RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-01055-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01055-00

Fecha
25 de abril de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01055-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Fondo Nacional del Ahorro. SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo ejercida por la empresa Diseños y Proyectos del Futuro S.A.S. contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: en el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-01055-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

25 de abril de 2024

Demandante: Diseños y Proyectos del Futuro S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01055-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01055-00
Demandante: DISEÑOS Y PROYECTOS DEL FUTURO S.A.S.
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN C

Temas: Tutela contra providencia judicial – declara la improcedencia de
la acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA SOLICITUD

La sala resuelve la acción de tutela formulada por la empresa Diseños y Proyectos del
Futuro S.A.S. contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, de
conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto
333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

Diseños y Proyectos del Futuro S.A.S. por medio de apoderado judicial, radicó acción
de tutela el 1.º de marzo de 2024, con el fin de que se le ampare su derecho
fundamental al debido proceso.

La mencionada garantía la consideró transgredida con la sentencia de 28 de junio de
2023, por medio de la cual, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado declaró infundado el recurso extraordinario de anulación 1 interpuesto por la
parte accionante contra el laudo arbitral proferido el 28 de julio de 2022 por el Tribunal
de Arbitramento constituido para dirimir las controversias suscitadas en torno al
contrato de «compraventa de cartera hipotecaria judicializada», celebrado entre el

1
Identificado con el radicado número: 11001-03-26-000-2022-00199-00.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Diseños y Proyectos del Futuro S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01055-00

Fondo Nacional del Ahorro, como convocante y la sociedad Diseños y Proyectos del
Futuro – Disproyectos S.A.S., como convocada.

1.2. Pretensiones

La parte actora solicitó:

Que el excelentísimo Juez Constitucional ampare el derecho fundamental al debido
proceso de mis representados, debido a que el fallo del Recurso Extraordinario de
Anulación viola, directamente la constitución.

En consecuencia MUY RESPETUOSAMENTE RUEGO AL JUEZ
CONSTITUCIONAL anular, o dejar sin ningún efecto o expedir sentencia de
reemplazo, respecto Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección C; Consejero
Ponente Dr. NICOLÁS YEPES CORRALES. Rad. 1001-03-26-000-2022-00199-00
(69203): Referencia: Recurso Extraordinario de anulación de laudo arbitral.2

1.3. Hechos

Los supuestos que a continuación se relacionan, son relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:

La sociedad Diseños y Proyectos del Futuro S.A.S. (en adelante Disproyectos) indicó
que, el Fondo Nacional del Ahorro (en adelante FNA) la convocó ante el Tribunal de
Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, con el fin de que se declarara la
nulidad del «contrato de compraventa de cartera hipotecaria judicializada», celebrado
el 20 de noviembre de 2017.

Adujo que el asunto lo resolvió el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio
de Bogotá, mediante providencia de 28 de julio de 2022 en el sentido de: (i) negar las
pretensiones principales formuladas por la entidad convocante; y (ii) declarar de oficio
la nulidad total del referido contrato «por violación de norma imperativa y causa ilícita».

Precisó que, contra la anterior decisión la entidad tutelante ejerció el recurso
extraordinario de anulación de laudo arbitral con sustento en la causal 6ª3 del artículo
41 de la Ley 1563 de 20124, en atención a que, a su juicio, dicha decisión fue proferida
después del vencimiento del término fijado para el proceso debido a que: (i) el Decreto
Legislativo 491 de 2020, a través del cual se amplió el plazo de duración de este trámite
a 8 meses, perdió su vigencia porque se encontraba sujeta a las medidas dictadas en

2 Cita del texto original con posibles errores.
3
«ARTÍCULO 41. CAUSALES DEL RECURSO DE ANULACIÓN. Son causales del recurso de
anulación:
[…]
6. Haberse proferido el laudo o la decisión sobre su aclaración, adición o corrección después del
vencimiento del término fijado para el proceso arbitral. […]».
4
«Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras
disposiciones».
2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Diseños y Proyectos del Futuro S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01055-00

el marco de la declaratoria del estado de emergencia sanitaria que culminó el 30 de
junio de 2022 con la expedición del Decreto 666 del mismo año; y (ii) los apoderados
del FNA y Disproyectos no estaban facultados para solicitar prórrogas al plazo
pactado, puesto que dicha facultad no obraba en los respectivos poderes.

