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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01026-00

Acción de tutela contra providencias judiciales: no procede estudio de

Fecha
19 de abril de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01026-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Hernando Augusto Durán Isaza, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-01026-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

19 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01026-00
Demandante: HERNANDO AUGUSTO DURÁN ISAZA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se acreditó el requisito de relevancia constitucional. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – Los argumentos de la parte actora pretenden extender y continuar el
debate planteado en el proceso ordinario, sin razones constitucionales que así lo justifiquen

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Hernando Augusto Durán
Isaza contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 1 de marzo de la presente anualidad1, el señor Hernando Augusto Durán Isaza
interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia proferida el 4 de
septiembre de 2023, en el proceso de reparación directa con radicado 05001-33-
33-008-2015-01362-00. Formularon las siguientes pretensiones:

1.Se tutele el DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO Y AL
ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

2.Se deje sin efecto la providencia mediante la cual el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA QUINTA DE ORALIDAD – M.P.
JULIANA NANCLARES MÁRQUEZ que revocó la sentencia de primera
instancia expedida por el JUZGADO OCTAVO (8) ADMINISTRATIVO DEL

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Se advierte que, el 1º de abril de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente,
para elaborar el correspondiente proyecto de sentencia.

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01026-00
Demandante: Hernando Augusto Durán Isaza
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Sentencia de tutela de primera instancia

CIRCUITO ORAL DE MEDELLÍN, negando las pretensiones de la demanda
dentro del proceso de reparación directa con radicado 05001-23-33-008-2015-
01362-00, iniciado por el señor HERNANDO AUGUSTO DURÁN ISAZAY
OTROS contra la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y LA RAMA JUDICIAL
– CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

3.Se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA QUINTA
DE ORALIDAD – M.P. JULIANA NANCLARES MÁRQUEZ, proferir una nueva
sentencia de reemplazo teniendo en cuenta el precedente judicial trazado en
estos casos, y por ende revocar parcialmente la sentencia proferida por el
JUZGADO OCTAVO (8) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO ORAL DE
MEDELLÍN, que negó parcialmente las pretensiones de la demanda dentro del
proceso de reparación directa con radicado 05001-33-33-008-2015-01362-00,
iniciado por el señor HERNANDO AUGUSTO DURÁN ISAZAY OTROS contra
la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y LA RAMA JUDICIAL – CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

1.2. Hechos

De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

En 2014 se organizó en el Departamento de Antioquia el concurso Miss Belleza
Antioquia, en el que participó la señora Elfi Juliana Rúa Sánchez como
representante del Municipio de Segovia. El 3 de octubre de 2014, la señora Rúa
Sánchez con su estilista, al salir del restaurante La Tranca, en el Municipio de
Medellín, fueron víctimas de un atentado por parte de dos sujetos que les dispararon
en varias oportunidades.

La víctima manifestó que al día siguiente del atentado observó un comentario que
se realizó por parte del señor Wbeimar Darío Yepes Botero, en el perfil de Facebook
de un portal de noticias, y al verificar las fotos que estaban en ese perfil, logró
reconocer a quien aparentemente había atentado en contra de su vida e integridad
personal. Por lo anterior, puso en conocimiento de esa situación a la Fiscalía
General de la Nación.

El 10 de octubre de 2014, el Fiscal 202 Seccional de Medellín solicitó al Juzgado 42
Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías autorizar la captura en
contra del señor Hernando Augusto Durán Isaza, señalado como presunto autor del
delito de homicidio agravado en concurso heterogéneo con el delito de fabricación,
tráfico y/o porte de arma de juego, solicitud que fue avalada y que dio lugar a que el
15 de octubre siguiente se capturara al accionante. En esa misma fecha, se llevaron
a cabo las audiencias preliminares y se le impuso medida de aseguramiento,

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Demandante: Hernando Augusto Durán Isaza
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Sentencia de tutela de primera instancia

ordenándose la reclusión en establecimiento carcelario desde el 16 de octubre de
2015.

