Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01023-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01023-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-01023-01
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
20 de junio de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01023-01
Demandante: Nuris del Carmen Ortega Gutiérrez y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01023-01
Demandante: NURIS DEL CARMEN ORTEGA GUTIÉRREZ Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN A
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de
reparación directa – caducidad. Defectos por desconocimiento
del precedente judicial y por violación directa de la
Constitución.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la
providencia de 11 de abril de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Primera, que resolvió:
«PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la
causa por pasiva presentadas por la Policía Nacional y la Registraduría Nacional del
Estado Civil, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DENEGAR el amparo solicitado, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.»
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 1 de marzo de 2024, Nuris del Carmen Ortega Gutiérrez, Karen Milena, Sandra
Margarita, Germán Enrique y Sara Esther Salcedo Ortega, mediante apoderado,
interpusieron acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y los principios de
confianza legítima y seguridad jurídica. En consecuencia, formularon las siguientes
pretensiones:
«2· Que como consecuencia de dicha protección deprecada se revoque la sentencia de
fecha (9) de agosto del año 2023, a través de la cual la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado declaro la caducidad dentro del medio de control de reparación
directa tramitado bajo el radicado 70-001- 33-31-000-2011-02281 00.
3. Que a consecuencia de dicha protección se ordene a la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado a expedir una nueva sentencia que resuelva de fondo las
apelaciones formuladas por los actores dentro del proceso de reparación directa.».
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Demandante: Nuris del Carmen Ortega Gutiérrez y otros
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
Hechos relacionados con el proceso penal
El 13 de septiembre de 2006, la señora Candelaria de Jesús Pérez Rodríguez
denunció al señor Rafael Antonio Salcedo -sin hacer mención del segundo apellido del
denunciado- por el delito de rebelión, ante la Seccional de Policía Judicial SIJIN de
Sucre. El 20 de septiembre de 2006, dicha denuncia fue remitida al director
Seccional de Fiscalías de Sucre para su asignación a un fiscal competente, el 11
de octubre de 2006, la Fiscalía Primera Especializada de Sincelejo ordenó abrir
investigación previa para esclarecer la veracidad de la denuncia y la plena
identificación e individualización del autor de los hechos denunciados, el 30 de
octubre de 2006, la señora Candelaria de Jesús Pérez Rodríguez ratificó los
hechos denunciados y describió físicamente al señor Rafael Antonio Salcedo.
El 27 de noviembre de 2006, la Fiscalía Primera Especializada de Sincelejo ordenó
la apertura de instrucción y libró orden de captura contra el señor Rafael Antonio
Salcedo, el 5 de febrero de 2009, el señor Rafael Antonio Salcedo Ramírez fue
capturado por la Policía Nacional en el municipio de Ovejas (Sucre).
El 6 de febrero de 2009, durante la diligencia de indagatoria, el fiscal dispuso la
libertad inmediata de Rafael Antonio Salcedo Ramírez y ordenó la cancelación de
la orden de captura debido a una confusión en la identidad. Sin embargo, el 13 de
julio de 2009, Rafael Antonio Salcedo Ramírez fue nuevamente capturado,
mientras viajaba en un bus intermunicipal, fue conducido a las instalaciones del
Comando de la Policía Nacional de San Juan del Cesar (La Guajira) y permaneció
detenido hasta la mañana siguiente, pues, se verificó que no tenía orden de captura
vigente.
El 21 de septiembre de 2009, la Fiscalía Décima Delegada ante los Jueces
Promiscuos del Circuito de Corozal (Sucre) precluyó la investigación adelantada
contra el señor Salcedo. No obstante, según lo narrado por el demandante, 14 de
abril de 2011, el señor Rafael Antonio Salcedo Ramírez fue capturado nuevamente
en Ovejas (Sucre) y trasladado a la Fiscalía Especializada de Sincelejo, donde
permaneció detenido por más de cinco horas antes de ser liberado nuevamente al
constatarse que no tenía antecedentes judiciales pendientes.
Hechos relacionados con el proceso de reparación directa
El 19 de diciembre de 2011, el señor Rafael Antonio Salcedo Ramírez, Nuris del
Carmen Ortega Gutiérrez, Karen Milena, Sandra Margarita, Germán Enrique y Sara
Esther Salcedo Ortega interpusieron demanda en ejercicio de la acción de
reparación directa contra la Nación – Fiscalía General de la Nación, la Rama
Judicial, el Ministerio de Defensa – Policía Nacional y la Registraduría Nacional del
Estado Civil, en la que solicitaron el reconocimiento y pago de perjuicios materiales
y morales causados por la privación injusta de la libertad a las que fue sometido el
señor Salcedo Ramírez, en varias oportunidades.
