Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00999-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00999-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-00999-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
20 de junio de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00999-00
Actor: Compañía Minera La Sacan S.A.S.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00999-00
Demandante: COMPAÑÍA MINERA LA SACAN S.A.S.
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN “C”
Temas: Tutela contra providencia judicial. Falta de legitimación en la causa
por activa para cuestionar decisión en proceso ejecutivo. El actor no
representa a la sociedad que pertenece como accionista
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la Compañía Minera La Sacan S.A.S., por intermedio del señor
Juan José Romano Rodríguez quien afirma ostentar la calidad de accionista,
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
“C”, en la que pide el amparo constitucional de sus derechos fundamentales de
petición, debido proceso, de acceso a la administración de justicia, defensa y
propiedad privada, supuestamente vulnerados con el remate de unos predios
pertenecientes a la Compañía Minera La Sacan S.A.S. en el curso del proceso
ejecutivo con radicado No. 25000-23-26-000-2006-00101-01.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La accionante relató que ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección “C”, se adelanta un proceso ejecutivo hipotecario
con radicado No. 25000-23-26-000-2006-00101-01, el cual lo inició el Inurbe en
liquidación contra Henao Castrillón y Cía Ltda y Pavimentos Explanaciones
Urbanas Ltda, por el incumplimiento del contrato No. PC-105 de 12 de septiembre
de 1983 y en el que se constituyeron hipotecas de unos predios que conforman la
escritura pública No. 1614 de 1 de abril de 1986.
Indicó que en los predios sobre los cuales se constituyó la hipoteca aparecen
inmuebles de propiedad de la sociedad Compañía Minera La Sacan S.A.S.
Sostuvo que ante el Juzgado Quinto Civil Municipal de Bogotá se adelantó la
diligencia de entrega de bienes embargados y secuestrados, sin embargo, la
sociedad Compañía Minera La Sacan S.A.S. no fue llamada al proceso a pesar de
tener interés, pues los predios sujetos a la medida cautelar son de su propiedad y
fueron incluidos al proceso ejecutivo.
Resaltó que la sociedad Geobogotá S.A.S. presentó solicitud de nulidad y a su
vez presentó oposición a la entrega de los predios y fijación de los linderos, sin
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embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección “C” por auto de 24 de julio de 2023, la desestimó y rechazó la
oposición formulada por Geobogotá S.A.S.
Finalmente, manifestó que el 8 de febrero de 2024, se adelantó la audiencia de
rendición de cuentas y, a su vez, se programó la audiencia de remate de los
predios para el 7 de marzo de 2024 a las 8:00 A.M., sin que la autoridad judicial
accionada le permitiera intervenir en el proceso ejecutivo.
2. Fundamentos de la acción
La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen sus
derechos fundamentales de petición, debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, defensa y propiedad privada, supuestamente
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección “C” en auto de 24 de julio de 2023, proferido en el proceso ejecutivo
hipotecario con radicado No. 25000-23-26-000-2006-00101-01.
Sostuvo que el tribunal accionado no se pronunció sobre la oposición que realizó
la sociedad Compañía Minera La Sacan S.A.S., con la que se pretendía intervenir
en el proceso ejecutivo en el que se embargaron y secuestraron unos predios que
son de propiedad de dicha sociedad.
Agregó que “si bien no se está atacando el proceso ejecutivo como tal, si es
necesario hacer una pausa que le permita a los interesados intervenir, porque se
está disponiendo de unos bienes que son de personas ajenas a la obligación que
se está cobrando, desconocedores del origen de la obligación y quienes tienen su
patrimonio en riesgo por culpa de maniobras irregulares - fraudulentas- con las
cuales se está demostrando una propiedad que no se tiene sobre los predios en
cuestión. Se hace necesario aclarar la propiedad de esas garantías”.