Informó que el asunto le correspondió por reparto a la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, autoridad que con sentencia de 28 de junio de 2023
declaró infundado este mecanismo al considerar lo que se cita a continuación, in
extenso, debido a su pertinencia y necesidad en el contexto del asunto de la referencia:

[…] Al respecto, es menester señalar que el inciso final del artículo 41 de la Ley 1563 de
2012 dispone que esta causal “no podrá ser alegada en anulación por la parte que no la
hizo valer oportunamente ante el tribunal de arbitramento, una vez expirado el término”,
requisito de procedibilidad que no fue agotado por el recurrente, quien a lo largo del
proceso arbitral guardó silencio sobre la configuración de la causal 6ª, circunstancia que
solo vino a ser invocada, por primera vez, en el recurso de anulación.

Ahora bien, frente al mencionado requisito de procedibilidad, manifestó el recurrente que
en el presente caso debe aplicarse la excepción de inconstitucionalidad, pues “de aplicar
el inciso ya citado se estaría violando la temporalidad del tribunal consagrado en la Carta
Magna y trasgrediendo la amplia línea jurisprudencial que ha fundado sin asomo de
dudas la transitoriedad de la justicia arbitral como uno de sus pilares”.

Al respecto, cabe señalar que el impugnante no indica la forma en que la aplicación del
artículo 41 ejusdem en el presente asunto resultaría contraria a la Constitución y la
jurisprudencia. Aunado a lo anterior, no encuentra mérito esta Subsección para señalar
que el inciso final del artículo 41 de la Ley 1564 de 2012 resulte inaplicable en el sublite
por contravenir la Constitución Nacional, así como tampoco se advierte que se
desconozcan los fallos proferidos por la Corte Constitucional y por el Consejo de Estado.
Por el contrario, tal como ha sido analizado por esta Corporación, los derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia y el debido
proceso no implican, en modo alguno, la prohibición de que la ley les imponga
determinadas cargas y deberes a quienes son parte en un proceso, mismas que deben
ser satisfechas por quien acude a la instancia jurisdiccional, permanente o transitoria.

En el presente caso, la Sala no encuentra fundamentación fáctica o jurídica alguna que
explique o justifique eximir al recurrente de la carga impuesta por el mencionado artículo
41 por la vía de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, máxime teniendo en cuenta
que en cada una de las audiencias llevadas a cabo a lo largo del proceso a partir de la
primera audiencia de trámite, incluida la audiencia en la que se profirió el laudo arbitral,
fueron rendidos informes secretariales que daban cuenta acerca del cómputo del término
del proceso realizado por parte del Panel Arbitral, incluyendo las suspensiones y
prórrogas que tuvieron lugar, sin que el recurrente hubiere manifestado observación o
discrepancia alguna sobre el particular, como tampoco expresó ningún reparo relativo al
término del proceso en las oportunidades en las que el Tribunal de Arbitramento efectuó
el control de legalidad del proceso, incluido el realizado al finalizar la audiencia de
alegatos de conclusión y el llevado a cabo al concluir la audiencia de laudo, de donde
mal puede la Sala eximir al recurrente de los deberes que le asistían como sujeto
procesal y de las consecuencias de su incuria […].

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Diseños y Proyectos del Futuro S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01055-00

1.4. Fundamentos de la solicitud5

La parte actora indicó que la providencia de 28 de junio de 2023 vulneró su garantía
fundamental al debido proceso, por cuanto, a su juicio, incurrió en el yerro por
Violación directa de la Constitución debido a que consideró transgredido el artículo
1166 superior que enlista las autoridades que administran justicia en el país, e indica
que esta función otorgada en algunos casos a los particulares, como sucede con los
árbitros, es de manera temporal.

