Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00993-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00993-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00993-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
11 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero de Estado: Jorge Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Acción : Tutela
Expediente : 11001-03-15-000-2024-00993-001
Actor : Asociación de Víctimas de la Costa Pacífica (ASOVICP)2,
representada legalmente por el señor Jhon Jair Segura
Toloza
Accionado : Nación – Presidencia de la República
Tema : Participación en los acuerdos de paz
Derechos : Igualdad, derecho de las víctimas, libre expresión y
presuntamente participación ciudadana
vulnerados
Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de acción de tutela
incoada por la Asociación de Víctimas de la Costa Pacífica contra la Nación –
Presidencia de la República, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales a la igualdad, derecho de las víctimas, libre expresión y
participación ciudadana.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por la actora frente a la situación objeto de censura. Luego, se revisará lo relativo
a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo pertinente en
torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela.
La Asociación de Víctimas de la Costa Pacífica, quien actúa por conducto de su
representante legal, interpuso el presente recurso de amparo con el fin de obtener
la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, derecho de las
1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la herramienta
electrónica para la gestión judicial denominada Samai.
2
De acuerdo con el certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de Pasto, se trata de
una entidad sin animo de lucro, con domicilio principal en la ciudad de Pasto y con funcionamiento desde el 20 de
diciembre de 2018.
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Actora: Asociación de Víctimas de la Costa Pacífica (ASOVICP)
víctimas, libre expresión y participación ciudadana, presuntamente vulnerados por
la Nación – Presidencia de la República.
Por consiguiente, solicitó «[…] ordenar al gobierno colombiano representado por
el presidente GUSTAVO PETRO expedir una resolución permitiendo la
participación de 3 delegados de la ASOCIACION DE VICTIMA DE LA COSTA
PACIFICA para que los mismos participen en los diálogos del proceso de paz con
las mismas garantías del demás integrante de la mesa de paz». (SIC)
1.3 Hechos.
Relata la accionante que, son más de 50 mil las víctimas revisando el proceso de
paz llevado a cabo por el Gobierno Nacional, del cual no existe una verdadera
representación de sus derechos, por lo que en ejercicio del mecanismo de
amparo súplica que el Presidente de la República le permita ser partícipe
(independientemente de que haya presentado petición o no en ese sentido), dado
que con el proceso suscrito con anterioridad «se dejó mucho vació la mayoría de
las cámaras de PAZ fueron elegidas con influencia de victimario».
Que, en virtud de lo anterior, se han puesto en marcha políticas públicas las
cuales no han llegado a satisfacer las necesidades de sus territorios, incluso, que
con el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), se ha incrementado la delincuencia en sus zonas, experiencias que
servirían para la construcción de un verdadero proceso.
Aduce que, el ordenamiento jurídico dispone de medios de reparación a las
víctimas, «[…] cuyos criterios de distribución y montos, así como procedimiento
no están previamente definidos es lo que hoy buscamos entrar nosotros mismo a
intervenir en las políticas de paz que nos permitan una dinámica acorde a
nuestras comunidades afectadas del conflicto armado», además, que no se puede
hablar de paz, cuando las verdaderas víctimas no se les tiene en cuenta.
Que, como víctimas del conflicto armado, es necesario ser parte en la
construcción de los acuerdos de paz, en razón a que en sus territorios se
presentan más problemas que antes, tan es así que por cada 10 kilómetros se
halla presente un grupo al margen de la ley, situación que debe ser escuchada,
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Actora: Asociación de Víctimas de la Costa Pacífica (ASOVICP)
puesto que el Gobierno «nunca publica lo que nos está pasando en nuestras
comunidades habla de paz y sique desapareciéndose compañeros». (SIC)
II. TRÁMITE PROCESAL
Por satisfacer los requisitos formales, este despacho, a través de auto de 12 de
marzo de 2024, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión (i) ordenó
notificar a la Nación – Presidencia de la República, y (ii) se negó la medida
cautelar, consistente en la participación en los acuerdos de paz con los grupos
guerrilleros.
2.1 Contestaciones de la acción.
2.1.1 Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Señaló
que el tutelante no elevó derecho de petición con la finalidad de obtener
información a sus diferentes solicitudes, por tanto, considera que no ha incurrido
en ninguna omisión que permita concluir la vulneración de derechos
fundamentales, bajo ese entendido, pide que la acción sea declara improcedente
y se nieguen las súplicas al no cumplir con el requisito de la subsidiariedad, pues
«no basta con mencionar la existencia de un presunto perjuicio irremediable».
