León

SIENDO CONSEJERO PONENTE EL DR RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
VARGAS, PROFERIDO EL 24 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS
(2022) Y EN SU LUGAR ORDENAR AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
NORTE DE SANTANDER QUE PROFIERA UN FALLO IGUAL AL
PROFERIDO EL 18 DE OCTUBRE DE 2023 SIENDO CONSEJERO
PONENTE: JORGE IVAN DUQUE GUTIEREZ ACORDE CON LO ORDENADO
POR EL CONSEJO DE ESTADO QUE DECLARO FUNDADO EL RECURSO
EXTRAORDINARIO DE REVISION EN EL CASO DEL DEMANDANTE
TEOFILO GARCIA MESA”.

4. Pruebas relevantes

Se allegó copia de la sentencia dictada el 24 de noviembre de 2022, por medio de
la cual se resolvió un recurso extraordinario de revisión con radicado No. 11001-
03-25000-2020-00717-00.

5. Trámite procesal

Por auto de 29 de febrero de 2024, la Sección Quinta de esta Corporación admitió
la demanda y ordenó notificar al demandante y a la autoridad judicial accionada -
Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Así mismo, a la
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares -CREMIL-, al Tribunal Administrativo de
Norte de Santander y al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Pamplona, como terceros con interés en el resultado del proceso, y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

6. Oposición

Respuesta de la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de
Estado

El magistrado a cargo del despacho que tuvo a su cargo el recurso extraordinario
de revisión, rindió informe en el que solicitó declarar improcedente la acción de
tutela, por considerar que no se interpuso dentro de un plazo razonable.

Refirió que en sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena Contencioso
Administrativa del Consejo de Estado acogió un plazo razonable de seis meses,
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, para establecer si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejercía de manera oportuna, a
lo que agregó que de acuerdo a dicha postura, se advierte que la decisión objeto
de reproche fue notificada el 23 de enero de 2023, mientras que la presente
acción se promovió el 27 de febrero de 2024, es decir, más de un año después,
sin que se encuentren razones válidas para su inactividad.

Para terminar, señaló que el cambio jurisprudencial alegado por el actor no tiene la
suficiencia para viabilizar el ejercicio de la solicitud de tutela, debido a que el
recurso extraordinario de revisión fue analizado con base en los elementos
aportados y en armonía con el criterio que para ese momento tenía la Sala.
Agregó que la acción constitucional no es el mecanismo para reabrir un debate
que ya fue zanjado, en el que se garantizaron los derechos de audiencia y defensa
de las partes.

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Demandante: Alberto Pérez León

7. Tercero vinculado

7.1. Respuesta de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares -CREMIL-

La apoderada judicial de la institución rindió informe en el que solicitó que se
declarara la improcedencia de la acción de tutela, por cuanto no existe vulneración
alguna, ya que el actor ha tenido a su disposición los medios de defensa en cada
etapa procesal sin que se le vulnerara el debido proceso, por el contrario, se
demostró el acceso a la administración de justicia.

En relación con el derecho a la igualdad aludió que no es competencia del juez
constitucional examinar las actuaciones procesales que se dicten en otros juicios,
para determinar en cuál de ellos la decisión definitiva se ajustó a la ley.

Mencionó que la solicitud de tutela no fue interpuesta de manera transitoria por
estar ante la posible configuración de un perjuicio irremediable con base en los
hechos expuestos en el escrito de la demanda, y manifestó que lo pretendido ya
fue debatido de manera oportuna como se evidencia en los pronunciamientos
judiciales.

7.2. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander y el Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Pamplona, a pesar de haber sido
notificados en debida forma, guardaron silencio.

8. Sentencia de tutela impugnada

El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante sentencia de 21 de marzo de
2024, declaró improcedente la solicitud de tutela por desatender el requisito de la
inmediatez, habida cuenta de que entre la notificación de la sentencia de 24 de
noviembre de 2022 y la presentación de la solicitud de tutela, transcurrió más un
año, término que excede el plazo fijado jurisprudencialmente para ese efecto.