En ese orden, argumentó que para el momento en que fue expedido el laudo arbitral
(28 de junio de 2023), el plazo para resolver el proceso había fenecido según sus
cálculos, lo cuales sustenta en que el artículo 10. °7 del Decreto Legislativo 491 de
20208, que consagró un lapso de 8 meses para desatar el proceso y un máximo de
150 días de prórroga, había perdido vigencia el 30 de junio de 20229, por lo que precisó
que el límite para que se resolviera la controversia correspondió al 9 de agosto de
2022.

5
Citas del texto original con posibles errores.
6
«ARTICULO 116. <Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo No. 3 de 2002. El nuevo
texto es el siguiente:>
<Inciso modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 3 de 2023. El nuevo texto es el siguiente:> La
Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran Justicia.
También lo hace la Justicia Penal Militar y la Jurisdicción Agraria y Rural.
[…]
Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la
condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes
para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley».
7
«ARTÍCULO 10. CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE ARBITRAJE, CONCILIACIÓN Y OTROS
MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS POR MEDIOS VIRTUALES. <Emergencia
vigente hasta el 30 de junio de 2022. Resolución MINSALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 385 de 2020>
<Artículo CONDICIONALMENTE exequible> A fin de mantener la continuidad en la prestación de los
servicios de justicia alternativa, los procesos arbitrales y los trámites de conciliación extrajudicial,
amigable composición y procedimientos de insolvencia de persona natural no comerciante se
adelantarán mediante el uso de tecnologías de la comunicación y la información, de acuerdo con las
instrucciones administrativas que impartan los centros de arbitraje y conciliación y las entidades públicas
en las que se tramiten, según el caso.
[…]
En el arbitraje, el término previsto en el artículo 10 de la Ley 1563 de 2012 será de ocho (8) meses; y el
término para solicitar la suspensión del proceso previsto en el artículo 11 de la Ley 1563 de 2012 no
podrá exceder de ciento cincuenta (150) días. Los tribunales arbitrales no podrán suspender las
actuaciones ni los procesos, a menos que exista imposibilidad técnica de adelantarlos por los medios
electrónicos o virtuales señalados y una de las partes lo proponga. […]».
8
«Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios
por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman
medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades
públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica».
9
De conformidad con la exequibilidad condicionada señalada por la Corte Constitucional en la sentencia
C-242 de 2020, en el entendido en que las medidas contenidas en el Decreto Legislativo 491 de 2020
tendrían vigencia únicamente durante el desarrollo de la emergencia sanitaria, la cual fue prorrogada
hasta el 30 de junio de 2022 mediante la resolución 666 de 28 de abril de 2022.
4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Diseños y Proyectos del Futuro S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01055-00

Adicionalmente, aseguró que los apoderados del FNA y de Disproyectos no contaron
con la facultad para solicitar las prórrogas que extendieron el proceso 119 días más,
puesto que tal atribución no se encontraba señalada en los respectivos poderes
conferidos por las partes, de tal forma que, en su criterio, no era legalmente posible
contabilizar dichos aplazamientos para efectos de establecer el término con el que
contaba el tribunal para dictar el laudo arbitral.

Así, la entidad actora solicitó que se «declare fundado el recurso extraordinario de
anulación», comoquiera que la configuración de la causal 6ª del artículo 41 de la Ley
1563 de 2012 encuentra fundamento en que: (i) «las prórrogas fueron ilegalmente
concedidas y en consecuencia prorrogaron ilícitamente la temporalidad de funciones
por delegación constitucional del Tribunal Arbitral FNA vs DISPROYECTOS»; y (ii) «el
tribunal Arbitral profirió laudo en una fecha en la cual había excedido por mucho el
término legal para fallar y en consecuencia el laudo es extemporáneo».

