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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00994-00

Fecha
26 de junio de 2024
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00994-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- DESVINCÚLASE a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, por falta de legitimación en la causa por pasiva. Segundo.- NIÉGASE la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio del Interior. Tercero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela en relación con la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la falta de realización del mecanismo de la consulta previa y el derecho fundamental de petición respecto de la empresa Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. Cuarto.- AMPÁRASE el derecho fundamental de petición del señor Audomelio Fragozo Epiayú vulnerado por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. En consecuencia, Quinto.- ORDÉNASE al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales que, si no lo han hecho, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, adelanten el trámite de remisión por competencia de la petición formulada el 5 de febrero de 2024, en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia. Sexto.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00994-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

26 de junio de 2024

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00994-00
Demandante: Audomelio Fragozo Epiayú

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00994-00
Demandante: AUDOMELIO FRAGOZO EPIAYÚ, AUTORIDAD
TRADICIONAL DE LA COMUNIDAD ÉTNICA INDIGENA
WAYUU DE EL ESPINAL
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DEL
INTERIOR, AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS
AMBIENTALES, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS Y
SOCIEDAD INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.

Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Derechos fundamentales a la
consulta previa, libre e informada y de petición. Ausencia de prueba
de la notificación del traslado por competencia de la petición a la
autoridad competente y al peticionario

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Audomelio Fragozo Epiayú, autoridad tradicional de la
comunidad étnica indígena Wayuu de El Espinal, a través de apoderado judicial,
contra la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
de Restitución de Tierras Despojadas y la Sociedad Interconexión Eléctrica S.A.
E.S.P. ISA, en la que pide el amparo constitucional de los derechos fundamentales
a la vida, salud, acceso al agua, seguridad alimentaria, ambiente sano, consulta
previa, debido proceso, igualdad, a la propiedad colectiva, autonomía,
autodeterminación, autorreconocimiento e integridad cultural y social, vulnerados,
supuestamente, porque no se ha adelantado el mecanismo de consulta previa
para la realización de unas obras de interconexión eléctrica en inmediaciones de
su territorio.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El accionante afirmó que, de acuerdo a su autonomía, usos y costumbres, ejerce
como autoridad tradicional de la comunidad indígena Wayuu El Espinal, ubicada
desde épocas ancestrales en zona rural del municipio de Hatonuevo, La Guajira,
conformada actualmente por una población de más de 80 familias, “conformados
por los Clanes Epiayú, Goriayu, Ipuana y Pushaina”, a lo que agregó que fue posesionado
por el alcalde del municipio el 28 de agosto de 2023, y “reconocido por la Corte Suprema
de Justicia”.

Agregó que el 8 de marzo de 2021, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
de Restitución de Tierras Despojadas profirió acto administrativo en el que
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Demandante: Audomelio Fragozo Epiayú

determinó realizar visita de socialización, verificación e inspección al territorio
colectivo donde esta asentada la Comunidad, “para darle cumplimiento a la solicitud
del proceso de restitución de mas 700 hectáreas incluidas las actuales, contra la empresa
carbones del cerrejón limited, quien tiene la propiedad de ellas de manera irregulares y la
posesión desde epocas ancestrales la tiene la Comunidad indígena wayuu El espinal”.

Añadió que los días 16 y 17 de marzo de 2023, el grupo de verificación de la
dirección de Consulta previa del Ministerio del interior, realizó visita de verificación,
y “recolectaron diversas pruebas, pianos , mapas, se dieron cuenta que la comunidad
habla solo el idioma wayunaikii, que tienen dos cementerios, viviendas, enramadas,
corrales, jugueis, pozo de agua, arroyo, crías de chivos, ovejos, ganado vacuno, gallinas,
realizan artesanías elaboración de chinchorros, sombreros, guairena, mantas, utilizan las
platas medicinales, siembras agrícolas, bailes de la chicha malla y otros, que lo identifican
culturalmente coma una comunidad indígena wayuu”.

Refirió que el 31 de enero de 2022, la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales mediante Resolución Nº 00285, expidió licencia ambiental a favor de
la Sociedad Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (en adelante ISA), para construir la
estación Nueva Cuestecitas y realizar las obras de las torres de las líneas de
transmisión Copey-Cuestecitas 500kw Copey-Fundación 220kw, localizadas, entre
otros, en el municipio de Hatonuevo, “sin hacer el proceso de consulta previa con la
comunidad étnica El Espinal”.

Adujo que en agosto de 2023, ISA instaló dos torres de energía en un predio
cercano a la comunidad El Espinal, a menos de 300 metros, en área de influencia
de la misma, con la que “destruyeron plantas medicinales, flora, fauna, y están
generando afectaciones directas contra la comunidad étnica, en el evento de que esas
torres sufran daños o sean derrumbadas por la naturaleza o por la mano del hombre”.

Sostuvo que el 23 de noviembre de 2023, la comunidad e ISA, iniciaron proceso
de concertación y negociación para instalar tres torres de transmisión de energía
eléctrica “dentro de su territorio”, por lo que se realizaron reuniones para concertar
los impactos ambientales, culturales, sociales, espirituales, territoriales y formular
las medidas de manejo para prevenir, corregir, mitigar y compensar, dado que con
la realización de las obras “se va a afectar parte [de] la flora, fauna, fuentes hídricas,
destruir siete casas y otros, los cuales la comunidad indígena wayuu el espinal, está de
acuerdo que la empresa ISA realice esas obras, pero que se haga todo el proceso de
negociación, identificaciones de impactos y formulaciones de Medidas de manejos, en el
marco de un Proceso de Consulta previa”.

Indicó que, ante la consulta formulada por ISA con el fin de saber si debía realizar
el mecanismo de consulta previa con la comunidad El Espinal, el 28 de diciembre
de 2023, la Dirección Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior
determinó que no procedía el mecanismo de consulta previa entre la comunidad y
la empresa, “a pesar de que está realizando obras en su territorio colectivo
ancestral”.

Finalmente, sostuvo que eI 5 de febrero de 2024 en ejercicio del derecho de
petición presentó solicitudes ante el Presidente de la República, el Ministerio del
Interior, la Autoridad de Licencias Ambientales e ISA, con el fin de que se
adelantara el mecanismo de consulta previa con la comunidad y que se
suspendiera la obra de construcción de las tres torres hasta que aquel se
realizara, y que a la fecha de presentación de la acción de tutela no se ha dado
respuesta a sus peticiones.

2. Fundamentos de la acción

El accionante, en su condición de autoridad tradicional de la comunidad étnica
indígena Wayuu de El Espinal, interpuso acción de tutela con el objeto de que se
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protejan los derechos fundamentales a la vida, salud, acceso al agua, seguridad
alimentaria, ambiente sano, consulta previa, debido proceso, igualdad, a la
propiedad colectiva, autonomía, autodeterminación, autorreconocimiento e
integridad cultural y social, vulnerados, supuestamente, porque no se ha
adelantado el mecanismo de consulta previa para la realización de unas obras de
interconexión eléctrica por parte de ISA en territorio cercano al de la comunidad
indígena Wayuu El Espinal, y por la falta de respuesta a las peticiones que formuló
ante las demandadas el 5 de febrero de 2024, a ese respecto.

En primer lugar, se refirió al concepto de territorio étnico -geográfico y en sentido
amplio-, así como a la noción de territorio colectivo y los deberes del Estado. Así
mismo, que las comunidades indígenas cuentan con autonomía para fijar criterios
de pertenencia a las mismas, al derecho a la participación en la realización de la
evaluación ambiental estratégica, la necesidad de garantizar la consulta previa
para la concesión de licencias ambientales cuando existe una afectación directa y
a la procedencia de la acción de tutela para la protección del derecho a la consulta
previa, para lo cual la parte actora se apoyó en las sentencias SU-123 de 2018 y
SU-121 de 2022 proferidas por la Corte Constitucional. También mencionó la
Directiva Presidencial No. 10 de 2013, en la que se establecen tres supuestos en
los que la realización de la visita técnica al área de influencia de un proyecto es
obligatoria, para lo cual se deben tener en cuenta las conclusiones antropológicas,
cartográficas y geográficas, y alude a la sentencia T-422 de 2020.

Aludió a que el derecho a la autodeterminación comprende (i) la participación en
asuntos que los afecten como comunidad, ya sea el estándar general de consulta
previa, o el de consentimiento, previo, libre e informado; (ii) el derecho a participar
en la toma de decisiones a través de instituciones de elección popular y (iii) el
derecho al autogobierno. De allí que la jurisprudencia haya reconocido que la
administración y los jueces no son los llamados a determinar si se trata de una
comunidad o no, o de un miembro de la comunidad indígena o no (se apoyó en las
sentencias SU-092 de 2021, T-445 de 2022 y C-189 de 2022).

Así mismo, indicó que existen diversos estudios científicos que han demostrado
que el campo electromagnético afecta la salud de los seres humanos que habitan
de esas estructuras, lo que puede generar cáncer, leucemias y otras
enfermedades. Agregó que la protección del derecho fundamental de petición
comprende la respuesta de fondo, oportuna, congruente y que sea notificada de
manera efectiva (T-154 de 2021), e indicó que los requisitos de relevancia
constitucional, subsidiaridad y la inmediatez.

De otra parte, indicó que para instalar las tres torres de energía, ISA va a destruir
la flora, fauna, fuentes hídricas y más de siete viviendas de la comunidad,
“afectando directamente sus derechos fundamentales a la vida, medio ambiente, salud,
agua, seguridad alimentaria, su parte social cultural, espiritual, desplazamiento, despojo
de tierras y destrucciones de sus sitios sagrados como el cementerio, poniendo en riesgo
la supervivencia de la comunidad”.

Adujo que en el plan de manejo ambiental la obra no tiene formulaciones para
mitigar los impactos ambientales que se están ocasionando, tal como lo exige el
Decreto 1384 de 25 de agosto de 2023 y el Decreto 0043 de 30 de enero de 2024,
y pone en riesgo la riqueza ambiental de las áreas de influencia de la comunidad,
donde desarrolla actividades ancestrales como la caza, pastoreo, y pesca.

