Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-01116-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-01116-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2024-01116-01
Consejero ponente: Gloria Maria Gomez Montoya
6 de junio de 2024
Demandante: Alba Patricia Sánchez Arango
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Rad: 11001-03-15-000-2024-01116-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D. C., seis (6) de junio dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01116-01
Demandante: ALBA PATRICIA SÁNCHEZ ARANGO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCION CUARTA
Temas: Tutela contra providencia judicial – falta de relevancia
constitucional – confirma improcedencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la impugnación instaurada por la parte demandante contra la
sentencia del 19 de abril de 2024 del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, que declaró improcedente la acción de tutela, por no cumplir el
requisito de la relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
El 6 de marzo de 2024 la señora Alba Patricia Sánchez Arango, actuando a
través de apoderada judicial, presentó acción de tutela contra el Consejo de
Estado, Sección Cuarta y el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.
Consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales con ocasión de la
sentencia del 16 de noviembre de 2023 proferida por el Consejo de Estado,
Sección Cuarta, mediante la cual revocó la decisión del 19 de febrero de 2021
del Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, para en su lugar, acceder parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
Lo anterior, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 88001-23-33-000-2019-00025-01, instaurado contra la Unidad
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Demandante: Alba Patricia Sánchez Arango
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Rad: 11001-03-15-000-2024-01116-01
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (en adelante UGPP).
1.2. Pretensiones
La accionante solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y,
en consecuencia, pidió:
SEGUNDO: En consecuencia, dejar sin efecto la sentencia proferida por el
Consejo De Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta, el
dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, promovido por el accionante contra la
UGPP.
TERCERO: Ordenar al Consejo de Estado que profiera un nuevo fallo en el
que se tenga en cuenta todas las pruebas aportadas de los costos y gastos, y
con base en el resultado se determine el IBC para el año 2014.
1.3. Hechos
La señora Sánchez Arango presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho contra la UGPP con ocasión de la
expedición de la resolución RDO 2017-02969 del 23 de agosto de 2017, por
medio de la cual se profirió la Liquidación Oficial por omisión en los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral en el año gravable 2014 para el
subsistema de salud/pensiones y se sancionó por tales conductas. Así mismo,
de la Resolución RDO 2018- 01067 del 17 de septiembre de 2018, que confirmó
la anterior al desatar el recurso de reconsideración.
El Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, autoridad que conoció del asunto en primera instancia, negó las
pretensiones de la demanda, pues la contribuyente no desvirtuó la legalidad de
los actos demandados.
En primer lugar, estableció el marco normativo y jurisprudencial sobre la
naturaleza de las contribuciones parafiscales, el Ingreso Base de Cotización -
IBC- de los trabajadores independientes y las competencias de la UGPP.
Consideró que los trabajadores independientes debían cotizar al Sistema de
Protección Social sobre los «ingresos efectivamente percibidos con las deducciones
que prevé el artículo 107 del ET» y que estos ingresos eran determinados a través
de la información declarada ante la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, DIAN. De otra parte, «según los ingresos declarados en renta
($1.873.563.000), la actora tenía capacidad de pago y cotización y dado que la fuente
de esa información fue la declarada en el prenotado impuesto por la aportante, no era
predicable una presunción de ingresos».
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Demandante: Alba Patricia Sánchez Arango
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Inconforme con la decisión, la parte demandante la apeló. El recurso fue
resuelto el 16 de noviembre de 20231 por el Consejo de Estado, Sección
Cuarta, en el sentido de revocarla, para en su lugar, acceder parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
Como consecuencia, anuló parcialmente los actos y a título de restablecimiento
del derecho ordenó a la UGPP reliquidar los aportes a los subsistemas del
Sistema de Protección Social a cargo de la actora solo por el período de marzo
de 2014 y excluyó la sanción por omisión impuesta por los períodos
fiscalizados. Además, requirió que, en los términos previstos en la ley, la
demandada imputara los pagos efectuados por la demandante en las planillas
de autoliquidación presentadas con posterioridad a los actos demandados.