En audiencia del 30 de junio de 2015, el Juzgado 20 Penal de Conocimiento de
Medellín emitió sentido del fallo de carácter absolutorio a favor del señor Durán
Isaza y se ordenó su libertad inmediata, la cual se materializó el 1º de julio de 2015.

En sentencia del 10 de julio siguiente, se realizó la audiencia de lectura de fallo, en
la que se absolvió al actor de los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de
arma de fuego.

En ejercicio del medio de control de reparación directa, el señor Hernando Augusto
Durán Isaza y sus familiares demandaron a la Rama Judicial y a la Fiscalía General
de la Nación, con el fin de que se declararan patrimonialmente responsables por los
perjuicios que les fueron causados con ocasión de la privación injusta de la libertad
que aquel soportó.

En sentencia del 29 de junio de 2018, el Juzgado Octavo Administrativo de Medellín
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, toda vez que,
independientemente de que el actuar de las entidades estuviera ajustado o no a
derecho, las víctimas no se encontraban en el deber jurídico de soportar tal carga.

Inconforme con la anterior decisión, tanto la parte demandante como la demandada
interpusieron recursos de apelación.

Mediante sentencia del 4 de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo de
Antioquia revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda.

1.3. Argumentos de la tutela

La parte demandante alegó que el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en
desconocimiento del precedente establecido en la sentencia del 17 de octubre de
2013, radicado 23.354, por cuanto en esa providencia el Consejo de Estado unificó
la jurisprudencia sobre las privaciones injustas de la libertad estableciendo la
responsabilidad del Estado cuando la absolución se da en virtud del in dubio pro
reo, tal como sucedió en su situación particular. Es decir que, en su criterio, el

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Demandante: Hernando Augusto Durán Isaza
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Sentencia de tutela de primera instancia

estudio de su caso se debió analizar bajo el título de imputación del daño especial.

El accionante precisó que desde la expedición de esa sentencia y hasta el momento
en que se presentó la demanda, la jurisprudencia del Consejo de Estado no había
cambiado, pues, a pesar de que, mediante sentencia del 15 de agosto de 2018,
radicado 66001-23-31-000-2010-00235-01, se modificó la jurisprudencia y se
unificaron los criterios sobre los elementos que el juez debe verificar al momento de
estudiar y fallar este tipo de asuntos, lo cierto es que esa providencia fue dejada sin
efectos mediante sentencia de tutela del 15 de noviembre de 2019.

Citó las sentencias del 23 de abril de 2020 y del 27 de julio de 2023, proferidas por
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

El accionante también consideró que se desconoció el precedente constitucional
sobre la aplicación en el tiempo de los cambios jurisprudenciales afectando con esa
situación el principio de confianza legítima y el derecho a la igualdad. Para tal efecto,
puso de presente que en la sentencia SU-406 de 2016, proferida por la Corte
Constitucional, se sostuvo que resulta posible inaplicar criterios jurisprudenciales
que estén en vigor al momento de proferir el fallo, pero que sean contrarios a uno
anterior que resultó determinante de la conducta procesal de las partes.

El accionante también considera que se incurrió en defecto fáctico, toda vez que,
sólo con base en el audio de la audiencia preliminar de medida de aseguramiento,
el Tribunal consideró que la medida fue necesaria, apropiada, razonable,
proporcional y conforme a derecho, cuando, en su criterio, esa medida no era
necesaria para evitar que el imputado obstruyera el debido ejercicio de la justicia,
amén de que el imputado tampoco representaba un peligro para la comunidad o
para la víctima, por cuanto «no se cumplía ninguna de las circunstancias adicionales
previstas en el artículo 310 del C.P.P»; no existían motivos fundados que
permitieran inferir que el imputado podía atentar en contra de la víctima, aunado al
hecho que, a su juicio, tampoco se cumplían los requisitos del artículo 312 del C.P.P.

Señaló que no existía inferencia razonable de autoría o participación debidamente
respaldada con elementos probatorios, y muchos menos se cumplió con el principio
de excepcionalidad de la privación de la libertad.

