RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-01024-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01024-00

Fecha
11 de abril de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01024-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por la Consejera de Estado doctora Nubia Margoth Peña Garzón, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-01024-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

11 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01024-00
Accionante: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “C”
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se declara
improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con los requisitos
generales de procedencia de inmediatez y relevancia constitucional

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Marco Antonio Velilla
Moreno contra el Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección “C”.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor Marco Antonio Velilla Moreno solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
igualdad en conexidad con los principios de supremacía constitucional, seguridad
jurídica y confianza legítima, cuya vulneración le atribuyó a las providencias de 28 de
junio de 2023 y 1.° de febrero de 2024, proferidas por el Consejo de Estado - Sección
Tercera - Subsección “C”, dentro del medio de control de reparación directa con el
número único de radicación 25000-23-36-000-2012-00740-00/01/02/03/04.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1 Relató que el 26 de octubre de 2009 fue incluido en la terna para el cargo de
Fiscal General de la Nación.

2.2 Explicó que el 7 de agosto de 2010 inició el periodo de gobierno del expresidente
Juan Manuel Santos Calderón y que la Corte Suprema de Justicia no había
escogido al Fiscal General de la Nación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01024-00
Accionante: Marco Antonio Velilla Moreno

2.3 Indicó que, previo concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo
de Estado, el expresidente Juan Manuel Santos Calderón remitió una nueva terna
a la Corte Suprema de Justicia.

2.4 Señaló que, con base en lo ocurrido, promovió la demanda de reparación directa
con radicado núm. 25000-23-36-000-2012-00740-00/01/02/03/04 contra la Nación
– Presidencia de la República y Rama Judicial, con el fin que se le repararan los
daños padecidos con ocasión del cambio de la terna para elegir Fiscal General de
la Nación.

2.5 Precisó que el proceso referido fue tramitado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección “A”, autoridad judicial que mediante
sentencia de 11 de agosto de 2016 negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que no se acreditó el daño antijurídico alegado.

2.6 Refirió
que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y que,
mediante sentencia de 28 de junio de 2023, el Consejo de Estado - Sección Tercera
• Subsección “C” confirmó el fallo de primera instancia y ordenó condenar en costas
a la parte demandante, “[…] por concepto de agencias en derecho, fijadas en la
suma de 0.01% de las pretensiones invocadas […]”.

2.7 Informó que, mediante auto de 3 de octubre de 2023, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca aprobó la liquidación de las costas procesales, bajo el entendido
que “[…] el pago de la condena corresponde a favor de la parte demandada in
integro […]”.

2.8 Señaló que contra esa decisión presentó recurso de apelación y que, a través de
auto de 1.º de febrero de 2024, el Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección
“C” confirmó la condena en costas.

2.9 Puntualizó que las anteriores decisiones vulneraron sus derechos fundamentales
al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad en
conexidad con los principios de supremacía constitucional, seguridad jurídica y
confianza legítima, toda vez que incurrieron en defecto sustantivo, en
desconocimiento del precedente, en defecto procedimental absoluto, en defecto
fáctico y en violación directa de la Constitución.

2.10 Frente al defecto sustantivo sostuvo que la sentencia de 28 de junio de 2023 iba
en contravía del concepto emitido por el Ministerio Público, dentro del medio de
control de reparación directa con el número único de radicación 25000-23-36-000-
2012-00740-00/01/02/03/04. Indicó que en el citado concepto se señaló que en el
proceso de elección se vulneró el procedimiento consagrado en el artículo 2491 de la

1
“ARTICULO 249. La Fiscalía General de la Nación estará integrada por el Fiscal General, los fiscales delegados y los demás
funcionarios que determine la ley.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01024-00
Accionante: Marco Antonio Velilla Moreno

Constitución Política, y que como consecuencia de ello la Corte Suprema de Justicia
le dio un trato discriminatorio.

2.11 Explicó que los “[…] los tres conceptos del Ministerio Publico coinciden en que
si un integrante de la terna original que es elegible resulta ignorado, en virtud del
envío de una nueva terna por parte del Presidente de la República, el afectado podrá
reclamar un daño antijurídico, consecuencia en este caso, de un error protuberante
cometido por la propia Corte Suprema de Justicia en el proceso de elección […]”.

