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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00978-00

Fecha
18 de abril de 2024
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00978-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida por los señores Carmen Celina, José René, Tomás Eduardo y Maximiliano García Colmenares. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-00978-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

18 de abril de 2024

Demandantes: Carmen Celina García Colmenares y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00978-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00978-00
Demandantes: CARMEN CELINA GARCÍA COLMENARES Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN B

Temas: Tutela contra providencia judicial – Improcedencia por no
superar el requisito de inmediatez

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la acción de tutela interpuesta por los señores
Carmen Celina, José René, Tomás Eduardo y Maximiliano García Colmenares
contra la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Mediante escrito presentado el 28 de febrero de 20241, los señores Carmen
Celina, José René, Tomás Eduardo y Maximiliano García Colmenares, por medio
de apoderado judicial, ejercieron acción de tutela contra el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B con el fin de reclamar el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y «a la no retroactividad de la
jurisprudencia».

Los accionantes consideraron vulneradas las referidas garantías
constitucionales, con ocasión de la sentencia proferida por el accionado el 28 de
octubre de 2022, la cual modificó2 la providencia dictada por el Tribunal

1
Acción de tutela promovida ante el buzón web del aplicativo de Tutelas y Habeas Corpus de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
2
En el sentido de (i) declarar responsable por los perjuicios causados a la Nación, Fiscalía
General de la Nación; (ii) condenar a la misma a pagar por concepto de perjuicios morales y
materiales en la modalidad de lucro cesante y, (iii) que expidiera un comunicado en el cual
ofreciera disculpas al señor Édgar Jesús García Colmenares por la afectación de su derecho al
buen nombre.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Carmen Celina García Colmenares y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00978-00

Administrativo de Norte de Santander del 30 de septiembre de 2014, al interior
del medio de control de reparación directa iniciado por los actores3 contra la
Nación, Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, Ministerio de Defensa
Nacional y Ministerio de Justicia y del Derecho, identificado con el radicado
54001-23-31-000-2002-01049-00/01.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…]

2. En consecuencia, para lograr la protección efectiva y no ilusoria de los
derechos constitucionales fundamentales de mis representados y del suscrito,
pido que se REVOQUE LA DECISIÓN proferida por el CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA -
SUBSECCIÓN B de fecha 28 de Octubre del 2022 y condene a la FISCALÍA
GENERARL DE LA NACION, al pago de los daños morales, conforme lo probado
en el proceso administrativo de Primera Instancia, reconocidos por el TRIBUNAL
SUPERIOR ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER, de fecha 30 de
septiembre del 2014, ordenando confirmar la sentencia de primera instancia.

3. Se ordene tener como aplicable el criterio anotado en la aclaración de voto
efectuado el Honorable magistrado FREDY IBARRA MARTÍNEZ, del 28 de
octubre del 2022 “ De otro lado, en la sentencia del 29 de noviembre de 2021
proferida en el expediente 46.681 la Sección Tercera del Consejo de Estado
unificó la tasación de perjuicios morales en los casos de privación injusta de la
libertad, al respecto, debo indicar que participé en su discusión y aprobación pero
me aparté parcialmente por considerar, entre otros aspectos, que la presunción
del perjuicio moral no se debía limitar a la víctima directa, su cónyuge,
compañero o compañera permanente y parientes en primer grado de
consanguinidad sino que también esta debía ser extensiva a otros parientes que
incluso pueden sufrir incluso más que la persona que es objeto de privación; de
igual forma, no compartí los criterios de tasación de la sentencia que se
realizaron para los parientes de la víctima directa; sin embargo, por tratarse de
una sentencia de unificación jurisprudencial debe acatarse en cumplimiento del
artículo 10 de la Ley 1437 de 2011.

4. Se les reconozca los daños morales a los señores José Rene García
Colmenares, Tomas Eduardo García Colmenares, Carmen Celina García
colmenares, Maximiliano García Colmenares, Judith Josefa Mora Colmenares,
conforme se establece en el numeral 47 (pagina) de la sentencia de fecha 28 de
octubre del 2022 “ Así mismo se explicó que la indemnización no debía ser igual
para todos los demandantes dado que la afectación que sufre quien es privado la
libertad tiene una intensidad distinta a la afectación que padecen sus familiares
por tal motivo se planteó que para los parientes en el primer grado con sangría
del detenido su cónyuge o su compañera permanente es el 50% lo que
corresponde a la víctima y detecta a los demás demandantes cuando acrediten

3
Junto con los señores Dioselina Roa Buitrago, Édgar Jesús García Colmenares, Jesús Alexis
García Roa, Lisbeth Andreina García Roa, Gladis Inés Castellanos Jaimes, Judith Josefa Mora
Colmenares, María Celina Colmenares Márquez, José Gabriel García Abreo.