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Demandante: Hernando Augusto Durán Isaza
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Sentencia de tutela de primera instancia

Por último, consideró que la autoridad judicial accionada incurrió en violación directa
de la Constitución, por desconocimiento de los principios de buena fe y confianza
legítima, toda vez que se «sorprendió a la parte activa en la demanda de reparación
directa con el desconocimiento de un precedente unificado y uniforme del Consejo
de Estado que asumía y decidía las demandas por privación injusta de la libertad
en atención al régimen objetivo de responsabilidad», pero, además, por cuanto las
pruebas que reposaban en el expediente fueron valoradas de manera caprichosa y
parcializada, en especial, el audio de la audiencia preliminar de imposición de
medida de aseguramiento.

2. Trámite impartido e intervenciones

Mediante auto del 5 de marzo de 2024, se admitió la solicitud de amparo y ordenó
que aquel se notificara a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de
Antioquia, como parte demandada, y a los señores Mariana Durán Barrera, Dora
Eliana Galeano Ruiz, Ana Ligia Isaza Cifuentes; Yezmín del Pilar, Nallybe de los
Dolores, Magaly del Belén Nubdy del Socorro y Carlomagno Durán Isaza, al director
ejecutivo de Administración Judicial y al fiscal general de la Nación, como terceros
con interés. Asimismo, se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado

2.1. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín pidió
que se negaran las pretensiones de la demanda, por cuanto el fallo atacado se
pronunció conforme a los parámetros legales y jurisprudenciales, sin que el
accionante hubiera podido demostrar los fundamentos que alegó como
vulneradores de sus derechos fundamentales.

Expuso que en el proceso de reparación directa la parte actora debió demostrar que
la privación de la libertad fue producto de una actuación desproporcionada y
violatoria de los procedimientos legales, de tal forma que la misma no fue apropiada,
razonada, ni conforme a derecho.

Señaló que, para el momento de las audiencias preliminares, existían pruebas como
el reconocimiento fotográfico y en fila de personas que hizo la víctima directa, que
inducían a que el señor Durán Isaza era autor de la conducta endilgada y, en esos
términos, la medida de aseguramiento fue necesaria, legal, razonada y proporcional,
de suerte que el accionante se encontraba en obligación de soportar la medida
mientras se definía su responsabilidad penal.

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Demandante: Hernando Augusto Durán Isaza
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Sentencia de tutela de primera instancia

Por último, expuso que la Corte Constitucional en la sentencia SU-072 de 2018
expuso que para determinar si la privación fue injusta o no, se debe determinar si la
medida restrictiva resultó abiertamente arbitraria y también se debía verificar si la
conducta de la víctima o de un tercero, pudo incidir en la apertura del proceso penal
y la imposición de la misma.

2.2. La Fiscalía General de la Nación pidió que se declarara improcedente la petición
de amparo, por falta de acreditación de los defectos alegados y por carencia del
requisito de subsidiariedad. Agregó que, en todo caso, no existió la vulneración al
debido proceso que alega el demandante y que lo que se evidencia es su intención
de «retrotraer en el tiempo las etapas de un proceso que ya surtió su trámite».

2.3 El Tribunal Administrativo de Antioquia indicó que no vulneró los derechos
fundamentales de la parte actora y que lo pretendido es que se surta una tercera
instancia, para continuar con una actuación judicial que se encuentra finalizada por
decisiones debidamente motivadas y ejecutoriadas.

Que, si bien la parte actora alega el desconocimiento de sus garantías
constitucionales, lo cierto es que dicho argumento no desvirtúa que la decisión de
segunda instancia se hubiera proferido con apego al precedente jurisprudencial
vigente y que se hubieran examinado la totalidad de los asuntos que fueron objeto
del recurso de apelación por los sujetos procesales del proceso ordinario.

Señaló que la sentencia cuestionada se encuentra debidamente motivada y
sustentada, y que allí se analizaron todos los elementos de prueba y en estricto
cumplimiento a la jurisprudencia aplicable al caso concreto.

