Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01045-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-01045-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01045-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-01045-00
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
12 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., doce (12) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01045-00
Accionante: Cesar Augusto Ruíz Muñoz
Accionado: Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por Cesar Augusto Ruíz Muñoz en
contra de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y del
Tribunal Administrativo del Cauca.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de tutela
El 1° de marzo de 20241 Cesar Augusto Ruíz Muñoz interpuso acción de tutela2 en
procura de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al trabajo en condiciones
dignas, así como al respeto por los principios de buena fe, de favorabilidad y de
confianza legítima que consideró vulnerados con la sentencia emitida el 11 de
agosto de 2023 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
que confirmó el fallo del 24 de febrero de 2022 por medio del cual el Tribunal
Administrativo del Cauca negó las pretensiones elevadas al interior del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho 19001-23-33-004-2017-00448-00.
1.1. Hechos
1.1.1. Cesar Augusto Ruíz Muñoz es miembro activo de la Policía Nacional y labora
en el Departamento del Cauca.
1 Según el índice 1 de Samai.
2 Obra en el certificado 76FC6F3A7B87E45A D9BE28253A4F6369 621626ACFAC73FB9
C6CF581C1986C18F, índice 2.
2
Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01045-00
Accionante: Cesar Augusto Ruíz Muñoz
Accionado: Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro
1.1.2. El 6 de septiembre de 20113 solicitó al Director General de la Policía Nacional
que lo convocara para el curso necesario para ascender al grado de Subintendente,
pero mediante Acta 018 del 16 de noviembre de 20114 la Junta de Evaluación y
Clasificación para Suboficiales, Personal Nivel Ejecutivo y Agentes resolvió no emitir
un concepto favorable5 y, ante la petición del actor de que se reconsiderara la
decisión, se emitió el Acta 001 del 11 de enero de 20126, en la que se ratificó la
decisión inicial.
1.1.3. Inconforme, el tutelante presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho7 y pretendió que, una vez anulados los
actos administrativos cuestionados, se ordenara a la entidad convocar al actor al
Concurso Previo al Curso de Capacitación y Ascenso al Grado de Subintendente y
se le pagara el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales
vigentes por concepto de perjuicios morales.
1.1.4. En primera instancia el asunto fue conocido por el Tribunal Administrativo del
Cauca que, en sentencia del 24 de febrero de 20228, negó las pretensiones de la
demanda.
1.1.5. La parte demandante interpuso recurso de apelación9 en contra de la anterior
decisión. La alzada fue resuelta por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en fallo del 11 de agosto de 202310, en el sentido de confirmar
la decisión de primera instancia.
Esta determinación se fundamentó en que el demandante no logró desvirtuar la
legalidad de los actos demandados, pues estos fueron emitidos con fundamento en
la facultad discrecional de la que es titular la Junta de Evaluación y Clasificación
para Suboficiales. Lo anterior debido a que el testimonio de Francisco Javier Molina
Realpe no logró brindar certeza frente a los motivos por los cuales no se emitió
concepto favorable y, si bien el actor aportó la documentación que acreditaba un
3 Folio 35 del certificado BB9C0C4DDF2798FA C2D68E7C2170C7A7 99BCE9F16827AE02
71D938E1BAF08020, índice 11.
4 Folios 47 ̶ 370, ibid.
5 Folios 330 ̶ 332, ibid.
6 Folios 373 ̶ 436, ibid.
7 Folios 5 ̶ 19, ibid.
8 Folios 289–315 del certificado 4A5EFCAB2CBC87C5 A6237958AEDA8DF5 1690F4D74B079F64
90AF339C308A9B40, índice 11.
9 Folios 323 ̶ 371, ibid.
10 Folios 397̶ 415, ibid.
3
Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01045-00
Accionante: Cesar Augusto Ruíz Muñoz
Accionado: Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro
buen desempeño en su labor, ni ello ni el mero paso del tiempo generó per se la
posibilidad de que el accionante concursara con el fin de obtener el mencionado
ascenso.
Adicionalmente, también se encontró probado que, posteriormente, el accionante
fue ascendido a la posición deseada luego de superar el concurso y los cursos
respectivos, ya que así quedó demostrado a través del Acta 13 ADEHU-GUPOL-3-
22 del 9 de octubre de 2012 y la Resolución 4900 del 27 de septiembre de 2018.