Sostuvo que el accionante no manifestó encontrarse dentro de alguna de las
situaciones que la jurisprudencia ha considerado especiales para flexibilizar el
término establecido y señaló que “si bien el señor Pérez León refirió que la misma Sala
de Decisión profirió con posterioridad sentencia favorable en recurso extraordinario de
revisión adelantado en un asunto similar al que lo motivó a la presentación de dicho
mecanismo, lo cierto es que esta Sección no puede desconocer que los jueces en sus
providencias están habilitados para abandonar sus posturas y acogerse a unas diferentes,
sin que lo mismo implique per se una afectación de las garantías fundamentales de los
demás interesados”.

Refirió que la decisión objeto de reproche constitucional consideró que no se
reunían los presupuestos establecidos para determinar que el Tribunal
Administrativo de Santander incurrió en la causal quinta del artículo 250 de la Ley
1437 de 2011. Agregó que al valorar la sentencia de 18 de octubre de 2023, en el
caso similar referido por el accionante, se encontró que la Sala en dicha
oportunidad determinó que existían garantías de tensión que implicaban un
análisis desde otra perspectiva, situación que fue señalada por la autoridad judicial
accionada en el escrito de contestación al indicar que “con posterioridad a la
expedición de la sentencia del 24 de noviembre de 2022 reexaminaron la postura. Ello

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con el ánimo salvaguardar principios y derechos que reclamaban prevalencia, de cara a
otros que se encontraban en tensión”.

Por último, mencionó que no puede pasarse por alto la facultad de los jueces de
apartarse del precedente judicial en los casos que considera necesario y concluyó
que “admitirse que el cambio de postura jurisprudencial constituye uno de los supuestos
de excepción del requisito general de la tutela consistente en la inmediatez, equivaldría a
considerar que las providencias son susceptibles de variaciones en el tiempo según sea la
línea que se adopte con posterioridad. Situación que a todas luces es contraria a los
principios de seguridad jurídica y de cosa juzgada”.

9. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el
accionante impugnó el fallo de primera instancia, solicitó que se revocara y, en su
lugar, que se accediera a las pretensiones de la demanda.

Hizo referencia nuevamente a los hechos que motivaron la acción de tutela y
adujo que “el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, viola el derecho
fundamental al DEBIDO PROCESO al REVOCAR el fallo de primera instancia DE
MANERA ILEGAL Y ABUSIVA TODA VEZ QUE EL ABOGADO DE CREMIL EN NINGUN
MOMENTO SOLICITO LA REVOCATORIA DE LA SENTENCIA PARA APLICAR LA
NEGACION DEL DERECHO MEDIANTE Jurisprudencia Unificada del Consejo de Estado
proferida el 25 de abril de 2019, lo cual sin duda alguna SE EXCEDIÓ DE SUS
FUNCIONES LEGALES DE MANERA ABUSIVA LO QUE VULNERA SIN DUDA ALGUNA
EL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO”.

Sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en el mismo error al pasar por
alto lo dispuesto en los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 2012, y señaló que
dicho yerro “viola el debido proceso sin duda alguna lo cual no puede pasar inadvertido y
si bien es cierto que la tutela fue negada por el requisito de la inmediatez, no se puede
perder de vista que los Recursos de Revisión no se resuelven en meses sino en años, de
ahí que cuando profirieron la Sentencia de Revisión a un compañero del aquí tutelante
TEOFILO GARCIA MESA en un caso igual referente al mismo tema el Consejo de Estado
de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección profirió Sentencia día 18
de octubre de 2023 la cual fue debidamente notificada donde revocó la sentencia al
Tribunal Administrativo del Norte de Santander, a partir de ese decisión del Consejo de
Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda , Subsección A, siendo
Consejero Ponente: Jorge Iván Duque y fue desde ese momento que se recurrió a la
ACCION DE TUTELA, por lo tanto no puede haber dos criterios encontrados, una Sala
que niega el Derecho que se reclama y otra Sala que la concede, con la tutela se busca el
principio de la Igualdad aplicando el criterio que más le favorece al demandante de lo
contrario se vulnera sin duda alguna el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO, LO
CUAL NO PUEDE SEGUIR OCURRIENDO”.

Afirmó que en el caso resulta viable presentar la solicitud de tutela dadas las
circunstancias, que como se vio para el caso de Teófilo García Mesa, se dictó
sentencia tres años después en el sentido de conceder el derecho reclamado, por
lo que resulta imposible y contrario al debido proceso impedir que se proponga el
debate acerca sobre la negativa del derecho reclamado.

