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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01093-00

Fecha
2 de mayo de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01093-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por el actor contra las autoridades judiciales accionadas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-01093-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

2 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., dos (2) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202401093-00
Actor: Jhon Jair Segura Toloza
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca1

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Vida, ii) integridad personal y iii) acceso
a la administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Jhon Jair Segura Toloza contra
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Noveno Administrativo
del Circuito de Cali.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

1
Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “4ED_CARATULAPDF(.pdf) NroActua 2”. Archivo
aportado en forma digital.

2

Núm. único de radicación: 110010315000202401093-00
Actor: Jhon Jair Segura Toloza

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito
de Cali, porque, a su juicio: i) el Tribunal, al proferir el auto de 29 de febrero de
2024; y ii) el Juzgado, al proferir el auto de 8 de noviembre de 2023, en el proceso
adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el número único de radicación 760013333009202300297-
01: vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, presentó demanda contra la Unidad Nacional de Protección –
UNP, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
con el fin de que: i) se declarara la nulidad del Oficio núm. 23-00048232 de 27 de
septiembre de 2023, expedido por el Coordinador del Grupo de Vehículos de
Protección, por medio del cual negó el “[…] cambio y la implementación de 2
vehículos blindados y 1 vehículo convencional del mismo bloque marca y color para
la seguridad del demandante […]”; y ii) a título de restablecimiento del derecho,
“[…] ORDENAR al director de la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION
representada por […] o quien haga sus veces que coloque a disposición del señor
JHON JAIR SEGURA TOLOZA 2 vehículos blindados y 1 convencional de los
mismos marca y colores al esquema de seguridad a su favor […]”.

4. Manifestó que, el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cali, mediante
auto de 8 de noviembre de 2023, negó la medida cautelar solicitada y, en su lugar,
decretó la medida cautelar conservativa, por lo que ordenó a la UNP mantener las
medidas de protección que tenga dispuestas el señor Jhon Jair Segura Tolosa al
momento de presentar la demanda.

3

Núm. único de radicación: 110010315000202401093-00
Actor: Jhon Jair Segura Toloza

5. Indicó que, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante auto de
29 de febrero de 2024, resolvió:

“[…] PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE el Auto Interlocutorio nro. 948 del 8 de
noviembre de 2023, proferido por el Juzgado Noveno Administrativo de Cali y, en su
lugar, se ORDENA levantar la medida cautelar conservativa decretada en su numeral
segundo, por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás el auto recurrido.

TERCERO: ABSTENERSE de remitir copias a la Fiscalía General de la Nación. […]”.

5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] 24. Revisado el expediente del proceso, se tiene que el señor Segura Toloza se
ha negado a realizarse el estudio de riesgo que exige la UNP para establecer un
esquema de seguridad, a pesar de las múltiples órdenes que existen para que se
realice, por parte de los juzgados donde el demandante ha instaurado procesos con
relación a su seguridad.

25. El esquema de seguridad del demandante no se asignó por un estudio técnico de
análisis del riesgo, sino por medidas cautelares ordenadas por otros despachos,
dentro de los procesos que el señor Segura Toloza ha adelantado contra la UNP.

26. Esas medidas cautelares protegen por sí solas los derechos a la vida y la
integridad del demandante y están atadas a las decisiones tomadas en sus
respectivos procesos y a las valoraciones que los jueces hagan sobre el posible riesgo
del señor Segura Toloza.

27. De igual manera, como ya lo han dicho diversos juzgados, el señor Segura Toloza
tiene derecho a la protección de sus derechos fundamentales, pero también está en
la obligación de colaborar y seguir con los procedimientos establecidos para asegurar
su salvaguarda. En este caso, los procedimientos de la UNP que establecen la
obligatoriedad de un estudio de riesgo para la asignación de un esquema de
seguridad, que ya ha sido ordenado por varios juzgados y al cual se ha negado el
demandante.

28. Por lo anterior, no es dable mantener una medida cautelar cuando el juzgado que
la decreta la levantó por la negativa del demandante a cumplir con las órdenes que
se le han impuesto para mantener esa medida. Así sucedió con la medida cautelar
decretada por el Juzgado 16 Laboral del Circuito de Cali, que fue levantada con
posterioridad al decreto de la medida cautelar conservativa en discusión, mediante el
auto interlocutorio nro. 1946 del 22 de noviembre de 2023, al advertir que el señor
Segura Toloza no ha cumplido con la orden de realizarse el estudio de riesgo.