Para tal efecto, arguyó la necesidad de dar aplicación al artículo 116 superior o, en su
defecto, ejercer directamente la excepción de inconstitucionalidad ante el exceso de la
temporalidad de la función del panel arbitral.

Finalmente, resaltó su inconformidad con el señalamiento de la autoridad reprochada
realizado en la providencia de 28 de junio de 2023, concerniente a que la sala no
encontraba «fundamentación fáctica o jurídica alguna que explique o justifique al
recurrente de la carga impuesta por el mencionado artículo 41 por la vía de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad […]».

Ello, en atención a que tal consideración indica que por el hecho de no haber alegado
de manera oportuna ante el tribunal el reparo en que hace consistir la existencia de la
plurimencionada causal 6ª, «[d]eja de tener validez la temporalidad de la función
arbitral y se vuelve válido que se hayan excedido violando el mandado Constitucional
de la TEMPORALIDAD», puesto que no es posible que la Ley 1563 de 2012 se
encuentre en un nivel superior al del artículo 116 constitucional.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Con auto de 7 de marzo de 2024 se admitió la acción de tutela y se dispuso tener como
autoridad accionada al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. En calidad
de terceros con eventual interés en las resultas del trámite constitucional, se ordenó la
vinculación de los árbitros Ever Leonel Ariza Marín, Antonio Eduardo Gómez Merlano
y Manuel Enrique Cifuentes Muñoz, del Fondo Nacional del Ahorro y de la Fiduciaria
de Desarrollo Agropecuario S.A. – Fiduagraria S.A.10, así como las demás partes,
personas y/o entidades que hubieren participado en el trámite identificado con el
radicado 11001-03-26-000-2022-00199-00.

10
Llamada en garantía dentro de una demanda de reconvención que promovió la parte actora contra
el Fondo Nacional del Ahorro.
5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Diseños y Proyectos del Futuro S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01055-00

Finalmente, se le reconoció personería al abogado José Ramón Parra Vanegas para
actuar en representación del Disproyectos, y se dispuso la publicación de la
información de este proceso en la página web del Consejo de Estado.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, se presentaron los siguientes
informes:

1.6.1. Fondo Nacional del Ahorro

Con memorial suscrito por la apoderada general de la entidad, solicitó que se declare
la improcedencia del asunto de la referencia por cuanto no se advierte que la violación
señalada por la parte actora tenga origen en alguna acción u omisión propia. En ese
sentido, solicitó su desvinculación.

1.6.2. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

El magistrado ponente de la decisión de 28 de junio de 2023, solicitó que se declare la
improcedencia de la acción debido a que no reúne los requisitos generales de
procedibilidad. En su defecto, requirió que se deniegue la petición amparo ante la
ausencia de una causal especial o defecto que implique la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso.

Precisó que no se supera en este caso el análisis de la relevancia constitucional, en
atención a que la entidad accionante pretende que reabrir en esta sede un debate que
es del resorte del juez natural y frente al cual ya hubo un pronunciamiento que no es
favorable a sus intereses, empero, no implica per se, la transgresión alegada.

En cuanto al fondo, resaltó que, si bien en el escrito de tutela se indicó que la
providencia reprochada adolece del yerro por violación directa de la Constitución, lo
cierto es que no demostró su configuración por cuanto la decisión de la Subsección C
de la Sección Tercera del Consejo de Estado estuvo soportada en la Constitución y en
la ley, y se dictó con sujeción a la jurisprudencia de dicha subsección, aplicable al caso
concreto. Para tal efecto, concluyó:

