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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01034-00

Fecha
18 de abril de 2024
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01034-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Denegar las pretensiones de la acción de tutela presentada por Vicente Carrascal Martínez, por las razones expuestas en esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-01034-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

18 de abril de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01034-00
Demandante: Vicente Carrascal Martínez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01034-00
Demandante: VICENTE CARRASCAL MARTÍNEZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
B

Temas: Contra sentencia que denegó pretensiones en proceso de
reparación directa, por omisión en el deber de protección. Alega
defecto fáctico y falta de aplicación del principio de flexibilidad
probatoria

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Vicente Carrascal Martínez contra
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 1° de marzo de 20231, en ejercicio de la acción de tutela, Vicente Carrascal
Martínez, por conducto de apoderado, pidió la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la honra y a la dignidad humana.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia
del 7 de septiembre de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, que, en segunda instancia, denegó las pretensiones de la acción de
reparación directa adelantada contra el Ministerio de Defensa, Policía Nacional, con
ocasión de los hechos ocurridos el 3 de agosto de 2012, en la finca El Rosario,
donde las FARC estallaron un artefacto explosivo, radicado N°. 20001-23-33-000-
2014-00222-00.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1.- TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso contenido en el artículo 29 de la
Constitución Nacional, por un defecto procedimental y fáctico, conexo con los derechos a la
Honra y Dignidad Humana consagrados en la carta Política y en los artículos 10 y 11 de la
Convención Interamericana de los Derechos Humanos, aplicable por ser parte del bloque de
constitucionalidad conforme con lo dispuesto en el artículo 93 constitucional, violentados por
una decisión de la subsección B, Sección Tercera del Consejo de Estado al conocer del
recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo
del Cesar.
2.- ORDENAR el reconocimiento y pago de la indemnización integral de los perjuicios
causados al accionante, conforme con las pretensiones de la demanda, en acatamiento a lo
dispuesto por el artículo 10 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos.
3.- ORDENAR la adopción de las medidas pertinentes y necesarias para el restablecimiento
integral de la honra y la dignidad humanos, conforme con las pretensiones de la demanda, en

1 Índice 1 de Samai.

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Demandante: Vicente Carrascal Martínez

acatamiento a lo dispuesto por el artículo 11 de la Convención Interamericana de los Derechos
Humanos.

3. Hechos

Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El 10 de julio de 2012, el señor Vicente Carrascal Martínez acudió a la Estación de
Policía del municipio de San Diego, departamento del Cesar, a denunciar que en su
finca se estaban presentando actos delincuenciales por parte de desconocidos que
atentaron contra sus animales.

El 3 de agosto de 2012, por la mañana, dos hombres se acercaron a la finca del
demandante para solicitar la compra de gasolina a los empleados, quienes se
negaron debido a la falta de autorización.

Posteriormente, miembros del frente 41 de las FARC llegaron a la finca y exigieron
que se llamara al propietario para que se presentara en el lugar. Sin embargo, el
demandante se negó a asistir, y los sujetos tomaron un ave y se marcharon.

Dos horas después, integrantes de dicho frente guerrillero detonaron un cilindro de
gas dentro de la casa principal de la finca del demandante, lo que resultó en la
destrucción total del inmueble.

El actor presentó demanda de reparación directa contra la Nación, Ministerio de
Defensa, Policía Nacional, para fueran declarados patrimonialmente responsables
de los perjuicios causados por la omisión en el deber constitucional de protección a
la vida y bienes de los ciudadanos.

La demanda se adelantó bajo el radicado N.º 20001-23-39-003-2014-00222-00 y
correspondió al Tribunal Administrativo del Cesar, que, por sentencia del 16 de
diciembre de 2015, accedió parcialmente a las pretensiones, al estimar que el actor
informó a la Policía Nacional, lo que implicaba la obligación de intervención por parte
de las autoridades. Sin embargo, al no haber actuado, se generó el deber de
reparar. Por otra parte, no accedió a las pretensiones por concepto de perjuicios
inmateriales y lucro cesante.