Explicó que en la sentencia se argumentó que, en cada caso particular, el juez
administrativo puede elegir qué título de imputación resulta adecuado para
establecer si el daño devino de una actuación inidónea, irrazonable y
desproporcionada y, por esa razón, no tenía por qué soportarse. Además, en los
eventos en los que el hecho no existió o la conducta era atípica, es factible aplicar
un título de imputación objetivo.

Asimismo, señaló que no podía declararse la falla en el servicio, por cuanto la
medida de aseguramiento fue necesaria, apropiada, razonable, proporcional y
conforme a derecho. En el mismo sentido, descartó la configuración del daño

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especial, por cuanto no se acreditó una ruptura de las cargas públicas impuestas al
señor Durán Isaza, pues la medida de aseguramiento era procedente y aplicable al
caso, para ese momento se contaba con los elementos probatorios que consistían
en el señalamiento de la víctima que permitían inferir razonablemente que el actor
era autor de los delitos imputados.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema Jurídico

En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos
generales de la tutela contra providencia judicial. De acreditarse, se abordará el
estudio de fondo, con el fin de establecer si la sentencia dictada el 4 de septiembre
de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, vulneró los derechos
fundamentales del señor Hernando Augusto Durán Isaza

2. Análisis del caso

2.1. Requisitos generales de procedibilidad

2.1.1. Inmediatez: la tutela cumple con este requisito, toda vez que la sentencia de
segunda instancia fue proferida el 4 de septiembre de 2023 y notificada el 5 de
septiembre siguiente, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 1° de
marzo del año en curso, es decir, antes de que se cumplieran los seis meses. Este
término resulta razonable.

2.1.2. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.

2.1.3. Subsidiariedad: la Sala estima que este requisito también está acreditado,
pues se agotaron todos los recursos procedentes.

2.1.4 De la relevancia constitucional: la Sala considera necesario referirse
brevemente al requisito de la relevancia constitucional de la acción de tutela, a fin
de establecer si se cumple o no en el presente asunto.

El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al señalar los
derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la

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providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga
argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia
o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni
en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en
juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada
especialidad.

La tutela sólo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de
marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el simple
señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino porque,
en efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha desbordado el
alcance de un derecho fundamental.

En efecto, en este caso, el señor Hernando Augusto Durán Isaza y su núcleo familiar
presentaron demanda de reparación directa, atribuyéndole a la Rama Judicial y a la
Fiscalía General de la Nación los daños derivados de una supuesta privación injusta
de la libertad. El 29 de junio de 2018, el Juzgado Octavo Administrativo de Medellín
accedió a las pretensiones de la demanda y, en segunda instancia, el Tribunal
Administrativo de Antioquia revocó esa decisión, con fundamento en que la medida
de aseguramiento impuesta al demandante fue necesaria, apropiada, razonable,
proporcional y conforme a derecho.

En la sentencia del 4 de septiembre de 2023, el Tribunal accionado consideró que
las pruebas recaudadas al momento de imposición de la medida de aseguramiento
en contra del señor Hernando Augusto Durán Isaza, permitían, bajo un criterio de
inferencia razonable, presumir la autoría o participación en la comisión del delito
imputado. Puntualmente, expuso lo siguiente:

Sobre el primer aspecto, observa la Sala que de las pruebas que obran en el
expediente, se encuentra demostrado como se indicó en párrafos precedentes
que, al señor HERNANDO AUGUSTO DURÁN ISAZA fue capturado el 15 de
octubre de 2014, y en la misma fecha el Juzgado 12 Penal Municipal Con
Funciones de Control de Garantías, llevó a cabo audiencias preliminares en las

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que se legalizó su captura, la Fiscalía le imputó la presunta comisión del delito
de HOMICIDIO AGRAVADO (TENTATIVA) EN CONCURSO HOMOGÉNEO
CON EL DELITO DE FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE DE ARMA DE FUEGO
y se impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en
establecimiento carcelario.

Lo anterior, en razón a que el juez con función de control de garantías encontró
que la solicitud presentada por la Fiscalía y los elementos materiales probatorios
arrimados a la diligencia y puestos en conocimiento de las partes, permitían bajo
un criterio de inferencia razonable presumir la autoría o participación del señor
Durán Isaza en la comisión del delito imputado, dando lugar a la imposición de
la medida de aseguramiento.

