Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01023-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01023-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-01023-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
11 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000-2024-01023-00
Referencia: Acción de tutela
Actores: NURIS DEL CARMEN ORTEGA GUTIÉRREZ Y OTROS.
TESIS: DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. LA AUTORIDAD
JUDICIAL ACCIONADA NO INCURRIÓ EN LOS DEFECTOS
ALEGADOS. CONTEO DE LA CADUCIDAD FRENTE A PRETENSIONES
DERIVADAS DE PRIVACIONES INJUSTAS DE LA LIBERTAD. NO
EXISTE SENTENCIA DE UNIFICACIÓN QUE INDIQUE QUE LA
CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DEBA HACERSE DESDE LA
EJECUTORIA DE LA RESOLUCIÓN QUE PRECLUYÓ LA
INVESTIGACIÓN. ESTUDIO DE CADUCIDAD FRENTE A CADA
CAPTURA. NO SE INCURRIÓ EN DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE. NO SE INCURRIÓ EN DEFECTO PROCEDIMENTAL
ABSOLUTO AL DECLARAR DE OFICIO LA EXCEPCIÓN DE
CADUCIDAD.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A LA IGUALDAD.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por los actores contra
la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE
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Número único de radicación: 110010315000-2024-01023-00
Actores: NURIS DEL CARMEN ORTEGA GUTIÉRREZ Y OTROS.
ESTADO1.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
Los señores NURIS DEL CARMEN ORTEGA GUTIÉRREZ, KAREN
MILENA, SANDRA MARGARITA, GERMÁN ENRIQUE y SARA
ESTHER SALCEDO ORTEGA, actuando a través de apoderado
especial y en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo
86 de la Constitución Política, solicitaron la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y a los principios de confianza
legítima y seguridad jurídica, los cuales, a su juicio, les fueron
vulnerados por la SECCIÓN TERCERA al haber proferido la
providencia de 9 de agosto de 2023 dentro de la acción de reparación
directa identificada con el número único de radicación 70001-33-31-
000-2011-02281-01.
I.2.- Hechos
1
En adelante la SECCIÓN TERCERA.
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Indicaron que la señora CANDELARIA DE JESÚS PÉREZ
RODRÍGUEZ denunció al señor RAFAEL ANTONIO SALCEDO (sin
mencionar su segundo apellido) y a otros del delito de rebelión ante
la SIJIN, indicando que esta persona realizaba labores de miliciano
de la guerrilla y era quien se encargaba de realizar las compras a la
agrupación armada y realizaba labores de inteligencia a las tropas
regulares en los corregimientos de Salitral y Don Gabriel, para lo cual
la denunciante describió físicamente al citado señor como una
persona de aproximadamente 55 años de edad, de estatura baja,
cerrado de patilla, bozo, blanco y sin señales particulares.
Relataron que la denuncia fue asignada a la Fiscalía Primera
Especializada de Sincelejo y la Seccional de Policía Judicial Unidad
Investigativa de Ovejas Sucre recepcionó el testimonio del señor
GUILLERMO ENRIQUE PUENTES VELILLA, quien aseguró conocer
al señor RAFAEL ANTONIO SALCEDO y a su esposa la señora
JULIA ARIAS, junto con sus tres hijos EDER RAFAEL, ENUAR
ANTONIO y JANNER ENRIQUE SALCEDO ARIAS.
Adujeron que la Policía Nacional en cumplimiento de la misión de
trabajo, adelantó diligencias para individualizar a los sindicados, por
intermedio de la Registraduría Nacional del Estado Civil, obteniendo
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las tarjetas de preparación de las cédulas de las personas
denunciadas, entre ellas y de forma errada, la tarjeta de preparación
del señor RAFAEL ANTONIO SALCEDO RAMÍREZ Q.E.P.D. en
lugar del denunciado RAFAEL ANTONIO SALCEDO, lo que llevó a
que su cónyuge y padre fuera injustamente vinculado formalmente
a la investigación denunciada por la señora CANDELARIA DE JESÚS
PÉREZ RODRÍGUEZ.
Señalaron que, en la tarjeta de preparación de su cónyuge y padre,
esto es, del señor RAFAEL ANTONIO SALCEDO RAMÍREZ Q.E.P.D.
figuraba una persona de color moreno, con señal particular en la
cara, con 1.67 metros de estatura, con características diferentes a
las descritas por la denunciante.
