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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01110-00

Fecha
4 de abril de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01110-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al habeas data del señor Jorge Mario Tovar Verbel. ORDENAR a la Secretaría de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que, en un término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, proceda a actualizar el certificado de antecedentes disciplinarios del accionante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-01110-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

4 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., cuatro (4) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01110-00
Accionante: JORGE MARIO TOVAR VERBEL
Accionados: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA– AMPARAR EL DERECHO AL HABEAS DATA – De
acuerdo con la Ley 1952 de 2019 el certificado de antecedentes únicamente deberá
contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades vigentes.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Jorge Mario Tovar
Verbel contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Secretaría de dicha
Corporación.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. Elseñor Jorge Mario Tovar Verbel solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales de petición, al acceso a la administración de justicia, al trabajo y al
habeas data, cuya vulneración le atribuyó a la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y a la Secretaría de dicha Corporación, con ocasión del Oficio núm. SJ
6738 CAAL de 27 de febrero de 2024 y la omisión de actualizar el certificado de
antecedentes disciplinarios del accionante.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo
siguiente:

2.1. Señaló que el 1.º de febrero de 2024 radicó un escrito, en ejercicio del derecho
de petición, al correo: correspondencia@comisiondedisciplina.ramajudicial.gov.co,
y que de allí fue trasladado a la dirección de correo electrónico:
sancionadoscndj@comisiondedisciplina.ramajudicial.gov.co de la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, en el que solicitó lo siguiente:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01110-00
Accionante: Jorge Mario Tovar Verbel

“[…] a. Actualizar la información que reposa en el certificado de antecedentes
disciplinarios del suscrito en calidad de abogado portador de la tarjeta
profesional 148.492 que expide el Consejo Superior de la Judicatura, ya que
había sido suspendido por un término de dos meses.

b. Que se expidiera certificado disciplinario actualizado por cuanto la sanción
impuesta se había cumplido […]”.

2.2. Precisó que, mediante Oficio núm. SJ 6738 CAAL de 27 de febrero del presente
año la Secretaría Judicial de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial contestó lo
siguiente:

“[…] [D]e conformidad con la ley 1123 de 2007 en su artículo 47 consagra que

«Ejecución y registro de la sanción. Notificada la sentencia de segunda
instancia, la oficina de Registro Nacional de Abogados anotará la
sanción impuesta. Esta comenzará a regir a partir de la fecha del
registro.

Para tal efecto, la Secretaría Judicial de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, luego de la referida
notificación hará entrega inmediata de copia de la sentencia a la oficina
de registro».

Como quiera que en la citada norma no contempla términos de duración de
las sanciones disciplinarias impuestas a los abogados en el ejercicio de su
profesión, no es posible atender su petición […]”. [Cursiva original del texto]

2.3. Manifestó que la persistencia de esa anotación vulnera su derecho al trabajo
porque por ese motivo en cualquier proceso de vinculación laboral descalifican de
inmediato su hoja de vida pese a que a la fecha ya cumplió con la sanción
disciplinaria.

2.4. Finalmente, indicó que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Secretaría
de dicha Corporación al proferir esa respuesta, a través de la cual establece que la
permanencia de la anotación negativa es permanente, vulnera sus derechos
fundamentales de petición, al acceso a la administración de justicia, al trabajo y al
habeas data, que son de especial protección constitucional.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Se ampare mi derecho fundamental de petición
2. Se Ampare mi Derecho Fundamental al Acceso a la administración de
Justicia.

3. Se ordene a la accionada, que dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación de la Sentencia produzca la(s) respuesta(s) […]”.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01110-00
Accionante: Jorge Mario Tovar Verbel

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 11 de marzo de 2024, el Despacho a cargo de la
sustanciación del proceso admitió la presente acción de tutela contra la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial y la Secretaría de dicha Corporación.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas se allegaron
los siguientes informes:

5.1. La Secretaría de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial solicitó negar
el amparo solicitado por el señor Jorge Mario Tovar Verbel, al considerar que esa
entidad no ha vulnerado por acción u omisión sus derechos fundamentales.