Al respecto, indicaron que el señor Rafael Antonio Salcedo Ramírez fue víctima de
varías privaciones injustas de la libertad, pues fue detenido el 5 de febrero de 2009
durante dos días, el 13 de julio de 2009 durante una noche y la mañana siguiente
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y el 14 de abril de 2011 por un día. Explicó que no se tuvo en cuenta que el
denunciado era otra persona, esto es, el señor Rafael Antonio Salcedo, investigado
por el delito de rebelión, frente al cual los denunciantes no informaron el segundo
apellido y cuyas características físicas informadas no correspondían a las del señor
Salcedo Ramírez.
El 18 de agosto de 2016, el Tribunal Administrativo de Sucre, de manera previa,
en cuanto a la caducidad de la acción, expresó que de conformidad con el artículo
136 del C.C.A. y de conformidad con las pruebas aportadas, el conteo debía
efectuarse a partir de la ejecutoria del acto que decidió la preclusión de la
investigación penal, si se tenía en cuenta que dicha decisión quedó ejecutoriada el
29 de octubre de 2009, la parte demandante tenía hasta el 30 de octubre de 2011
para interponer la demanda, término que fue suspendido con la presentación de la
solicitud de conciliación extrajudicial presentada el 25 de agosto de 2011, trámite
que finalizó con acta de 23 de noviembre de 2011. Luego, si se tenía en cuenta
que la demanda fue presentada el 10 de diciembre de 2011, se concluía que no se
configuró el fenómeno de la caducidad.
Por otra parte, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva del Ministerio de Defensa – Policía Nacional, de la Rama Judicial y de
la Registraduría Nacional del Estado Civil, por cuanto el daño alegado únicamente
estuvo determinado por actuaciones de la Fiscalía General de la Nación.
En lo demás, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda por
considerar que fue injusta la privación de la libertad del señor Rafael Antonio
Salcedo Ramírez, para lo cual, explicó que debía efectuar el análisis del caso
mediante el régimen objetivo de responsabilidad estatal, consideró que estaba
demostrada la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, únicamente,
por la privación injusta de la libertad a la que fue sometido el señor Salcedo
Ramírez, ocurrida entre el 5 y el 6 de febrero de 2009, porque, advirtió que no se
aportaron pruebas para demostrar las capturas del 13 de julio de 2009 y el 14 de
abril de 2011, por lo que negó las pretensiones reclamadas frente a estas.
En consecuencia, condenó a la Fiscalía General de la Nación al pago de 5 smlmv
a cada uno de los actores, por concepto de perjuicios morales y al pago de $
20´635,45 a la víctima directa por concepto de lucro cesante.
La Fiscalía General de la Nación y la parte demandante apelaron esa decisión. La
Fiscalía General de la Nación alegó que la responsabilidad del daño alegado no
recaía sobre esa entidad, sino que se configuró culpa exclusiva de un tercero, pues
actuó con fundamento en el testimonio de la señora Candelaria de Jesús Pérez
Rodríguez, quien provocó la investigación e identificación errónea del demandante.
La parte demandante afirmó que en el proceso se demostró que el señor Salcedo
Ramírez también fue privado de su libertad el 13 de julio de 2009, por lo que era
procedente la condena respecto a esas detenciones. De igual forma, solicitó que
se incrementara el monto de la indemnización reconocida en primera instancia por
concepto de perjuicios morales, en aplicación de la sentencia de unificación de la
Corporación proferida el 28 de agosto de 2013.
El 20 de septiembre del año 2017, falleció el señor Rafael Antonio Salcedo
Ramírez.
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El 9 de agosto de 2023, la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de
Estado modificó la sentencia de primera instancia, en el sentido de declarar la
caducidad del medio de control de reparación directa, en relación con el daño
alegado frente a las capturas que ocurrieron entre el 5 y 6 de febrero y entre el 13
y 14 de julio de 2009 y confirmó la decisión de negar las pretensiones en cuanto a
la captura del 14 de abril de 2011.
En primer lugar, destacó que la parte demandante no apeló la determinación del
tribunal en cuanto a que no se demostró una restricción de la libertad entre el 14 y
el 15 de abril de 2011, por lo que no haría pronunciamiento al respecto.
En segundo lugar, en cuanto a las capturas realizadas entre el 5 y 6 de febrero y
entre el 13 y 14 de julio de 2009, señaló que la demanda de reparación directa se
presentó fuera del plazo de dos años previsto por la ley para su ejercicio. Al
respecto, aclaró que el término de caducidad debía contarse desde las fechas en
que el demandante recuperó su libertad y no a partir de la fecha en que se profirió
la resolución que precluyó la investigación. Por ello, declaró de oficio probada la
excepción de caducidad.
3. Argumentos de la acción de tutela
La parte actora afirma que la autoridad judicial demandada incurrió en los defectos
procedimental absoluto y por desconocimiento del precedente judicial, con
fundamento en los argumentos que se pasan a resumir.