Añadió que “el requisito de la inmediatez vuelvo y repito, cuando se trata de un recurso
extraordinario de revisión no puede ser tratado como todos los casos, porque como ya se
dijo la mora para resolver dicho recurso son de tres años o más años, por lo tanto, no
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puede ser ese el motivo para negar la tutela, nadie está obligado a lo imposible según las
circunstancias”.

Por último, manifestó que “negarle al demandante el recurso de REVISION y más aún
la ACCION DE TUTELA sin tener en cuenta los NORMADO EN LOS ARTICULOS 320 del
C.G.P. Y EL ARTICULO 328 del C.G.P. le están vulnerando sus derechos fundamentales,
debido a la ilegalidad que dio lugar a la negación del derecho pretendido, es por eso que
EL CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMNISTRATIVO SECCION
SEGUNDA , SUBSECCION A , SIENDO CONSEJERO PONENTE JORGE IVAN DUQUE
GUTIÉRREZ CON FECHA DE 18 DE OCTUBRE DE 2023 CONCEDIO EL DERECHO
RECLAMADO POR SEÑOR TEOFILO GARCIA MESA CONTRA LA CAJA DE RETIRO
DE LA FUERZAS MILITARES ciñéndose a lo normado en los artículos Artículo 320 del
C.G.P. y al Artículo 328 del C.G.P. como lo ordena la ley, en ningún momento CREMIL
solicito la derogatoria de la sentencia, solo solicito la aplicación de la prescripción trienal”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala, en los términos del escrito de impugnación, determinar si
es procedente revocar el fallo de 21 de marzo de 2024 proferido por la Sección
Quinta de esta Corporación que declaró improcedente la solicitud por desatender
el requisito de la inmediatez, y de superarse los restantes requisitos generales de
procedencia, si la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos endilgados
por la parte actora.

3. Requisito de la inmediatez como presupuesto general de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política establece que “toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”.
Ahora bien, aun cuando la Carta Política hace uso de la expresión “en todo
momento y lugar”, lo que podría dar a entender que la acción de amparo puede
solicitarse en cualquier tiempo, sin importar la urgencia, ni la relevancia de los
derechos vulnerados, lo único cierto es que se trata de un requisito que se debe
valorar en cada caso concreto.

Sin embargo, la Corte Constitucional2 ha señalado que si bien no es posible
establecer un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela,
ésta no puede presentarse en cualquier tiempo y por lo tanto debe existir un

2
Corte Constitucional, sentencia T- 123 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

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término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los
derechos fundamentales del actor y la presentación de la demanda, en la medida
en que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que
ver con la urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una
persona, sino también con el respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de
los terceros afectados.

En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca que la
acción se presente en un término razonable contado desde el momento en que se
tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales y no
un término de caducidad. Justamente, porque la acción de tutela es un medio
excepcional para la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en
un tiempo prudencial. Por ello, el presupuesto de la inmediatez constituye un
requisito para habilitar el estudio de fondo de la acción de tutela, pues se evita “el
uso de este mecanismo constitucional como herramienta que consienta la
negligencia o indiferencia de los actores, o que propicie la inseguridad jurídica.” 3

La jurisprudencia constitucional ha identificado cinco criterios orientadores para
que el juez de tutela pueda determinar4, en cada caso, si se ha cumplido con el
requisito de la inmediatez. Tales criterios se precisaron en la sentencia SU-391 de
20165, así: “(i) La situación personal del peticionario: debe analizarse la situación
personal del peticionario, pues en determinados casos esta hace desproporcionada la
exigencia de presentar la acción de tutela en un término breve; (ii) El momento en el que
se produce la vulneración: pueden existir casos de vulneraciones permanentes a los
derechos fundamentales. En estos casos, para analizar la inmediatez el juez de tutela no
debe contar el término desde el momento en el que la vulneración o amenaza inició hasta
la fecha de presentación de la tutela, sino que debe tomar en cuenta el tiempo por el que
esta se prolongó; (iii) La naturaleza de la vulneración: existen casos donde se presenta un
nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción de tutela y la vulneración de los
derechos de los interesados. De acuerdo con este criterio, el juez debe analizar si la
demora en la presentación de la tutela guarda relación con la situación de vulneración de
derechos fundamentales que alega el peticionario; (iv) La actuación contra la que se dirige
la tutela: la jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis de la inmediatez
puede variar dependiendo de la actuación que se identifica como vulneratoria de los
derechos invocados en la tutela. Específicamente, ha señalado que este análisis debe ser
más estricto tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales y (v) Los
efectos de la tutela: la Corte ha considerado que, aún si se encuentra un motivo que
justifique la demora en la interposición de la tutela, el juez debe tener en cuenta los
efectos que esta tendría en los derechos de terceros si se declarara procedente”6.