Inconforme con la decisión, las partes apelaron y el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, mediante sentencia del 7 de septiembre de 2023, la revocó
y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, al advertir que el demandante
no solicitó la protección de la Policía Nacional cuando tuvo conocimiento efectivo de
la amenaza por parte de las FARC.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, el demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, alegó que la sentencia acusada incurrió
en los siguientes vicios de fondo:

Defecto factico porque, a su juicio, la sentencia cuestionada no valoró de forma
correcta el acta del 19 de julio de 2012, elaborada en la Estación de Policía de San
Pablo, que da cuenta que sí informó a las autoridades que había sido víctima de
actos delincuenciales.

Además, afirmó que la Policía Nacional tenía pleno conocimiento de las amenazas
que recibió por parte del grupo guerrillero, porque era un hecho notorio que no
requería prueba, conforme con el inciso 4º del artículo 167 de la Ley 1564 de 2012,

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pues las autoridades conocían que para la fecha de los hechos el frente 41 de las
FARC tenían presencia en la zona en la que se encontraba la finca, de acuerdo con
los oficios N.º S-2015-028838 del 4 de noviembre de 2015, 36827 y 3634 del 28 de
julio de 2015, expedidos por el departamento de Policía del Cesar y el Batallón de
Artillería N.º 2, respectivamente.

Omisión del principio de flexibilización probatoria. A juicio del actor, al estar
reconocido en la UARIV como víctima del conflicto armado desde el 3 de agosto de
2014, se debió aplicar en la sentencia cuestionada el mencionado principio, de
acuerdo con lo dispuesto por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B, en las sentencias del 28 de agosto de 2014 y del 6 de junio de 2019.

Argumentó que la providencia cuestionada le impone una tarifa legal que, por la
naturaleza del caso, le resulta imposible cumplir. Que, en efecto, la autoridad judicial
demandada no tuvo en cuenta la dificultad para probar que previo a la detonación
del cilindro, el frente 41 de las FARC era el autor de los atentados contra sus
animales. Que, en todo caso, debió tenerse en cuenta que informó a las autoridades
que estaba siendo víctima de hechos delincuenciales.

Finamente, afirmó que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
vulneró el derecho al debido proceso y no aplicó el artículo 10 y 11 de la Convención
Americana de Derechos Humanos, pues negó de manera injustificada la
indemnización de los perjuicios causados como consecuencia de la falla en la
prestación del servicio por parte de la Policía Nacional.

5. Trámite procesal

Por auto del 6 de marzo de 2024, el Despacho sustanciador admitió la demanda y,
entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de parte demandada, a los
magistrados del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, y vinculó en
calidad de tercero con interés a los magistrados del Tribunal Administrativo del
Cesar, que dictaron la sentencia de primera instancia en el proceso de reparación
directa N.º 20001-23-33- 000-2014-00222-00, al ministro de Defensa Nacional y al
director general de la Policía Nacional, que actuaron como demandados en ese
mismo proceso.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación
practicó las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 12
de marzo de 20242.

6. Intervenciones

El magistrado del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, ponente
de la decisión cuestionada, manifestó que no intervendría en la acción de tutela y
que obedecería estrictamente las ordenes que se adopten.

La Policía Nacional pidió que se denegaran las pretensiones o que se declarara
improcedente la acción de tutela, al no existir vulneración de derechos
fundamentales. Señaló que era imprevisible que los funcionarios de la Policía
Nacional intervinieran en los hechos del 3 de agosto de 2012, ya que no fueron
informados de las amenazas que realizó las FARC al demandante.

Que el actor no informó que lo ocurrido con sus animales y los hechos del 3 de
agosto de 2012 fueron causados por las FARC, por lo que no tenían conocimiento
de la relación de estos dos hechos.

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Argumentó que la acción de tutela es improcedente porque la sentencia cuestionada
no le genera un perjuicio irremediable al actor.

Los magistrados del Tribunal Administrativo del Cesar y el ministro de Defensa
Nacional fueron debidamente notificados. Sin embargo, no realizaron
pronunciamiento.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por
Vicente Carrascal Martínez para dejar sin efecto la sentencia del 7 de septiembre
de 2023 dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que
denegó las pretensiones de la acción de reparación directa adelantada contra el
Ministerio de Defensa, Policía Nacional, con ocasión de los hechos ocurridos el 3
de agosto de 2012, en la finca El Rosario, donde las FARC estallaron un artefacto
explosivo.