Por último, resaltó que “la Sala de Tutelas No 3 de la Sala de Casación Penal de
esta Corte en STP6962-2021, adoptó una decisión similar, en un asunto donde se
prescindió de emitir oficio dirigido a la dirección del procesado, para comunicarlo a
través de su defensora, sin que se hubiera corroborado esa circunstancia”. Agregó
que “se decidió amparar los derechos de quien no fuera convocado a la diligencia
de lectura de fallo condenatorio, en ese caso, la citación se dirigió a una dirección
diversa a la informada por la procesada en el plenario, y la llamada a través de la
cual el despacho pretendió confirmar su debido enteramiento fue realizada a un
abonado telefónico errado, además de que si bien fue comunicado a su defensa,
no obraba constancia que éste hubiese enterado a su representada de la
diligencia”.
3. Pretensiones
La parte accionante formuló las siguientes:
“De manera respetuosa me permito solicitar al Honorable Consejo de Estado, la protección de los
derechos de mi representada, ante la inminente violación de los derechos fundamentales al
derecho de petición, por vías de hecho, al debido proceso, protección a la propiedad, violación al
derecho a la adecuada administración de justicia, y al debido proceso que vienen siendo
vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, en tal sentido solicito:
1. Se ordene la SUSPENSIÓN del proceso ejecutivo 25000-23-26-000-2006-00101-01 que cursa
en el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION TERCERA,
SUBSECCIÓN C M.P. JOSÉ ÉLVER MUÑOZ BARRERA.
2. Dejar sin efecto el Auto de fecha 24 de julio de 2023, por medio del cual el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION TERCERA, SUBSECCIÓN C M.P. JOSÉ
ÉLVER MUÑOZ BARRERA niega la posibilidad de intervención de la sociedad COMPAÑÍA
MINERA LA SACAN S.A.S. dentro del proceso ejecutivo mencionado.
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3. Suspender la realización de la audiencia de remate, programada para el 7 de marzo de 2024,
dentro de proceso ejecutivo.
4. Permitir a los terceros indeterminados afectados, intervenir en el proceso ejecutivo
mencionado, con el fin de probar la propiedad de los bienes objeto de medidas cautelares
decretadas dentro del mismo”.
4. Pruebas relevantes
En correo electrónico de 2 de mayo de 2024, la Secretaría de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca remitió el link de acceso del proceso
ejecutivo que adelantó Inurbe en liquidación contra Henao Castrillón y Cía Ltda y
Pavimentos y Explanaciones Urbanas Ltda (radicado No. 25000-23-26-000-2006-
00101-01).
5. Trámite procesal
Por auto de 1 de marzo de 2024, la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo
de Estado remitió el expediente de tutela al despacho de la consejera Stella
Jeannette Carvajal Basto, con el fin de que se estudiara una posible acumulación
al trámite constitucional No. 11001-03-15-000-2023-05932-00.
Por medio de auto de 26 de abril de 2024, el despacho de la magistrada
sustanciadora avocó conocimiento, admitió la demanda de tutela y ordenó notificar
a la autoridad judicial demandada, al Juzgado Quinto Civil Municipal de Bogotá, al
Juzgado Cuarenta y Uno Civil Municipal de Bogotá, a la Nación – Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, a la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía 43
Especializada de Extinción de Dominio de Bogotá, a la Sociedad de Activos
Especiales S.A.S. (SAE), a la Superintendencia de Notariado y Registro - Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá – Zona Sur, a la sociedad
Recuperación Geomorfológica de Bogotá, a la sociedad Henao Castrillón y Cía
Ltda., a la sociedad Pavimentos y Explanaciones Urbanas Ltda., al Grupo Jurídico
Escola S.A.S., a la sociedad Maranata Holding S.A.S. y al señor Miguel Ángel
Flórez, así como a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 197308 a 197318,
197335 a 197364 de 30 de abril de 2024, 200411, 200502 y 200518 de 8 de mayo
de 20241, con el fin de notificar a las partes.