29. Por lo anterior la Sala revocará parcialmente el Auto Interlocutorio nro. 948 del 8
de noviembre de 2023, proferido por el Juzgado Noveno Administrativo de Cali, en su
numeral segundo y levantará la medida cautelar conservativa decretada.

30. En cuanto a la solicitud de remisión de copias a la Fiscalía por la posible comisión
de los delitos de injuria y calumnia, se debe aclarar que estos delitos se estudian
mediante querella y no de oficio, por lo tanto, la UNP está en el derecho y la libertad

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Núm. único de radicación: 110010315000202401093-00
Actor: Jhon Jair Segura Toloza

de entablarla para iniciar un posible proceso penal contra el señor Segura Toloza por
los delitos mencionados, si así lo considera conveniente, motivo por el cual la Sala se
abstendrá de remitir las copias. […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. El actor solicitó en su escrito de tutela2:

“[…] Sírvase usted honorable magistrado como MEDIDA PROVISIONAL ordenar la
suspensión de los efectos del Auto Interlocutorio del (29) de febrero de dos mil
veinticuatro (2024) preferido por los magistrados […] por las razones expuestas en
este escrito de tutela

Sírvase usted honorable magistrado como MEDIDA PROVISIONAL ordenar a la
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION y al JUZGADO 09 ADMINISTRATIVO que
se mantenga el esquema de seguridad tipo 4 completo hasta tanto se resuelva esta
tutela de fondo

Sírvase usted honorable magistrado decretar como pretensiones definitivas la
nulidad del Auto Interlocutorio del (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
preferido por los magistrados […] ordenar a los magistrados volver a realizar la
actuación del recurso y tener en cuenta todo lo planteado en este escrito

Sírvase usted honorable magistrado como pretensiones definitivas ODENAR a la
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION y la JUZGADO 16 LABORAL
DELCIRCUITO DE CALI acumular la seguridad de accionante es decir 2 unidades
de escoltas otorgada por el consejo de estado más 6 unidades otorgadas por el
juzgado 16 laboral del circuito mientras tanto se resuelva el estudio de riesgo ya que
desde su lectura de la medida por el juzgado 16 laboral se puede concluir que no
tiene nada que ver con la del consejo de estado además las dos son provisionales
otorgadas por autoridades distintas […]”.

Actuación

7. El Despacho sustanciador, mediante auto de 11 de marzo de 20243, inadmitió
la solicitud de la acción de tutela, la cual fue corregida dentro del término legal4.

2 Al respecto, la Sala precisa que el actor señaló en el escrito de subsanación que la solicitud de tutela es

contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cali,
no contra la “[…] UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION y la (sic) JUZGADO 16 LABORAL DELCIRCUITO
DE CALI […]”, autoridades respecto de las cuales el escrito de tutela no era claro en si eran autoridades
accionadas.
3 Cfr. Índice núm. 4 de SAMAI. Documento denominado
“6AUTOQUEINADMI_ACANUR20240109300JHO(.pdf) NroActua 4”. Archivo aportado en medio digital.
4 Cfr. Índice núm. 8 de SAMAI. Documento denominado
“10RECIBEMEMORIAL_MEMORIALES_SUBSANACIONYPRUEBASP(.pdf) NroActua 8”. Archivo aportado en
medio digital.

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Núm. único de radicación: 110010315000202401093-00
Actor: Jhon Jair Segura Toloza

8. El Despacho sustanciador, mediante auto de 3 de abril de 2024: i) admitió
la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca y al Juez Noveno Administrativo del Circuito de Cali; y iii)
vinculó, como tercero con interés legítimo, a la Unidad Nacional de Protección -
UNP, concediéndoles el término de tres (3) días para rendir informe.

Intervención de la demandada y del tercero con interés legítimo

9. El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cali allegó copia digital del
expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
76001333300920230029700. Así mismo, solicitó declarar improcedente la solicitud
de tutela, al considerar lo siguiente:

“[…] El Despacho debe señalar de entrada que la presente tutela resulta improcedente,
pues si bien la actuación del juez constitucional puede resultar fundamental para
enmendar los yerros en que pueden incurrir otras autoridades judiciales, esta no deja
de ser una actuación excepcional, que solo opera para la protección inmediata de los
derechos fundamentales, sin sustituir los mecanismos ordinarios que el mismo
ordenamiento tiene previstos.