Manifestaron que, pesar de que el señor WADITH DEL CRISTO
ROJAS NAVARRO manifestó conocer al señor RAFAEL ANTONIO
SALCEDO como auxiliar de la guerrilla, pero no al señor RAFAEL
ANTONIO SALCEDO RAMÍREZ Q.E.P.D. y que de este último no se
registraban antecedentes penales, la Fiscalía Primera Especializada
de Sincelejo ordenó apertura de la investigación en contra de su
cónyuge y padre y libró orden de captura.
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Aseveraron que el 5 de febrero de 2009 fue capturado el señor
RAFAEL ANTONIO SALCEDO RAMÍREZ Q.E.P.D., quien fue
escuchado en indagatoria y al día siguiente dejado en libertar, para
lo cual se emitió cancelación de la orden de captura, situación que
no fue informada a la Policía Nacional, lo que llevó a que el 13 de
julio de esa misma anualidad fuera nuevamente aprehendido.
Informaron la Fiscalía Décima Delegada ante los Jueces Promiscuos
del Circuito de Corozal el 21 de septiembre de 2009 dictó preclusión
de la investigación, sin informar de ello a la Policía Nacional, por lo
que el señor RAFAEL ANTONIO SALCEDO RAMÍREZ Q.E.P.D. fue
nuevamente capturado el 14 de abril de 2011.
Refirieron que, con ocasión de las capturas ilegales, se le generó un
daño antijurídico al señor RAFAEL ANTONIO SALCEDO RAMÍREZ
Q.E.P.D. y a su núcleo familiar, por lo que promovieron demanda en
ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación – Fiscalía
General de la Nación, Rama Judicial, Ministerio de Defensa, Policía
Nacional y la Registraduría Nacional del Estado Civil, a la cual le fue
asignado el número único de radicación 2011-02281-00.
Indicaron que la demanda correspondió en primera instancia al
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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE2 que, en sentencia de
18 de agosto de 2016 accedió parcialmente a las pretensiones, por
lo que declaró la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación
en aplicación del régimen objetivo, dado que con ocasión de la
investigación el señor RAFAEL ANTONIO SALCEDO RAMÍREZ
Q.E.P.D. estuvo privado de la libertad un día, por lo que fue
condenada la entidad al pago de 5 SMLMV en favor de cada uno de
los actores, por perjuicios morales y la suma de $20.645,45 para
cada víctima directa, por lucro cesante.
Expresaron que ambas partes interpusieron recurso de apelación,
que fue desatado por la SECCIÓN TERCERA en sentencia de 9 de
agosto de 2023, por medio de la cual modificó la decisión del a quo
y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda en cuanto a
la supuesta restricción de la libertad entre el 14 y 15 de abril de 2011
y declaró probada de oficio la excepción de caducidad de la acción
respecto a la restricción de la libertad entre el 5 y 6 de febrero y el
13 y 14 de julio de 2009, pues contabilizó el término de caducidad
desde el momento en que su cónyuge y padre recuperó la libertad y
no desde que se dictó resolución de preclusión de la investigación en
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En adelante el TRIBUNAL.
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contra del señor RAFAEL ANTONIO SALCEDO RAMÍREZ Q.E.P.D.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Argumentaron que no comparten la decisión de la autoridad judicial
accionada, comoquiera que abundante jurisprudencia, entre otras,
en sentencia de 13 de agosto de 2020, la Sección Tercera -
Subsección “C”- del Consejo de Estado3 ha sido clara en señalar que
el conteo de la caducidad frente a pretensiones derivadas de
privaciones injustas de la libertad, se inicia a partir del día siguiente
a la ejecutoria de la resolución que precluyó la investigación, de la
sentencia absolutoria o desde el momento que quede en libertad el
procesado, lo último que ocurra, criterio que se pasó por alto en la
sentencia de segunda instancia.
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, C.P.
Nicolás Yepes Corrales, sentencia de 13 de agosto de 2020, identificada con el número único de
radicación 760012331000-2011-01841-01.
En igual sentido las siguientes providencias:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, C.P.
Guillermo Sánchez Luque, sentencia de 24 de mayo de 2017, identificada con el número único de
radicación 170012331000-2011-00126-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, C.P. Carlos
Alberto Zambrano Barrera, sentencia de 2 de julio de 2019, identificada con el número único de
radicación 760012331000-2006-03646-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, C.P. Marta
Nubia Velásquez Rico, sentencia de 30 de agosto de 2017, identificada con el número único de
radicación 410012331000-2010-00181-01.
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Aseveraron que en el salvamente de voto la Consejera de Estado,
doctora MARIA ADRIANA MARÍN, precisó que el término de
caducidad debió contarse desde la preclusión de la investigación,
ordenada el 21 de septiembre de 2009.