Por último, mencionó que la obra va a generar contaminación visual y afectaciones
en la salud de la comunidad por los campos electromagnéticos, afectando la salud
de la población en general y las familias que habitan cerca de donde se está
construyendo el proyecto, generando enfermedades cancerígenas y otras, “lo cual
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en el plan de manejo ambiental que presentó la empresa Isa, no establece coma se va a
mitigar este impacto contra la salud, no existe un Plan Epidemiológico, con relaciones a
las afectaciones que generara en la salud de la población de la comunidad étnica el
espinal, los Campos electromagnéticos que se van a generar una vez este en
funcionamiento las líneas de trasmisiones de energías eléctricas”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“1- Tutelar las Derechos Fundamentales a la Vida, Salud, Acceso al Agua, Medio
Ambiente sano, Debido Proceso, Igualdad, Consulta Previa, Derecho de Propiedad
Colectiva, Derecho de Petición, Autonomía y Auto reconocimiento, integridad social,
integridad cultural, integridad espiritual e integridad territorial de La Comunidad Étnica
indígena wayuu El Espinal Municipio de Hatonuevo La Guajira, Vulnerados por El
Presidente de La República de Colombia, Ministerio del interior, Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales y La Empresa lnterconexión Eléctrica S.A. ES.P-SA,
ocasionándoles Perjuicios irremediables a la Comunidad étnica indígena wayuu El
Espinal por la obra de la Construcción de tres Torres de trasmisiones de energías
eléctricas en el Territorio colectivo sin realizar Consulta Previa con la Comunidad
indígena wayuu El Espinal, donde esas obras están generando afectaciones directas
contra la comunidad étnica, para la destrucción del Medio ambiente, Fuentes hídricas,
Flora, Faunas, Montañas, Cerros y Sitios Sagrados ancestrales étnicos.

2- Ordenar al Ministerio del Interior, a realizar Consulta Previa entre la Comunidad
indígena wayuu El Espinal Municipio de Hatonuevo La Guajira y La Empresa ISA,
porque esas obras de la construcción de las Tres torres de trasmisiones de energías
eléctricas están poniendo en riesgo el Tejido Social, Cultural, Espiritual y Ambiental de
La Comunidad indígena El Espinal, por las diversas afectaciones directas que está
generando Perjuicios irremediables contra la Supervivencia de la Comunidad étnica El
Espinal.

3- Suspender de manera Provisional la Licencia Ambiental otorgada por la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales a la Empresa ISA, Resolución No. 00285 de fecha
31 de enero del año 2022, hasta tanto no se surta el Proceso de Consulta Previa entre
La Comunidad indígena wayuu El Espinal Municipio de Hatonuevo La Guajira y La
Empresa ISA.

4- Ordenar a la Empresa ISA, que debe Elaborar Un Plan Epidemiológico, con enfoque
diferencial donde participe La Comunidad étnica de Cuestecitas, para Protegerlos y
Prevenirlos de las enfermedades que originan el mega proyecto de la construcción de
la Subestación Nueva Cuestecita.

5- Ordenar a la Empresa ISA, elaborar un Plan de Manejo Arqueológico, porque en la
comunidad indígena wayuu El Espinal, en su territorio colectivo, de su suelo y subsuelo
existen gra[n]des riquezas cultura precolombinas.

6- Ordenar a la Empresa ISA, Elaborar un Plan de Manejo Ambiental para mitigar, la
Contaminación Visual, Electromagnéticas, Deslizamientos de tierras de los Cerros,
Montañas, donde van instalar las tres Torres de energías eléctricas, las cuales serán
afectadas directamente más de 5 hectáreas de tierras de su territorio colectivo, elaborar
un Plan para proteger de los Bosques Naturales, Fuentes hídricas y Sitios Sagrados de
la Comunidad indígena wayuu El Espinal Municipio de Hatonuevo La Guajira.

7- Ordenar a la Empresa ISA, Elaborar un Plan para Reforestar y Cuidar los Bosques
que se encuentran en los Cerros y Montañas en el territorio colectivo de la Comunidad
indígena wayuu el Espinal y en su área de influencias donde se están instalando las
Tres torres de energías eléctricas”.

4. Pruebas relevantes

Se allegó copia digitalizada de las peticiones presentadas por el actor el 5 de
febrero de 2024 ante las autoridades demandadas, y prueba de su envío, así
como del acta de la reunión entre la comunidad étnica El Espinal y la empresa ISA

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y del acta de posesión del señor Audomelio Fragozo Epiayú como autoridad
tradicional de la comunidad.

5. Trámite procesal

Por auto de 5 de marzo de 2024, el despacho de la magistrada sustanciadora
admitió la acción de tutela. En la misma decisión se ordenó notificar al accionante,
a las autoridades accionadas, así como a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado, como tercera interesada en el resultado del proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas Nº
174650 a 174658, todas de 6 de marzo de 2024, con el fin de darle cumplimiento a
la referida decisión1.

Mediante auto de 15 de mayo de 2023, el despacho ordenó vincular a la presente
acción, como tercero interesado en el resultado del proceso, a Carbones del
Cerrejón Limited. El expediente ingresó al despacho para fallo el 13 de junio de
2024.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República

La asesora jurídica de la entidad rindió informe en el que solicitó que se declarara
la falta de legitimación en la causa por pasiva a su favor, en tanto, informó, no ha
vulnerado los derechos fundamentales invocados, toda vez que no tiene entre sus
funciones la realización de consultas previas, por lo que, al no ser competente
para responder de fondo la solicitud del accionante, efectuó su traslado al
Ministerio del Interior y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, e informó
al accionante de los trámites efectuados.

Sostuvo que verificó su sistema de gestión documental y encontró que la
comunicación radicada bajo el EXT24-00018135 fue contestada a través del
OFI24-00024196 / GFPU 12000000 del 9 de febrero de 2024, en el que se informó
al actor del traslado de su petición a la autoridad competente.

Adujo que las pretensiones elevadas en la acción de tutela van dirigidas a que se
le otorgue la protección de unos derechos colectivos con ocasión de unos hechos
contaminantes generados por una empresa privada, hechos frente a los que no
tiene competencia funcional para analizar los reclamos planteados, ya que dichas
funciones recaen en la entidad privada que está generando el daño, la empresa
ISA.

Reiteró que no es la competente para atender las problemáticas propias de la
realización o no de las consultas previas, ni mucho menos de tomar la
determinación de llevarlas a cabo o no, porque dicha competencia recae sobre el
Ministerio del Interior, conforme con la Directiva Presidencial No. 08 de 2020, que
enmarca el proceso que debe adelantar esa cartera ministerial para la realización
de esa consulta.

Agregó que, conforme con los anexos de la tutela, la solicitud del mecanismo
quedó en la etapa de preconsulta, en la que se decidió que era una situación civil

1 La notificación se efectuó a las siguientes direcciones electrónicas: paywa2009@gmail.com;
pablosegundoojeda43@gmail.com procesosnacionales@defensajuridica.gov.co tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co,
notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co, notificacionesjudiciales@anla.gov.co; licencias@anla.gov.co,
notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co, notificacionesjudicialesisa@ISA.com.co notificacionesjudiciales@urt.gov.co
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que debía ser dirimida por el juez competente, lo que constituye una decisión
legalmente válida y tomada por la autoridad competente.

6.2. Respuesta de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

La apoderada de la entidad rindió informe en el que solicitó que se denegaran las
pretensiones por cuanto, sostuvo, i) cumplió diligentemente con sus funciones; ii)
en el caso no existe ninguna acción u omisión vulneradora de derechos
fundamentales que le sea imputable y, iii) no cuenta con las competencias
institucionales para atender las pretensiones formuladas por la parte actora.

En primer lugar, hizo un recuento de los hechos, de donde resaltó que la solicitud
formulada en ejercicio del derecho de petición enviada por el actor fue atendida
por esa autoridad mediante oficios 20242200101361 de 15 de febrero de 2024 y
20242200134961 de 28 de febrero de 2024. El primero correspondiente al traslado
a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa - DANCP del Ministerio
del Interior de la solicitud elevada por el señor Audomelio Fragozo Epiayú en los
puntos 1 y 2. El segundo con la respuesta dirigida al peticionario, “a quien se
adjuntó entre otra información, copia del oficio de traslado a la DANCP de la
petición desarrollada”.

De otra parte, refirió que si bien la parte accionante hace referencia al
cumplimiento de los requisitos de subsidiariedad y de inmediatez por la presunta
vulneración de derechos fundamentales a comunidades étnicas, no existe prueba
de la vulneración inminente, por lo que no se justifica que luego de dos años de la
emisión de los actos administrativos emitidos tanto por la Dirección de la Autoridad
Nacional de Consulta Previa como por la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales, no se interpusieran recursos en los términos previstos, ni se
hubieran iniciado las acciones contenciosas correspondientes, máxime cuando se
indica el especial interés de la accionante y su apoderado en resguardar los
derechos de las comunidades étnicas.

Sobre el particular, agregó que en los diferentes seguimientos adelantados por
esa autoridad sobre la licencia ambiental del proyecto no ha identificado las
afectaciones referidas por el accionante, motivo por el cual tampoco se ha
considerado la necesidad de iniciar procesos sancionatorios asociados al
desarrollo del proyecto, “lo anterior, tal y como consta en el Concepto Técnico 8100 del
23 de diciembre de 2022, acogido mediante Autos 11877 del 30 de diciembre de 2022 y
4829 del 28 de junio de 2023”, por lo que considera que las presuntas afectaciones
enunciadas no corresponden a hechos, sino a apreciaciones de la comunidad
respecto a los impactos que está generando o generará la ejecución del proyecto.

Sostuvo que la solicitud incumple con el requisito de subsidiariedad, en tanto,
indicó, la parte actora cuenta con diferentes mecanismos jurídicos de naturaleza
principal, como la acción de nulidad simple o la de nulidad y restablecimiento del
derecho, que le permitirán tramitar su controversia de fondo ante la entidad que
ostenta las competencias institucionales para promover y garantizar el debido
proceso en un trámite de consulta previa.

Refirió que la parte actora no demostró la existencia de un perjuicio irremediable
que justifique la procedencia de la acción de tutela como un mecanismo
transitorio, ni cumplió con la carga argumentativa de sustentar la razón por la cual
considera que a pesar de contar con mecanismos jurídicos principales para
promover un proceso de consulta previa ante la autoridad competente o para
atacar actos administrativos promovidos por la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales, estos no eran idóneos ni eficaces para su caso concreto.