2
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Demandantes: Carmen Celina García Colmenares y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
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los procesos Morales de tope máximo de 30% de lo que corresponda la víctima
directa.

5. Se les reconozca los mismos Derechos en la presente tutela a todos los
demandantes dentro del proceso de Reparación Directa, sean o no demandantes
en la presente acción, aplicando el Derecho de Igualdad4.

1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para
la decisión que se adoptará en la sentencia:

El 6 de junio de 1997, el señor Édgar Jesús García Colmenares fue detenido por
la presunta comisión de los delitos de secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y
hurto agravado, por lo cual se dictó medida de aseguramiento en establecimiento
carcelario. Sin embargo, el 21 de febrero de 2000, el Juzgado Penal del Circuito
Especializado de San José de Cúcuta lo absolvió de los cargos imputados.

En consecuencia, el señor Édgar Jesús García Colmenares junto con su núcleo
familiar5 promovieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación
directa contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, el
Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, con el
objeto de que fueran declarados administrativa y patrimonialmente responsables
por los perjuicios derivados de la presunta privación injusta de la libertad a la que
fue sometido.

En primera instancia, conoció el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
que en providencia del 30 de septiembre de 2014 accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar administrativa y
extracontractualmente responsable a la Nación, Fiscalía General de la Nación
por el daño antijurídico causado y, en consecuencia, condenó por concepto de
perjuicios morales y materiales.

Inconforme con la decisión, la parte accionada interpuso recurso de apelación, el
cual fue resuelto por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado en
sentencia del 28 de octubre de 2022, en la que modificó el fallo del a quo, en el
sentido de modificar los montos reconocidos y de dar la orden de restablecer el
buen nombre de la víctima directa.

Dicha decisión fue notificada por medio de edicto electrónico el 7 de diciembre de
2022.

4
Transcripción literal que puede contener errores.
5
Dioselina Roa Buitrago; Alexis y Lisbeth Andreina García Roa, Gladis Inés Castellanos Jaimes;
Judith Josefa Mora Colmenares; María Celina Colmenares Márquez; José Gabriel García Abreo,
y Celina, José René, Tomás Eduardo y Maximiliano García Colmenares.

3
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En memorial radicado el 25 de enero de 2023, la parte actora solicitó la
corrección de la sentencia6, la cual fue resuelta de manera desfavorable
mediante auto del 14 de julio siguiente y notificado por estado electrónico el 22
de agosto de 2023.

1.4. Fundamentos de la vulneración

El apoderado judicial de la parte actora indicó que la vulneración de los derechos
fundamentales se produjo con ocasión de la falta de aplicación por parte de la
Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado de los precedentes
jurisprudenciales anteriores a la sentencia de unificación del 29 de noviembre de
20217, ya que en las sentencias anteriores las exigencias para la demostración
de los daños morales que sufrió el núcleo familiar de la víctima directa eran
distintas.

Frente a ello indicó que, la aplicación de un precedente diferente al vigente para
el momento de la presentación del medio de control se debió a la dilación del
juez de segunda instancia para resolver del asunto.

Para sustentar lo anterior, expuso una sentencia de tutela8 dictada por la Sala
Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, en la que se revisaron los efectos
temporales de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, en la cual se
concluyó que:

La autoridad accionada «incurrió en desconocimiento del precedente judicial […]
debido a que al aplicar las reglas unificadas en la sentencia del 29 de enero de
2020, […] no tuvo en cuenta el mandato establecido en la Sentencia SU-406 del
2016, según el cual, […] pese a que el cambio de reglas aplicara de forma
“general y automática”, debían valorarse las circunstancias particulares de los
accionantes, con el objetivo de determinar si la aplicación “general y automática”
del precedente unificado podría poner en riesgo las garantías procesales y, en
consecuencia, sus derechos fundamentales».

