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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01071-01

Acción de tutela contra providencias judiciales: no procede

Fecha
28 de junio de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01071-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. Confirmar la sentencia del 18 de abril de 2024, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-01071-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

28 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01071-01
Demandante: JENNY MARCELA HERRERA MOLINA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN F, Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede
estudio de fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional /
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – La demanda carece de carga argumentativa
jurídica suficiente y coherente para discutir la razonabilidad de la decisión adoptada
por la autoridad judicial accionada; además, se pretende usar la tutela como
instancia adicional del proceso disciplinario.

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia del 18 de abril de 20241, proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado, que declaró improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 4 de marzo de 2024, la señora Jenny Marcela Herrera Molina, mediante
apoderado, presentó acción de tutela contra el Juzgado Segundo Administrativo de
Girardot y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, con el objeto de que se amparen sus derechos fundamentales al
debido proceso, al trabajo, al pago de las prestaciones sociales y de acceso a la
administración de justicia, que estima vulnerados con ocasión de la sentencia
proferida el 5 de diciembre de 2023, que declaró probada la excepción de pago total
de la obligación y dio por terminado el proceso ejecutivo 25307-33-33-002- 2020-
00153-02. Formuló las siguientes pretensiones (transcripción textual):

1 Se advierte que, el 4 de junio de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente,

para elaborar el correspondiente proyecto de sentencia.

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01071-01
Demandante: Jenny Marcela Herrera Molina
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

2.1.- Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia en conexidad con los derechos adquiridos por mi
apoderada.

2.2.- Ordenar al accionado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN 7 dejar sin efectos la
sentencia de impugnación de fecha 5 de diciembre de 2023, con radicación
25307-33-33-002- 2020-00153-02

2.3.- Que, en consecuencia, de lo anterior, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN 7, modificar la sentencia de segunda instancia ajustándose a los
estrictos términos de la Sentencia objeto de la ejecución (Rad. 25307-33-31-
703-2011-00533-00) de fecha sentencia del 11 de septiembre de 2018 proferida
por el Juez segundo Administrativo del Circuito de Girardot, ordenando el pago
de la indemnización moratoria hasta la fecha en que se hizo el pago total de las
cesantías.

En subsidio, que se ordene conformar el reconocimiento de indexación que hizo
el A- quo el cual no fue impugnado por la parte pasiva dentro del proceso objeto
de contrato constitucional.

1.2. Hechos

Como fundamento fáctico de la demanda, la señora Jenny Marcela Herrera Molina
narró que, se desempeñó como gerente en la Empresa Regional de Aguas de
Tequendama S.A. E.S.P., y a su retiro de la entidad ejerció el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de obtener el pago de la totalidad
de sus prestaciones sociales, el cual fue fallado a su favor mediante sentencia del
11 de septiembre de 2018, en la que se ordenó, entre otros asuntos, el pago de las
prestaciones sociales dejadas de percibir durante el periodo comprendido entre el
29 de agosto de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2008, incluidas las cesantías,
sus intereses y la sanción moratoria.

Señaló que con posterioridad promovió el proceso ejecutivo correspondiente, en el
que solicitó, además de las prestaciones ordinarias, el pago de la indemnización
moratoria por el pago tardío de las cesantías, causado entre el 1º de enero de 2009
(retiro del servicio) y la fecha de pago de las cesantías definitivas.

El conocimiento del proceso ejecutivo correspondió al Juzgado Segundo
Administrativo de Girardot, que libró mandamiento de pago por las sumas
solicitadas, decisión contra la cual la entidad ejecutada, Empresa Regional de
Aguas de Tequendama S.A. E.S.P., interpuso el recurso de reposición, por
considerar que la indemnización o sanción moratoria solamente se causó hasta el
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Demandante: Jenny Marcela Herrera Molina
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

retiro del servicio de la accionante, argumento que replicó al formular la excepción
de pago.

El juzgado de conocimiento, en sentencia 14 de septiembre de 2022, declaró
probada parcialmente la excepción de pago y ordenó seguir adelante la ejecución
por las sumas ordenadas en el mandamiento ejecutivo, a excepción de la
indemnización moratoria, por considerar que no se causó, al tratarse de cesantías
definitivas amparadas en el régimen consagrado en la Ley 50 de 1990.

