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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-00965-00

Fecha
8 de abril de 2024
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-00965-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2024-00965-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

8 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D.C., ocho (08) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 110010315000202400965 00

Accionante: JORGE ELIÉCER CANTOR BUITRAGO

Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA)

Tema: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Improcedencia por
inexistencia de carga argumentativa / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se configura
en este caso / TERCERA INSTANCIA – La parte demandante pretende reabrir el debate
por no estar de acuerdo con lo decidido por el juez natural.

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela instaurada
por el señor Jorge Eliécer Cantor Buitrago, de conformidad con el Decreto 333 de
20211.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

El 27 de febrero de 2024, el señor Jorge Eliécer Cantor Buitrago, a nombre propio,
instauró demanda de tutela contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, con el fin

1
Que ingresó al despacho para fallo el 11 de marzo de 2024.

Radicación número: 110010315000202400965 00
Accionante: Jorge Eliécer Cantor Buitrago
Accionado: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otro
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia.

2. Hechos relevantes

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor
Jorge Eliécer Cantor Buitrago demandó a la DIAN, con el fin de que se declarara la
nulidad de la liquidación oficial de revisión 322412017000150 del 13 de septiembre
de 2017 y de la Resolución 992232018000096 del 13 de septiembre de 2018 -por
la cual se decidió el recurso de reconsideración- y, como consecuencia, solicitó “el
restablecimiento del derecho quebrantado con los actos administrativos que son
objeto de demanda”.

Mediante sentencia del 11 de mayo de 2023, la Subsección B de la Sección Cuarta
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda.

La parte demandante apeló la anterior decisión ante la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, la que, por medio de proveído de 16 de noviembre de 2023, confirmó el
fallo de primera instancia.

El señor Cantor Buitrago solicitó adición, aclaración y/o corrección de la sentencia
de segunda instancia, las cuales se negaron mediante providencia del 8 de febrero
de 2024.

3. Fundamentos de la demanda

En primer lugar, el accionante enunció los requisitos generales y especiales que
hacen procedente la acción de tutela contra providencia judicial.

2

Radicación número: 110010315000202400965 00
Accionante: Jorge Eliécer Cantor Buitrago
Accionado: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otro
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

Posteriormente, se relataron las consideraciones de cada una de las decisiones
cuestionadas, pero sin planteamientos adicionales.

De otra parte, se refirió a los actos administrativos atacados y a los fundamentos
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, para sostener que “no existe
correspondencia entre la liquidación privada presentada por el suscrito demandante
con la liquidación oficial, motivo de inconformidad, ya que los planteamientos que
se presentaron no fueron tenidos en cuenta por la entidad, al punto que da como
cierta la liquidación oficial efectuada por la entidad”.

En línea con lo anterior, se reprodujeron los hechos expuestos en la demanda
ordinaria y lo referente a las normas violadas, así como el concepto de violación;
luego mencionó (trascripción literal con posibles errores incluidos):

… la Sanción por inexactitud, no es aplicable para el caso, toda vez, que la
liquidación privada se encuentra realizada conforme a derecho, y por lo tanto
existe una presunción de veracidad y legalidad. Mal podría la administración
manifestar en que el demandante haya incurrido en una de las conductas
tipificadas como inexactitud sancionable, cuando realmente existe un saldo a
su favor, desconociendo cuanto principio existe en favor del contribuyente.

El tutelante también hizo mención de la medida cautelar solicitada en el proceso
fundamento de la presente actuación -suspensión de los actos demandados-.

Agregó que “tanto la liquidación oficial de revisión No. 322412017000150 de 2017
como la resolución No. 992232018000096 de 2018, ‘fueron proferidas sin analizar
y tener plenamente certeza, atentando de esta manera contra el derecho a la
defensa y contradicción del demandante Jorge Eliecer Cantor Buitrago’”.