Así las cosas, se tiene que, tanto la Fiscalía como la Rama Judicial, cumplieron
con sus funciones.

(…)

Y es que en el asunto sub judice conforme al audio que contiene la diligencia
cursada el 15 de octubre de 2014 por el Juzgado 12 Penal Municipal Con
Funciones de Control de Garantías y de acuerdo a la transcripción que obra en
el acápite correspondiente al recaudo probatorio, es claro para la Sala, que la
imposición de medida de aseguramiento en establecimiento carcelario
decretada en contra del señor DURÁN ISAZA, tuvo como fundamento los
numerales 2 y 5 del artículo 308 y los artículos 309 a 313 de la Ley 906 de 2004.

El soporte legal de la decisión de la Juez con función de Control de Garantías
era aplicable al caso, se encontraba vigente para ese momento y se ajustaba
con las circunstancias de modo, tiempo, lugar en que ocurrieron los hechos y la
situación particular del señor DURÁN ISAZA, por ello, al encontrar procedente
la imposición de medida de aseguramiento, el juez de garantías ordenó la
misma, pues resultaba más beneficioso para la sociedad, por la gravedad del
delito imputado.

Adicionalmente, es claro que, teniendo la oportunidad de presentar los recursos
de ley ante la decisión adoptada, la defensa optó por no ejercer los mismos y
aceptar la medida impuesta. Y aunque posteriormente, solicitó sustitución de la
medida, dicha petición fue desistida y aceptada en audiencia del 09 de febrero
de 2015 realizada por el Juzgado 17 Penal Municipal con Funciones de Control
de Garantías.

Así entonces, de acuerdo a la prueba aportada al expediente, especialmente el
audio de la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, puede esta
Corporación establecer que la medida adoptada por el juez de garantías fue
necesaria, apropiada, razonable, proporcional y conforme a derecho, y por ello,
no puede la Sala declarar la falla en el servicio de las accionadas, pues aun
cuando el Juez de conocimiento absolvió al señor HERNANDO AUGUSTO
DURÁN ISAZA, no puede atribuirse en virtud de un régimen subjetivo de
responsabilidad, ya que está decisión obedeció a que dentro del proceso penal
y luego de la imposición de medida, esto es, con las pruebas practicadas y
obtenidas posteriormente en juicio oral, la Fiscalía no logró demostrar la
comisión por parte del acusado del delito de HOMICIDIO AGRAVADO
(TENTATIVA) EN CONCURSO HOMOGÉNEO CON EL DELITO DE
FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE DE ARMA DE FUEGO sin que ello, de
acuerdo al marco normativo aplicable al caso y a lo probado en el mismo, torne
en antijurídico el daño sufrido por los demandantes.

Tampoco encontró probada la Sala, la ocurrencia de un daño especial, en tanto,
no logró demostrar por la parte accionante que se haya presentado una ruptura
de las cargas públicas impuestas al señor DURÁN ISAZA, pues se insiste, la

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medida de aseguramiento impuesta, era procedente y aplicable al caso
concreto, máxime que para ese momento los elementos materiales probatorios
con los que se contaban, principalmente el señalamiento que hiciera la víctima
del hoy demandante, permitían establecer una inferencia razonable de posible
autoría de los delitos imputados.

En tal sentido, no hay lugar a declarar la responsabilidad de las entidades
demandadas por falla en el servicio (régimen subjetivo), ni a título de daño
especial (régimen objetivo), en tanto cada una de ellas cumplió con las
obligaciones constitucionales, convencionales y legales que les correspondía;
máxime cuando no se probó que las actuaciones de cada una de las entidades
demandadas haya faltado o desconocido las disposiciones contenidas en los
artículos 28 y 250 de la Constitución Política y a los artículos 9.5 y 14.6 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, puesto que la libertad es un
derecho pleno que puede ser limitado en virtud de un mandato judicial, ni que
se haya generado un daño anormal que menoscabase un derecho originado en
el rompimiento del principio de igualdad frente a la ley y a las cargas públicas.