Contra dicha decisión la parte ejecutante interpuso el recurso de apelación, que fue
desestimado por la Sección Segunda, Subsección F, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en sentencia del 5 de diciembre de 2023, bajo el argumento de que,
según lo indicado en la sentencia de unificación proferida el 25 de mayo de 2019
por el Consejo de Estado, la sanción moratoria por consignación tardía de las
cesantías anualizadas termina con la finalización del vínculo laboral; en
consecuencia, según la autoridad accionada, en el caso concreto, no se generó
mora por las cesantías causadas en el año 2008, porque aquellas debían
consignarse el 15 de febrero de 2009, fecha para la cual la empleada ya se había
retirado del servicio (31 de diciembre de 2008).

1.3. Argumentos de la tutela

Tras considerar que la tutela cumple los requisitos generales de procedencia
exigidos para censurar providencias judiciales por esta vía, en especial la
relevancia constitucional y la subsidiariedad, la señora Jenny Marcela Herrera
Molina señaló que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en el defecto
sustantivo.

En efecto, señaló que se desconoció la inmutabilidad de la sentencia, dado que los
jueces ejecutores revivieron una controversia propia del proceso ordinario, que fue
zanjada mediante la providencia que se aportó como título ejecutivo, en la que se
ordenó el pago de la sanción moratoria en razón de la tardanza en la cancelación
de las cesantías, sin discriminar si correspondían a los años 2007 o 2008, y sin
determinar que dicha indemnización se causaba únicamente hasta el término de la
relación laboral.

En su sentir, no es procedente que el juez ejecutor cuestione si se causó o no la
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Sección Segunda, Subsección F, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

sanción moratoria sobre las cesantías definitivas, puesto que en la sentencia que
sirve de título de recaudo se ordenó el pago en general de la citada indemnización.

Subsidiariamente, agregó que la providencia censurada proferida en segunda
instancia desconoció los principios de «justicia rogada» y «non reformatio in pejus»,
porque dispuso que no se reconociera valor alguno por concepto de indexación,
orden que agravó la situación de la parte ejecutante, pese a ser apelante única y,
además, se profirió sin tener en cuenta que dicho ítem no fue impugnado por la
Empresa Regional Aguas de Tequendama S.A. E.S.P.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 7 de marzo de 2024, el despacho sustanciador del proceso
en primera instancia admitió la demanda y dispuso que se notificara al titular del
Juzgado Segundo Administrativo de Girardot y a los Magistrados de la Sección
Segunda, Subsección F, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que se
pronunciaran al respecto. También ordenó que se notificara, como tercero
interesado, a la Empresa Regional Aguas de Tequendama S.A. E.S.P.

2.2. La magistrada ponente de la providencia censurada manifestó que con la
sentencia objeto de reproche no se vulneró derecho fundamental alguno, por cuanto
fue expedida con argumentación suficiente que se ajusta a derecho y a la
jurisprudencia vigente en la materia.

Insistió en que la Corporación llegó a la conclusión de que la entidad empleadora
no consignó oportunamente las cesantías al fondo correspondiente, motivo por el
cual, para el año 2007 la sanción moratoria se causó entre el 16 de febrero de 2008
hasta el 31 de diciembre del mismo año (por retiro del servicio), a razón de
$72.996.000, suma cancelada por la ejecutada conforme a la Directiva Gerencia
255 del 12 de junio de 2020. Para el año 2008, determinó que no se generó mora,
porque las cesantías debían consignarse a más tardar el 15 de febrero de 2009,
fecha para la cual, la servidora ya se había desvinculado.

Asimismo, se estableció que en la demanda ejecutiva la accionante no solicitó que
se ordenara pago alguno por concepto de indexación e intereses moratorios, razón
por la cual, no había lugar a seguir adelante la ejecución por esos ítems.

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Demandante: Jenny Marcela Herrera Molina
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Insistió en que la decisión se amparó en las sentencias de unificación proferidas por
el Consejo de Estado el 25 de agosto de 2016 y el 18 de julio de 2018, en las cuales
se estableció el límite de la sanción moratoria producto del incumplimiento en el
pago de las cesantías anualizadas y la manera de calcular las cesantías definitivas,
respectivamente.

2.3. La Empresa Regional Aguas de Tequendama S.A. E.S.P. sostuvo que la
accionante está utilizando la tutela para debatir aspectos que ya fueron resueltos al
interior del proceso ejecutivo, dado que expone exactamente los mismos
argumentos en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera
instancia.