Afirmaron que la SECCIÓN TERCERA vulneró sus derechos
fundamentales invocados al aplicar de manera errada y caprichosa
una regla de caducidad totalmente contraria a la que tiene
establecida de manera uniforme y reiterada la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, cuando se demanda la
responsabilidad del Estado por hechos relacionados con privación
injusta de la libertad, pues en la sentencia cuestionada no se tuvo en
cuenta que lo último ocurrido fue la ejecutoria de la providencia que
precluyó la investigación.
Sostuvieron que la providencia cuestionada incurrió en un defecto
procedimental absoluto, toda vez que la SECCIÓN TERCERA
injustificadamente se apartó de las formalidades propias establecidas
en la ley en los trámites del proceso, pues sin existir razones
fundadas se pronunció de oficio de manera desfavorable sobre una
excepción que ya había sido resuelta en primera instancia.
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I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, los actores pretenden lo siguiente:
“[…] 2· Que como consecuencia de dicha protección deprecada
se revoque la sentencia de fecha (9) de agosto del año 2023, a
través de la cual la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado declaro la caducidad dentro del medio de
control de reparación directa tramitado bajo el radicado 70-001-
33-31-000-2011-02281 00.
3. Que a consecuencia de dicha protección se ordene a la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado a
expedir una nueva sentencia que resuelva de fondo las
apelaciones formuladas por los actores dentro del proceso de
reparación directa […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN TERCERA se limitó a indicar que respetará y
acatará lo que se resuelva en el asunto.
I.5.2.- La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
vinculada en calidad de tercera con interés directo en el proceso,
sostuvo que la autoridad judicial accionada realizó una interpretación
razonable, orientada a la aplicación e interpretación de principios
constitucionales que llevó a concluir que en el caso no debía
declararse la responsabilidad administrativa de las autoridades
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demandadas, sin que de allí se advierta una decisión caprichosa o
irracional que implique la vulneración de derechos fundamentales.
Alegó que la autoridad accionada en ejercicio de los principios de
autonomía funcional, independencia y sana crítica dio un alcance
probatorio coherente y válido, así como también interpretó de forma
razonable la normativa y los criterios aplicables al caso, que a pesar
de no ser satisfactorio a los tutelantes, no se puede colegir que su
actuación fue contraria a derecho.
Así las cosas, adujo que deben denegarse las pretensiones de la
acción de tutela de la referencia.
I.5.3.- La Policía Nacional, vinculada en calidad de tercera con
interés directo en el proceso, solicitó declarar su falta de legitimación
en la causa por pasiva.
Aseveró que las pretensiones de los tutelantes no corresponden a las
consecuencias de una acción u omisión realizada por esa entidad, sin
que sea jurídicamente posible subrogar la esfera de competencias de
otros organismos, como en el sub judice de la SECCIÓN TERCERA,
de tal forma que no es la competente para responder en el asunto.
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I.5.4.- La Registraduría Nacional del Estado Civil, vinculada en
calidad de tercera con interés directo en el proceso, informó que
revisada su base de datos con el nombre RAFAEL ANTONIO
SALCEDO se encuentran más de 30 registros.
Sumado a lo anterior, adujo que la cédula de ciudadanía que
corresponde al padre y cónyuge de los accionantes se encuentra
cancelada por muerte.
Por lo anterior, solicitó su desvinculación del presente trámite
constitucional, toda vez que no ha vulnerado derecho fundamental
alguno de la parte actora, pues la entidad actúa conforme a lo
dispuesto por la ley y la satisfacción de las pretensiones no son de
su injerencia.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
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marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Cuestión previa
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la
sentencia.
La Sala advierte que tanto la Policía Nacional como la
Registraduría Nacional del Estado Civil solicitaron su
desvinculación en la presente acción de tutela, por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
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“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
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Comoquiera que tanto la Policía Nacional como la Registraduría
Nacional del Estado Civil fueron parte accionada dentro de la
acción de reparación directa objeto de la controversia, en calidad de
terceras, les asiste interés en las resultas del proceso constitucional
de la referencia, razón por la cual la Sala denegará su solicitud de
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como
en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
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parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
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ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
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momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando
el juez actuó completamente al margen del
procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
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g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el caso bajo examen, los actores pretenden que se deje sin efecto
la sentencia de 9 de agosto de 2023, proferida por la SECCIÓN
TERCERA mediante la cual modificó la decisión del a quo y, en su
lugar, declaró probada de oficio la excepción de caducidad de la
acción respecto de la restricción de la libertad del señor RAFAEL
ANTONIO SALCEDO RAMÍREZ entre el 5 y el 6 de febrero y entre
el 13 y 14 de julio de 2009 dentro de la acción de reparación directa
identificada con el número único de radicación 2011-02281-01.
