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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01119-01

Fecha
11 de julio de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01119-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 23 de mayo de 2024 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-01119-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

11 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., once (11) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202401119-01
Actora: Ana Raquel Bobadilla Méndez
Demandados: Tribunal Administrativo del Meta y otros1
Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de subsidiariedad

Derechos Fundamentales Invocados: i) Igualdad, ii) acceso a la administración
de justicia y iii) debido proceso

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de tutela
de 23 de mayo de 2024 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por
medio del cual declaró improcedente la solicitud de tutela.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Meta, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de
Villavicencio, la Electrificadora del Meta S.A. E.S.P. y la Superintendencia de

1 Crf. Índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “2ED_Caratula(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado

en medio digital.

2

Núm. único de radicación: 110010315000202401119-01
Actora: Ana Raquel Bobadilla Méndez

Servicios Públicos Domiciliarios, porque, a su juicio, con ocasión a que el Juzgado
profirió el auto de 23 de febrero de 2024, en el proceso adelantado en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 500013333003201700291-00, vulneraron sus derechos
fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:

3. Manifestó que, junto con Anderson Genaro Hernández Bobadilla, a través de
apoderado judicial, presentaron demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Electrificadora del
Meta S.A. E.S.P. y la Previsora S.A., con el fin de que se declarara la nulidad de la
Resolución núm. SSPD 20178140017925 de 29 de marzo de 2017, expedida por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que confirmó la decisión
empresarial EMSA GC-OSCV-20163510298711 de 17 de noviembre de 2016,
mediante la cual la Electrificadora del Meta S.A. E.S.P. realizó el cobro retroactivo
del consumo por energía dejada de facturar.

4. Advirtió que, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de
Villavicencio profirió sentencia, en primera instancia, el 16 de agosto de 2019,
mediante la cual negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a los
demandantes.

5. Adujo que, el Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia de 14 de
julio de 2022, resolvió:

“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 16 de agosto de 2019, proferida por
escrito por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE
VILLAVICENCIO, mediante la cual NEGÓ las pretensiones de la demanda, por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en esta instancia […]”.

6. Señaló que, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de
Villavicencio, mediante auto de 24 de febrero de 2023, fijó las agencias en derecho
en primera instancia de la siguiente manera:

3

Núm. único de radicación: 110010315000202401119-01
Actora: Ana Raquel Bobadilla Méndez

“[…] En este orden de ideas, teniendo en cuenta que el salario mínimo mensual legal
vigente para la fecha de la interposición de la demanda (2017) era de $737.717, al
estimarse la cuantía en $78.198.002, (fl. 13, Demanda, Exp. Digital), se superan los
40 SMMLV ($29.508.680) establecidos por el C.G.P, y en consecuencia, debe
entenderse que el proceso es de menor cuantía, y la asignación de las agencias en
derecho deberá darse entre 4 y 10 por ciento de la estimación de la cuantía, según
el acuerdo PSAA16-10554 de agosto 5 del 2016.

En consecuencia, se fijan las agencias en derecho en primera instancia en un 4% de
la estimación razonada de la cuantía esgrimida en la demanda (fl. 13), es decir, la
suma de $3.127.920 pesos, en atención a la naturaleza, duración del proceso y la
gestión de la apoderada de la parte demandada. […]”.

7. Indicó que, mediante auto de 23 de febrero de 2024, el Juzgado aprobó la
liquidación que elaboró la Secretaría del Juzgado, así:

“[…] Se aprueba la liquidación de costas efectuada por la Secretaría (índice 11 en la
plataforma SAMAI), de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 366
del C.G.P. […].

8. Sostuvo que, mediante escrito de 4 de marzo de 2024, presentaron escrito
en el solicitaron la declaratoria de ineficacia de la condena en costas, el cual se
encuentra pendiente de decisión por parte del juzgado de conocimiento.

La solicitud de tutela

Pretensiones

9. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERO: Se conceda la protección de mis derechos fundamentales a la
igualdad, debido proceso, acceso a la administración de justicia y doble instancia,
contenido en los artículos 2, 13, 29 y 31 de la norma superior.

SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Villavicencio, se ABSTENGA de adelantar la liquidación de costas fechada el día 20
de febrero de 2024 (sic), y notificada el día 24 de febrero de 2024, y, en consecuencia,
se declare nula la actuación, en razón a que, el Tribunal Administrativo del Meta,
mediante sentencia de segunda instancia de fecha 14 de julio de 2022, al resolver el
recurso de apelación impetrado contra la referida sentencia del a-quo de fecha 16 de
agosto de 2019, confirmo (sic) únicamente la decisión de primera instancia que negó
las pretensiones de la demanda, y en su ordinal segundo resolvió en su lugar, NO
CONDENAR EN COSTAS. […]”.