Señaló que la autoridad judicial demandada incurrió en el defecto por
desconocimiento del precedente judicial de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, que, establece que el término de caducidad 1, en casos de privación injusta
de la libertad debe contarse a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia
que precluyó la investigación o de la sentencia absolutoria, lo último que ocurra,
con fundamento en lo cual, sostuvo que, «los actores estaban habilitados para
presentar sus demandas conforme a la última actuación adoptada en la investigación (…)».
Al respecto, advirtió que no es válido que se haya contabilizado el término de
caducidad de manera independiente, porque las capturas fueron resultado de la
misma investigación penal 2.
Con similares argumentos, afirmó que, la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado incurrió en defecto procedimental absoluto al declarar de
oficio la caducidad, porque desconoció el precedente jurisprudencial de esa misma
sección.
Alegó que el Tribunal Administrativo de Sucre ya había declarado no probada la
excepción de caducidad, decisión frente a la cual no se expuso motivo de
1
Al efecto, citó: (i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del
13 de agosto de 2020 (Radicación número 76001-23-31-000-2011-01841-01), ponente: Nicolás Yepes Corrales; (ii) Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 28 de marzo de 2019
(Radicación número 44001-23-31-000-2004-00987-01), ponente: María Adriana Marín y, (iii) Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de mayo de 2017 (Radicación número 17001-
23-31-000-2011-00126-01), ponente: Guillermo Sánchez Luque.
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Lo afirmó, en los siguientes términos: «que desde ningún punto de vista constituyen argumentos válidos para declarar la
caducidad, teniendo en cuenta que, en primer lugar, las capturas tuvieron su origen dentro de una investigación penal
adelantada por la Fiscalía General contra el señor Rafael Antonio Salcedo Ramírez, es decir, no se trató de unas capturas
aisladas a una investigación penal, que diera lugar a que la caducidad fuera examinada de manera autónoma».
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inconformidad en la apelación, por lo que el juez de segunda instancia no debía
reabrir el debate sobre la caducidad.
Además, explicó que la demanda fue radicada el 19 de diciembre de 2011, esto es,
cuatro días antes de que venciera el término de caducidad.
Resaltó que la tesis expuesta en el escrito de tutela tiene fundamento en el
salvamento de voto realizado por la ponente de la decisión, Consejera María
Adriana Marín, quien indicó que la caducidad de la acción debía contabilizarse a
partir de la preclusión de la investigación penal.
4. Trámite Previo
El Consejo de Estado, Sección Primera, en auto de 5 de marzo de 2024, admitió la
acción de tutela, ordenó notificar a los magistrados que integran la Subsección A,
Sección Tercera del Consejo de Estado. Además, vinculó a la Nación – Ministerio
de Defensa Nacional – Policía Nacional, a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, a la Fiscalía General de la Nación, a la Registraduría Nacional del Estado
Civil y al Tribunal Administrativo de Sucre, en calidad de terceros interesados.
5. Oposición
El Consejero Fernando Alexei Pardo Flórez, integrante de la Sección Tercera,
Subsección A del Consejo de Estado informó que no intervino en la aprobación
de la sentencia cuestionada, pues la ponente de providencia fue la anterior titular
del despacho. Por ello, indicó que acataría lo resuelto en el amparo constitucional
de la referencia.
6. Intervención de los terceros con interés
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela por no cumplir los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencia judicial, máxime, si se tenía en cuenta que
el actor pretende convertir el amparo en una tercera instancia para reabrir debates
jurídicos ya decididos. Por otro lado, sostuvo que la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial no es responsable de las decisiones judiciales cuestionadas
y, por lo tanto, no puede ser demandada o accionada, motivo por el cual señaló que
debe declararse la falta de legitimación en la causa por pasiva.
La Policía Nacional y la Registraduría Nacional del Estado Civil pidieron que se
declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, porque las pretensiones de
los accionantes no corresponden a las atribuciones y competencias inherentes a
esas entidades.
7. Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Primera, en sentencia de 11 de abril de 2024,
concluyó que no se configuró el desconocimiento del precedente judicial, pues la
decisión cuestionada se fundamentó en una interpretación válida de las normas
aplicables y de la jurisprudencia existente. Al respecto anotó que, si bien, existen
diferentes interpretaciones sobre el cómputo del término de caducidad, la tesis
aplicada en el presente caso por la Subsección A de la Sección Tercera también
ha sido acogida en otras oportunidades por esa misma Sección.
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Por ello, afirmó que no se puede afirmar que la autoridad judicial demandada actuó
con desconocimiento de un precedente judicial, pues, la jurisprudencia invocada
por los accionantes no ha sido unificada de manera vinculante por la Sala Plena del
Consejo de Estado o por la Sala Plena de la Sección Tercera de la Corporación.