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Sostuvo que mediante Resolución No. 285 de 31 de enero de 2022, esa Autoridad
Nacional otorgó Licencia Ambiental a la ISA S.A. E.S.P. para el desarrollo del
proyecto “Interconexión Cuestecitas - Copey - Fundación 5001220 mil voltios”, con
una longitud total de 270,55 km, 633 torres de transmisión eléctrica y 7 pórticos,
en cuyas consideraciones se dejó consignado que, como parte de la información
requerida para el trámite de licencia ambiental, ISA aportó copia de los certificados
No. 1276 de 17 de diciembre de 2018 y 0779 de 21 de noviembre de 2019, sobre
la presencia de comunidades étnicas en las zonas de proyectos, obras o
actividades a realizarse, emitidas por la Dirección de Consulta Previa del
Ministerio del Interior, dentro de los cuales no se certificó la presencia de la
comunidad a la que pertenece el accionante.

Adujo que contrario a lo manifestado por el accionante, el proyecto en ejecución
por parte de ISA cuenta con un Plan de Manejo Ambiental que contiene las
medidas necesarias para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos
generados por el mismo, “el cual es objeto de control y seguimiento ambiental por parte
de esta Autoridad Nacional, con relación al manejo de los impactos identificados y
evaluados en los instrumentos de seguimiento y control ambiental, con lo cual esta
autoridad verifica que se haga el manejo de estos con las comunidades identificadas en el
área de influencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.2.3.9.1. y de artículo
2.2.2.3.9.4. del Decreto 1076 del 2015”.

Indicó que conforme con la regulación vigente, el proceso de consulta previa se
surte entre la empresa y la comunidad con el acompañamiento de Ministerio del
Interior y el Ministerio Público, procedimiento que es paralelo a la elaboración del
Estudio de Impacto Ambiental y, por ende, anterior al proceso de evaluación que
debe realizar la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, como autoridad
ambiental de los proyectos que son de su competencia.

Para terminar, recalcó que las actuaciones adelantadas por ISA S.A. E.S.P para el
desarrollo del proyecto “Interconexión Cuestecitas - Copey - Fundación 5001220 mil
voltios”, en relación con la consulta previa de comunidades indígenas, en el marco
del licenciamiento ambiental objeto de cuestionamiento por la accionante, no son
competencia de esa autoridad nacional.

6.3. Respuesta de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.

La apoderada de la sociedad rindió informe en el que solicitó que se denegaran
las pretensiones por cuanto, afirmó, si bien el accionante asegura que se les está
vulnerando los derechos fundamentales a la vida, salud, acceso al agua, medio
ambiente sano, debido proceso, igualdad, petición, autonomía y
autorreconocimiento, integridad social, integridad cultural, integridad espiritual, e
integridad territorial de las Familias Wayuu de El Espinal, no existe una sola
prueba ni argumento que demuestre la vulneración de los derechos fundamentales
invocados.

Sostuvo que en el año 2018, la empresa solicitó a la Dirección de la Autoridad
Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior la determinación de la
procedencia de la consulta previa, quien de acuerdo con su análisis y
metodologías internas expidió la certificación No. 1276 de 17 de diciembre de
2018, en la cual se encuentran enlistadas las comunidades étnicas afectadas
directamente por el proyecto mencionado, y con las que la Empresa, como
ejecutor del proyecto, debía adelantar ese mecanismo, entre las que no se
encuentra la comunidad de El Espinal.

Allegó una fotografía de una torre de transmisión eléctrica instalada, y sostuvo que
las obras de expansión en el Sistema de Transmisión Nacional “ no tienen un
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impacto alto, como lo podría tener un proyecto minero, de hidrocarburos o vial. Lo
anterior, es importante para que el Despacho tenga en cuenta la verdadera afectación que
podría tener un proyecto de este estilo”.

Adujo que, posteriormente, en el marco de la debida diligencia activada por la
empresa, solicitó a la entidad competente realizar una visita de verificación en
campo, la cual se llevó a cabo los días 14, 15, 16, 17 y 18 de octubre de 2019, con
el propósito de determinar la posible afectación directa de otras comunidades
étnicas en el territorio y, como consecuencia de dicha visita, la Dirección de la
Autoridad Nacional de Consulta Previa profirió un segundo acto administrativo -
Resolución Nº 0779 de 21 de noviembre de 2019-, en el que no se consideró
necesaria la procedencia del mecanismo de consulta previa con la comunidad de
El Espinal, “puesto que no existe afectación directa a las Familias Wayuu de El Espinal,
con las actividades del Proyecto”.

Indicó que las familias Wayuu de El Espinal no fueron certificadas por la Dirección
de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior como una
comunidad afectada directamente por el proyecto y, en consecuencia, “la empresa
tiene una limitación para realizar el proceso de consulta previa con la misma, y la razón
por la que se ofreció a realizar un proyecto de beneficio comunitario de forma voluntaria
con dichas familias es el interés de la empresa en mantener un buen relacionamiento con
las comunidades aledañas al proyecto y subsanar de alguna forma la negativa que tienen
para dejarnos acceder al territorio a desarrollar las obras del proyecto de transmisión
nacional, predio propiedad de CARBONES DEL CERREJON LIMITED”.

Sostuvo que la no certificación por parte de la Dirección de la Autoridad Nacional
de Consulta Previa del Ministerio del Interior a las familias de El Espinal, limita a la
empresa a realizar el proceso de consulta previa y, por esa razón, se ofreció
realizar un proyecto de beneficio comunitario de forma voluntaria con dichas
familias, en tanto “es el interés de la empresa en mantener un buen relacionamiento con
las comunidades aledañas al proyecto y subsanar de alguna forma la negativa que tienen
para dejarnos acceder al territorio a desarrollar las obras del proyecto de transmisión
nacional, en el predio propiedad de CARBONES DEL CERREJÓN LIMITED”.

Afirmó que esa empresa ha venido desarrollando todas las gestiones necesarias
para realizar las consultas previas y el licenciamiento ambiental desde hace varios
años, y desde el año 2022 las familias Wayuu de El Espinal están bloqueando el
acceso al predio de propiedad de Carbones del Cerrejón Limited, exigiéndoles
realizar un procedimiento de consulta previa que no puede ser adelantado con
ellos, ya que no son una comunidad certificada por la Dirección de la Autoridad
Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior como una comunidad
afectada directamente por el proyecto, por lo que ISA se vio en la obligación de
presentar un amparo policivo en contra de esas familias, en tanto no ejecutar el
proyecto tiene consecuencias económicas altísimas para el Estado y una
afectación directa en la confiabilidad del Sistema de Transmisión Nacional de
Energía Eléctrica.

Informó que, en ese sentido, respecto a la afirmación de que en el Plan de Manejo
Ambiental no existe formulación de medidas de manejo para mitigar los impactos
ambientales, ello no es cierto, “pues el proyecto cuenta con la Resolución 058 del 23
de marzo de 2023, expedida por Parques Nacionales Naturales del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible ,’Por medio de la cual se modifica la Resolución 118 del
15 de septiembre de 2021, por medio de la cual se registra la Reserva Natural de la
Sociedad Civil RNSC 164-18 Aguas Blancas - Santa Helena y Mushaisa’, la cual ajusta la
zonificación de la reserva para el desarrollo de las actividades del proyecto, todo luego de
identificar que con las medidas de manejo establecidas por el proyecto y aprobadas por la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA - se da cumplimiento a lo dispuesto
en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, Sección 17 - Reservas de la Sociedad
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Demandante: Audomelio Fragozo Epiayú

Civil, Capítulo 1- Áreas de Manejo Especial, Título 2 - Gestión Ambiental, Parte 2 -
Reglamentación, Libro 2 - Régimen Reglamento del Sector Ambiente, garantizando que
todos los posibles impactos que se manifiesten cuente con su respectiva medida de
manejo para su prevención, corrección, mitigación o compensación”.

Añadió que entre la empresa y las familias Wayuu de El Espinal, desde el 23 de
noviembre de 2023 se definió el desarrollo de una serie de espacios de
conversación voluntarios para reconocer conjuntamente las particularidades del
proyecto, sus posibles impactos y definir un acuerdo de compensación voluntario,
en vista de que la DANCP aún no emitía respuesta de fondo a la solicitud de
debida diligencia radicada desde el 10 de noviembre de 2022, con el fin de
resolver de fondo la situación de la afectación directa o no y la procedencia o no
de la consulta previa, espacios de reunión se llevaron a cabo los días 27 de
noviembre de 2023, 5 de diciembre de 2023, 6 de diciembre de 2023, 14 de
diciembre de 2023 y 16 de enero de 2024.

Agregó que desde el año 2022 las familias Wayuu de El Espinal están bloqueando
el acceso al predio propiedad de Carbones del Cerrejón Limited, exigiéndole
realizar un procedimiento de consulta previa “que no podemos realizar con ellos, ya
que no son una comunidad certificada por la DANCP del Ministerio del Interior como una
comunidad afectada directamente por el proyecto, y por lo anterior, ISA se ve en la
obligación de presentar un amparo policivo en contra de estas Familias Wayuu de El
Espinal, debido a que debe entrar en operación el proyecto denominado "Líneas de
Transmisión Copey-Cuestecitas 500 Kv y Copey -Fundación 220 kV" para el mes de junio
de 2024, y no ejecutar este proyecto tiene consecuencias económicas altísimas para el
Estado y una afectación directa en la confiabilidad del Sistema de Transmisión Nacional
de Energía Eléctrica”.

Finalmente, indicó que la empresa llevó a cabo los respectivos procesos de
consulta previa hasta la protocolización con todas y cada una de las 17
comunidades étnicas registradas en las Resoluciones Nos. 1276, 0779 y ST-0991,
“con la participación de las comunidades; contando con el liderazgo y lineamientos de la
Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa - DANCP - del Ministerio del
Interior, garante de los procesos consultivos”.