Bajo este escenario, el presente amparo se torna improcedente, pues esta vía no puede
ser considerada como una tercera instancia o un medio adicional al proceso ordinario,
que permita controvertir las decisiones judiciales que resultaron ser contrarias a los
intereses de la parte demandante. […]”.

10. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca solicitó negar las pretensiones
de la acción de tutela, al considerar que:

“[…] Para satisfacer el requisito de la relevancia constitucional, es necesario explicar
por qué la discusión es trascendental para determinar el contenido y alcance de
derechos fundamentales o para definir la interpretación y aplicación de normas de la
Constitución, lo que implica un mínimo de argumentación de la parte actora.

En el caso bajo estudio, la parte actora ni siquiera se refirió a los requisitos generales
de procedibilidad, de ahí que mucho menos haya satisfecho la carga argumentativa
que exige el requisito de la relevancia constitucional. […]”.

[…]

“[…] Sobre el particular, debo decir que el auto del 29 de febrero de 2024 resolvió el
recurso de apelación interpuesto por la UNP contra la decisión de adoptar una medida
cautelar conservativa, en la que se ordenaba a la autoridad apelante «mantener las

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Núm. único de radicación: 110010315000202401093-00
Actor: Jhon Jair Segura Toloza

medidas de protección que tenga dispuestas el señor Jhon Jair Segura Toloza al
momento de presentación de la demanda».

Esa decisión se revocó por cuanto: i) las medidas de protección a favor del señor
Segura Toloza tenían como fundamento las decisiones efectuadas por las
autoridades judiciales que las decretaron, y no un estudio de análisis de riesgo; ii) el
decreto de esas medidas de protección deriva de valoraciones que hicieron las
autoridades judiciales en los respectivos procesos, de cara a los derechos a la vida y
la integridad del demandante, y iii) dada la ausencia de autonomía de las medidas de
protección, al estar subordinadas o depender de lo decretado por las autoridades
judiciales, carecía de fundamento imponer la medida cautelar conservativa, pues el
mantenimiento o levantamiento de las medidas de protección iba a estar determinado
por lo que dispusieran las respectivas autoridades judiciales que las decretaron.

Ahora, la providencia judicial cuestionada lo que mencionó fue que el Juzgado 16
Laboral del Circuito de Cali había levantado la medida de protección (jamás se dijo
que esa autoridad había revocado su propio fallo de tutela), justamente para ilustrar
la inconveniencia de disponer una medida conservativa en un escenario en el que las
medidas de protección emanan de las decisiones efectuadas por otras autoridades
judiciales que las decretaron. […]”.

11. La Unidad Nacional de Protección – UNP solicitó declarar la improcedencia
de la acción de tutela, al señalar que:

“[…] Así las cosas, la Corte Constitucional manifestó inicialmente que la temeridad se
podría presentar si el accionante actúa de mala fe, razón por la cual es importante
manifestar que el señor Segura Toloza a la fecha lleva interpuestas 288 acciones de
tutela en contra de esta Unidad incluyendo la que nos ocupa actuando de mala fe y
faltando a la verdad, aunado a que como lo puede corroborar el Honorable Despacho
en los anexos correspondientes a los expedientes de proceso de tutela de la tabla
anterior, el señor Jhon Jair Segura Toloza lleva interpuestos 12 procesos
constitucionales con las mismas partes, objeto, causa pretendi (sic) y ausencia de
justificación de una nueva interposición, lo cual configura una cosa juzgada y un
actuar temerario, razón suficiente para que el Honorable Despacho rechace la
presente acción.

Ahora bien, la corte también expresó que, si no se configura la mala fe, otro de los
eventos para que exista temeridad, puede ser la configuración de los siguientes cuatro
elementos, lo que la Corte, tiene a bien nuevamente describir: “(i) identidad de partes;
(ii) identidad de hechos; (iii) identidad de pretensiones; y (iv) la ausencia de
justificación en la presentación de la nueva demanda”, entonces: […]”.