5.2. Lo anterior, en razón aque la Ley 1123 de 22 de enero de 2007 1 “[…] no
contempla término de duración de las sanciones disciplinarias impuestas a los
abogados en el ejercicio de su profesión […]”.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20153, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20214, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20195.

VI.2. Problemas jurídicos

7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos de procedencia de la
acción de tutela. Y, si ello es así, se deberá:

1
“Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado.”
2
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
3
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
4
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01110-00
Accionante: Jorge Mario Tovar Verbel

b) Determinar si la decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial –
Secretaría de mantener la anotación de la sanción en el certificado de
antecedentes disciplinarios del accionante vulnera sus derechos
fundamentales.

8. Con el fin de resolver el problema jurídico, se harán previamente algunos
planteamientos respecto: (i) requisitos de procedencia de la acción de tutela y (ii)
resolver el caso concreto.

VI.3. Requisitos de procedencia de la acción de tutela

9. De acuerdo con el artículo 5°del Decreto Ley 2591 de 1991, la acción de tutela
procede:

“[…] [C]ontra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya
violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el
artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de
particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este
Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la
acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico
escrito […]”.

10. A su vez, el artículo 6° del mismo Decreto Ley señala que la acción de amparo
deviene en improcedente en las siguientes circunstancias:

“[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.

2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas
corpus.

3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los
demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior
no obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o
violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos
siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.

4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño
consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.

5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto […]”.

11. En ese sentido, esta Sala de Decisión ha señalado que, de acuerdo con las
normas citadas, cualquier ciudadano que considere amenazado o vulnerado un
derecho fundamental puede acudir ante un juez de la República para obtener la
protección judicial de las garantías constitucionales conculcadas o amenazadas.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01110-00
Accionante: Jorge Mario Tovar Verbel

Así las cosas, se han establecido como requisitos de procedencia de la acción de
tutela: la legitimación en la causa por activa, la inmediatez y la subsidiaridad.

VI.4. El caso concreto

12. El señor Jorge Mario Tovar Verbel solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales de petición, al acceso a la administración de justicia, al trabajo y al
habeas data, cuya vulneración le atribuyó al Oficio núm. SJ 6738 CAAL de 27 de
febrero de 2024 y a la omisión de actualizar el certificado de antecedentes
disciplinarios del accionante.

13. En el presente caso se encuentran acreditados los requisitos de procedencia
de la acción de tutela, en tanto que: (i) el señor Jorge Mario Tovar Verbel está
legitimado en la causa por activa; (ii) la acción de amparo fue promovida dentro
de un término razonable, y (iii) el accionante no cuenta con otro medio judicial
expedito y eficaz que garantice la protección de sus derechos fundamentales.

VI.4.1. Resolución del caso

14. La Constitución Política de Colombia reconoce en el artículo 15 en favor de
todas las personas el derecho fundamental al habeas data. Los elementos
característicos de este derecho han sido descritos por la jurisprudencia
constitucional6 e igualmente han sido objeto de regulación mediante leyes
estatutarias.

15. En virtud de este derecho fundamental la persona ostenta determinadas
prerrogativas respecto de la entidad que tiene a su cargo el tratamiento de sus
datos. Entre ellas cabe relacionar la posibilidad de solicitar: i) la actualización del
dato; ii) la inclusión o rectificación de la información y, en general, iii) todas
aquellas medidas que permitan asegurar su adecuada administración. Se trata,
entonces, de un derecho autónomo cuyo ejercicio puede incidir en el goce de
otros derechos, como por ejemplo el de la intimidad, el del buen nombre, el de la
honra y el derecho al trabajo, entre otros. Respecto del derecho fundamental al
habeas data cabe resaltar que en el entorno de su desarrollo resulta relevante el
principio de veracidad o calidad del dato, que prohíbe que su tratamiento sea
parcial, incompleto, fraccionado o que induzca en error.

6
Ver las siguientes sentencias: C-060 de 17 de febrero de 1994 M.P. Carlos Gaviria Diaz; T-729 de 5 de septiembre de
2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett; C-1066 de 3 de diciembre de 2002 M.P. Jaime Araujo Rentería; C-1011 de 16 de
octubre de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-632 de 13 de agosto de 2010 M.P. María Victoria Calle Correa; C-748 de 6
de octubre de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SU-458 de 21 de junio de 2012 M.P. Adriana Arango Guillén; T-020
de 27 de enero de 2014 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-706 de 17 de septiembre de 2014 M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez.