2.4. El juez Segundo Administrativo de Girardot solicitó que se niegue la pretensión
de amparo, en consideración a que la sentencia del 5 de diciembre de 2023,
proferida por su superior, se acompasó con la legislación aplicable y la
jurisprudencia vigente sobre la materia. En todo caso, resaltó que la providencia
censurada expedida por el Tribunal accionado revocó en su totalidad la sentencia
de primera instancia proferida por su despacho.

3. Fallo impugnado

La Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia del 18 de abril de 2024,
declaró improcedente la tutela interpuesta por la señora Jenny Marcela Herrera
Molina, tras considerar que no satisface el requisito de relevancia constitucional.

Sostuvo que la accionante pretende prolongar la discusión en torno a lo decidido
en la sentencia del proceso ejecutivo, pues entiende que en el título de recaudo se
le reconocieron las cesantías y también la indemnización moratoria por falta de
pago o consignación, razón por la cual, en su criterio, los jueces ejecutores no
debieron discutir detalles de la obligación que no estaban contemplados en el título,
ya que al hacerlo se desdibujó su alcance. Cuestión que ya se debatió en el
escenario correspondiente y se definió mediante las sentencias objeto de reproche.

4. Impugnación

El accionante insistió en que la solicitud de amparo tiene relevancia constitucional,
dado que, a su juicio, en el proceso ejecutivo se desconoció la cosa juzgada, al
discutir un aspecto que ya había sido decidido por el juez ordinario, como lo es la
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

causación de la indemnización moratoria hasta la fecha de pago efectivo de la
obligación y no hasta la desvinculación del servicio.

Las consideraciones esgrimidas por las autoridades judiciales reviven debates
anteriores y modifican sustancialmente las obligaciones establecidas en la
sentencia que se aportó como título de recaudo, volviendo a la discusión de si se
trató de cesantías anuales o definitivas, cuestión que se zanjó en el proceso
ordinario.

Reiteró que la sentencia invocada como título ejecutivo ordenó el pago de las
cesantías causadas desde el 29 de agosto de 2007 y hasta 31 de diciembre de
2008; así como el pago de la indemnización moratoria por el no pago de esas
cesantías, es decir, que no distinguió si se trataba de las cesantías correspondientes
al 2007 o al 2008, y por consiguiente, no le es dado al juez del proceso ejecutivo
distinguir y determinar que el pago de la sanción se ordenó únicamente frente al
año 2007.

Aunado a lo anterior, insistió en que la solicitud de amparo tiene relevancia
constitucional porque desconoció los principios de «justicia rogada» y «non
reformatio in pejus», bajo los mismos argumentos señalados en el libelo inicial.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema Jurídico

En los términos de la impugnación, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a
confirmar, revocar o modificar el fallo del 18 de abril de 2024, proferido por la
Sección Primera del Consejo de Estado, mediante el cual declaró improcedente el
amparo solicitado.

La Sala, en primer lugar, deberá examinar si está acreditado o no el cumplimiento
del requisito de relevancia constitucional. Solo en el evento de que se reúna esta
exigencia y todos los demás requisitos generales, se analizará si las autoridades
judiciales accionadas incurrieron en los defectos alegados y, por ende, vulneraron
los derechos fundamentales invocados por la accionante.

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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

2. Análisis de la Sala

2.1. El requisito general de relevancia constitucional

En sentencia del 5 de agosto de 20142, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii)
evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a
otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela
tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto
es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger
derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen
sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

En resumen, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota
al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos
contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga
argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera
instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 3 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción
de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios,
ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o
la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en

2
Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
3
Sobre este aspecto, pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
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Demandante: Jenny Marcela Herrera Molina
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada
especialidad.

3. Caso concreto y solución del problema jurídico

De entrada, tal como lo planteó el juez de tutela de primera instancia, la Sala
advierte que la presente tutela deviene improcedente porque no cumple con el
requisito de relevancia constitucional.

Si bien la señora Jenny Marcela Herrera Molina manifestó su desacuerdo con la
decisión proferida por las autoridades judiciales accionadas, e incluso identificó
como causal específica de procedibilidad el defecto sustantivo, lo cierto es que no
explicó con suficiencia en qué consiste la transgresión invocada, puesto que se
limitó a cuestionar que los jueces ejecutores hayan puesto un límite al título de
recaudo, que en su concepto, no tenía, sin indicar siquiera los preceptos legales en
los que funda su descontento, menos aún, exponer con exactitud y precisión en qué
consistió el supuesto desatino de las demandadas.