[…]

“[…] Por tanto, se solicita al Honorable Despacho tener como prueba tanto los
procesos informados al inicio de este acápite, como los DOSCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE (289) PROCESOS DE TUTELA allegados en archivo Excel (Ver Anexo 2),
que demuestran la temeridad del accionante, aclarando que tan solo en los últimos
dos meses ha interpuesto CINCO (5) acciones constitucionales en contra de esta
Entidad, las cuales cuentan con un mismo objetivo en común, que se ordene a esta
Unidad incrementar las medidas de protección y/o acceder a sus solicitudes sin
cumplir con los requisitos. […]”.

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Núm. único de radicación: 110010315000202401093-00
Actor: Jhon Jair Segura Toloza

[…]

“[…] Por otra parte, es importante tener en cuenta que además del actuar temerario
del señor JHON JAIR SEGURA TOLOZA, se evidencia el abuso del poder de la acción
de tutela, lo cual, constituye un deterioro innecesario a la administración de la justicia
y puede llegar a ocasionar un perjuicio a la Entidad accionada, pues acarrea desgaste
en el personal contratado e incluso en el rubro presupuestal que esté asignado en
este caso para la UNP, además de afectar directamente a la sociedad, pues, en la
medida en que deben ser resueltas de forma primordial las acciones de tutela, sobre
otros procesos que se lleven a cabo en el Despacho Judicial correspondiente, estanca
las actuaciones que se deben realizar. […]”.

[…]

“[…] Por lo tanto, desde una perspectiva integral del sistema jurídico, se evidencia
que el comportamiento del señor JHON JAIR SEGURA TOLOZA, se enmarca en el
abuso del derecho, considerando que su actuar desde el momento en que fue
beneficiario de la medida cautelar del consejo de estado ha venido haciendo mal uso
de la acción constitucional de tutela e intentando con este medio burlar el sistema
jurídico (sic) para que los jueces otorguen medidas a que no tiene derecho por estar
inmerso en un riesgo ordinario, lo cual, su actuar a acarreado un daño inadmisible –
concreto o sistémico, directo o indirecto-, en tanto ha implicado un desgaste no solo
(sic) administrativo sino judicial y sumado a ello aun (sic) gasto de recursos públicos,
en beneficio de sus intereses individuales a ultranza. Bajo este calificativo -abuso del
derecho- se agrupan las actuaciones concretas que ha venido ejecutando el señor
SEGURA TOLOZA. […]”.

[…]

“[…] XI. PETICIONES

Honorable Consejero, de acuerdo con los planteamientos expresados sobre el tema,
respetuosamente solicito DECLARE LA IMPROCEDENCIA Y TEMERIDAD EN LA
PRESENTE ACCION (sic) DE TUTELA, por cuanto el señor JHON JAIR SEGURA
TOLOZA, presentó la misma acción de tutela, las cuales fueron conocidas por los
Jueces y Magistrados referenciados en el Anexo 2.

CONDENAR EN COSTAS al señor JHON JAIR SEGURA TOLOZA por el uso
abusivo, temerario y de mala fe del mecanismo constitucional de la acción de tutela,
frente a las 288 acciones de tutela presentadas en contra de esta Unidad.

COMPULSAR COPIAS de esta actuación a la Fiscalía General de la Nación,
acompañada de las piezas procesales relativas al delito de frade (sic) de resolución
judicial por parte del señor JHON JAIR SEGURA TOLOZA quién NO PERMITE LA
REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE NIVEL DE RIESGO, lo cual se demuestra en el
informe que presenta la señora analista y que se adjunta a la presente contestación
(Anexo 12), encontrándose de esta manera en pleno desacato de la Sentencia de
Tutela No. 023 del 9 de marzo del año 2023, proferida por el Honorable Juzgado
Dieciséis Laboral del Circuito de Santiago de Cali, confirmada mediante Sentencia
No. 020 del 21 de abril del año 2023, proferida por la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali y se SANCIONE al señor SEGURA TOLOZA
conforme al artículo 44 del Código General del Proceso, por continuar persistiendo
con el actuar temerario y los artículos 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991, por incumplir
las providencias ibidem, con arresto de hasta seis meses y multa de hasta de 20

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Núm. único de radicación: 110010315000202401093-00
Actor: Jhon Jair Segura Toloza

salarios mínimos mensuales y las sanciones penales a que hubiere lugar por fraude
a resolución judicial.