2.12 Manifestó que se desconoció el precedente de la sentencia de 6 de marzo de
20122 del Consejo de Estado, a través de la cual se declaró la nulidad de la elección
de la señora Viviane Aleyda Morales Hoyos como Fiscal General de la Nación, al
desconocer la intangibilidad del reglamento y los principios de seguridad jurídica,
confianza legítima e igualdad.

2.13 Advirtió que hubo un defecto procedimental absoluto porque la sentencia de 28
de junio de 2023 desconoció el procedimiento que consagra el artículo 249 -inciso
2- de la Constitución Política para la elección del Fiscal General de la Nación, y
frente a lo cual agregó que “[…] el procedimiento que adelanto [sic] la Corte
Suprema de Justicia en el caso donde Marco Antonio Velilla integrante de una terna
original enviada por el Ex Presidente Álvaro Uribe Vélez, hoy no tendría cabida a la
luz de la interpretación constitucional de la misma disposición, que efectúa la Corte
Suprema de Justicia a través de los actuales dignatarios, lo que configura el defecto
procedimental absoluto en que incurre la sentencia del 28 de junio de 2023, pues
simplemente basta, con efectuar una simple comparación entre el Acuerdo Nro.
2114 del 31 de octubre de 2023 expedido por el anterior presidente de la Corte
Suprema de Justicia, Fernando Castillo Cadena, para el remplazo del Ex Fiscal
Francisco Barbosa […]”.

2.14 Aseveró que la providencia de 28 de junio de 2023 incurrió en defecto fáctico
porque no tuvo en cuenta las actas levantadas en las sesiones llevadas a cabo por
la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para elegir al Fiscal General de la
Nación, entre las que mencionó:

“[…] (a) Pruebas de la infracción al derecho sustancial en general

Acta No 42 del 22 de septiembre de 2009 sobre condiciones de elegibilidad

Acta No 47 del 29 de octubre de 2009, sobre viabilidad de la terna de Marco
Antonio Velilla Moreno

El Fiscal General de la Nación será elegido para un período de cuatro años por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada
por el Presidente de la República y no podrá ser reelegido. Debe reunir las mismas calidades exigidas para ser Magistrado
de la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía General de la Nación forma parte de la rama judicial y tendrá autonomía
administrativa y presupuestal.”
2
Consejo de Estado. Sala Plena. Rad. 11001-03-28-000-2011-0003-00, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; 6 de marzo
de 2012.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01024-00
Accionante: Marco Antonio Velilla Moreno

Acta No 1 del 20 de enero de 2010, incorporación de dos nuevos integrantes de
la terna: Margarita Cabello y Marco Velilla

Acta No 23 del 17 de junio de 2010, sobre los verdaderos motivos de no elección
del Fiscal General de la Nación por razón de diferencias políticas con el
Presidente Álvaro Uribe Vélez, que se han extendido a la parálisis en elecciones
de Tribunales Superiores, y en las respectivas vacantes de la propia Corte
Suprema de Justicia, como es el caso de la sala de casación laboral, remplazo
de la Magistrada Isaura Vargas. Se resalta la necesidad de sobreponer los
intereses generales, a los intereses particulares de algunos magistrados.

Acta No 23 del 17 de junio de 2010, donde el Presidente Encargado, comienza
a dar señales de pretender cambiar la terna

Acta No 24 del 24 de junio de 2010, donde se denuncia por parte de Francisco
Ricaurte el que la prensa nacional registra conversaciones del Presidente del
Consejo de Estado con el Presidente Electo Juan Manuel Santos. Reclamo en
particular del Ex Presidente Javier Zapata. Reclamo de Pedro Munar Cadena
sobre la voluntad del Presidente encargado de cambiar la terna

Acta No 24 del 24 de junio de 2010, donde Sigifredo Espinosa Propone una
reforma al reglamento general de la corporación. Comentarios de los
Magistrados Ruth Marina Diaz y Julio Enrique Socha

Acta No 29 del 29 de julio de 2010, sobre las dificultades para elegir magistrados
del tribunal, provisionalidades según William Namen. Francisco Ricaurte insiste
en la existencia de un pacto de 9 magistrados para no elegir de la terna al nuevo
Fiscal General de la Nación. Resalta que hay un interés político que impide la
elección

Acta No 30 del 3 de agosto de 2010, Dr. Elsy del Pilar Cuello Calderón, solicita
aclaración al Presidente encargado para manifestar que es sobre la primera
terna que se está votando. En igual sentido, los doctores William Namen y
Francisco Ricaurte Camilo Humberto Tarquino, Luis Javier Osorio, Pedro
Octavio Munar.