Adujo que (trascripción literal con posibles errores incluidos):

3

Radicación número: 110010315000202400965 00
Accionante: Jorge Eliécer Cantor Buitrago
Accionado: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otro
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

“Existe una nulidad frente a la actuación de la Administración por indebida
motivación frente a los argumentos que expuso en la LIQUIDACIÓN OFICIAL,
ya que no fueron valorados al momento de proferirla, negándose el derecho de
defensa, en virtud del desconocimiento de las pruebas solicitadas y no
recaudadas, en especial el dictamen pericial contable de un auxiliar de la DIAN
para establecer la realidad de la renta año 2013, comparada con la liquidación
propuesta por la administración, especificando que pagos se efectuaron para el
año 2013 por concepto de cuentas por participación; una inspección tributaria o
contable, con la que se pretendía demostrar la realidad de los valores de renta
del año 2013 y las declaraciones o testimonios de Joaquín Pérez Castillo,
Rafael Antonio Pretelt Londoño, Ana María García Páez, Carlos Arturo
Cassandro Santos, Adriana María García Páez, María Elisa Pretelt García, Y
Augusto Noguera Vidales.

De la misma manera, también en el presente caso se aprecia Nulidad en la
LIQUIDACIÓN OFICIAL, por violación al debido proceso y derecho a la defensa,
toda vez que a lo largo de éste trámite administrativo el hoy demandante expuso
su defensa solicitando las diferentes pruebas que no fueron tenidas en cuenta
y menos la 56 administración se refirió a las mismas, argumentos que no fueron
valorados al momento de proferir la liquidación oficial”.

Finalmente, afirmó que “la sentencia objeto de la presente tutela constituye una vía
de hecho, es claramente viable que proceda la acción de tutela de acuerdo con lo
sostenido por la jurisprudencia de las Altas Cortes”.

4. El trámite de la demanda de tutela

4.1. Mediante providencia de 28 de febrero de 2024, se admitió la demanda de
tutela, se ordenó notificar a las autoridades judiciales accionadas y se vinculó, como
tercero con interés, a la DIAN. Así mismo, se dispuso la notificación de la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

4.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B,
solicitó que se declare la improcedencia del amparo solicitado, dado que los
argumentos expuestos en la demanda de tutela son los mismos que se plantearon
en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que es evidente

4

Radicación número: 110010315000202400965 00
Accionante: Jorge Eliécer Cantor Buitrago
Accionado: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otro
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

que el tutelante pretende discutir aspectos que ya hicieron tránsito a cosa juzgada,
máxime cuando la sentencia de primera instancia fue confirmada por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado.

Sin perjuicio de lo anterior, precisó que la sentencia de primera instancia se dictó en
observancia al marco jurídico aplicable -artículos 632, 771, 746, 774 del Estatuto
Tributario y 167 del CGP- y atendiendo a la valoración de todas las pruebas que el
accionante aportó con la demanda y en las demás oportunidades probatorias
autorizadas por el CPACA, por lo que está plenamente ajustada a derecho y debe
mantenerse incólume, con plenos efectos de cosa juzgada.

4.3. La Sección Cuarta del Consejo de Estado solicitó que se declare improcedente
o, en su defecto, se nieguen las pretensiones de la demanda, toda vez que no se
han vulnerado los derechos fundamentales invocados por el tutelante.

Planteó que no se cumple con el requisito de la relevancia constitucional, dado que
se pretende emplear la acción de tutela como una instancia adicional del proceso
ordinario, desconociendo que este mecanismo constitucional está previsto para
proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que se tenga
frente a una decisión judicial.

Aunado a lo anterior, aclaró que el tutelante “… no precisa en qué consistió la vía
de hecho en la cual incurrió la sentencia proferida por esta Sala, ni tampoco cuáles
fueron los defectos o vulneraciones que sustentan la presente acción”.

Mencionó que, más que demostrar la supuesta vulneración de derechos, lo que se
busca es revivir el debate jurídico definido en sede ordinaria, lo que se evidencia
porque en la demanda de tutela se replicaron los argumentos de la demanda de

5

Radicación número: 110010315000202400965 00
Accionante: Jorge Eliécer Cantor Buitrago
Accionado: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otro
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

nulidad y restablecimiento del derecho, los que “se dirigen a debatir la actuación
administrativa, pero no la sentencia de la Sala”.

Sin perjuicio de lo anterior, adujo que la sentencia dictada por la Corporación no fue
caprichosa ni arbitraria, sino que se sustentó en el análisis integral del asunto bajo
la aplicación del ordenamiento jurídico vigente, “de manera que no es del caso
redundar en argumentos en esta respuesta para explicar la razón o motivación de
la decisión adoptada y que es objeto de acción de tutela, pues la propia providencia
cuestionada, simplemente, los soporta”.