Como fundamento de su decisión explicó que:
-El Ingreso Base de Cotización (IBC) aplicable a los trabajadores
independientes, distintos a los contratistas por prestación de servicios para
la realización de sus aportes a los subsistemas de salud y pensiones, fue
expresamente determinado por el legislador y está compuesto por los
ingresos efectivamente recibidos, de acuerdo con los artículos 15
(parágrafo 1°), 19 y 204 de la Ley 100 de 1993, 66 del Decreto 806 de
1998, 25 del Decreto 1406 de 1999 y 33 de la Ley 1438 de 2011;
-Conforme a la declaración del impuesto a la renta presentado por la
tutelante para el año gravable 2014, encontró una diferencia en el monto
total de costos y gastos, pero ello solo repercutió en el período del mes de
marzo de 2014, por lo que anuló los actos acusados en tal aspecto.
-No era factible aplicar el artículo 1359 de la Ley 1753 de 2015 (derogado
por el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019), por cuanto no se encontraba
vigente cuando ocurrieron los hechos (año 2014).
1 La parte resolutiva fue la siguiente:
1. Revocar la sentencia apelada. En su lugar:
Primero. Declarar la nulidad parcial de la Resolución nro. RDO-2017-02969, del 23 de
agosto de 2017, y la Resolución nro. RDC-2018-01067, del 17 de septiembre de 2018,
proferidas por la UGPP, en el sentido de disminuir el IBC del período de marzo de 2014
conforme a la base gravable descrita para ese mes en el cuadro inserto en la parte
considerativa de la sentencia de segunda instancia y levantar la sanción por omisión de
todos los períodos.
Segundo. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la UGPP reliquidar los
aportes a los subsistemas del Sistema de Protección Social a cargo de la actora, por el
período de marzo de 2014 y excluir la sanción por omisión impuesta por los períodos
fiscalizados. Además, se ordena que en los términos previstos en la ley la demandada
impute los pagos efectuados por la demandante en las planillas de autoliquidación
presentadas con posterioridad a los actos demandados.
Tercero. Sin condena en costas.
2. Sin condena en costas en esta instancia.
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Demandante: Alba Patricia Sánchez Arango
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-Consideró que se debía levantar la sanción impuesta pues, con base a la
certificación allegada por la actora, ella contaba con afiliación tanto al
subsistema de salud como al de pensiones, las cuales fueron realizadas el
3 de agosto de 2001 y el 1 de octubre de 2004, respectivamente; es decir,
fechas anteriores al inicio de la vigencia fiscalizada, « por lo que la Sala no
evidencia la configuración de la conducta de omisión en la afiliación y/o
vinculación, en el caso de esta última, entendida como la infracción consistente
en la omisión en el reporte de la novedad de ingreso a una administradora del
SPS».
La sentencia fue notificada el 30 de noviembre de 2023.
1.4. Sustento de la petición
La parte actora sostuvo que las autoridades judiciales accionadas vulneraron
sus derechos fundamentales al incurrir en defecto fáctico, al proferir la
decisión del 16 de noviembre de 2023.
Indicó que no examinaron todo el material probatorio que reposaba en las
diligencias ordinarias, que demostraba que los valores determinados por la
UGPP como IBC de los aportes parafiscales del año 2014 son inferiores, es
decir, debería pagar por ese concepto alrededor de 12 millones y no 200
millones como lo calculó la administración.
Agregó que no se valoraron cada uno de los soportes de costos y gastos de la
actividad económica durante el año gravable 2014, aportados en 531 folios, los
cuales arrojaban un total por este concepto de $1.942.879.168 y un IBC
mensual así:
Estimó que la decisión no se fundamentó en las pruebas aportadas, sino en una
valoración «arbitraria, caprichosa e irracional». Agregó que teniendo una «mejor
prueba» prefirió «inventarse un sistema de presunción de costos», pues para
determinar el IBC tuvo en cuenta el porcentaje que representaban los costos y
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gastos reportados en la declaración de renta, respecto de los ingresos
percibidos.
Concluyó que el objetivo de aportar un documento de 531 folios, previamente
relacionados y auditados en un formato Excel, es realizar un trabajo diligente a
fin de facilitar su estudio a la administración de justicia, y no que estos sean
desconocidos de manera arbitraria y sin motivación por los juzgadores.
1.5. Trámite en primera instancia2
Mediante auto de 11 de marzo de 2024, el magistrado ponente de primera
instancia admitió la acción de tutela y ordenó la notificación a los magistrados
integrantes del Consejo de Estado, Sección Cuarta y del Tribunal Administrativo
del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Asimismo, ordenó la vinculación como terceros con interés de la UGPP (sujeto
activo del proceso ordinario) y requirió el expediente en medio digital.