Además, puso de presente la sentencia proferida por la Sección Tercera del
Consejo de Estado, identificada con el radicado 68001-23-31-000-2009-00295-
01, de la cual resaltó que «[L]a retroactividad del precedente viola la cláusula de
Estado de derecho y el deber general del Estado de respeto a las garantías judiciales,

6
La parte actora solicitó que se corrigiera el numeral tercero de la sentencia, dado que, a su
juicio, debían ajustarse los montos concedidos a título de perjuicios morales, en atención a lo
establecido en la Sentencia de unificación de 29 de noviembre de 20213 y el período de privación
reconocido en el fallo, esto es, 16 meses y 15 días. Así, a su juicio, debía concederse a favor de
la víctima directa la suma de 82,656 SMLMV, y con fundamento en ello, ajustar los valores
reconocidos a los demás demandantes.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, M.P. Martín
Bermúdez Muñoz, Sentencia 29.09.21, Rad. 18001-23-31-000-2006-00178-01.
8
No señaló el radicado.

4
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debido proceso, libertad e igualdad y, por ende, a la confianza legítima creada de
manera objetiva por las autoridades estatales en el desarrollo de sus actos».

1.5. Trámite de la acción de tutela

El magistrado encargado del presente despacho, mediante auto del 4 de marzo
de 2024 admitió la demanda de tutela, ordenó notificar a la parte demandante y,
como parte demandada, a los magistrados del Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B.

Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el
resultado del proceso de la Nación, Fiscalía General de la Nación, Policía
Nacional, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Justicia y del Derecho; a
los señores Dioselina Roa Buitrago, Édgar Jesús García Colmenares, Jesús
Alexis García Roa, Lisbeth Andreina García Roa, Gladis Inés Castellanos
Jaimes, Judith Josefa Mora Colmenares, María Celina Colmenares Márquez,
José Gabriel García Abreo y al Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
que conformaron el extremo pasivo, activo y el juez de primera instancia del
medio de control de reparación directa, identificado con radicado 54001-23-31-
000-2002-01049-00/01.

Además, le reconoció personería para actuar al abogado José René García
Colmenares, en calidad de apoderado judicial de los accionantes.

1.5.1. Manifestación de impedimento

El 17 de abril de 2024, el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez manifestó su
impedimento en atención a que su cónyuge se desempeña como fiscal adscrita a
una unidad nacional de la Fiscalía General de la Nación, entidad que integró la
parte demandada en el medio de control de reparación directa dentro del cual se
profirió la sentencia a la que el actor le atribuye la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales invocados.

Sin embargo, en providencia del 18 de abril de 2024, fue declarado infundado el
impedimento manifestado por el magistrado Barreto Suárez, por los demás
magistrados que conforman la Sección Quinta de esta Corporación.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron
las siguientes:

5
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Demandantes: Carmen Celina García Colmenares y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00978-00

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B

En documento allegado el 11 de marzo del presente año, el magistrado ponente
de la decisión enjuiciada adujo que dicha providencia contenía argumentos y
elementos necesarios para que el juez de tutela tomara la decisión que en
derecho correspondiera. En consecuencia, expresó que estaría presto a atender
lo que dispusiera la sala.

1.6.2. Ministerio de Defensa Nacional

Por medio de correo electrónico remitido el 12 de marzo de 2024, la jefe del Área
Jurídica de la Secretaría General de la entidad, expuso que el mecanismo
constitucional no cumplía con el requisito de la inmediatez, ya que la notificación
de la sentencia de segundo grado se realizó el 7 de diciembre de 2022, es decir
que transcurrieron más de 15 meses hasta la fecha de interposición de la acción
de tutela.

Así las cosas, manifestó que la acción tutelar resultaba improcedente, teniendo
en cuenta la inexistencia de un perjuicio irremediable, por lo cual se debía
denegar las súplicas de la demanda.

1.6.3. Ministerio de Justicia y del Derecho

A través de memorial allegado el 12 de marzo de 2024, el apoderado judicial
indicó que la entidad no fue condenada en el medio de control, por lo cual no
tenía interés en el objeto de la acción.

No obstante, sostuvo que no se evidencia vulneración de las garantías
fundamentales de los accionante, ya que la autoridad judicial accionada dio
aplicación a la sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2021, sobre esta
advirtió que:

[…] se fijaron y adoptaron reglas para unificar la jurisprudencia relativa al
reconocimiento y monto de los perjuicios morales por la privación injusta de la
libertad, todo amparado en el artículo 270 de la ley 1437 de 2011, donde
claramente se destacó que lo que se estaba haciendo no era modificar una regla
sobre la presunción de los perjuicios morales sino que se precisaba el alcance,
en aras de solucionar todas las divergencias en su interpretación y aplicación;
además, allí se dejó establecido que como “no es posible dar un valor pecuniario
a los perjuicios morales, es entonces necesario que, mediante sentencia de
unificación con carácter vinculante, se determinen sus topes máximos, con base
en criterios generales de proporcionalidad.”, dando vía a las reglas que han
señalado los topes para poder liquidar los perjuicios morales.

