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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01036-00

Fecha
25 de abril de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01036-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar fundado el impedimento manifestado por el consejero doctor Luis Eduardo Mesa Nieves para conocer la acción de tutela de la referencia, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión y, en consecuencia, separarlo del conocimiento del asunto. Segundo: Declarar la cesación de la actuación por carencia actual de objeto por hecho superado, conforme a los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia. Tercero: En caso de que no fuere impugnada la presente decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-01036-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

25 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 01036 00
Demandante: Prisca del Pilar Ramos Ortega
Demandado: Tribunal Administrativo de Córdoba

Temas: Vulneración de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad
social. Solicitud de turno prioritario para fallo, por ser sujeto de especial
protección constitucional. Carencia actual de objeto por hecho superado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

1. Antecedentes

1.1. La solicitud de tutela

La señora Prisca del Pilar Ramos Ortega promueve acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Córdoba, para que se protejan sus derechos fundamentales al
mínimo vital y a la seguridad social.

1.2. Pretensiones

La accionante formula las siguientes súplicas:

PRIMERO: Señor Juez, pido a usted TUTELAR los [d]erechos [f]undamentales tales como
el [d]erecho al mínimo vital y a la seguridad social, vulnerados por el HONORABLE
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA.

SEGUNDO: Consecuencialmente, que se ORDENE al HONORABLE TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA, representado legalmente por su presidente o por quien haga

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 01036 00
Demandante: Prisca del Pilar Ramos Ortega

sus veces al momento de la notificación de la presente acción, darme un turno prioritario
por ser una persona adulto mayor y ser sujeto de especial protección constitucional.

1.3. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, la accionante señala los siguientes:

i) Nació el día 10 de octubre de 1946, a la fecha tiene 77 años de edad y está
diagnosticada con hipertensión arterial esencial, diabetes mellitus tipo2,
insulinodependiente, riesgo cardiovascular moderado, hipercolesterolemia y daño
renal moderado estadio 3ª.

ii) La solicitud del pago de la indemnización sustitutiva de pensión, le fue negada y en
razón a ello, en el año 2019 inició el proceso de reconocimiento y pago de pensión de
vejez, que se surtió ante el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Montería, identificado con el radicado 23001-33-33-002-2019-00278-00, y en la
actualidad está en curso en el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de
Decisión.

iii) En reiteradas oportunidades solicitó turno prioritario e impulso procesal, en razón a
su delicado estado de salud, su situación económica y avanzada edad, sin tener
respuesta favorable.

iv) La pensión de vejez es la única esperanza que tiene para poder tener una vida en
condiciones dignas, y dicha prestación depende del proceso en mención, que se
encuentra en el Tribunal Administrativo de Córdoba, por el recurso de apelación que
se concedió el 10 de noviembre de 2022, contra la sentencia del 26 de septiembre de
la misma anualidad, y hasta que no exista un pronunciamiento por parte del Tribunal,
no podrá disfrutar del derecho pensional, para lo cual señaló, que cumple con todos
los requisitos legales para acceder a él.

1.4. Fundamentos jurídicos

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Demandante: Prisca del Pilar Ramos Ortega

La accionante fundamentó su acción en los artículos 48 y 53 de la Constitución Política
de Colombia y en los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992 que desarrollan el articulo
86 de la Carta Política.
Adicionalmente, indicó la sentencia T-149 de 2013 proferida por la Corte
Constitucional, en la cual ratificó que Colombia es un Estado organizado e
institucionalizado en forma de republica unitaria, descentralizada, participativa y
pluralista, que vigila la igualdad humana y el trabajo, y sirve de garante, inspector y
vigilante, para impedir que se violen derechos fundamentales, con actos arbitrarios y
dictados en forma irregular por quienes se desempeñan como nominadores.

Conforme con lo anterior, señaló las sentencias T-02 de 1995, T-628 de 2007, T-678 de
2017, T-028 de 2017, T-378 de 2018 y T-225 de 2018, proferidas por la Corte
Constitucional para sustentar los derechos fundamentales a la vida en condiciones
dignas, el mínimo vital y a la seguridad social.