9.1. Como fundamento de su solicitud, la actora manifestó2:

2 Transcripción literal del texto.

4

Núm. único de radicación: 110010315000202401119-01
Actora: Ana Raquel Bobadilla Méndez

“[…] 9. Por lo anteriormente expuesto, me permito manifestar a los Honorables
Magistrados del Consejo de Estado que, bajo el principio de la NO REFORMATION
IN PEJUS, la condena en costas abarca la línea procesal del asunto o pleito hasta
su terminación, como garantía del debido proceso y el principio de la doble instancia,
por lo que no le está permitido a los operadores judiciales hacer más gravosa la
situación del apelante, no pudiendo coexistir doble condena en costas en cada
instancia, razón por la que, aunque el Tribunal Administrativo del Meta, al resolver el
recurso de alzada, resolvió confirmar únicamente la decisión de primera instancia
que negó las pretensiones de la demanda, en su lugar, decidió NO CONDENAR EN
COSTAS, siendo IMPROCEDENTE la actuación que pretende el Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio, a través de la liquidación de costas
fechada el día 20 de febrero de 2024 (sic), y notificada el día 24 de febrero de 2024.

10. Lo anterior, hace evidente que, como el Tribunal Administrativo del Meta, dentro
del proceso de la referencia, únicamente resolvió confirmar la decisión de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda, decidió NO CONDENAR EN
COSTAS, siendo improcedente e ineficaz la actuación del a-quo, y por el ende, el
cobro injustificado que pretende EMSA E.S.P., por dicho concepto, en el que
además, en ningún modo atañe ni debe afectar la prestación del servicio público de
energía eléctrica que se ha venido pagando puntualmente mes a mes para los
códigos de servicio No. 183944869 y No. 183913365.

11. Así mismo, me permito manifestar a los Honorables Magistrados del Consejo de
Estado que, mediante memorial de fecha 4 de marzo de 2024, mi apoderado y parte
demandante Anderzon Genaro Hernandez Bobadilla, solicito ante el Juzgado
Tercero Oral del Circuito de Villavicencio, la ineficacia de la condena en costas
dentro del proceso No. 2017-291-01 que finalizo ante el Tribunal Administrativo del
Meta, por las razones previamente expuestas, debiendo el juez de primera instancia
resolver la solicitud incoada, y acatar lo decidido por el superior funcional que
resolvió NO CONDENAR EN COSTAS, siendo procedente la presente acción de
tutela que he incoada contra las entidades demandadas, por agotarse el principio de
subsidiariedad y encontrarse interpuesto dentro del tiempo razonable bajo el
principio de inmediatez, por ser el medio de defensa judicial idóneo y eficaz como
garantía de mis derechos fundamentales constitucionales, que prevé nuestro
ordenamiento jurídico, siendo ineficaz e improcedente el cobro por condena en
costas que pretende EMSA E.S.P. a través del oficio SGAJ-20248000060871 de
fecha 27 de febrero de 2024 […]”.

[…]

“[…] 13. Finalmente, me permito manifestar a los Honorables Magistrados del
Consejo de Estado que se avizora un perjuicio irremediable, en razón a que, aun
cuando me encuentro al día en pagos, y pese a que el valor pretendido por EMSA
no está relacionado con la prestación del servicio público de energía eléctrica,
afectaría el suministro del mismo, según información de un asesor de la línea 115,
por lo que en aras de evitar una afectación a mis derechos fundamentales, solicito
de los Honorables Magistrados, ORDENAR al Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Villavicencio, se ABSTENGA de adelantar la liquidación de costas
fechada el día 20 de febrero de 2024 (sic), y notificada el día 24 de febrero de 2024,
y, en consecuencia, se declare nula la actuación, en razón a que, el Tribunal
Administrativo del Meta, mediante sentencia de segunda instancia de fecha 14 de
julio de 2022, al resolver el recurso de apelación impetrado contra la referida
sentencia del a-quo de fecha 16 de agosto de 2019, confirmo únicamente la decisión
de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, y en su ordinal
segundo resolvió en su lugar, NO CONDENAR EN COSTAS. […]”.

5

Núm. único de radicación: 110010315000202401119-01
Actora: Ana Raquel Bobadilla Méndez

Actuación

10. El Despacho sustanciador de la Sección Quinta del Consejo de Estado,
mediante auto de 15 de marzo de 2024: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó
notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Meta, al Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio, a la Electrificadora del Meta S.A.
E.S.P. y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; y iii) vinculó a la
Previsora S.A., en calidad de tercero con interés legítimo, concediéndole un término
de tres (3) días para que rindieran informes sobre el particular.

11. El Despacho sustanciador de la Sección Quinta del Consejo de Estado,
mediante auto de 29 de abril de 2024, vinculó a Anderson Genaro Hernández
Bobadilla, en calidad de tercero con interés legítimo, concediéndole un término de
dos (2) días para que rindieran informes sobre el particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

12. La Electrificadora del Meta S.A. E.S.P., la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios y la Fiduprevisora S.A. solicitaron ser desvinculadas del
presente trámite de tutela, toda vez que, a su juicio, carecen de legitimación en la
causa por pasiva.