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La parte accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes
direcciones de correo electrónico: gerenciagrupo.609@gmail.com, scs03sb02tadmincdm@notificacionesrj.gov.co;
scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co, notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co ;
agencia@defensajuridica.gov.co, . dirsec.bogota@fiscalia.gov.co; juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co;
jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co, juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co;
jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co, grupojuridicoescola@gmail.com, cmpl41bt@cendoj.ramajudicial.gov.co,
cmpl05bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, notiffpardo@consejodeestado.gov.co; notifmvelasquez@consejodeestado.gov.co;
spamplonat@consejodeestado.gov.co, apoyojudicialsas@gmail.com, notificacionesjudici@minvivienda.gov.co;
correspondencia@minvivienda.gov..co; nyjaromu@hotmail.com, gerenciagrupo.609@gmail.com,
scs03sb02tadmincdm@notificacionesrj.gov.co; scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co,
notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co ; agencia@defensajuridica.gov.co, dirsec.bogota@fiscalia.gov.co;
juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co; jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co,
juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co; jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co, grupojuridicoescola@gmail.com,
cmpl41bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, cmpl05bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, notiffpardo@consejodeestado.gov.co;
notifmvelasquez@consejodeestado.gov.co; spamplonat@consejodeestado.gov.co, apoyojudicialsas@gmail.com,
notificacionesjudici@minvivienda.gov.co; correspondencia@minvivienda.gov.co, ofiregisbogotasur@supernotariado.gov.co,
notificacionjuridica@saesas.gov.co; lutorres@saesas.gov.co, gerenciagrupo.609@gmail.com,
scs03sb02tadmincdm@notificacionesrj.gov.co; scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co,
notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co ; agencia@defensajuridica.gov.co, dirsec.bogota@fiscalia.gov.co;
juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co; jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co,
asistenciayrepresentacionlegal@gmail.com, notificaciones.juridica@supernotariado.gov.co;
correspondencia@supernotariado.gov.co, scsec01tadmincdm@cendoj.ramajudicial.gov.co;
rmemorialessec01tadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co; rmemorialesposec01tadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co
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6. Oposición
6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección “C”
En escrito de 3 de mayo de 2023, el magistrado ponente pidió que se negaran las
pretensiones de la acción de tutela, en razón a que no se vulneraron los derechos
fundamentales alegados por el demandante.
Afirmó que “el marco del proceso ejecutivo que da origen a la acción de tutela
incoada por el accionante – COMPAÑÍA MINERA LA SACAN S.A.S., se cuenta
con sentencia ejecutoriada que ordenó seguir adelante la ejecución (auto del 11
de julio de 2007); autos, en firme, que aprobaron liquidación de costas (tanto de
primera como de segunda instancia), con sus respectivas agencias en derecho
(auto del 10 de febrero de 2010); como también la liquidación de crédito (auto del
18 de julio de 2017), así como su respectiva actualización (7 de marzo de 2022).
De manera que, actualmente se encuentra en trámite posterior a sentencia,
relacionado con la ejecución de medidas cautelares que permitan solventar el
pago de la deuda que fue objeto de ejecución por vía judicial”.
Indicó que la totalidad de los diez predios que menciona el actor en el escrito de
tutela se encuentran sujetos a medida cautelar de embargo desde el año 2006, y
se encuentran legal y oficialmente secuestrados desde el año 2009. Por lo que el
próximo trámite es el respectivo remate y adjudicación, que permita solventar la
deuda que dio origen a la ejecución.
Relató que en atención al incumplimiento de las labores de custodia de los predios
embargados por parte de la secuestre inicialmente designada, se decidió relevarla
del cargo, por lo que fue necesario designar un nuevo secuestre, entre tanto se
adelantaban las labores de avalúo de aquellos predios por parte de la parte
ejecutante, de manera que actualmente estos terrenos se encuentran a cargo de
la sociedad Grupo Jurídico Escola S.A.S.
Indicó que el auto de 24 de julio de 2023, no fue objeto de recurso alguno por las
partes, aun cuando en los términos de los artículos 318 y 321 del Código General
del Proceso, las decisiones allí contenidas eran susceptibles de reposición y
apelación.