En cuanto al fondo de la petición, afirma que «[l]as víctimas, en el Comité
Nacional de Participación, están representadas (hasta la fecha) por las señoras
Eucaris Salas y Patricia Riveros, de la Mesa Nacional de Participación efectiva de
las Víctimas […]», la cual se encuentra atenta a escuchar las iniciativas de las
comunidades y sus contribuciones a la “Paz Total”, «[…] con lo anterior podemos
evidenciar que [en el] presente [la] accionante cuenta con la facultad de dirigirse a
la mesa de diálogos ante las representantes de las víctimas y elevar sus
diferentes inquietudes o plantear diferentes solicitudes para mejorar el presente
proceso de paz» que se adelanta con el ELN y las FARC.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia.
Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en
virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000 y 1983
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de 2017.
3.2 Cuestión preliminar.
En el asunto sub examine la demandante pide que el Gobierno Nacional expida
un acto administrativo que ordene la participación de tres (3) delegados de su
Asociación en la construcción de los diálogos de paz que se adelantan con el ELN
y las FARC, con las mismas garantías de los demás integrantes de la mesa de
negociación.
3.3 Requisito de subsidiariedad de la acción de tutela. El carácter subsidiario
de la acción de tutela hace referencia a que solo3 procede cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, sin embargo, no debe perderse de
vista que aunque el trámite de esta acción es preferente y sumario, regido por los
principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad
y eficacia, su carácter es eminentemente residual y subsidiario, es decir, que
únicamente procede en aquellos eventos en que no exista un instrumento
constitucional o legal diferente que permita solicitar ante los jueces la protección
de los derechos, salvo que se pretenda evitar la causación de un perjuicio
irremediable.
De acuerdo con la sentencia T-480 de 2011 de la Corte Constitucional4 y ante la
naturaleza eminentemente subsidiaria de la acción de tutela, es menester que
quien depreca el amparo de un derecho constitucional fundamental haya agotado
todos los mecanismos de defensa que el ordenamiento jurídico pone a su
disposición, previa interposición de la acción.
De lo anotado se puede concluir que, la acción de tutela no solo es improcedente
cuando el accionante aún cuenta (o contó) con otro medio de defensa, sino
también cuando este tiene (o tuvo) la posibilidad de acudir ante las autoridades
que presuntamente han quebrantado sus derechos constitucionales
fundamentales a efectos de solicitar de ellas una respuesta favorable o la
satisfacción de sus intereses.
3
De acuerdo con la Ortografía de la Lengua Española, de la Real Academia Española, edición 2010, primera edición
(Colombia: abril de 2011), «La palabra solo, tanto cuando es adverbio [Solo trabaja de lunes a viernes] como cuando es
adjetivo [Está solo en casa todo el día…] son voces que no deben llevar tilde según las reglas generales de acentuación
[…]».
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M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Actora: Asociación de Víctimas de la Costa Pacífica (ASOVICP)
De manera que la falta de diligencia del demandante, entendida como la
renuencia o el uso tardío de los medios ordinarios de defensa previstos en la
normativa legal, constituye una causal válida para declarar la improcedencia de la
acción constitucional frente al caso particular5.
La jurisprudencia constitucional ha dicho que la acción de tutela no resulta
procedente cuando el marco jurídico ofrece otro mecanismo para la protección de
los derechos, sin embargo, si el sistema normativo dispone de otras herramientas
jurídicas para el amparo de los derechos, estas deben ser suficientemente
eficaces para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, pues de lo contrario
la acción de tutela procede de manera transitoria.
En otras palabras, si la situación fáctica es de tal gravedad que los recursos
ordinarios resultan ineficaces para defender los derechos fundamentales, el juez
de tutela debe adoptar las medidas necesarias que neutralicen las causas de
vulneración o amenaza con la finalidad de evitar un menoscabo o de hacer cesar
una violación a prerrogativas inalienables.
Ahora bien, el perjuicio se considera irremediable cuando concurren unas
circunstancias específicas que, si bien deben ser valoradas en cada caso
concreto, deben hallarse presentes:
1) Que se produzca de manera cierta y evidente una amenaza sobre un derecho
fundamental.
2) Que de presentarse no exista forma de reparar el daño producido a ese
derecho.
3) Que su ocurrencia sea inminente.
4) Que resulte urgente la medida de protección para que el sujeto supere la
condición de amenaza en la que se encuentra.
5) Que la gravedad de los hechos sea de tal magnitud que haga evidente la
impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección
inmediata de los derechos constitucionales fundamentales6.