Acta No 31 del 12 de agosto de 2010, sobre filtraciones a la prensa del proceso
que adelanta la sala plena para la elección de Fiscal General
[…]

(b) Pruebas de la indebida intromisión en el procedimiento establecido por
el artículo 249 de la Carta Política por parte del Presidente de la Republica

Acta No 32 del 25 de agosto de 2010 en la cual consta que se recibe visita del
Presidente de la Republica Juan Manuel Santos, y se resaltan las
manifestaciones del Dr. Eduardo Villamil Portilla y de la Dra. María del Rosario
González sobre la necesidad de denunciar algunos hechos ante Fiscalía
General de la Nación

Acta No 34 del 16 de septiembre de 2010, el presidente encargado Dr. Jaime
Arrubla informo que el Presidente de la Republica Juan Manuel Santos reitero
que la Corte Suprema de Justicia debía elegir Fiscal General de la Nación según
manifestó en la mesa de justicia, y que los medio [sic] de comunicación están
reaccionando contra la Corte

5

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01024-00
Accionante: Marco Antonio Velilla Moreno

(c) Pruebas de la infracción al derecho fundamental al debido proceso y
acceso a la administración de justicia

-Acta No 36 del 27 de septiembre de 2010, manifiesta el Presidente ( E) que el
propósito de la reunión era reflexionar sobre el problema electoral, y de acuerdo
con su propuesta de dividir la Sala en grupos, cada grupo deja su constancia
sobre las razones reales de la no elección de Fiscal General. Nueva propuesta
del Presidente encargado para que el nuevo Presidente de la Republica pueda
proponer otra terna

-Acta No 39 del 4 de noviembre de 2010, en la cual el Presidente ( E) manifiesta
que recibió una comunicación del Presidente de la República Juan Manuel
Santos cambiando la terna

-Acta No 40 del 23 de noviembre de 2010, debate en Sala la propuesta del
Presidente encargado sobre en votar en bloque todas las elecciones
pendientes, se resaltan comentarios de varios magistrados y su constancia al
respecto. […]
[…]

-Acta No 40 del 23 de noviembre de 2010, votación positiva de la propuesta del
Presidente (E ) de adoptar por única vez el criterio de las dos terceras partes
sobre los 18 magistrados que en ese momento integraban la Sala. PRUEBA
REINA DE LA INFRACCION DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO
PROCESO Y ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA QUE NO
OBSERVO LA SENTENCIA DEL 28 DE JUNIO DE 2023. Votos por la violación
del reglamento, incluyendo varios integrantes del denominado cartel de la toga.

-Acta No 40 del 23 de noviembre de 2010, en la cual finalmente, se realiza la
elección como nueva Fiscal General de la Nación a la Dra. Viviane Morales

-Acuerdo 2114 del 31 de octubre de 2023 suscrito por el Presidente de la Corte
Suprema de Justicia Dr. Fernando Castillo, cuyos términos difieren
ostensiblemente de los criterios que se adoptan en la sentencia del 28 de junio
de 2023.

(d) Pruebas de la infracción al derecho fundamental de la igualdad

-Acta No 35 del 23 de septiembre de 2010, como orden del día se establece
que la Corporación debe elegir al Fiscal General de la Nación, pasadas varias
rondas de votación el Dr. Arturo Solarte propuso que se votara uno por uno,
como resultado el Dr. Marco Antonio Velilla obtuvo 14 votos

-Acta No 40 del 23 de noviembre de 2010, en la cual finalmente, se realiza la
elección como nueva Fiscal General de la Nación a la Dra. Viviane Morales con
14 votos […]”. [Negrilla original del texto]

2.15 Finalmente,alegó que hubo una violación directa de la Constitución al
desconocer sus derechos fundamentales por haber sido integrante de la terna para
Fiscal General de la Nación.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

6

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01024-00
Accionante: Marco Antonio Velilla Moreno

“[…] 7.1 Tutelar los derechos fundamentales de debido proceso, acceso a la
administración de justicia, igualdad, seguridad jurídica, los cuales se encuentran
consagrados en la Constitución Política, y que fueron vulnerados por parte de
la Sección Tercera, Subsección C de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado como consecuencia de la Sentencia del 28 de junio de
dos mil veintitrés (2023), en la que actuó como Magistrado Ponente, Jaime
Enrique Rodríguez Navas, dentro del proceso 25000-23-36-000-2012-00740-03
(58022), que confirmó la Sentencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, el 11 de agosto de 2016.