La Sala anticipa que la sentencia cuestionada no vulneró los derechos
fundamentales alegados, porque analizó debidamente los elementos que
configurarían la responsabilidad patrimonial de Ministerio de Defensa, Policía
Nacional, en especial, no incurrió en indebida valoración probatoria y, además, en
este caso, no había lugar a aplicar el principio de flexibilización probatoria.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción
de tutela contra providencias judiciales, (ii) la verificación del cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, (iii) el defecto fáctico por indebida valoración probatoria (iv) principio de
flexibilidad probatoria y, (v) analizará el caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos
para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un
lado, los requisitos generales 3 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal,
y se estudian de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los
requisitos específicos4 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se
analizan cuando se han superado los requisitos generales.

3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales.

La Sala comienza por verificar si la acción de tutela promovida por la parte actora
cumple los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales.

La relevancia constitucional se encuentra acreditada, toda vez que, si existiera el
error que alega la parte actora, se estaría desconociendo la expectativa que tienen
de ser indemnizados por el presunto daño antijurídico ocasionado por lo ocurrido el
3 de agosto de 2012, en la finca El Rosario, donde las FARC estallaron un cilindro,
y, en esa condición, obtener una reparación.

3 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales

ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la
decisión objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del
derecho fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela.
4 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.

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La demanda de tutela también cumple el requisito de inmediatez, porque la
sentencia acusada fue notificada el 21 de octubre de 2023, y la demanda de tutela
fue radicada el 1° de marzo de 2023, esto es, cuatro meses y 9 días, término que
no supera los seis meses fijados por la Sala plena de esta Corporación para
presentar oportunamente acciones de tutela.

La parte demandante agotó los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios
dado que promovió el medio de control de reparación directa y cuestiona la
sentencia de segunda instancia dictada en dicho proceso. Además, tampoco se
evidencia la viabilidad del recurso extraordinario de revisión contra la providencia
atacada, puesto que no parece que pueda encuadrarse en alguna de las causales
de procedibilidad previstas en el artículo 250 del CPACA.

Así mismo, advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los
hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, esto
es, expuso de manera clara que la vulneración del derecho fundamental invocado
proviene de advertir que no se valoraron las pruebas de manera conjunta en el
estudio de responsabilidad realizado por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, en la sentencia proferida el 7 de septiembre de 2023.

Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la parte actora
cuestiona una sentencia de segunda instancia de un proceso de reparación directa.

4. El defecto fáctico por indebida valoración probatoria

En materia probatoria, el sistema procesal colombiano no se rige por una tarifa legal,
sino por el principio de la libre valoración de la prueba. Así lo establece el artículo 176
del Código General del Proceso cuando señala que «las pruebas deberán ser apreciadas
en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades
prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos ».

En virtud del principio de libre valoración de la prueba y de los principios de autonomía
e independencia judicial (artículos 228 y 230 de la Constitución Política), la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido que los jueces gozan de
amplias facultades para valorar las pruebas del proceso. Es al juez a quien le
corresponde determinar el valor de cada medio de prueba, mediante una valoración
libre y discrecional, y bajo las reglas de la sana crítica.

De ahí que la posibilidad de cuestionar una providencia judicial por la valoración
probatoria tenga ciertas restricciones, pues la prevalencia de dichos principios solo
puede ceder cuando la decisión tenga errores sustanciales y estos provengan
directamente de deficiencias en la valoración, a tal punto que no corresponda con la
sana crítica, que no atienda a criterios de objetividad, racionalidad, legalidad y
motivación, y que no respete la Constitución ni la ley. En ese caso, la decisión se
tornaría en arbitraria y habilitaría la intervención del juez de tutela.