13. El Señor Anderson Genaro Hernández Bobadilla rindió informe en los
siguientes términos3:

“[…] 9. Por lo anteriormente expuesto, me permito manifestar a los Honorables
Magistrados del Consejo de Estado que, bajo el principio de la NO REFORMATION
IN PEJUS, la condena en costas abarca la línea procesal del asunto o pleito hasta su
terminación, como garantía del debido proceso y el principio de la doble instancia, por
lo que no le está permitido a los operadores judiciales hacer más gravosa la situación
del apelante, no pudiendo coexistir doble condena en costas en cada instancia, razón
por la que, aunque el Tribunal Administrativo del Meta, al resolver el recurso de
alzada, resolvió confirmar únicamente la decisión de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda, en su lugar, decidió NO CONDENAR EN COSTAS,
siendo IMPROCEDENTE la actuación que pretende el Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio, a través de la liquidación de costas
fechada el día 20 de febrero de 2024 (sic), y notificada el día 24 de febrero de 2024.

10. Lo anterior, hace evidente que, como el Tribunal Administrativo del Meta, dentro
del proceso de la referencia, únicamente resolvió confirmar la decisión de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda, decidió NO CONDENAR EN

3 Transcripción literal del texto.

6

Núm. único de radicación: 110010315000202401119-01
Actora: Ana Raquel Bobadilla Méndez

COSTAS, siendo improcedente e ineficaz la actuación del a-quo, y por el ende, el
cobro injustificado que pretende EMSA E.S.P., por dicho concepto, en el que además,
en ningún modo atañe ni debe afectar la prestación del servicio público de energía
eléctrica que se ha venido pagando puntualmente mes a mes para los códigos de
servicio No. 183944869 y No. 183913365.

11. Así mismo, me permito manifestar a los Honorables Magistrados del Consejo de
Estado que, mediante memorial de fecha 4 de marzo de 2024, mi apoderado y parte
demandante Anderzon Genaro Hernandez Bobadilla, solicito ante el Juzgado Tercero
Oral del Circuito de Villavicencio, la ineficacia de la condena en costas dentro del
proceso No. 2017-291-01 que finalizo ante el Tribunal Administrativo del Meta, por las
razones previamente expuestas, debiendo el juez de primera instancia resolver la
solicitud incoada, y acatar lo decidido por el superior funcional que resolvió NO
CONDENAR EN COSTAS, siendo procedente la presente acción de tutela que he
incoada contra las entidades demandadas, por agotarse el principio de subsidiariedad
y encontrarse interpuesto dentro del tiempo razonable bajo el principio de inmediatez,
por ser el medio de defensa judicial idóneo y eficaz como garantía de mis derechos
fundamentales constitucionales, que prevé nuestro ordenamiento jurídico, siendo
ineficaz e improcedente el cobro por condena en costas que pretende EMSA E.S.P.
a través del oficio SGAJ-20248000060871 de fecha 27 de febrero de 2024. […]”.

[…]

“[…] 13. Finalmente, me permito manifestar a los Honorables Magistrados del Consejo
de Estado que se avizora un perjuicio irremediable, en razón a que, aun cuando me
encuentro al día en pagos, y pese a que el valor pretendido por EMSA no está
relacionado con la prestación del servicio público de energía eléctrica, afectaría el
suministro del mismo, según información de un asesor de la línea 115, por lo que en
aras de evitar una afectación a mis derechos fundamentales, solicito de los
Honorables Magistrados, ORDENAR al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
de Villavicencio, se ABSTENGA de adelantar la liquidación de costas fechada el día
20 de febrero de 2024 (sic), y notificada el día 24 de febrero de 2024, y, en
consecuencia, se declare nula la actuación, en razón a que, el Tribunal Administrativo
del Meta, mediante sentencia de segunda instancia de fecha 14 de julio de 2022, al
resolver el recurso de apelación impetrado contra la referida sentencia del a-quo de
fecha 16 de agosto de 2019, confirmo únicamente la decisión de primera instancia
que negó las pretensiones de la demanda, y en su ordinal segundo resolvió en su
lugar, NO CONDENAR EN COSTAS […]”.

14. El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio allegó
copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 500013333003201700291-01.

15. El Tribunal Administrativo del Meta guardó silencio en esta oportunidad
procesal.

La Sentencia Impugnada

16. La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 23 de mayo
de 2024, resolvió lo siguiente:

7

Núm. único de radicación: 110010315000202401119-01
Actora: Ana Raquel Bobadilla Méndez

“[…] PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Empresa Electrificadora
del Meta S.A. E.S.P.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela formulada Ana Raquel
Bobadilla Méndez contra el Tribunal Administrativo del Meta, el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio, la Empresa Electrificadora del
Meta S.A. E.S.P., y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios […]”.

17. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] La Sala anticipa que en el presente caso no se encuentra satisfecho el requisito
de subsidiariedad, en la medida que la accionante cuenta con otros mecanismos
judiciales de defensa, propios del proceso ordinario, por medio de los cuales puede
cuestionar lo atinente a la condena en costas que le fue impuesta.