6

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Accionante: Jorge Mario Tovar Verbel

16. Al respecto, la Corte Constitucional señaló lo siguiente en la sentencia T-239 de
2022 sobre las finalidades y los límites del registro de antecedentes:

“[…] Finalidades del registro de antecedentes y la certificación de
antecedentes. El registro de sanciones, junto con la certificación de los
antecedentes por parte de la PGN, es “un instrumento que garantiza el
principio de publicidad en el acceso al ejercicio de cargos públicos”7. Primero,
el registro de sanciones “permite conocer de manera oportuna las
restricciones, limitaciones y prohibiciones de quienes aspiran a acceder al
ejercicio de la función pública”8, en la medida en que “permite verificar las
cualidades, las condiciones y la idoneidad de las personas en el ejercicio de
sus derechos de participación política”9. Así, el registro de sanciones por
parte de la PGN tiene la “finalidad de asegurar que la gestión pública se
desarrolle con base en los principios de igualdad, eficiencia, moralidad,
imparcialidad y, además, el interés general”10. Segundo, la certificación de
antecedentes “no constituye por sí misma una pena, ni una prolongación de
ésta, sino una garantía de que el comportamiento anterior del aspirante no
afectará el desempeño de la función o cargo, con fines de protección del
interés general y de la idoneidad, probidad y moralidad del mismo”11.

[…] Límites del registro de antecedentes. La función de registro de
antecedentes a cargo de la PGN no puede desconocer los derechos
fundamentales de los ciudadanos. Por esta razón, esta Corte ha insistido en
que su ejercicio “está sujeto a las limitaciones”12 que le imponen los principios
de razonabilidad y proporcionalidad. En particular, la jurisprudencia
constitucional ha enfatizado en los límites que le impone el derecho al hábeas
data13, razón por la cual, en la administración de la información disponible en
el SIRI, la PGN debe “respetar el acceso, inclusión, exclusión, corrección,
adición, actualización y certificación de los datos, de conformidad con los
principios que regulan el proceso de administración de datos personales”14.
Por lo anterior, la PGN debe cumplir con los principios que rigen la
administración de datos personales. En relación con el derecho al hábeas
data, la PGN tiene, entre otras, las cargas de (i) manejar “información veraz,
es decir, los datos deben corresponder a situaciones reales y su contenido
debe ser completo, exacto y actualizado”15, de acuerdo con el principio de
veracidad, y (ii) garantizar “que el titular del dato obtenga, en cualquier
momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de la
información que le concierna”16, en virtud del principio de transparencia […]”17.
[Cursiva original del texto]

17. El
accionante sostuvo que la parte accionada vulneró sus derechos
fundamentales de petición, al acceso a la administración de justicia, al trabajo y al

7
Sentencia T-467 de 2020.
8
Id.
9
Id.
10
Id.
11
Sentencia C-1066 de 2002.
12
Id. Cfr. Sentencia T-467 de 2020.
13
Id.
14
Id.
15
Sentencia T-036 de 2016.
16
Id.
17
Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Exp. T-8.564.967, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 1 de julio de
2022.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01110-00
Accionante: Jorge Mario Tovar Verbel

habeas data, por la respuesta negativa y la omisión de actualizar su certificado de
antecedentes disciplinarios, argumentando que la Ley 1123 de 2007 no contempla
un término de duración de la anotación de las sanciones disciplinarias impuestas
a los abogados en el ejercicio de su profesión.

18. En efecto, se encuentra acreditado que, mediante correo electrónico de 1.º de
febrero de 2024, el señor Jorge Mario Tovar Verbel le solicitó a la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial actualizar “[…] la información que reposa en el
certificado de antecedentes disciplinarios del suscrito en calidad de abogado
portador de la tarjeta profesional 148.492 que expide el Consejo Superior de la
Judicatura, ya que había sido suspendido por un término de dos meses. […] [y,]
[q]ue se expidiera certificado disciplinario actualizado por cuanto la sanción
impuesta se había cumplido […]”.