Resulta ilustrativo citar algunos supuestos previstos por la Corte Constitucional, en
sentencia SU-257 de 2021, para determinar cuándo una providencia judicial incurre
en defecto fáctico, por indebida valoración probatoria. Esos supuestos son:
(i) Si la conclusión que extrae de las pruebas que obran en el expediente es “por completo
equivocada”. Podría decirse que, en este evento, la decisión puede ser calificada de irracional,
toda vez que la conclusión es diametralmente opuesta –siguiendo las reglas de la lógica– a la
que se desprende del contenido de los materiales probatorios. Esta desproporción podría ser
identificada por cualquier persona de juicio medio.

(ii) Si la valoración que adelantó no cuenta con un fundamento objetivo. Es el caso del juez que
resuelve una controversia acudiendo a su propio capricho o voluntad.

(iii) Si las pruebas no han sido valoradas de manera integral. Caso en el que se asigna un mayor
o menor valor a alguna prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.

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(iv) Si la conclusión se basa en pruebas que no tienen relación alguna con el objeto del proceso
(impertinentes); que no permiten demostrar el supuesto de hecho (inconducentes); o que fueron
decretadas y practicadas, por ejemplo, desconociendo el derecho al debido proceso de una de
las Partes.

5. Principio de flexibilidad probatoria

La Sala comienza por precisar que en el Consejo de Estado existe una línea
jurisprudencial sobre la necesidad acudir a la flexibilización de los estándares
probatorios cuando se trata de resolver un caso de grave violación de derechos
humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

En efecto, las sentencias del 27 de septiembre de 20135, del 28 de agosto de 20146,
de 14 de septiembre de 20167 y de 31 de agosto de 20178, dictadas por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, reiteran la justificación de la aplicación de la
flexibilización probatoria, en los siguientes términos:

Flexibilidad en la apreciación y valoración de los medios probatorios frente a graves
violaciones de derechos humanos. En la gran mayoría de casos, las graves violaciones de
derechos humanos, cometidas en el marco del conflicto armado interno, han acaecido en
zonas alejadas de los grandes centros urbanos y en contextos de impunidad. Lo anterior ha
producido que las víctimas, como sujetos de debilidad manifiesta, queden en muchos casos
en la imposibilidad fáctica de acreditar estas afrentas a su dignidad humana. Más aun, cuando
no se ha llevado una investigación seria por parte de las autoridades competentes, como en
este caso, lo cual se traduce en una expresa denegación de justicia.

Por tal razón, el juez administrativo, consciente de esa inexorable realidad, deberá acudir a
criterios flexibles, privilegiando la valoración de medios de prueba indirectos e inferencias
lógicas guiadas por las máximas de la experiencia, a efectos de reconstruir la verdad histórica
de los hechos y lograr garantizar los derechos fundamentales a la verdad, justicia y reparación
de las personas afectadas.

Por tal razón, el juez administrativo, consciente de esa inexorable realidad, deberá acudir a
criterios flexibles, privilegiando la valoración de medios de prueba indirectos e inferencias
lógicas guiadas por las máximas de la experiencia, a efectos de reconstruir la verdad histórica
de los hechos y lograr garantizar los derechos fundamentales a la verdad, justicia y reparación
de las personas afectadas.

Lo mismo ocurre en la Corte Constitucional, pues las sentencias T-926 de 2014, T-
535 de 2015, T-237 de 2017 y SU-035 de 2018 y SU-060 de 2021, resaltó la posición
asumida por la Sección Tercera del Consejo de Estado y reiteró que «se ha
reconocido por la jurisprudencia nacional e internacional, la dificultad que
representa para las víctimas cumplir con el rigor probatorio en las acciones
judiciales, por lo que se ha establecido la posibilidad de flexibilizar los estándares
probatorios en casos en que ocurran graves violaciones de derechos humanos, i.e.
las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias».

6. Análisis del caso concreto

Previo a resolver, conviene precisar que la acción de reparación directa que
presentó el demandante tuvo por objeto la reparación de los perjuicios causados
por la explosión de un cilindro de gas el 3 de agosto de 2012, en una finca de su
propiedad, según dice, “por la falla en la prestación del servicio en la que incurrió la
entidad demandada, al omitir la autoridad policial el deber constitucional de proteger
la vida y bienes de los ciudadanos”.