1.6. Intervenciones:
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron
las siguientes:
1.6.1. Consejo de Estado, Sección Cuarta3
Solicitó declarar la improcedencia de la acción por no acreditar el requisito de
relevancia constitucional, pues la actora pretende que se efectúe un nuevo
juicio sobre cuestiones que fueron atendidas, estudiadas y definidas en la
sentencia acusada, con el fin de obtener la nulidad total de los actos
administrativos enjuiciados.
Indicó que la tutela se emplea como una tercera instancia de valoración de los
medios probatorios que ya fueron analizados y desestimados en sede ordinaria,
además, el asunto versa sobre una controversia de contenido estrictamente
económico.
Adujo que la actora reprocha el monto de los aportes que debió efectuar a los
subsistemas de salud y pensiones durante el período comprendido entre el 1°
de enero y el 31 de diciembre de 2014. Sin embargo, en la sentencia enjuiciada
se aclaró que los elementos de convicción que la accionante alegaba como no
valorados no eran aptos para demostrar las erogaciones deducibles de los
ingresos. Lo anterior, debido a que las facturas de venta aportadas
evidenciaban compras, pero no los costos y gastos causados en los diferentes
2 Índice 4 del expediente digital Samai.
3 Índice 11 de Samai.
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períodos para la demandante.
Concluyó que valoró debidamente los medios probatorios aportados con la
demanda. No obstante, como se señaló, los mismos no eran idóneos para
acceder a las pretensiones del recurso de apelación.
1.6.2. UGPP4
Expresó que la sentencia atacada se profirió con fundamento en las pruebas
adosadas al proceso contencioso administrativo tanto por la parte demandante
como por el extremo pasivo. En ese orden, resaltó que la tutela no puede
emplearse como una instancia adicional para revisar las decisiones de los
jueces.
Igualmente, solicitó su desvinculación del presente trámite por carecer de falta
de legitimación en la causa por pasiva, pues no es la entidad competente para
examinar lo referente a la presunta indebida valoración probatoria alegada
dentro de un proceso judicial.
1.6.3. Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina5
Pese a haber sido notificado en debida forma, no rindió informe de fondo frente
al asunto.
1.7. Sentencia de primera instancia6
Mediante sentencia del 19 de abril de 20247 el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A declaró la improcedencia de la acción por no cumplir con
el requisito de la relevancia constitucional debido a que lo pretendido por la
parte actora era que se realice un nuevo estudio frente a lo definido
razonablemente por el juez natural.
Explicó que, sus argumentos se centraban en insistir en la presunta omisión en
la valoración de pruebas (facturas de compra), en procura de obtener una
nueva decisión al respecto, pero no por el hecho de que aquellas no se
hubieran examinado, sino simplemente porque no se les confirió el valor
probatorio que, según la actora, debía otorgárseles.
Concluyó que el desacuerdo con una decisión judicial no implica, per se, la
procedencia excepcional de la acción de tutela, pues para tal efecto, se requiere
4 Indice 8 de Samai.
5 Índice 9 del expediente.
6 Índice 13 de Samai.
7 Notificada el 25 de abril de 2024. Índice 16 del expediente.
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la exposición de razones con los cuales se demuestre que el asunto es
constitucionalmente relevante y, por consiguiente, resulte indispensable la
intervención del juez constitucional.
1.8. Impugnación8
Mediante correo enviado el 30 de abril de 2024, la parte actora impugnó el fallo
de primera instancia que fue notificado el 25 de abril de 2024. Para el efecto,
reiteró in extenso el defecto fáctico propuesto en el escrito inicial.
Señaló que dicho yerro se configuró, pues en su criterio, no fueron valorados
los soportes de costos y gastos. Asimismo, cuestionó que en el fallo se hubiera
considerado la contabilidad como la prueba idónea, lo que calificó como el
«camino más sencillo», desconociendo dichos soportes.