1.5. Actuación procesal

La acción de tutela se admitió mediante auto del 13 de marzo de 2024, en el cual se
ordenó lo siguiente:

i) Notificar como accionados a los magistrados del Tribunal Administrativo de
Córdoba, Sala Cuarta de Decisión, quienes conocen del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que se adelanta con radicado 23001 33 33 002 2019
00278 00.

ii) Notificar como tercero con interés a la Administradora Colombiana de Pensiones1
– Colpensiones, al actuar como demandada en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

iii) Requerir al Tribunal Administrativo de Córdoba, para que (i) rinda informe en el que
indique si ya profirió fallo de segunda instancia dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento con radicado 23001 33 33 002 2019 00278 00, en caso de ser

1 En adelante, Colpensiones.

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Demandante: Prisca del Pilar Ramos Ortega

negativo, indicar el turno para emitir decisión; y (ii) remitir, con destino a este despacho,
copia del expediente correspondiente al medio de control de nulidad y restablecimiento
con radicado 23001 33 33 002 2019 00278 00.

iv) Remitir copia de la solicitud de tutela a la parte accionada y a los terceros
interesados, para que proceda a ejercer su derecho a la defensa, si a bien lo tiene, y
rinda el respectivo informe dentro de los dos (2) días siguientes a la notificación de la
presente providencia.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Colpensiones

La Dirección de Acciones Constitucionales de Colpensiones, solicitó se niegue el
amparo que depreca la accionante, por cuanto las pretensiones son improcedentes. Al
respecto, esgrime que el mecanismo de amparo constitucional no resulta procedente,
cuando se emplea para poner de presente la mera inobservancia de los términos
dentro de un proceso, en tanto que la dilación no constituye por sí sola, violación de
los derechos fundamentales, y en diversas ocasiones, la mora de los operadores
judiciales en el cumplimiento de los términos legales, puede estar justificada en el
exceso de carga de trabajo y la congestión judicial.

1.6.2. Tribunal Administrativo de Córdoba

La magistrada Diva Cabrales Solano, deprecó la denegatoria de la acción
constitucional, por cuanto no se incurrió en la violación de los derechos fundamentales
invocados por la accionante y señaló lo siguiente:

i) El proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, objeto de la presente
acción, cuyas pretensiones fueron concedidas por el Juzgado Segundo Administrativo
en providencia del 26 de septiembre de 2022, se encuentra en trámite de segunda
instancia, en razón al recurso de apelación interpuesto por Colpensiones contra dicha
sentencia.

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 01036 00
Demandante: Prisca del Pilar Ramos Ortega

ii) El 21 de febrero de 2023, fue admitido el recurso de apelación, y el 18 de julio de la
misma anualidad, ingresado al despacho para fallo, y le otorgó el turno 194 en el
inventario de segunda instancia del despacho.

iii) El despacho no es ajeno a la condición especial de la accionante que, por tener 77
años de edad y tratarse de un derecho pensional, es sujeto de especial protección, y
en razón a ello, realizó una revisión del inventario de segunda instancia, en el cual, se
encontró que están activos 15 expedientes de reconocimiento pensional, y conforme
a las condiciones de los demandantes, a la tutelante en el presente caso, se le asignó
el turno 2, con el objetivo de dictar sentencia que resuelva el recurso de alzada.

1.7. Otras actuaciones

El 25 de abril del 2024, el consejero de Estado Luis Eduardo Mesa Nieves manifestó
encontrarse inmerso en la causal de impedimento prevista en el numeral 6 del artículo
56 del Código de Procedimiento Penal, comoquiera que actuó como magistrado
ponente -hasta antes de su posesión como consejero de Estado- en el proceso que
originó la sentencia objeto de cuestionamiento.

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente para
conocer la presente acción de tutela, de acuerdo con lo dispuesto en el ordinal 5.º del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1.° del Decreto
333 de 2021, según el cual «Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o
Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo
superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada».

2.2. Cuestión previa

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 01036 00
Demandante: Prisca del Pilar Ramos Ortega

El consejero de Estado Luis Eduardo Mesa Nieves manifiesta encontrarse inmerso en
la causal de impedimento prevista en el numeral 6 del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal, comoquiera que actuó como ponente en la providencia objeto
de cuestionamiento.2

El régimen de impedimentos se fundamenta en la necesidad de preservar la integridad
moral del funcionario que reconoce la existencia de situaciones de hecho que pueden
comprometer su criterio en la decisión y, de otra parte, constituye una garantía de
imparcialidad y transparencia de la administración de justicia en los juicios que emite
en los casos puestos a su conocimiento.

