Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00954-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de tutela contra providencias judiciales: no procede estudio de
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00954-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-00954-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
8 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., ocho (8) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00954-00
Demandante: AUGUSTO BARRETO MANJARRÉS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – Los argumentos de la parte actora pretenden extender y continuar
el debate planteado en el proceso ordinario, sin razones constitucionales que así lo
justifiquen.
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Augusto Barreto
Manjarrés contra el Tribunal Administrativo de Sucre.
I. A N T E C E D E N T E S
1. Demanda
1.1. Pretensiones
El 27 de febrero de la presente anualidad 1, el señor Augusto Barreto Manjarrés
interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Sucre, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso
a la administración de justicia y a la reparación integral, con ocasión de la
sentencia del 28 de septiembre de 2023, en el proceso de reparación directa con
radicado 70001-33-33-004-2020-00034-00. Formuló las siguientes pretensiones:
1. Se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso,
contradicción, defensa establecido en el artículo 29 de la Constitución Política
de Colombia, a la seguridad jurídica y el derecho a la administración de
justicia y legalidad y reparación integral.
2. Como consecuencia, se deje sin efectos la providencia de fecha día
28 de septiembre de 2023, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
SUCRE.
1 Se advierte que, el 18 de marzo de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00954-00
Demandante: Augusto Barreto Manjarrés
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
3. Se comunique la decisión correspondiente al juzgado accionado, a
fin de que proceda nuevamente con la calificación del recurso de apelación.
1.2 Hechos
De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos
jurídicamente relevantes:
El aquí accionante y otras personas demandaron a la Nación – Ministerio de
Defensa, Armada Nacional y Policía Nacional, con el fin de que se les declarara
administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios causados con
ocasión de la muerte del señor Pedro Manuel Barreto Arias, a manos de
miembros de un grupo al margen de la ley, en hechos acontecidos el 17 de enero
de 2001, en el corregimiento de Chengue, jurisdicción del municipio de Ovejas,
Sucre.
Mediante sentencia del 23 de marzo de 2022, el Juzgado Cuarto Administrativo de
Sincelejo declaró probada la caducidad del medio de control de reparación directa,
al haber sido presentada la demanda el 19 de febrero de 2020, esto es, por fuera
del término establecido en el artículo 164, numeral 2, literal i, de la Ley 1437 de
2011, por cuanto desde el 17 de enero de 2001, los demandantes contaban con
los elementos de juicio suficientes para demandar al Estado, ya que en la
demanda se reconoció la connotación de hecho notorio y público del episodio que
resultó con la muerte del señor Pedro Manuel Barreto Arias.
La anterior decisión fue objeto de apelación ante el Tribunal Administrativo de
Sucre, el que, mediante sentencia del 28 de septiembre de 2023, la confirmó en
todas sus partes.
1.3 Argumentos de la tutela
La parte actora indicó que, en las providencias atacadas, las autoridades judiciales
accionadas incurrieron en defecto sustantivo y violación directa de la Constitución.
Expuso que se desconoció el precedente constitucional relacionado con la
caducidad de la acción, pues en el presente asunto el término debía contabilizarse
desde el momento en que los afectados conocieron o debieron conocer la
participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de
atribuirle responsabilidad. Para tal efecto, citó la sentencia del 30 de abril de 2021,
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Demandante: Augusto Barreto Manjarrés
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
radicado 11001-03-15-000-2020-04068-01.
En su criterio, el Tribunal aplicó de manera exegética el fenómeno de la caducidad
al señalar que debía contabilizarse desde el momento en que se tuvo
conocimiento de la muerte del señor Barreto, desconociendo que se trataba de un
delito de lesa humanidad.
Señaló que la mayoría de los demandantes en el proceso de reparación directa
alcanzaron la mayoría de edad «hasta pocos meses antes de presentar la
demanda en comento, por lo que no es plausible que se pretenda el desinterés o
desdén de sus representantes legales, más aun cuando los empleados públicos
deben garantizar su protección».
Precisó que el Tribunal demandado actuó de forma desmedida y arbitraria, al
desconocer la naturaleza del delito y responsabilidad del Estado en el mismo, al
tratarse de un delito de lesa humanidad, que generó secuelas en la población, por
lo que debió aplicarse el criterio de caducidad previsto en el artículo 25.1 de la
Convención Americana de Derechos Humanos.
Asimismo, citó la sentencia de tutela del 1 de febrero de 2024, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, radicado 11001-03-
15-000-2023-04795-00, en la que, en un caso de circunstancias similares se dejó
sin efectos una providencia del Tribunal Administrativo de Sucre que declaró la
caducidad.