7.2 Con base en lo expuesto, se ordene a la Sección Tercera, Subsección C de
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que en el
término de cuarenta y ocho (48) horas, siguientes a la notificación del fallo de
tutela, deje sin efecto la Sentencia de fecha 28 de junio de dos mil veintitrés
(2023), que confirmó la Sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
el 11 de agosto de 2016.

Como único demandante de la terna que fue sustituida arbitrariamente con falsa
motivación, se me restablezca la calidad de elegible, con todas las
consecuencias jurídicas que de lo anterior se derivan

En el evento que por las circunstancias coyunturales y no sustanciales no sea
posible restablecer mi situación al estado anterior, con la revocatoria de la
sentencia se profiera condena por el daño infringido, y en consecuencia por los
perjuicios ocasionados con la perdida de la oportunidad, la pérdida del derecho
de postulación y de mantener la calidad de elegible, y se condene por perjuicios
inmateriales, daño a la honra y al buen nombre profesional, vida de relación y
perjuicio inmaterial por daño a la institucionalidad, todo lo anterior como
producto de la violación al debido proceso. 7.3 Con base en lo expuesto, se
ordene a la Sección Tercera, Subsección C de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, que en el término de cuarenta y ocho (48)
horas, siguientes a la notificación del fallo de tutela, proferir un fallo que
remplace el aquí atacado por otro que respete los derechos fundamentales
vulnerados, en aplicación de la ley y los preceptos constitucionales que
correspondan en este caso particular.

7.4 Con base en lo expuesto, se ordene a la Sección Tercera, Subsección C de
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, se ordene
revocar en el término de cuarenta y ocho (48) horas, siguientes a la notificación
del fallo de tutela, el auto interlocutorio del 1 de febrero de 2023 [sic] de segunda
instancia proferido por la Sección Tercera Subsección C del Consejo de Estado,
suscrito por el magistrado Ponente Jaime Rodríguez Navas, donde confirma el
auto del 3 de octubre de 2023 dictado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, donde se aprueba la liquidación de costas, aprobada por la
secretaria de dicho despacho judicial.

7.5 Las demás que el despacho considere pertinentes y procedentes, para
garantizar los derechos fundamentales del accionante […]”. [Negrilla original del
texto]

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 11 de marzo de 2024, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vincularon en calidad

7

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01024-00
Accionante: Marco Antonio Velilla Moreno

de terceros con interés en el resultado del proceso a la Nación - Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República y Rama Judicial, y al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección “A”. Igualmente,
se negó la medida provisional solicitada por el accionante.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad judicial accionada y a las
vinculadas, se allegaron los siguientes informes:

5.1. El Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección “C” solicitó, a través
del magistrado ponente de las dos decisiones cuestionadas, que se declarara que
el mecanismo constitucional presentado por el señor Marco Antonio Velilla Moreno
carece de relevancia constitucional y tampoco cumple con el requisito general de
procedibilidad de inmediatez.

5.2. Explicó que pese a los argumentos utilizados por el accionante es claro que su
intención es reprochar la interpretación que el juez contencioso administrativo hizo
dentro del proceso de reparación directa, lo cual no puede ser objetado vía acción
de tutela. Es decir, que pese a invocar algunos derechos fundamentales como
violados, lo que busca es que se falle de la manera en que él propone.

5.3. Sobre el requisito general de inmediatez preciso que este no se cumple frente a
la sentencia de 28 de junio de 2023, en razón a que esta se le notificó el “[…] 9 de
agosto […]” de ese mismo año, y pese a que contaba con 6 meses para presentar
la acción de amparo -término suficiente para acudir por vía de tutela para
controvertir una decisión judicial-, se tiene que el señor Marco Antonio Velilla radicó
el escrito el 1.º de marzo de 2024.

5.4. LaDirección Ejecutiva de Administración Judicial pidió, a través de
apoderado judicial, que se negaran las pretensiones de la acción de tutela, teniendo
en cuenta que de los argumentos presentados no se advierte que se cumpla con
los requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial.