Ahora bien, las causales de impedimento establecidas en la ley poseen el carácter de
taxativas y de aplicación restrictiva, son una excepción al cumplimiento de la función
jurisdiccional, se encuentran debidamente delimitadas, y no pueden ampliarse
discrecionalmente al criterio del juez o de las partes.

En materia de acción de tutela, los impedimentos se rigen por las causales del Código
de Procedimiento Penal por remisión del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991, el cual
prevé lo siguiente:

Artículo 39. Recusación. En ningún caso será procedente la recusación. El juez
deberá declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento del
Código de Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación del fallo de tutela deberá
adoptar las medidas procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinario,
si fuere el caso.

Conforme con los anteriores lineamientos, para que sea posible que el juez
constitucional se aparte del conocimiento de determinado asunto, debe producirse la
manifestación por parte del propio funcionario judicial, esto es, por la vía del
impedimento, con fundamento en las causales establecidas en el Código de
Procedimiento Penal.

2 Manifestación de impedimento de fecha 25 de abril de 2024.

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 01036 00
Demandante: Prisca del Pilar Ramos Ortega

La jurisprudencia de la Corte Constitucional3 ha especificado que el atributo de
imparcialidad de los funcionarios judiciales forma parte del debido proceso y, por ende,
el régimen de impedimentos y recusaciones tiene como fundamento el artículo 29 de
la Constitución, en cuanto deben procurar la protección de tal garantía constitucional.

También ha sostenido que la imparcialidad judicial, debe ser considerada desde la
propia administración de justicia, pues solo así se garantizaría que las actuaciones en
esta sede «estén ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y
moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública (art. 209 C.P.)».4

La Corte Constitucional ha explicado claramente la definición del atributo de
imparcialidad: «esta se predica del derecho de igualdad de todas las personas ante la
ley (Art. 13 C.P.), garantía de la cual deben gozar todos los ciudadanos frente a quien
administra justicia. Se trata de un asunto no sólo de índole moral y ética, en el que la
honestidad y la honorabilidad del juez son presupuestos necesarios para que la
sociedad confíe en los encargados de definir la responsabilidad de las personas y la
vigencia de sus derechos, sino también de responsabilidad judicial».5

En el presente caso, el magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves manifiesta su
impedimento para conocer de la acción de tutela y, para tal efecto, invoca la causal
contemplada en el numeral 6 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, que
establece lo siguiente:

Art. 56. Causales de impedimento. Son causales de impedimento:

[…]
6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o
hubiere participado dentro del proceso, o sea cónyuge o compañero o compañera
permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o
segundo de afinidad, del funcionario que dictó la providencia a revisar.
[…]

3 Sentencia C-496 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa.

4 Ibidem.
5 Sentencia 365 de 2000, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 01036 00
Demandante: Prisca del Pilar Ramos Ortega

Lo anterior, debido a que, participó como magistrado ponente -hasta antes de su
posesión como consejero de Estado- en el proceso que originó la decisión objeto de
la litis, esto es, la sentencia del 12 de abril de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de Decisión, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación 23001 33 33 002 2019 00278 01.

En ese escenario, la Sala declarará fundado el impedimento bajo análisis, puesto que,
una vez confrontada la causal invocada con la razón que expuso el magistrado Luis
Eduardo Mesa Nieves, es dable colegir que la discusión que llegue a darse en la acción
de tutela puede comprometer la decisión del consejero.

Así las cosas, se le separará del conocimiento del asunto de la referencia, en procura
de garantizar los principios de independencia e imparcialidad de la administración de
justicia, establecidos en el artículo 5.º de la Ley 270 de 1996.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Córdoba, vulneró a
la señora Prisca del Pilar Ramos Ortega, sus derechos fundamentales al mínimo vital
y a la seguridad social, por no haber proferido sentencia en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 23001 33 33 002 2019 00278 00.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos
fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y se
caracteriza por ser residual y subsidiaria. Dichos caracteres dan cuenta del ámbito
restringido de procedencia de las peticiones que se elevan en ejercicio de este
mecanismo de amparo, ya que el ordenamiento jurídico establece diversas acciones
ordinarias que se encaminan, igualmente, a la defensa de los derechos que no se

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Demandante: Prisca del Pilar Ramos Ortega

pueden pasar por alto.

Por ello, el artículo 6.º, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991 establece como causal
de improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable».

