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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01108-01

Fecha
22 de agosto de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01108-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia proferida el 3 de mayo de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. En su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales de la sociedad Marco Alejandro Gutiérrez Rodríguez, en la solicitud de tutela presentada contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Exhortar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E para que, en adelante, al decidir asuntos de contornos similares tenga en cuenta lo pertinente a la actual estructura organizacional del Distrito Capital. Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-01108-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

22 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintidós (22) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01108-01
Demandante: Marco Alejandro Gutiérrez Rodríguez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

Temas: Tutela contra providencia judicial / Procedencia del recurso de
apelación contra auto que libra mandamiento de pago / Defecto
sustantivo y desconocimiento del precedente

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala la impugnación interpuesta por Marco Alejandro Gutiérrez Rodríguez
en contra de la sentencia proferida el 3 de mayo de 2024 por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo
de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

Marco Alejandro Gutiérrez Rodríguez promovió solicitud de tutela con el fin de que
se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la
providencia proferida el 3 de agosto de 2023 por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, en el proceso ejecutivo identificado con el radicado
25000234200020210014901 (2508-2023).

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

i) El demandante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho2
contra el Distrito Capital, Secretaria de Gobierno, Dirección Cárcel Distrital de
Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá con el fin de que se declarara la nulidad de
unos actos administrativos por los cuales le resolvieron de manera negativa una
reclamación laboral que elevó.

ii) El 1 de diciembre de 2016, el Consejo de Estado, Sección Segunda profirió

1 Ver índice 2 de Samai.
2
Radicado 2021-00149.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01108-01
Demandante: Marco Alejandro Gutiérrez Rodríguez

sentencia de segunda instancia que accedió parcialmente a las pretensiones y
condenó al Distrito Capital, Dirección Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres
de Bogotá a pagar a favor del demandante la suma de $56.575.162 por concepto de
saldo de capital pendiente, así como los intereses moratorios causados del 27 de
enero de 2017 hasta el pago total de la obligación.

iii) En virtud de lo anterior, adelantó proceso ejecutivo para hacer efectivo el pago de
la obligación. El asunto correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E que, mediante auto del 22 de julio
de 2022, efectuó la liquidación y ordenó librar mandamiento de pago a favor del
ejecutante en contra del Distrito Capital, Cárcel Distrital de Varones y Anexo de
Mujeres.

iv) Como ejecutante solicitó adición, aclaración y corrección de dicho auto, en el
sentido que el mandamiento de pago debía librarse también en contra de la
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, ya que la Dirección Cárcel Distrital
de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá es una dependencia adscrita a esa
secretaría según la reforma administrativa del distrito contenida en el artículo 20 del
Acuerdo Distrital 637 del 31 de marzo de 2016 y del artículo 32 del Decreto 413 del
30 de septiembre de 2016.

v) El 11 de noviembre siguiente el tribunal corrigió el error mecanográfico en el
nombre del ejecutante y negó por improcedente la solicitud de aclaración y adición
del auto, al estimar que la legitimación en la causa por pasiva recae sobre el Distrito
Capital.

vi) El ejecutante apeló el auto que libró mandamiento de pago con el argumento de
que la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia es la sucesora procesal de la
condenada y por ello, la Dirección Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de
Bogotá pasó a ser una dependencia de la entidad sucesora y, en consecuencia, debe
ser esa la parte ejecutada en el proceso.

vii) El 3 de agosto de 2023, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
rechazó por improcedente el recurso de apelación, al estimar que, aunque el
recurrente cuestiona la decisión del a quo frente a la autoridad contra la cual libró
mandamiento ejecutivo, esa determinación no lleva implícita una negativa total o
parcial de mandamiento de pago, tal como lo dispone el artículo 438 CGP.

viii) La parte actora solicitó la aclaración, adición y corrección del auto proferido el 3
de agosto de 2023, en la que se indicó que la autoridad judicial realizó simplemente
un análisis formal sin estudiar el fondo del asunto planteado en el recurso de
apelación.

