Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01015-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01015-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-01015-01
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
26 de junio de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01015-01
Demandante: Jaime Alberto Zambrano Herrera
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01015-01
Demandante: JAIME ALBERTO ZAMBRANO HERRERA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN F
Temas: Tutela contra providencia judicial. Decisión proferida en el
trámite de una acción ejecutiva. Defecto por
desconocimiento del precedente judicial. Requisito general
de la relevancia constitucional debate meramente legal y
económico.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante, contra la
providencia del 25 de abril de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A que resolvió:
«Primero. Rechazar la acción de tutela interpuesta por el señor Jaime Alberto
Zambrano Herrera, de acuerdo con lo expuesto en este proveído.
Segundo. En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.»
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 29 de febrero de 2024, el señor Jaime Alberto Zambrano Barrera, por intermedio de
apoderado, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, por considerar vulnerados los
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital y de acceso
a la administración de justicia. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«Primero: Se conceda, la tutela interpuesta, con el fin de proteger los derechos
Constitucionales fundamentales, denominados: DERECHO A LA IGUALDAD,
DERECHO AL DEBIDO PROCESO, COSA JUZGADA, INMUTABILIDAD DE LAS
SENTENCIAD, principios Constitucionales del articulo 53 de la Carta Política, en
especial la igualdad de oportunidades a los trabajadores, remuneración mínima vital y
móvil proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios
mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre
derechos inciertos y discutibles: situación más favorable al trabajador en caso de duda
en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, así como el
derecho al acceso a la administración de justicia conforme al artículo 229 de la
Constitución Política.
Segunda: Que el H. Consejo de Estado, disponga DEJAR SIN EFECTOS la
providencia de segunda instancia proferida por la Subsección "F" de la Sección
Segunda del H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proferida el 1° de agosto de
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Demandante: Jaime Alberto Zambrano Herrera
2023 y notificada electrónicamente a las partes el día 26 de septiembre de 2023, dentro
del expediente 11001 33 42 056 2017 00 258 01, Proceso ejecutivo laboral siendo
demandante JAIME ALBERTO ZAMBRANO HERRERA. demandado DISTRITO
CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE
BOMBEROS DE BOGOTÁ, respecto a la cual la parte actora radicó solicitud de adición,
aclaración y corrección el 28 de septiembre de 2023, la cual fue negada mediante
providencia proferida 28 de noviembre de 2023 y notificada electrónicamente el 15 de
enero de 2024, por tanto se solicita se ordene a la H. Sala accionada proferir nueva
providencia conforme a lo consagrado en los artículos 35 y 39 del Decreto Ley 1042 de
1978, respecto a los porcentajes reales a reconocer por concepto de reliquidación de
los recargos festivos diurnos del 200% y recargos festivos nocturnos del 235% con el
factor de 190 horas mensuales (jornada máxima legal empleados públicos) (…).»
2. Hechos:
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
Hechos relacionados con el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado núm. 2010-00510-00:
El señor Jaime Alberto Zambrano Herrera promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos de Bogotá, con el fin de que declarara la nulidad de los actos
administrativos mediante los que se le negó la reliquidación de sus acreencias
laborales como bombero, conforme con lo previsto en el Decreto 1042 de 1978.
El proceso en primera instancia correspondió al Juzgado Diecisiete Administrativo
en Descongestión de Bogotá, que, en sentencia del 8 de mayo de 2012, accedió a
las pretensiones de la demanda, en consecuencia, declaró la nulidad de los actos
administrativos demandados y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó a la
demandada a reconocer y pagar las acreencias reclamadas, esto es, las horas extras
diurnas y nocturnas, los compensatorios por exceso de horas extras, los recargos
ordinarios nocturnos, los recargos dominicales y festivos diurnos y nocturnos, los
compensatorios por trabajo en días dominicales y festivos y la reliquidación de
prestaciones sociales.
Contra dicha providencia se interpuso recurso de apelación y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en sentencia
del 17 de julio de 2013, confirmó la decisión apelada.
Hechos relacionados con el proceso ejecutivo 2017-00258-01:
El demandante afirmó que la Unidad Administrativa Especial del Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá expidió la Resolución núm. 715 del 22 octubre de 2013, con la
que se acató la decisión judicial. Sin embargo, no se efectuó el pago total de lo
adeudado, dado que la mencionada liquidación dio saldo negativo de -$ 9´723.056,
mientras que realizado el cálculo con las planillas expedidas por la Secretaría de
Gobierno y de la UAECOBB, arrojó monto a favor del ejecutante de $ 71´415.353,
indexado hasta la ejecutoria de la sentencia.