2. Trámite impartido e intervenciones
2.1. Mediante auto del 6 de marzo de 2024, se admitió la acción de tutela y se
ordenó que se notificara a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo
de Sucre, como parte demandada, y al ministro de Defensa Nacional, al director
general de la Policía Nacional, al comandante general del Ejército Nacional y a
todas las demás personas que conformaron el extremo activo del proceso de
reparación directa. Así mismo, se ordenó la notificación de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.
2.2. La Policía Nacional alegó que no existe vulneración a los derechos
fundamentales de la parte actora, por cuanto no resulta posible revivir el término
de caducidad al ser una figura procesal que establece un plazo perentorio para su
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Demandante: Augusto Barreto Manjarrés
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
ejercicio dentro del plazo legal, que no fue ejercido por la parte actora en la
oportunidad prevista.
Señaló que el demandante tenía conocimiento del hecho desde el momento de su
ocurrencia en el año 2001, pues la parte actora conocía de la presencia de la
fuerza pública en las inmediaciones del lugar, de manera que, desde ese mismo
instante pudo haber ejercido el medio de control de reparación directa.
Indicó que lo pretendido por el accionante es convertir a la acción de tutela en una
tercera instancia del proceso ordinario, por cuanto las decisiones cuestionadas
concluyeron que sí había operado el fenómeno de la caducidad.
2.3. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
Lo primero que la Sala deberá determinar es si la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedencia exigidos por la jurisprudencia constitucional
cuando se cuestionan providencias judiciales, en especial el de relevancia
constitucional. En caso de que se cumplan, deberá abordarse el estudio de fondo
del asunto, con el fin de establecer si se configuraron los defectos endilgados por
la parte actora a la providencia del Tribunal Administrativo de Sucre, en el proceso
de reparación directa con radicado 70001-33-33-004-2020-00034-01.
2. Análisis de la Sala
2.1. De la relevancia constitucional
En sentencia del 5 de agosto de 2014 2, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la
autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya
en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para
determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia
constitucional, es necesario examinar dos elementos.
2 Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto
es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».
El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger
derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen
sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.
2.2. Análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto
Para la Sala, la solicitud de amparo no cumple el requisito de relevancia
constitucional porque se pretende convertir la acción de tutela en un escenario de
tercera instancia o de debate adicional frente a los razonamientos de los jueces
naturales en sede de instancia.
En concreto, la parte actora alegó que, en las providencias atacadas, las
autoridades judiciales accionadas desconocieron las normas nacionales y
convencionales, así como la jurisprudencia del Consejo de Estado, respecto de la
inaplicabilidad de la caducidad desconociendo que se trataba de un delito de lesa
humanidad. Asimismo, sostuvo que la sentencia de tutela del 1 de febrero de
2024, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, radicado 11001-03-15-000-2023-04795-00, en un caso de circunstancias
similares se dejó sin efectos una providencia del Tribunal Administrativo de Sucre
que declaró la caducidad.
Sería del caso analizar si se configuran los defectos mencionados, sin embargo, la
Sala advierte que la solicitud de amparo carece de relevancia constitucional,
puesto que se está ejerciendo la tutela para convertirla en una instancia adicional
del proceso ordinario.
Así, de la simple comparación entre las razones esgrimidas en el recurso de
apelación interpuesto en contra de la sentencia del 23 de marzo de 2022, dictada
por el Juzgado Cuarto Administrativo de Sincelejo y los propuestos en la solicitud
de tutela, se evidencia que los defectos en que supuestamente incurrió la parte
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demandada fueron invocados para continuar con el debate jurídico que ya fue
decidido en el proceso ordinario.
En efecto, la parte recurrente afirmó que no interesaba analizar las circunstancias
particulares de quienes para la época del daño «hayan sido los representantes
legales de los demandantes, cuando fueron menores de edad, en razón a que, no
son ellos quienes acuden a la jurisdicción». De manera que el término de
caducidad, en su criterio, no puede empezar a correr para la víctima cuando esta
no sabe con certeza si el daño le era atribuible a un agente del Estado.
Expuso que la jurisprudencia era abundante en el tema de la suspensión de la
prescripción en favor de menores, que impide el advenimiento de la caducidad, lo
cual se justifica en la medida que los derechos de los menores hacen parte de su
haber patrimonial y no del representante legal, entonces, a su juicio, solo puede
afectarse con el fenómeno prescriptivo cuando tengan capacidad legal de
ejercicio, «máxime, que no es admisible sujetarlos a la suerte de lo que dispongan
quienes lo representan».
Argumentó que el motivo que llevó a presentar el medio de control se debió a que
la apoderada les brindó orientación jurídica y, a partir del otorgamiento del poder,
se debe computar el término de caducidad.
Con fundamento en la apelación en cita, el Tribunal Administrativo de Sucre, en
providencia del 28 de septiembre de 2023, confirmó la decisión de primera
instancia al considerar lo siguiente:
El hecho dañoso que presuntamente ocasionó los perjuicios que reclaman es el
asesinato del señor Pedro Manuel Barreto Arias, familiar de los demandantes.