Señaló que “aunque refiere dentro de los fundamentos fácticos de su tutela que
estuvo presente en la diligencia de cambio de secuestre, adelantada en comisión,
por el Juez 5º Civil Municipal, el pasado 26 de junio de 2023, lo cierto es que,
validada la video grabación de dicha diligencia (donde se le dio la posibilidad de
comparecer e intervenir a todos aquellos que estuvieron presentes al momento en
que se oficializó el cambio de secuestre), en ninguna parte se evidenció la
intervención de esta accionante, como tampoco, en ninguna de las actuaciones
que, hasta el momento, se han adelantado dentro del presente proceso ejecutivo,
ni mucho menos, en la etapa de oposiciones al secuestro de los bienes objeto de
medidas cautelares”.
Aseguró que no se cumple con los requisitos de procedibilidad general consistente
en la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales, toda vez que se
adoptaron las decisiones de manera oportuna y debidamente motivadas respecto
de la petición presentada por los opositores que se presentaron en las diligencias
de secuestro de los diez predios objeto de medidas cautelares en el proceso
ejecutivo.
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Sostuvo que el auto que emitió un pronunciamiento concreto frente a su solicitud
de intervención era susceptible de recursos, los cuales no ejerció en los términos
de ley.
Por último, manifestó que “se evidencia un ejercicio irresponsable y abusivo del
mecanismo de la acción de tutela, que responde a un criterio de excepcionalidad,
que el accionante no está considerando, con lo cual pretende además entorpecer
de manera irresponsable un proceso que lleva cerca de 17 años en trámite, y que
se ha venido truncando, precisamente por las múltiples intervenciones que se
suscitaron al momento en que se materializó el secuestro de los 10 bienes
inmuebles objeto de medidas cautelares. Que, en todo caso, se reitera, ya fueron
objeto de múltiples pronunciamientos tanto de esta instancia como por el ad quem,
para concluir que ninguna de las oposiciones presentadas prosperó, por no
cumplir los criterios legales requeridos”.
6.2. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera
En escrito de 2 de mayo de 2024, la Secretaría de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca pidió que se desvinculara de la acción de tutela,
en razón a que el proceso ejecutivo con radicado No. 25000-23-26-000-2006-
00101-01 es de conocimiento de la Sección Tercera, Subsección “C” de esa
corporación judicial.
6.3. Respuesta del Juzgado Cuarenta y Uno Civil Municipal de Bogotá
En escrito de 2 de mayo de 2024, el titular del despacho informó que por un
asunto similar se adelantó una acción de tutela la cual resolvió la Sección Cuarta
del Consejo de Estado bajo el radicado No. 11001-03-15-000-2023-05932-00.
6.4. Respuesta de la Fiscalía General de la Nación
6.4.1. En oficio de 10 de mayo de 2024, la profesional especializada de la
Dirección de Asuntos Jurídicos pidió que se desvinculara a la entidad por falta de
legitimación en la causa por pasiva, pues no esta dentro de las funciones del ente
investigador anular o suspender las actuaciones que se adelantan dentro del
proceso ejecutivo con radicado No. 25000-23-26-000-2006-00101-01.
6.4.2. En oficio de 6 de mayo de 2024, el Fiscal 43 Adscrito a la Dirección
Especializada de Extinción del Derecho de Dominio informó que el 18 de
noviembre de 2020 expidió resolución de medidas cautelares por extinción de
dominio contra bienes pertenecientes a la sociedad Compañía Minera La Sacan
S.A.S.
Sostuvo que la decisión se adoptó “como consecuencia de que la Fiscal 41
adscrita a la Dirección Especializada contra organizaciones criminales compulsa
copias a través del radicado Orfeo 20195900007703 de fecha 29 de agosto de
2019 ante la Dirección de Extinción de Dominio de la Noticia criminal NUNC
110016000000201902243 por el delito de concierto para delinquir agravado,
solicitando se estudie la viabilidad de adelantar la acción de extinción de dominio
sobre los bienes de organizaciones criminales como San Andresito de la 38, Clan
Triana Esmeralderos, Clan Herrera Y Colegiado de la Oficina quienes se dedican
a cometer múltiples delitos y producto de extorsiones, amenazas, desplazamientos
adquieren bienes en la modalidad de testaferrato”.
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6.5. Respuesta del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
En oficio de 2 de mayo de 2024, el apoderado de la entidad pidió que se negaran
las pretensiones de la acción de tutela, toda vez que pretende dilatar el correcto
desarrollo del proceso ejecutivo, con el fin de evitar el remate de unos predios que
están siendo usufructuados de manera irregular.