La controversia tiene origen en una demanda de reparación directa
presentada por los actores contra la Nación – Fiscalía General de la
Nación, Rama Judicial, Ministerio de Defensa – Policía Nacional y la
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Registraduría Nacional del Estado Civil en la que solicitaban que se
declarara a las entidades responsables por los perjuicios sufridos con
ocasión de la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto el
señor RAFAEL ANTONIO SALCEDO RAMÍREZ Q.E.P.D como
consecuencia de la investigación penal adelantada en su contra y que
culminó con preclusión.
Los actores estiman que la providencia cuestionada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y a los principios de confianza
legítima y seguridad jurídica, dado que, en su sentir, la autoridad
judicial accionada pasó por alto la abundante jurisprudencia del
Consejo de Estado que ha sido pacífica en reiterar que el conteo de
la caducidad frente a pretensiones derivadas de privaciones injustas
de la libertad, se inicia a partir del día siguiente a la ejecutoria de la
resolución que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria
o desde el momento que quedó en libertad el procesado, lo último
que ocurra, por lo que, además, se incurrió en defecto procedimental
absoluto al apartarse de las formalidades establecidas para el trámite
del proceso y declarar de oficio la excepción de caducidad.
Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los
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presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial y, de ser así, establecer si la SECCIÓN
TERCERA vulneró los derechos invocados e incurrió en los defectos
deprecados, al haber proferido la sentencia de 9 de agosto de 2023
dentro de la acción de reparación directa identificada con el número
único de radicación 2011-02281-01.
La Sala observa que en el presente caso, se cumple con el requisito
de la relevancia constitucional, por cuanto los actores plantean con
suficiente carga argumentativa las razones por las cuales, en su
criterio, se han vulnerado sus derechos fundamentales y se
configuraron los defectos alegados; contra la decisión cuestionada
no proceden recursos y tampoco se estructuran las causales de los
recursos extraordinarios de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y
unificación de jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción de
tutela se interpuso en un plazo razonable4, la solicitud identifica los
hechos y derechos que se estiman lesionados; y, por último, no se
trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.
Visto que el presente asunto cumple con los requisitos generales de
4
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).
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procedibilidad, la Sala hará mención al marco jurídico de los defectos
alegados, para enseguida efectuar el estudio del fondo del asunto.
Desconocimiento del precedente judicial
Por su parte, en lo que respecta al desconocimiento del
precedente judicial se ha determinado que de acuerdo con lo
establecido en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, el
poder judicial es autónomo e independiente y los Jueces en sus
providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Esta regla
general de independencia y autonomía no es absoluta, ya que
encuentra sus límites en la realización de otros valores
constitucionales, según lo ha definido la Jurisprudencia
constitucional.
En efecto, en la sentencia T-267 de 2013, la Corte Constitucional
puntualizó:
“Es así como, en materia de decisiones judiciales, se destaca el
respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de la Carta),
que supone no solamente la igualdad ante la ley sino también
de trato por parte de las autoridades y concretamente igualdad
en la interpretación y aplicación de la ley por las autoridades
judiciales, garantizándose de esta forma la seguridad jurídica y
con ella la certeza de la comunidad respecto a la forma en la
que se van a decidir los casos iguales. Como resultado de lo
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anterior, surge como límite a la autonomía e independencia de
los Jueces el respeto por el precedente5”.
De la misma forma, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte
Constitucional precisó que el desconocimiento del precedente
constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela cuando
la decisión judicial afecta derechos fundamentales de las partes. En
especial, respecto del precedente vertical, la Jurisprudencia de esa
Corporación ha sido enfática en sostener que el Juez no sólo está
vinculado por el artículo 13 de la Constitución Política, que impone la
igualdad de trato jurídico en la aplicación de la ley, sino también que
su autonomía se encuentra limitada por la eficacia de los derechos
fundamentales y, en particular, del debido proceso judicial6.
No obstante lo anterior, la Jurisprudencia Constitucional también ha
admitido la posibilidad de que un Juez se aparte de su propio
precedente o del precedente de su superior jerárquico, siempre y
cuando se sustenten debidamente las razones de su posición
5 Ver, entre otras, sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de
2006, T-571 de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008, T-014 de 2009 y T-100 de 2010, de
la Corte Constitucional.
6 Sentencia T-766 de 2008. Magistrado ponente: doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
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(principio de razón suficiente)7.