[…] del fallo de instancia se desprende que en el presente caso no se configuran el
defecto por la actora en su demanda y, por lo tanto, tampoco se vulnera derecho
fundamental alguno, comoquiera que mal podía desconocerse el requisito de
procedibilidad dispuesto por el legislador, a efectos eximir al accionante de los deberes
que le asistían como sujeto procesal y de las consecuencias de su omisión. No puede
aquí dejarse de lado que a partir de la primera audiencia de trámite, incluida la audiencia
en la que se profirió el laudo arbitral, en el curso del proceso arbitral fueron rendidos
informes secretariales que daban cuenta acerca del cómputo del término del proceso
realizado por parte del Panel Arbitral, incluyendo las suspensiones y prórrogas que
tuvieron lugar, sin que el aquí demandante hubiere manifestado observación o
discrepancia alguna sobre el particular, como tampoco expresó ningún reparo relativo al
6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Diseños y Proyectos del Futuro S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01055-00

término del proceso en las oportunidades en las que el Tribunal de Arbitramento efectuó
el control de legalidad del proceso, incluido el realizado al finalizar la audiencia de
alegatos de conclusión y el llevado a cabo al concluir la audiencia de laudo.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por la sociedad
Diseños y Proyectos del Futuro S.A.S. contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución
Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta corporación.

2.2. Cuestión previa

La sala anuncia que despachará negativamente la solicitud de desvinculación
realizada por el Fondo Nacional del Ahorro, debido a que presenta interés en el
resultado del asunto de la referencia por haber participado en la controversia
contractual en calidad de convocante.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la sala determinar si, en el caso concreto, se presenta la vulneración
de las garantías fundamentales de la parte accionante con ocasión de la providencia
de 28 de junio de 2023 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, a través de la cual declaró infundado el recurso extraordinario de
anulación de laudo arbitral, trámite que se identificó con el radicado 11001-03-26-000-
2022-00199-00.

Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los
requisitos de procedibilidad adjetiva y, de encontrarse superados; (iii) las
generalidades del defecto alegado; y (iv) el caso concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201211
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de la

11 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela -

Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Diseños y Proyectos del Futuro S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01055-00

acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas secciones y la
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema12.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales13.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201414, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Para la sala resulta necesario precisar que el requisito de relevancia
constitucional no se advierte superado en el asunto de la referencia, marco en el
cual los argumentos expuestos por el extremo accionante no cumplen con las reglas
establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 215 de 16 de
junio de 2022, iteradas en el fallo de tutela T-075 de 22 de marzo de 2023.

En los referidos fallos la alta corte señaló que en tratándose del ejercicio de acciones
de tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un debate que
gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus garantías
fundamentales, mas no en un juicio de corrección del fallo reprochado por cuanto esta
circunstancia excluye «su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial».

Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU-128 de 2021, oportunidad
en la que se concretó que el referido enfoque «impide que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir
los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial».

12
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
13
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
14 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Diseños y Proyectos del Futuro S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01055-00

En ese sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre en materia constitucional ha
hecho énfasis en la necesidad de que este medio especial esté revestido de relevancia
constitucional, debido a que está ligado al carácter subsidiario de la acción y en la
especialidad de los jueces competentes de las causas ordinarias con el fin de evitar
que en esta sede se emitan pronunciamientos que comprenden la esfera funcional de
otras autoridades judiciales.

Corolario, es menester que, como primera medida, el accionante cumpla con la carga
de exponer con suficiencia la «restricción desproporcionada» a las garantías
superiores invocadas con ocasión del fallo censurado, puesto que no es viable el
estudio del fondo del caso a partir del «simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales».

En la mencionada sentencia SU-128 de 2021, sobre el particular se expuso:

El juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

Luego, en la SU-215 de 2022 se advirtió que la exigencia que se analiza debe cumplir
con las siguientes finalidades:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la
protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal.15

Igualmente, en el citado fallo unificador se fijaron las siguientes reglas que el juez de
tutela debe verificar al momento de analizar si el caso objeto de su atención satisface
el requisito de relevancia constitucional. Para tal efecto, se puntualizó que:

a) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un
asunto meramente legal y/o económico16; es decir, el reclamo debe ser
«trascendente para la interpretación del estatuto superior, su aplicación y desarrollo
eficaz y para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales».17