6.6. Respuesta de la Superintendencia de Notariado y Registro
En escrito de 2 de mayo de 2024, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica se opuso a
la prosperidad de las pretensiones de la acción de tutela por falta de legitimación
en la causa por pasiva.
Sostuvo que del escrito de tutela no se evidencia que en el mismo se estableciera
que la Superintendencia de Notariado y Registro fuera el causante de la violación
o amenaza alguna de los derechos fundamentales invocados por el accionante y,
por ende, el responsable o el competente para garantizar los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados, por lo que existe falta de legitimación
en la causa por pasiva.
Agregó que los reproches se relacionan con el proceso ejecutivo adelantado ante
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C”, por
lo que es el competente y legitimado para resolver el asunto.
6.7. Respuesta de la Sociedad de Activos Especiales
En correo electrónico de 14 de mayo de 2024, la apoderada general de la entidad
pidió que se nieguen las pretensiones de la demanda de tutela y que se
desvincule por la falta de vulneración de los derechos fundamentales alegados por
el demandante.
Afirmó que de conformidad con el parágrafo segundo del artículo 88 y el artículo
90 de la Ley 1708 de 2014, la SAE S.A.S. tan solo ha ejercido sus funciones
legales y reglamentarias asignadas por la Ley 1708 de 2014, el Código Civil y el
Decreto 1068 de 2015 adicionado por el Decreto 2136 de 2015.
Resaltó que la Compañía Minera La Sacan S.A.S., identificada con el NIT.
900.273.663-9, quedó a disposición de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S.,
en virtud de la resolución de 18 de noviembre de 2020, proferida por parte de la
Fiscalía 43 de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio,
dentro del radicado No. 201900383, por medio de la cual se ordenó iniciar la
acción de extinción de dominio y se decretaron medidas cautelares, a lo que
agregó que en virtud de dicha entrega se nombró a la sociedad mercantil
Inversiones Roka S.A.S. con NIT. 900.448.382, como depositario provisional de
dicha sociedad por medio de la Resolución No. 576 del 26 de abril de 2022.
6.8. El Juzgado Quinto Civil Municipal de Bogotá, la sociedad Recuperación
Geomorfológica de Bogotá, la sociedad Henao Castrillón y Cía Ltda, la
sociedad Pavimentos y Explanaciones Urbanas Ltda., el Grupo Jurídico
Escola S.A.S., la sociedad Maranata Holding S.A.S. y el señor Miguel Ángel
Flórez, guardaron silencio, aun cuando se les notificó en debida forma el auto
admisorio de la acción de tutela.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Cuestiones previas
2.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
“C”, la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia de Notariado y Registro
y Sociedad de Activos Especiales solicitaron que se desvincularan de la acción de
tutela, por configurarse la falta de legitimación en la causa por pasiva.
Al respecto, se debe precisar que la acción de tutela, consagrada en el artículo 86
de la Constitución Política, faculta a toda persona para reclamar ante los jueces,
mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus
derechos fundamentales, cuando sean vulnerados o amenazados por acción u
omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos en que
así se autoriza.
Este mecanismo constitucional tiene como una de sus características esenciales
la informalidad al momento de presentar la acción, pues no limita su ejercicio a los
sujetos de derecho que pretendan hacerla valer como solicitud de amparo
constitucional.
No obstante, se hace exigible como requisito indispensable, además de la
legitimación e interés del actor de acuerdo como lo estipula el artículo 10º del
Decreto 2591 de 1991, la persona o entidad contra quien se dirige la solicitud de
amparo, de la siguiente manera:
“ARTICULO 13. PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE LA ACCION E INTERVINIENTES. La
acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente
violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción
se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la
identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como
coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la
solicitud”.
Por lo anterior, la Sala negará las solicitudes de desvinculación formuladas por la
Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales SAE, en razón
a que el ente acusador expidió medida cautelares contra unos bienes de la
Compañía Minera La Sacan S.A.S., compañía que a su vez quedó a disposición
de la Sociedad de Activos Especiales.
