RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-01108-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01108-00

Fecha
3 de mayo de 2024
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01108-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela de Marco Alejandro Gutiérrez Rodríguez contra el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A. SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-01108-00

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

3 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., tres (3) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01108-00

Solicitante: MARCO ALEJANDRO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Autoridad: CONSEJO DE ESTADO-SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia.
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL-Los argumentos de la solicitud carecen de carga argumentativa en cuanto a
la vulneración de derechos fundamentales. TUTELA-No procede para interferir en las decisiones que están
pendientes en el proceso ordinario.

La Sala decide la solicitud de tutela interpuesta por Marco Alejandro Gutiérrez
Rodríguez contra el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A.

ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 6 de marzo de 2024, Marco Alejandro Gutiérrez Rodríguez, a través de apoderado
judicial, formuló acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la cosa juzgada, a la inmutabilidad
de las sentencias y a los principios constitucionales del artículo 53 de la Constitución
Política «en especial la igualdad de oportunidad a los trabajadores, remuneración
mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir
y conciliar sobre derecho inciertos y discutibles; situación más favorables al
trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales;
así como el derecho al acceso a la administración de justicia», que consideró
vulnerados por el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A al proferir el

2
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01108-00
Solicitante: Marco Alejandro Gutiérrez Rodríguez
Acción de tutela – sentencia de primera instancia

auto del 3 de agosto de 2023, con ocasión del proceso ejecutivo1 que inició contra el
Distrito Capital-Secretaría de Gobierno-Dirección Cárcel Distrital de Varones y Anexo
de Mujeres.

En virtud del amparo, solicita dejar sin efecto la providencia reprochada y proferir una
nueva decisión.

2. Hechos relevantes

Marco Alejandro Gutiérrez Rodríguez presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho2 contra el Distrito Capital-Secretaría de Gobierno-
Dirección Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá con el fin de
que se declarara la nulidad de unos actos administrativos por los cuales la entidad
demandada resolvió de manera negativa una reclamación laboral que elevó.
Además, pidió que se le reconocieran unos derechos salariales y prestacionales, y
se le pagaran los emolumentos que le corresponden.

El 1º de diciembre de 2016, el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B,
profirió sentencia de segunda instancia que accedió parcialmente a las pretensiones
y condenó al Distrito Capital-Dirección Cárcel Distrital de Varones y Anexo de
Mujeres de Bogotá a pagar a favor del demandante la suma de $56.575.162 por
concepto de saldo de capital pendiente, así como por los intereses moratorios
causados desde el 27 de enero de 2017 hasta el pago total de la obligación.

En virtud de lo anterior, Marco Alejandro Gutiérrez Rodríguez adelantó proceso
ejecutivo para hacer efectivo el pago. El asunto correspondió por reparto al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda-Subsección E que mediante auto
del 22 de julio de 2022 efectuó la liquidación y ordenó librar mandamiento de pago a
favor del ejecutante en contra de Distrito Capital-Cárcel Distrital de Varones y Anexo
de Mujeres.

El ejecutante solicitó adición, aclaración y corrección contra esa decisión. Pidió
corregir el error mecanográfico en su nombre y señaló que el mandamiento de pago

1
Rad. n°. 25000-23-42-000-2021-00149-00/01.
2
Rad. n°. 25000-23-25-000-2011-00111-01.

3
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01108-00
Solicitante: Marco Alejandro Gutiérrez Rodríguez
Acción de tutela – sentencia de primera instancia

debía librarse también en contra de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y
Justicia, ya que la Dirección Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de
Bogotá es una dependencia adscrita a esa secretaría según la reforma administrativa
del Distrito contenida en el artículo 20 del Acuerdo Distrital 637 del 31 de marzo de
2016 y del artículo 32 del Decreto 413 del 30 de septiembre de 2016.

El 11 de noviembre siguiente el Tribunal corrigió el error mecanográfico en el nombre
del ejecutante y negó por improcedente la solicitud de aclaración y adición del auto,
al estimar que la legitimación en la causa por pasiva recae sobre el Distrito Capital.

El ejecutante apeló el auto que libró mandamiento de pago. Alegó que la Secretaría
de Seguridad, Convivencia y Justicia es la sucesora procesal de la condenada y por
ello, la Dirección Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá pasó a
ser una dependencia de la entidad sucesora y, en consecuencia, debe ser esa la
parte ejecutada en el proceso. El 3 de febrero de 2023, se concedió el recurso.