La jurisprudencia de la Corte Constitucional6 reitera que el juez de tutela debe analizar
los asuntos que llegan a su conocimiento con observación estricta del carácter
subsidiario y residual de la acción. Ello quiere decir que solo tiene lugar cuando dentro
de los diversos medios legales existentes, ninguno resulte idóneo para proteger
objetivamente el derecho que se alegue conculcado.

También es viable el amparo cuando a pesar de disponer de otro medio de defensa
judicial idóneo para proteger su derecho, el ciudadano acuda a la acción de tutela
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá
probar. De no atender a estos parámetros se desconocería el principio de
subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría el juez constitucional en contravía del
sistema jurídico.

2.4.2. La mora judicial

El artículo 29 de la Constitución Política, desarrollado ampliamente por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional,7 señala que el derecho al debido proceso

6 Corte Constitucional, sentencias T-030 de 2015, T-871 de 1999, T-069 de 2001, T-1268 de 2005, T-

972 de 2006, T-074 de 2009, T-954 de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 211, T-890 de 2011 y T-205 de
2012, entre otras muchas.
7 Al respecto, ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional, C-341 de 2014. M.P. Mauricio

González Cuervo: «La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el
conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección
del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten
sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del debido
proceso: (i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso
a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones
ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al juez
natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en
determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las
personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley; (iii) El derecho a la defensa,

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debe aplicarse a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Por su parte,
el artículo 288 ejusdem precisa que «los términos procesales se observarán con
diligencia y su incumplimiento será sancionado».

En armonía con dichas previsiones, el numeral 15 del artículo 153 de la Ley 270 de
1996 establece como un deber de los funcionarios judiciales «resolver los asuntos
sometidos a su consideración dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción
a los principios y garantías que orientan el ejercicio de la función jurisdiccional».

Por otro lado, los artículos 17 y 18 de la Ley 446 de 1998 imponen a los falladores la
obligación de cumplir los términos judiciales, so pena de incurrir en sanciones
disciplinarias. Así mismo, prevén el deber de dictar sentencias respetando el orden en
que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin, sin que este se pueda
alterar, a menos de que se trate de asuntos de gran transcendencia jurídica y social.

En esa lógica, la Corte Constitucional ha señalado que «quien presenta una demanda,
interpone un recurso, formula una impugnación o adelanta cualquier otra actuación
dentro de los términos legales, estando habilitado por ley para hacerlo, tiene derecho
a que se le resuelva del mismo modo, dentro de los términos legales dispuestos para
ello».8

Como se aprecia, tanto la Constitución como las normas legales y la jurisprudencia
constitucional son claras al imponer, para quienes administran justicia, la exigencia de
observar las garantías procesales y los términos previstos para la resolución de las
controversias que se ventilen ante ellos. Sin embargo, conscientes del alto tráfico

entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una
decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para
la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la
igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen
en el proceso; (iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable,
lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o
inexplicables; (v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores
públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas
de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y (vi) el derecho a la independencia e imparcialidad
del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los
imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias
ilícitas».
8 Sentencia T-366 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

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Demandante: Prisca del Pilar Ramos Ortega

procesal que desborda la capacidad de los operadores jurídicos, advierten que tal
obligación debe atenderse en función del estricto orden de entrada de los expedientes
al despacho, salvo prelación legal.

Es importante destacar que no toda dilación de la actividad judicial constituye una
violación de los derechos fundamentales de los administrados, pues como lo indica la
Corte Constitucional, solo puede considerarse como tal «aquella denegación o
inobservancia de los términos procesales que se presenten sin causa que las
justifiquen o razón que las fundamenten».9

Por esa razón, estableció tres supuestos para determinar cuándo los operadores
jurídicos incurren en mora judicial injustificada,10 así: «(i) se presenta un
incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación
judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la
congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión
en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial».11

En definitiva, el incumplimiento de los mandatos previstos en la legislación constituye
lo que se ha denominado por la doctrina como la «mora judicial», fenómeno que
necesariamente implica que la dilación en el trámite de una actuación sea fruto, no de
la complejidad del asunto o de la existencia de problemas de tipo administrativo —
como el exceso de carga laboral de los despachos—, sino de la falta de diligencia y
omisión sistemática de los funcionarios judiciales en el cumplimiento de sus deberes.12
este.