5.5. Agregó que las decisiones cuestionadas no eran caprichosas o irracionales.

5.6. Finalmente, señaló que “[…] se advierte que la autoridad judicial accionada en
ejercicio de los principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica dio
un alcance probatorio coherente y válido a los documentos allegados al proceso
ordinario e interpretó de forma razonable la normativa y los criterios aplicables al
caso concreto, que a pesar de no resultar satisfactoria al hoy tutelante, no se puede
colegir que su actuación fue contraria a derecho […]”.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01024-00
Accionante: Marco Antonio Velilla Moreno

5.7. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República solicitó, a
través de apoderada judicial, ser desvinculado del presente trámite constitucional
por falta de legitimación en la causa por pasiva, o en su defecto negar las
pretensiones de la parte accionante respecto de la Presidencia y la Vicepresidencia
de la República al no ser responsables de la presunta vulneración de los derechos
fundamentales del accionante.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia de la Sala

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19913, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20154, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20215, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20196.

VI.2. Cuestiones previas

VI.2.1. Manifestación de impedimento

7. La doctora Nubia Margoth Peña Garzón, en su calidad de Consejera de Estado de
la Sección Primera de esta Corporación judicial, manifestó encontrarse impedida
para efectos de conocer y decidir sobre la presente acción constitucional por las
siguientes razones:

“[…] Comedidamente me permito manifestarle que me declaro impedida para
intervenir en la acción de tutela de la referencia, por cuanto me une una estrecha
amistad con el doctor MARCO ANTONIO VELILLA MORENO, quien funge
como demandante, por lo que considero que me encuentro incursa en la causal
de impedimento prevista en el artículo 56, numeral 5, del Código de
Procedimiento Penal.

En consecuencia, le solicito que por su intermedio la Sala acepte mi
impedimento en dicho proceso y me separe del conocimiento del mismo […]”.

8. En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión concluye que se encuentra configurada
la causal de impedimento prevista en el artículo 56, numeral 5, de la Ley 906 de 31
de agosto de 20047, norma aplicable por remisión del artículo 39 del Decreto Ley
2591 de 1991.

9. En consecuencia, se aceptará el impedimento manifestado.

3
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
4
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
5
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
7
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01024-00
Accionante: Marco Antonio Velilla Moreno

VI.2.2. Solicitud de desvinculación

10. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de
desvinculación procesal presentada por el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República.

11. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20068 señaló lo siguiente:

"[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. (…).

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o
de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro,
el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción […]". [Negrilla fuera del texto]

12. Asílas cosas, teniendo en cuenta que el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República es parte dentro del medio de control de reparación
directa objeto de la presente tutela, la Sala considera que a esta entidad le asiste
interés jurídico para ser vinculada en esta acción constitucional, razón por la cual se
denegará la solicitud de desvinculación elevada, como en efecto se dispondrá en la
parte resolutiva de la presente providencia.

VI.3. Problemas jurídicos

13. Teniendo en cuenta la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer lo
siguiente:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, de ser así, se deberá
determinar:

b) Si las providencias de 28 de junio de 2023 y 1.° de febrero de 2024, proferidas
por el Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección C, dentro del medio

8
Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. Exp. T-1412872, M.P. Jaime Araújo Rentería; 30 de noviembre de 2006.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01024-00
Accionante: Marco Antonio Velilla Moreno

de control de reparación directa con el número único de radicación 25000-
23-36-000-2012-00740-00/01/02/03/04 vulneraron los derechos
fundamentales invocados por el accionante.

14. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a
(ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos alegados, siempre y
cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.

VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

15. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20129, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

16. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

17. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

18. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial10, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución11.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
10
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
11
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01024-00
Accionante: Marco Antonio Velilla Moreno

19. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”12 que encaje en dichos
parámetros.

20. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

21. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VI.5. El caso concreto

22. El señor Marco Antonio Velilla Moreno solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
igualdad en conexidad con los principios de supremacía constitucional, seguridad
jurídica y confianza legítima, cuya vulneración le atribuyó a las providencias de 28 de
junio de 2023 y 1.° de febrero de 2024, proferidas por el Consejo de Estado - Sección
Tercera - Subsección “C”, dentro del medio de control de reparación directa con el
número único de radicación 25000-23-36-000-2012-00740-00/01/02/03/04.

23. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, el requisito de inmediatez y de relevancia constitucional.