1.2. Fundamentos de la acción de tutela
El interesado aseguró que las autoridades judiciales demandadas vulneraron sus
derechos fundamentales por las siguientes razones:
1.2.1. Se incurrió en una violación directa de la Constitución porque no se le
salvaguardó su garantía al debido proceso, ya que no se tuvo en cuenta el buen
desempeño, las condecoraciones y la falta de investigaciones, específicamente se
refirió a que jamás fue notificado de ninguna diligencia penal o disciplinaria, de
manera que los actos administrativos censurados carecían de idoneidad y legalidad
para negar el ascenso.
1.2.2. Se configuró un defecto fáctico, la decisión se fundamentó en supuestas
investigaciones por la comisión de un delito, pero, según el actor, estas actuaciones
jamás se adelantaron en su contra.
En esta misma línea, argumentó que existió una valoración defectuosa del
testimonio de Francisco Javier Molina Realpe, ya que se le restó validez a su dicho
por el hecho de no haber proporcionado datos específicos de las personas que
lograron ser convocadas para el ascenso con un desempeño más bajo que el
demandante.
También estimó que se realizó una indebida valoración probatoria, dado que los
jueces de instancia afirmaron que en los documentos aportados no se consignó la
valoración de una labor sobresaliente o excepcional por parte del demandante que
permitiera desvirtuar la legalidad de los actos administrativos acusados, a pesar de
que se logró demostrar lo contrario.
4
Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01045-00
Accionante: Cesar Augusto Ruíz Muñoz
Accionado: Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro
1.2.3. Se materializó un defecto sustantivo, pues el artículo 21 del Decreto Ley 1791
de 2000 no especificó que tuviera que tener en su hoja de vida alguna anotación
sobre su labor sobresaliente o excepcional como requisito para ascender. Así
mismo, luego de hacer una diferenciación entre los conceptos de arbitrariedad y
discrecionalidad, manifestó que otras personas con hojas de vida con menores
calificaciones sí fueron convocadas al curso de ascenso, de manera que la
autoridad judicial aceptó que se cometiera una arbitrariedad, toda vez que él
contaba con mayor experiencia y mejores calificaciones que sus compañeros.
1.3. Pretensiones de la acción de tutela
El accionante solicitó textualmente lo siguiente:
“Sírvase Honorables Magistrados DECLARAR vulnerados mis derechos
fundamentales por parte de las entidades accionadas y en su lugar dejar sin
EFECTOS JURÍDICOS de manera parcial la sentencia proferida en Segunda
Instancia por el H. CONSEJO DE ESTADO por los motivos antes expuestos y
en su lugar se ordene REVOCAR las decisiones proferida con observancia de
los precedentes jurisprudenciales al respecto y se ORDENE que:
“PRIMERO: Que se declare la nulidad parcial y/o se revoque parcialmente en
lo que a los intereses de mi poderdante se refiere, el Acto Administrativo
contenido en el Acta No. 018 del día 16 de noviembre de 2011, expedido por la
Junta de Evaluación y Clasificación para Suboficiales, Nivel Ejecutivo y Agentes
de la Policía Nacional, por medio del cual se resolvió no emitir concepto
favorable que le permitiera al señor CESAR AUGUSTO RUIZ MUÑOZ
participar en el concurso previo al curso de ascenso al grado de Subintendente
en virtud de la convocatoria No. 01 de 2011 para el cual reunía todos los
requisitos.
SEGUNDO: Que se declare la nulidad parcial y/o se revoque parcialmente en
lo que a los intereses de mi poderdante se refiere, el Acto Administrativo
contenido en el Acta No. 001 de fecha 11 de enero de 2012, comunicada el día
12 de enero de 2012, expedido por la Junta de Evaluación y Clasificación para
Suboficiales, Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional, por medio del
cual se resolvió RATIFICAR el contenido en el acta No. 018 del 16 de
noviembre de 2011 en el sentido de no emitir concepto favorable que le
permitiera al señor CESAR AUGUSTO RUIZ MUÑOZ participar en el concurso
previo al curso de ascenso al grado de Subintendente en virtud de la
convocatoria No. 01 de 2011 para el cual reunía todos los requisitos.