En consecuencia, cuando el caso bajo estudio reúna los supuestos anteriores se
hará necesaria la intervención del juez constitucional para el restablecimiento de
los derechos involucrados a través de medidas inmediatas de protección,
imponiéndose en este evento la tutela como mecanismo transitorio mientras el
5
En esos términos lo precisó la Corte Constitucional en sentencia T-375 de 2018, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
6
Corte Constitucional, sentencia T-458 de 1994, M. P. Jorge Arango Mejía.
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juez competente decide de fondo la acción correspondiente7.
Asimismo, la jurisprudencia constitucional8 ha precisado que el perjuicio
irremediable debe ser probado por la persona que lo alega, pues si bien no es
dable exigir el cumplimiento de una carga probatoria rigurosa en asuntos donde
se discute la violación de derechos fundamentales, el tutelante debe demostrar, al
menos someramente, los posibles perjuicios que se llegaren a originar en los
hechos que motivaron la presentación de la solicitud de amparo, por cuanto al
juez constitucional no le concierne probar las circunstancias fácticas en que se
fundamenta la acción de tutela, salvo que sea evidente la inminencia del perjuicio.
3.7 Solución al caso concreto. En el sub lite la parte tutelante pide que el
Presidente de la República integre a las mesas de diálogos que se adelantan con
el ELN y las FARC, tres de sus delegados, para la construcción activa de los
acuerdos de paz y las medidas que se adopten para reparar a las víctimas del
conflicto armado del País.
En relación con lo anterior, destaca que son más de 50 mil las víctimas que le
hacen seguimiento al proceso de paz, por lo que es menester obtener una
representación en dicho diálogo en defensa de sus derechos e intereses, toda vez
que sus territorios han sido afectados por los grupos al margen de la ley,
problemática que se ha acrecentado sin intervención del Gobierno Nacional, pues
si bien se han implementados políticas públicas para contrarrestar los rigores del
conflicto, las mismas han resultados ineficientes.
También, destaca que, con los acuerdos suscritos por el Gobierno anterior, se
dejaron vacíos que ameritan que no sean cometidos en el presente, por lo que
estima que con su colaboración se puede llegar a una verdadera estructuración y
reparación que esté acorde con las necesidades de sus comunidades.
No obstante, la Sala estima que la acción de tutela de la referencia no satisface la
exigencia de la subsidiariedad, comoquiera que a través de esta la Asociación de
Víctimas de la Costa Pacífica, pretende que se le incluya en las mesas de
conversación, pese a que tiene a su disposición otros instrumentos efectivos para
7
Consejo de Estado, sección segunda, sentencias AC-2010-00032 de 18 de marzo de 2010, y AC-2010-01795-01 de 9 de
diciembre de 2010.
8
Corte Constitucional, auto 164 de 21 de julio de 2011, M. P. María Victoria Calle Correa.
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Actora: Asociación de Víctimas de la Costa Pacífica (ASOVICP)
acceder o contribuir en esa labor, como lo es el derecho de petición, dado que
conforme al artículo 23 de la Constitución Política, este resulta procedente, pues
preceptúa que «[t]oda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas
a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución […]», además, en virtud del artículo 20 de la Ley 1755 de 2015 «[l]as
autoridades darán atención prioritaria a las peticiones de reconocimiento de un
derecho fundamental cuando deban ser resueltas para evitar un perjuicio
irremediable al peticionario, quien deberá probar sumariamente la titularidad
del derecho y el riesgo del perjuicio invocado», circunstancia que se enmarca
dentro de lo alegado por la demandante para acudir en sede de tutela, pues
precisamente requiere una representación en la construcción de los acuerdos de
paz en garantía de sus derechos.
Por su parte, la Corte Constitucional, respecto del derecho de petición, ha
sostenido:
Frente a las características esenciales del derecho de petición, ha sido
abundante y reiterativa la jurisprudencia de la Corte Constitucional, al
considerar que el núcleo esencial de este derecho reside en la
resolución pronta y oportuna de la solicitud.
En este sentido, esta Corporación ha manifestado:
“(i) El derecho de petición es fundamental y determinante para la
efectividad de los mecanismos de la democracia participativa,
garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los
derechos a la información, a la participación política y a la libertad
de expresión; (ii) el núcleo esencial del derecho de petición reside
en la resolución pronta y oportuna de la cuestión; (iii) la petición
debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y
congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse
dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible ;
(v) la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se
concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por
regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a
los particulares ; (vii) el silencio administrativo negativo, entendido
como un mecanismo para agotar la vía gubernativa y acceder a la
vía judicial, no satisface el derecho fundamental de petición pues su
objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la
prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición;
(viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía
gubernativa; (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se
plantea, no la exonera del deber de responder; y (x) ante la
presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su
respuesta al interesado”.