Asimismo, se observa que la accionante invocó la vulneración a los principios de
«justicia rogada» y «non reformatio in pejus», pero más allá de exteriorizar su
inconformidad, no identificó la transgresión aparentemente cometida por las
autoridades judiciales accionadas, puntualmente, no indicó cómo el Tribunal
demandado al revocar la orden de seguir adelante la ejecución por el pago de la
indexación de la condena y los intereses moratorios, desconoció dichos principios,
cuando lo cierto es que, conforme a lo dilucidado por la Corporación, en la demanda
ejecutiva no se solicitaron tales conceptos, y por ende, esa obligación, tampoco se
incluyó en el mandamiento de pago4.

4 «De otro lado, se observa que el A quo consideró que, pese a que no hay controversia en cuanto a la suma
reconocida por concepto de prestaciones sociales a corte de 31 de diciembre de 2008 ($50.701.431), lo cierto
es que la entidad ejecutada no indexó las sumas reconocidas. Por ende, debe actualizarse el capital desde el
1° de enero de 2009 hasta la ejecutoria de la sentencia constitutiva del título ejecutivo y que los intereses
moratorios se tasarían en la etapa de liquidación del crédito.

Al respecto, precisa la Sala que la accionante en la demanda ejecutiva no pidió que se le reconociera suma
alguna por indexación ni por intereses moratorios, como tampoco efectuó algún cálculo por dichos conceptos.

Así las cosas, no hay lugar en el caso a ordenar seguir adelante la ejecución por concepto de indexación, ni por
intereses moratorios bajo el principio de la congruencia contemplado en los artículos 281 y siguientes del Código
General del Proceso, que disponen: (…)». Tomado de la sentencia cuestionada, proferida el 5 de diciembre de
2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01071-01
Demandante: Jenny Marcela Herrera Molina
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Es decir, la accionante no explicó con suficiencia cómo la providencia incurre en la
presunta vulneración alegada, por el hecho de dar aplicación al principio de
congruencia, para no respaldar el pago de unos conceptos no solicitados en la
demanda ni ordenados en el mandamiento ejecutivo.

Como se sabe, el defecto material o sustantivo se caracteriza, principalmente, por
la existencia de una falencia o yerro en una providencia judicial, que tiene origen
en el proceso de interpretación o aplicación de las disposiciones jurídicas que
gobiernan el asunto puesto en conocimiento del juez. Sin embargo, para que esa
falencia dé lugar a la procedencia del mecanismo de amparo constitucional, debe
evidenciarse una irregularidad de tal entidad, que indiscutiblemente lleve a que se
profiera una decisión que obstaculice o lesione la efectividad de prerrogativas
iusfundamentales5.

No basta, pues, con que la parte demandante alegue que se le vulneraron los
derechos fundamentales, para considerar que se cumple con el primer elemento del
requisito de relevancia constitucional. Para ello, es necesario sustentar amplia y
razonablemente el vicio endilgado a la decisión censurada, a fin de que el juez
constitucional cuente con suficientes elementos para decidir si una providencia
judicial vulnera o no derechos fundamentales.

En este caso, lo que se advierte es un descontento genérico con la decisión tomada
en las providencias cuestionadas, inconformidad a la que la señora Jenny Marcela
Herrera Molina intenta darle el cariz de vicio o defecto material, simplemente porque
no fue favorable a sus intereses.

Recuérdese que esta Corporación ha señalado que en la demanda de tutela el actor
no puede conformarse con identificar de manera escueta alguna de las causales
específicas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, sino que es
necesario que tal señalamiento se sustente amplia y razonablemente, que sea
producto de un discernimiento y, por supuesto, que se aterrice al caso concreto.
Como se sabe, detrás de las causales específicas de prosperidad que ha fijado la
Corte Constitucional existen fuertes razones para limitar el uso abusivo y
desmesurado de la acción de tutela contra las providencias judiciales6.

5 Cfr. Sentencias SU-950 de 2014, SU-241 de 2015, SU-217 de 2016 y SU-395 de 2017 de la Corte

Constitucional.
6 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2015, expediente No. 2015-00380-

00, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Por consiguiente, lo manifestado por la solicitante no basta para considerar que se
cumpla con el primer elemento del requisito de relevancia constitucional, puesto que
resulta necesario que los señalamientos que se hagan en la demanda de tutela se
sustenten razonablemente, a fin de que el juez cuente con los parámetros
suficientes para decidir si una providencia judicial vulnera o no derechos
fundamentales.