VI.5.1. Del incumplimiento del requisito general de procedencia de la
inmediatez frente a la sentencia de 28 de junio de 2023

24. En cuanto al requisito general de inmediatez, se debe señalar que la acción de
tutela no tiene un plazo específico para su interposición. Sin embargo, la Corte

Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
12
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

12

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01024-00
Accionante: Marco Antonio Velilla Moreno

Constitucional ha dicho, refiriéndose a éste, que debe ser interpuesta: “[…] en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración 13.
De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún
años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría
una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de solución de conflictos […]”14.

25. Al respecto, la jurisprudencia constitucional15, ha señalado lo siguiente:

“[…] En el caso específico de tutelas contra providencias judiciales, el requisito
de inmediatez adquiere una connotación aún más precisa y exigente, pues
el carácter excepcional de esta figura obedece precisamente a la
necesidad que existe de conciliar la protección de derechos
fundamentales con los principios constitucionales de seguridad jurídica y
autonomía judicial, que podrían comprometerse si la tutela contra
providencias judiciales se convierte en práctica generalizada. De ahí que
la jurisprudencia de la Corte Constitucional haya sido particularmente
reiterativa en considerar que el principio de inmediatez es particularmente
importante cuando se trata de examinar la procedencia de tutelas contra
providencias judiciales. En la citada sentencia C-590 de 2005, se afirmó que
“de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos
de resolución de conflictos” […]”16. [Negrilla fuera del texto y cursiva original del
texto]

26. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante
sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, fijó una regla jurisprudencial según
la cual el plazo considerado como razonable era de seis (6) meses, contados a
partir de la notificación de la decisión judicial objeto de tutela. Ello con sustento en
el siguiente raciocinio:

“[…] Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se
ejerza en un tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza la
realización del principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el grado de certeza
material, que la hace definitiva e inmutable.

Anotase que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las
diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre
este aspecto. Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de
seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra
providencias judiciales se ejerce oportunamente.

13
Ver entre otras, Sentencia T-315 de 2005.
14
Sentencia C-590 de 2005, T-743 de 2008, T-343 de 2012.
15
Corte Constitucional, Sentencia T-739 de 2010.
16
Ibidem.

13

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01024-00
Accionante: Marco Antonio Velilla Moreno

Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del
acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los
recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela
judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren
certeza y estabilidad. La regla general del plazo de seis meses se acoge,
además, teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado como
razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se trata de
una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional […]”17. [Negrilla
fuera del texto]

27. La jurisprudencia constitucional18 ha establecido excepciones a la aplicación del
requisito de inmediatez, las cuales deberán demostrarse y justificarse por el
accionante en cada caso particular19, así:

“[…] La acción de tutela sería procedente cuando fuere promovida transcurrido
un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración, siempre que: i)
exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad
física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre
el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el
tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del
irrespeto por sus derechos, continúa y es actual […]”20.

28. Precisado lo anterior, la Sala pone de presente que, para determinar si la
presente acción de tutela satisface el requisito general de procedibilidad de
inmediatez frente a la decisión de 28 de junio de 2023, se debe tener en cuenta la
fecha de notificación de la providencia al accionante, esto es, el 26 de julio de 2023.
Ello en razón a que la jurisprudencia de esta Sección ha sido pacífica en sostener
que el plazo razonable se contabiliza partir de la fecha en que se notifique la
providencia acusada por vía de tutela.

29. Con fundamento en lo expuesto, la Sala estima pertinente poner de relieve que:
(i) el fallo que motivó la interposición de la presente acción de tutela fue notificado
por correo electrónico enviado el 26 de julio de 202321, por lo que debe entenderse
que dicha notificación se surtió el día 28 de ese mismo mes y año22, y (ii) que la
presente solicitud de amparo se radicó a través de la plataforma habilitada en la
página web de la Rama Judicial “Recepción de Tutelas y Hábeas Corpus en Línea”,
el día 1.º de marzo de 202423.

17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, expediente 11001-03-
15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
18
Sentencia T-584 de 2011.
19
Sentencia T-695 de 2017 de la Corte Constitucional. Cfr. Sentencia de Unificación proferida por la Sala Plena del Consejo
de Estado el 5 de agosto de 2014. Exp. 2012-02201-01 (IJ).
20
Sentencia T-246 de 2015, Corte Constitucional.
21
Índice 00025 de SAMAI, envió de notificación, radicado núm. 25000-23-36-000-2012-00740-00/01/02/03/04.
22
En aplicación de los artículos 203 y 205 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011.
23
Índice 00002 de SAMAI, acta individual de reparto, radicado núm. 11001-03-15-000-2024-01024-00.