A partir de los fundamentos de la demanda de reparación directa, el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, en sentencia del 7 de septiembre de 2023,

5 Expediente 05001-23-26-000-1990-05197-01 (19939)
6 Expediente 05001-23-25-000-1999-01063-01 (32988)
7 Expediente 25000-23-26-000-2001-01825-02 (34349)
8 Expediente 13001-23-31-000-2001-01492-01 (41187)

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decidió el asunto como un caso de responsabilidad del Estado por omisión al deber
constitucional de protección de bienes y personas, y puso de presente que “El deber
constitucional de protección de bienes y personas previsto en la Constitución no genera
una obligación de resultado que permita imputarle al Estado todos los daños que reciban
los particulares por parte de terceros: lo que genera responsabilidad – se itera- es la omisión
de los agentes estatales de no prestar la protección cuando tuvieron conocimiento de la
amenaza, tenía la posibilidad de evitar el hecho dañoso, y no realizaron ninguna actuación
para hacerlo”.

Seguidamente, la autoridad judicial demandada se refirió a los hechos que encontró
probados y concluyó que no hubo omisión por parte de las autoridades en el deber
de protección porque no se probó que hubiesen tenido conocimiento de la amenaza
y que, por lo tanto, no había lugar a acceder a las pretensiones de la demanda de
reparación directa.

Ahora, la parte actora alegó que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B, incurrió en defecto factico por indebida valoración de las pruebas porque: (i) no
valoró en debida forma el acta del 19 de julio de 2012, en la que, a su juicio, dio
aviso a las autoridades con la intención de que protegieran sus bienes y (ii) omitió
tener en consideración que las autoridades tenían pleno conocimiento de la
amenaza por parte de las FARC. Por otro lado, sostuvo que la sentencia
cuestionada no aplicó el principio de flexibilización probatoria, al imponer una
tarifa legal que no podía cumplir, puesto que, por las circunstancias del caso, era
difícil demostrar que previo a la detonación del cilindro de gas, el frente 41 de las
FARC era quien se encontraba detrás de los hechos relacionados con sus animales.

Para resolver tales cargos, la Sala estima necesario referirse al contenido del
material probatorio del proceso de reparación directa con radicado N.º 20001-23-
39-003-2014-00222-00.

La Sala comienza por precisar que, según el acta que se redactó en la Estación de
Policía de San Pablo el 10 de julio de 2012, documento con el que el demandante
pretende probar que sí informó a las autoridades y que por ello debían protegerlo,
se advirtió:

En la finca El Rosario, vereda San José, Jurisdicción San Diego, vía San Diego Hacia Codazzi
se está presentando personas que le causan daños al ganado semoviente (vacas), con chuzos
en los ojos, por el ano y por la vulva causándole la muerte, esto se presenta en las horas de
madrugada, fines de semana.

Frente a esa prueba, la sentencia cuestionada explicó que “Es claro que no se
afirmó que estas muertes obedecieran a amenazas de las FARC o que pudiera
deducirse que las mismas indicaban alguna actuación inminente de este grupo
subversivo contra los bienes del demandante”.

Asimismo, respecto al argumento del actor en el que afirma que la autoridad judicial
omitió valorar que la Policía Nacional tenían pleno conocimiento de la amenaza,
porque para la fecha de los hechos el frente 41 de las FARC operaba en la zona, la
sentencia controvertida sostuvo: “La presencia de las FARC en la zona es una
circunstancia general de la cual no puede inferirse un indicio de que iba ocurrir un
atentado inminente de este grupo contra los bienes del demandante”.

Adicionalmente, en la sentencia cuestionada se advirtió que el demandante no puso
en conocimiento de las autoridades la presunta relación que tenía la muerte de sus
animales con las FARC. Que, de la declaración del actor, se extrajo que era una
inferencia que hacía debido a que en la zona había presencia del grupo guerrillero, es
decir, el demandante desconocía, si en efecto, la muerte de sus animales tenía algún
tipo de relación con las FARC y que, por lo tanto, no podía pretender que la autoridad
policial sí estuviera al tanto de esa situación. En lo pertinente, la sentencia se dijo:

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01034-00
Demandante: Vicente Carrascal Martínez

