Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01054-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Improcedente el amparo: no cumple con el requisito general de
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01054-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-01054-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
4 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., cuatro (4) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01054-00
Accionante: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “B”
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – SE DECLARA
IMPROCEDENTE EL AMPARO – No cumple con el requisito general de
procedencia de relevancia constitucional.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por la Procuraduría General de la
Nación contra el Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección “B”.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La Procuraduría General de la Nación solicitó, a través de apoderado judicial, el
amparo de su derecho fundamental al debido proceso, cuya vulneración le
atribuyó a la providencia de 11 de agosto de 2023, proferida por el Consejo de
Estado - Sección Segunda - Subsección “B”, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con el número único de radicación 41001-
23-33-000-2014-00340-00/01/02.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo
siguiente:
2.1. Refirió
que la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal
adelantó un proceso disciplinario en contra de la señora Cielo González Villa, en su
calidad de alcaldesa del Municipio de Neiva en el período 2004 - 2007, por la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionante: Procuraduría General de la Nación
presunta comisión de la falta disciplinaria prevista en el numeral 31 del artículo 48
de la Ley 734 de 5 de febrero de 20021.
2.2. Indicó que, mediante acto administrativo de 25 de julio de 2012, la Procuraduría
Segunda Delegada para la Contratación Estatal sancionó, a título de culpa grave, a
la señora Cielo González Villa con suspensión de 4 meses, la cual fue convertida en
multa de $31.779.156, en virtud del artículo 46 de la Ley 734 de 2002.
2.3. Señaló que contra la decisión sancionatoria se presentó recurso de apelación y,
mediante acto administrativo de 6 de diciembre de 2012, la Sala Disciplinaria de la
Procuraduría General de la Nación modificó la decisión recurrida, para en su lugar
suspender a la sancionada por el término de tres meses, la cual fue convertida en
multa de $16.824.261.
2.4. Advirtióque en el acto administrativo sancionatorio se adicionó un ordinal
declarando la configuración de la inhabilidad sobreviniente prevista en el numeral 2
del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, en razón a que la señora Cielo González Villa
había sido sancionada en varias ocasiones en los últimos cinco años.
2.5. Indicó
que la señora Cielo González Villa presentó la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho núm. 41001-23-33-000-2014-00340-00 en contra de la
Procuraduría General de la Nación, para que se declarara la nulidad de los actos
administrativos disciplinarios de 25 de julio y 6 de diciembre de 2012 y, a título de
restablecimiento del derecho, solicitó la cancelación de las anotaciones y registros
realizados en su contra, la devolución de $16.824.261 que canceló a título de multa
y una indemnización de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por
concepto de daños extrapatrimoniales.
2.6. Señaló
que el Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia de 3 de
diciembre de 2018, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y
ordenó pagar a título de perjuicios morales la suma de diez (10) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
2.7. Puntualizó que la sentencia de primera instancia fue objeto de apelación y que,
mediante sentencia de 11 de agosto de 2023, el Consejo de Estado - Sección
Segunda - Subsección B confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia.
2.8. Adujo que la sentencia de 11 de agosto de 2023 incurrió en un defecto fáctico, en
un desconocimiento del precedente y en una violación directa de la Constitución.
2.9. Frente al defecto fáctico señaló, en síntesis, que la autoridad judicial accionada
tuvo por “[…] probado que la PGN impuso la sanción de inhabilidad a Cielo
1
“Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”.
3
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Accionante: Procuraduría General de la Nación
González, cuando lo que en realidad ocurrió, y quedó demostrado con el acto
sancionatorio, fue que la PGN impuso una sanción de multa y la inhabilidad
sobreviniente operó por ministerio de la Ley […]”.
2.10. Sobre el desconocimiento del precedente señaló que la autoridad judicial
accionada no cumplió con las “[…] cargas de transparencia y argumentación para
apartarse de la sentencia C-544 de 2005 y al sustituir el rol de intérprete autorizado
de la constitución de la Corte Constitucional, lo que además configura una violación
directa de la Constitución […]”.
2.11. Finalmente, puntualizó que lo anterior ocasionaba una la violación directa de la
Constitución, específicamente del artículo 241 superior.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Que se deje sin efectos el numeral segundo de la sentencia proferida
por la Sección Segunda – Subsección B del Consejo de Estado dentro del
radicado 41001-23-33-000-2014-00340-02 (2194-2019).