COMPULSAR COPIAS a la Contraloría General de la República a fin de que ejerza
control fiscal de los recursos públicos invertidos por más de MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($1,833,000,000) (Ver Anexo 4), en el caso
del señor JHON JAIR SEGURA TOLOZA, los cuales han sido ordenados por la
Sección Primera del Consejo de Estado, Demanda de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho con radicado No. 110010324000-2019-00211-00 y el Juzgado Dieciséis
Laboral del Circuito de Cali, Proceso de Acción de Tutela con radicado No. 2023-
00090-00 y de esta manera, sirva como IMPULSO PROCESAL para tener decisión
de fondo en los procesos en mención, considerando el gasto de más

REMITIR el caso del señor SEGURA TOLOZA, de conformidad con los
LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA DE SALUD MENTAL contenida en la Ley 1616 del
21 de enero de 2013, a las autoridades de salud municipal de Santiago de Cali y
Departamental del Valle del Cauca, para que sea valorado por un psicólogo o un
psiquiatra de ser el caso; considerando que con la presentación de las 282 acciones
constitucionales presentadas, se evidencia un comportamiento que no es normal en
el accionante, lo cual, ya había sido ordenado en el artículo Tercero de la Sentencia
de Primera Instancia No. 025 de fecha 7 de febrero de 2023 (Anexo 13), proferida por
el por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Cali, dentro del radicado 76001 3105
014-2023-00028-00, confirmada por la Sentencia de Segunda Instancia de fecha 22
de febrero de 2023 (Anexo 14), proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali. […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

12. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19915, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20216 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20197, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

13. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales

5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
6 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Núm. único de radicación: 110010315000202401093-00
Actor: Jhon Jair Segura Toloza

fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

14. Corresponde a la Sala establecer: si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente si se cumplió con
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional.

15. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho fundamental a la vida; iv) marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia;
v) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
integridad personal; vi) análisis del caso concreto y finalmente las vii) conclusiones
de la Sala.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

16. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena8, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.

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Núm. único de radicación: 110010315000202401093-00
Actor: Jhon Jair Segura Toloza

Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales

17. Esta Sección adoptó9 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 200510, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

18. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción constitucional,
cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un
perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la
existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto
de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la
vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

19. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”11 que encaje en dichos parámetros.

20. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que
este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María

Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
10 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.

11

Núm. único de radicación: 110010315000202401093-00
Actor: Jhon Jair Segura Toloza

21. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201412.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto

22. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedencia de relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de procedencia de la relevancia constitucional

23. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
201413, al referirse al requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
sostuvo lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [14]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [15].

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
13 Ut supra página 6.
[14] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[15] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

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Núm. único de radicación: 110010315000202401093-00
Actor: Jhon Jair Segura Toloza

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [16].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa de la actora para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la
actora tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [17].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión de la actora, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [18]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [19].

[16] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones

judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[17] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal

Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la
procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[18] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[19] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”

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Núm. único de radicación: 110010315000202401093-00
Actor: Jhon Jair Segura Toloza

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [20]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.

[…]

“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).

24. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado21:

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”22

Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la improcedencia
de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los intereses moratorios,
un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la Corte advirtió:

“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de reajustes
pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad obligada al pago
de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez reconocida la
misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.

Más allá de las condiciones personales de la actora, quien no demuestra la calidad
de sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que
el asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún

[20] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
21 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
22 Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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Núm. único de radicación: 110010315000202401093-00
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haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”23

En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.

25. En ese orden de ideas, el requisito general de procedencia de la relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales y
ii) cuando la actora en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad
judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como consecuencia la
afectación de los derechos fundamentales.

26. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202224 precisó, en relación
con el alcance del requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
cuáles eran los deberes del juez constitucional:

[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

(…)

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el

23 Ibidem.
24
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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Núm. único de radicación: 110010315000202401093-00
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núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

(…)

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

(…)

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece
de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de
tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a
reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.

(…)

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales

69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto
de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii)
su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]». (Resaltado por la Sala).

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Núm. único de radicación: 110010315000202401093-00
Actor: Jhon Jair Segura Toloza

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
vida

27. Visto el preámbulo y los artículos 2 y 11 de la Constitución Política de Colombia
de 1991, sobre el derecho fundamental a la vida.