6.4. Respuesta del Ministerio del Interior

La apoderada de la entidad rindió informe en el que solicitó que se declarara la
falta de legitimidad en la causa por pasiva, por cuanto, sostuvo, los hechos
invocados por la parte accionante como presuntamente violatorios de sus
derechos fundamentales surgen sobre acciones sobre las cuales esa entidad no
tiene competencia y carece de conocimiento para pronunciarse, “puesto que no se
encuentra facultada para actuar de manera oficiosa y requiere como lo establece la guía
procedimental 08 de 2020, que el ejecutor del proyecto, allegue la información requerida
para la solicitud de determinación de procedencia de consulta previa”.

Agregó que la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio
del Interior no es responsable en la presunta vulneración alegada por el
accionante, al no tener ninguna clase de relación procedente en el ámbito de las
competencias de la entidad, hasta tanto no sean resueltas de fondo por la
autoridad judicial competente las distintas situaciones jurídicas que recaen sobre
el dominio del predio Las Delicias, siendo el más cercano al proyecto, y por tanto
carece de legitimidad por pasiva para pronunciarse sobre el amparo solicitado.

De otra parte, respecto del fondo del asunto, indicó que una vez consultadas sus
bases de datos y sistemas de información, se encontró que mediante radicado
2022-1-002400-039173 de 18 de noviembre de 2022, la señora Claudia Luz Parra
Castaño, actuando en calidad de apoderada especial de la empresa ISA
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Demandante: Audomelio Fragozo Epiayú

Intercolombia S.A E.S.P, solicitó a la Subdirección Técnica de la Dirección de la
Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, análisis de la
información para la determinación de procedencia y oportunidad de la consulta
previa con las familias indígenas Wayuu El Espinal, para el proyecto “LÍNEAS DE
TRANSMISIÓN COPEYCUESTECITAS 500 KV Y COPEY-FUNDACIÓN 220 KV”,
en virtud de lo cual la subdirección, mediante radicado 2023- 2-002410—063228
con Id 256848, emitió respuesta en la que indicó que no emitiría un
pronunciamiento sobre la determinación de la procedencia y oportunidad de la
consulta previa, dado que “la situación presentada en el predio las Delicias, es una
situación de orden civil tal como lo manifestó el Tribunal Superior de Riohacha, Sala Civil -
Familia – Laboral en fallo del 3 de noviembre de 2020 y la misma debe ser dirimida por el
juez competente, en especial cuando existen situaciones de orden constitucional tal como
el reasentamiento ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia T-528/92 y
administrativo como es la solicitud de Revocatoria Directa por la Adjudicación del Baldío
por Afectación del Derecho de Dominio ante la ANT”.

Finalmente, sostuvo que de los hechos relatados por el accionante y sus
pretensiones, no se evidencia que se mencionen acciones u omisiones por parte
del Ministerio del Interior que permitan establecer presuntas afectaciones a los
derechos fundamentales que sean imputables a la entidad, pues el marco
normativo vigente le asignó a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta
Previa, entre otras funciones, la de i) determinar la procedencia y oportunidad de
la consulta previa para la adopción de medidas administrativas y legislativas y la
ejecución de los proyectos, obras, o actividades, cartográficos, geográficos o
espaciales que se requieran y ii) dirigir, liderar y coordinar los procesos de
consulta previa, “sin embargo, al no encontrarse claridad sobre la tenencia del predio
denominado las Delicias, siendo este el más cercano al proyecto, la DANCP se abstuvo
de emitir pronunciamiento de determinación de procedencia y oportunidad de la consulta
previa, pues se trata de asuntos que salen del resorte de las competencias de la entidad y
deben ser resueltos por el juez competente”.

6.5. Respuesta de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas

El apoderado de la entidad rindió informe en el que solicitó que se declare la falta
de legitimación en la causa por pasiva a su favor, en tanto, sostuvo, los hechos y
las pretensiones contenidas en la solicitud de amparo no se relacionan con
acciones u omisiones administrativas atribuibles a esa entidad, pues la ley
reconoce facultades específicas a otras entidades estatales, dentro de las que no
se encuentra taxativamente relacionada esta entidad, como se observa en la
presente acción.

Informó que esa unidad realizó un trámite administrativo sobre el territorio de la
comunidad étnica indígena Wayúu de El Espinal, a raíz de la denuncia penal
formulada ante la Fiscalía General de la Nación denuncia penal por el señor
Audomelio Fragozo Epiayú el 17 de febrero de 2021, por los presuntos delitos de
desplazamiento forzado, despojo de tierras, amenazas, homicidio contra miembros
de su comunidad y otros, en el que se determinó, en estudio preliminar, que el
territorio “no requiere ser objeto de medidas de restitución, prevención y protección
debido a la insuficiencia de situaciones fácticas que permitan establecer con claridad el
vínculo territorial, siendo este de naturaleza privada en cabeza de un particular ajeno a la
comunidad. De igual forma, no se observaron circunstancias de gravedad y urgencia que
no puedan ser atendidas mediante trámites administrativos, razón por la cual no se halla
mérito para solicitar medidas de protección de las que trata el Artículo 150 en
concordancia con las excepciones previstas en el Auto 266 de 2017, así como las
medidas cautelares del Artículo 151 del Decreto Ley 4633 de 2011”.

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6.6. Respuesta de Carbones del Cerrejón Limited

El apoderado de la empresa vinculada como tercero con interés rindió informe en
el que solicitó que se denegaran las pretensiones, por cuanto, sostuvo, no es
cierto que el predio Las Delicias se trate de un territorio colectivo, por el contrario,
se trata de un predio de naturaleza privada entregado en calidad de comodato a la
madre del accionante, Francisca Epiayú, conforme al contrato de comodato
suscrito en 2008, escritura pública de adquisición del predio, “aspectos que fueron
corroborados en la decisión del Tribunal Superior de Riohacha en sede de tutela y por el
ministerio del interior al realizar concepto respecto de la procedencia de la consulta previa
en virtud del proyecto de torres de energía eléctrica a cargo de ISA. Conforme a lo
anterior, no existe elementos a través de los cuales se pueden evidenciar ni siquiera de
manera sumaria vulneración alguna a los derechos del accionante”.

De otra parte, señaló que no se está causando un perjuicio irremediable y no
existe ni siquiera prueba sumaria de la supuesta afectación directa de la
comunidad El Espinal, razón por la cual no sería procedente reconocer la
procedencia del mecanismo de consulta previa.

Para terminar, añadió que ante la negativa de los ahora accionantes en restituir el
inmueble Las Delicias, de propiedad de Cerrejón, entregado en calidad de
comodato a la madre del accionante, se procedió a presentar demanda de
restitución de inmueble, proceso judicial que actualmente cursa ante el Juzgado
Primero Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar con radicado No. 44-650-
31-89-001-2021-00015-00, actuación judicial en la cual el señor Audomelio
Fragozo obra como demandado, al igual que todos los herederos de la señora
Francisca Epiayú.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno (Acuerdo No. 080 de
2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el
asunto objeto de estudio.

2. Cuestión previa

La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas y el Ministerio del Interior argumentaron la falta de legitimación en la
causa por pasiva, debido a que consideran que no son responsables de
materializar las pretensiones del demandante.

Del análisis del expediente de tutela, la Sala observa que, si bien el accionante
señaló a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas como destinataria de la petición de 5 de febrero de 2024, lo cierto es
que de las pruebas allegadas se observa que a dicha entidad no fue enviada la
solicitud, la cual, alegó el actor, fue remitida a la Presidencia de la República, el
Ministerio del Interior, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales e ISA S.A
ESP.

De igual forma, de los hechos se desprende que esa Unidad Administrativa
Especial no ha tenido injerencia en las supuestas vulneraciones que soportan la
presente acción de tutela, pues aparte de conocer del trámite de restitución
radicado con el No. DTCG2-202100 presentado por el accionante con el fin de
obtener la titularidad de un predio que pertenece a la empresa Carbones del
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Cerrejón Limited, no ha desarrollado ninguna actividad de las descritas en los
hechos que soportan la presente solicitud de amparo y que estén relacionadas con
la garantía del derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada.

Así las cosas, la Sala accederá a la solicitud de desvinculación de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas,
atendiendo a que no tiene interés en el resultado del presente asunto, y que no ha
ejecutado ninguna de las acciones que se consideran presuntamente vulneradoras
de los derechos fundamentales invocados.

Por último, respecto del Ministerio del Interior, la Sala observa que su vinculación
como demandado se da como consecuencia de los alegatos conforme con los
cuales los derechos fundamentales del accionante fueron vulnerados por i) la falta
de realización del mecanismo de consulta previa, mismo que conforme con el
Decreto 2353 de 2019 es competencia de la Dirección de la Autoridad Nacional de
Consulta Previa de dicha cartera ministerial, y ii) por la falta de respuesta a la
petición elevada por el actor el 5 de febrero de 2024, por lo que existen motivos
suficientemente fundados para analizar la eventual vulneración de los derechos
invocados y, en tal razón, se negará la solicitud de desvinculación propuesta.

3. Planteamiento de los problemas jurídicos

De conformidad con el escrito de tutela y las contestaciones de la acción de tutela,
le corresponde a la Sala resolver los siguientes problemas jurídicos:

3.1. Se debe determinar si las autoridades accionadas vulneraron los derechos
fundamentales a la vida, salud, acceso al agua, seguridad alimentaria, medio
ambiente sano, consulta previa, debido proceso, igualdad, a la propiedad
colectiva, autonomía, autodeterminación, autorreconocimiento e integridad cultural
y social de la comunidad indígena Wayuu El Espinal, de la que el accionante es
autoridad tradicional, por la falta de realización del mecanismo de consulta previa
para la realización de unas obras de interconexión eléctrica por parte de la
empresa ISA S.A ESP, en terrenos aledaños a los habitados por la comunidad.

3.2. Se debe establecer si en el caso se vulneró el derecho fundamental de
petición de la comunidad que el accionante representa, por la falta de respuesta a
la petición que este elevó ante las autoridades demandadas el 5 de febrero de
2024, en la que solicitó que se definiera si en el caso debía garantizársele a la
comunidad que representa el procedimiento de consulta previa y la suspensión de
la licencia ambiental de la obra.