Que, en consecuencia, se ordene a la Sección Segunda – Subsección B del
Consejo de Estado que, en un término razonable, profiera sentencia sustitutiva
que modifique la decisión y revoque en todas sus partes la sentencia de primera
instancia […]”.
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 11 de marzo de 2024, el Despacho a cargo de la
sustanciación del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se
vincularon en calidad de terceros con interés en el resultado del proceso a la
señora Cielo González Villa y al Tribunal Administrativo del Huila.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a los sujetos
vinculados, se allegaron los siguientes informes:
5.1. El Consejo de Estado - Sección Segunda – Subsección “B” solicitó negar
las pretensiones de la solicitud de tutela de la referencia, aduciendo que no se
vulneró ningún derecho fundamental, porque entre el artículo 44.1 de la Ley 734
de 2002 y el artículo 23.2 de la Convención Americana existe una
incompatibilidad, por lo que existe una falta de competencia de la Procuraduría
General de la Nación para imponer una sanción que restrinja los derechos
políticos de los ciudadanos.
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Accionante: Procuraduría General de la Nación
5.2. La Señora Cielo González Villa solicitó declarar improcedente la acción de
tutela porque la decisión cuestionada no incurrió en los defectos fáctico y de
desconocimiento del precedente. Además, señaló que en el acto administrativo
sancionatorio se le impuso una inhabilidad que no podía aplicarse al caso
concreto.
5.3. El Tribunal Administrativo del Huila se opuso las pretensiones de la solicitud
de amparo, porque la acción era improcedente por carecer de relevancia
constitucional y haberse utilizado como una tercera instancia. De otro lado, señaló
que dicha corporación no había vulnerado los derechos fundamentales de la
accionante.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20153, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20214, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20195.
VI.2. Problemas jurídicos
7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá:
b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró el derecho
fundamental invocado por la parte accionante, al haber incurrido,
presuntamente, en un defecto fáctico, en desconocimiento del precedente y
en una violación directa de la Constitución.
8. Con
el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
2
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
3
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
4
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
5
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Accionante: Procuraduría General de la Nación
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para
posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
9. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20126, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
10. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la
sentencia SU-627 de 2015.
12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial7, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución8.
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
7
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
8
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una
situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01054-00
Accionante: Procuraduría General de la Nación
13. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”9 que encaje en
dichos parámetros.
14. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
15. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.
VI.4. El caso concreto
16. La Procuraduría General de la Nación solicitó, a través de apoderado judicial, el
amparo de su derecho fundamental al debido proceso, cuya vulneración le
atribuyó a la providencia de 11 de agosto de 2023, proferida por el Consejo de
Estado - Sección Segunda - Subsección B, dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con el número único de radicación 41001-23-33-
000-2014-00340-00/01/02.
17. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
en especial, el requisito de relevancia constitucional.
VI.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
18. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental10 y no cuando
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
9
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
10
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr.
Jaime Córdoba Triviño.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01054-00
Accionante: Procuraduría General de la Nación
guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico
que deberán ser definidos por otras jurisdicciones11.
19. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales12, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces13.
20. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación14, sostuvo que:
“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada
por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se
convierta en una tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia
constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir
este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es
menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su
pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple
tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo
constitucional […]". [Negrilla fuera del texto]
21. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202215 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los
deberes del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción
de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
11
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
12
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
13
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
14
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
15
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01054-00
Accionante: Procuraduría General de la Nación
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer
algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela
formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el
reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación
directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican
pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional
del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está
dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la
discusión definida ante los jueces ordinarios.
[…]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y
explicativa rígida pues no se demuestra una grave violación de los
derechos fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera
del texto]
9
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01054-00
Accionante: Procuraduría General de la Nación
22. Valgadestacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de
Revisión de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de
202316.
23. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la
mera legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial
que no involucre derechos fundamentales17.
24. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte accionante invoque el
texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o
varios derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; sino que dicho
atentado debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.
25. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la autoridad accionada vulneró sus derechos
fundamentales citados supra por haber incurrido, presuntamente, en un defecto
fáctico, en un desconocimiento del precedente y en una violación directa de la
Constitución.
26. Frente al defecto fáctico, refirió que la autoridad judicial accionada concluyó que
la Procuraduría General de la Nación, en virtud del artículo 23.2 de la Convención
Americana de Derechos Humanos, carecía de competencia para imponer la sanción
contenida en el artículo 38 -numeral 2- de la Ley 734 de 2002, consistente en la
inhabilidad sobreviniente.