ix) El 30 de noviembre de 2023, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A negó la solicitud por no cumplir con los presupuestos para la procedencia previstos
en los artículos 285, 286 y 287 del CGP. Advirtió que la solicitud busca reabrir el
debate ya surtido, pues los argumentos son idénticos a los que había puesto de

2

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01108-01
Demandante: Marco Alejandro Gutiérrez Rodríguez

presente en el recurso incoado en contra del auto del 22 de julio de 2022.

ix) Sus derechos fundamentales fueron vulnerados3 al incurrir en defecto sustantivo
y desconocimiento del precedente. El primero, en tanto se omitieron las normas
aplicables al caso, esto es el Acuerdo Distrital 637 de 2016, el artículo 120 del
Acuerdo Distrital 257 de 2006, y en especial, el artículo 32 del Decreto 413 de 2016,
que contienen la reforma administrativa del Distrito Capital, esto es la creación de la
Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá́ y el traslado de la
Dirección Cárcel Distrital de Varones y Mujeres de Bogotá de la Secretaría de
Gobierno a la recién creada.

El segundo, al desconocer el precedente horizontal fijado por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B contenido en la sentencia del 13 de febrero 2020,
expediente 25000-23-42000-2013- 05816-01; y en la providencia del 17 de
noviembre de 2022, expediente 25000-23-42000-2018- 02090-01.

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó dejar sin efectos el auto
proferido el 3 de agosto de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, en el proceso ejecutivo con radicado 250002342000202100149 (2508-
2023).

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A4 solicitó negar el
amparo, al considerar que no desconoció ninguna garantía constitucional, y contrario
a lo expuesto por el demandante, estimó que en el caso no era procedente hacer un
estudio de fondo sobre la apelación interpuesta, ya que el legislador no estableció tal
recurso para cuestionar el auto que libra mandamiento de pago, según se lee en el
artículo 438 del CGP. Por último, advirtió que la parte tutelante pretende reabrir el
debate bajo consideraciones propias y así́ manifestar su desacuerdo con la decisión
adoptada por el juez natural.

1.2.2. La Secretaría Distrital de Gobierno5 se opuso a la prosperidad de las
pretensiones y solicitó su desvinculación del trámite por falta de legitimación en la
causa por pasiva, pues de la lectura de los hechos y las pretensiones de la tutela, no
estima tener injerencia sobre los presuntos derechos reprochados.

1.2.3. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia6 pidió que se
declare la improcedencia de la solicitud de amparo, ya que no vulneró ni puso en
riesgo ningún derecho fundamental del demandante. Advirtió que desconoce las

3 Pese a que la parte demandante no expresó de manera concreta las vías de hecho que atribuye a

la providencia cuestionada, de la argumentación expuesta es posible establecerlas.
4 Ver índice 12 de Samai.
5 Ver índice 13 de Samai.
6 Ver índice 11 de Samai.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01108-01
Demandante: Marco Alejandro Gutiérrez Rodríguez

actuaciones surtidas por la autoridad judicial demandada, debido a que solo hasta el
12 de marzo de 2024 fue formalmente vinculada al proceso ejecutivo.

1.3 Sentencia de primera instancia7

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C en sentencia del 3 de mayo
de 2024 declaró la improcedencia de la solicitud de tutela, al considerar que no se
logró superar el requisito de la relevancia constitucional, en tanto la verdadera
intención de la demandante es convertirla en una instancia adicional, pues, pretendió
reabrir una controversia que ya había sido resuelta por el juez natural.

1.4. Escrito de impugnación8

Marco Alejandro Gutiérrez Rodríguez impugnó la decisión del a quo, para lo cual
insistió en los argumentos expuestos en el escrito de tutela y la relevancia del reclamo
constitucional planteado.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20009 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201910, esta Sala es
competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado11 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema.12 Al respecto señaló lo
siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar

7 Ver índice 16 de Samai.
8 Ver índice 20 de Samai.
9 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
10 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01108-01
Demandante: Marco Alejandro Gutiérrez Rodríguez

improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. [Resalta la Sala]. […]»

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es necesario
estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia judicial y
analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde
verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente»
como se indica en aquella decisión.

Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo13 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

Ahora bien, la Corte Constitucional14 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante
constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya
presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y
iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos15, el juez
deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial,
a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales
que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de la solicitud de
amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos
específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal
trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales.16

13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
14 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.
15 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
16 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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Demandante: Marco Alejandro Gutiérrez Rodríguez

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que
incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate
que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

La Sala deberá definir si: ¿el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
vulneró los derechos fundamentales de Marco Alejandro Gutiérrez Rodríguez con
ocasión de la providencia del 3 de agosto de 2023, que rechazó por improcedente el
recurso de apelación impetrado contra el auto que libró mandamiento de pago, con
la que incurrió, presuntamente, en defecto sustantivo y desconocimiento del
precedente?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva

La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela
y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.4.2. Defecto sustantivo o material

En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte Constitucional
ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión que desborda
del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable
al caso concreto17. En su jurisprudencia, la corporación ha resaltado que este defecto
encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces gozan de autonomía e
independencia judicial para interpretar y aplicar normas jurídicas, esta no es una
facultad absoluta18, para lo cual precisó que los límites se encuentran en el orden
jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y garantías que identifican
al actual Estado Social de Derecho.

El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en las
que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en una
norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad,
es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las
partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta sentencias que hayan
definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición aplicada se torna
regresiva o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una interpretación sistémica
de la norma y (vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.

A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en que
se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad debe

17 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
18 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01108-01
Demandante: Marco Alejandro Gutiérrez Rodríguez

ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa. Además, la
irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión proferida por la
autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos fundamentales
de los sujetos procesales19.

2.4.3. Desconocimiento del precedente judicial

En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se recuerda que
un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite afirmar que
los jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes como un
imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para promover la seguridad
jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad de las
decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas.
Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo adecuado de estos, como
medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones judiciales, presupuesto
esencial del Estado Social de Derecho.

La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión previa
adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones
que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o semejantes
desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el juez, debe
ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad. El
adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el curso
de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas, salvo si
existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan modificarlo.

Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la
modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de cosas
actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.

En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando los
precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones que en su
concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa
modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello reporta
mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad que se
derivara de la desobediencia al precedente.

19 Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01108-01
Demandante: Marco Alejandro Gutiérrez Rodríguez

2.4.4. Sobre el caso concreto

Marco Alejandro Gutiérrez Rodríguez acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la
providencia proferida el 3 de agosto de 2023 por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, que rechazó por improcedente el recurso de apelación
impetrado contra el auto que libró mandamiento de pago, en razón a que pese al
inconformismo con la autoridad ejecutada, esa determinación no tiene implícita una
negativa total o parcial de lo solicitado.

Lo anterior, según se insistió en el escrito de impugnación, al considerar que la
referida decisión judicial incurrió en defecto sustantivo, en tanto se desconocieron el
Acuerdo Distrital 637 de 2016, el artículo 120 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, y en
especial, el artículo 32 del Decreto 413 de 2016, que contienen la reforma
administrativa del Distrito Capital, esto es la creación de la Secretaria de Seguridad,
Convivencia y Justicia de Bogotá y el traslado de la Dirección Cárcel Distrital de
Varones y Mujeres de Bogotá de la Secretaría de Gobierno a la recién creada.

Asimismo, en desconocimiento del precedente judicial horizontal fijado por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B contenido en la sentencia del 13 de
febrero de 2020, expediente 25000-23-42000-2013- 05816-01; y en la decisión del
17 de noviembre de 2022, expediente 25000-23-42000-2018- 02090-01.