4. El derecho a la participación

El derecho a la participación reconocido en el artículo 21 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 25 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, es el derecho de cada uno de los ciudadanos a
participar en la dirección de los asuntos públicos, votar y ser elegidos en
elecciones periódicas, justas y auténticas y tener acceso a la función pública, en el
marco de procesos democráticos basados en el consentimiento del pueblo que
garanticen su goce efectivo junto a la libertad de expresión, reunión pacífica y
asociación, cualquiera sea la forma de constitución o gobierno que adopte un
Estado2.

La Corte Constitucional ha indicado que una de las manifestaciones del principio
democrático son los derechos de participación, cuya importancia radica en que “ las

2 https://www.civilisac.org/nociones/derecho-a-la-participacion.

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posiciones derivadas de los derechos fundamentales democráticos atribuyen al ciudadano
un poder jurídico para obtener del Estado y del Derecho la modificación de una situación
jurídica, como reacción a su conducta participativa”, de manera que “El principio del
Estado Social y Democrático de Derecho y la naturaleza expansiva del principio
democrático, implican que las garantías democráticas, como el derecho a la participación,
irradian todos los derechos fundamentales” .
3

De igual forma, ha considerado que “sin importar el mecanismo de participación que
sea determinado por la ley, ésta deberá garantizar que quienes se encuentren
involucrados estén informados de las actuaciones de las administraciones públicas o de
las autoridades en general, y/o contar con herramientas o espacios para manifestarse o
expresar sus puntos de vista” , y ha destacado la existencia de instrumentos
4

internacionales que reconocen la participación como derecho, como la Carta
Democrática de la Organización de los Estados Americanos, que dispone en su
artículo 6 que ‘la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su
propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad’.

En sentencia SU-123 de 20185, la Corte Constitucional indicó que existen tres (3)
tipos de participación: “(i) participación de la colectividad en igualdad de condiciones al
resto de ciudadanos, (ii) consulta previa y (iii) consentimiento libre e informado ”. Lo
anterior, como resultado de una comprensión de los derechos de las comunidades
indígenas en clave del principio de proporcionalidad, lo que permite un balance
adecuado de los derechos fundamentales de los grupos étnicos diversos en
materia de autodeterminación, autonomía, territorio, recursos naturales y
participación.

5. De la debida certificación de la Dirección de la Autoridad Nacional de
Consulta Previa del Ministerio del Interior y la afectación directa de
comunidades étnicamente diferenciadas

El Decreto 2353 de 2019 otorgó a la Dirección de la Autoridad Nacional de
Consulta Previa del Ministerio del Interior la competencia para certificar si una obra
o actividad requiere consulta previa, para lo cual debe tener en cuenta si este
puede ocasionar una afectación directa a las comunidades étnicamente
diferenciadas. La Corte Constitucional ha realzado la necesidad de utilizar el
criterio de “afectación directa” en dicho estudio, del que se desprende que lo que
determina la procedencia de la consulta es la posible incidencia en sus derechos y
no las coordenadas geográficas en que, por regla general, se basan esos
certificados6.

En la sentencia SU-123 de 2018, la Corte señaló que “la mejor forma de
compatibilizar el derecho a la consulta previa de los pueblos étnicos con la importancia de
lograr seguridad jurídica y proteger la confianza legítima de los inversionistas, es la
existencia de una demarcación adecuada de los territorios étnicos. No obstante, se indicó
que la DANCP del Ministerio del Interior, por un lado, tiene debilidades en la parte
administrativa y financiera, así como una precaria independencia técnica que le impide
cumplir y realizar adecuadamente sus funciones” .
7

Dadas dichas falencias, la Corte ha señalado que las certificaciones que emita la
Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior
deben tener como propósito fundamental establecer la afectación directa que se
genera con la obra o actividad, y ha reiterado que se debe valorar la conveniencia
de recurrir a las entidades territoriales, a las CAR y a las instituciones académicas,

3 Corte Constitucional, Sentencia C-1053 de 2012.
4 Corte Constitucional, sentencia T-540 de 1992.
5 M.P. Alberto Rojas Ríos y Rodrigo Uprimny Yepes.
6 Sentencia SU-121 de 2022.
7 Ibídem.

13
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culturales o investigativas, que les pueden brindar información relevante para
establecer con la mayor seguridad jurídica si un pueblo étnico se encuentra o
podría resultar afectado por un POA.

Respecto de la participación a través de la consulta previa cuando se evidencia
afectación directa, la Corte en la sentencia SU-121 de 2022, ha indicado que “se
debe llevar a cabo la consulta previa en aquellos casos en los cuales las medidas
administrativas o legislativas sean “susceptible de afectación directa al pueblo étnico”,
caso en el cual se debe adelantar el proceso consultivo “con el propósito genuino de
llegar a un acuerdo”. Tal como lo señaló la SU-123 de 2018, la obligatoriedad de la
consulta previa rige “todas las etapas de la materialización de los programas y planes, de
manera que existe una obligación de mantener abierto los canales de diálogo durante
todo el seguimiento del proyecto. Bajo tal entendido, la consulta sobre actividades que
afectaron a los pueblos indígenas y que no fueron sometidos a consulta previa opera,
incluso (i) después del inicio de la ejecución de la actividad, o (ii) pese a su
implementación total”.

Con todo, señaló que, a efectos de determinar la afectación directa, que difiere del
área de influencia, se debe analizar el impacto positivo o negativo que puede tener
una medida sobre las condiciones sociales, económicas, ambientales o culturales
que constituyen la base de la cohesión social de una determinada comunidad
étnica.

6. Estudio y solución del caso concreto

6.1. La falta de realización del mecanismo de consulta previa solicitado no
vulnera el derecho fundamental a la participación de la comunidad de la que
el accionante es autoridad tradicional

6.1.1. El accionante, en su calidad de autoridad tradicional de la comunidad étnica
indígena Wayuu de El Espinal, considera que las autoridades accionadas
vulneraron los derechos fundamentales a la vida, salud, acceso al agua, seguridad
alimentaria, ambiente sano, consulta previa, debido proceso, igualdad, propiedad
colectiva, autonomía, autodeterminación, autorreconocimiento e integridad cultural
y social de la comunidad indígena Wayuu El Espinal, porque no se ha garantizado
el mecanismo de consulta previa para la realización de unas obras de
interconexión eléctrica por parte de la empresa Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.

6.1.2. Del estudio de las pruebas allegadas en el escrito de contestación
presentado por la empresa Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., la Sala observa
que en el marco del desarrollo del proyecto “Líneas de transmisión Copey-Cuestecitas
500 kv y Copey-Fundación 220 kV”, dicha empresa solicitó a la Dirección de la
Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, en dos
oportunidades, que realizara el análisis para la determinación de la procedencia y
oportunidad de la consulta previa con las familias indígenas Wayuu ubicadas en
inmediaciones de la obra, entidad que, inicialmente, mediante Resolución No.
1276 del 17 de diciembre de 2018, certificó la existencia de una comunidad
indígena de la etnia Wayuu y cinco Consejos Comunitarios, teniendo en cuenta los
criterios de afectación de la sentencia SU-123 de 2018 de la Corte Constitucional,
entre las que no se encontraba la comunidad El Espinal, de la siguiente manera:

“PRIMERO. Que se registran presencia de 4 Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de
Santa Marta Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo. Adicional se registra presencia de las
siguientes Comunidades Indígenas: Resguardo Indígena San Francisco, perteneciente
a la Etnia Wayuú, reconocido mediante resolución Nº 086 del 26 de septiembre de
1988 expedida por el INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA REFORMA AGRARIA -
INCORA localizado en jurisdicción del Municipio de barrancas, Departamento de la
Guajira; Resguardo Indígena Provincial, perteneciente a la Etnia Wayuú, reconocida
mediante la resolución Nº 085 del 26 de septiembre de 1988, expedida por el
14
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INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA REFORMA AGRARIA - INCORA,
Localizado en jurisdicción del Municipio de Barrancas, departamento de la Guajira;
Resguardo indígena Calcemapa, perteneciente a la Etnia Wayuú, reconocido mediante
resolución Nº 045 del 01 de noviembre de 1994 expedida por el INSTITUTO
COLOMBIANO PARA LA REFORMA AGRARIA - INCORA localizado en jurisdicción
del Municipio de distracción, Departamento de la Guajira; Parcialidad Indígena El
Molino, perteneciente a la Etnia Cariachil, registrada mediante resolución Nº 061 del 15
dejunio de 2018, Expedida por la Dirección de Asuntos Indígenas. ROM y Minorías del
Ministerio del Interior, localizada en la jurisdicción del Municipio el Molino,
Departamento de la Guajira; Parcialidad Indígena Barrancon, perteneciente a la Etnia
Wayuú, registrada mediante resolución Nº 0064 del 29 de julio de 2009, Expedida por
la Dirección de Asuntos Indígenas. ROM y Minorías del Ministerio del Interior,
localizada en la jurisdicción del Municipio Barrancas Departamento la Guajira y,
Parcialidad Indígena Campo Alegre, perteneciente a la etnia Wayuú, registrada
mediante resolución Nº 0062 del 29 de julio de 2009 de la Dirección de asuntos
Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior, localizada en jurisdicción del
Municipio de Barrancas, Departamento de la Guajira en el área del proyecto: LÍNEAS
DE TRASMISIÓN COPEY - CUESTECITAS 500 KV Y COPEY - FUNDACIÓN 220 KV"
localizado enjurisdicción de los Municipios del Copey, Bosconia, Valledupar, San Diego
y la Paz, en el Departamento de Cesar,· Jurisdicción de los Municipios de la Jagua del
Pilar, Urumita Villanueva, El Molino, San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca,
Barrancas, Hatonuevo y Albania, en el Departamento de La Guajira, y Jurisdicción de
los municipios de Fundación y Algarrobo , en el Departamento del Magdalena.