Finalmente, se procederá a desvincular al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C” y a la Superintendencia de
Notariado y Registro, en razón a que no tienen relación con el proceso ejecutivo
que se adelanta contra las sociedades Henao Castrillón y Cía Ltda y Pavimentos
Explanaciones Urbanas Ltda, ni con las medidas cautelares que se le impusieron
a dicha sociedad por parte del ente acusador.
2.2. Por otra parte, el Juzgado Cuarenta y Uno Civil Municipal de Bogotá informó
que en la Sección Cuarta del Consejo de Estado se estudió la acción de tutela con
radicado No. 11001-03-15-000-2023-05932-00, por un tema similar.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00999-00
Actor: Compañía Minera La Sacan S.A.S.
Sin embargo, la Sala advierte que no existe similitud de partes, pues la solicitud de
amparo a la que hace alusión el precitado despacho judicial la promovió la
sociedad Suever S.A.S., lo que es razón suficiente para descartar la configuración
de una actuación temeraria.
3. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C”, en el auto de 24 de julio de
2023, que negó la solicitud de nulidad y la fijación de linderos, además que
rechazó la oposición formulada por Geobogotá S.A.S. dentro del proceso ejecutivo
con radicado No. 25000-23-26-000-2006-00101-01, vulneró los derechos
fundamentales de petición, debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, defensa y propiedad privada, al supuestamente negar la posibilidad de
ejercer su derecho de defensa dentro del proceso ejecutivo que adelanta Inurbe
en liquidación contra las sociedades Henao Castrillón y Cía Ltda y Pavimentos
Explanaciones Urbanas Ltda y en el que, a juicio del actor, se embargaron unos
bienes inmuebles de propiedad de la sociedad Compañía Minera La Sacan S.A.S.
De manera previa, la Sala procederá a verificar si está cumplido el presupuesto de
la legitimación en la causa por activa, en tanto la Compañía Minera La Sacan
S.A.S, no está representada por el señor Juan José Romano Rodríguez quien
afirma ser un accionista, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de
1991 y la jurisprudencia constitucional.
4. La legitimación en la causa por activa en la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
faculta a toda persona para reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento
preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos fundamentales,
cuando sean vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos en que así se autoriza.
Este mecanismo constitucional tiene como una de sus características esenciales
la informalidad al momento de presentar la acción, pues no limita su ejercicio a los
sujetos de derecho que pretendan hacerla valer como solicitud de amparo
constitucional.
No obstante, se hace exigible como requisito indispensable la legitimación e
interés del actor de acuerdo como lo estipula el artículo 10º del Decreto 2591 de
1991, de la siguiente manera:
“Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante.
Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no
esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia
ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”.
En términos generales, la legitimación en la causa determina quiénes pueden
obtener una decisión de fondo sobre las pretensiones formuladas en la demanda.
La Corte Constitucional ha establecido unos presupuestos con respecto a la
legitimación en la causa por activa, señalándolos así:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00999-00
Actor: Compañía Minera La Sacan S.A.S.
“La legitimación en la causa por activa en los procesos de acción de tutela se
predica siempre de los titulares de los derechos fundamentales amenazados o
vulnerados, sin embargo, la Sala encuentra que a partir de las normas de la
Constitución y del decreto 2591 de 1991, el ordenamiento jurídico colombiano
permite cuatro posibilidades para la promoción de la acción de tutela: (i) la del
ejercicio directo de la acción. (ii) La de su ejercicio por medio de representantes
legales (caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las
personas jurídicas). (iii) La de su ejercicio por medio de apoderado judicial (caso en
el cual el apoderado debe ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de
acción se debe anexar el poder especial para el caso o en su defecto el poder
general respectivo). Y (iv) la del ejercicio por medio de agente oficioso”2.
Si se actúa por medio de apoderado judicial, debe aportarse el poder especial que
lo faculta para actuar3, pues, de lo contrario, se configurará un auténtico caso de
carencia de poder. Y si se actúa en calidad de representante legal de una
empresa, debe aportarse el respectivo certificado de existencia y representación.