Como punto de partida, se debe mencionar que el artículo 188 de la Ley 1437 de
2011 establece que el juez dispondrá sobre la condena en costas y, en aquellos
aspectos no regulados, se deberá dar aplicación al Código de Procedimiento Civil,
hoy Código General del Proceso.

A su turno, se tiene que el artículo 242 de la Ley 1437 de 2011 establece que la
reposición se podrá interponer contra todos los autos, a menos que el legislador
haya establecido que una providencia en específico no es susceptible de recurso
alguno.

En igual sentido, se tiene que el numeral 5º del artículo 366 del Código General del
Proceso, permite a la parte inconforme interponer el recurso de apelación contra el
auto que aprueba la liquidación de costas que para tal efecto elabora la secretaría
de la autoridad judicial.

La posibilidad de formular dicho mecanismo de impugnación de las providencias,
deviene de la lectura del artículo 243 del CPACA, el cual, en su parágrafo 2º dispone
que en tales casos se deberá acudir a la norma del CGP. […]”.

[…]

“[…] En suma, el debate que pretende traer a colación la señora Bobadilla Méndez,
es un asunto que debe ser ventilado ante el juez natural del asunto a través de los
mecanismos ordinarios de defensa.

Lo anterior adquiere mayor relevancia, si se tiene en cuenta que, de la revisión del
expediente 50001-33-33-003-2017-00291-00, obra memorial presentado por la
parte demandante en el cual solicitó se declare la ineficacia de las costas procesales
y se encuentra pendiente de decisión.

Dicha solicitud ingresó al despacho del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
Judicial de Villavicencio, a efectos de resolver su inconformidad y, en ese sentido,
mal haría el juez de tutela abrogarse competencias que escapan de su órbita, pues,
se reitera, es presupuesto de la acción de tutela que la parte haya hecho uso de los
instrumentos legales establecidos en la ley. […]”.

8

Núm. único de radicación: 110010315000202401119-01
Actora: Ana Raquel Bobadilla Méndez

La impugnación

18. La actora impugnó la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo
de Estado. En ese orden de ideas expresó lo siguiente4:

“[…] 1. Sea preciso aclarar a los magistrados del Consejo de Estado que, en mi
condición de accionante y afectada, me siento revictimizada por el fallo de tutela de
primera instancia proferida por la Sección Quinta de esa máxima autoridad judicial
contenciosa administrativa, en razón a que, pese a agotar los mecanismos de
defensa judicial como REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD a través del escrito de
impugnación de fecha 4 de marzo de 2024, que he impetrado por intermedio de mi
apoderado y parte demandante Anderzon Genaro Hernandez Bobadilla, ante el
Juzgado Tercero Oral del Circuito de Villavicencio, se ha recurrido y controvertido la
actuación que de manera irregular y arbitraria adelanta ese estrado judicial, en
consideración a la ineficacia de la condena en costas dentro del proceso No. 2017-
291-01 que finalizo ante el Tribunal Administrativo del Meta, y que ha sido
ARCHIVADO, y que se identificó bajo el radicado No. 50001-3333- 003-2017-00291-
01 contra EMSA E.S.P. y SUPERSERVCIOS S.A., actuación judicial que NO ha sido
autorizada por el superior funcional, habida cuenta que, el Tribunal Administrativo
del Meta, al resolver el recurso de apelación impetrado contra la referida sentencia
del a-quo de fecha 16 de agosto de 2019, mediante sentencia de segunda instancia
de fecha 14 de julio de 2022 confirmo únicamente la decisión de primera instancia
que negó las pretensiones de la demanda, y en su ordinal segundo resolvió en su
lugar, NO CONDENAR EN COSTAS, con lo cual, la actuación desplegada por el
titular del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio, es
IMPROCEDENTE y violatoria de mis derechos fundamentales constitucionales a la
igualdad, debido proceso, doble instancia y acceso a la administración de justicia,
contenido en los artículos 13, 29 y 31 de la norma supralegal

2. Es así que, al evidenciarse que, he agotado los mecanismos de defensa judicial
ante esa irregular actuación de “liquidación de condena en costas” que adelanta ese
estrado judicial infractor, que he controvertido a través del escrito de impugnación
de fecha 4 de marzo de 2024, que he impetrado por intermedio de mi apoderado y
parte demandante Anderzon Genaro Hernandez Bobadilla en aquel proceso
ARCHIVADO No. 2017-291-01, de conformidad con los artículos 188 y 242 de la
Ley 1437 de 2011, disposiciones que se encuentran vigente en nuestro
ordenamiento jurídico, y por tratarse de una mecanismo de protección de derechos
fundamentales, como lo es, la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de nuestra
Constitución Política de Colombia, y a fin de que la vulneración de mis derechos
fundamentales constitucionales deprecados, NO continúen prologándose
indefinidamente en el tiempo, le correspondía a la Honorable Sala del Consejo de
Estado – Sección Quinta, proferir ORDEN JUDICIAL DE TUTELA en contra del
Juzgado Tercero Oral Administrativo del Circuito de Villavicencio, en el sentido de
que resuelva el escrito de impugnación de fecha 4 de marzo de 2024 en contra de
la referida y controvertida actuación de “ LIQUIDACION DE CONDENA EN
COSTAS”, en razón a que, el juez de tutela está investido de la facultad oficiosa de
proferir fallos extra y ultra petita, cuando de los hechos de la demanda se evidencia
la vulneración de un derecho fundamental, incluso cuando no ha sido solicitado por
el tutelante, tal como lo ha manifestado nuestra Honorable Corte Constitucional, en
su reiterada jurisprudencia, entre ellas, Sentencia No. T-115/15