19. Esta solicitud fue respondida al accionante a través del Oficio núm. SJ 6738
CAAL de fecha 27 de febrero de 2024, suscrito por el secretario judicial de la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en el que se le indicó lo siguiente:

“[…] [D]e conformidad con la ley 1123 de 2007 en su artículo 47 consagra que

«Ejecución y registro de la sanción. Notificada la sentencia de segunda
instancia, la oficina de Registro Nacional de Abogados anotará la
sanción impuesta. Esta comenzará a regir a partir de la fecha del
registro.

Para tal efecto, la Secretaría Judicial de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, luego de la referida
notificación hará entrega inmediata de copia de la sentencia a la oficina
de registro».

Como quiera que en la citada norma no contempla términos de duración de
las sanciones disciplinarias impuestas a los abogados en el ejercicio de su
profesión, no es posible atender su petición […]”. [Cursiva original del texto]

20. En este contexto, cabe poner de relieve que el artículo 16 de la Ley 1123 de
2007 señala que para todo lo no previsto en esa norma se aplicarán “[…] los
tratados internacionales sobre Derechos Humanos y deontología de los
abogados, y lo dispuesto en los Códigos Disciplinario Único18, Penal, de
Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil, en lo que no contravenga la
naturaleza del derecho disciplinario […]”. [Subrayado fuera del texto]

21. En ese sentido, bajo la vigencia del anterior Código Disciplinario Único -Ley 734
de 5 de febrero de 200219- se debía aplicar el derogado artículo 174 que la

18
Hoy Código General Disciplinario.
19
“Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01110-00
Accionante: Jorge Mario Tovar Verbel

regulaba lo atinente al registro de las sanciones y su vigencia. En su inciso final la
norma en cuestión señalaba:

“[…] La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de
providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su
expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o
inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento […]”.

22. Mediante la sentencia C-1066 de 2002, la Corte Constitucional se pronunció
acerca de la constitucionalidad parcial del artículo 174 de la Ley 734 de 2002. En
dicha providencia la Corte destacó que el derecho al habeas data le era aplicable
a la información recopilada y almacenada a través del certificado de antecedentes
disciplinarios. En tal sentido señaló lo siguiente:

“[…] Tal derecho al olvido, planteado en relación con la información negativa
referente a las actividades crediticias y financieras, es aplicable también a la
información negativa concerniente a otras actividades, que se haya recogido
“en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas”, como lo
contempla el Art. 15 superior, por existir las mismas razones y porque dicha
disposición no contempla excepciones.

Por tanto, el mismo debe aplicarse al registro unificado de antecedentes que
por mandato del Art. 174 de la Ley 734 de 2002 lleva la Procuraduría General
de la Nación, integrado por documentos públicos y accesible a todas las
personas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 74 de la Constitución
Nacional, mediante el señalamiento de un término de caducidad razonable,
de modo que los servidores públicos, los ex servidores públicos y los
particulares que ejercen o han ejercido funciones públicas o tienen o han
tenido la condición de contratistas estatales no queden sometidos por tiempo
indefinido a los efectos negativos de dicho registro.
[…]

Para tal efecto es oportuno recordar que las sanciones consagradas en el
mismo Código Disciplinario Único (Arts. 44 y 45), son las siguientes: i)
destitución e inhabilidad general, es decir, la imposibilidad de ejercer la
función pública en cualquier cargo o función, por el término señalado en el
fallo; ii) suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial, o sea, la
imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo distinto de aquel
en cuyo desempeño se originó la falta disciplinaria, por el término señalado en
el fallo; iii) suspensión; iv) multa, y v) amonestación escrita.