Concluyó que el análisis probatorio de los documentos que soportan los costos
y gastos podía modificar sustancialmente el valor adeudado, puesto que en
realidad no tenía obligación de efectuar aportes al Sistema de Protección Social
por los rubros determinados por la UGPP, pues como en la mayoría de las
actividades económicas de los pequeños comerciantes, las utilidades netas
eran muy bajas. Para apoyar esto, relacionó su «ingreso real» mensualizado del
2014 de $1.874.180.178, costos y gastos por valor de $1.942.879.168.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la
señora Sánchez Arango actora contra la sentencia del 19 de abril de 2024
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, de
conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y
333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.
2.2. Solicitud de desvinculación
Se tiene que la UGPP solicitó su desvinculación del presente trámite
constitucional pues, a su juicio, carece de legitimación en la causa por pasiva.
No obstante, dicha petición será negada ya que su vinculación al proceso se
hizo en calidad de tercero, en atención al interés que le asiste en las resultas
del presente trámite, dado que fue la parte demandada en el proceso que se
discute en esta oportunidad.
8 Índice 17 de Samai.
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2.3. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes, corresponde a la Sala determinar si hay
lugar a confirmar, revocar o modificar la providencia de primera instancia
conforme a lo planteado por la parte impugnante.
• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva
de la acción de tutela contra providencia judicial?
De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo
siguiente:
• ¿El Consejo de Estado, Sección Cuarta vulneró los derechos
fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la
administración de justicia con ocasión de la sentencia del 16 de
noviembre de 2023, mediante la cual se revocó la decisión del a quo,
para en su lugar, acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda
en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho?
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y;
(iii) el caso concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 9
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema10 y declaró
su procedencia.11
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere
la relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez; y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.
11 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta
providencia.”
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observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la
improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, deberá la Sala adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud
y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa,
motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para
revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del
juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la
referencia.
2.5. Relevancia constitucional
Para el caso en concreto, la Sala anticipa que confirmará la improcedencia de la
presente acción de tutela por carecer de relevancia constitucional, puesto que
no cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la
Sentencia SU-215 de 202212.
En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias
judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo
de amparo constitucional contra una providencia judicial:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una
alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en
cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo
tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los
jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio
de igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción
de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para:
12 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico,
pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son
de su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de
la Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la
protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la
preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para
la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la
prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de
los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal13 (Énfasis de la
Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no
referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico14; es
decir, la cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible”
relevancia constitucional15.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal
y/o económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela
se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección
efectiva de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter
legal16”. En este orden, se reitera que el examen de relevancia
constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera
“inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales17”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.
[…]
13 Sentencia SU-573 de 2019.
14 Sentencia SU-103 de 2022.
15 Sentencia SU-103 de 2022.
16 Sentencia SU-103 de 2022.
17 Sentencia SU-128 de 2021.
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Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela
dirigida contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto18, lo que
implica verificar que en efecto se haya presentado una actuación judicial
claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la
tutela contra providencias judiciales no debe representar una instancia
adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir
controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal19. (Resaltado
de la Sala)
Tras analizar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche
una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la
Corte Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI
S.A.S. no cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la
identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o
desarrollar el alcance de un derecho fundamental; (ii) involucraba un debate
eminentemente legal; (iii) planteaba una discusión preponderantemente
económica; y, (iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida
porque no se demostraba la grave violación de los derechos fundamentales
invocados.
2.6. Caso concreto
Los argumentos de la parte actora apuntan a probar la presunta lesión de sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia ya que a su juicio se configuró un defecto fáctico con
ocasión de la ausencia de valoración de cada uno de los soportes de costos y
gastos de la actividad económica durante el año gravable 2014, aportados en
531 folios. Aunado a esto, reprochó que la decisión no se fundamentó en las
pruebas aportadas, sino en una valoración «arbitraria, caprichosa e irracional».
También indicó que la autoridad judicial decidió «inventarse un sistema de
presunción de costos».
Atendiendo a lo anterior, la Sala estima que lo pretendido es controvertir las
conclusiones asociadas al estudio efectuado respecto de las pruebas, de las
cuales se concluyó que debía prosperar parcialmente el cargo de la apelación
vinculado al IBC respecto del periodo de marzo de 2014 y adicionalmente que
había lugar a levantar la sanción por omisión, pues la demandante contaba con
afiliación a los subsistemas de salud y pensiones desde el 3 de agosto de 2001
y el 1° de octubre de 2004.