Siendo así, el término de dos años previsto por la ley y la jurisprudencia para que
los demandantes ejercieran el medio de control de reparación directa, inició su
conteo a partir del 18 de enero de 2001 y finalizó el 18 de enero de 2003; por lo
que, al presentarse la demanda el 20 de febrero de 2020, ya había vencido el
plazo para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
En criterio del Tribunal demandado, desde el mismo día del asesinato del señor
Barreto Arias, los demandantes conocían de un posible responsable contra quien
podían accionar, con el fin de obtener por parte del Estado el resarcimiento de los
perjuicios.
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A lo anterior, agregó que el servicio de la administración de justicia se siguió
prestando en determinados lugares, «sitios que bien pueden llamarse protegidos y
que brindaban seguridad a las personas por ubicarse normalmente en zonas
ajenas a aquellas señaladas como de conflicto armado y que además, eran los
lugares donde normalmente se desplazaban los afectados para dar a conocer lo
ocurrido».
Aunado al hecho de que no especificaron de qué manera la posibilidad de acudir a
la autoridad competente se limitó, y, además, la administración de justicia funcionó
antes, durante y después de la ocurrencia de los hechos y el acceso a la misma
podía darse en cualquier lugar del territorio nacional, y no necesariamente en el
lugar donde ocurrieron los hechos o sus cercanías, que sí permitirían pregonar
alguna excepción a los términos de caducidad.
En relación con los menores de edad, sostuvo que su comparecencia debe
hacerse a través de sus representantes legales, lo cual indica que si no se
demostró que se encontraban carentes de representación legal o que sus
representantes discutían entre sí por sus derechos o intereses, la excepción a la
caducidad resulta inaplicable, por cuanto existía posibilidad efectiva de acudir a la
administración de justicia.
Visto lo anterior, es palmario que la presente solicitud de amparo deviene en
improcedente, justamente porque busca revivir la discusión planteada y decidida
en el proceso de reparación directa. Obsérvese que los disensos reseñados en los
fundamentos de la tutela, en cuanto al desconocimiento de las normas de
jerarquía constitucional y de la jurisprudencia de esta misma Corporación, son
idénticos a los propuestos ante los jueces de instancia, quienes aplicaron el
precedente fijado en la sentencia de unificación dictada el 29 de enero de 2020
por la Sección Tercera del Consejo de Estado.
La tutela es un instrumento de protección de derechos fundamentales, mas no es
una instancia adicional de los procesos judiciales resueltos por el juez de la causa.
Las diferencias con el juez, respecto de la forma en que decide el conflicto jurídico,
son cuestiones propias del proceso ordinario, que es el escenario ideal para
zanjarlas.
Pretender que la acción de tutela se convierta en la instancia adicional de todos
los procesos judiciales no solo le resta vigor a la acción, sino que termina por
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desconocer los principios de autonomía judicial y del juez natural 3. Por tal razón,
en estos aspectos, la Sala advierte que la demanda de la referencia se torna
improcedente respecto de los cargos por desconocimiento de normas de carácter
internacional integradas por el bloque de Constitucionalidad.
Finalmente, precisa la Sala que, si bien es cierto que en ese fallo el Tribunal
Administrativo de Sucre se apartó de lo decidido por otros jueces e incluso por el
Consejo de Estado en anteriores oportunidades, respecto de la no procedencia de
la caducidad frente a casos de graves violaciones a los derechos humanos e
infracciones al derecho internacional humanitario, también lo es que la razón para
no seguir aplicando ese criterio obedeció al cambio de tesis jurisprudencial que
estableció la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en
providencia del 29 de enero de 2020, expediente radicado No. 85001-33-33-002-
2014-00144-01(61033), M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. De modo que mal haría
la Sala en derivar de allí la configuración de un vicio o defecto, como lo plantean
los demandantes.
Finalmente, conviene señalar que, respecto del supuesto desconocimiento de la
sentencia de tutela del 1º de febrero de 2024, proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, radicado 11001-03-15-000-2023-04795-
00, es una decisión que sólo tiene la virtualidad de afectar a los sujetos procesales
allí involucrados (efectos inter partes) y, por tanto, no constituía precedente
vinculante en el caso concreto. Además, la Sala observa que, mediante sentencia
del 11 de marzo de 2024, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado la revocó y, en su lugar, declaró improcedente la solicitud de amparo.
Así las cosas, la Sala declarará improcedente la solicitud de amparo pr esentada
por el señor Augusto Barreto Manjarrés, por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 25 de
febrero de 2016, expediente No. 2016-03419-00, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
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Demandante: Augusto Barreto Manjarrés
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
FALLA:
PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela ejercida por el señor
Augusto Barreto Manjarrés, por lo razonado en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Con aclaración de voto
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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