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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00974-00

Fecha
21 de marzo de 2024
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00974-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla del presente trámite constitucional, conforme a los motivos expuestos en esta providencia. SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso administrativo de la señora Carmen Ibeth Henríquez Ariza. TERCERO: En consecuencia, ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla – Atlántico que, en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia, remita el expediente administrativo contentivo de las actuaciones realizadas con ocasión de la reclamación presentada por la accionante el 9 de noviembre de 202, incluido el recurso de apelación presentado por aquella el 26 de abril de 2023 en contra de la decisión contenida en el oficio DESAJBAO23-81 del 19 de enero de 2023, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, entidad que, a su vez, deberá resolver el recurso en los términos indicados en la ley. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente el día siguiente a la ejecutoria de esta providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Carmen Ibeth Henríquez Ariza Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2024-00974-00

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00974-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

21 de marzo de 2024

Demandante: Carmen Ibeth Henríquez Ariza
Demandado: Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00974-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C. veintiuno (21) de marzo dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00974-00
Demandante: CARMEN IBETH HENRÍQUEZ ARIZA
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Tema: Tutela de fondo – derecho fundamental al debido proceso
administrativo – ampara.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. El 14 de febrero de 2024, la señora Carmen Ibeth Henríquez Ariza, actuando
por intermedio de su apoderado judicial, instauró acción de tutela en contra de la
Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Con la
solicitud de amparo pretenden que se les proteja su derecho fundamental de
petición2.

2. La anterior trasgresión constitucional se la adjudica a la omisión de la
autoridad accionada de darle trámite al recurso de apelación interpuesto por ella el
26 de abril de 2023 contra el oficio DESAJBAO23-81 del 19 de enero de 2023

1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
2 Inicialmente la solicitud de amparo correspondió por reparto al Tribunal Superior de Barranquilla,

Despacho Noveno – Sala Laboral. Autoridad judicial que, en auto del 27 de febrero de 2024 dejó sin
efectos la providencia del 21 de febrero de 2024 que admitió la tutela y declaró su falta de
competencia funcional para conocer del asunto y en consecuencia, ordenó su remisión al Consejo
de Estado.
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Demandante: Carmen Ibeth Henríquez Ariza
Demandado: Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
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proferido por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Barranquilla – Atlántico, el cual resolvió una reclamación administrativa.

1.2. Pretensión constitucional

3. La parte actora solicitó la protección de su derecho, así:

• Se tutele en favor de la señora CARMEN IBETH HENRÍQUEZ ARIZA (…) el
derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución
Política.

• Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene a la NACIÓN – RAMA
JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL la
inmediata resolución de fondo del recurso de apelación de fecha 26 de abril de
2023 presentado por la señora CARMEN IBETH HENRÍQUEZ ARIZA contra el
oficio DESAJBAO23-81 del 19 de enero de 2023.

1.3. Hechos

4. La sala resume los hechos relevantes mencionados en el escrito de la tutela
de la siguiente manera:

5. La señora Carmen Ibeth Henríquez Ariza se encuentra vinculada en la Rama
Judicial.

6. El 9 de noviembre de 2022, la accionante radicó, ante la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, una reclamación
administrativa en la que solicitó la reliquidación de sus prestaciones sociales:
bonificación por servicios prestados, vacaciones, prima de vacaciones, prima de
servicios, prima de navidad, prima de productividad, auxilio de cesantías e intereses
sobre las mismas desde el mes de noviembre de 2019, con la inclusión de la
bonificación judicial como parte integral de su sueldo básico o como partida
computable con carácter salarial.

7. El 19 de enero de 2023, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Barranquilla mediante oficio DESAJBAO23-81 resolvió en sentido
negativo la solicitud presentada por la accionante.

8. En contra de la anterior decisión, el 26 de abril de 2023, la señora Carmen
Ibeth Henríquez Ariza presentó recurso de apelación.

9. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla
mediante Resolución DESAJBAR23-2652 del 26 de mayo de 2023 concedió el
recurso de apelación presentado por la accionante y ordenó la remisión del
expediente a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para lo de su
competencia.

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10. La anterior decisión fue notificada a la señora Carmen Ibeth Henríquez Ariza
y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial el 26 de mayo de 2023.

1.4. Fundamentos de la solicitud

11. A juicio de la parte accionante, la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial transgredió su derecho fundamental de petición, debido que a la fecha de
radicación de la acción de tutela no se ha dado trámite al recurso de apelación
presentado contra la decisión contenida en el oficio DESAJBAO23-81 del 19 de
enero de 2023. Esto, pese a que ha transcurrido más de 10 meses desde la fecha
en que presentó la alzada.