3. Así las cosas, la controvertida actuación irregular que adelanta el Juzgado
Tercero Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio, del proceso No. 2017-291-

4 Transcripción literal del texto.

9

Núm. único de radicación: 110010315000202401119-01
Actora: Ana Raquel Bobadilla Méndez

01 que ha sido ARCHIVADO en contra de EMSA E.S.P y SUPERSERVICIOS, que
he recurrido a través del escrito de impugnación de fecha 4 de marzo de 2024, la
cual, NO le fue autorizada por el Tribunal Administrativo Del Meta, en sentencia de
segunda instancia de fecha 16 de agosto de 2019, mediante el cual, confirmo
únicamente la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda, y no confirmo la condena en costas, pues en su ordinal segundo resolvió
en su lugar, NO CONDENAR EN COSTAS, debido a que, bajo el PRINCIPIO DE LA
NO REFORMATIO INPEJUS, NO esta permitido al operador judicial hacer más
gravosa la situación del apelante, y por tanto, bajo ese contexto, NO puede coexistir
doble condena en costas, por tratarse de una línea y clase procesal bajo el medio
de control nulidad y restablecimiento del derecho, dentro del ejercicio del derecho a
la doble instancia, previsto en el articulo 31 de nuestra Constitución Política de
Colombia.

4. Finalmente, me permito manifestar a los Honorables Magistrados del Consejo de
Estado que se avizora un perjuicio irremediable, en razón a que, aun cuando me
encuentro al día en pagos, y pese a que el valor pretendido por EMSA no está
relacionado con la prestación del servicio público de energía eléctrica, afectaría el
suministro del mismo, según información de un asesor de la línea 115, por lo que en
aras de evitar una afectación a mis derechos fundamentales, solicito de los
Honorables Magistrados, proferir ORDEN JUDICIAL DE TUTELA al Juzgado
Tercero Oral Administrativo del Circuito de Villavicencio, en el sentido de que
resuelva el escrito de impugnación de fecha 4 de marzo de 2024 en contra de la
referida y controvertida actuación de “ LIQUIDACION DE CONDENA EN COSTAS”,
en razón a que, el juez de tutela está investido de la facultad oficiosa de proferir
fallos extra y ultra petita, cuando de los hechos de la demanda se evidencia la
vulneración de uno o varios derechos fundamentales, incluso cuando no ha sido
solicitado por el tutelante, tal como ocurre en el presente caso, conforme lo ha
manifestado nuestra Honorable Corte Constitucional, en su reiterada jurisprudencia,
entre ellas, Sentencia No. T-115/15. […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

19. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19915, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20216 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 7, que asigna
a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
6 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

10

Núm. único de radicación: 110010315000202401119-01
Actora: Ana Raquel Bobadilla Méndez

Generalidades de la acción de tutela

20. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

21. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de
tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el
requisito general de procedencia de la subsidiariedad.

22. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii)
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia; v) marco normativo
y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad, procediendo
posteriormente a vi) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

23. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena8, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.

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Núm. único de radicación: 110010315000202401119-01
Actora: Ana Raquel Bobadilla Méndez

parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales

24. Esta Sección adoptó9 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 200510, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.

25. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

26. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”11 que encaje en dichos parámetros.

27. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que
este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María

Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
10 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.

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Núm. único de radicación: 110010315000202401119-01
Actora: Ana Raquel Bobadilla Méndez

seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

28. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201412.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto

29. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedencia de subsidiariedad.

Acerca del requisito general de agotamiento de los recursos ordinarios y
extraordinarios dentro del marco de la acción de tutela contra providencias
judiciales

30. La jurisprudencia constitucional, en armonía con lo dispuesto en los artículos
86 superior y 6.º del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991 13, indica que
la solicitud de tutela es un medio de defensa de carácter subsidiario para obtener la
protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, lo que impone su
procedencia siempre y cuando en el ordenamiento jurídico no exista otra acción
idónea y eficaz para el amparo judicial de estos derechos.

31. En ese orden de ideas, uno de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales es el agotamiento de los recursos
ordinarios y extraordinarios que existen en el ordenamiento jurídico para controvertir
la providencia atacada, teniendo en cuenta que la acción de tutela es un mecanismo
subsidiario y sólo procede cuando el peticionario se encuentra en presencia de un
perjuicio irremediable o cuando se acredita en el caso concreto que dichos

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
13 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"

13

Núm. único de radicación: 110010315000202401119-01
Actora: Ana Raquel Bobadilla Méndez

mecanismos no son idóneos o eficaces para la protección de los derechos
fundamentales.

32. Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional14:

“[…] Bajo esta perspectiva, la sentencia T-211 de 200915 precisó al menos cuatro
razones por las que el estudio del requisito de subsidiariedad es fundamental para
determinar la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:

“La primera consiste en que las sentencias son decisiones emanadas de un juez que
recibió el encargo constitucional de poner fin a las controversias en una jurisdicción
determinada, para lo cual, fue revestido de autonomía e independencia.

Cuando la acción de tutela se instaura como recurso alternativo o como último
recurso judicial para obtener una decisión favorable en cualquier materia, se
desconoce la división de competencias que la misma Carta ha delineado, y se niega
el principio de especialidad de la jurisdicción. Adicionalmente, cuando se promueve
el amparo de manera complementaria a los procesos judiciales ordinarios, la
decisión del juez constitucional –que por la naturaleza de la acción de tutela tendrá
que adoptar una decisión en menor tiempo- puede terminar imponiendo
interpretaciones de carácter legal al juez que está encargado del proceso.

En uno y otro caso, la acción de tutela que no es presentada con apego estricto al
principio de subsidiariedad, niega la garantía del debido proceso, de acuerdo con la
cual, una persona sólo puede ser procesada por su “juez natural”.

Una segunda razón estriba en el respeto por la importancia del proceso judicial. Las
etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el primer espacio
de protección de los derechos fundamentales de los asociados, especialmente en lo
que tiene que ver con las garantías del debido proceso. Es en este sentido que la
sentencia C-543/92 puntualiza que: “tratándose de instrumentos dirigidos a la
preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal
como lo acreditan sus remotos orígenes” (negrillas del original). Por tanto, no es
admisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza de un derecho
fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro del proceso,
pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las herramientas
necesarias para corregir durante su trámite las irregularidades procesales que
puedan afectarle.

Como tercera razón, la acción de tutela instaurada contra providencias judiciales,
cuando no se han agotado los mecanismos ordinarios de protección, atenta contra
la seguridad jurídica del ordenamiento. No hace parte de los fines naturales de la
acción de tutela el causar incertidumbre jurídica entre los asociados. Por esto, la
Corte ha reiterado que la acción de tutela contra providencias judiciales no pretende
sustituir al juez natural, ni discutir aspectos legales que ya han sido definidos, o
están pendientes de definir. Sin embargo, cuando se desconoce el principio de
subsidiariedad, y se intenta usar la acción de tutela como otra instancia u otro
recurso de litigio, sin que existan razones evidentes para advertir violaciones a

14 Corte Constitucional, Sentencia T-113 de 8 de marzo de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
15 Corte, Constitucional, sentencia T-211 de 27 de marzo de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En el

mismo sentido, puede consultarse Corte Constitucional, sentencia T-649 de 1 de septiembre de 2011, M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva, en la cual se estudió la idoneidad y eficacia del recurso de revisión en la
jurisdicción contencioso administrativa que hacía improcedente la acción de tutela porque existía otro medio
de defensa judicial.

14

Núm. único de radicación: 110010315000202401119-01
Actora: Ana Raquel Bobadilla Méndez

derechos fundamentales, se atenta contra la cosa juzgada y contra la seguridad
jurídica.”

7. En suma, corresponde al juez constitucional evaluar de forma rigurosa la
subsidiariedad de la acción de tutela contra providencias judiciales teniendo en
cuenta las pautas generales sobre la existencia de otros medios de defensa judicial
y si se trata de un proceso concluido o en curso. La anterior verificación del requisito
de subsidiariedad conlleva la salvaguarda de las siguientes garantías: i) el juez
natural; ii) el respeto por el debido proceso propio de cada actuación judicial; y iii)
la protección de la seguridad jurídica y la cosa juzgada […]”.

33. En ese orden de ideas, quien interponga una acción de tutela contra
providencias judiciales, debe agotar previamente todos los recursos ordinarios y
extraordinarios.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

34. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

35. Atendiendo a que, la Corte Constitucional16 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines

16 Corte Constitucional, sentencia C - 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

15

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Actora: Ana Raquel Bobadilla Méndez

esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia

36. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

37. Atendiendo a que, la Corte Constitucional17 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la igualdad

38. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

17 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto

16

Núm. único de radicación: 110010315000202401119-01
Actora: Ana Raquel Bobadilla Méndez

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

39. Atendiendo a que la Corte Constitucional18 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.

Análisis del caso concreto

40. La actora, en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Meta, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de
Villavicencio, la Electrificadora del Meta S.A. E.S.P. y la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, porque, a su juicio, con ocasión a que el Juzgado
profirió el auto de 23 de febrero de 2024, en el proceso adelantado en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 500013333003201700291-00, vulneraron sus derechos
fundamentales invocados supra.

41. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

42. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la

18 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.