14

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01024-00
Accionante: Marco Antonio Velilla Moreno

30. Así las cosas, y comoquiera que la solicitud de amparo fue radicada el 1.º de
marzo de 2024, para la Sala es claro que la misma se ejerció por fuera de los 6
meses, término fijado por esta Corporación como razonable.

31. En ese orden de ideas, y en atención a que, tampoco se observa otra causal
adicional que justifique la demora en la interposición de la presente acción
constitucional, la Sala considera que no se satisface el requisito general de
procedibilidad atinente a la inmediatez frente a la providencia de 28 de junio de
2023, resaltándose que tampoco se cumplen los presupuestos para acceder a la
aplicación de la sentencia SU-354 de 2017, dictada por la Corte Constitucional.

32. Confundamento en los anteriores razonamientos, esta Sección declarará la
improcedencia de la solicitud de amparo frente a la sentencia de 28 de junio de
2023 al no cumplir el requisito general de procedencia de inmediatez.

VI.5.2. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional frente
a la decisión de 1.º de febrero de 2024

33. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental24 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones25.

34. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales26, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces27.

35. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación28, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

24
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
25
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
26
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
27
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
28
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.

15

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01024-00
Accionante: Marco Antonio Velilla Moreno

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto]

36. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202229 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.

[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

29
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

16

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01024-00
Accionante: Marco Antonio Velilla Moreno

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.

[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto]

37. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202330.

38. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales31.

39. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte accionante invoque el
texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o varios
derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; sino que dicho atentado
debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.

40. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio el accionante alega que la autoridad accionada vulneró sus derechos
fundamentales citados supra por haber incurrido, presuntamente, en un defecto

30
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
31
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala;
17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

17

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01024-00
Accionante: Marco Antonio Velilla Moreno

sustantivo, en un desconocimiento del precedente, en defecto fáctico, en defecto
procedimental absoluto y en una violación directa de la Constitución.

41. Sin embargo, la argumentación de la parte accionante para acreditar la vulneración
de sus derechos fundamentales va dirigida contra la sentencia de 28 de junio de 2023,
frente a la cual no se cumplió con el requisito general de inmediatez, y por el
contrario frente al auto de 1.º de febrero de 2024 no se presentaron argumentos,
por lo que no se cumplió con la carga argumentativa mínima.

42. Asimismo, esta Sección ha sostenido en su jurisprudencia que los conflictos
relacionados con la condena en costas que se impone en el marco de un proceso
judicial carecen de relevancia constitucional por tratarse de una controversia de
índole meramente legal y económica. En la sentencia de 22 de abril de 202232 la
Sección señaló lo siguiente:

“[…] Ahora bien, en relación con los reproches relativos a la condena en costas
impuesta al actor, la Sala observa que la solicitud de amparo carece de
relevancia constitucional, en razón a que el disenso deviene de un asunto de
contenido económico, derivado de un debate estrictamente normativo y legal.

Así las cosas, la Sala advierte que los argumentos que invoca el accionante
como fundamento de la presunta vulneración de su derecho fundamental al
debido proceso, están encaminados a replantear la discusión jurídica en torno
a la imposición de las costas procesales, circunstancia que resulta
improcedente, en tanto la presunta afectación del derecho fundamental se
deriva de un asunto de contenido económico que fue debidamente
argumentado y concluido por el juez natural de la causa […]”.

43. La intervención del juez constitucional en estos asuntos, que son meramente
económicos, desconocería el principio de autonomía e independencia de los jueces,
ya que la controversia en cuestión más que poner de relieve una discusión de
importancia constitucional, en realidad contiene un conflicto relativo a la causación
o no de costas procesales.

44. Conforme a lo anotado, se declarará improcedente la presente acción de tutela
por no cumplir con los requisitos generales de procedencia de relevancia
constitucional e inmediatez, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 22 de abril de 2022, Exp. núm.,
11001-03-15-000-2022-01777-00. C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón.

18

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01024-00
Accionante: Marco Antonio Velilla Moreno

FALLA:

PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por la Consejera de Estado
doctora Nubia Margoth Peña Garzón, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.