1.5. Trámite de la acción

12. En providencia del 29 de febrero de 2024, el despacho ponente admitió la
acción constitucional de la referencia y ordenó notificar como accionados a la
Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. A su vez,
dispuso la vinculación de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Barranquilla – Atlántico.

1.6. Intervenciones e informes

1.6.1. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Barranquilla – Atlántico

13. Solicitó su desvinculación de la presente acción de tutela y se nieguen las
pretensiones de la demanda. Esto, por cuanto le dio trámite al recurso de apelación
presentado por la accionante.

14. Al respecto, refirió que notificó la resolución que concedía la alzada en
mención al apoderado judicial de la accionante y a la accionante, con copia a los
funcionarios del Nivel Central encargados de atender estos recursos.

15. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – nivel central, pese a que
fue notificada, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

16. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda
presentada por la señora Carmen Ibeth Henríquez Ariza. Lo anterior de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley
2591 de 1991 y el numeral 12 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
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modificado por el Decreto 333 de 2021.

2.2. Legitimación en la causa y solicitud de desvinculación

17. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto
frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

18. La Sala advierte que la señora Carmen Ibeth Henríquez Ariza esta legitimada
en la causa por activa. Así, se evidencia que le asiste un interés directo y personal
en las resultas del proceso, pues es la persona que presentó el recurso de apelación
contra la decisión de contenida en el oficio DESAJBAO23-81 del 19 de enero de
2023, el cual, a la fecha de presentación de la acción de tutela, aún no ha sido
resuelto.

19. Por su parte, esta colegiatura encuentra que la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial – nivel central está legitimada en la causa por pasiva. Esto,
porque es la autoridad a la que se le atribuye la supuesta vulneración de la garantía
constitucional antes mencionada. Además, posee la aptitud legal para decidir de
fondo el recurso de apelación presentado por la accionante, dentro de la actuación
administrativa adelantada en razón de la reclamación presentada el 9 de noviembre
de 2022.

2.2.1. Solicitud de desvinculación de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Barranquilla – Atlántico

20. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla -
Atlántico solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional; sin embargo,
la sala negará tal petición, en tanto que se encuentra acreditado que a aquella en
ejercicio de sus funciones, le correspondió dar trámite al recurso de apelación
presentado por la señora Carmen Ibeth Henríquez Ariza contra el oficio
DESAJBAO23-81 del 29 de enero de 2023 en el que negó sus pretensiones
económicas. Por esta razón, se tendrá como tercero con interés en las resultas del
proceso.

21. Previo a plantear el problema jurídico, se aclara que, si bien es cierto la
accionante únicamente solicitó el amparo de su derecho fundamental de petición,
también lo es que, al revisar todo el escrito inicial de tutela, se advierte que discute
una presunta mora en la resolución del recurso de apelación presentado por la
señora Carmen Ibeth Henríquez Ariza contra el oficio DESAJBAO23-81 del 19 de
enero de 2023. Por esto, se analizará bajo la perspectiva del derecho al debido
proceso administrativo.

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2.3. Problema jurídico

22. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; el problema jurídico a
resolver en el caso concreto es el siguiente:

• ¿La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial vulneró el derecho
fundamental al debido proceso administrativo invocado por la parte
accionante, con ocasión de la omisión de decidir de fondo el recurso de
apelación presentado el 26 de abril de 2023 por la accionante contra el oficio
DESAJBAO23-81 del 19 de enero de 2023 que negó sus pretensiones
económicas?

23. Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas:
(i) generalidades de la acción de tutela; (ii) derecho al debido proceso administrativo;
y (iii) el caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

24. Según el artículo 86 de la Constitución Política toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto Ley 2591 de 1991.

25. Constituyen rasgos distintivos de esta acción: la inmediatez y la
subsidiariedad. El primero apunta al amparo efectivo, concreto y actual del derecho
fundamental que se dice vulnerado o amenazado.

26. El segundo, condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro
medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho
fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar sufriendo un
perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo
transitorio.

27. Sobre el caso que nos ocupa, salta a la vista que la parte accionante
considera vulnerado su derecho fundamental de petición, pues arguye que las
autoridades demandadas omitieron darle respuesta de fondo a su solicitud. En ese
sentido, para la Sala es viable concluir que la acción de tutela constituye el
instrumento idóneo para procurar la salvaguarda de dicha garantía constitucional,
máxime cuando el ordenamiento jurídico no prevé ningún recurso judicial para
proceder a su protección.