El 3 de agosto de 2023, el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A
rechazó por improcedente el recurso de apelación, al estimar que, aunque el
recurrente cuestiona la decisión del a quo frente a la autoridad contra la cual libró
mandamiento ejecutivo, dicha determinación no lleva implícita una negativa total o
parcial de mandamiento de pago, por ello, el recurso es improcedente según el
artículo 438 CGP.

La parte actora solicitó la aclaración, adición y corrección del auto proferido el 3 de
agosto de 2023, en la que se indicó que la autoridad judicial realizó simplemente un
análisis formal sin estudiar el fondo del asunto planteado en el recurso de apelación.

El 30 de noviembre de 2023, el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A
negó la solicitud por no cumplir con los presupuestos para la procedencia previstos
en los artículos 285, 286 y 287 del CGP. Advirtió que la solicitud busca reabrir el
debate ya surtido, pues los argumentos son idénticos a los que había puesto de
presente en el recurso incoado en contra del auto del 22 de julio de 2022.

3. Fundamentos de la solicitud

4
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01108-00
Solicitante: Marco Alejandro Gutiérrez Rodríguez
Acción de tutela – sentencia de primera instancia

La parte actora sostiene que se encuentra en un estado de total indefensión, pues la
autoridad judicial accionada desconoció las normas aplicables al caso, esto es el
Acuerdo Distrital 637 de 2016, el artículo 120 del Acuerdo Distrital 257 de 2006 y, en
especial, el artículo 32 del Decreto 413 de 2016. Explicó que la providencia
reprochada no tuvo en cuenta la reforma administrativa del Distrito Capital, esto es
la creación de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá y el
traslado de la Dirección Cárcel Distrital de Varones y Mujeres de Bogotá de la
Secretaría de Gobierno a la recién creada Secretaría de Seguridad, Convivencia y
Justicia.

Esgrimió que le vulneraron los derechos fundamentales invocados, pues la
accionada desconoció el precedente horizontal fijado por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado. En particular, esgrimió que el fallador no
tuvo en cuenta la sentencia del 13 de febrero 2020 rad. n° 25000-23-42000-2013-
05816-01, ni el fallo del 17 de noviembre de 2022 rad. n° 25000-23-42000-2018-
02090-01.

4. Trámite procesal

El 11 de marzo de 2024, el Despacho admitió la acción de tutela y ordenó su
notificación a la autoridad judicial accionada, así como al Distrito Capital-Secretaría
de Seguridad, Convivencia y Justicia y a la Secretaría de Gobierno Distrital, como
terceros interesados. También, comunicó la decisión a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.

En el escrito de contestación el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección
A solicitó denegar el amparo, al considerar que no desconoció ninguna garantía
constitucional. Contario a lo expuesto por el actor, estimó que en el caso no era
procedente hacer un estudio de fondo sobre la apelación interpuesta, ya que el
legislador no contempló tal recurso para cuestionar el auto que libra mandamiento
de pago. Explicó que el auto reprochado, estuvo debidamente motivado, pues aplicó
lo dispuesto en el artículo 438 del CGP. Por último, advirtió que la parte actora
pretende reabrir el debate bajo consideraciones propias y así manifestar su
desacuerdo con la decisión adoptada por el juez natural.

5
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01108-00
Solicitante: Marco Alejandro Gutiérrez Rodríguez
Acción de tutela – sentencia de primera instancia

La Secretaría Distrital de Gobierno se opuso a la prosperidad de las pretensiones.
Solicitó su desvinculación del trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva,
pues de la lectura de los hechos y las pretensiones de la tutela, no estima tener
injerencia sobre los presuntos derechos reprochados.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, solicitó que se declare
la improcedencia de la acción, al estimar que no ha vulnerado ni puesto en riesgo
ningún derecho fundamental del actor. Advirtió que desconoce las actuaciones
surtidas por la autoridad judicial accionada, pues solo hasta el 12 de marzo de 2024,
fue formalmente vinculada al proceso ejecutivo.

CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra el auto del 3
de agosto de 2023, por el cual el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección
A rechazó por improcedente el recurso de apelación interpuesto contra la providencia
que libro mandamiento de pago en un proceso ejecutivo.