Específicamente, en torno a la verificación de este presupuesto cuando la tutela
que se analiza está dirigida contra una providencia judicial, la Sala Plena de esta
Corporación mediante sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 7
estableció, como regla general, que el mecanismo de amparo debe promoverse en
un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación o ejecutoria

3
Ibídem.
4
Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU 391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo, sentencia
T-246 de 2015 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, sentencia T-594 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño ,
sentencia T-158 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia T-1110 de 2005 M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto, sentencia SU-961 de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
5
Corte Constitucional. M. P. Alejandro Linares Cantillo.
6
Ibídem.
7 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)

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de la sentencia o providencia objeto de reproche constitucional, límite temporal
que también ha sido acogido por la Corte Constitucional8.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. El señor Alberto Pérez León promovió acción de tutela con el fin de que se
protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad,
supuestamente vulnerados con la sentencia de 24 de noviembre de 2022, por
medio de la cual la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado
resolvió declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra
la sentencia de 10 de octubre de 2019 dictada por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, en la que revocó el fallo favorable de 30 de abril de 2018
proferido por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Pamplona y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado No. 54518-33-33001-2016-00196-00,
en la que se pretendía la reliquidación de la asignación de retiro con inclusión del
subsidio familiar como factor prestacional.

En primera instancia, el Consejo de Estado, Sección Quinta, por medio de
sentencia de 21 de marzo de 2024, declaró improcedente la solicitud de amparo
constitucional, por desatender el requisito de la inmediatez, habida cuenta de que
entre el momento de la notificación de la decisión objeto de reproche y la
presentación de la acción, transcurrió más de un año, término que excede el plazo
razonable fijado jurisprudencialmente.

En el escrito de impugnación, el accionante indicó que en el caso se cumple con el
mencionado presupuesto, por cuanto la solicitud se presentó en razón a que la
Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado resolvió otro
recurso extraordinario de revisión en un caso con la misma situación fáctica de
manera favorable, por lo que a partir de dicha oportunidad podía alegar la
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.

4.2. Como quiera que fue la razón principal de la decisión de primera instancia y
objeto de la impugnación presentada, la Sala debe verificar si la presente acción
de tutela cumple el requisito de la inmediatez, pertinente para la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales.

Sobre el particular, cabe resaltar que la Corte Constitucional en diferentes
decisiones ha ratificado la posición jurisprudencial de esta Corporación, al indicar
que el plazo razonable para interponer la acción de tutela, si bien no es un
término fijo, puede entenderse como un periodo prudencial de seis (6) meses, el
cual debe analizarse en general, “en relación con el hecho generador de la tutela, las
9
condiciones del accionante y los derechos que subyacen en la pretensión” , respecto del
cual ha precisado “que (…) ha entendido que seis meses es un plazo razonable para
satisfacer el requisito de inmediatez sin que ello signifique que dicho término es
10
perentorio” .

8 T-031 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-619 de 2019, M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
9
Sentencia T-422 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
10
Sentencia T-338 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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Demandante: Alberto Pérez León

En este sentido, la Sala precisa que el mencionado requisito general debe
contabilizarse desde la fecha en que se notificó la sentencia de 24 de noviembre
de 2022, mediante la cual la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo
de Estado resolvió declarar infundado el recurso extraordinario de revisión
presentado contra la sentencia de 10 de octubre de 2019, por medio de la cual el
Tribunal Administrativo del Norte de Santander negó las pretensiones. Lo anterior,
por cuanto a partir de ese momento el demandante conoció el sentido de la
decisión, y no desde la sentencia de 18 de octubre de 2023, dictada en un
proceso ordinario en el cual no fungió como parte, habida cuenta de que este no
constituye la circunstancia alegada por el accionante como causa de la
vulneración de los derechos fundamentales invocados.