Se evidencia entonces que, una vez valoradas las pruebas allegadas al proceso de
reparación directa, el Tribunal Administrativo de Antioquia concluyó que la privación
de la libertad del señor Hernando Augusto Durán Isaza estuvo ajustada a derecho,
por cuanto, en ese momento, se contaba con los elementos de juicio suficientes
para colegir razonablemente que aquel podía haber sido autor o partícipe del
punible y que, por tanto, tenía el deber de soportar la imposición medida de
aseguramiento.

Sobre el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado aplicable en eventos
de privación injusta de la libertad, en la sentencia de unificación SU 72 de 20182, la
Corte Constitucional precisó que ni el artículo 90 de la Constitución Política, ni el
artículo 68 de la Ley 270 de 1996, que establece la privación injusta de la libertad
como un evento resarcible, así como tampoco la sentencia C-037 de 1996, que
determinó la exequibilidad condicionada de ese artículo, determinan un régimen
específico de responsabilidad patrimonial del Estado aplicable a los eventos de
privación injusta de la libertad3.

En esa oportunidad, la Corte Constitucional reiteró que en materia de reparación
directa se acepta la aplicación del principio iura novit curia, de acuerdo con las
particularidades de cada caso. Por tanto, definir de manera rigurosa el título de
imputación en estos eventos, como lo pretende la parte actora, contraviene la

2 Corte Constitucional, sentencia SU 072/18 del 5 de julio de 2018, M.P: José Fernando Reyes

Cuartas.
3 Ibidem. Acápite 117 y 118.

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interpretación del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 y, de contera, el régimen general
de responsabilidad estatal del artículo 90 de la Constitución Política4.

De conformidad con la referida providencia de unificación, el juez puede escoger
entre un régimen de responsabilidad subjetivo u objetivo, de acuerdo con el carácter
demostrativo de la prueba recaudada o la absoluta inexistencia de la misma y
agrega que las causales de privación injusta de la libertad no se agotan en las que
prescribía el derogado artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 19915.

Así las cosas, se tiene que el fundamento sobre el cual el juez natural edificó el
estudio de la privación de la libertad no fue el de la conducta preprocesal de la señor
Durán Isaza, pues, se repite, el motivo por el cual negó las pretensiones de la
demanda derivó del análisis de la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de la
decisión a través de la cual se impuso la medida de aseguramiento al hoy
demandante, lo que no merece reproche alguno desde el punto de vista
constitucional.

A partir del anterior análisis, se concluye que la solicitud de amparo deviene en
improcedente, justamente porque la parte actora pretende revivir la discusión del
proceso ordinario, relacionado con la valoración de las pruebas que obraban en el
expediente y el desconocimiento del precedente del Consejo de Estado.

La Sala advierte que la providencia cuestionada no es arbitraria, ni caprichosa, sino
que estuvo precedida de un análisis integral, razonado y conjunto de las pruebas
que obraban en el expediente. Se reitera que la acción de tutela no puede
convertirse en el único y el preferido medio de la parte que pierde el pleito u obtiene
una decisión contraria a sus intereses, para que se revise la decisión como si se
tratara de una instancia adicional. Ello atenta contra las reglas previstas por el
legislador quien dentro de su margen de configuración normativa elige y decide las
instancias ordinarias que debe impartirse a un proceso. Pretender que la acción de
tutela se convierta en la instancia adicional de todos los procesos judiciales no solo
le resta vigor a este mecanismo de amparo constitucional, sino que termina por
desconocer los principios de autonomía judicial y del juez natural6.

4 Ibidem, Acápites 119 y 120.

5 Ver sentencia del 3 de octubre de 2019, radicado 50001-23-31-000-2006-10260-01(54095),
Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 25 de

febrero de 2016, expediente No. 2016-03419-00, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

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Que la parte actora esté inconforme con el raciocinio utilizado por la autoridad
judicial accionada no es un hecho que concierna al juez constitucional, pues por la
forma en que se presentaron los argumentos queda claro que la demanda se
contrae a un desacuerdo con el razonamiento de la autoridad judicial accionada,
circunstancia que no justifica la intervención del juez de tutela, porque lo pretendido,
se insiste, es revivir un debate que ya se clausuró, a fin de obtener a toda costa una
alternativa de decisión en la que se resuelva favorablemente su visión del litigio y,
compártase o no la decisión de los jueces naturales, la Sala no advierte que sus
conclusiones se tornen irracionales, absurdas o caprichosas.