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Actora: Asociación de Víctimas de la Costa Pacífica (ASOVICP)
De los anteriores componentes jurisprudenciales cabe destacar que el
derecho de petición exige, por parte de las autoridades competentes,
una decisión de fondo a lo requerido por el ciudadano, lo cual implica
la prohibición de respuestas evasivas o abstractas, sin querer decir
con ello que la respuesta deba ser favorable. La respuesta de fondo
implica un estudio sustentado del requerimiento del peticionario,
acorde con las competencias de la autoridad frente a la que ha sido
presentada la petición.
Por otro lado, es menester precisar que no se observa la afectación de los
derechos fundamentales a la igualdad, derecho de las víctimas, libre expresión y
participación ciudadana invocados en el recurso de amparo, pues al respecto no
existe por parte de la accionada una respuesta que comporte tal trasgresión,
incluso sobre el planteamiento formulado esta indicó en la contestación que la
«[…] accionante cuenta con la facultad de dirigirse a la mesa de diálogos ante las
representantes de las víctimas y elevar sus diferentes inquietudes o plantear
diferentes solicitudes para mejorar el presente proceso de paz», lo cual no se ha
ejercido.
Lo que conlleva a advertir que, la Asociación de Víctimas de la Costa Pacífica,
busca utilizar la acción de tutela como un mecanismo que le imponga al Gobierno
Nacional la obligación de concederle un espacio en las conversaciones que se
llevan a cabo con los grupos armados, saltándose los requisitos legales
dispuestos para ello, desfigurando de esa manera la esencia u oportunidad de
este recurso el cual tiene como objetivo la protección de los derechos y evitar un
perjuicio irremediable, como preliminarmente quedó anotado.
Lo anterior se colige, por cuanto del escrito se echó de menos los fundamentos de
la violación, que permitan inferir su urgencia, si bien, la tutela goza de cierto grado
de informalidad, lo cierto es que se exige unas condiciones especiales para entrar
a acceder al amparo solicitado en el caso que así lo amerite. No obstante, lo
explicado, no implica que se desconozca por esta Sala las circunstancias o
situaciones de vulnerabilidad en la que se encuentran algunas zonas, regiones o
comunidades, frente al panorama de violencia que atraviesa históricamente el
País.
Resulta oportuno señalar que, ante la naturaleza eminentemente subsidiaria de la
acción de tutela, es indispensable que quien depreca el amparo de un derecho
constitucional fundamental haya agotado todos los mecanismos de defensa
8
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Actora: Asociación de Víctimas de la Costa Pacífica (ASOVICP)
judicial que el ordenamiento jurídico pone a su disposición, previa la interposición
de la acción.
De tal manera que, la falta de diligencia de la actora, entendido como la renuencia
o el uso tardío de los medios ordinarios de defensa previstos en la normativa
legal, constituye una causal válida para declarar la improcedencia del trámite
constitucional frente al caso particular.
Por último, se tiene que en este asunto el ejercicio de la tutela resulta
improcedente porque dicho amparo se encuentra gobernado por el principio de
subsidiariedad, según el cual esta no tiene cabida «Cuando existan otros recursos
o medios de defensa […]»9. Es decir, si los medios ordinarios o legales pueden
ser utilizados de manera eficaz (derecho de petición), como acontece en el sub
lite, la acción instaurada no resulta pertinente.
En tales condiciones (la existencia de otro medio de defensa judicial), es aplicable
la preceptiva del numeral 1 del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, norma que
guarda estricta armonía con el artículo 86 de la Constitución Política, en virtud de
los cuales la acción de tutela «[…] solo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial […]»10.
IV. DECISIÓN
Por las razones expuestas, la Sala considera que la parte actora no acreditó el
cumplimiento del requisito de la subsidiariedad, razón por la cual, se declarará la
improcedencia de la acción de amparo frente a la protección de los derechos
fundamentales a la igualdad, derecho de las víctimas, libre expresión y
participación ciudadana señalados por la Asociación de Víctimas de la Costa
Pacífica.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,
9
Numeral 1 del artículo 6º del Decreto ley 2591 de 1991.
10
Artículo 86 de la Carta Política.
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Actora: Asociación de Víctimas de la Costa Pacífica (ASOVICP)
FALLA:
1º. DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo de los derechos fundamentales a la
igualdad, derecho de las víctimas, libre expresión y participación ciudadana
invocados por la Asociación de Víctimas de la Costa Pacífica (ASOVICP), por las
razones expuestas en las consideraciones.
2º. NOTIFÍQUESE esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
3º. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, envíese el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
JORGE PORTOCARRERO BANGUERA
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
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