28. De igual manera se advierte que la parte accionante instauró la tutela el 7 de
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diciembre de 2023, es decir dentro de un plazo prudencial a la fecha en que se
habría configurado la vulneración de su derecho fundamental, por lo que no se
observa una tardanza injustificada o irrazonable en la presentación de la acción3.

2.5. Del derecho al debido proceso administrativo

29. El derecho al debido proceso tiene por objeto la preservación y efectiva
realización de una justicia material, el cual ha sido ampliamente reconocido como
un límite al ejercicio de los poderes públicos, pues tal como lo establece la Carta
Política, debe ser respetado indistintamente, tanto en las actuaciones
administrativas, como en las de carácter jurisdiccional4.

30. Al respecto, la Corte Constitucional ha expuesto en forma reiterativa, que el
derecho al debido proceso está conformado por un conjunto de garantías que
tienden por el respeto y protección de los derechos de los individuos que se
encuentran incursos en una determinada actuación de carácter judicial o
administrativa; y en virtud de las cuales, las autoridades estatales cuentan con la
obligación de ajustar su accionar conforme a los procedimientos contemplados para
cada tipo de trámite5.

31. El debido proceso administrativo impone a las entidades del Estado adelantar
cualquier actuación o procedimiento administrativo, cuyo propósito sea crear,
modificar o extinguir situaciones jurídicas, con la estricta observancia de los
lineamientos previamente consagrados por el legislador, esto con el objeto de
garantizar a los ciudadanos que puedan verse afectados por el ejercicio de la
función pública, la protección de sus derechos de contradicción y defensa6. En este
orden, parte fundamental del debido proceso administrativo es que las actuaciones
y etapas se adelanten en los términos previstos por el legislador.

2.6. Caso concreto

32. Como se puso de presente al inicio de estas consideraciones, la parte
accionante alega la presunta mora en la resolución del recurso de apelación
presentado por la señora Carmen Ibeth Ariza contra el oficio DESAJBAO23-81 del
19 de enero de 2023 por medio del cual la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Barranquilla – Atlántico negó la reliquidación de sus
prestaciones sociales.

33. Planteado así el asunto, la sala estudiará las actuaciones de cada una de las
corporaciones accionadas y aquellas que conocieron de la reclamación

3 Corte Constitucional, sentencias T-444 de 2020, SU– 574 de 2019, SU–075 de 2018.
4 Corte Constitucional, sentencias T-444 de 2020, SU– 574 de 2019, SU–075 de 2018.
5 Corte Constitucional, T 115 de 2018.
6 Corte Constitucional, sentencia C-980 de 2010.

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administrativa, para determinar si vulneraron el derecho fundamental al debido
proceso administrativo de la parte actora.

2.6.1. Estudio sobre la vulneración del derecho al debido proceso
administrativo por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Barranquilla – Atlántico

34. Como viene de decirse, el día 9 de noviembre de 2022, la accionante radicó
ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla una
reclamación administrativa en la que solicitó la reliquidación de sus prestaciones
sociales, con la inclusión de la bonificación judicial.

35. Sin embargo, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Barranquilla mediante oficio DESAJBAO23-81 del 19 de enero de 2023, negó tal
solicitud.

36. En contra de la anterior decisión, el 26 de abril de 2023, la señora Carmen
Ibeth Henríquez Ariza presentó recurso de apelación, el cual surtió el siguiente
trámite:

• Mediante Resolución No. DESAJBAR23-2652 del 26 de mayo de 2023
concedió el recurso de apelación y ordenó remitir el expediente
correspondiente a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

• El 26 de mayo de 2023, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Barranquilla notificó el anterior acto administrativo a la accionante
y a su apoderado, así como a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, tal como se evidencia en la siguiente imagen:

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37. Del anterior recuento probatorio, la sala estima que la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Barranquilla desconoció el derecho al
debido proceso administrativo de la accionante. Esto, porque no se encuentra
acreditado que esta entidad haya remitido el expediente administrativo contentivo
de las actuaciones realizadas con ocasión de la reclamación administrativa
presentada el 9 de noviembre de 2022 por la accionante a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, que es la competente para decidirlo.

38. En este punto, esta sección encuentra que la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Barranquilla se limitó a allegar copia del acto
administrativo en el que resolvió conceder el recurso de apelación presentado por
la accionante, junto con su notificación. Así, se desconoce a la fecha de esta
decisión si esta entidad remitió la totalidad de lo actuado con ocasión de la
reclamación administrativa presentada el 9 de noviembre de 2022 por la accionante
a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – nivel central, incluido el recurso
antes citado, para que este decida de fondo sobre aquel, pese a que así se ordenó
en la Resolución No. DESAJBAR23-2652 del 26 de mayo de 2023.