17

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Actora: Ana Raquel Bobadilla Méndez

lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema jurídico
planteado en la acción de tutela y en la impugnación.

Acervo y análisis probatorios

43. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

43.1. Copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único
de radicación 500013333003201700291-01.

Solución del caso concreto

44. Como fundamento de su solicitud de tutela, la actora manifestó19:

“[…] 9. Por lo anteriormente expuesto, me permito manifestar a los Honorables
Magistrados del Consejo de Estado que, bajo el principio de la NO REFORMATION
IN PEJUS, la condena en costas abarca la línea procesal del asunto o pleito hasta
su terminación, como garantía del debido proceso y el principio de la doble instancia,
por lo que no le está permitido a los operadores judiciales hacer más gravosa la
situación del apelante, no pudiendo coexistir doble condena en costas en cada
instancia, razón por la que, aunque el Tribunal Administrativo del Meta, al resolver el
recurso de alzada, resolvió confirmar únicamente la decisión de primera instancia
que negó las pretensiones de la demanda, en su lugar, decidió NO CONDENAR EN
COSTAS, siendo IMPROCEDENTE la actuación que pretende el Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio, a través de la liquidación de costas
fechada el día 20 de febrero de 2024 (sic), y notificada el día 24 de febrero de 2024.

10. Lo anterior, hace evidente que, como el Tribunal Administrativo del Meta, dentro
del proceso de la referencia, únicamente resolvió confirmar la decisión de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda, decidió NO CONDENAR EN
COSTAS, siendo improcedente e ineficaz la actuación del a-quo, y por el ende, el
cobro injustificado que pretende EMSA E.S.P., por dicho concepto, en el que
además, en ningún modo atañe ni debe afectar la prestación del servicio público de
energía eléctrica que se ha venido pagando puntualmente mes a mes para los
códigos de servicio No. 183944869 y No. 183913365.

11. Así mismo, me permito manifestar a los Honorables Magistrados del Consejo de
Estado que, mediante memorial de fecha 4 de marzo de 2024, mi apoderado y parte
demandante Anderzon Genaro Hernandez Bobadilla, solicito ante el Juzgado
Tercero Oral del Circuito de Villavicencio, la ineficacia de la condena en costas
dentro del proceso No. 2017-291-01 que finalizo ante el Tribunal Administrativo del
Meta, por las razones previamente expuestas, debiendo el juez de primera instancia
resolver la solicitud incoada, y acatar lo decidido por el superior funcional que

19 Transcripción literal del texto.

18

Núm. único de radicación: 110010315000202401119-01
Actora: Ana Raquel Bobadilla Méndez

resolvió NO CONDENAR EN COSTAS, siendo procedente la presente acción de
tutela que he incoada contra las entidades demandadas, por agotarse el principio de
subsidiariedad y encontrarse interpuesto dentro del tiempo razonable bajo el
principio de inmediatez, por ser el medio de defensa judicial idóneo y eficaz como
garantía de mis derechos fundamentales constitucionales, que prevé nuestro
ordenamiento jurídico, siendo ineficaz e improcedente el cobro por condena en
costas que pretende EMSA E.S.P. a través del oficio SGAJ-20248000060871 de
fecha 27 de febrero de 2024 […]”.

[…]

“[…] 13. Finalmente, me permito manifestar a los Honorables Magistrados del
Consejo de Estado que se avizora un perjuicio irremediable, en razón a que, aun
cuando me encuentro al día en pagos, y pese a que el valor pretendido por EMSA
no está relacionado con la prestación del servicio público de energía eléctrica,
afectaría el suministro del mismo, según información de un asesor de la línea 115,
por lo que en aras de evitar una afectación a mis derechos fundamentales, solicito
de los Honorables Magistrados, ORDENAR al Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Villavicencio, se ABSTENGA de adelantar la liquidación de costas
fechada el día 20 de febrero de 2024 (sic), y notificada el día 24 de febrero de 2024,
y, en consecuencia, se declare nula la actuación, en razón a que, el Tribunal
Administrativo del Meta, mediante sentencia de segunda instancia de fecha 14 de
julio de 2022, al resolver el recurso de apelación impetrado contra la referida
sentencia del a-quo de fecha 16 de agosto de 2019, confirmo únicamente la decisión
de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, y en su ordinal
segundo resolvió en su lugar, NO CONDENAR EN COSTAS. […]”.

45. La Sala advierte que lo que pretende la actora es que se “[…] ORDEN[E] al
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Villavicencio, se ABSTENGA de
adelantar la liquidación de costas fechada el día 20 de febrero de 2024 (sic), y
notificada el día 24 de febrero de 2024, y, en consecuencia, se declare nula la
actuación, en razón a que, el Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia
de segunda instancia de fecha 14 de julio de 2022, al resolver el recurso de
apelación impetrado contra la referida sentencia del a-quo de fecha 16 de agosto
de 2019, confirmo (sic) únicamente la decisión de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda, y en su ordinal segundo resolvió en su lugar, NO
CONDENAR EN COSTAS. […]”.