TERCERO: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones de
nulidad, se ordene a la entidad convocada que expida el correspondiente Acto
Administrativo por medio del cual se incluya al señor CESAR AUGUSTO RUIZ
MUÑOZ, en un curso para capacitación de ascenso ya sea ordinario o
extraordinario, en el grado inmediatamente superior (Subintendente), teniendo
en cuenta para ello la fecha Página 34 de 36 fiscal de alta como patrullero de
mi representado, cual es 2 de marzo de 2001.
5
Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01045-00
Accionante: Cesar Augusto Ruíz Muñoz
Accionado: Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro
CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, solicito que se expida el
correspondiente Acto Administrativo de ascenso y/o nombramiento, teniendo
en cuenta para el efecto, el tiempo de permanencia en el Grado de Patrullero y
los cursos de ascenso para los cuales se ha inscrito el señor CESAR
AUGUSTO RUIZ MUÑOZ, de modo que su nombramiento sea igual a los
ascensos y/o nombramientos realizados a sus compañeros, de acuerdo a la
respectiva fecha fiscal de los mismos.
QUINTO: Que la entidad convocada reconozca y pague al señor CESAR
AUGUSTO RUIZ MUÑOZ, el equivalente a CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS
LEGALES MENSUALES VIGENTES al momento en que se produzca el pago,
a título de perjuicios no pecuniarios en la modalidad de DAÑO MORAL,
causados por haberle lesionado al accionante con su actuación ilegal y
arbitraria los derechos al buen nombre, a la honra, a la dignidad como ser
humano, como miembro de la sociedad y como miembro de la Institución a la
cual presta sus servicios, su derecho al trabajo, al debido proceso, el derecho
a la igualdad; perjuicios que a su vez se expresan en la preocupación, la pena
moral, la frustración que le produce a mi representado el ver truncada la
posibilidad de ascenso y de mejorar sus ingresos salariales, la angustia y la
vergüenza que le produce el pensar en los posibles señalamientos de que
puede ser objeto por parte de sus compañeros y de sus superiores a causa de
estar siendo señalado injustificadamente de la comisión de unas presuntas
conductas delictivas y disciplinarias que ponen en tela de juicio su reputación
como Patrullero, hecho que equivale a ser considerado como un delincuente al
interior de dicha institución, como un elemento mediocre en el desempeño de
sus funciones institucionales y sin opción de ascender como el resto.
SEXTO: Que se señale en la respectiva providencia que la entidad demandada
debe dar cumplimiento a la sentencia dentro de los términos indicados en el
artículo 192 del C.C.A., y que deben igualmente reconocer y pagar los intereses
en el caso en que se den los supuestos del tercer inciso del artículo 192 del
C.C.A., desde la fecha de ejecutoria del fallo y con los ajustes contemplados
en el numeral 4 del artículo 195 y parágrafo 1º. del C.C.A.
SÉPTIMO: Que se condene a las entidades demandadas, al pago de costas
incluyendo las agencias en derecho, en los términos establecidos en el artículo
193 del C.C.A.
OCTAVO: Que se me reconozca la correspondiente personería para actuar
como apoderado de la parte demandante.”
De manera subsidiaria sírvase conminar al H. CONSEJO DE ESTADO, que
cuando profiera la nueva sentencia se atenga estrictamente a los lineamientos
expuestos en el precedente vertical de la H. Corte Constitucional y del H.
Consejo de Estado.”11.
2. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición
2.1. Mediante auto del 5 de marzo de 202412 el ponente admitió la acción de tutela
y ordenó notificar, en calidad de demandados, al Tribunal Administrativo del Cauca
11 Folios 33–35 del certificado 76FC6F3A7B87E45A D9BE28253A4F6369 621626ACFAC73FB9
C6CF581C1986C18F, índice 2.
12 Obra en el certificado 19237135E65412AC 600E8F27F4D3E046 0079E18275878848 6F5462736F2CB847,
índice 5.
6
Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01045-00
Accionante: Cesar Augusto Ruíz Muñoz
Accionado: Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro
y a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en calidad de
tercera con interés, a la Nación ̶ Ministerio de Defensa ̶ Policía Nacional13.