15
Parafraseo de la SU 2015 de 2022.
16
Sentencia SU-103 de 2022.
17
Sentencia SU-573 de 2019.
9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Diseños y Proyectos del Futuro S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01055-00

b) La controversia no debe girar en torno a una discusión meramente legal y/o
económica, esto es, cuando se limita a: (1) la determinación de aspectos legales
como la correcta interpretación o aplicación de una norma, con la excepción de los
casos en que de esta se «desprendan violaciones a los derechos y deberes
constitucionales»; y/o (2) cuando sea evidente su naturaleza o contenido
económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, que no representen un interés general” 18.
En este orden, el examen de la relevancia constitucional exige que la solicitud de
amparo trascienda la simple inconformidad con las decisiones adoptadas por los
jueces naturales.

c) En la acción de tutela se deben exponer argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la decisión judicial afectó de manera grave una prerrogativa
fundamental, debido a que es necesaria «la acreditación de esta exigencia, más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con
derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción desproporcionada a un derecho fundamental»19.

d) Finalmente, cuando se trate de acciones de tutela dirigidas contra decisiones
proferidas por una alta Corte, el examen de este requisito debe ser más riguroso20,
es decir, se debe constatar la existencia de una actuación u omisión arbitraria por
parte de la autoridad judicial que derive en la violación de derechos fundamentales,
toda vez que estas colegiaturas actúan como tribunales de cierre.

2.5.2. Ahora, al descender al análisis del escrito de tutela, esta colegiatura no avizora
que las inconformidades de Disproyectos giren en torno a la interpretación del
contenido y alcance de postulados constitucionales. Es decir, al tratarse de una tutela
contra providencia judicial, dictada por el órgano de cierre, es indispensable que el
accionante, además de identificar los yerros de los cuales adolece la decisión, así
como las garantías superiores que considera vulneradas, exponga con suficiencia las
razones del por qué el asunto es contrario a la Constitución Política e implica la
intervención del fallador de esta sede.

Es decir, si bien la sociedad actora desarrolló de manera extensa sus argumentos en
la solicitud de amparo y expuso que considera relevante el asunto objeto de debate, lo
cierto es que no satisfizo la carga desde la perspectiva constitucional según lo
establecido en la referida sentencia de unificación de la Corte Constitucional, SU-215
de 2022.

Tal afirmación deviene de manera indiscutible del hecho correspondiente a que la
controversia propuesta por la parte actora se circunscribe a un debate meramente
legal, al haberse cimentado en que, con la sentencia de 28 de junio de 2023, se incurrió

18
Ibídem.
19
Sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
20
Sentencia SU-573 de 2019.
10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Diseños y Proyectos del Futuro S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01055-00

en una violación directa de la Constitución por cuanto la autoridad reprochada resolvió
declarar infundado el recurso extraordinario de anulación por no cumplir con un
requisito de procedibilidad, en un claro desconocimiento de lo estipulado en el artículo
116 superior que establece que la función de administrar justicia es de carácter
temporal cuando se ejecuta por particulares, con lo cual, a su vez, avaló la legalidad
del laudo de 28 de julio de 2022 dictado por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara
de Comercio de Bogotá, pese a que, según sus cálculos, el término para fallar había
fenecido.

En ese orden de ideas, la sala advierte que, a partir de los anteriores argumentos, la
intención de la empresa tutelante en esta sede subsidiaria gira en torno a demostrar
que: (i) los apoderados de las partes no estaban facultados para solicitar las prórrogas
del proceso; (ii) el plazo para resolver la controversia no era de 8 meses por cuanto el
artículo 10. ° del Decreto Legislativo 491 de 2020 había perdido vigencia para el 28 de
julio de 2022; y (iii) en virtud de la supremacía del artículo 116 constitucional y de la
excepción de aplicación por inconstitucionalidad del inciso final del artículo 41 de la
Ley 1563 de 2012, en el sub lite es posible flexibilizar la exigencia de agotar
oportunamente ante el tribunal el supuesto de la causal 6ª de la norma ibídem.