Existe diferencia entre la naturaleza de estas sanciones por el aspecto
temporal, ya que las inhabilidades general y especial y la suspensión tienen
carácter continuado; en cambio, la destitución, la multa y la amonestación
escrita son de índole instantánea, lo cual explica que el Art. 46 del citado
código señale unos límites temporales para las primeras, al establecer que la
inhabilidad general será de diez (10) a veinte (20) años, que la inhabilidad
especial no será inferior a treinta (30) días ni superior a doce (12) meses y
que la suspensión no será inferior a un mes ni superior a doce (12) meses,
aplicando así un criterio racional válido.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01110-00
Accionante: Jorge Mario Tovar Verbel

Así mismo, el referido Art. 46 estatuye que cuando la falta afecte el patrimonio
económico del Estado la inhabilidad será permanente, lo cual tiene un
fundamento expreso en la Constitución Política, cuyo Art. 122, inciso final,
preceptúa que “sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, el
servidor público que sea condenado por delitos contra el patrimonio del
Estado, quedará inhabilitado para el desempeño de funciones públicas”.

[…]

Dicho carácter continuado de las sanciones disciplinarias y penales y de las
inhabilidades, señaladas en el inciso 1o del Art. 174 del Código Disciplinario
Único, explica que el inciso 3º del mismo disponga que “[l]a certificación de
antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas
dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso,
aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren
vigentes en dicho momento” (las negrillas no forman parte del texto original).

Esta disposición es razonable, en cuanto establece como regla general un
término de cinco (5) años de vigencia del registro de antecedentes, que es el
mismo término señalado para la prescripción de la sanción disciplinaria en el
Art. 32 de dicho código, y en cuanto mantiene la vigencia de los antecedentes
que por ser de ejecución continuada o permanente no se han agotado,
mientras subsista tal situación. Por consiguiente, es justificado aplicarla
también al registro de antecedentes en caso de nombramiento o posesión en
cargos para cuyo desempeño se requiere ausencia de ellos, a que se refiere
la disposición acusada.

En síntesis podemos afirmar que la certificación de antecedentes debe
contener las providencias ejecutoriadas que hayan impuesto sanciones dentro
de los cinco (5) años anteriores a su expedición, aunque la duración de las
mismas sea inferior o sea instantánea. También contendrá las sanciones o
inhabilidades que se encuentren vigentes al momento en que ella se expida,
aunque hayan transcurrido más de cinco (5) años o sean inhabilidades
intemporales como, por ejemplo, la prevista en el Art. 122 de la Constitución
Política […]”. [Subraya fuera del texto].

23. La cita anterior permite concluir que los registros negativos en el certificado de
antecedentes disciplinarios tenían un tiempo perentorio cuyos extremos, por regla
general, son: i) la ejecutoria de la providencia que impuso la sanción disciplinaria,
y ii) los cinco años posteriores a esta decisión. Excepcionalmente, bajo ese
artículo el dato podrá permanecer en el certificado un tiempo mayor, esto es, en
aquellos casos en los que la sanción se “[…] encuentre vigente […]” después de
transcurrido los cinco años. Cabe resaltar que, según la sentencia C-1066 de
2002, esta excepción tiene cabida solo en aquellos eventos de sanciones con
efectos “[…] continuados […]”, como lo son la suspensión y la inhabilidad que es
superior a los cinco años.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01110-00
Accionante: Jorge Mario Tovar Verbel

24. Siguiendo lo regulado por la norma vigente en ese momento y lo señalado por
la Corte Constitucional, esta Sección profirió las decisiones de 16 de febrero20 y
10 de noviembre de 202321, y amparó el derecho al habeas data de los
accionantes, toda vez que luego del respectivo análisis se determinó que al
haberse impuesto en ambos casos sanción de multa22, es decir una sanción de
efectos inmediatos y al haber transcurrido más de cinco años posteriores a la
ejecución de la decisión que impuso la sanción, correspondía el retiro de la
anotación junto con la actualización del certificado.

25. Sin embargo, el 1.º de julio de 2021 entró a regir el Código General
Disciplinario23 -Ley 1952 de 28 de enero 201924-, que en su artículo 23825 señaló
que los certificados de antecedentes únicamente deberán contener las sanciones
que se encuentren vigentes, lo que demuestra que quedó derogada la regla sobre
la permanencia del registro negativo durante los 5 años siguientes a la ejecución
de la decisión que impuso la sanción.