En cuanto al defecto procedimental absoluto manifestó que la decisión de
declarar de oficio la excepción de caducidad se basa en el artículo 187 del CPACA,
que permite al juez de instancia decidir de oficio sobre las excepciones que
encuentre probadas, sin que el silencio o la decisión del juez de primer a instancia
lo impidan.
8. Impugnación
La parte actora impugnó la decisión de primera instancia con base en los mismos
argumentos expuestos en el escrito de tutela, esto es:
Que, se configuró el defecto por desconocimiento del precedente judicial
porque, el Consejo de Estado ha reiterado «en abundante jurisprudencia» que el
término de caducidad en casos de privación injusta de la libertad debe contarse
desde el día siguiente a la ejecutoria de la resolución que precluyó la investigación,
la sentencia absolutoria o desde el momento en que el procesado recobra la
libertad, lo último que ocurra, puesto que, a partir de ese momento se hace evidente
el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad.
Agregó como nuevo argumento que de conformidad con las providencias «i) auto
del 17 de septiembre de 2013; ii) sentencia del 7 de septiembre de 2015; iii) auto del 11 de
abril de 2016; iv) sentencia del 5 de septiembre de 2016;29 y v) sentencia del31 de julio de
2019, en las que, en aplicación al control de convencionalidad, la Sección Tercera del
Consejo de Estado no tomó en cuenta la caducidad», las acciones de reparación directa
con pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de crímenes de lesa
humanidad, genocidios y otras violaciones graves de los derechos humanos, son
imprescriptibles, criterio que debía aplicarse al presente asunto.
Además, afirmó que, si existió un cambio jurisprudencial en la Sección Tercera del
Consejo de Estado, este no puede ser retroactivo porque afectaría las garantías
procesales de las partes. De modo que, sostuvo que, no era aplicable al presente
asunto la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, proferida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado.
Por otro lado, insistió en que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto
procedimental porque, si bien el artículo 187 del CPACA faculta al juez de
instancia a decidir de oficio sobre las excepciones que encuentre probadas, esto
sucede en evento que no hayan sido decididas por el juez de primera instancia. No
obstante, en este caso, la excepción de caducidad fue resuelta por el Tribunal
Administrativo de Sucre en sentencia de 18 de agosto de 2016, de modo que no
era posible un nuevo estudio sobre la excepción de caducidad.
Aunado a lo anterior, reiteró que las privaciones de la libertad del señor Rafael
Antonio Salcedo Ramírez se derivaron de una única investigación penal adelantada
por la Fiscalía General de la Nación, en otras palabras, que no se trató de hechos
individualizados que requirieran ser examinados por separado.
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Además, reiteró que la consejera María Adriana Marín, en su salvamento de voto,
precisó que las privaciones de la libertad sufridas por el señor Salcedo Ramírez se
referían a la misma investigación penal y que el término de caducidad debía
contarse desde la preclusión de dicha investigación, que ocurrió el 4 de noviembre
de 2009.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela
3
contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para
lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el
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amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales y específicas de
procedencia de la acción de tutela.
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La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del
pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa
oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
4
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i)
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci ón
de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de
una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
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La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno
de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido;
(vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho
fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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Problema jurídico
Previo a pronunciarse sobre el fondo del asunto, la Sala analizará sí la presente
solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de procedencia de tutela
contra providencia judicial.
En caso de ser afirmativa la respuesta, se estudiará si el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A vulneró los derechos fundamentales invocados por
la parte actora por incurrir en los defectos por desconocimiento del precedente
judicial y por defecto procedimental.
Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela en el presente caso
(i) Requisito general de relevancia constitucional
La Sala anota que la acción de tutela cumple con el referido requisito general
porque la parte actora invoca la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y los principios de
confianza legítima y seguridad jurídica, se sustentan con suficiencia las razones por
las que la decisión afecta dichos derechos, no se trata de un asunto de mera
legalidad o económico, los cuestionamientos tienen que ver con la ratio decidendi,
la sentencia de primera instancia accedió parcialmente a las pretensiones, mientras
que, fue en el trámite de segunda instancia que se declaró la caducidad del medio
de control, que, es justamente el asunto que se cuestiona como vulnerador de
derechos fundamentales.
Además, en caso de que se configure desconocimiento del precedente judicial o
defecto procedimental se estaría afectando el derecho al debido proceso de la parte
actora, en la medida en que la decisión cuestionada conllevaría a una falta de
pronunciamiento sobre la eventual responsabilidad del Estado, pues en la sentencia
controvertida se declaró probada de oficio la caducidad de la acción de reparación
directa.
Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad, porque los argumentos
invocados no se enmarcan en las causales del recurso extraordinario de revisión o
de algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos que invoca
vulnerados. En igual sentido, el (iii) Requisito general de inmediatez se satisface,
pues, el ejercicio de la presente acción de tutela resulta oportuno toda vez que la
sentencia de segunda instancia que se cuestiona por esta vía fue proferida el 9 de
agosto de 2023, notificada el 5 de septiembre de 2023 y el ejercicio de acción de
tutela tuvo lugar el 1 de marzo de 2024.
En lo demás, la Sala encuentra que se encuentran satisfechos los demás requisitos
generales de procedencia, si se tiene en cuenta que los accionantes alegan una
(iv) irregularidad procesal que genera un efecto determinante y afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) la parte actora identificó de manera razonable
los hechos que generaron la vulneración y, (vi) no se está cuestionando sentencias
de tutela.
Por lo que, la Sala pasa a analizar si se configuran los defectos por
desconocimiento del precedente judicial y procedimental.
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Del desconocimiento del precedente judicial 6 en el caso concreto
De entrada, se anota que, la autoridad judicial demandada fundamentó la
providencia controvertida, así:
«En este caso, la Sala advierte que las pretensiones de la demanda estuvieron
orientadas a obtener la reparación directa por las supuestas “privaciones injustas
de la libertad” que sufrió el señor Rafael Antonio Salcedo Ramírez, en un proceso
penal que se adelantó por el delito de rebelión, las cuales, según el escrito inicial,
se concretaron con capturas ilegales impuestas por la Fiscalía.
Lo que se alega, entonces, es que con ocasión de unas capturas ilegales se le
restringió la libertad al aquí demandante. De este modo, y para efectos del análisis de
caducidad en este caso particular, la Sala anticipa -desde ya- que el punto de partida para
el respectivo conteo no puede ser la ejecutoria de la resolución que precluyó la
investigación en favor de Rafael Antonio Salcedo Ramírez -21 de septiembre de 2009-,
porque los reproches y los reclamos de la demanda se fundaron, exclusivamente, en las
capturas padecidas por dicho señor (i) entre el 5 y el 6 de febrero de 2009 y (ii) entre el 13
y 14 de julio de 2009, cuya supuesta ilegalidad fue conocida por el demandante en ese
mismo instante, con anterioridad a la decisión de preclusión, que fue proferida el 21 de
septiembre de 2009.
De manera reciente, esta Subsección consideró:
“Es menester reiterar que las imputaciones de la demanda no podrán pender del momento en
que cobró ejecutoria la sentencia absolutoria proferida en audiencia de lectura de fallo del 15
de diciembre de 2010, pues los reproches que puntualmente se hacen en la demanda no
tuvieron por causa esta decisión, sino que tuvieron origen en actuaciones que se surtieron con
anterioridad a la definición de la sentencia.”
Por lo expuesto, para la contabilización de la caducidad la Sala tendrá en cuenta como
referente inicial las fechas en que el aquí actor recuperó su libertad luego de cada supuesta
captura ilegal que soportó.
En efecto, la restricción de la libertad que padeció Salcedo Ramírez, con ocasión de las
referidas capturas y respecto de las cuales reclama perjuicios en la demanda, se extendió
en los siguientes períodos: (i) el 5 y el 6 de febrero de 2009 y (ii) el 13 y 14 de julio de
2009. En la medida en que, según la demanda, el aquí actor vio afectado su derecho a la
libertad en distintas oportunidades por cada supuesta captura ilegal, la caducidad se
contará de manera separada por cada período referido, como se verá en seguida.
1.1. La restricción de la libertad padecida entre el 5 y el 6 de febrero de 2009 (único
período que tuvo en cuenta el a quo para liquidar perjuicios)
(…) mediante oficio del 6 de febrero de 2009, la Policía Nacional dejó a disposición de la
Fiscalía Primera Especializada de Sincelejo al señor Rafael Antonio Salcedo Ramírez, a
quien había capturado el día anterior con el fin de escucharlo en indagatoria, diligencia en
la cual se dispuso la libertad inmediata y ordenó la cancelación de la orden de captura
librada en su contra, decisión que fue comunicada al comandante de la estación de policía
6 Cuando se hace referencia al precedente judicial se alude a la forma en que un caso similar ya ha sido resuelto en el
pasado y que sirve como referente para que se decidan otros conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia,
debe ser considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso. El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal,
que incluye las decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está conformado por las
decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
Dicho de otro modo: las situaciones fácticas iguales deben decidirse conforme con la misma solución jurídica que ha previsto
el órgano de cierre de cada jurisdicción, a menos que el juez competente exprese razones serias y suficientes para apartarse
del precedente. Cuando un juez no aplica la misma razón de derecho ni llega a la misma conclusión jurídica al analizar los
mismos supuestos de hecho, incurre en la violación al derecho a la igualdad. No obstante, la importancia de la regla de
vinculación del precedente judicial, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que esa sujeción no es absoluta,
pues no se puede desconocer la libertad de interpretación que rige la actividad judicial. Sim plemente se busca armonizar y
salvaguardar los principios de igualdad y seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la misma forma y, por
esa razón, se ha advertido que el funcionario judicial puede apartarse de su propio precedente o del p recedente fijado por el
superior jerárquico, siempre que explique de manera expresa, amplia y suficiente las razones por las que modifica su
posición, de ahí que al juez corresponde la carga argumentativa de la separación del caso resuelto con anterioridad.