2.4.3. De los criterios para establecer la vulneración de derechos
fundamentales atribuibles a la mora judicial

La Corte Constitucional ha señalado que, la mora judicial puede considerarse, per
se, violatoria de los derechos fundamentales y para ello, ha identificado hipótesis

9 Sentencia T-297 de 2006.
10 Sentencias T-292 de 1999 y T-220 de 2007.
11 Sentencia T-1154 de 2004 reiterada en las providencias T-1294 de 2004 y T-220 de 2007.
12 Sentencia T-357 de 2008, Corte Constitucional, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

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Demandante: Prisca del Pilar Ramos Ortega

en las cuales, con fundamento en las condiciones particulares de la persona que
acude a la administración de justicia, el incumplimiento de los términos para fallar y
la aplicación de la regla sobre el orden para proferir las decisiones judiciales,
también genera una violación de derechos fundamentales, susceptible de amparo
por vía de tutela.

Se trata entonces, de casos en los cuales no pueda decirse que la mora en proferir
la decisión sea injustificada, y en los que se hayan adoptado medidas
administrativas tendientes a superar el atraso, y sin embargo, siga siendo notable
un detrimento a las personas que se encuentran en condiciones de debilidad
manifiesta.

En síntesis, la Corte estableció como criterios (i) cuando se vean afectados los
derechos fundamentales de una persona que se encuentre en circunstancias críticas
de debilidad manifiesta; (ii) cuando el atraso exceda los límites constitucionalmente
tolerables; y (iii) cuando el asunto guarde una relación directa con la condición del
sujeto de especial protección constitucional, que al decidirse sobre aquel incida de
manera favorable en su situación13.

2.5. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:

2.4.1. El 18 de junio de 2019, la señora Prisca del Pilar Ramos Ortega, presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Administradora
Colombiana de Pensiones, para el reconocimiento y pago de su pensión de vejez,
admitida el día 29 de octubre de 2020, e identificada con el radicado 23001 33 33 002
2019 00278 00.

2.4.2. El 26 de septiembre de 2022, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Montería, dictó sentencia en la que reconoció y ordeno el pago de

13Al respecto, ver sentencia T- 708 de 2006. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

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Demandante: Prisca del Pilar Ramos Ortega

la pensión de vejez a la señora Prisca del Pilar Ramos Ortega.

2.4.3. El 4 de octubre de 2022, la Administradora Colombiana de Pensiones, presentó
recurso de apelación contra la sentencia mencionada en el inciso anterior, que fue
concedido el día 10 de noviembre de 2022.

2.4.4. El 21 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo de córdoba, admitió el
recurso de apelación.

2.4.5. El 3 de noviembre de 2023, la señora Prisca del Pilar Ramos Ortega, presentó
memorial solicitando turno preferencial para fallo.

2.4.6. El 1.° de marzo de 2024, presentó acción de tutela, en la que solicitó se le
ordenara al Tribunal Administrativo de Córdoba, asignarle un turno prioritario debido a
que pertenece a la población de adulto mayor y por consiguiente es sujeto de especial
protección.

2.4.7. El 2 de abril de 2024, el Tribunal Administrativo de Córdoba, en atención a las
condiciones de la demandante al ser sujeto de especial protección constitucional, por
tener 77 años de edad y tratarse de un tema de reconocimiento pensional, le asignó el
turno núm. 2 para fallo.

2.4.8. El 12 de abril del año en curso, el Tribunal Administrativo de Córdoba, profirió
sentencia en la que confirmó la decisión del Juzgado Segundo Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Montería.

2.6. El caso concreto. Análisis de la Sala

La señora Prisca del Pilar Ramos Ortega, acude a la acción de tutela para que se
protejan sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social, cuya
vulneración atribuye al Tribunal Administrativo de córdoba, Sala Cuarta de Decisión,
al no asignarle un turno prioritario en razón a su condición de especial protección
constitucional, para proferir sentencia respecto del recurso de apelación en el proceso

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Demandante: Prisca del Pilar Ramos Ortega

de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 23001 33 33 002 2019 00278
00.

En el caso bajo análisis, se reitera que la accionante el 3 de noviembre de 2023,
presentó memorial solicitando turno preferencial para fallo, sin que hasta la fecha de
presentación de la solicitud de tutela —1 de marzo de 2024— hubiese obtenido
respuesta favorable.