En su declaración de parte rendida en este proceso, el demandante confesó que era él quien
había inferido que los autores de los hechos pertenecían a las FARC, sin que reconociera
haberles avisado a las autoridades sobre este aspecto antes de que ocurrieran los hechos
relacionados con la detonación del cilindro:

<<PREGUNTA: ¿Para esa época [anterior al atentado] recibió amenazas concretas de las
FARC?
RESPUESTA: Amenazas no, yo no había recibido amenazas de las FARC, yo no había
recibido en ese entonces amenazas de ningún grupo; yo simplemente sé con seguridad que
por ahí se mueve la guerrilla, y lo sé porque ... cuando el Ejército no está en la vía, se mueve
mucho, mucha moto, mucho carro, mucha gente, y eso que lo único que hay ahí al lado de mi
finca es como tres o cuatro colonos que están metidos ahí en un hondo y es fácil imaginarse
que algo tiene que existir>>.

La parte actora sustenta la imputación de responsabilidad en el vínculo que afirmó que existía
entre las muertes extrañas de los animales y las FARC, con el fin de dar cuenta de que este
antecedente fue relevante en la producción del daño y que hacía necesaria la toma de unas
medidas de protección por parte de la Policía. Sin embargo, la relación entre los dos hechos
no está probada: no hay evidencia de quiénes fueron los sujetos <<anónimos>> que dieron
muerte al ganado, ni mucho menos de la relación de estos con las FARC.

A partir de lo anterior, la Sala advierte que el análisis de la autoridad judicial
demandada no se enmarca en una indebida valoración probatoria, por cuanto no se
separó de los hechos debidamente probados en el proceso de reparación directa ni
se trata de una decisión que vaya en contravía de la evidencia probatoria.

La autoridad judicial demandada tuvo en cuenta que, a pesar de que era de público
conocimiento la presencia del grupo armado en la zona de los hechos, no existió
denuncia o indicio de que la propiedad del actor sería objeto de un atentado,
circunstancias que habrían permitido concluir que el Estado tenía una obligación legal
de actuar en esa situación determinada y que no lo hizo.

En realidad, la Sala encuentra que la decisión objeto de tutela obedece al análisis
propio de la responsabilidad del Estado por omisión al deber de constitucional de
protección. Incluso, la decisión cuestionada coincide con la jurisprudencia de la
Sección Tercera del Consejo de Estado9, que, en casos de reparación directa por
omisión en el deber de protección, ha sostenido que el daño es imputable al Estado
cuando la persona ha solicitado con antelación protección especial, con justificación
de las particulares condiciones de riesgo en que se encuentra.

Ahora bien, con relación con la inaplicabilidad del principio de flexibilización probatoria,
porque, según el actor, no se tuvo en cuenta que se le dificultó probar que el frente 41
de las FARC era quien se encontraba detrás de las muertes de sus animales y la
relación de este hecho con el atentado del 3 de agosto de 2012, la Sala debe advertir
que para el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, no era exigible la
aplicación del principio de flexibilidad probatoria porque el asunto que se estudió en la
sentencia proferida el 7 de septiembre de 2023 no involucra delitos de lesa humanidad
o de grave violación a los derechos humanos, puesto que se trató de la afectación a
los bienes materiales del señor Vicente Carrascal Martínez.

Por otro lado, el actor afirmó que la sentencia del 7 de septiembre de 2023 no aplicó
los artículos 10 y 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin
embargo, se debe señalar que el derecho a ser indemnizado supone un ejercicio de
declaratoria de responsabilidad patrimonial, que, en el caso concreto, concluyó que la
entidad demandada no era patrimonialmente responsable por los daños ocurridos el
3 de agosto de 2012, en ese orden, no surgió el deber de reparación y el derecho a
ser indemnizado.

9 sentencia del 30 de noviembre de 2022 exp. 05001233100020000025601 (44042) CP. Nicolás Yepes
Corrales

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01034-00
Demandante: Vicente Carrascal Martínez

Lo anterior resulta suficiente para desestimar los cargos formulados por el actor. En
consecuencia, se denegarán las pretensiones de la acción de tutela de la referencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

III. FALLA

1. Denegar las pretensiones de la acción de tutela presentada por Vicente Carrascal
Martínez, por las razones expuestas en esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo
de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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