2.2. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado14 aseveró que
los argumentos esgrimidos en la solicitud de amparo se circunscribieron a la
inconformidad del actor con lo decidido en el trámite ordinario, además, el
demandante insistió en hechos y alegatos que ya fueron examinados en la
sentencia censurada. Específicamente señaló que el fallo cuestionado realizó una
valoración de cada una de las pruebas practicadas, resolvió conforme con ellas y
enfatizó que no es cierto que no se le hubiera dado credibilidad al testimonio de
Francisco Javier Molina Realpe, sino que de su narración no se pudo establecer con
certeza que se hubiera configurado una causal de nulidad de los actos
administrativos atacados.
2.3. El Ministerio de Defensa15 consideró que no existió una vulneración a las
garantías del accionante, que él tenía la carga de la prueba de demostrar la violación
a sus prerrogativas, así como el vicio de legalidad que alegó en el proceso ordinario,
la autoridad judicial realizó un correcto análisis fundamentado en el acervo
probatorio y no se configuró ninguna situación de amenaza inminente o perjuicio
irremediable que ameriten la procedencia de la tutela.
2.4. Los demás interesados guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por Cesar
Augusto Ruíz Muñoz en contra de la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo del Cauca de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13
del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
13 Los soportes de notificación obran en el índice 8.
14 Obra en el certificado 0949FF3B0854EC1A B47EE3D5E9C95E00 D175FDDFE7BF2AC6
960560E331D499AF, índice 9.
15 Obra en el certificado A1CD448CD6D412E3 3B20AC8631FE48B0 CFE65C4C4FD4320D
702789E297C501F3, índice 13.
7
Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01045-00
Accionante: Cesar Augusto Ruíz Muñoz
Accionado: Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro
2. Problema jurídico
La Sala verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los requisitos
generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si las providencias
censuradas incurrieron en las causales específicas de procedencia alegadas.
3. Cuestión Previa
El tutelante atacó tanto la sentencia de primera como de segunda instancia dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 19001-23-33-004-2017-
00448-00, pero, la Sala analizará únicamente la providencia del 11 de agosto de
2023, ya que se observa que esta fue la que concluyó de manera definitiva el trámite
del medio de control.
4. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto
4.1. Sobre este requisito, la Corte Constitucional ha señalado que el juez de tutela
“no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones”16.
En efecto, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber17: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el
cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo especial
constitucional está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
16 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
17 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001 03 15 000 2012 02201 01, C.P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez.
8
Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01045-00
Accionante: Cesar Augusto Ruíz Muñoz
Accionado: Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro
Por su parte, la Corte Constitucional, a través de la sentencia SU-215 de 202218,
advirtió que para analizar si una acción de tutela cumplía con el requisito de
relevancia constitucional, era necesario verificar
“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales”.
Así mismo, resaltó que en caso de que una acción de tutela fuere incoada en contra
de una providencia judicial emitida por una Alta Corte, resultaba mandatorio advertir,
además de los anteriores requisitos, “una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales.”.
4.2. Para la Sala se torna evidente que el amparo impetrado no satisface el requisito
de relevancia constitucional, puesto que se advierte como un medio dirigido a revivir
el análisis efectuado por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 19001-23-33-
004-2017-00448-00, como si este mecanismo fuera una instancia adicional según
se explicará.
4.3. Cesar Augusto Ruíz Muñoz alegó, en esencia, que la autoridad judicial incurrió
en una violación directa de la Constitución, un defecto fáctico y un defecto sustantivo
al haber omitido valorar su hoja de vida, restarle credibilidad al testimonio
legalmente recaudado dentro del trámite ordinario, avalar que se hubiera convocado
a otros sujetos con un peor desempeño que el del actor y aceptar que se hubiera
fundamentado la decisión de no emitir concepto favorable en supuestas
investigaciones en su contra que jamás existieron.