Sin embargo, advierte la Sala que la magistrada Diva Cabrales Solano, del Tribunal
Administrativo de Córdoba, al rendir informe en esta actuación, allegó copia de la
respuesta que remitió vía correo electrónico a la accionante el día 4 de abril de 202414,
en la cual, en atención a las condiciones de la accionante, al ser sujeto de especial
protección constitucional por tener 77 años de edad y tratarse de un tema de
reconocimiento pensional, le asignó el turno núm. 2 para fallo, dentro del inventario de
segunda instancia del despacho.

Adicionalmente, el Tribunal Administrativo de Córdoba, remitió a través de memorial
de fecha 15 de abril de 2024, la sentencia proferida en el caso sub examine el día 12
de abril de la misma anualidad, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con radicado 23001 33 33 002 2019 00278
01, en la cual confirmó la decisión de primera instancia adoptada por el Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería, en la que reconoció y
ordenó el pago de la pensión de vejez a la señora Prisca del Pilar Ramos Ortega.

En tal sentido, la circunstancia que originó el presente medio de amparo constitucional,
se encuentra actualmente superada y no existe mérito para proferir una decisión de
fondo en el presente caso, en atención a que la pretensión que formuló se dirigía a
que se le otorgara un turno prioritario para fallo, lo cual, como quedó expuesto, ya
ocurrió, y adicional a ello, el Tribunal Administrativo de Córdoba, profirió sentencia y
resolvió de fondo el asunto, el 12 de abril de 2024, en la que confirmó el fallo de primera
instancia y otorgó el derecho a la accionante.

14 Índice 9, del expediente digital.

15

Radicado: 11001 03 15 000 2024 01036 00
Demandante: Prisca del Pilar Ramos Ortega

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional15 cuando la situación
fáctica que motiva la presentación de la acción de tutela desaparece o se modifica, en
el sentido de que cesa la presunta acción u omisión que, en principio, podría generar
la vulneración de los derechos fundamentales de la accionante, la solicitud de amparo
pierde eficacia en la medida en que desaparece el objeto jurídico sobre el que recaería
una eventual decisión del juez de tutela.16

En consecuencia, si la actuación u omisión que causa la supuesta amenaza o
vulneración se extingue o se encuentra superada, la acción de tutela pierde su razón
de ser como mecanismo idóneo y expedito de protección judicial, pues la decisión que
puede adoptar el juez, en relación con el caso concreto, resultaría inocua e iría en
contra del objetivo constitucionalmente previsto para esta acción.17

Conforme a lo expuesto, se tiene que dentro del trámite de la tutela se resolvió la
cuestión fundamental que planteó la accionante. En este sentido, se encuentra
satisfecha la pretensión que dio lugar a la interposición de la solicitud de amparo, lo
que deja sin objeto cualquier decisión que pueda emitir el juez constitucional al
respecto.

3. Conclusión

La Sala concluye que debe declararse la carencia actual de objeto por hecho
superado, toda vez que, como se pudo establecer con el informe rendido por la entidad
demandada, el 4 de abril de 2024, se le asigno el turno núm. 2 para fallo, y el 12 de
abril de la misma anualidad, se dictó sentencia de segunda instancia, siendo esta
última, el objetivo de lo pretendido por la accionante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-

15 Véase, por ejemplo, la Sentencia T-533 de 2009, donde decidió que la característica esencial del

fenómeno de la carencia actual de objeto es que la orden del juez de tutela, destinada a conceder lo
pretendido en la demanda de amparo, no ejerce ningún efecto sobre la protección, es decir, es
infructuosa. Esto como resultado de dos eventos: el hecho superado o el daño consumado.
16 Ibidem.
17 Corte Constitucional, Sentencia T-308 de 2003.

16

Radicado: 11001 03 15 000 2024 01036 00
Demandante: Prisca del Pilar Ramos Ortega

Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Declarar fundado el impedimento manifestado por el consejero doctor Luis
Eduardo Mesa Nieves para conocer la acción de tutela de la referencia, por las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión y, en consecuencia,
separarlo del conocimiento del asunto.

Segundo: Declarar la cesación de la actuación por carencia actual de objeto por
hecho superado, conforme a los argumentos expuestos en la parte motiva de esta
providencia.

Tercero: En caso de que no fuere impugnada la presente decisión, remitir el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Con impedimento

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada Samái. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
ACVF

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