Al descender a la situación particular planteada por la parte demandante, es
pertinente recordar los argumentos por los cuales el Consejo de Estado, Sección
Segunda Subsección A rechazó por improcedente el recurso de apelación impetrado
por el demandante contra el auto que libró mandamiento de pago, así:

«[…] Luego de analizar los supuestos fácticos y jurídicos del asunto sub examine, el
despacho debe resaltar que el auto apelado libró mandamiento de pago a favor del
demandante y en contra de Bogotá, Distrito Capital, (Cárcel Distrital de Varones y Anexo
de Mujeres), razón por la cual el recurso incoado por el señor Gutiérrez Rodríguez resulta
improcedente.

Lo anterior, por cuanto el recurso de apelación solo procede contra el auto que niega total
o parcialmente el mandamiento ejecutivo, conforme al artículo 438 del Código General del
Proceso.

En efecto, el artículo citado anteriormente establece las pautas para determinar la
procedencia de los recursos contra el mandamiento de pago, y, al respecto, indica lo
siguiente:

Artículo 438. Recursos contra el mandamiento ejecutivo.

El mandamiento ejecutivo no es apelable; el auto que lo niegue total o parcialmente y el
que por vía de reposición lo revoque, lo será en el suspensivo. Los recursos de reposición
contra el mandamiento ejecutivo se tramitarán y resolverán conjuntamente cuando haya
sido notificado a todos los ejecutados. […]

Atendiendo el literal de la norma se debe concluir que contempla tres premisas, a saber:
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01108-01
Demandante: Marco Alejandro Gutiérrez Rodríguez

1. El auto mediante el cual se libra mandamiento de pago no es susceptible del recurso
de apelación.

2. Contra la providencia por medio de la cual se niegue total o parcialmente el
mandamiento de pago, así como el que por vía de reposición lo revoque, es procedente
el recurso de apelación en el efecto suspensivo.

3. El recurso de reposición sí procede contra el mandamiento ejecutivo y este se
tramitará y resolverá conjuntamente cuando hayan sido notificados todos los ejecutados.

Así las cosas, en el caso objeto de estudio se advierte que el auto que se reprocha por
vía del recurso de apelación fue proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, el 22 de julio de 2022, y en tal decisión se determinó
librar mandamiento de pago a favor del demandante y en contra de Bogotá, Distrito Capital
(Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres), por lo cual resulta claro que no encuadra
en la primera premisa señalada en el artículo citado previamente pues, se repite, la
decisión no comportó una negativa a librar el aludido mandamiento.

Finalmente, el despacho no desconoce que los argumentos del recurrente van orientados
a cuestionar la decisión del a quo, en lo que respecta a la autoridad contra la cual libró
mandamiento ejecutivo; sin embargo, dicha determinación no lleva implícita una negativa
total o parcial, y, por ende, el reproche formulado en torno a ello no habilita la viabilidad
del recurso de apelación. […]» [sic].

A juicio de esta Sala, la autoridad judicial demandada realizó la valoración normativa
que consideró pertinente a efectos de establecer la improcedencia del recurso de
alzada contra el auto que libró mandamiento de pago, en ejercicio de su autonomía
judicial. Además, se observa que los argumentos traídos por el demandante no se
dirigen a cuestionar dicho rechazo, sino en insistir en que en el proceso ejecutivo que
adelanta debe tenerse como ejecutado el Distrito Capital, Secretaria de Seguridad,
Convivencia y Justicia de Bogotá, y no Distrito Capital, Cárcel Distrital de Varones y
Mujeres de Bogotá, como en efecto ocurrió, precisamente con fundamento en las
normas y decisiones judiciales presuntamente desconocidas.

Ahora, en cuanto a los puntuales argumentos traídos, se recuerda lo expuesto en
auto proferido el 11 de noviembre de 202220 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, al respecto:

«[…] 2.1 Ahora bien, en relación con la situación planteada por la parte demandante
relacionada con la inclusión en la orden de mandamiento de pago de la Secretaría de
Seguridad, Convivencia y Justicia, es menester recordar que desde providencia del 2015
emitida por el Consejo de Estado, en el proceso No. 2500023250002011000680, en
asunto de similares contornos condenó a la Distrito Capital- Secretaría de Gobierno-
Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá, sin incluir a la referida
secretaría de seguridad y convivencia.