4.4. La DIAN se opuso al amparo reclamado, tras considerar que no se cumplen los
requisitos de procedencia contra providencia judicial y, además, no se vulneraron
los derechos fundamentales del tutelante.

En ese sentido, alegó que no se cumple el requisito de la relevancia constitucional,
por cuanto no se observa la carga argumentativa necesaria para demostrar que se
está generando una restricción desproporcionada a un derecho fundamental, por el
contrario, se evidencia que el tutelante pretende utilizar la tutela para discutir
asuntos de índole legal.

De otra parte, refirió que en la demanda de tutela no se alega la configuración de
un defecto y, además, que “la actuación de la Administración se hizo conforme a
derecho y a las normas tributarias, por lo tanto, era procedente la modificación de
la declaración privada de renta 2013”.

Precisó que las autoridades judiciales no actuaron de manera arbitraria ni
vulneraron los derechos fundamentales del tutelante, dado que su decisión se
fundamentó en el material probatorio aportado al proceso ordinario y en la normativa
aplicable al caso concreto.

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Radicación número: 110010315000202400965 00
Accionante: Jorge Eliécer Cantor Buitrago
Accionado: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otro
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

II. C O N S I D E R A C I O N E S

La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el
presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito de la relevancia
constitucional.

La Corte Constitucional ha establecido que el requisito de la relevancia
constitucional tiene por lo menos tres finalidades: a) proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela invada la órbita de competencia
del juez natural de la causa; b) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos fundamentales e c)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces2.

Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para establecer
si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional es necesario
examinar dos elementos, a saber3:

i) Que el actor cumpla su carga argumentativa de justificar suficientemente la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, pues no
basta aducir la vulneración de estos derechos y ii) Que la demanda de tutela no
constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la
providencia acusada, dado que este mecanismo especial constitucional está

2
Sentencia T–422 de 2018.
3
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado
número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero
Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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Radicación número: 110010315000202400965 00
Accionante: Jorge Eliécer Cantor Buitrago
Accionado: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otro
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

constituido para proteger derechos fundamentales y no discutir la discrepancia que
el actor tenga frente a la decisión judicial.

En primer lugar, la Subsección advierte que el señor Jorge Eliécer Cantor Buitrago
no cumplió con la carga argumentativa exigida para promover la acción de tutela
contra providencias judiciales, en tanto que no se edificó ni se desarrolló una
argumentación dirigida a establecer, de un lado, una causal específica de
procedibilidad y, de otro, las razones que sustentan la supuesta violación de
derechos fundamentales.

En efecto, el tutelante se limitó a reproducir los fundamentos fácticos y jurídicos de
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra la DIAN y
a señalar que “la sentencia objeto de la presente tutela constituye una vía de hecho,
es claramente viable que proceda la acción de tutela de acuerdo con lo sostenido
por la jurisprudencia de las Altas Cortes”, sin tener en cuenta que esta Corporación
ha sostenido que “no basta con manifestar inconformidad o desacuerdo con las
decisiones tomadas por los jueces de instancia, sino que es necesario que el
interesado demuestre que la providencia cuestionada ha incurrido en alguna de las
causales específicas para la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. De lo contrario, la tutela carecería de relevancia constitucional”4.

En ese contexto, la Subsección considera que la parte accionante acudió a la acción
de tutela con el propósito de reabrir, en su integridad, el debate jurídico y probatorio
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho fundamento de la presente
actuación, tan es así que en la demanda de tutela insiste en que no procede la
sanción por inexactitud, porque “la liquidación privada se encuentra realizada

4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 12 de agosto de 2019, radicación número: 110010315000201903205 00, M.P. María
Adriana Marín.

8

Radicación número: 110010315000202400965 00
Accionante: Jorge Eliécer Cantor Buitrago
Accionado: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otro
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

conforme a derecho, y por lo tanto existe una presunción de veracidad y legalidad”.