Sostuvo que, en razón al cumplimiento parcial, promovió demanda ejecutiva laboral
contra el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá con la finalidad de obtener el
cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de 17 de julio de 2013, dictada en el
marco del medio de control con radicado 2010-00510-00, proceso en el que se
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Demandante: Jaime Alberto Zambrano Herrera
condenó a la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá a
reconocer y pagar al señor Jaime Alberto Zambrano Herrera lo siguiente:
i) Las horas extras diurnas y nocturnas mensuales laboradas en exceso de
la jornada máxima legal.
ii) Los descansos compensatorios por el exceso de horas extras por el
tiempo laborado fuera de la jornada máxima legal y por trabajo habitual en
dominicales y festivos.
iii) La reliquidación de los recargos ordinarios nocturnos y los festivos
diurnos y nocturnos.
iv) La reliquidación de las primas de servicios, vacaciones y navidad, las
cesantías y demás factores salariales y prestacionales, causados por el
demandante con los mayores valores arrojados por concepto de recargos,
horas extras y descansos compensatorios.
El conocimiento del proceso en primera instancia correspondió al Juzgado Cincuenta
y Seis Administrativo de Bogotá, que, en sentencia del 18 de noviembre de 2019
declaró no probada la excepción de pago, ordenó seguir adelante la ejecución y
dispuso que se practicara la liquidación del crédito.
La Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá interpuso
recurso de apelación basado en que, a su juicio, el juez de primera instancia se
equivocó al declarar no probada la excepción de pago, pues, si bien, el artículo 442
del CGP dispone que se pueden alegar hechos posteriores a la sentencia, no debe
hacerse una interpretación restrictiva, por cuanto en el caso el demandante sí recibió
una suma de dinero adicional respecto de los recargos, cuando se liquidaban sobre
240 y no sobre 190 horas.
Expuso que no puede el ejecutante, bajo el amparo de la buena fe, apropiarse de
dichos dineros y, adicionalmente, reclamar el pago de horas extras generadas en los
mismos hechos que dieron lugar al pago de los mencionados recargos e incluso señaló
que el descuento del pago realizado por la entidad, por concepto de recargo, fue
previsto en la misma sentencia constitutiva del título ejecutivo, pues, se ordenó pagar
la diferencia que se derive de la reliquidación de estos, es por ello, que, si bien, se dijo
que el pago se hizo bajo el concepto de recargos nocturnos, no puede desconocerse
el monto pagado de más.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
en sentencia del 1° de agosto de 2023, confirmó la sentencia de primera instancia al
considerar que no se encontró acreditado que los montos ordenados en la liquidación
ID 9513 del 26 de junio de 2019, por el valor total de $ 46´430.146 hayan sido pagados
al señor Zambrano Herrera en su calidad de ejecutante. Además, en dicha oportunidad
destacó que, en todo caso, la suma de la mencionada liquidación no satisfacía en su
totalidad la obligación contenida en las sentencias constitutivas del título ejecutivo,
que, correspondía a una suma aproximada de $ 56´64.286, más los intereses
moratorios correspondientes.
Dicha providencia fue objeto de aclaración, adición y corrección por parte de la entidad
ejecutada y, en auto del 28 de noviembre de 2023, el tribunal negó las mencionadas
solicitudes al considerar que en la sentencia dictada se resolvieron los interrogantes
expuestos en el escrito de apelación. Además, la decisión guardó estrecha relación
con los fundamentos jurisprudenciales, legales y la situación fáctica, plasmados en la
parte considerativa. En consecuencia, el hecho de que el ejecutante no estuviera de
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acuerdo con la decisión allí adoptada, no implicaba que se debía modificar, so pretexto
de aclararla, adicionarla o corregirla, pues, la sentencia no es revocable ni reformable
por el Juez que la profirió, en virtud de lo contemplado en el artículo 285 del CGP.
3. Argumentos de la tutela
El demandante indicó que, en el caso objeto de estudio las autoridades judiciales
demandadas incurrieron en desconocimiento del precedente judicial, toda vez que,
a su juicio, no se tuvo en cuenta las sentencias del 10 de junio de 2021 de la Sección
Quinta del Consejo de Estado, expediente 11001-03-15-000-2021- 01379-00; del 9 de
septiembre de 2021, del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
expediente 11001-03-15-000-2021-05248-00 y, del 25 de septiembre de 2023, del
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, expediente 11001- 03-15-000-
2023-04299-00, entre otras citadas, en las que destacó que, al analizarse casos
idénticos al que es objeto de estudio, se accedió a lo pretendido al evidenciar la
configuración de los defectos fáctico y sustantivo.