9
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de Ovejas.
(…)
En ese orden de ideas, como el 6 de febrero de 2009 el aquí actor recuperó su libertad y
a partir de ahí tuvo conocimiento de que su captura fue ilegal, con ocasión de la decisión
antes referida, el plazo para interponer la demanda de reparación directa, en lo que a este
punto se refiere, vencía el 7 de febrero de 2011 y como la solicitud de conciliación
extrajudicial -25 de agosto de 2011- y el escrito inicial -19 de diciembre de 2011- se
presentaron con posterioridad al 7 de febrero de 2011, en el presente caso operó la
caducidad de la acción.
1.2. La restricción de la libertad sufrida entre el 13 y el 14 de julio de 2009
(…) a folio 140 del cuaderno de primera instancia obra el oficio referido por la parte actora
en su apelación, en el cual el fiscal coordinador de la Unidad Especializada de Sincelejo,
el 13 de julio de 2009, le ordenó al comandante de la patrulla en turno de San Juan del
Cesar que dejara en “LIBERTAD INMEDIATA” al aquí actor, la Sala precisa que, frente a
los perjuicios reclamados por ese período de restricción de la libertad, también operó la
caducidad de la acción.
Lo anterior, por cuanto la solicitud de conciliación extrajudicial -25 de agosto de 2011- y el
escrito inicial -19 de diciembre de 2011- se presentaron con posterioridad a los dos años
en que vencía el plazo para demanda, que en este preciso evento fenecía el 14 de julio de
2011».
De lo transcrito se concluye que, la autoridad judicial demandada decidió tomar
como referente para contar la caducidad las fechas en que el señor Salcedo
Ramírez recuperó la libertad, debido a que, el conocimiento de la ilegalidad de
su detención fue inmediato, esto es, en el momento de la liberación y, no en
la fecha de la preclusión de la investigación.
Sobre el particular, la autoridad judicial demandada advirtió que, la Fiscalía Primera
Especializada de Sincelejo, el 6 de febrero de 2009, ordenó la libertad inmediata
del señor Salcedo Ramírez y ordenó la cancelación de la orden de captura librada
en su contra, pues se había presentado confusión en relación con el nombre del
denunciado.
En el mismo sentido, se pronunció con respecto a la captura ocurrida entre el 13 y
14 de julio de 2009, pues, desde el 14 de julio, cuando el fiscal coordinador ordenó
la libertad inmediata, el señor Salcedo Ramírez quedó libre empezó a correr el
término de caducidad.
Por ello, afirmó que el plazo para interponer la demanda de reparación directa
finalizaba el 7 de febrero de 2011 y el 15 de julio de ese mismo año. Sin embargo,
advirtió que la solicitud de conciliación se presentó el 25 de agosto de 2011 y la
demanda el 19 de diciembre de 2011, esto es, por fuera del término legal, por lo
que operó la caducidad del medio de control.
Aunado a lo anterior, consta que el fallo objeto de estudio se sustentó en las
providencias de 6 de noviembre de 2020 7 y 20 de junio de 2023 8, en las que se
mencionó que se tendría en cuenta que los reproches de la demanda no tuvieron
origen en una sentencia absolutoria, sino que se ocasionaron con actuaciones
7
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 20 de junio de 2023, C.P. José Roberto Sáchica Méndez,
exp. 65.926.
8
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 6 de noviembre de 2020, C.P. María Adriana Marín, exp.
61.368.
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anteriores a esta, así:
«64. Es menester reiterar que las imputaciones de la demanda no podrán pender del
momento en que cobró ejecutoria la sentencia absolutoria proferida en audiencia de
lectura de fallo del 15 de diciembre de 2010, pues los reproches que puntualmente se
hacen en la demanda, no tuvieron por causa esta decisión, sino que tuvieron origen en
actuaciones que se surtieron con anterioridad a la definición de la sentencia.