SEGUNDO. Que se registra presencia de los siguientes Consejos Comunitarios:
Consejo Comunitario Arcilla Cardón y Tuna, registrado mediante resolución Nº 003 del
14 de enero de 2014 ante la Dirección de asuntos para Comunidades Negras,
Afroco/ombianas , Raizales y Palanqueras del Ministerio del Interior, Localizado en
jurisdicción del Municipio de Valledupar, Departamento de Cesar,· Consejo Comunitario
de la Comunidad Negra de Guacoche -Los Cardona/es, registrados mediante
resolución Nº 002 del 14 de enero de 2014, ante la Dirección de Asuntos para
Comunidades Negras, Afroco/ombianas , Raizales y Palanqueras del Ministerio del
Interior, y, Consejo Comunitario Manuel Salvador Suarez Almenares, registrado
mediten resolución Nº 006 del 14 de enero de 2014, ante la Dirección de Asuntos para
Comunidades Negras, Afroco/ombianas , Raizales y Palanqueras del Ministerio del
Interior, en el área del proyecto "LÍNEAS DE TRASMISIÓN COPEY - CUESTECITAS
500 KV Y COPEY - FUNDACIÓN 220 KV", localizado enjurisdicción de los Municipios
del Copey, Bosconia, Valledupar, San Diego y la Paz, en el Departamento de Cesar,·
Jurisdicción de los Municipios de la Jagua del Pilar, Urumita Villanueva, El Molino, San
Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hatonuevo y Albania, en el
Departamento de La Guajira, y Jurisdicción de los municipios de Fundación y Algarrobo
, en el Departamento del Magdalena.

TERCERO. Que no se registra presencia de Comunidades ROM, en el área del
proyecto "LÍNEAS DE TRASMISIÓN COPEY - CUESTECITAS 500 KV Y COPEY -
FUNDACIÓN 220 KV", localizado en jurisdicción de los Municipios del Copey,
Bosconia, Valledupar, San Diego y la Paz, en el Departamento de Cesar,· Jurisdicción
de los Municipios de la Jagua del Pilar, Urumita Villanueva, El Molino, San Juan del
Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hatonuevo y Albania, en el Departamento de
La Guajira, y Jurisdicción de los municipios de Fundación y Algarrobo, en el
Departamento del Magdalena”.

Posteriormente, mediante Resolución Nº 0779 de 21 de noviembre de 2019, la
Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior
certificó nuevamente esa información, esto es, que en el área de influencia del
proyecto no se encontraba la comunidad de El Espinal, y únicamente añadió que
“Que se registra presencia del Colectivo que se autorreconoce como COMUNIDAD
LUTTAMANA DE LA ETNIA WAYUÚ, en el área del proyecto”, comunidad que no es la
del accionante.

Luego de que durante la ejecución del proyecto miembros de las familias Wayuu
de El Espinal abordaran a los trabajadores de la empresa Interconexión Eléctrica
S.A. E.S.P. y les pidieron suspender las actividades hasta definir un proceso de
consulta previa con ellos, la empresa, en el marco de la debida diligencia, solicitó
nuevamente a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa la
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realización del análisis de procedencia del mecanismo con dichas familias, dado
que, manifestó, “podría darse una eventual afectación a las actividades económicas y de
subsistencia alrededor de la servidumbre del proyecto como pastoreo y siembra en
predios en comodato de propiedad de Cerrejón”.

A la referida solicitud, la Dirección mediante respuesta de diciembre 26 de 2023,
indicó que no emitiría un pronunciamiento en relación con la viabilidad de la
consulta previa, en tanto se trataba de una situación de orden civil, tal como lo
había manifestado el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, Sala Civil
• Familia – Laboral, en fallo de tutela de 3 de noviembre de 2020, que debía ser
dirimida por el juez competente.

De igual modo, aclaró que, conforme con el mencionado fallo, el predio sobre el
que se reclamaba la consulta previa era de propiedad de Carbones del Cerrejón
Limited, y que respecto del mismo el señor Audomelio Fragozo Epiayú bajo
radicado No. DTCG2- 202100, solicitó a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas la restitución de 700 hectáreas a la
comunidad el Espinal, situaciones de orden judicial y administrativo que, sostuvo,
impedían efectuar el estudio del mecanismo de consulta previa solicitado. En la
mencionada respuesta se indicó lo siguiente:

“Una vez revisada la información obtenida, esta Autoridad pudo evidenciar lo siguiente:

• En el año 1992, la Corte Constitucional mediante la Sentencia No. T 528/92 ordenó:

"(...) Tercero. Ordenar a todas las entidades y dependencias competentes de los
Ministerios de Salud Pública y de Minas y Energía que a más tardar dentro de los treinta
(30) días siguientes a la comunicación de esta sentencia, tomen todas las medidas,
órdenes, resoluciones y provisiones que sean necesarias y adecuadas para garantizar la
efectiva protección de los Derechos Constitucionales Fundamentales a la Vida y a la
Integridad Física de las personas y familias afectadas directamente por la situación de
contaminación en las veredas de Caracolí y el Espinal del Municipio de Barrancas en el
Departamento de la Guajira. Dichas autoridades y entidades deberán precaver la
conservación de la calidad de la vida y del medio ambiente sano en las mismas veredas
en todo lo que se relacione con la contaminación ambiental producto de la actividad de la
explotación minera de carbón, teniendo en cuenta el carácter de INHABITABLE y de
ALTO RIESGO PARA LA VIDA HUMANA, VEGETAL Y ANIMAL señalado por la
resolución número 02122 de 1991 (febrero 22) del Ministerio de Salud (...)".

• El señor NERÓN EPIAYU adquirió el predio de naturaleza privada mediante Resolución
No. 03567 de 1994 del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria - INCORA.

• En el año 2002, el predio fue adquirido por la empresa SOCIEDAD CARBONES
DEL CERREJÓN LIMITED a través de una compraventa contenida en la Escritura
Pública No. 2010 del 13 de junio del mismo año.

Posteriormente, la empresa SOCIEDAD CARBONES DEL CERREJÓN LIMITED
entregó el predio Las Delicias en calidad de comodato a la señora FRANCISCA
EPIAYU, sabedora y consejera de la comunidad El Espinal y esposa del vendedor
NERÓN EPIAYU, quien estuvo ocupándolo hasta su fallecimiento.

• En el año 2020, la señora FRANCISCA EPIAYU fallece y su hijo, el señor
AUDOMELIO FRAGOZO, inicia reclamaciones ante la empresa SOCIEDAD
CARBONES DEL CERREJÓN LIMITED basadas en la legitimidad de la obtención de
la propiedad del predio que la comunidad ha venido ocupando durante años.
• El Tribunal Superior de Riohacha, Sala Civil - Familia - Laboral en fallo del 3 de
noviembre de 2020 decidió en segunda instancia sobre la acción de tutela presentada
por el señor AUDOMELIO FRAGOZO, hijo de la señora FRANCISCA EPIAYU, donde
consideró:

''Ahora bien, también se pudo determinar que la señora Francisca Epiayu obtuvo la
tenencia del predio denominado Las Delicias, que como ya se expuso es de propiedad
de la empresa Carbones del Cerrejón según consta en el folio de matrícula inmobiliaria
N° 210-27027, fue en virtud de un contrato de comodato N° 055-0002-2008 suscrito
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entre la aludida y la plurimencionada empresa, por lo que no es cierto que estén
siendo despojados de terrenos de naturaleza colectiva que impongan la
intervención de este Juez Constitucional; por tanto, el debate sobre la legalidad en
que se efectuó la compra del territorio objeto de debate no es un asunto que pueda
ser debatido por vía de tutela, dado que lo que se demuestra, al menos en el
presente trámite, es la adquisición por vía de compra venta del predio objeto de
controversia por parte del accionante a Carbones del Cerrejón.
Consecuencialmente, la discusión sobre si el predio podía ser sometido a compra
venta o no no es un asunto de competencia del Juez constitucional, tomando en
consideración el trámite expedito que debe surtirse''.

• El señor AUDOMELIO FRAGOZO EPIAYU, bajo el radicado No. DTCG2-202100,
solicitó a la Unidad de Restitución de Tierras la restitución de 700 hectáreas a la
comunidad El Espinal del municipio de Hatonuevo (La Guajira), que actualmente se
encuentran en poder de la empresa Carbones del Cerrejón Limited.

• El 30 de noviembre de 2020, la empresa Carbones del Cerrejón Limited radicó escrito
de acción preventiva ante la Inspección de Policía de Hatonuevo, La Guajira.

• En lo referente al predio Las Delicias, en donde serán instaladas las Torres 440 -
T441, la empresa ISA no pudo suscribir escritura pública de constitución de
servidumbre debido a la existencia del proceso de Revocatoria Directa por la
Adjudicación del Baldío por Afectación del Derecho de Dominio por parte de la
Agencia Nacional de Tierras - ANT.

Esta Autoridad, una vez revisada y analizada la información recopilada, evidenció
que el territorio ocupado por la comunidad del Espinal presenta una serie de
situaciones jurídicas que se remontan al año 1992, en el cual la Corte
Constitucional mediante la Sentencia No. T-528/92 ordenó el reasentamiento de las
"veredas de Caracolí y el Espinal del Municipio de Barrancas en el Departamento
de la Guajira".

Posteriormente, pasando por la adquisición realizada por Carbones del Cerrejón
Limited del predio Las Delicias en el año 2002, el contrato de comodato suscrito
entre la señora FRANCISCA EPIAYU y Carbones del Cerrejón Limited, la acción de
tutela instaurada por el señor AUDOMELIO FRAGOZO y la solicitud de restitución
ante la ANT.

Es por lo anterior que esta Autoridad concluye que la situación presentada en el
predio Las Delicias es una situación de orden civil, tal como lo manifestó el
Tribunal Superior de Riohacha, Sala Civil - Familia - Laboral en fallo del 3 de
noviembre de 2020, y la misma debe ser dirimida por el juez competente, en
especial cuando existen situaciones de orden constitucional como el
reasentamiento ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia T - 528/92 y
administrativo como la solicitud de Revocatoria Directa por la Adjudicación del
Baldío por Afectación del Derecho de Dominio ante la ANT.

Por lo cual, no se emitirá un pronunciamiento sobre la determinación de la
procedencia y oportunidad de la consulta previa, en el marco de la debida
diligencia solicitada por ISA INTERCOLOMBIA S.A E.S.P con la comunidad del
Espinal para el proyecto "LÍNEAS DE TRANSMISIÓN COPEY-CUESTECITAS 500 KV Y
COPEY-FUNDACIÓN 220 KV”.