Adicionalmente, argumentó que:

[…] puntualmente en lo que tiene que ver con el derecho a la igualdad, también el

6
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alto Tribunal fue previsorio y advirtió que “El derecho a la igualdad en este caso
se garantiza aplicando la sentencia de manera similar a todos los casos que se
fallen luego de su ejecutoria. Suponer que tal derecho solo se garantiza si se le
otorga el mismo monto de perjuicios morales a todas las personas que
presentaron la demanda durante determinado periodo de tiempo carece de
fundamento; la fecha en la cual se presentó la demanda no tiene en este caso
ningún tipo de relevancia para estructurar tal derecho (…). Esgrimir el derecho de
igualdad para impedir la aplicación inmediata de los topes de perjuicios morales
implicaría considerar que los mismos no pueden ser modificados por la
jurisprudencia. Implicaría también considerar que, con base en el mismo derecho
de igualdad, no existe justificación para que en relación con las demandas
presentadas con posterioridad a este fallo se apliquen los nuevos topes.”; ello
claramente indica que lo que se debe prever es que la jurisprudencia es dinámica
y, por ende, esos topes pueden ser modificados por esa vía.

Resaltó que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado fue
transparente y motivó debidamente su decisión, actuando de conformidad con el
principio de autonomía. Por lo tanto, indicó que el mecanismo constitucional
resultaba improcedente.

1.6.4. Fiscalía General de la Nación

En documento remitido el 12 de marzo del presente año, la profesional
especializada de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la entidad adujo que, la
acción tutelar era improcedente por cuanto la parte actora: (i) no daba cuenta de
por qué a pesar de existir otro mecanismo judicial idóneo para ventilar la
controversia, como el recurso extraordinario de revisión, no hizo uso de este, (ii)
no sustentó las causales específicas de procedibilidad, (iii) pretendía retrotraer
actuaciones procesales, y (iv) no sustentó la configuración de los defectos.

Así las cosas, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción
constitucional.

Pese a que la Rama Judicial, la Policía Nacional, el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander y los señores Dioselina Roa Buitrago, Édgar Jesús
García Colmenares, Jesús Alexis García Roa, Lisbeth Andreina García Roa,
Gladis Inés Castellanos Jaimes, Judith Josefa Mora Colmenares, María
Celina Colmenares Márquez9, José Gabriel García Abreo10, fueron notificados
en debida forma, guardaron silencio11.

9
El apoderado judicial reportó que falleció el 15 de febrero de 2022.
10
El apoderado judicial reportó que falleció.
11
Índice 7, 8, 19, 20 y 25 de Samai.

7
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Demandantes: Carmen Celina García Colmenares y otros
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por los señores Carmen Celina, José René, Tomas Eduardo y Maximiliano
García Colmenares, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la
Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 7° del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, por cuanto esta se dirige contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B.

2.2. Problemas jurídicos

Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de
procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?

De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo
siguiente:

• ¿El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B incurrió en el
defecto por desconocimiento del precedente al interior de la sentencia del
28 de octubre de 2022, en el medio de control de reparación directa
identificado con el radicado 54001-23-31-000-2002-01049-00/01?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y si es
procedente; (iii) el estudio del caso concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201212
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema13 y declaró

12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. María Elizabeth García
González, Sentencia 31.07.12, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
13
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.

8
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su procedencia14.

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere
la relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez; y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la
referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.4.1. Inmediatez

Es preciso señalar que esta Colegiatura15 ha considerado como plazo prudencial
el de seis (6) meses desde la ocurrencia del hecho generador –el cual es la
ejecutoria de la providencia judicial cuestionada– que da lugar a la solicitud
de protección y la presentación de esta, y cuando este es excesivo se declara su
improcedencia. No obstante, se analiza en cada caso concreto si median
razones suficientes que justifiquen el retardo, como para omitir su consideración
y entrar al fondo del debate jurídico planteado.

En el caso objeto de estudio, la sala observa que al interior del medio de control
de reparación directa la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado

14
Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
15
Ver sentencias: de 18.04.13, Rad.11001-03-15-000-2012-01172-01, M.P: Susana Buitrago
Valencia; 03.07.13, Rad.11001-03-15-000-2012-01891-01, 12.08.13, Rad.11001-03-15-000-2013-
1435-00, M.P: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2013-
00142-01, 12.09.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-02203-01, M.P: Alberto Yepes Barreiro;
21.09.16, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, M.P: Rocío Araújo Oñate; entre otras.