Del defecto procedimental
En relación con el defecto procedimental, esta Sala ha señalado 8 lo
siguiente:
“[…] La jurisprudencia constitucional ha reconocido dos tipos de
defectos procedimentales: el denominado defecto procedimental
absoluto y el llamado defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto. Se ha señalado que el defecto procedimental absoluto
se configura cuando “[…] el funcionario judicial se aparta por
completo del procedimiento establecido legalmente para el trámite
de un asunto específico, ya sea porque: i) se ciñe a un trámite
completamente ajeno al pertinente -desvía el cauce del asunto-, o
ii) omite etapas sustanciales del procedimiento establecido
legalmente afectando el derecho de defensa y contradicción de una
de las partes del proceso […]”9. De otra parte, se ha afirmado que
el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto tiene lugar
cuando el funcionario, por el apego excesivo e irrestricto a las
formas, termina generando un obstáculo para la eficacia del derecho
sustancial y, en consecuencia, sus actuaciones se convierten en una
clara denegación de justicia10. Se incurre en esta modalidad cuando,
entre varias interpretaciones posibles, el juez prefiere aquella que
no favorece el principio pro homine e impide al ciudadano el acceso
efectivo a la administración de justicia […]”.
7 Ver sentencia T-292 de 2006.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
7 de marzo de 2019, C.P Oswaldo Giraldo López, número único de radicación
11001031500020180402301.
[9] “Sentencia T-327 de 2011”.
[10] “Corte Constitucional, Sentencia T-264 de 2009, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva”.
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Conforme con lo expuesto en cita, al alegarse el defecto
procedimental contra una providencia judicial, lo correcto es que el
interesado ilustre la manera en que la autoridad judicial accionada
desconoció el trámite establecido para la adopción de aquella, esto
es, que demuestre que el proceso judicial que dio lugar a la decisión
acusada fue adelantado sin observar el trámite que las normas
adjetivas establecen para tal efecto.
Caso concreto
Conforme con lo anterior y para resolver el problema jurídico, es
necesario traer a colación la providencia cuestionada con el fin de
verificar los fundamentos de la decisión.
La providencia cuestionada se translitera a continuación:
“[…] En este caso, la Sala advierte que las pretensiones de la
demanda estuvieron orientadas a obtener la reparación directa por
las supuestas “privaciones injustas de la libertad” que sufrió el
señor Rafael Antonio Salcedo Ramírez, en un proceso penal que se
adelantó por el delito de rebelión, las cuales, según el escrito inicial,
se concretaron con capturas ilegales impuestas por la Fiscalía.
Lo que se alega, entonces, es que con ocasión de unas capturas
ilegales se le restringió la libertad al aquí demandante. De este
modo, y para efectos del análisis de caducidad en este caso
particular, la Sala anticipa -desde ya- que el punto de partida para
el respectivo conteo no puede ser la ejecutoria de la resolución que
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precluyó la investigación en favor de Rafael Antonio Salcedo
Ramírez -21 de septiembre de 2009-, porque los reproches y los
reclamos de la demanda se fundaron, exclusivamente, en las
capturas padecidas por dicho señor (i) entre el 5 y el 6 de febrero
de 2009 y (ii) entre el 13 y 14 de julio de 2009, cuya supuesta
ilegalidad fue conocida por el demandante en ese mismo instante,
con anterioridad a la decisión de preclusión, que fue proferida el 21
de septiembre de 2009.
De manera reciente, esta Subsección consideró11:
Es menester reiterar que las imputaciones de la demanda no podrán
pender del momento en que cobró ejecutoria la sentencia
absolutoria proferida en audiencia de lectura de fallo del 15 de
diciembre de 2010, pues los reproches que puntualmente se hacen
en la demanda no tuvieron por causa esta decisión, sino que
tuvieron origen en actuaciones que se surtieron con anterioridad a
la definición de la sentencia.
Por lo expuesto, para la contabilización de la caducidad la Sala
tendrá en cuenta como referente inicial las fechas en que el aquí
actor recuperó su libertad luego de cada supuesta captura ilegal
que soportó.
En efecto, la restricción de la libertad que padeció Salcedo Ramírez,
con ocasión de las referidas capturas y respecto de las cuales
reclama perjuicios en la demanda, se extendió en los siguientes
períodos: (i) el 5 y el 6 de febrero de 2009 y (ii) el 13 y 14 de julio
de 2009. En la medida en que, según la demanda, el aquí actor vio
afectado su derecho a la libertad en distintas oportunidades por
cada supuesta captura ilegal, la caducidad se contará de manera
separada por cada período referido, como se verá enseguida.