6.1.3. Conforme con lo anterior, para la Sala es claro que no se evidencia la
vulneración de los derechos fundamentales alegada por la comunidad étnica
indígena Wayuu de El Espinal, con ocasión de la falta de realización del
mecanismo de consulta previa que el actor solicitó en relación con la obra que la
empresa Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. se encuentra ejecutando en
jurisdicción del municipio de Hatonuevo, en tanto la autoridad competente, la
Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior,
ya expidió una respuesta en la que se abstuvo de emitir un concepto sobre la
procedibilidad del mismo, dadas las situaciones de carácter judicial y
administrativo que en la actualidad rodean la definición de la titularidad del predio
respecto del que se solicitó el estudio, por lo que no se accederá a las
pretensiones de la acción a este respecto.

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Es decir, en el caso, dadas las particularidades de índole administrativo que
rodean el área en la que se reclama la afectación directa de la obra sobre la
comunidad El Espinal, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa
del Ministerio del Interior consideró que no era procedente el estudio de afectación
directa respecto de dicha comunidad, lo que no puede considerarse vulnerador de
derechos fundamentales, en tanto se trata de una decisión adoptada conforme con
el estudio efectuado por la autoridad competente, con base en las pruebas
obrantes.

En efecto, si bien la parte actora considera que en el caso se debe realizar la
consulta previa por las obras que adelanta la empresa Interconexión Eléctrica S.A.
E.S.P. en territorio aledaño al de la comunidad El Espinal, lo cierto es que la
autoridad competente, con base en la solicitud elevada por la misma empresa
ejecutante de la obra y las pruebas allegadas por las partes involucradas,
determinó que la misma no procedía, dadas las situaciones administrativas y
judiciales alrededor de la titularidad del predio sobre el que se solicitaba la
ejecución del mecanismo, esto es, i) que la Corte Constitucional mediante la
sentencia T-528 de 1992 ordenó el reasentamiento de las veredas de Caracolí y El
Espinal del municipio de Barrancas en el departamento de La Guajira, ii) que el
predio en el que se ejecutará la obra fue enajenado a Carbones del Cerrejón
Limited en el año 2002, iii) que mediante contrato de comodato el Cerrejón entregó
el predio a la señora Francisca Epiayú, y iv) que, dado lo anterior, el señor
Audomelio Fragozo Epiayú interpuso solicitud de restitución del predio ante la
Agencia Nacional de Tierras.

6.1.4. Por lo demás, en relación con el fallo de tutela allegado por la parte
accionante en el que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala
Primera de Decisión Civil, mediante sentencia de 8 de abril de 2024 amparó el
derecho fundamental de consulta previa de la comunidad Wayuú El Espinal y
ordenó a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio
del Interior que inicie un nuevo trámite de análisis de procedencia de la consulta
previa, la Sala aclara que se trata de una decisión de tutela proferida por la
jurisdicción ordinaria, en la que se objetó un auto emanado del Juzgado Séptimo
Civil de Medellín en un proceso de imposición de servidumbre por conducción de
energía eléctrica, por lo que lo allí decidido no guarda identidad fáctica o jurídica
con lo aquí analizado, en tanto se trata de procesos con diferentes partes,
fundamentos y contexto.

Por las anteriores razones, la Sala negará las pretensiones en relación con el
cargo relativo a la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la
falta de realización del mecanismo de la consulta previa.

6.2. Estudio de la presunta vulneración del derecho fundamental de petición

6.2.1. Fundamento constitucional y legal

El artículo 23 de la Constitución Política establece que “Toda persona tiene derecho
a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante
organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.

En lo atinente al núcleo esencial del derecho de petición, la Corte Constitucional
ha precisado que:

“(…) el derecho de petición se satisface cuando concurren los siguientes
elementos que constituyen su núcleo esencial: (i) la posibilidad cierta y efectiva de
elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se
nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) la respuesta debe ser pronta y
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oportuna, es decir, la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, que
debe ser lo más corto posible, así como clara, precisa y de fondo o material, que
supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la materia propia de la
solicitud y de manera completa y congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos
y cada uno de los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo decidido
al peticionario, independiente de que la respuesta sea favorable o no, pues no
necesariamente se debe acceder a lo pedido.

Respecto del último punto, la Corte ha sido enfática en señalar que la satisfacción de
este derecho no sólo se materializa mediante una respuesta clara, precisa y de fondo o
material dentro del término previsto en la ley:

‘Cabe recordar que el derecho de petición, se concreta en dos momentos sucesivos,
ambos subordinados a la actividad administrativa del servidor que conozca de aquél.
En primer lugar, se encuentra la recepción y trámite de la petición, que supone el
contacto del ciudadano con la entidad que, en principio, examinará su solicitud y
seguidamente, el momento de la respuesta, cuyo significado supera la simple adopción
de una decisión para llevarla a conocimiento directo e informado del solicitante.

De este segundo momento, emerge para la administración un mandato explícito de
notificación, que implica el agotamiento de los medios disponibles para informar al
particular de su respuesta y lograr constancia de ello.

Por lo anterior es dable afirmar que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, el
derecho de petición se concreta con la respuesta clara, concisa y de fondo a lo
solicitado y cuando se cumple con la obligación de notificar al particular sobre la
respuesta adoptada por la entidad”8. (destacado fuera de texto)

Por su parte, el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1º de
la Ley 1755 de 2015, establece los términos en los que deben resolverse las
peticiones, incluyendo una posibilidad excepcional de resolver por fuera del
mismo, en cuyo caso, tal circunstancia debe ser informada por la autoridad, antes
del vencimiento del término, señalando expresamente los motivos de la demora
así como el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá
exceder del doble del inicialmente previsto. La citada disposición establece:

“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo
norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse
dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término
especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los
diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al
peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha
sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de
dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán
dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en
relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días
siguientes a su recepción.

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos
aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del
vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y
señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no
podrá exceder del doble del inicialmente previsto”.

En definitiva, la garantía del derecho fundamental de petición conlleva el deber
constitucional y legal de dar respuesta a las peticiones de fondo, en forma clara,
precisa y congruente con lo solicitado, dentro de los términos establecidos por la
ley, siendo así que su inobservancia, hace procedente la protección por el juez
constitucional, a través de la acción de la tutela. Empero, la autoridad respectiva,

8 Sentencia T-527 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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en caso de no ser competente para atender la solicitud, tiene el imperativo legal de
remitirla a quien sí lo sea, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la
Ley 1437 de 20119.

6.2.2. El derecho fundamental de petición no fue vulnerado por la empresa
ISA S.A ESP

La parte actora considera que en el caso se vulneró el derecho fundamental de
petición de la comunidad que representa, por la falta de respuesta a la petición
que formuló ante las demandadas el 5 de febrero de 2024, en la que solicitó que
se definiera si en el caso debía garantizársele a la comunidad el procedimiento de
consulta previa y se dispusiera la suspensión de la licencia ambiental otorgada por
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

De acuerdo con la información que reposa en el expediente de tutela, la Sala
observa que el señor Audomelio Fragozo Epiayú, mediante apoderado judicial,
envió a través de correo electrónico solicitud a la Presidencia de la República, al
Ministerio del Interior, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y a la
empresa Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P, última sobre la que se circunscribirá
el análisis de este apartado, en los siguientes términos:

“[sic a toda la cita] 1- Solicito a usted Ordenar hacer Proceso de Consulta Previa entre
La Comunidad indígena wayuu El Espinal y la Empresa ISA INTERCOLOMBIA, porque
la empresa ISA INTERCOLOMBIA, está desarrollando Obras en nuestro territorio de
propiedad colectivas para instalar Tres (3) torres de trasmisión de energías de por vida,
los cuales están destruyendo nuestro territorio colectivos, como es nuestra flora,
faunas, fuentes hídricas, cementerios, más de sietes (7) viviendas ancestrales,
generando desplazamientos violentos de nuestros territorios ancestrales, violaciones
contra nuestros derechos humanos, colectivos, ancestrales y donde los funcionarios del
Ministerio del Interior y de la empresa ISA, nos están tratando mal a nuestros miembros
de nuestras comunidad indígena wayuu El Espinal, quieren hacer las cosas a la fuerzas
en nuestras tierras y nosotros no lo vamos a permitir tendrán que asesinarnos
colectivamente a todos, porque nuestras tierras colectivas son propias ancestralmente
siempre hemos estados posesionados en estas tierras, desde épocas milenarias, esas
obras que está desarrollando la empresa ISA, están generando afectaciones directas
contra nuestra comunidad indígena wayuu el espinal, afectando directamente nuestro
tejido social, cultural, espiritual, ambiental y territorial, por eso nuestra supervivencia
está en riesgo.

2- Solicito Ordenar Proceso de Consulta Previa entre La Comunidad indígena wayuu El
Espinal y La Empresa ISA INTERCOLOMBIA, EMPRESA EDPR, porque la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales expidió la Licencia ambiental Resolución No. 00285
de fecha 31 de enero del año 2022, a favor de la Empresa ISA INTERCOLOMBIA, sin
hacer Procesos de Consulta previa con la Comunidad indígena wayuu El Espinal, esa
licencia ambiental está generando afectaciones directas contra nuestra comunidad
étnica, afectando nuestro tejido social, cultural, espiritual, territorial y ambiental.

3- Solicito a usted Suspender la Licencia Ambiental Resolución No.00285 de fecha 31
de enero del año 2022, otorgada a la empresa ISA INTERCOLOMBIA, expedida por la
Autoridad nacional de Licencias ambientales, hasta tanto no se surta el Proceso de
Consulta Previa con la Comunidad indígena wayuu El Espinal municipio de Hatonuevo
La Guajira.

4- Ordénese a la Empresa ISA INTERCOLOMBIA Y A LA EMPRESA EDPR, a realizar
el Plan de Manejo Arqueológico, porque en nuestro territorio existen una gran riqueza
precolombina, de objetos ancestrales que forman parte del patrimonio cultural de la
nación, y donde la autoridad nacional de licencias ambientales expidió licencia
ambiental a la empresa ISA INTERCOLOMBIA, sin presentar o diseñar el Plan de

9 La disposición en cita establece: “ARTÍCULO 21. FUNCIONARIO SIN COMPETENCIA. <Artículo modificado por el artículo

1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente,
se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la
recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio
remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o
responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente”.
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Manejo Arqueológico que exige la ley 1185 de 2008 y demás normas concordantes con
el asunto. Con copias al Ministerio del interior, Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales, Presidente de la Republica de Colombia, Procuraduría General de La
Nación, Defensoría Nacional del Pueblo y al Instituto Colombiano de Antropología e
Historia”.