De igual forma, se tiene que los requerimientos previos realizados por el despacho
sustanciador antes de librar mandamiento de pago fueron atendidos por la secretaría de
gobierno. Así mismo, se debe precisar que conforme al artículo 23 del Acuerdo 257 de
2006: “Las secretarías de despacho son organismos del Distrito Capital, con autonomía
administrativa y financiera, que bajo la dirección de la respectiva secretaria o secretario,
tienen como objetivo primordial la formulación y adopción de las políticas, planes

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Ver índice 23 de Samai en el expediente ejecutivo 25000234200020210014900
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01108-01
Demandante: Marco Alejandro Gutiérrez Rodríguez

generales, programas y proyectos distritales del Sector Administrativo de Coordinación al
que pertenecen, así como la coordinación y supervisión de su ejecución”, por ende, la
legitimación en la causa por pasiva recae sobre el Distrito Capital, en tanto es quien
ostenta la personería jurídica para cuestionar las posibles órdenes que se emitan en este
proceso.

Finalmente, esta corporación en sala de decisión al interior de los procesos
2500023420002020-00996-004 y 2500023420002018-01782-005, ha ordenado librar
mandamiento de pago en contra de Bogotá Distrito Capital - Cárcel Distrital de Varones y
Anexo de Mujeres de Bogotá, sin incluir a la secretaría que la parte actora extraña, así
mismo, en los procesos referenciados se negó la solicitud de aclaración y/o adición
realizada por el apoderado de la parte actora. […]»

Como se observa, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, contra quien no se
expuso argumento de vulneración alguno, en definitiva, expuso que «la legitimación en
la causa por pasiva recae sobre el Distrito Capital, en tanto es quien ostenta la personería
jurídica para cuestionar las posibles órdenes que se emitan en este proceso», lo cual se
ajusta a derecho y no fue cuestionado.

Ahora, si bien no se desconoce los pronunciamientos del Consejo de Estado echados
de menos, se advierte que no constituyen precedente horizontal en atención a que
no son decisiones de unificación y fueron proferidas por una autoridad judicial de
similar nivel jerárquico al de la hoy demandada, sin que sea el juez de tutela el
competente para establecer cuál debe ser la postura que prime.

Sin perjuicio de lo anterior, llama la atención el hecho que si bien es cierto en las
decisiones del 13 de febrero 2020 y 17 de noviembre de 2022 se reconoció que la
«dirección de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá hace parte de la
estructura organizacional de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia», lo cierto
es que no hay duda en que es el Distrito Capital quien ostenta la personería jurídica
para actuar de cara a lo resuelto en el proceso ejecutivo; autoridad administrativa
debidamente vinculada a la litis cuestionada, por lo que dicha especial circunstancia
no tiene el impacto suficiente para generar la vulneración de los derechos
fundamentales cuya protección se invoca.

Lo anterior no es óbice, para exhortar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E para que, en adelante, al decidir asuntos de
contornos similares tenga en cuenta lo pertinente a la actual estructura organizacional
del Distrito Capital.

Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica del
juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de
derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
Así las cosas, esta Sala observa que la decisión acusada no incurrió en defecto
sustantivo ni desconocimiento del precedente, debido a que fue proferida de
conformidad con las normas que regulan la materia y bajo el principio de autonomía
judicial, lo cual permitió concluir que en el caso sub examine no procedía el recurso
de apelación interpuesto contra el auto que libró mandamiento de pago.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01108-01
Demandante: Marco Alejandro Gutiérrez Rodríguez

En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la parte
demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala revocará la decisión del a
quo para, en su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales de Marco
Alejandro Gutiérrez Rodríguez, en la solicitud de tutela presentada contra el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 3 de mayo de 2024 por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C. En su lugar, negar el amparo de los
derechos fundamentales de la sociedad Marco Alejandro Gutiérrez Rodríguez, en la
solicitud de tutela presentada contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo. Exhortar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E para que, en adelante, al decidir asuntos de contornos similares tenga
en cuenta lo pertinente a la actual estructura organizacional del Distrito Capital.

Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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