Explicó que, en las mencionadas providencias se estableció que no es posible en un
proceso ejecutivo modificar asuntos definidos en sentencias ordinarias ejecutoriadas,
como lo hizo el tribunal demandado, quien, a su juicio, confirmó la decisión de continuar
con la ejecución, pero, modificó el título ejecutivo frente a la reliquidación de recargos
reconocidos, en la medida en que, al ordenar liquidar los recargos festivos diurnos lo
hizo con el 100 % y los recargos festivos nocturnos con el 135 %, liquidados con la
asignación básica sobre 190 horas, razón por la que no se tuvo en cuenta en cuenta
la realidad procesal, ni los desprendibles aportados al proceso ni la sentencia que
constituyó el título ejecutivo en la que se determinó que la reliquidación de los recargos
ordinarios nocturnos debía hacerse sobre el 35 %, los recargos festivos diurnos sobre
el 200 % y los recargos festivos nocturnos sobre el 235 %, liquidados y pagados con
la asignación básica, sobre 240 horas mensuales.
Además mencionó que no se tuvo en cuenta lo previsto en la sentencia del 2 de abril
de 2009, emitida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, expediente 66001-23-
31-000-2003-00039-01 (9258-05) y en los artículos 35 y 39 del Decreto Ley 1042 de
1978.
Asimismo, precisó que en la sentencia de unificación del 12 de febrero de 2015
proferida en el proceso con radicado núm. 2010-00725-01, el Consejo de Estado,
Sección Segunda, ordenó la reliquidación de los recargos laborados y pagados al
actor, con el 200 % para los dominicales y festivos diurnos y del 235 % para los
recargos de los dominicales y festivos nocturnos.
Finalmente indicó que, en un caso con similitud fáctica, resuelto en sentencia del 22
de junio de 2023, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, dentro de
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 2018-01477-01,
revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, dispuso la reliquidación de los
recargos festivos diurnos y festivos nocturnos con el 200 % y 235 %, respectivamente,
sobre las 190 horas de la jornada máxima legal mensual, conforme con los artículos
35 y 39 del Decreto Ley 1042 de 1978, razón por la que considera que, en su caso, se
debía aplicar el mismo criterio y no dejar de lado lo contenido en la sentencia a su
favor.
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4. Trámite previo
La acción de tutela fue presentada el 29 de febrero de 2024 y, en providencia del 11
de marzo de 2024, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A admitió la
solicitud de amparo, ordenó notificar a las partes y al Distrito Capital – Unidad
Administrativa Especial, Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, como tercero con
interés.
5. Oposición
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
por intermedio del magistrado ponente de la decisión objeto de debate, se opuso a las
pretensiones de la solicitud de amparo e indicó que la sentencia cuestionada estuvo
fundada en varios fallos proferidos por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
los cuales se ha considerado de manera pacífica y reiterada que la correcta
interpretación el artículo 39 del Decreto 1042 de 1978, respecto del recargo por trabajo
ordinario en días dominicales y festivos, es que la «remuneración equivalente al doble
del valor de un día de trabajo por cada dominical o festivo laborado», es decir, que lo
anterior equivale al pago del día laborado, más un recargo del 100 %.
En razón a lo anterior, concluyó que no es posible afirmar que se haya incurrido en la
vulneración de los derechos fundamentales invocados, porque en ningún momento se
desconoció lo dispuesto en las sentencias que constituyen el título ejecutivo y,
además, la decisión cuestionada tuvo en cuenta el criterio fijado por el órgano de cierre.
Por su parte, el Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo de Bogotá no se
pronunció frente a los hechos alegados en la presente solicitud de amparo, únicamente
remitió la copia digital del expediente del proceso ejecutivo con radicado 11001-33-42-
056-2017-00258-00.
6. Intervención de los terceros con interés
El Distrito Capital-Unidad Administrativa Especial, Cuerpo Oficial de Bomberos
de Bogotá no se pronunció sobre los hechos que dieron origen a la presente acción.
7. Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 25 de abril
de 2024, rechazó por improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito
de relevancia constitucional, al considerar que la argumentación del actor, no involucra
la afectación de los derechos fundamentales invocados, en tanto que, lo pretendido es
reabrir un debate concluido por el juez natural, el cual, además, es de carácter
netamente económico y busca extender un debate meramente legal, dado que la
finalidad del actor es que se ordene la inclusión en la liquidación efectuada de los
valores que debía cancelar la entidad ejecutada por concepto de recargos festivos
diurnos y festivos nocturnos, e intereses moratorios.