1.1. La restricción de la libertad padecida entre el 5 y el
6 de febrero de 2009 (único período que tuvo en cuenta el
a quo para liquidar perjuicios)
En el expediente se encuentra acreditado que, el 27 de noviembre
de 2006, la Fiscalía Primera Delegada ante los Jueces Penales del
Circuito Especializados de Sincelejo ordenó la apertura de la
instrucción en contra de, entre otros, Rafael Antonio Salcedo
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, C.P.
José Roberto Sáchica Méndez, sentencia de 20 de junio de 2023, expediente núm. 65.926.
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Ramírez por el delito de rebelión y ordenó su vinculación a la
investigación a través de una orden de captura para efectos de
escucharlo en indagatoria; que, mediante oficio del 6 de febrero de
2009, la Policía Nacional dejó a disposición de la Fiscalía Primera
Especializada de Sincelejo al señor Rafael Antonio Salcedo Ramírez,
a quien había capturado el día anterior con el fin de escucharlo en
indagatoria, diligencia en la cual se dispuso la libertad inmediata y
ordenó la cancelación de la orden de captura librada en su contra,
decisión que fue comunicada al comandante de la estación de
policía de Ovejas.
En la decisión se indicó expresamente que los motivos por los
cuales se ordenaba su libertad consistían en que, si bien el nombre
del detenido surgió en un informe de policía judicial, de las pruebas
recaudadas y de la indagatoria se podía concluir que se trataba de
una confusión en relación con el nombre de quien había sido
denunciado y capturado; además, se afirmó que el informe judicial
debía tenerse como un criterio orientador pero no como prueba,
motivo por el cual concluyó que la captura del señor Salcedo
Ramírez era ilegal.
En ese orden de ideas, como el 6 de febrero de 2009 el aquí actor
recuperó su libertad y a partir de ahí tuvo conocimiento de que su
captura fue ilegal, con ocasión de la decisión antes referida, el plazo
para interponer la demanda de reparación directa, en lo que a este
punto se refiere, vencía el 7 de febrero de 2011 y como la solicitud
de conciliación extrajudicial -25 de agosto de 2011- y el escrito
inicial -19 de diciembre de 2011- se presentaron con posterioridad
al 7 de febrero de 2011, en el presente caso operó la caducidad de
la acción.
1.2.La restricción de la libertad sufrida entre el 13 y el 14 de
julio de 2009
En el fallo dictado por el a quo se consideró que no se acreditó que
el ahora demandante fuera capturado en ese período, cuestión que
apeló la parte actora en su impugnación, en el sentido de que ello
sí se probó, a través del oficio No. 274 por medio del cual la Fiscalía
le solicitó al comandante de la patrulla en turno de San Juan del
Cesar, La Guajira, dejar en libertad al señor Salcedo Ramírez.
Aun cuando a folio 140 del cuaderno de primera instancia obra el
oficio referido por la parte actora en su apelación, en el cual el fiscal
coordinador de la Unidad Especializada de Sincelejo, el 13 de julio
de 2009, le ordenó al comandante de la patrulla en turno de San
Juan del Cesar que dejara en “LIBERTAD INMEDIATA” al aquí actor,
la Sala precisa que, frente a los perjuicios reclamados por ese
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período de restricción de la libertad, también operó la caducidad de
la acción.
Lo anterior, por cuanto la solicitud de conciliación extrajudicial -25
de agosto de 2011- y el escrito inicial -19 de diciembre de 2011- se
presentaron con posterioridad a los dos años en que vencía el plazo
para demanda, que en este preciso evento fenecía el 14 de julio de
2011 […]”.
De los apartes transcritos de la providencia cuestionada, se infiere
que la SECCIÓN TERCERA al conocer del asunto en segunda
instancia consideró que no era posible realizar el conteo del término
de caducidad desde la ejecutoria de la resolución que precluyó la
investigación en favor del señor RAFAEL ANTONIO SALCEDO
RAMÍREZ Q.E.P.D., sino desde cada fecha que el mismo recuperó la
libertad luego de cada supuesta captura ilegal.
Lo anterior, toda vez que, a juicio de la autoridad judicial accionada,
lo alegado por la parte actora en el escrito de demanda es que el
fundamento del daño alegado es que una de las capturas ilegales
restringió la libertad del señor RAFAEL ANTONIO SALCEDO
RAMÍREZ Q.E.P.D., de tal forma que los reproches y reclamos de la
demanda se sustentaron, exclusivamente, en las capturas padecidas
en cada período de tiempo.