27. Sin embargo, señaló que la inhabilidad sobreviniente prevista en la norma aludida
no era una sanción, sino que operaba por ministerio de la ley al haber sido
sancionada la señora Cielo González Villa, disciplinariamente, tres o más veces en
los últimos cinco (5) años.
28. Respecto al desconocimiento del precedente jurisprudencial refirió que la
autoridad judicial accionada se apartó de la ratio decidendi de la sentencia C-544
16
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
17
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01054-00
Accionante: Procuraduría General de la Nación
de 2005, en la que se indicó que el numeral 2 del artículo 38 de la Ley 734 de
2002 no era una sanción disciplinaria. Al respecto señaló:
“[…] En el considerando 38 de la sentencia que se acusa, la Sala de
Subsección B consideró “importante anotar que como bien lo señaló la Corte
Constitucional en la sentencia C-544 de 2005, la inhabilidad sobreviniente de
3 años, regulada en el artículo 38.2 de la Ley 734 de 2002, por haber sido
sancionado 3 o más veces en los últimos 5 años, no es una sanción
disciplinaria porque como tal, no surge como consecuencia directa de la
comisión comprobada de una falta disciplinaria específica, sino que se trata
solo de una inhabilidad que emerge por mandato legal, en forma
sobreviniente, automática y autónoma”.
Llama la atención cómo la Subsección B de la Sección Segunda reconoce la
naturaleza jurídica de esta inhabilidad, al decir que “emerge por mandato
legal” en “forma automática y autónoma” y apenas a renglón seguido
(considerando 40 y 41) sostenga que la PGN carecía de competencia “para
establecer e imponer la referida inhabilidad” (considerando 40). ¿La sanción
emerge de forma automática o la impone la PGN? Desde la lógica formal, los
dos enunciados no pueden ser ciertos al mismo tiempo. Con ello se quiere
revelar, además, la contradicción conceptual en la que incurre la providencia.
Aunado a lo anterior, que es constitutivo inclusive de un defecto sustantivo
por contradicciones insalvables de argumentación, en punto del
desconocimiento del precedente constitucional, la providencia en cuestión se
apartó de forma injustificada de la sentencia C-544 de 2005.
A pesar de citarla, retomar la naturaleza de inhabilidad -no de sanción- y
reconocer que dicha sentencia declaró exequible el artículo 38.2 de la Ley
734 de 2002, la Subsección B de la Sección Segunda se apartó de lo
dispuesto por la Corte y para ello no cumplió con las cargas que ha dispuesto
la jurisprudencia para apartarse del precedente, ello sin perjuicio de que en
todo caso las sentencias proferidas en control abstracto de constitucionalidad
son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades.
En este caso hubo desconocimiento de la sentencia C-544 de 2005 porque (i)
la Sala de Subsección B no cumplió con la carga de transparencia y
argumentación para apartarse del precedente constitucional y (ii) porque no
podía esgrimir un control de convencionalidad para desconocer el rol que la
Constitución le asignó a la Corte Constitucional como interprete autorizado a
la Carta Política.
[…]
Así pues, el supuesto precedente al que alude la sentencia que aquí se
cuestiona no es análogo en cuanto a los hechos, pues en las sentencias de
los casos Eduardo Carlos Merlano y Juan Carlos Abadía no se aplicó el
control de convencionalidad sobre la inhabilidad sobreviniente que dispuso el
legislador en el artículo 38.2 de la Ley 734 de 2002, sino de las inhabilidades
que impuso directamente la PGN. Como ya se demostró, en este caso, la
PGN NO IMPUSO SANCIÓN DE INHABILIDAD, pues esta operó de pleno
derecho […]”. [Negrilla original del texto]
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29. Esta Sección considera que la presente controversia carece de relevancia
constitucional porque la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como
una tercera instancia y busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez
natural de la causa.
30. La Sala de Decisión ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un
asunto supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable
que la discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica
constitucional. Para ello es necesario que el accionante motive suficientemente
las razones por las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…]
afectación desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.
31. En este aspecto, se debe precisar que, si bien la parte accionante aduce que le
fue desconocido su derecho fundamental, lo cierto es que no existe un desarrollo
argumentativo en el que se expliquen las razones por las que considera que se
afectó en forma desproporcionada el núcleo esencial de su derecho.