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Nacional y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la solicitud con arreglo a lo
dispuesto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental3. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y

3
Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.

6
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01108-00
Solicitante: Marco Alejandro Gutiérrez Rodríguez
Acción de tutela – sentencia de primera instancia

extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela4.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.

Relevancia constitucional

La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional5: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo
cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se
deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor
respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) que
la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos
antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional
es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad

4
Ibidem.
5 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001

03 15 000 2012 02201 01 (IJ).

7
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01108-00
Solicitante: Marco Alejandro Gutiérrez Rodríguez
Acción de tutela – sentencia de primera instancia

de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó que:

«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación
de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal».

Caso concreto

La providencia reprochada rechazó el recurso de apelación que interpuso el
ejecutante contra el auto que libró mandamiento de pago. Estimó que, como la
decisión no comportó una negativa a librar el aludido mandamiento, el recurso de
apelación era improcedente, de conformidad con el artículo 438 del CGP.

La Sala considera que los argumentos del solicitante no acreditan una vulneración o
amenaza de derechos fundamentales, sino que advierten una mera inconformidad del
accionante frente a las razones del juez natural del caso, que rechazó por
improcedente el recurso de apelación. Se advierte que revisados los fundamentos
jurídicos que motivaron la decisión, estos provienen de una interpretación razonable
de la norma aplicable al caso, específicamente, del artículo 438 del CGP, el cual prevé
que el mandamiento ejecutivo no es apelable.

Al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad judicial
accionada, resulta improcedente que el juez del amparo revise o evalúe la
interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no es
una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la
autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones judiciales. Por las
razones expuestas, la acción de tutela no cumple con el requisito general de
relevancia constitucional.

Además, se observa que el accionante se limitó a enunciar los derechos
fundamentales que considera transgredidos sin cumplir con su deber de justificar el
desconocimiento de estos en el caso concreto. Por ello, la discusión planteada en el
escrito de tutela, se reitera, está motivada en el desacuerdo con el contenido de la

8
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01108-00
Solicitante: Marco Alejandro Gutiérrez Rodríguez
Acción de tutela – sentencia de primera instancia

providencia dictada por el juez natural. La vulneración debe estar justificada con la
carga argumentativa suficiente que permita al juez de tutela valorar la procedencia de
la solicitud, en procura del respeto por la cosa juzgada, seguridad jurídica y la garantía
de independencia y autonomía de los jueces, como elementos fundamentales para el
cimiento de la actividad judicial del Estado.

Ahora, la parte actora alega que la providencia reprochada desconoció el precedente
horizontal del Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B. La Sala advierte
que la accionada no incurrió en el defecto alegado al no adoptar las tesis de los
magistrados de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por
cuanto las decisiones o criterios de esa subsección no son vinculantes para la
Subsección A de esa misma corporación Judicial y, además porque en tanto no
exista un criterio unificado, prima el principio de autonomía judicial.

Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado en los casos en los que “el término
de comparación no está dado por los propios precedentes del juez sino por el de
otros despachos judiciales [de igual jerarquía], el principio de independencia judicial
no necesita ser contrastado con el de igualdad. El juez, vinculado tan sólo al imperio
de la ley (CP art. 230), es enteramente libre e independiente de obrar de conformidad
con su criterio”6

En efecto, al tratarse de subsecciones diferentes que son independientes y del
mismo nivel jerárquico, es posible que estas tengan criterios diferentes sobre un
mismo asunto, pues, están conformadas por funcionarios distintos que, además,
gozan de autonomía judicial. Por lo anterior, no es posible exigir a los magistrados
de la Subsección A que sigan las tesis de los de la Subsección B, ya que prima la
autonomía para adoptar una postura determinada sobre un punto de derecho hasta
que no exista un criterio unificado.

Por último, vale resaltar que no es posible que el juez de tutela interfiera en la
actuación, ya que esta se encuentra vigente y bajo la dirección del juez natural del
asunto.

6
Corte Constitucional, sentencia T-123 de 1995 y T-468 de 2003.

9
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01108-00
Solicitante: Marco Alejandro Gutiérrez Rodríguez
Acción de tutela – sentencia de primera instancia

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela de Marco Alejandro
Gutiérrez Rodríguez contra el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A.

SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.