Con todo, es evidente, como lo manifestó el a quo, que la parte actora pretende
revivir la controversia zanjada por el juez natural de la causa y con ello convertir
este valioso mecanismo constitucional en una tercera instancia del proceso
ejecutivo.

En efecto, la Sala advierte que en la sentencia proferida el 14 de septiembre de
2022, el Juzgado Segundo Administrativo de Girardot, luego de revisar el
cumplimiento de la obligación contenida en la sentencia dictada el 11 de septiembre
de 2018 (expediente 25307-33-31-703-2011-00533-00), según la cual se ordenó a
la Empresa Regional de Aguas del Tequendama S.A. E.S.P. pagar a la ejecutante
la prestaciones sociales del período comprendido entre el 29 de agosto de 2007 y
el 31 de diciembre de 2008, determinó que, mediante la Directiva 081 de 2020,
modificada por la Directiva de Gerencia 255 de 2020, la ejecutada pagó
parcialmente la condena, toda vez que, a su juicio, quedó pendiente por cancelar la
indexación de la condena y los intereses moratorios.

Puntualmente, frente a la sanción moratoria reclamada7, sostuvo que, de
conformidad con la sentencia de unificación proferida el 25 de agosto de 2016 por
el Consejo de Estado, dicha indemnización solo se genera hasta el momento en
que termine la relación laboral, cuando se trata del pago tardío de las cesantías
anualizadas prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990; y, además, señaló que,
para el caso concreto, la sanción moratoria se causó respecto de las cesantías
anualizadas no consignadas oportunamente el 15 de febrero de 2008 al fondo de
cesantías respectivo, mas no respecto de las causadas durante el 15 de febrero de
2008 hasta el 31 de diciembre de 2008, por cuanto en ese fecha se produjo la
desvinculación definitiva del servicio de la ejecutante. Así discurrió el juzgado:

7 Respecto de la cual se libró mandamiento de pago por valor de «$231.000 diarios por concepto de

indemnización causados a partir del 1° de enero de 2009 y hasta que se realice el pago de las
cesantías definitivas».
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Demandante: Jenny Marcela Herrera Molina
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Sección Segunda, Subsección F, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

[A]unque la sentencia del 11 de septiembre de 2018, pretermitió indicar
expresamente el momento desde el cual debe realizarse el pago de la
sanción consistente en un día de salario por cada día de retardo en el pago
de cesantías, lo cierto es que, al verificar los alcances del numeral 3 del
artículo 99 de la Ley 50 de 1990, expresamente traído a colación en la
parte motiva como fundamento para el reconocimiento de éste tópico y
partiéndose de la premisa fáctica consistente en que «la entidad
demandada no realizó los respectivos pagos a los fondos autorizados» /se
resalta/, el mismo únicamente se refiere a la indemnización por mora en el
pago de cesantías anualizadas, más de ninguna manera a la sanción por
mora en el pago de cesantías definitivas (como desacertadamente lo
estima la parte demandante y, por modo, como fue librado el mandamiento
de pago), pues en la argumentación esgrimida por la Jueza de instancia
en la sentencia presentada como título ejecutivo, no se hace alusión alguna
a que la indemnización moratoria que se reconoce, sea con ocasión del
impago de las cesantías definitivas exclusivamente consagrado en la Ley
244/95, fundamento normativo no considerado en la sentencia.

En consecuencia, (…) es diáfano para el Despacho que, en verdad y como
se ha anticipado, únicamente alude a la indemnización por mora en el pago
de cesantías anualizadas, no canceladas a la accionante desde el 15 de
febrero de 2008, por la potísima razón que, una vez cesante el trabajador,
por vía de la Ley 50 de 1990, (marco normativo que, se insiste, fue el
considerado por la entonces Jueza de instancia al dictar sentencia, sin
haber sido objeto de reparo alguno por las partes), las cesantías definitivas,
estas son, las que se adeuden al término de la relación laboral, encuentran
reguladas en el numeral 4 de su artículo 99, caso en el cual en lo absoluto
prevé una consecuencia equivalente a la instituida para las cesantías
anualizadas, contenida en el pluricitado numeral 3.

En desacuerdo con dicha decisión, la señora Jenny Marcela Herrera Molina
interpuso el recurso de apelación, en el cual expresó argumentos idénticos a los
que utiliza para cimentar la solicitud de amparo de la referencia. En efecto, el
descontento de la parte ejecutante se centra en señalar que el juez ejecutor
desconoció que en la sentencia aportada como título de recaudo, se ordenó la
cancelación de la indemnización moratoria por el no pago de las cesantías causadas
en los periodos 2007 y 2008, sin hacer distinción de si las mismas eran anualizadas
o definitivas; y además, se indicó que la indemnización se causa desde que inicia la
mora hasta que se paga efectivamente el auxilio.