4.4. Al verificar los argumentos expuestos en la providencia del 11 de agosto de
2023, dictada por la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, se
dilucidan las siguientes consideraciones:
“Como se puso de presente en la transcripción de lo fundamental de la
declaración rendida en audiencia de pruebas por Francisco Javier Molina
Realpe, los hechos narrados por este en referencia a las supuestas
investigaciones que impidieron la emisión de un concepto favorable para el
18 Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
9
Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01045-00
Accionante: Cesar Augusto Ruíz Muñoz
Accionado: Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro
accionante carecen de fechas con las cuales se pueda contrastar la relación de
ellas con los actos administrativos demandados en los cuales se negó la
emisión del pretendido concepto; así las cosas, la declaración en si misma
carece de fuerza probatoria para demostrar la nulidad de los actos
administrativos demandados.
(…)
En el análisis del antecedente de 2010 que versa sobre la misma pretensión
pero en diferente fecha y que se resolvió por medio de distintos actos
administrativos, se tiene que para esa oportunidad, la Junta de Evaluación y
Clasificación no emitió concepto favorable por presuntas actividades
irregulares que iban en contravía de los principios, valores y políticas de la
Policía Nacional como institución, al estar supuestamente involucrado César
Augusto Ruiz Muñoz en actividades que auspiciaban a narcotraficantes de
Balboa, Cauca. Esta información contrastada con el testimonio rendido en
audiencia de pruebas por Francisco Javier Molina Realpe no se encuentra
revestida de claridad respecto del año en que supuestamente sucedieron los
hechos, ya que el declarante se refiere a circunstancias que coinciden con lo
determinado por la Junta de Evaluación y Clasificación en el año 2010 pero lo
trae a colación respecto del proceso que atañe a la Sala sobre los actos
administrativos demandados, proferidos en 2011 y 2012; además de tratarse
en el caso del testimonio de información que se adquirió de oídas a través de
terceros, por lo cual, las afirmaciones no brindan certeza respecto de los
motivos que llevaron a no emitir concepto favorable.
Así las cosas, al no evidenciarse respecto de la postulación del año 2011
motivos explícitos y expresos por los cuales la Junta de Clasificación y
Evaluación tomó la determinación de no emitir concepto favorable, en conjunto
con lo manifestado por la entidad demandada mediante Oficio No. S-2019
065013/ADEHU-GRUAS-1.10 del 25 de octubre de 2019, para la Sala es claro
que la decisión contenida en los actos administrativos demandados y
cuestionada por el demandante responde al uso de la potestad discrecional de
la Junta, que en multitud de ocasiones ha establecido y defendido ésta
Corporación, como se indicó en el estudio normativo, al explicar que la
evaluación de desempeño policial es una actuación administrativa reglada, y la
evaluación de la trayectoria profesional, es discrecional […] La selección a los
cursos de capacitación para ascenso conlleva implícitamente el ejercicio de una
facultad discrecional, pero no arbitraria, de tal manera que dicha selección debe
efectuarse entre los oficiales que cumplen los requisitos legales para el
ascenso, […] La institución policial no está en la obligación de llamar a curso
de ascenso a todos los aspirantes a un grado superior, […] ».
Aun cuando con la documentación aportada por el demandante sobre que, en
el ejercicio de su actividad policial fue objeto de felicitaciones y menciones
honoríficas, estas no consignan en sí una labor excepcional que permita a la
Sala desvirtuar la legalidad de los actos acusados, pues éstas al denotar buen
comportamiento y resaltar conductas, lo hacen enalteciendo un buen
desempeño laboral y cumplimiento de las obligaciones que todo servidor
público debería ostentar.
Con todo lo anterior se tiene que la decisión de no proferir un concepto
favorable para posibilitar al demandante la participación en el concurso previo
al curso de ascenso al grado de subintendente se ajustó a la norma que regula
el asunto y respondió, únicamente, al uso de la facultad discrecional de la Junta
de Evaluación y Clasificación que además de ello, indicó que el mero paso del
tiempo no dota en sí mismo a los uniformados de la Policía Nacional de la
posibilidad de concursar o ingresar a una jerarquía policía, valoración con la
10
Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01045-00
Accionante: Cesar Augusto Ruíz Muñoz
Accionado: Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro
que concuerda la Sala al estudiar y acogerse al criterio jurisprudencial que se
presentó en precedencia.