65. Menos aún podría indicarse que la responsabilidad de quien denunció y se hizo parte
como víctima en el proceso penal, o la del Estado por un presunto error judicial en variadas
decisiones, pendía de la sentencia, pues aceptar esa circunstancia es desconocer que la
responsabilidad por error judicial nace con la comprobación del mismo en una providencia
judicial que se proyecta como afrenta al derecho de acceso a la administración de justicia,
aspecto que no se revela porque el juez al dictar sentencia evalúe el cúmulo de
actuaciones judiciales, pues en tal momento se trata de definir la responsabilidad del
encartado a la luz de las exigencias probatorias que se requieren para dicho efecto.
Aceptar lo contrario, sería como indicar por vía general que cada proceso que culmina con
una sentencia absolutoria acredita un errado obrar del aparato jurisdiccional del Estado,
asunto que deslegitima sin bases constitucionales y convencionales su actuar en procura
de la protección de los bienes superiores que se tutelan a través de la legislación penal.
66. La Sala reitera que, bajo la demanda, los reclamos del actor están dirigidos a
cuestionar lo justo o injusto de unas actuaciones que se adelantaron durante la
investigación penal, justificado en que no fue declarado como responsable, lo que resulta
desacertado con miras a estructurar a partir de ello un daño antijurídico con causa en una
aparente falla de la administración de justicia, pues debe considerarse que cada decisión
en el curso de una investigación tiene una secuencia lógica cuyo objeto y fin está
encaminado a la búsqueda de la verdad en procura de la realización de la justicia material,
de allí que atacar cada actuación, como se ha hecho en este caso, conduciría a entorpecer
esa búsqueda y descartaría una de las bases nucleares de un Estado Social de Derecho,
como es la sujeción a la ley y, con ésta, a las autoridades estatuidas para la garantía de
un orden justo y convivencia pacífica (…)»
Ahora bien, se tiene que la parte actora citó como desconocidas las siguientes
decisiones: (i) sentencia del 13 de agosto de 2020, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, exp. 2011-01841-01, C.P. Nicolás Yepes
Corrales; (ii) sentencia del 28 de marzo de 2019, Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, exp 2004-00987-01, C.P. María Adriana Marín; sentencia
del 24 de mayo de 2017, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, exp.
2011-00126-01, C.P. Guillermo Sánchez Luque.
Frente a estos fallos, la Sala encuentra lo siguiente:
• La sentencia de 13 de agosto de 2020, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, exp. 2011-01841-01, C.P. Nicolás Yepes
Corrales, trató sobre un asunto de privación injusta de la libertad en la que la
víctima fue capturada el 14 de agosto de 2009 y recluido en prisión hasta el 3 de
diciembre de ese mismo año, fecha en la que un fallo de tutela proferido por el
Tribunal Superior de Cali amparó sus derechos fundamentales y declaró la
nulidad del proceso penal. Respecto al término de caducidad de la acción, contó
el plazo desde la ejecutoria de la providencia que ordenó la preclusión de la
acción penal, esto es, desde el 22 de diciembre de 2009.
• En la sentencia de 28 de marzo de 2019, Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, exp 2004-00987-01, C.P. María Adriana Marín, analizó un caso
en el cual la víctima fue privada injustamente de su libertad el 8 de enero de 2004
y fue liberado el 13 de febrero de 2014, en razón a que a la Fiscalía Delegada
ante el Tribunal Superior de la Guajira precluyó la investigación penal en
aplicación del principio in dubio pro reo. En cuanto a la caducidad de la acción,
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expresó que el término debía contabilizarse a partir de la ejecutoria de la
preclusión de la investigación penal.
• La sentencia del 24 de mayo de 2017, Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, exp. 2011-00126-01, C.P. Guillermo Sánchez Luque, estudió un
asunto en el que la víctima fue detenido del 15 al 28 de enero de 2009, fecha en
la que el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Judicial de Manizales precluyó la
investigación, aplicando el principio de in dubio pro reo. En cuanto a la caducidad
de la acción, indicó que el cómputo de la caducidad inicia a partir del día siguiente
a la ejecutoria de la providencia absolutoria, porque es en ese momento cuando
la víctima tiene conocimiento de la antijuricidad del daño.
Sobre ese punto, se observa que, en los casos citados por la parte actora para
fundamentar el desconocimiento del precedente judicial, las diferentes
Subsecciones del Consejo de Estado señalaron que la acción de reparación directa
debía instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente a la
ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia
absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último
que ocurra. En dichos casos y, de conformidad con las particularidades de cada
uno de ellos, se concluyó que la caducidad debía contabilizarse a partir de la
ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación penal o de la sentencia
absolutoria, pues en ellos se alegó que solamente desde ese momento se conoció
que la medida de privación de la libertad fue injusta.