9
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dictó la sentencia de segundo grado el 28 de octubre de 2022 y, posteriormente
el auto que resolvió la solicitud de corrección, el 14 de julio de 2023.

Por lo tanto, se debe determinar a partir de cuándo se cuenta el requisito de
procedibilidad adjetivo de la inmediatez.

Para empezar, cabe advertir que de acuerdo con los artículos 285, 286 y 287 del
Código General del Proceso, las partes pueden solicitar a los jueces la
aclaración, corrección o adición de las sentencias. En atención a que la Ley 1437
de 2011 no regula dichas figuras, es preciso su remisión al Código General del
Proceso en virtud del artículo 306 del CPACA.

Así las cosas, tanto la aclaración como la adición contienen una condición para
hacer su solicitud y es, que estas se hagan dentro del término de la ejecutoria de
la providencia. Sin embargo, no sucede lo mismo con la corrección de errores
aritméticos y otros, pues sobre esta se indica que podrá solicitarse en cualquier
tiempo, como se observa:

ARTÍCULO 286. CORRECCIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS Y OTROS. Toda
providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser
corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de
parte, mediante auto.

Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará por
aviso.

Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o
cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la
parte resolutiva o influyan en ella.

Por lo tanto, la consecuencia de que las instituciones de la aclaración y la adición
puedan presentarse solamente durante el término de la ejecutoria de la
providencia, es que la suspenden, es decir, que hasta que la autoridad judicial
competente no las resuelva, las decisiones objeto de estas no se entienden
ejecutoriadas.

La corrección por su parte al ser una figura con la que se busca corregir un error
puramente aritmético o gramatical, no tiene la virtualidad de cambiar el fondo del
asunto ni suspender la ejecutoria de las sentencias o autos.

En consecuencia, en el presente caso el requisito de la inmediatez no podría
contabilizarse a partir de la ejecutoria del auto que resolvió la solicitud de
corrección radicada el 25 de enero de 2023 y resuelta el 14 de julio de 2023,
sino, a partir de la ejecutoria de la sentencia de segundo grado resuelta por la
Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado.

En atención a que la sentencia del 28 de octubre de 2022 fue notificada por

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Carmen Celina García Colmenares y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00978-00

edicto electrónico el 7 de diciembre de 2022 y la presente acción de tutela fue
radicada el 28 de febrero de 2024, transcurrieron más de 6 meses, término que
para esta Sección no resulta razonable.

Pese a lo anterior, jurisprudencia de la Corte Constitucional16, ha estipulado que
pueden existir causales de justificación de la presentación tardía de la acción de
tutela, como se exponen a continuación: (i) que exista un motivo válido para la
inactividad del accionante; (ii) que su falta de iniciativa vulnere el núcleo esencial
de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) que exista un nexo
causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos
fundamentales del interesado; y (iv) que el fundamento de la acción de tutela
surja después de acaecida la actuación violatoria de los derechos
fundamentales, de cualquier forma, en un plazo no muy alejado de la fecha de
interposición.

No obstante, la sala no advierte una explicación válida para que el ejercicio de la
acción de tutela se haya hecho por fuera del tiempo proporcional y razonable
adoptado por la Corporación, pues el tutelante no expuso ninguna justificación
que lo eximiera del conteo del requisito de la inmediatez, ni se configuró alguna
de las causales referidas.

De ahí que se reproche el hecho de haber transcurrido un lapso considerable
hasta la interposición de la solicitud de amparo, pues se desconoce el alcance
jurídico de esta y se desvirtúa su finalidad de medio de protección actual,
inmediato y efectivo. Como se advierte, no existe una explicación válida para la
presentación de la tutela por fuera del tiempo proporcional y razonable señalado
por la corporación.

2.5. Conclusión

Por las razones expuestas, se declarará la improcedencia de acción de tutela
porque no se encontró satisfecho el requisito general de la inmediatez.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

16
Al respecto consultar sentencias T-1229 de 07.09.00, T-684 de 08.08.03, T-016 de 25.01.06.,
T-1044 de 04.12.07, T- 1110 de 28.10.05., T-158 de 02.03.06., T-166 de 08.03.10., T-502 de
17.06.10., T-574 de 15.07.10, T-576 de 21.07.10.

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Demandantes: Carmen Celina García Colmenares y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00978-00

FALLA:

PRMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida
por los señores Carmen Celina, José René, Tomás Eduardo y Maximiliano
García Colmenares.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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