Asimismo, explicó que no hay lugar a aplicar el criterio empelado en los fallos de tutela
citados como desconocidos en los que se ha reconocido la existencia de los defectos
fáctico y sustantivo por indebida interpretación y aplicación de los artículos 35 y 39 del
Decreto Ley 1042 de 1978, respecto de los porcentajes a reconocer por concepto de
reliquidación de los recargos festivos diurnos del 200 % y recargos festivos nocturnos
del 235 %, con el factor de 190 horas mensuales como jornada máxima legal, porque
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las sentencias de tutela no comportan precedente jurisprudencial dados sus efectos
inter partes, es decir, que no van más allá del caso objeto de controversia, de tal suerte
que las consideraciones allí planteadas solo sugieren un antecedente jurisprudencial
que no obligan al operador jurídico a su aplicación.
8. Impugnación
El demandante impugnó la decisión de primera instancia, para lo cual, reiteró los
argumentos del escrito inicial y afirmó que el juez de tutela de primera instancia no
tuvo en cuenta que las providencias de tutela citadas como desconocidas tenían como
finalidad demostrar que se incurrió en defecto sustantivo y defecto fáctico, en la medida
en que los casos guardan identidad fáctica y bajo estos dos supuestos se procedió al
estudio de las solicitudes de amparo, se accedió a las pretensiones de la acción de
tutela y se ordenó la inclusión y pago de los recargos diurnos y nocturnos , razón por
la que, a su juicio, hay lugar a que se aplique el mismo criterio de estudio a su caso.
Asimismo, explicó que la solicitud de amparo sí goza de relevancia constitucional dado
que no solo se trata de un debate meramente económico, sino que la discusión que
plantea va más allá, porque va encaminada a que se verifique las decisiones de las
autoridades demandadas, pues, al modificar lo contenido en el título ejecutivo en la
etapa de liquidación de crédito, se le desconocen las garantías fundamentales
invocadas.
Solicitó que se revoque la decisión impugnada y, en su lugar, se acceda a las
pretensiones de la solicitud de amparo.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional1, para lo cual
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La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
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aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
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mediante el empleo de las causales generales y específicas de procedencia de la
acción de tutela.
Problema Jurídico
En el escrito de impugnación, la parte demandante solicita que sea revocada la
decisión de tutela de primera instancia, que, declaró improcedente el amparo solicitado
por falta de cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional.
En ese orden, en los términos del escrito de impugnación, la Sala determinará si la
acción de tutela de la referencia cumple con el requisito general de relevancia
constitucional y, solo en el evento que lo supere, estudiará si la autoridad judicial
demandada incurrió en los defectos por desconocimiento del precedente judicial,
fáctico y sustantivo, alegados por la parte demandante en el escrito inicial y reiterados
en la impugnación.
Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales
El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.
En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 4, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de
mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
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Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y,
(vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
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La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno d e
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
4 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201
01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01015-01
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(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» 5.
Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse
a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
De la falta de relevancia constitucional en el sub examine
La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto, se emplea el presente mecanismo para proponer y
prolongar un debate meramente legal y con finalidad netamente económica, como se
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ha sostenido en casos con similitud fáctica , como se pasa a explicar:
La Sala evidencia que la solicitud de amparo va dirigida a cuestionar una decisión
proferida en el curso de un proceso ejecutivo, por consiguiente, los alegatos frente a
los recargos que el actor plantea en la solicitud de amparo son propios del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, asuntos que de entrada no le
corresponde abordar al juez de tutela, pues ello sería desconocer el carácter residual
y subsidiario de este mecanismo constitucional.
Además de lo anterior, se advierte que, el hecho de que el demandante invoque la
supuesta vulneración de derechos fundamentales no da por superado
automáticamente el requisito de la relevancia constitucional, en tanto, es necesario
que se proponga un genuino debate constitucional alejado de apreciaciones subjetivas
y que esté relacionado con el contenido, alcance y goce de derechos fundamentales y
que no se trate de una discusión que tenga visos de estricta legalidad.
En este punto, es necesario precisar que, en efecto, los reproches formulados por el
actor en el escrito de tutela, relacionados con el defecto por desconocimiento del
precedente judicial por la indebida liquidación de los recargos ordinarios nocturnos del
35 %, festivos diurnos del 200 % y festivos nocturnos del 235 %, y los defectos
sustantivo y fáctico, mencionados en la impugnación del fallo, al citar otros fallos de
5 Ibidem.
6
Ver fallo del 8 de febrero de 2024 dictado en el proceso 2023-07121-00 C.P Myriam Stella Gutiérrez Arguello; fallo del 15 de
febrero de 2024 dictado en el proceso 2023-04570-0, C.P Stella Jeannette Carvajal Basto; fallo del 9 de mayo de 2024 dictado
en el proceso 2024-01244-00 C.P Myriam Stella Gutiérrez Arguello.