Lo anterior, evidencia que la parte actora desconoce que el mecanismo judicial de
protección de derechos fundamentales no comporta una instancia adicional del
proceso ordinario, máxime si la Sección Cuarta del Consejo de Estado expuso, de
manera razonada y suficiente, los motivos por los que consideró que debía
confirmarse la decisión de primera instancia -que negó las pretensiones de la
demanda-. Estas razones fueron (trascripción de forma literal):

Adición de ingresos

El actor declaró ingresos por $5.071.934.000, adicionados por la DIAN en
$8.533.812.000 (para un total ingresos de $13.605.746.000), con fundamento
en que el 28 de septiembre de 2010 celebró contrato de cuentas en participación
con Inversiones Rico Ltda., en Liquidación11 , en el cual se comprometió a
aportar para venta el 80 % de dos lotes ubicados en Bogotá e identificados con
matrículas 50C-1401348 y 50C-1401349, y al cuidado y conservación de los
mismos hasta la terminación del contrato, que se concretaría con la venta de
los lotes. De dicha venta y como contraprestación a la actividad de gestor, las
partes acordaron que el demandante recibiría el 80 % del valor de la venta de
los lotes, y el 20 % restante se destinaría a la empresa.

La DIAN concluyó que por tratarse de un contrato de cuentas en participación
(artículo 507 del Código de Comercio), en el que el actor actuó como socio
gestor, este desarrolló una actividad mercantil (arts. 10 y 20 del Código de
Comercio) que lo obligaba a llevar contabilidad (numeral 3 del artículo 19 ib), y
que la realización del ingreso se regía por el artículo 27 del ET, según el cual,
los obligados a llevar contabilidad por el sistema de causación debían declarar
los ingresos en el año en que se realizan, lo cual ocurre cuando se hace exigible
el pago. De ahí que, para la Administración, la suma percibida debió
reconocerse como una acreditación en la cuenta de ingresos contra un débito
en la cuenta de pasivos.

En virtud de la inspección tributaria del 29 de julio de 2016, el contribuyente
aportó el contrato de cuentas en participación suscrito el 28 de septiembre de
2010, el cual estipula: (…)

Mediante requerimiento ordinario 322392016001987 del 25 de agosto de 2016,
Inversiones Rico Ltda., en Liquidación suministró la relación detallada de pagos,
abonos en cuenta, costos y gastos relacionados con el contrato de cuentas en
participación y el acta de liquidación final del contrato, de las cuales se

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Radicación número: 110010315000202400965 00
Accionante: Jorge Eliécer Cantor Buitrago
Accionado: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otro
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

estableció que: (…)

Según se advierte, las pruebas que soportan los actos acusados corresponden
a diferentes documentos, como son el contrato de cuentas en participación,
cuyo contenido se contrastó con los documentos allegados por Inversiones Rico
Ltda. en Liquidación que dan cuenta de los montos adicionados oficialmente y
las declaraciones de renta de aquel de otros periodos.

Al margen de la discusión sobre si el actor era o no comerciante obligado a
llevar contabilidad, la Sala precisa que la adición de ingresos obedeció al hecho
de que en el periodo en discusión se probó que este recibió como
contraprestación por la venta de dos lotes, dentro del marco de un contrato de
cuentas en participación en el que fungió como socio gestor, unos ingresos que
no fueron registrados en su declaración del impuesto sobre la renta, aspecto
que no desvirtuó, pues se limitó a solicitar la práctica de un peritaje contable y
de pruebas testimoniales (negados en su oportunidad), sin presentar las
pruebas que sustentaran sus afirmaciones, como era su obligación según la
carga establecida en el artículo 167 del CGP.

Al efecto, se observa que, como la operación desarrollada en el marco
contractual señalado fue objeto de comprobación especial, el contribuyente
debía asumir la carga demostrativa tendiente a acreditar la realidad de la
operación declarada, lo cual no ocurrió, pues no probó que la naturaleza de la
operación fuera distinta de determinada por la DIAN, ni que el ingreso
adicionado fuera diferente al establecido en los actos de determinación
($8.533.812.000, para un total ingresos de $13.605.746.000), los cuales se
basaron en diferentes medios de prueba legalmente establecidos (documentos
tales como el contrato de cuentas en participación, respuestas a requerimientos
ordinarios de información, relación detallada de pagos, abonos en cuenta,
costos y gastos relacionados con el contrato de cuentas en participación, el acta
de liquidación final del contrato, entre otros) para desvirtuar los hechos
económicos registrados por el demandante en su declaración.