De permitirse la verificación del requisito de la inmediatez en los términos que
propone la parte actora, las situaciones jurídicas resueltas quedarían en estado
de indefinición a la espera de una circunstancia ex post que pudiera ser favorable
a los intereses de la parte vencida en juicio, lo cual generaría un sacrificio
excesivo a los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.

Así las cosas, la Sala observa que la providencia de 24 de noviembre de 2022 se
notificó mediante mensaje de datos11 remitido el 23 de enero de 202312, y la
solicitud de amparo fue promovida el 27 de febrero de 2024, lo que indica que
transcurrió más de un (1) año, un (1) mes y un (1) día entre el momento de la
notificación y el de la interposición de la acción constitucional, término que
desborda el límite establecido como plazo razonable, por regla general, por la
Sala Plena de esta Corporación y la Corte Constitucional, como fue establecido
por el a quo.

En el escrito de impugnación el actor adujo que en el presente caso el requisito de
la inmediatez se encuentra cumplido por cuanto la fecha que debe tenerse en
cuenta es la de la sentencia de 18 de octubre de 2023, dictada en otro recurso
extraordinario de revisión que se declaró fundado, argumento que no es de
recibo, en tanto como se explicó en las consideraciones precedentes, el término
razonable para la interposición de la tutela contra providencias judiciales se
encuentra relacionado con el momento en que el accionante tiene conocimiento
de la decisión de la que desprende la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales, el cual se sobrepasó ampliamente en el presente caso.

En todo caso, la Sala resalta que tratándose de tutela contra providencia judicial,
la Corte Constitucional en sentencia SU-184 de 2019, dispuso que “la carga de la
argumentación en cabeza del demandante aumenta de manera proporcional a la
distancia temporal que existe entre la presentación de la acción de tutela y el momento
en que se consideró vulnerado un derecho, pues, en ausencia de justificación, el paso del

11
ARTÍCULO 205. NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. <Artículo modificado por el artículo 52
de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La notificación electrónica de las providencias se
someterá a las siguientes reglas: 1. La providencia a ser notificada se remitirá por el Secretario al canal digital
registrado y para su envío se deberán utilizar los mecanismos que garanticen la autenticidad e integridad del
mensaje. 2. La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles
siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la
notificación. Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione acuse
de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. El Secretario hará
constar este hecho en el expediente. De las notificaciones realizadas electrónicamente se conservarán los
registros para consulta permanente en línea por cualquier interesado.
12
Entendiéndose notificada el 26 de enero de 2023.

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Demandante: Alberto Pérez León

tiempo reafirma la legitimidad de las decisiones judiciales y consolida los efectos de la
sentencia”.

4.3. Se reitera que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al juez
a concluir que la tutela se ha presentado de forma tardía, toda vez que pueden
existir circunstancias especiales que no solo justifiquen que la acción de tutela no
se haya promovido en un término razonable, sino que demuestren que el hecho o
la omisión que vulnera el derecho fundamental sean permanentes, persisten en el
tiempo, y hacen que la violación sea siempre actual. En el presente caso, como se
indicó en el fallo impugnado, no se presentaron circunstancias especiales y el
actor no manifestó motivos serios y fundados para justificar el retardo en la
interposición de la solicitud de amparo y así flexibilizar el requisito de la
inmediatez, por lo que se encuentra incumplido.

En este sentido la Sala despachará desfavorablemente los argumentos de la
impugnación y confirmará el fallo de primera instancia que declaró improcedente la
acción de tutela por falta del requisito general de inmediatez, en tanto no es dable
acoger la tesis expuesta en el escrito de tutela por el accionante para efectuar el
conteo del requisito objetivo para excepcionar esta condición que, por regla
general, es de seis (6) meses a partir del acto de notificación de la providencia
objeto de reproche, el cual se encuentra ampliamente superado.

Sobre el particular, cabe agregar que la imposibilidad de controvertir
indefinidamente decisiones judiciales se cimienta en la protección de los principios
constitucionales de seguridad jurídica, cosa juzgada y autonomía judicial, cuya
garantía debe observarse igualmente en las acciones de tutela que se interpongan
contra decisiones judiciales.

Así las cosas, la acción de tutela fue presentada con desconocimiento del requisito
de inmediatez y, en esa medida, se debe confirmar el fallo de primera instancia
que declaró su improcedencia.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 21 de marzo de 2024, dictada por la
Sección Quinta del Consejo de Estado.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

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Demandante: Alberto Pérez León

Cuarto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

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