26. En esta ocasión, se advierte que el señor Jorge Mario Tovar Verbel fue
sancionado por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Magdalena con
dos meses de suspensión en el ejercicio de la profesión, mediante sentencia de
10 de mayo de 2023. Esta sanción fue confirmada por la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial a través de la providencia de 27 de septiembre de 2023,
dictada dentro del proceso disciplinario con radicado número 47001-11-02-000-
2019-00133-00/01.

20
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, Rad. 1001-03-15-000-2023-00206-00, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés.
21
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, Rad. 11001 03 15 000 2023 05962 00, C.P.
Oswaldo Giraldo López.
22
En caso del radicado núm. 1001-03-15-000-2023-00206-00 la decisión se profirió el 31 de mayo de 2017 y se notificó el
24 de julio de 2017; por lo que cobró ejecutoria el día 28 de ese mismo mes y año. Pro lo que los cinco (5) años de
permanencia de esta información se extendían hasta el 28 de julio de 2022. Dentro del radicado núm. 11001 03 15 000
2023 05962 00 la sentencia que impuso la sanción se profirió el 3 de diciembre de 2014.
23
Reformado por la Ley 2094 de 29 de junio de 2021.
24
“Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones
de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario”.
25
“Artículo 238. Registro de sanciones. Las sanciones penales y disciplinarias, las inhabilidades que se deriven de las
relaciones contractuales con el Estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura
y de las condenas proferidas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía con fines de repetición y de
las provenientes del ejercicio de profesiones liberales, deberán ser registradas en la División de Registro y Control y
Correspondencia de la Procuraduría General de la Nación, para efectos de la expedición del certificado de antecedentes.

El funcionario competente para adoptar la decisión a que se refiere el inciso anterior o para levantar la inhabilidad de que
trata el parágrafo 1° del artículo 42 de este código, deberá comunicar su contenido al Procurador General de la Nación en
el formato diseñado para el efecto, una vez quede en firme la providencia o acto administrativo correspondiente.

La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren
vigentes.

Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se
certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro.” [Subrayado fuera del texto]

11

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01110-00
Accionante: Jorge Mario Tovar Verbel

27. De acuerdo con el certificado de antecedentes disciplinarios del señor Jorge
Mario Tovar Verbel, consultado en la página web de la Rama Judicial26, la sanción
que se le impuso fue de dos (2) meses de suspensión, que inició el 17 de
noviembre de 2023 y finalizó el 16 de enero de 2024:

28. Envirtud del artículo 238 de la Ley 1952 de 2019, la sanción impuesta al
accionante debe permanecer en el certificado de antecedentes disciplinarios
hasta que se encuentre vigente. Esto es hasta que se cumplan los dos meses de
suspensión impuestos.

29. De conformidad con lo expuesto, la Sala estima que le asiste la razón al señor
Jorge Mario Tovar Verbel y, en consecuencia, debe retirarse la anotación negativa
que reposa en su certificado de antecedentes disciplinarios porque la sanción
estuvo vigente hasta el 16 de enero de 2024.

30. Finalmente,se advierte que acorde con el artículo 3 del Acuerdo núm.
PSAA10-6896 del 13 de abril de 2010 “[…] la actualización de la base de datos en
relación con las sanciones impuestas por la Sala Disciplinaria del Consejo
Superior y de los Consejos Seccionales de la Judicatura estará a cargo de la
Secretaría Judicial de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura
[…]”.

31. Por lo anterior, en criterio de la Sala, la Secretaría de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial vulneró el derecho fundamental al habeas data del señor Jorge
Mario Tovar Verbel. En consecuencia, se le ordenará a la referida entidad que en

26
Rama Judicial. (21 de marzo de 2024). Comisión Nacional de Disciplina Judicial - Antecedentes Disciplinarios.
www.ramajudicial.gov.co. https://www.scribbr.es/normas-apa/ejemplos/pagina-web/

12

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01110-00
Accionante: Jorge Mario Tovar Verbel

un término de cuarenta y ocho horas actualice el certificado de antecedentes
disciplinarios del accionante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al habeas data del señor Jorge
Mario Tovar Verbel. ORDENAR a la Secretaría de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial que, en un término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a
partir de la notificación de esta providencia, proceda a actualizar el certificado de
antecedentes disciplinarios del accionante, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Ausente con permiso

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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