En el siguiente cuadro se cotejan los argumentos expuestos en el recurso de
apelación y las razones que se esgrimieron en la solicitud de amparo, a fin de ilustrar
de mejor manera cómo la parte demandante está utilizando la tutela como instancia
adicional:

Argumentos de la apelación Argumentos de la demanda de tutela
(transcripción textual) (transcripción textual)
(…) Ahora bien, el Juez de Ejecución, (…)Ahora bien, el Juez de Ejecución,
desconoce el Texto de la Sentencia para desconoce el Texto de la Sentencia para
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01071-01
Demandante: Jenny Marcela Herrera Molina
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

entrar a distinguir entre Cesantías entrar a distinguir entre Cesantías
anualizadas y Cesantías definitivas. anualizadas y Cesantías definitivas.

Este ejercicio No es válido, ya que la Este ejercicio No es válido, ya que la
Sentencia tiene un Carácter inmutable, y Sentencia tiene un Carácter inmutable, y
no es procedente reabrir el debate que se no es procedente reabrir el debate que
debió cuestionar vía Recursos en el se debió cuestionar vía Recursos en el
proceso ordinario, los cuales no fueron proceso ordinario, los cuales no fueron
presentados por un evidente descuido presentados por un evidente descuido
procesal del demandado y que pretende procesal del demandado y que pretende
hacer valer en esta instancia que no hacer valer en esta instancia que no
corresponde, ya que no es procedente corresponde, ya que no es procedente
que en la Ejecución, las partes o el juez que en la Ejecución, las partes o el juez
que ejecuta reabra el debate pues la que ejecuta reabra el debate pues la
decisión del fallo ya resulta inmodificable. decisión del fallo ya resulta
inmodificable.

Es claro, entonces que siguiendo el Es claro, entonces que siguiendo el
Criterio según el cual donde la “ley no Criterio según el cual donde la “ley no
distingue” no le es viable hacerlo al distingue” no le es viable hacerlo al
interprete, es claro que no es posible que interprete, es claro que no es posible
El Juez ejecutor para efectos de la que El Juez ejecutor para efectos de la
indemnización moratoria, distinga entre indemnización moratoria, distinga entre
cesantías anualizadas o definitivas, ya cesantías anualizadas o definitivas, ya
que la sentencia es clara en la parte que la sentencia es clara en la parte
Resolutiva en el sentido que la mora se Resolutiva en el sentido que la mora se
causa frente al no pago de “las cesantías”. causa frente al no pago de “las
cesantías”.
Téngase en cuenta que, para el juzgador
en su momento, no fue relevante entrar a Téngase en cuenta que, para el juzgador
establecer la responsabilidad de la en su momento, no fue relevante entrar
entidad demandada frente al no pago a establecer la responsabilidad de la
oportuno de las prestaciones sociales a entidad demandada frente al no pago
favor de la demandante en diferentes oportuno de las prestaciones sociales a
episodios temporales, pues la relación favor de la demandante en diferentes
laboral que sostuvo fue única y continua y episodios temporales, pues la relación
por ende la liquidación tiene estas mismas laboral que sostuvo fue única y continua
características. y por ende la liquidación tiene estas
mismas características.

Obsérvese que el contenido del Resuelve Obsérvese que el contenido del
tampoco refiere expresamente a la Resuelve tampoco refiere expresamente
Consignación al Fondo, sino al pago de a la Consignación al Fondo, sino al pago
las cesantías, lo cual incluye tanto las que de las cesantías, lo cual incluye tanto las
en su momento se debieron consignar que en su momento se debieron
ante el fondo de cesantías, como aquellas consignar ante el fondo de cesantías,
que debieron pagarse al terminar la como aquellas que debieron pagarse al
relación laboral. terminar la relación laboral.