39. Al respecto, es preciso recodar que la remisión de un recurso de apelación
no constituye una tarea de gran complejidad. Por el contrario, aquella gestión puede
adelantarse de manera eficiente y oportuna por parte de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, en la medida que solo implica
el envío de los documentos que conforman el expediente administrativo en el que

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obran las actuaciones adelantadas con ocasión de la reclamación administrativa
presentada el 9 de noviembre de 2022, incluido el recurso de apelación por ella
presentada contra la Resolución No. DESAJBAR23-2652 del 26 de mayo de 2023.

40. En ese orden de ideas, la sala estima que la omisión por parte de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla en tramitar el recurso
de apelación interpuesto por la actora y remitir el expediente administrativo
contentivo de la reclamación por ella presentada el 9 de noviembre de 2022, a la
autoridad de segunda instancia para que en ejercicio de sus funciones decidiera de
fondo sobre aquel, constituye una vulneración del derecho fundamental al debido
proceso administrativo.

41. Además, se observa que ha transcurrido un plazo razonable desde la fecha
en la que resolvió conceder el recurso de apelación presentado por la accionante,
hasta la fecha de esta decisión, sin que se encuentre acreditada la realización de la
gestión aludida por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Barranquilla y tampoco existen razones que justifiquen la mora
administrativa en su actuación.

42. Con relación a la mora administrativa, la Corte Constitucional ha indicado que
toda persona que presenta un recurso o adelanta cualquier otra actuación tiene
derecho a que este le sea resulta por la autoridad competente dentro de los términos
legales dispuestos para el efecto. Sin embargo, puede que la administración tarde
en darle solución a dichas solicitudes y de esta forma, presentarse la mora
administrativa.

43. Para determinar si la tardanza en la atención de un trámite vulnera o no los
derechos del ciudadano, el Alto Tribunal Constitucional ha indicado que se debe
analizar la razonabilidad del plazo y el carácter injustificado en la observancia de los
términos administrativos. Por ende, la mora administrativa viola del debido proceso
cuando presenta los siguientes rasgos: «(i) el incumplimiento de los términos
administrativos señalados en la ley para adelantar alguna actuación; (ii) que la mora
desborde el concepto de plazo razonable, lo cual implica efectuar un estudio sobre
la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la
autoridad respectiva y el análisis global de procedimiento; y (iii) la falta de motivo o
justificación razonable en la demora»7.

44. En ese orden de ideas, la sala considera que la autoridad vinculada a este
trámite constitucional ha incurrido en una mora administrativa, pues ha transcurrido
10 meses y 16 días sin que remita el expediente administrativo contentivo de las
actuaciones realizadas con ocasión de la reclamación administrativa presentada el
9 de noviembre de 2022 por la accionante a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, que es la competente para decidir el recurso de apelación presentado por

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Corte Constitucional. Sentencia T-297 de 2006.
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la accionante. Esta circunstancia desconoce la noción de plazo razonable e impide
que la accionante ejerza plenamente sus derechos.

45. En consecuencia, la sala amparará el derecho fundamental al debido proceso
administrativo de la señora Carmen Ibeth Henríquez Ariza y ordenará a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla que remita el
expediente administrativo contentivo de las actuaciones realizadas con ocasión de
la reclamación presentada por la accionante el 9 de noviembre de 2022, incluido el
recurso de apelación presentado por aquella el 26 de abril de 2023 en contra de la
decisión contenida en el oficio DESAJBAO23-81 del 19 de enero de 2023, a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, entidad que, a su vez, deberá
resolver el recurso en los términos indicados en la ley.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Barranquilla del presente trámite
constitucional, conforme a los motivos expuestos en esta providencia.

SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso administrativo
de la señora Carmen Ibeth Henríquez Ariza.

TERCERO: En consecuencia, ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Barranquilla – Atlántico que, en el término de 48 horas
contadas a partir de la notificación de esta sentencia, remita el expediente
administrativo contentivo de las actuaciones realizadas con ocasión de la
reclamación presentada por la accionante el 9 de noviembre de 202, incluido el
recurso de apelación presentado por aquella el 26 de abril de 2023 en contra de la
decisión contenida en el oficio DESAJBAO23-81 del 19 de enero de 2023, a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, entidad que, a su vez, deberá
resolver el recurso en los términos indicados en la ley.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente
el día siguiente a la ejecutoria de esta providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y
efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364
de 2012.

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