28. Atendiendo a que en reiterada jurisprudencia Constitucional25, se ha sostenido
que el derecho fundamental a la vida supone la garantía de una existencia digna,
que implica impedir la realización de cualquier circunstancia que lleve a la extinción
de la persona como tal, que la ponga en peligro de desaparecer o que incomoden
su existencia hasta el punto de hacerla insoportable.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia

29. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

30. Atendiendo a que, la Corte Constitucional26 ha entendido el derecho de acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.

25 Corte Constitucional, Sentencia T-444 de 10 de junio de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
26 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto

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Actor: Jhon Jair Segura Toloza

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la integridad
personal

31. Visto el artículo 12 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes […]”.

32. Atendiendo a que, la Corte Constitucional27 ha definido el derecho a la
integridad personal, como “[…] el reconocimiento, respeto y promoción que se le
debe a todo individuo de la especie humana de su plenitud y totalidad corpórea y
espiritual, con el fin de que su existencia sea conforme a la dignidad personal […]”.

Análisis del caso concreto

33. El actor, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito
de Cali, porque, a su juicio: i) el Tribunal, al proferir el auto de 29 de febrero de
2024; y ii) el Juzgado, al proferir el auto de 8 de noviembre de 2023, en el proceso
adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el número único de radicación 760013333009202300297-
01: vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.

34. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

35. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en

27 Corte Constitucional, Sentencia T-123 de 14 de marzo de 1994, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

18

Núm. único de radicación: 110010315000202401093-00
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derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el
escrito de tutela.

Acervo y análisis probatorios

36. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:

36.1. Copia digital del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 60013333009202300297-01.

Solución del caso concreto

Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional

37. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los que
la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. El actor en su escrito de tutela indicó lo siguiente28:

“[…] CUARTO por otra parte honorable magistrado una falla muy grande de los
magistrados demandados es que para REVOVAR mi seguridad se fundamentan en
el auto de la señora juez que según estos magistrados había terminado con mi
seguridad cuando esto es falso por parte de los magistrados no es cierto que el AUTO
INTERLOCUTORIO N° 1946 Santiago de Cali, veintidós (22) de noviembre del año
dos mil veintitrés (2023) expedido por el juzgado 16 laboral representa la perdida de
mi seguridad como lo hacen ver estos magistrados en la decisión por la cual
REVOCAN mi seguridad es aquí donde los magistrados incurren en PREVARICATO
POR OMISION donde desconocen que yo tengo la obligación de realizarme el estudio
de riesgo pero primero la UNP está obligada de implementar o cumplir con la MEDIDA
PROVISIONAL otorgada por el juzgado 16 laboral […]”.

[…]

“[…] ahora la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION no puede alegar que no existe
el esquema el cual entre las órdenes judiciales me sumo a 8 unidades entre los
conductores y los escoltas si es esquema de 8 unidades no existe o supera un
esquema de seguridad a pesar de ser provisional vamos a ver otro esquema
concedido por la UNP […]”.

[…]

28 Transcripción literal del texto.

19

Núm. único de radicación: 110010315000202401093-00
Actor: Jhon Jair Segura Toloza

“[…] NOVENO es evidente honorable magistrado que la decisión tomada por los
magistrados […] pone en riesgo mi vida integridad el Auto Interlocutorio (29) de
febrero de dos mil veinticuatro (2024) debe REVOCARSE ya que se encuentra dentro
de las causales planteada en este escrito. […]”.

[…]

“[…] DECIMO desde todo punto de vista no se pude desconocer que la decisión
tomada por los magistrados es evidente honorable magistrados que va en contra vía
de los derechos humanos igual que contra las garantías constitucionales ya que la
medida se debe mantener para evitar daños irremediables y se puede indicar que los
magistrados […] toman una descion arbitraria toda vez que la sentencia del juzgado
16 laboral sique viva y además el juzgado el cual la decreto está obligada de hacerla
cumplir y debido a su falta de voluntad de cumplimiento el caso paso al medio de
control de nulidad y restablecimiento y los magistrados incurrieron en prevaricato por
omisión fundando una decisión de manera pasaron por encima de mis derecho al
acceso a la administración de justicia […]”.