Al respecto, se tiene que los cargos elevados en sede de tutela también fueron
expuestos en el recurso de apelación, en el cual se estableció, entre otras
cosas que se desconocieron los soportes de costos y gastos incorporados con
la demanda, que acreditaban un valor por este concepto de $1.942.879.168.
18 Sentencia SU-573 de 2019.
19 Ibid.
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Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
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No obstante, en la sentencia acusada se concluyó que la contribuyente estaba
legitimada para arrimar al proceso los medios de convicción que reflejaran los
ingresos obtenidos y su distribución en los períodos cuestionados, así como el
monto y la proporción de los costos y gastos atribuibles a tales vigencias, lo que
no significaba la prosperidad de la pretensión de nulidad, pues el éxito
probatorio dependía de la aptitud de los documentos aportados.
El Consejo de Estado, Sección Cuarta agregó que, en criterio reiterado de dicha
sección20, se determinó que cuando el aportante no lograba acreditar el monto
mensual de los gastos incurridos, los costos y gastos declarados en el impuesto
sobre la renta debían ser atribuidos en proporción al ingreso determinado por la
UGPP con fundamento en tal declaración.
Además, señaló que dichos soportes no eran los medios probatorios idóneos
para determinar el monto incurrido mensualmente, «dado que estos documentos
demostraban compras, y no los costos y gastos causados en los diferentes períodos
para la demandante, pues las adquisiciones efectuadas en un determinado período no
necesariamente integran el costo o gasto de un obligado a llevar contabilidad».
No obstante, la accionante adujo que la anterior decisión vulnera sus garantías
fundamentales porque, a su juicio, i) no se examinó la totalidad del material
probatorio allegado a las diligencias ordinarias; y ii) no se valoraron cada una de
las facturas que demostraban los costos y gastos de la actividad económica
durante el año gravable 2014.
Dichas afirmaciones, llevan a la Sala a considerar que la tutelante busca reabrir
el debate probatorio y que el juez de tutela imponga una valoración distinta o
una interpretación de la prueba a la que asumió el juez natural de la causa.
Sobre el punto, se itera que en materia de tutelas contra providencias judiciales
le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita
de los jueces naturales de la causa; por lo tanto, el estudio debe basarse
exclusivamente en los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por
el actor dentro del trámite de tutela, toda vez que analizar puntos meramente
legales atentaría contra el principio de autonomía judicial y así, en últimas se
convertiría el mecanismo constitucional en una tercera instancia.
En consecuencia, se considera que no se acreditaron los criterios fijados por la
Corte Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado el requisito
de relevancia constitucional, en cuanto los argumentos traídos en el escrito de
tutela ya fueron desatados por el juez natural de la causa, quien concluyó que
las pruebas de convicción que la demandante señaló como no valorados
20 Sentencia del 16 de marzo de 2023, exp. 26927, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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(soportes de costos y gastos), en realidad sí lo fueron. No obstante, no eran los
medios probatorios idóneos para determinar el monto incurrido mensualmente.
Es pertinente señalar que el simple alegato de una vulneración no conlleva que
el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela revista necesariamente
relevancia constitucional, pues para ello se requiere que en el escrito inicial
medie un ejercicio hermenéutico y argumentativo que permita entrever que la
controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un derecho
fundamental. Esto, pues la competencia de este juez se restringe a la
protección efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de
carácter legal, económico o a estudiar una mera inconformidad con las
decisiones adoptadas por los jueces naturales.
Lo contrario generaría que el juez constitucional de tutela deba proceder con
una revisión in extenso de los elementos de convicción aportados al expediente,
lo que claramente desborda las competencias propias de esta instancia y
desconoce la función propia del juez natural de la causa.
En consecuencia, se confirmará la improcedencia del amparo solicitado frente a
la presente acción constitucional comoquiera que no se supera el requisito de
procedibilidad adjetiva atinente a la relevancia constitucional.
2.7. Conclusión
Esta Sala confirmará la decisión de primera instancia, que declaró la
improcedencia de la acción por no superar el requisito de la relevancia
constitucional. Ello, en la medida en que los reparos alegados no se edifican en
explicaciones de raigambre superior, sino que denotan una mera inconformidad
con el sentido de la providencia y su análisis probatorio.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por la UGPP.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 19 de abril 2024, a través de la
cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A declaró la
improcedente la acción, por las razones anotadas en esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
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CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081.
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