Por lo anterior, los cargos de violación al debido proceso y falta de motivación
no están llamados a prosperar, en tanto los actos acusados se sustentaron en
medios probatorios autorizados por la normativa aplicable para adicionar los
valores adicionados, frente a los cuales la DIAN acreditó la carga probatoria que
le correspondía, en tanto el actor no probó los registrados en su declaración ni
desvirtuó los determinados. No prospera el cargo.
Desconocimiento de costos y deducciones

(…)

En el caso concreto, la DIAN desconoció costos y deducciones por
$3.456.697.000, con lo cual redujo la cifra declarada a $532.982.000.

En respuesta al requerimiento de información del 13 de septiembre de 2016, el

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Radicación número: 110010315000202400965 00
Accionante: Jorge Eliécer Cantor Buitrago
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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

demandante informó que pagó a Adriana María García Pérez, María Margarita
Rendón Naranjo, María Elisa Pretelt García, Rafael Antonio Pretelt Londoño,
Carlos Arturo Cassandro Santos y Joaquín Pérez Castillo, comisiones por el
contrato de cuentas en participación celebrado con Inversiones Rico Ltda. en
Liquidación. No obstante, tras ser requeridos por la DIAN, los terceros indicaron
que: (…)

También obran en el expediente el comprobante de egreso 040023 y la factura
de venta 049 que soportan el pago de $21.013.344, efectuado por el
demandante a Augusto Noguera Vidales, por concepto de comisiones.

Mediante Oficio del 30 de septiembre de 2016, la DIAN requirió información
Joaquín Pérez Castillo sobre sus relaciones comerciales con el actor y los pagos
recibidos por cuenta de este o Inversiones Rico Ltda. en Liquidación. No hay
constancia de respuesta en el expediente, a pesar de que el oficio fue remitido
a la dirección informada CR 7 83- 36 AP 602, como consta en la guía de entrega
RN647156316CO, que se encuentra en el folio 571.

Con sustento en las pruebas indicadas, la DIAN aceptó parcialmente las
erogaciones frente a Augusto Noguera Vidales y rechazó en su totalidad las
registradas en relación con Rafael Antonio Pretelt Londoño, pues no pudo
comprobar que los soportes existentes guardaban relación de causalidad con
el período gravable 2013. Lo anterior, por cuanto de las respuestas obtenidas
de los terceros relacionados y de Inversiones Rico Ltda. en Liquidación, no pudo
demostrar la realidad de las expensas discutidas.

Ahora bien, el actor insiste en que la DIAN no decretó las pruebas solicitadas y
se negó a recaudar los testimonios que solicitó, y que el recaudo y la valoración
probatoria efectuada vulneró su debido proceso.

Al efecto, se advierte que una vez notificado el Requerimiento Especial
322392016000104 del 20 de diciembre de 2016, en el que la DIAN le indicó al
contribuyente las pruebas que fundaban la propuesta de modificación de la
declaración privada, le correspondía a este responder el requerimiento especial
oponiéndose a la propuesta de modificación.

Pues bien, en dicha respuesta el contribuyente solicitó practicar las
declaraciones de Joaquín Pérez Castillo, Rafael Antonio Pretelt Londoño, Ana
María García, Carlos Arturo Cassandro Santos, Adriana María García, María
Elisa Pretelt García y Augusto Noguera Vidales que, como se indicó, ya habían
sido recaudadas. Por ello, la liquidación derevisión indicó que no era necesario
el decreto de los testimonios pues, para ese momento, ya había requerido a las
personas cuya comparecencia fue solicitada.

Como se evidencia, la DIAN citó a los terceros cuyo testimonio requirió el
demandante, y obtuvo las declaraciones que le permitieron arribar a las
conclusiones expuestas en los actos acusados. Solo quedó por practicar la

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declaración de Joaquín Pérez Castillo a quien se citó debidamente, pero no
compareció.