Ahora bien, el Juzgador, haciendo una Ahora bien, el Juzgador, haciendo una
revisión de la parte “motiva” de la revisión de la parte “motiva” de la
Sentencia, que no es obligatoria, sino que Sentencia, que no es obligatoria, sino
a lo sumo es criterio de interpretación de que a lo sumo es criterio de
la misma, sostiene en contra de su propio interpretación de la misma, sostiene en
dicho en el mandamiento de pago y en su contra de su propio dicho en el
pronunciamiento frente al recurso de mandamiento de pago y en su
reposición interpuesto por la demandada, pronunciamiento frente al recurso de
que la sentencia solo condeno a la reposición interpuesto por la
moratoria por la no consignación al fondo demandada, que la sentencia solo
de cesantías por la vigencia 2007 y que condeno a la moratoria por la no
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01071-01
Demandante: Jenny Marcela Herrera Molina
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

no condeno a la moratoria por el pago de consignación al fondo de cesantías por
la vigencia de 2008, lo cual contradice el la vigencia 2007 y que no condeno a la
Texto del Fallo. moratoria por el pago de la vigencia de
2008, lo cual contradice el Texto del
Téngase en cuenta que, mediante auto de Fallo.
13 de diciembre de 2021, el juzgado de
conocimiento se pronunció frente al tema Téngase en cuenta que, mediante auto
en los siguientes términos: (…) de 13 de diciembre de 2021, el juzgado
de conocimiento se pronunció frente al
Se insiste que el periodo que se ordena tema en los siguientes términos: (…)
pagar las cesantías es desde “29 de
agosto de 2007 hasta 31 de diciembre de Se insiste que el periodo que se ordena
2008” y la moratoria es por el no pago de pagar las cesantías es desde “29 de
las “cesantías” es decir por las de todo el agosto de 2007 hasta 31 de diciembre
periodo laborado. de 2008” y la moratoria es por el no pago
de las “cesantías” es decir por las de
De otra parte, si bien el Fallo hace todo el periodo laborado.
referencia normativa al artículo 99 de la
ley 50 de 1993, con lo cual el Juez de la De otra parte, si bien el Fallo del juez de
ejecución considera que se causa la conocimiento del ejecutivo hace
indemnización moratoria por dicho referencia normativa al artículo 99 de la
concepto, también hace consideración ley 50 de 1993, con lo cual el Juez de la
fáctica y motiva sobre las cesantías de ejecución considera que se causa la
2008 o las definitivas al indicar: (…) indemnización moratoria por dicho
concepto, también hace consideración
fáctica y motiva sobre las cesantías de
. 2008 o las definitivas al indicar: (…)

Observa la Sala que frente a la situación aludida por la accionante se pronunció
claramente el ad quem en el proceso ejecutivo, teniendo en cuenta que, en la
sentencia del 5 de diciembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F, discurrió:

Sobre la indemnización moratoria en materia de cesantías, se anotó en dicha
providencia que lo pretendido por la demandante fue:

1.9. Que se reconozca y ordene el pago de indemnización moratoria por la no
consignación ni el pago de las cesantías de cesantías (sic) conforme lo
contempla el artículo 99 numeral 3° de la ley 50 de 1990, y la ley 344 de 1996
y el artículo 1 del Decreto 1582 de 1998 y demás normas concordantes. (…)

Al estudiar dichas pretensiones en la parte motiva de la sentencia constitutiva
del título ejecutivo se dijo:

Referente a la solicitud de la indemnización moratoria por la no consignación
de las cesantías, observa el Despacho que la entidad demandada no realizó
los respectivos pagos a los fondos autorizados, por tal razón incumplió la
obligación que le impone el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 199,
razón por la cual deberá pagar un día de salario por cada retardo.

Al respecto, el H Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo
– Sección Segunda en sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016,
expediente No. 08001-23-31-000-2011-00628-01(0528-14) CE-SUJ2-004-16
C.P. LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO, estableció:
(…)

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01071-01
Demandante: Jenny Marcela Herrera Molina
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

De la jurisprudencia expuesta se concluye que la indemnización moratoria por
el no pago oportuno de las cesantías anuales, cesa una vez se produce el
retiro del servicio, pues las cesantías pendientes de pago ya no deben ser
consignadas al fondo correspondiente, sino deben ser entregadas al
trabajador, momento en el cual empiezan a correr nuevos términos para este
último para obtener el pago de las prestaciones sociales.

Posteriormente dicha Corporación en sentencia de unificación del 18 de julio
de 2018, expediente No. 73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15) CE-
SUJ2-01218, M.P Sandra Lisset Ibarra Vélez expuso: (…)

Así las cosas, se encuentra que la ejecutante ingresó a la Empresa Regional
Aguas del Tequendama el 29 de agosto de 2007 y se retiró a partir del 31 de
diciembre de 2008. Por ende, dicha entidad debió cancelar, a más tardar, el
15 de febrero de 2008 el monto correspondiente por concepto de cesantías al
fondo al cual se encontraba afiliada.