8
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01015-01
Demandante: Jaime Alberto Zambrano Herrera
tutela, están dirigidos a cuestionar la interpretación y aplicación de los artículos 35 y
39 del Decreto Ley 1042 de 1978, respecto de los porcentajes a reconocer por
concepto de reliquidación de los recargos festivos diurnos del 200 % y recargos
festivos nocturnos del 235 %, con el factor de 190 horas mensuales como jornada
máxima legal; lo que en realidad tiene como finalidad que se acceda a darle
continuidad al debate planteado en el proceso ejecutivo con el fin de obtener un pago
mayor a lo ordenado en la sentencia que constituye el título ejecutivo.
En este punto la Sala aclara que, por el hecho de que la parte actora no esté de
acuerdo con la liquidación elaborada en el proceso ejecutivo no es procedente acudir
a la acción de tutela con el propósito de continuar con un debate que ya fue abordado
por el juez natural de la causa, en sus dos instancias. Además, se trata de una
discusión que tiene contornos de estricta legalidad y de naturaleza económica, que en
nada involucra una discusión constitucional que pueda habilitar el estudio de fondo de
la solicitud, lo que conduce a darle una dimensión de peso mayor a los principios de
seguridad jurídica y cosa juzgada.
Lo expuesto es suficiente para concluir que la parte actora acudió a la acción de tutela
con el fin de solicitar el amparo constitucional de los derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso, al trabajo, al mínimo vital y de acceso a la administración
de justicia, como una instancia adicional al proceso ordinario, con la finalidad de
presentar un debate meramente legal y con finalidad económica toda vez que insiste
en la forma en que a su juicio debe realizarse el pago de los recargos ordinarios
nocturnos del 35%, festivos diurnos del 200% y festivos nocturnos del 235%.
Respecto al cargo relacionado con que el juez de la ejecución modificó la orden de la
sentencia que conforma el título ejecutivo, al generar saldos en contra del ejecutante
en un 26 %, en promedio, por cada hora de recargo festivo diurno y recargo festivo
7
nocturno, basta indicar, como lo ha sostenido esta Sala en oportunidades anteriores ,
que la función del juez de la ejecución es volitiva, no mecánica. De allí que “[s]i bien el
proceso ejecutivo está previsto exclusivamente para obtener el cumplimiento de la
condena judicialmente impuesta y de ninguna manera constituye una herramienta o
mecanismo para reabrir los debates agotados en el respectivo proceso declarativ o, lo
cierto es que el juez del proceso ejecutivo debe armonizar la orden con los limites
previstos a nivel constitucional, legal y jurisprudencial”.
Por lo tanto, contrario a lo manifestado por el actor en el escrito de tutela y de
conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia T- 392 de
2010, la función del juez de la ejecución obedece a una valoración integral y racional
de los diferentes elementos que estén presentes al decidir un caso concreto y en
conjunto con todo el marco normativo, con el fin de que se profiera una decisión
coherente con el ordenamiento jurídico tal como sucedió en el caso objeto de estudio,
razón por la cual no existen razones para que resulte procedente la intervención del
juez de tutela.
Lo anterior es suficiente para que la Sala se abstenga de hacer un pronunciamiento
de fondo sobre los defectos alegados por la parte demandante.
7
Ver sentencia de 23 de abril de 2020, radicado No. 11001-03-15-000-2019-05062-01, C.P.: Julio Roberto Piza Rodríguez y
sentencia de 11 de mayo de 2023, radicado No. 11001-03-15-000-2023-01109-00, C.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto. En este
mismo sentido se pronunció la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado en fallo de 28 de noviembre de 2018,
expediente No. 23001-23-33-000-2013.00136-01, en el que se indicó que el mandamiento de pago no se convierte en una
situación inamovible para el juez de la ejecución, pues es posible variar el monto con el fin de adoptar una decisión que se ajuste
a la realidad procesal.
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En suma, el presente caso no cumple con el requisito de relevancia constitucional tal
como lo indicó el a quo y, por lo tanto, se impone confirmar el fallo de tutela de primera
instancia, del 25 de abril de 2024, proferido por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, objeto de impugnación, conforme con lo expuesto en la parte
considerativa de la presente providencia, en el entendido de que la acción de tutela
debió declararse improcedente y no rechazarse por improcedente.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia del 25 de abril de 2024, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, objeto de impugnación, conforme con lo expuesto.
2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
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