En efecto, sostuvo la SECCIÓN TERCERA que en las capturas entre
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el 5 y el 6 de febrero de 2009 y la correspondiente al 13 y 14 de julio
de 2009, la supuesta ilegalidad ya era conocida por la parte actora
desde ese mismo instante, esto es, con anterioridad a la resolución
de preclusión de la investigación, por lo que era desde ese momento
que se debía contabilizar la caducidad de la acción.
Asimismo, la autoridad judicial accionada señaló que, en cuanto a la
restricción de la libertad correspondiente entre el 5 y el 6 de febrero
de 2009, adujo que la Fiscalía Primera Especializada de Sincelejo en
esa fecha dispuso la libertad inmediata del señor RAFAEL ANTONIO
SALCEDO RAMÍREZ Q.E.P.D. y ordenó la cancelación de la orden
de captura librada en su contra, lo cual fue comunicado al
comandante de la estación de Policía de Ovejas. Ello en razón a que,
si bien el nombre del detenido surgió de un informe policial, de las
pruebas recaudadas y de la indagatoria era posible concluir que se
trataba de una confusión en relación con el nombre denunciado.
Así las cosas, frente a dicha restricción de la libertad, comoquiera
que el señor RAFAEL ANTONIO SALCEDO RAMÍREZ Q.E.P.D. el 6
de febrero de 2009 recuperó la libertad y fue desde dicho momento
que tuvo conocimiento de la ilegalidad de la captura, el plazo para
interponer la demanda de reparación directa vencía el 7 de febrero
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de 2011, y como la solicitud de conciliación se presentó el 25 de
agosto de 2011 y la demanda el 19 de diciembre de 2011, en el caso
concreto operó la caducidad en cuanto a dicha captura.
Ahora, en lo que refiere a la restricción de la libertad entre el 13 y
14 de julio de 2009, sostuvo que también corría la misma suerte,
pues desde el momento en que recuperó la libertad el señor RAFAEL
ANTONIO SALCEDO RAMÍREZ Q.E.P.D. empezó a correr el término
de caducidad, toda vez que ya se tenía conocimiento de la ilegalidad
de la captura, por lo que la parte actora tenía hasta el 14 de julio de
2011 para promover la demanda, sin que ello hubiese ocurrido hasta
el 19 de diciembre de 2011, como se expuso anteriormente.
Para arribar a la anterior conclusión, la autoridad judicial accionada
fundamentó su decisión en la sentencia de 20 de junio de 2023,
proferida por la Sección Tercera, Subsección “A” de esta
Corporación12, posición reiterada de la providencia de 6 de noviembre
de 202013.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, C.P.
José Roberto Sáchica Méndez, sentencia de 20 de junio de 2023, expediente núm. 65.926.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, C.P.
María Adriana Marín, sentencia de 6 de noviembre de 2020, expediente núm. 61.368.
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En efecto, al revisar la providencia de 20 de junio de 2023 en la cual
la SECCIÓN TERCERA sustentó la decisión cuestionada, se extrae
lo siguiente:
“[…] 64. Es menester reiterar que las imputaciones de la demanda
no podrán pender del momento en que cobró ejecutoria la
sentencia absolutoria proferida en audiencia de lectura de fallo del
15 de diciembre de 2010, pues los reproches que puntualmente se
hacen en la demanda, no tuvieron por causa esta decisión, sino
que tuvieron origen en actuaciones que se surtieron con
anterioridad a la definición de la sentencia.
65. Menos aún podría indicarse que la responsabilidad de quien
denunció y se hizo parte como víctima en el proceso penal, o la del
Estado por un presunto error judicial en variadas decisiones, pendía
de la sentencia, pues aceptar esa circunstancia es desconocer que
la responsabilidad por error judicial nace con la comprobación del
mismo en una providencia judicial que se proyecta como afrenta al
derecho de acceso a la administración de justicia, aspecto que no
se revela porque el juez al dictar sentencia evalúe el cúmulo de
actuaciones judiciales, pues en tal momento se trata de definir la
responsabilidad del encartado a la luz de las exigencias probatorias
que se requieren para dicho efecto. Aceptar lo contrario, sería como
indicar por vía general que cada proceso que culmina con una
sentencia absolutoria acredita un errado obrar del aparato
jurisdiccional del Estado, asunto que deslegitima sin bases
constitucionales y convencionales su actuar en procura de la
protección de los bienes superiores que se tutelan a través de la
legislación penal.