37.1. El actor en su escrito de subsanación, además de precisar cuáles eran las
autoridades accionadas, indicó lo siguiente29:

“[…] Se trata la tutela contra los magistrados […] quienes resolvieron un recurso de
apelación y vulneraron mis derechos colocando en riesgo mi vida integridad

A- el juzgado 09 administrativo admite la demanda y niega la suspensión del acto
administrativo demandado algo ilógico partiendo que quien expidió el acto
demandado no tenía las competencias para nadie es un secreto que quien
recomienda medidas de seguridad es el comité del CERREM y no quien expidió el
acto demandado

B - los magistrados del tribunal se fundaron en una falsedad Argumentado que la
MEDIDA PROVISIONAL había sido revocada Por el JUZGADO 16 LABORAL DEL
CIRCUITO DE CALI situación Que es falsa un magistrado sabe que una sentencia de
tutela no Puede ser revocada ni modificada por la misma autoridad quien la Fallo en
su primera instancia las misma se encuentra en firme por Su superior. Solo es sujeta
a la revisión del acorte […]”.

38. De conformidad con lo expuesto supra, para la Sala el actor, no cumplió con la
carga argumentativa mínima de indicarle al juez constitucional por qué las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en algunos de los siguientes defectos:
i) sustantivo, ii) fáctico, iii) orgánico y procedimental; o las causales de i) violación
directa de la Constitución, ii) decisión sin motivación, iiii) desconocimiento del
precedente constitucional y iv) error inducido en los términos de la jurisprudencia de
la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, por lo que en el caso sub examine,

29 Transcripción literal del texto.

20

Núm. único de radicación: 110010315000202401093-00
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no se acreditó el cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional.

39. Esta Sección debe reiterar que el principio de informalidad que gobierna a la
acción de tutela no puede considerarse absoluto30, pues es necesario satisfacer
ciertos presupuestos básicos que le permitan al Juez conocer con claridad aspectos
como la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera violado o
amenazado y, de ser posible, el nombre de la autoridad pública o del órgano autor
de la amenaza o del agravio31, el señalamiento de las causales especiales de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales lo que implica cumplir con
la carga argumentativa para demostrar su configuración en el caso concreto, entre
otros aspectos.

40. Para la Sala el asunto controvertido por el actor ya fue objeto de estudio por las
autoridades judiciales accionadas y la acción de tutela contra providencia judicial no
constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate resuelto por el juez
natural, sino que tiene por objeto verificar si la entidad judicial accionada incurrió en
la vulneración de derechos fundamentales.

41. Además de lo anterior, para la Sala, el actor plantea la afectación los derechos
fundamentales indicados supra que tiene su origen en últimas en un debate
estrictamente legal el cual ya fue expuesto dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo
que no le corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional,
toda vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia
judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una
instancia adicional.

42. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito

30 Sobre el principio de informalidad, ver Corte Constitucional, Auto 165 de 21 de julio 2011, M.P. Jorge Iván

Palacio Palacio
31 Decreto 2591 de 1991, artículo 14.

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Núm. único de radicación: 110010315000202401093-00
Actor: Jhon Jair Segura Toloza

general de procedencia de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal
de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…]
entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…]
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito
de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales […]”.

43. La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de tutela,
siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes transcrita,
no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se
encuentra limitado a asuntos meramente legales cuya competencia se encuentran
en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.

44. Para la Sala, la controversia planteada por el actor es de naturaleza puramente
legal; y no gira en torno al contenido, alcance y goce de los derechos fundamentales
indicados supra.

45. En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela busca
cuestionar el criterio de interpretación probatoria de las autoridades judiciales
accionadas, es decir, el actor acude al juez constitucional buscando la corrección
del criterio jurídico del juez natural y reabrir un debate legal concluido que escapa
de la órbita de competencia del juez constitucional. Si bien es cierto, el actor alega
la vulneración de los derechos fundamentales indicados supra, el criterio de la
relevancia constitucional, no se determina con su mera enunciación, sino mediante
la acreditación expresa y razonable de una presunta amenaza o vulneración del
mismo, lo cual no aconteció en el caso sub examine.

46. Los supuestos de vulneración de los derechos fundamentales a la vida, de
acceso a la administración de justicia y a la integridad personal enunciados por el
actor, no se evidencian en el caso sub examine, toda vez que el estudio de la
solicitud de la medida cautelar requerida en el proceso de nulidad y restablecimiento
de derechos se adelantó ante el juez competente, en respeto de las formas propias

22

Núm. único de radicación: 110010315000202401093-00
Actor: Jhon Jair Segura Toloza

del proceso. Además, no concurre una situación de amenaza o alguna causal de
vulnerabilidad que amerite la actuación del juez constitucional, no se trata de
amparar el derecho fundamental de un sujeto de especial protección constitucional.