Es necesario advertir que, en los casos citados como desconocimiento del
precedente, se alegó que solamente desde la providencia de preclusión o la
sentencia absolutoria se conoció la injusticia de la medida de privación de la
libertad, mientras que, en el caso bajo análisis, el hecho dañoso se ocasionó
directamente con la privación de la libertad y esta ilegalidad fue evidente desde el
instante de su liberación, circunstancia sobre la cual la autoridad judicial
demandada hizo especial énfasis.
Sobre el particular, es importante resaltar que, está demostrado que el señor
Salcedo Ramírez tuvo conocimiento de lo injusto de su privación de la libertad en
cada oportunidad que fue liberado. Al respecto, la autoridad judicial demandada
encontró probado que el 6 de febrero 2009, el fiscal que conoció del caso ordenó
la libertad inmediata y canceló la orden de captura al comprobar que no era la
persona investigada, y que el 13 de julio de 2009, fue liberado después de que se
comprobara que no tenía orden de captura o antecedentes penales.
Por tanto, la Sala resalta que la autoridad judicial demandada resaltó los supuestos
fácticos del caso bajo análisis para justificar un tratamiento específico con respecto
al cómputo de la caducidad, decisión que se advierte razonable y ajustada a
derecho, pues, se insiste, la decisión obedeció a las especiales circunstancias del
caso y, en particular, al criterio del conocimiento cierto del daño, que es el que ha
atendido de manera reiterada la jurisprudencia de la Corporación.
En suma, en el presente caso, no se encontró acreditado el defecto por
desconocimiento del precedente judicial y, por lo tanto, no se advierte que la
autoridad judicial demandada haya adoptado una decisión arbitraria, ni trasgresora
de los derechos fundamentales cuyo amparo aquí se reclama.
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Finalmente, se advierte que, como lo ha expuesto esta Sección, la impugnación no
es el escenario para agregar argumentos nuevos, que pudieron ser alegados desde
el inicio del trámite constitucional.
Por ello, la Sala no se pronunciará respecto de los siguientes argumentos: (i) la
imposibilidad de aplicación de la sentencia de unificación de 20 de enero de 2020,
proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado; (ii) el desconocimiento de
las providencias de 17 de septiembre de 2013, sentencia de 7 de septiembre de
2015, auto del 11 de abril de 2016, sentencia del 5 de septiembre de 2016 y
sentencia de julio de 2019, toda vez que estos puntos no fueron expuestos en el
escrito inicial y solamente fueron alegados en la impugnación.
Del defecto procedimental 9 en el caso concreto
La parte actora alega que se configuró defecto procedimental porque la autoridad
judicial demandada no tenía competencia para pronunciarse respecto a la
caducidad de la acción, pues dicho punto no fue objeto de debate en las
apelaciones presentadas por las partes.
Sobre el particular, es necesario citar lo previsto en el inciso 2 del artículo 164 del
C.C.A., reiterado en el artículo 187 del CPACA, el cual señala que «en la sentencia se
decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquier otra que el fallador encuentre probada.
(…)».
De modo que, contrario por lo alegado por la parte actora, el juez de segunda
instancia si se encontraba facultado para estudiar de oficio las excepciones que
encontrara probadas, entre ellas, la de caducidad.
En vista de lo anterior, se concluye que no se demostró la configuración de defecto
procedimental.
Por último, se precisa que, el salvamento de voto con que contó la decisión
cuestionada, se trata, precisamente, de la posición disidente al interior de la Sala
mayoritaria que profirió la decisión, sin que pueda ser empleado como un
argumento de inconformidad para sustentar los defectos aquí invocados.
Lo anterior es suficiente para que la Sala confirme la decisión de primera instancia,
que, negó las pretensiones de la acción de tutela, objeto de impugnación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
9
Se precisa que, ocurre el defecto procedimental cuando el juez actúa completamente al margen del procedimiento
establecido. La jurisprudencia constitucional, ha reconocido dos modalidades de defecto procedimental, uno absoluto, que
se produce cuando el funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecidos para el trámite
de un asunto concreto, bien sea porque: i) sigue un trámite totalmente ajeno al pertinente y en esa medida equivoca la
orientación del asunto, u ii) omite etapas sustanciales del procedimiento establecido, afectando el derecho de defensa y
contradicción de una de las partes del proceso. Y un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, que tiene lugar
cuando el funcionario arguye razones formales a manera de un impedimento, que sobrevienen en una denegación de justicia.
No obstante, en definitiva, el desconocimiento del procedimiento debe tener unos rasgos adicionales para configurar el
defecto bajo estudio: a) debe ser un error trascendente que afecte de manera grave el derecho al debido proceso y que tenga
una influencia directa en la decisión de fondo adoptada y, b) debe ser una deficiencia no atribuible al afectado.
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FALLA
1. Confirmar la decisión de primera instancia de 11 de abril de 2024, proferida por
el Consejo de Estado, Sección Primera, objeto de impugnación.
2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Salvo voto
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
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