66. La Sala reitera que, bajo la demanda, los reclamos del actor
están dirigidos a cuestionar lo justo o injusto de unas actuaciones
que se adelantaron durante la investigación penal, justificado en
que no fue declarado como responsable, lo que resulta desacertado
con miras a estructurar a partir de ello un daño antijurídico con
causa en una aparente falla de la administración de justicia, pues
debe considerarse que cada decisión en el curso de una
investigación tiene una secuencia lógica cuyo objeto y fin está
encaminado a la búsqueda de la verdad en procura de la realización
de la justicia material, de allí que atacar cada actuación, como se
ha hecho en este caso, conduciría a entorpecer esa búsqueda y
descartaría una de las bases nucleares de un Estado Social de
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Derecho, como es la sujeción a la ley y, con ésta, a las autoridades
estatuidas para la garantía de un orden justo y convivencia pacífica
[…]”.
Así las cosas, la autoridad judicial accionada, fundamentó su decisión
en que la caducidad de la acción de reparación directa no podía
empezar a contabilizarse a partir del momento en que cobró
ejecutoria la sentencia absolutoria, sino desde que tuvieron origen
las acusaciones que se surtieron con anterioridad a ello, toda vez que
los reclamos de la demanda están dirigidos a cuestionar lo justo o
injusto de las actuaciones surtidas dentro de la investigación penal.
En este punto, la Sala advierte que el desconocimiento del
precedente judicial invocado por la parte actora no tiene vocación de
prosperidad, en la medida en que si bien las providencias que se
alegan contienen la tesis que aducen los accionantes, dicha postura
no ha sido unificada, de tal forma que el criterio acogido por la
SECCIÓN TERCERA también es una postura válida dispuesta para
el asunto y que ha sido aplicada en otras oportunidades por la misma
Corporación.
De manera que, si bien existe un criterio de interpretación y decisión
diferente entre las sentencias puestas en conocimiento, lo cierto es
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que ese solo hecho no es suficiente para endilgarle a la autoridad
judicial demandada el cargo relacionado con el desconocimiento del
precedente, pues, en virtud de la autonomía judicial, la SECCIÓN
TERCERA decidió el asunto, con fundamento en una tesis que, se
repite, ha sido acogida en otras oportunidades.
Así las cosas, la Sala advierte que las sentencias supuestamente
desatendidas por la autoridad judicial aquí accionada no pueden ser
catalogadas como precedente judicial obligatorio, por cuanto no
fueron proferidas por la Sala Plena del Consejo de Estado o por la
Sala Plena de la Sección Tercera de la Corporación, que se enmarque
dentro de los supuestos establecidos en el artículo 270 del CPACA;
circunstancias estas que impiden aseverar que, en el caso sub
examine, se configuró el desconocimiento del precedente.
De lo expuesto en precedencia, se infiere que la autoridad judicial
accionada no incurrió en desconocimiento del precedente judicial
endilgado, pues como se explicó, aplicó la tesis dispuesta para el
asunto por esta misma Corporación.
Ahora, en cuanto a la inconformidad relacionada con el defecto
procedimental absoluto, la Sala concluye que tampoco tiene vocación
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de prosperidad, comoquiera que la autoridad judicial accionada podía
decidir sobre la excepción de caducidad de oficio, aun cuando el juez
de primera instancia no la encontró probada.
Dicha facultad encuentra asidero en el artículo 187 del CPACA, el cual
faculta al juez de instancia a decidir de oficio sobre las excepciones
que encuentre probadas, sin que el silencio o estudio del inferior
impida su estudio o decreto, tal como se expone a continuación:
“[…] ARTÍCULO 187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. […]
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y
sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada. El silencio
del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las
excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no
reformatio in pejus […]”.
En ese orden de ideas, para la Sala ni el análisis ni la decisión
contenida en la providencia controvertida resultan caprichosos o
arbitrarios, sino que fueron adoptados a partir del alcance dado a las
fuentes jurídicas aplicables al caso y a un análisis de las
particularidades fácticas de este.
Situación distinta es que los actores no compartan la tesis allí
dispuesta, al ser adversa a sus intereses, lo cual no significa que la
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decisión sea arbitraria, sino que de conformidad con la autonomía
judicial de la que goza el juez de conocimiento, la SECCIÓN
TERCERA decidió el asunto sometido a su consideración.
De tal suerte que lo que se advierte es la inconformidad de los
accionantes con las razones de la providencia judicial acusada, no así
la configuración de las falencias que alegan, por lo que el amparo
solicitado será denegado, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de la presente decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentadas por la Policía
Nacional y la Registraduría Nacional del Estado Civil, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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SEGUNDO: DENEGAR el amparo solicitado, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 11 de abril de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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