47. En ese orden de ideas, para la Sala alegar un presunto desconocimiento de
principios o garantías superiores, en el marco de un debate de carácter legal, no es
una circunstancia que habilite por sí misma la procedencia de la tutela contra una
providencia judicial.

48. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del marco de
la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien el actor
enuncia la trasgresión de los derechos fundamentales a la vida, de acceso a la
administración de justicia y a la integridad personal, esa presunta afectación tiene
su origen en un debate estrictamente legal.

49. Finalmente, atendiendo a que la Unidad Nacional de Protección presentó una
serie de peticiones dentro de su informe, el cual rindió en calidad de tercero con
interés legítimo, la Sala advierte que:

49.1. Frente a la presunta temeridad en la actuación del actor, la Sala considera que
en relación con los procesos que fueron mencionados por la UNP no se configura
la identidad requerida con el proceso objeto de estudio para proceder con el
respectivo análisis.

49.2. Respecto a “[…] Compulsar copias […]”, la Sala precisa que dicha solicitud
escapa de la naturaleza propia de la acción de tutela, es decir, no es el mecanismo
idóneo para ventilar este tipo de peticiones, dado su carácter subsidiario y residual.32

49.3. La Sala advierte que, si bien el inciso 2º. del artículo 13 del Decreto núm. 2591
de 1991, señala que “[…] Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del

32 Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 29 de julio de 2021, número

único de radicación 73001-23-33-000-2021-00177-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1.° de julio de 2021, número único de radicación
11001-03-15-000-2021-03443-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Núm. único de radicación: 110010315000202401093-00
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proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o
autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […]”, la Corte
Constitucional ha considerado que los terceros intervinientes no están facultados
para solicitar la protección de sus propios derechos. Frente al tema, la Corte
Constitucional se pronunció en los siguientes términos33:

“[…] en la acción de tutela contra providencias judiciales los parámetros para
estudiar la intervención de los terceros son mucho más estrictos. En primer
lugar, siguiendo el concepto general del tercero coadyuvante, quienes tienen un
interés legítimo en los resultados del proceso pueden coadyuvar la solicitud del
actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiera hecho la solicitud,
pero no están facultados para solicitar la protección de sus propios derechos,
mucho menos en detrimento de los derechos de quien solicitó el amparo, pues es
la solicitud de este último la que le da la unidad al proceso de tutela. Pero,
adicionalmente, si una persona considera que una providencia judicial
desconoce sus derechos fundamentales, lo pertinente es que promueva una
acción de tutela diferente y no que presente en el trámite de amparo de los
derechos fundamentales ajenos las razones de su inconformidad.

Esto último es indispensable atendiendo al carácter excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Aun cuando por regla general el juez
constitucional no puede entrar a examinar los fallos de otros jueces excepto en las
extraordinarias situaciones en las que la providencia es violatoria de los derechos
fundamentales, en los eventos en los que adquiere potestad para hacerlo por
reunirse los requisitos generales y específicos de procedibilidad, su competencia
sigue teniendo como límites los principios de seguridad jurídica, autonomía judicial
y respeto por la cosa juzgada. Ellos se verían afectados en una medida mucho
mayor si el juez constitucional avoca el estudio, no solo de los defectos planteados
por el accionante, sino sobre otros defectos ‘nuevos’ que otros intervinientes
pudieran aducir, toda vez que podrían ventilarse en una acción de carácter
excepcional y subsidiaria la totalidad de los aspectos debatidos en las instancias
precedentes. Un escenario como el planteado convertiría la acción de tutela en una
tercera instancia, pese a que la Corte ha proscrito expresamente esta hipótesis. En
este sentido, admitir las controversias propuestas por los terceros dentro del
proceso de tutela en relación con sus propios derechos y con independencia
de los hechos y derechos planteados por el accionante, desnaturalizaría la
acción constitucional. […]”. (Resaltado por la Sala)

Conclusiones de la Sala

50. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de
tutela.

33 Corte Constitucional, sentencia T-269 de 29 de marzo de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

24

Núm. único de radicación: 110010315000202401093-00
Actor: Jhon Jair Segura Toloza

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por
el actor contra las autoridades judiciales accionadas, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala
el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado Ausente con permiso

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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