Lo anterior, con el fin de acreditar que, pese a que Disproyectos no puso de presente
en el proceso arbitral que según sus cálculos el término para fallar había finalizado el
30 de junio de 2022 y que legalmente no se podían computar las prórrogas, tal omisión
no invalida el hecho de que es una irregularidad que supera lo concerniente al examen
del requisito de procedibilidad mencionado y, por ende, la providencia de 28 de junio
de 2023 debe dejarse sin efectos porque, en criterio de la parte actora, lejos de
pretender usar la acción de tutela como una tercera instancia del recurso
extraordinario, lo que procura es conjurar la transgresión de su garantía superior al
debido proceso por parte de la autoridad censurada que dictó el fallo reprochado sin
efectuar el análisis como lo sugiere la entidad accionante.

En otras palabras, la inconformidad elevada por Disproyectos se circunscribe a recabar
una discusión que es propia del juez natural y frente a la cual, la corporación de cierre
en la materia zanjó el debate. Esto, habida cuenta de que, tal como se acreditó en los
antecedentes de esta providencia, todos sus argumentos fueron analizados y
debidamente despachados en el proveído de 28 de junio de 2023 que declaró
infundado el recurso extraordinario de anulación del laudo arbitral de 28 de julio de
2022, de conformidad con los elementos probatorios aportados al proceso, el marco
jurídico vigente, y en armonía con los principios de la autonomía judicial y la sana
crítica que imperan en el ejercicio de la función judicial.

De conformidad con lo expuesto, se evidencia que los reproches de la sociedad
demandante no tienen la virtualidad suficiente para tener por satisfecho el estudio del
requisito de relevancia constitucional, por cuanto estos obedecen a una réplica de los
cargos planteados ante la autoridad del mecanismo extraordinario.

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Diseños y Proyectos del Futuro S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01055-00

En ese contexto, queda en evidencia que la solicitud de amparo se empleó como una
segunda instancia de un recurso que no la tiene, debido a que no va más allá de la
iteración de las inconformidades analizadas y resueltas por la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado. En consecuencia, no cuenta con un ejercicio
de sustentación desde la esfera constitucional y de la violación de la garantía que se
alegó como desatendida, que demuestre lo urgente de la intervención del juez de tutela
y de su pronunciamiento en el asunto de la referencia.

Pretender que este medio se emplee como ejercicio de una sede adicional del
mecanismo agotado, con el fin de que se deje sin efectos el proveído dictado por una
alta Corte en función de órgano de cierre, y que se ordene proferir una decisión en el
sentido que Disproyectos considera correcto, es atentatorio de los principios de
autonomía judicial, debido proceso y legalidad que son pilares en el ejercicio de la
función jurisdiccional.

Además, porque esta colegiatura no advierte una transgresión palmaria sino la
inconformidad de la entidad tutelante frente a una decisión que no le fue favorable a
sus intereses. En todo caso, esa resolutiva no es, per se, quebrantadora de la
garantía constitucional que invocó como desatendida.

En resumen, la sala no evidencia un argumento sólido que demuestre la infracción de
la garantía superior invocada, que amerite superar el requisito de relevancia
constitucional en tratándose de acción de tutela contra providencia judicial; ello
comoquiera que: (i) se planteó un debate meramente legal sobre el cual ya hubo un
pronunciamiento, prima facie, razonable por parte del juez natural de la causa; (ii) la
sentencia fue dictada por un órgano de cierre en la materia; y (iii) no se evidencia una
vulneración palmaria derivada de la sentencia de 28 de junio de 2023, que implique la
intervención del operador de tutela.

2.6. Conclusión

La sala declarará improcedente la acción de tutela promovida por la sociedad Diseños
y Proyectos del Futuro S.A.S. contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Diseños y Proyectos del Futuro S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01055-00

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Fondo Nacional del Ahorro.

SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo ejercida por la
empresa Diseños y Proyectos del Futuro S.A.S. contra el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: en el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación en el
siguiente link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
.

13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.