De ahí que no se advierta violación del debido proceso por la deficiencia
probatoria alegada, pues se recaudaron los medios de prueba suficientes para
desvirtuar los hechos económicos declarados por el contribuyente, en quien
recaía la carga de controvertir las razones que tuvo la Administración para el
desconocimiento de los costos y deducciones cuestionadas.

Al efecto, la Sala precisó que si bien para la procedencia de costos, gastos e
impuestos descontables, la normativa fiscal exige factura o documento
equivalente, ello no excluye la posibilidad de verificar, mediante la práctica de
diferentes medios probatorios23 la realidad de la operación. Y, si en ejercicio
de la facultad fiscalizadora la DIAN encuentra que las operaciones reportadas
carecen de sustento, procede su rechazo, caso en el cual la parte interesada
en hacer valer los costos o gastos debe desplegar la actividad probatoria que
corresponda, para acreditar la existencia de la operación formalmente
demostrada.

Conforme a lo anterior, del análisis en sana crítica de las pruebas recaudadas
y practicadas, se advierte que la DIAN confrontó y desvirtuó los datos
declarados por contribuyente, quien no infirmó los hallazgos que derivaron en
las modificaciones debatidas, a pesar de que sobre este recaía la carga de
hacerlo. No prospera el cargo.

Se ratifica la sanción por inexactitud impuesta, pues el demandante omitió
ingresos e incluyó costos inexistentes de los cuales derivó un mayor saldo a
favor, cumpliéndose los presupuestos para su imposición, aspecto sobre el cual
el contribuyente, quien no desvirtuó las razones de la entidad demandada. Las
razones anteriores son suficientes para confirmar la sentencia que negó la
pretensión de nulidad de los actos acusados (negrilla del original).

En definitiva, la Sala concluye que, además de no cumplir con la carga
argumentativa exigida para promover la acción de tutela contra providencias
judiciales, tampoco se cumple con el requisito de la relevancia constitucional,
porque el objeto de la demanda es que se realice un nuevo estudio respecto de la
liquidación oficial de revisión de 13 de septiembre de 2017 y de aquella que la
confirmó, lo que conlleva a la improcedencia de la acción de tutela de la referencia
por el incumplimiento del requisito de la relevancia constitucional5, dado que, como

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Sentencia T-016 de 22 de enero de 2019. M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.

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Radicación número: 110010315000202400965 00
Accionante: Jorge Eliécer Cantor Buitrago
Accionado: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otro
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

lo ha señalado la Corte Constitucional, esta acción “es concebida como un ‘juicio de
validez’ y no como un ‘juicio de corrección’ del fallo cuestionado6, lo que se opone
a que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los
asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho legislado, que dieron
origen a la controversia”7.

Conviene mencionar que el hecho de que la decisión no se dictara en los términos
pretendidos por el señor Jorge Eliécer Cantor Buitrago no implica que la labor de la
Sección Cuarta del Consejo de Estado fue contraria a derecho y menos aun cuando
se trata de una providencia dictada por una alta corte, en la que, tal como lo
estableció la Corte Constitucional, debe existir “la configuración de una anomalía de
tal entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional”8, lo que no se
evidencia en el presente asunto.

De conformidad con lo anterior, se declarará la improcedencia del amparo solicitado
por el señor Jorge Eliécer Cantor Buitrago.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

6
Original de la cita: “Al respecto, la sentencia T-310 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva)
indicó: ‘(…) la acción de tutela contra sentencias es un juicio de validez de la decisión judicial, basado
en la supremacía de las normas constitucionales. Esto se opone a que la acción de tutela ejerza una
labor de corrección del fallo o que sirva como nueva instancia para la discusión de los asuntos de
índole probatoria o de interpretación del derecho legislado que dieron lugar al mismo. En cambio, la
tutela se circunscribe a detectar aquellos casos excepcionales en que la juridicidad de la sentencia
judicial resulte afectada, debido a que desconoció el contenido y alcances de los derechos
fundamentales’. Sobre el punto también se puede consultar la sentencia T-126 de 2018 (MP Cristina
Pardo Schlesinger)”.
7
Sentencia T-016 de 22 de enero de 2019. M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.
8
Sentencia SU-573 de 2017.

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Radicación número: 110010315000202400965 00
Accionante: Jorge Eliécer Cantor Buitrago
Accionado: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otro
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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