Sin embargo, la entidad no efectuó dicho pago, toda vez que la sentencia que
constituye el título ejecutivo, dictada el 11 de septiembre de 2018, fue
precisamente la que ordenó que a la ejecutante se le pagaran las prestaciones
sociales desde el 29 de agosto de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2008,
incluidas las cesantías, con el salario devengado en ese periodo.

Además, tal como dijo el A quo en la sentencia del 14 de septiembre de 2022,
la indemnización que se otorgó en el fallo constitutivo del título ejecutivo es
únicamente la que se generó por la no consignación oportuna de las cesantías
anualizadas prevista en el artículo 99 numeral 3° de la Ley 50 de 1990, por lo
que se causaron solo desde el 15 de febrero de 2008 hasta la fecha del retiro
del servicio.

Así las cosas, la mora en el pago de las cesantías causadas por la ejecutante
en el año 2007 se generó desde el 16 de febrero de 2008 hasta el 31 de
diciembre del mismo año, (retiro del servicio) la cual debe calcularse con la
siguiente fórmula: salario mensual X días trabajados / 360 (días) así:

En ese sentido, el cálculo realizado por la entidad demandada en la Directiva
de Gerencia No. 255 del 12 de junio de 2020 y el monto pagado a la ejecutante
coincide con el valor determinado por la Sala respecto de la mora generada
por el pago tardío de las cesantías. Por ende, no existe una diferencia a su

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01071-01
Demandante: Jenny Marcela Herrera Molina
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

favor de la cual deba ordenarse el pago. En otras palabras, no hay suma
pendiente de pago por dicha indemnización.

Adicionalmente, se precisa que para el año 2008 no se generó mora por la no
consignación oportuna de las cesantías, pues las mismas debían consignarse
a más tardar el 15 de febrero de 2009, fecha para la cual la demandante ya
se había retirado del servicio (31 de diciembre de 2008), razón por la cual la
obligación era de pagar directamente las cesantías definitivas, no de
consignar las anualizadas.

De esta forma, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F, analizó íntegramente el caudal probatorio de cara
al título de recaudo, y desató cada uno de los argumentos que ahora la actora
propone en la tutela, sin encontrar en ellos causa alguna para atender
favorablemente sus súplicas.

En efecto, la autoridad accionada al desatar el recurso de alzada examinó la orden
impartida en la sentencia aportada como título ejecutivo y la analizó conforme al
estudio realizado en las consideraciones del fallo ordinario, de manera que resolvió
las inconformidades de la parte ejecutante acudiendo directamente a lo manifestado
por el juez natural de la causa en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, en concordancia con la orientación brindada por la jurisprudencia existente
en la materia, para concluir que la indemnización moratoria por el no pago oportuno
de las cesantías anuales, cesa una vez se produce el retiro del servicio, razón por
la cual, señaló que no le asiste razón a la apelante al reclamar el pago de la sanción
hasta la fecha en que se canceló el valor adeudado por concepto de auxilio de
cesantías.

Asimismo, el Tribunal accionado precisó, tal y como lo hizo el a quo, que para el
año 2008 no se generó la sanción moratoria reclamada, dado que estas debían
consignarse a más tardar el 15 de febrero de 2009, pero la actora se desvinculó del
servicio el 31 de diciembre de 2008 y, por ende, lo procedente era que el empleador
pagara dicho auxilio directamente a la exservidora, sin necesidad de consignarlo a
fondo alguno.

Para la Sala, los argumentos expuestos por las autoridades accionadas son
razonables y no merecen reproche alguno desde el punto de vista constitucional, el
hecho de que la parte actora no los comparta, no habilita al juez de tutela para volver
a estudiar un asunto que ya fue decidido razonablemente en las sentencias
censuradas.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01071-01
Demandante: Jenny Marcela Herrera Molina
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Este mecanismo de estirpe constitucional no puede convertirse en el único y
preferido medio de la parte que pierde el pleito u obtiene una decisión contraria a
sus intereses.

En suma, se concluye que lo que existe en el presente caso es una discrepancia
de criterio de la parte actora con la providencia demandada, diferencia que, en
sentir de la Sala, no constituye razón suficiente ni valedera para que el juez de tutela
intervenga, por lo que se impone confirmar la decisión impugnada, mediante la cual
se declaró improcedente la tutela, por cuanto no cumplió el requisito de relevancia
constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 18 de abril de 2024, proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.

TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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