En resumen, no se aportó ninguna prueba que conlleve al convencimiento
pleno de que la voluntad e intención de los actos administrativos demandados
fueron contarios a derecho o a las necesidades del servicio, pues la hoja de
vida sin llamados de atención, sanciones o anotaciones negativas no goza de
fuerza probatoria suficiente para demostrar que los motivos de la decisión de
la Junta de Evaluación y Clasificación desbordaron en sí mismos el ejercicio de
la facultad discrecional de esta, con lo cual se ajustan a derecho las actas y por
ello se confirmará la sentencia del 24 de febrero de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo del Cauca.
La Sala como conclusión, deberá resolver al problema jurídico subsidiario que
se planteó así: ¿procede la expedición de los actos administrativos de ascenso
y/o nombramiento como subintendente, teniendo en cuenta el tiempo de
permanencia en el grado de patrullero y los cursos de ascenso? Al cual,
responderá que no, pues como consta en el Acta 13 ADEHU-GUPOL-3-22 del
9 de octubre de 2012, al demandante se le emitió concepto favorable para que
concurse al ascenso para el grado de subintendente; tanto así que mediante
resolución 4900 de 27 de septiembre de 2018, la Dirección General de la Policía
Nacional ascendió a un personal del nivel ejecutivo, ingresando al grado de
subintendentes, con fecha fiscal del 30 de septiembre de 2018, donde se
incluyó a César Augusto Ruiz Muñoz al ascenso.”19.
4.5. Luego de relatado lo que precede, se observa que los argumentos que
fundamentaron la demanda tuitiva estuvieron realmente encaminados a reabrir un
debate probatorio que ya fue zanjado, pues como se observó, el testimonio de
Francisco Javier Molina Realpe y la hoja de vida del actor sí fueron valorados al
momento de adoptar la decisión de segunda instancia.
Así mismo, aunque la providencia censurada mencionó la supuesta investigación
en contra del tutelante, aclaró que ni esta, ni el dicho del testigo ni las calificaciones
y menciones honoríficas del demandante tuvieron la virtualidad suficiente para
demostrar el vicio de legalidad en el que supuestamente incurrieron los actos
administrativos demandados. En esta misma línea, se consideró que el argumento
encaminado a sostener que otras personas con peor desempeño que el actor sí
fueron convocadas para el curso de ascenso, resultó insuficiente para entender
configurada una situación de arbitrariedad, pues no se determinó frente a quiénes
se hizo la mencionada comparación.
4.6. Resulta claro, entonces, que la parte accionante pretende utilizar la acción de
tutela como si se tratara de una instancia adicional, pues, como se vio, las críticas
19 Folios 15–17 del certificado C3615D7376F6CE4E 8D0587C515CEEFFA 8EBCB8A3C311DD70
5B77107D82E51FEF, índice 12 del expediente digital 19001233300020170048801 del Samai de la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
11
Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01045-00
Accionante: Cesar Augusto Ruíz Muñoz
Accionado: Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro
contenidas en el escrito tuitivo buscan reabrir el debate que tuvo lugar en el trámite
ordinario de radicado 19001-23-33-004-2017-00448-00, como si este mecanismo
fuera una instancia adicional, con el fin de que prevalezca la interpretación de la
parte tutelante sobre la de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado.
4.7. En punto de lo anterior, las censuras acá formuladas están destinadas a
plantear una inconformidad frente a las conclusiones a las que arribó el juez natural
de la causa, lo que impide estudiar el fondo de los defectos alegados, máxime
cuando las pretensiones de la demanda tuitiva resultan idénticas a las elevadas
dentro del medio de control.
4.8. En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la tutela, se debe acotar que no basta con manifestar
inconformidades respecto de las decisiones judiciales objeto de censura o alegar la
configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya que, de esa forma, la
discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que no trascienden al plano
constitucional.
4.9. Al respecto, debe insistirse en que la procedencia de la acción de tutela en
contra de decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para
desconocer la autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada
y seguridad jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y
no como un “juicio de corrección” de la decisión cuestionada20, lo que se opone a
que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los
asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en
el curso del proceso ordinario21.
5. En consecuencia, el presupuesto de relevancia constitucional, como se expuso,
no se encuentra superado en este caso y hace que la acción constitucional resulte
improcedente.
20 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2009.
21 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2018.
12
Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01045-00
Accionante: Cesar Augusto Ruíz Muñoz
Accionado: Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por
Cesar Augusto Ruíz Muñoz, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de no ser impugnada.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.