La Corte Constitucional en sentencia SU-173 de 20154, indicó que la relevancia
constitucional de la legitimación por activa, no puede considerarse una exigencia
intrascendente sino que, por el contrario, necesaria en la protección y garantía
adecuada de los derechos fundamentales, al indicarse que obedece al verdadero
significado que la Constitución Política le ha dado al reconocimiento de la dignidad
humana, en el sentido de que, no obstante las buenas intenciones de terceros,
quien decide si pone en marcha los mecanismos para la defensa de sus propios
intereses, es solo la persona capaz para hacerlo.
Así las cosas, están legitimados para interponer la acción de tutela: i) el interesado
directamente, ii) el representante legal o judicial y iii) el agente oficioso, siempre
que se demuestre la imposibilidad de que el interesado ejerza su propia defensa.
Ahora, así como en las demás acciones judiciales, en la acción de tutela el juez
cuenta con la facultad de revisar, en cualquier momento del proceso, si la persona
que ejerció la acción está legitimada para obtener una decisión de fondo. Si el juez
de tutela comprueba que quien ejerció la solicitud de amparo está legitimado
continuará con el análisis de los presupuestos de procedencia con el fin de realizar
estudio de fondo. No así, si comprueba la falta de legitimación en la causa por
activa, caso en el cual deberá declararla.
5. Estudio y solución del caso concreto
5.1. la Compañía Minera La Sacan S.A.S., por intermedio del señor Juan José
Romano Rodríguez quien afirma ostentar la calidad de accionista, en ejercicio de
la acción de tutela, solicitó el amparo de los derechos fundamentales de petición,
debido proceso, de acceso a la administración de justicia, defensa y propiedad
privada, supuestamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C”, al supuestamente negar la
posibilidad de ejercer su derecho de defensa dentro del proceso ejecutivo que
adelanta el Inurbe en liquidación contra las sociedades Henao Castrillón y Cía
Ltda y Pavimentos Explanaciones Urbanas Ltda y en el que, afirma el actor, se
embargaron unos bienes inmuebles de propiedad de la sociedad Compañía
Minera La Sacan S.A.S.
2
Sentencia T-531 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
3
Sobre el particular, la Corte Constitucional, en sentencia T 531 de 2002, precisó que el acto por el que se confiere poder
tiene las siguientes características: “(i) es un acto jurídico formal que debe realizarse por escrito; (ii) se presume
auténtico; (iii) debe ser especial con el fin de interponer una acción de tutela; (iv) es para la promoción o para la defensa de
los intereses en un determinado proceso, por lo que no se entiende conferido para la promoción de procesos diferentes, así
los hechos que le den fundamento tengan origen en un proceso ordinario; y (v) el destinatario del acto de apoderamiento
solo puede ser un profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional”.
4
M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00999-00
Actor: Compañía Minera La Sacan S.A.S.
5.2. La Sala anticipa que se declarará la improcedencia de la acción por falta de
legitimación en la causa por activa, en razón a que no se demostró que el señor
Juan José Romano Rodríguez fungiera como representante legal de la sociedad
demandante, con sustento en lo siguiente:
La Compañía Minera La Sacan S.A.S., por intermedio del señor Juan José
Romano Rodríguez quien afirma ostentar la calidad de accionista, ejerció la
solicitud de amparo, sociedad a la que afirma no se le vinculó ni se le permitió
actuar o hacer oposición dentro del proceso ejecutivo con radicado No. 25000-23-
26-000-2006-00101-01, que adelanta el Inurbe en liquidación contra las
sociedades Henao Castrillón y Cía Ltda y Pavimentos Explanaciones Urbanas
Ltda, al considerar que se vulnera, entre otros, el derecho de propiedad de la
Compañía Minera La Sacan S.A.S.