La anterior petición se presentó mediante correo electrónico enviado el 5 de
febrero de 2024 a la dirección electrónica notificacionesjudicialesisa@isa.com.co,
como se puede observar en las imágenes del servidor de correo aportadas por el
demandante.

En el escrito de contestación de la acción de tutela, la empresa Interconexión
Eléctrica S.A. E.S.P manifestó que a través de oficio de 23 de febrero de 2024, dio
respuesta a la solicitud del accionante al correo
pablosegundoojeda43@gmail.com, de la que allegó acta de envío y entrega
suscrita por la empresa Envía Electrónico. En esta indicó lo siguiente:

“Respetado señor Fragozo, (…)

En este sentido, tras revisar el derecho de petición presentado por usted, mediante
comunicación con radicado interno, Caso ITCO-024021512 del 15 de febrero de
2024, donde solicita lo siguiente: (…)

A continuación, nos permitimos dar respuesta a cada una de las solicitudes por usted
expuestas:

“Solicito a usted ordenar hacer proceso de consulta previa entre la Comunidad
indígena wayuu El Espinal y la Empresa ISA INTERCOLOMBIA”.

Como se ha reiterado en diferentes diálogos con las familias wayuu El Espinal, la
entidad competente para determinar la procedencia y oportunidad de la Consulta
Previa es la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa - DANCP del
Ministerio del Interior. En este sentido, es claro que la Empresa no es competente
para determinar la procedencia de la consulta previa. Sin embargo, la Empresa desde
el año 2018, inició la debida diligencia ante la entonces Dirección de Consulta Previa
hoy Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa - DANCP, solicitando la
certificación de presencia o no de comunidades étnicas en el área de influencia del
Proyecto Línea de Transmisión Copey – Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220
kV, obteniendo como pronunciamiento la Certificación 1276 del 17 de diciembre de
2018, Certificación 0779 del 21 de noviembre de 2019 y Resolución ST-0991 del 13
de julio 2023, con las cuales se procedió a realizar la consulta previa con las
comunidades definidas por la mencionada autoridad en cada uno de dichos actos
administrativos.

En el marco del proceso de licenciamiento ambiental establecido por la norma, la
empresa obtuvo Licencia Ambiental mediante la Resolución 00285 del 31 de enero
del 2022 por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA. Sin
embargo, la compañía Cerrejón interpuso recurso de reposición ante la ANLA y,
obtiene respuesta mediante Resolución 00688 del 1 de abril del 2022 para poder
iniciar actividades constructivas del proyecto”.

Se debe resaltar, que desde el inicio del proyecto en el año 2017 y en las diferentes
socializaciones a las alcaldías, las comunidades étnicas y no étnicas del área de
influencia del proyecto, y en general, a todos los grupos de interés del proyecto, no
tuvimos ningún conocimiento ni derecho de petición de la presencia o posible
afectación directa a las familias wayuu del Espinal del municipio de Hatonuevo. Solo
hasta el 30 de abril de 2022, aparece en escena la autoridad y familias wayuu El
Espinal, quienes paralizan las actividades de replanteo topográfico que pretendía
desarrollar la empresa contratista de construcción EDEMSA en las torres 339, 440 y
441. La Empresa, con base en este hecho, realizó las respectivas indagaciones con
el dueño del predio que es la Empresa de Cerrejón para corroborar que efectivamente
estaban asentadas dichas familias wayuu antes de establecer algún tipo de diálogo
en terreno. (…)

En este sentido, mediante radicado 2022-1-004044-036981 Id: 37501 del 10 de
noviembre de 2022, se presentó, ante la Dirección de la Autoridad Nacional de
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Consulta Previa - DANCP- la Debida Diligencia y solicitud de análisis de la
información para la determinación de procedencia y oportunidad de la Consulta
Previa con las familias indígenas Wayuu El Espinal, para el proyecto “Líneas de
transmisión Copey-Cuestecitas 500 kV y Copey- Fundación 220 kV”. (Anexo 3.
Debida diligencia).

Luego de esto, mediante radicado 2023-2-002410-006693 Id: 92010 del 3 de marzo
de 2023, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa -DANCP- convica a
visita de verificación en campo, la cual se lleva cabo entre el 16 al 17 de marzo de
2023, con el propósito de recopilar la información necesaria sobre los aspectos
socioculturales, económicos, territoriales, espirituales y ambientales de la zona donde
se ubican las familias de El Espinal, en aras de emitir un concepto técnico frente a la
posible afectación directa o no, con relación al proyecto objeto de verificación. (Anexo
4. Convocatoria visita verificación).

Posteriormente, el 28 de abril de 2023, ISA INTERCOLOMBIA solicitó, mediante
correo electrónico, a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa -
DANCP- información del estado en el que se encontraba el trámite de la Debida
diligencia y solicitud de análisis de la información para la determinación de
procedencia y oportunidad de la consulta previa con las familias indígenas wayuu el
espinal, para el proyecto “LÍNEAS DE TRANSMISIÓN COPEY-CUESTECITAS 500
kV Y COPEY-FUNDACIÓN 220 kV”. (Anexo 5 Consulta estado de trámite).

No es cierto que se estén desarrollando obras en el territorio, ni se ha afectado
fuentes hídricas, ni se ha afectado el cementerio, ni las viviendas dado que la
Empresa, en atención y respecto a lo solicitado por la comunidad hasta el momento,
no ha desarrollado ninguna actividad constructiva en el predio en cuestión”.

Conforme con lo anterior, la Sala encuentra que la empresa Interconexión
Eléctrica S.A. E.S.P no vulneró el derecho fundamental de petición del accionante,
en tanto se probó que dio respuesta al accionante al correo indicado por este para
ese efecto.

6.2.3. La Presidencia de la República y la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales vulneraron el derecho fundamental de petición del accionante

En el escrito de contestación, el Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República sostuvo que, por medio del oficio OFI24-00024196 / GFPU 12000000
de 9 de febrero de 2024, del que allegó copia con la contestación de la demanda
de tutela, informó al actor que recibió la comunicación enviada al Presidente de la
República en la que solicitaba ordenar hacer proceso de consulta previa, por lo
que de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011,
“dio traslado de la misma al Ministerio del Interior y a la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales, para su consideración y fines pertinentes”.

Ahora, si bien el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
aportó copia de los oficios mediante los que remitió por competencia la petición del
señor Fragozo Epiayú al director general de la Autoridad Nacional de Licencias
22
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00994-00
Demandante: Audomelio Fragozo Epiayú

Ambientales y al jefe de Gabinete del Ministerio del Interior, lo cierto es que al
presente trámite no aportó prueba de su envío por correo electrónico a dichas
autoridades, ni prueba de la notificación de dicha remisión al correo del accionante
para su conocimiento, como lo establece el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011.

En efecto, aun cuando en la contestación el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República afirmó respecto de la trazabilidad de los oficios
supuestamente enviados que “las pruebas de la trazabilidad del envío provienen
del sistema “ESCRIBE” mediante el cual la Presidencia de la República gestiona el
trámite que se da a toda la correspondencia que llega a la entidad y por lo tanto el
documento contentivo de esta información es un documento público, emitido por
una autoridad pública, y se presume auténtico a menos que sea tachado de falso
por quien tenga las pruebas para desvirtuar su veracidad y autenticidad”, lo cierto
es que a este trámite judicial no aportó prueba sumaria de la remisión de la
petición a la autoridad competente, ni de la notificación al peticionario de ese
hecho, por lo que se declarará que vulneró el derecho fundamental de petición del
accionante.

Esta misma consecuencia se aplicará a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales, quien en la contestación señaló que mediante oficios
20242200101361 de 15 de febrero de 2024 y 20242200134961 de 28 de febrero
de 2024 dio traslado a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa
del Ministerio del Interior de la solicitud elevada por el señor Audomelio Fragozo
Epiayú al correo electrónico pablosegundoojeda43@gmail.com, afirmación que
respaldó únicamente con copia de los mencionados oficios, por lo que en el caso
no hay prueba del cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1437
de 2011, respecto de la remisión de peticiones a la autoridad competente.

En este sentido, en tanto no existe prueba de que el Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República y la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales hubiesen respondido la petición elevada por el accionante el 5 de
febrero de 2024, o de haberla remitido debidamente por competencia conforme
con los lineamientos previstos en el marco normativo vigente, la Sala amparará el
derecho fundamental de petición del señor Audomelio Fragozo Epiayú y ordenará
a dichas entidades que, si no lo hubieren hecho, dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, adelanten el trámite de
remisión por competencia de la petición formulada el 5 de febrero de 2024, en los
términos previstos en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011.

Como quiera que la Sala accederá al amparo constitucional del derecho
fundamental de petición respecto de las precitadas entidades, se relevará de
efectuar el análisis de la presunta vulneración endilgada al Ministerio del Interior,
en tanto el amparo concedido tiene como fin que se remita en debida forma por
competencia a esa entidad la solicitud presentada por el accionante el 5 de febrero
de 2024, con el fin de que se le brinde respuesta de fondo, clara y congruente con
lo solicitado.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de
su Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00994-00
Demandante: Audomelio Fragozo Epiayú

RESUELVE:

Primero.- DESVINCÚLASE a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas, por falta de legitimación en la causa por
pasiva.

Segundo.- NIÉGASE la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio
del Interior.

Tercero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela en relación con la
vulneración de los derechos fundamentales invocados por la falta de realización
del mecanismo de la consulta previa y el derecho fundamental de petición
respecto de la empresa Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.

Cuarto.- AMPÁRASE el derecho fundamental de petición del señor Audomelio
Fragozo Epiayú vulnerado por el Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. En
consecuencia,

Quinto.- ORDÉNASE al Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales que, si no lo han
hecho, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
providencia, adelanten el trámite de remisión por competencia de la petición
formulada el 5 de febrero de 2024, en los términos previstos en el artículo 21 de la
Ley 1437 de 2011, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia.

Sexto.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Séptimo.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Octavo.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

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