32. Al respecto, se observa que la discusión expuesta en esta instancia
constitucional gira en torno a determinar si la decisión proferida por el Consejo de
Estado - Sección Segunda - Subsección “B” debió anular el artículo cuarto del
acto administrativo sancionatorio, que dispuso “[…] ADVERTIR a la disciplinada
que una vez quede en firme la presente decisión se configurará la inhabilidad
sobreviniente establecida en el numeral segundo del artículo 38 del Código
Disciplinario Único […]”.
33. Este debate fue analizado por el juez natural de la causa y al respecto señaló:
“[…] 8.2. La jurisprudencia contenciosa sobre la inconvencionalidad de
la facultad de la PGN para suspender, destituir e inhabilitar a servidores
públicos de elección popular
26. Con fundamento en lo previsto en los artículos 277.6 y 278.1 de la
Constitución Política de 1991, y con base en la doctrina constitucional sobre
la materia, el Consejo de Estado había reconocido validez constitucional a la
potestad de la PGN para imponer sanciones disciplinarias de suspensión y
destitución a servidores públicos de elección popular.
27. Sin embargo, en reciente sentencia de única instancia del 29 de junio de
2023, proferida en el expediente 2013-00561-00 (1093-2013), luego de
efectuar un ejercicio de control de convencionalidad, esta Subsección
consideró que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, especialmente la emitida en los casos López Mendoza contra
Venezuela en 2011 y, Petro Urrego contra Colombia en 2020, evidencia un
nuevo contexto normativo, que en razón del postulado del derecho viviente,
obliga a las autoridades judiciales y administrativas a realizar una
interpretación del sistema jurídico interno conforme con la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
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28. La referida sentencia estudió la legalidad de los actos administrativos
disciplinarios proferidos el 16 y el 17 de octubre de 2012, por la Sala
Disciplinaria de la PGN para sancionar al exsenador Eduardo Carlos Merlano
Morales con destitución e inhabilidad de 10 años, porque el 13 de mayo de
2012, luego de ser detenido por agentes de la Policía de Tránsito en la ciudad
de Barranquilla, mientras conducía su automóvil presuntamente en estado de
alicoramiento, invocó su condición de congresista para negarse a que le
realizaran la prueba de alcoholemia y se opuso a la inmovilización del
vehículo. Para la PGN, con la conducta descrita el ex senador incurrió a título
de dolo en la falta gravísima establecida en el artículo 48.42 de la Ley 734 de
2002, debido a que constriñó a los uniformados.
[…]
8.4. El caso concreto
37. El presente control de nulidad y restablecimiento del derecho está dirigido
contra los actos administrativos disciplinarios del 25 de julio y 6 de diciembre
de 2012, proferidos por la Procuraduría Segunda Delegada para la
Contratación Estatal y la Sala Disciplinaria de la PGN, en primera y segunda
instancia, respectivamente, a través de los cuales la demandante fue
sancionada con las siguientes dos sanciones: (i) suspensión de 3 meses en el
ejercicio del cargo de alcaldesa del municipio de Neiva, periodo 2004-2007,
sanción que en aplicación del artículo 46 de la Ley 734 de 2002, fue
convertida en multa de $16.824.261, porque para el momento de su
expedición en 2012, había culminado el periodo como primera mandataria de
esa ciudad, y (ii) la inhabilidad sobreviniente y automática de 3 años, regulada
en el artículo 38.2 de la Ley 734 de 2002, en razón a que con esta
suspensión, acumulaba 3 sanciones disciplinarias en los últimos 5 años, lo
que le impidió continuar como gobernadora del departamento del Huila,
periodo 2012-2015.
38. En este punto, la Sala considera importante anotar que como bien lo
señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-544 de 2005, la inhabilidad
sobreviniente de 3 años, regulada en el artículo 38.2 de la Ley 734 de 2002,
por haber sido sancionado 3 o más veces en los últimos 5 años, no es una
sanción disciplinaria porque como tal, no surge como consecuencia directa de
la comisión comprobada de una falta disciplinaria específica, sino que se trata
solo de una inhabilidad especial que emerge por mandato legal, en forma
sobreviniente, automática y autónoma cuya «fuente […] es el historial
sancionatorio del inhabilitado». En palabras de la Corte Constitucional «la
inhabilidad que ocurre como consecuencia de haberse interpuesto la tercera
sanción disciplinaria en 5 años surge, no como una nueva sanción, sino como
una medida de protección de la Administración, que pretende evitar el acceso
a sus cargos de personas que han demostrado una manifiesta incompetencia
en el manejo de los negocios que se les encomiendan».