Verificado el certificado de existencia y representación legal de la Compañía
Minera La Sacan S.A.S.5 aportado con la solicitud de amparo constitucional, se
observa que la representación legal de dicha sociedad no está en cabeza del
señor Juan José Romano Rodríguez, tal como se observa a continuación:
“REPRESENTANTES LEGALES
Mediante Resolución No. 576 del 26 de abril de 2022 la Sociedad de Activos Especiales SAS -
SAE SAS, inscrita el 16 de Junio de 2022 bajo el No. 02850256 del libro IX, designo a la sociedad
INVERSIONES ROKA S.A.S NIT.900448382 del cargo de Depositario Provisional de la sociedad
de la referencia”.
Ahora bien, de las pruebas aportadas con el escrito de tutela se observa que el
señor Juan José Romano Rodríguez es accionista de la sociedad Maranata
Holding S.A.S., la cual conforma la composición accionara de la Compañía Minera
La Sacan S.A.S, tal como se observa a continuación:
• Composición accionara de la Compañía Minera La Sacan S.A.S.
• Composición accionara de la sociedad Maranata Holding S.A.S.
5
Expedido el 16 de enero de 2024.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00999-00
Actor: Compañía Minera La Sacan S.A.S.
Es decir, que si bien el demandante es accionista de una de las sociedades que
integra la compañía antes mencionada, esta circunstancia no lo habilita ni legítima
para ejercer la acción de tutela en nombre de la Compañía Minera La Sacan
S.A.S., pues, se insiste, no ostenta la representación legal de esa sociedad.
Por lo anterior, se debe recordar que la legitimación en la causa determina
quiénes pueden obtener una decisión de fondo sobre las pretensiones formuladas
en la demanda. En efecto, la Corte Constitucional6 ha reiterado que una persona
se encuentra legitimada por activa para presentar la acción de tutela, “cuando
demuestra que tiene un interés directo y particular en el proceso y en la resolución
del fallo que se revisa en sede constitucional, el cual se deriva de que el
funcionario judicial pueda concluir que el derecho fundamental reclamado es
propio del demandante”.
Ahora bien, se debe recordar que las partes del proceso ejecutivo con radicado
No. 25000-23-26-000-2006-00101-01, son el Inurbe en liquidación -parte actora- y
las sociedades Henao Castrillón y Cía Ltda y Pavimentos Explanaciones Urbanas
Ltda -parte demandada-. Por consiguiente, si la pretensión es que se deje sin
efectos el auto de 24 de julio de 2023, con el fin de que se vincule a la sociedad
Compañía Minera La Sacan S.A.S. a ese trámite judicial, el derecho de acción se
debió ejercer a través de quien ejerce su representación legal, la cual como se
observó en el certificado de existencia y representación legal, no está en cabeza
del señor Juan José Romano Rodríguez.
Así mismo, se debe resaltar que las órdenes dictadas en el auto de 24 de julio de
2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección “C”, no se dirigen contra el señor Romano Rodríguez, lo que ratifica la
falta de la legitimación en la causa por activa.
Por consiguiente, no se cumple el presupuesto general de la legitimación en la
causa por activa, en tanto la sociedad Compañía Minera La Sacan S.A.S., no
actúa por intermedio de su representante legal, razón suficiente para declarar la
improcedencia de la acción.
6
Sentencia T-511 de 2017. M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00999-00
Actor: Compañía Minera La Sacan S.A.S.
Finalmente, el señor Juan José Romano Rodríguez afirmó en el escrito de tutela
que se vulneró el derecho de petición por parte de la autoridad judicial accionada,
sin embargo, no aportó prueba de alguna solicitud presentada y que el tribunal
accionado no hubiese dado respuesta, por lo que no hay lugar a dictar un
pronunciamiento por parte del juez de tutela frente a dicho cargo.
Así las cosas, la Sala procederá a declarar la improcedencia de la acción de tutela
por falta de legitimación en la causa por activa, en tanto la sociedad demandante
no actúa por intermedio de quien ostenta la representación legal.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- NIÉGANSE las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales -SAE-.
Segundo.- DESVINCÚLASE de la presente acción de tutela al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C” y a la
Superintendencia de Notariado y Registro, por falta de legitimación en la causa
por pasiva.
Tercero.- DECLÁRASE LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida
por la sociedad Compañía Minera La Sacan S.A.S., por las razones aquí
expuestas.
Cuarto.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Quinto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Sexto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
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