Tampoco es de recibo el argumento esbozado por la parte demandante sobre la
vigencia y aplicación de la sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013,
porque, si bien en aquel momento se sostuvo dicha postura jurisprudencial, lo cierto
es que luego de la sentencia de unificación 072 del 5 de julio de 2018 de la Corte
Constitucional, tanto la jurisprudencia de esta Corporación como la del alto tribunal
constitucional coinciden en señalar que corresponde al juez de la causa, atendiendo
a las particularidades del caso concreto, determinar si aplica uno u otro régimen de
responsabilidad.

De hecho, en la sentencia cuestionada se hizo referencia a dicho referente
jurisprudencial y de su análisis concluyó que:

[L]a libertad es un valor, principio y derecho que admite limitaciones, que
dependen de la necesidad y proporcionalidad de la medida restrictiva y en cada
caso el juez administrativo podrá elegir qué título de imputación resulta
adecuado para establecer que el daño sufrido por el ciudadano devino de una
actuación inidónea, irrazonable y desproporcionada y por tal razón, no tenía por
qué soportarse. Además, en los supuestos en los que el hecho no existió o la
conducta era atípica, es factible aplicar un título de atribución objetivo.

Asimismo, explicó que el Consejo de Estado rectificó la tesis de la sentencia de
unificación de 2013, por lo que para cada caso concreto se debe valorar la medida
restrictiva de la libertad como supuesto de la responsabilidad del Estado, a efectos
de determinar si es injusta y, por ende, se causó un daño antijurídico al ciudadano,
que no está en la obligación de resistir.

Sin embargo, nótese que la decisión cuestionada no se fundamentó en la
consideración de inexistencia de una falla en el servicio a la luz de la responsabilidad
subjetiva; por el contrario, la desestimación de las pretensiones del demandante

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01026-00
Demandante: Hernando Augusto Durán Isaza
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Sentencia de tutela de primera instancia

obedeció a que no se acreditó la antijuridicidad del daño alegado, razón por la cual
ni siquiera se estudió la posible atribución del mismo a las entidades demandadas.

Por su parte, en cuanto al supuesto desconocimiento de las garantías de confianza
legítima y seguridad jurídica, considera la Sala que el Tribunal Administrativo de
Antioquia no vulneró dichas prerrogativas constitucionales. En efecto, los
argumentos expuestos en la providencia del 4 de septiembre de 2023 se muestran
suficientes y razonables, dado que allí se consideró que la medida de
aseguramiento cumplió con los requisitos establecidos en los artículos 308, 309,
310, 311, 312 y 313 de la Ley 909 de 2004 para su imposición, pues se verificó que
existía una inferencia razonable de autoría, se trataba de un delito investigable de
oficio y, además, de la afectación a los bienes jurídicos tutelados.

Finalmente, se precisa que la autoridad judicial accionada no efectuó una nueva
valoración de la conducta preprocesal del señor Durán Isaza, sino que se limitó a
realizar el estudio de responsabilidad extracontractual del Estado bajo los
parámetros de la legalidad o no de la medida de aseguramiento, de conformidad
con lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal vigente al momento de la
restricción de la libertad.

En conclusión, la Sala encuentra que la acción de tutela promovida por el señor
Hernando Augusto Durán Isaza no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, razón por la cual se declarará improcedente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Hernando Augusto Durán Isaza, por lo razonado en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito y eficaz.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01026-00
Demandante: Hernando Augusto Durán Isaza
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Sentencia de tutela de primera instancia

TERCERO. De no ser impugnada la presente providencia, envíese a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Esta providencia fue discutida en Sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su
contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la
derecha o dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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