39. Así las cosas, para efectos del control de convencionalidad que se realiza,
en el caso concreto es perfectamente diferenciable, (i) por una parte, la
sanción disciplinaria de tres meses de suspensión que luego fue convertida
en multa de $16.824.261, que le fue impuesta a la demandante por la PGN a
través de los actos administrativos sancionatorios acusados, y (ii) por otra
parte, la inhabilidad de 3 años que le sobrevino como consecuencia de haber
acumulado 3 sanciones en los últimos 5 años, según lo señala el artículo 38.2
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de la Ley 734 de 2002, circunstancia que sólo fue establecida y dispuesta, en
el acto administrativo sancionatorio de segunda instancia proferido por la Sala
Disciplinaria de la PGN el 6 de diciembre de 2012.
40. En ese sentido, para la Sala es claro entonces, que el artículo 38 -numeral
2- de la Ley 734 de 2012 -con fundamento en el cual se impuso la inhabilidad
sobreviniente impuesta a la demandante-, es incompatible con el artículo 23.2
de la Convención Americana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos y los precedentes de esta
Subsección del Consejo de Estado, porque (i) la inhabilidad sobreviniente en
estudio constituye una clara limitación de los derechos políticos, en especial
al de ser elegido, y (ii) la PGN no es una autoridad judicial sino administrativa,
que si bien -de acuerdo con la Constitución Política de 1991- es un órgano de
control autónomo e independiente de las demás ramas del poder público, no
por ello deja de ser de estirpe administrativa, por lo que -desde el punto de
vista convencional- carece de competencia para establecer e imponer la
referida inhabilidad, en la medida que limita el derecho político de ser elegido
democráticamente.
41. En virtud de las anteriores consideraciones, la Sala encuentra suficiente
motivación para confirmar la sentencia de primera instancia que declaró la
nulidad del acto administrativo del 6 de diciembre de 2012, proferido por la
Sala Disciplinaria de la PGN, pero únicamente en cuanto que, en segunda
instancia dispuso imponer a la demandante la inhabilidad sobreviniente de 3
años, regulada en el artículo 38.2 de la Ley 734 de 2002, como consecuencia
de haber acumulado 3 sanciones en los últimos 5 años, por cuanto implicó la
restricción del derecho político de Cielo González Villa de continuar
ejerciendo como gobernadora del departamento del Huila, elegida
democráticamente para el periodo 2012-2015, contraviniendo así lo dispuesto
en el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
42. No ocurre lo mismo respecto de la sanción disciplinaria de suspensión de
3 meses de la que fue objeto la demandante, porque al ser finalmente
convertida en una multa de $16.824.261, con ella la PGN no contrarió el
orden convencional en la medida en que el régimen disciplinario contenido en
la Ley 734 de 2002 no le atribuye a las multas el alcance de limitar el derecho
político pasivo de ser elegido para ocupar una investidura o dignidad pública.
Por consiguiente, la Subsección continuará el estudio y resolución de los
demás problemas jurídicos únicamente en relación con la sanción disciplinaria
de suspensión, transformada en multa […]”. [Negrilla original del texto]
34. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta
sede constitucional fue analizado por la autoridad accionada y no se observa que
la decisión proferida en esa sede hubiese sido arbitraria o, se hubiese
desconocido el derecho fundamental de la accionante en el trámite del proceso.
35. De hecho, lo que se aprecia es que el juez, luego de hacer un análisis del caso
concluyó que en virtud del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos
Humanos no era posible aplicar la inhabilidad sobreviniente prevista en el numeral
2 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002.
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36. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del
fallo cuestionado […]”18.
37. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los
recursos judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para
combatir las decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con
sus derechos […]”19. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos
persiste una clara arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada
la tutela contra providencias judiciales […]”20.
38. Bajo este escenario, resulta oportuno destacar que en este mismo sentido se
pronunció esta Sección en el fallo de tutela de 10 de noviembre de 202321.
39. Conforme a lo anotado, la Sala declarará improcedente la presente acción de
tutela por no cumplir con el requisito general de procedencia de la relevancia
constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
18
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
19
Ibidem.
20
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 DE 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.
21
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 10 de noviembre de 2023.
Exp. No. 11001-03-15-000-2023-04892-00.
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Accionante: Procuraduría General de la Nación
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Ausente con permiso
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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