46. La Sala considera que, la solicitud de tutela no cumple con el requisito
general de procedencia de subsidiariedad que caracteriza a la acción de tutela, en
la medida en que, de conformidad con el material probatorio obrante en el
expediente, se observa que el medio de control de la referencia se encuentra en
trámite, es decir, este no ha sido definido por el juez natural de la causa.

47. Al respecto, la Sala advierte que la actora, mediante escrito de 4 de marzo
de 2024, presentó escrito a través del cual solicitó la declaratoria de ineficacia de la

19

Núm. único de radicación: 110010315000202401119-01
Actora: Ana Raquel Bobadilla Méndez

condena en costas, para lo cual presentó los mismos argumentos propuesto en el
escrito de tutela, y el cual se encuentra pendiente de decisión por parte del juzgado
de conocimiento, como se observa a continuación20:

48. En ese orden de ideas, como lo ha señalado esta Sección21 no se cumple el
requisito general de procedencia de subsidiariedad, en la medida que el proceso se
encuentra en trámite:

“[…] Es necesario reiterar que, por regla general, cuando el proceso se
encuentra en curso la acción de tutela no es procedente para cuestionar
cualquier decisión adversa las partes, aún luego de agotados los recursos
que contra ellas proceden dentro del proceso, si el desarrollo del medio de
control no ha finalizado y, por tanto, no se puede tener certeza de la
trascendencia de esa presunta irregularidad procesal en la decisión que pone
fin al proceso.

Lo anterior atiende, además, a la imposibilidad de acudir a la acción de tutela como
una tercera instancia ante decisiones que no convienen a las partes en el trámite
de los procesos, cuyos efectos en la decisión definitiva son inciertos, y que, además,
no generan ningún perjuicio ius fundamental irremediable.

En este sentido, solo en el evento en que las presuntas irregularidades en el curso
del proceso impidan el acceso a la administración de justicia y el derecho a la tutela
judicial efectiva de la parte accionante, y ésta carezca de medios judiciales de
defensa al interior del proceso, resultaría procedente asumir su estudio en sede de
tutela, situación que no se presenta en el caso sub judice por cuanto, el medio de
control aún está en trámite. […]”.

49. Al respecto, esta Corporación22 ha considerado que:

20 Cfr. https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre

de 2017, C.P. doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación
11001031500020170300600.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre

de 2017, número único de radicación 11001-03-15-000-2017-03006-00, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

20

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Actora: Ana Raquel Bobadilla Méndez

“[…] Al respecto la Corte Constitucional, en la sentencia T-113 de 201323, advirtió
que al analizar el requisito de subsidiariedad es necesario considerar si el proceso
ha culminado o está en curso, pues en el último evento “la intervención del juez
constitucional está en principio vedada, pues como se sabe la acción de tutela no es
un mecanismo alternativo o paralelo, pero puede resultar necesaria para evitar un
perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de derechos fundamentales”.

La misma Corte Constitucional, de manera reiterada, ha señalado que la acción de
tutela contra una providencia judicial es improcedente por no cumplir con el requisito
de subsidiariedad cuando: “(i) el asunto está en trámite24; (ii) no se han agotado los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios25; y (iii) se usa para revivir
etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el
ordenamiento jurídico”26”.27 […]”.

[…]

“[…] Y, solo en el evento que la parte actora considere que éstas irregularidades
procesales subsisten luego de ejecutoriada la sentencia o la providencia que ponga
fin al proceso, es posible acudir de manera subsidiaria a la acción de tutela, se
reitera, luego de agotados los mecanismos ordinarios y extraordinarios al alcance de
las partes en el desarrollo del proceso judicial […]”. (Resaltado del texto original)

50. En ese orden de ideas, en el caso sub examine no se cumple el requisito
general de procedencia de subsidiariedad, en la medida en que aún se encuentra
en trámite el medio de control cuestionado por la actora, por lo que se desconoce la
incidencia que eventualmente podría llegar a tener la presunta irregularidad que se
advirtió en el escrito de tutela.

Análisis del perjuicio irremediable

51. Finalmente, la Sala deberá analizar si en el presente caso se configura la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela
como mecanismo transitorio.

52. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la
acción de tutela ha dicho la Corte Constitucional28:

23 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
24 La subregla mencionada ha sido aplicada en las sentencias SU-1299 de 2001, T-886 de 2001, T-212 de

2006, T-113 de 2013, T-103 de 2014, entre otras.
25 Al respecto, la sentencia C-590 de 2005 afirmó que es “un deber del actor desplegar todos los mecanismos

judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es,
de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de
vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última”. Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime
Córdoba Triviño. La subregla jurisprudencial expuesta previamente fue aplicada en la sentencia SU-858 de
2001, SU-1299 de 2001, entre otras.
26 Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
27 Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 2017
28 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.

21

Núm. único de radicación: 110010315000202401119-01
Actora: Ana Raquel Bobadilla Méndez

“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste
debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a suceder.
Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así
lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el perjuicio ha
de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente
significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el
daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada
frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las
particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin
de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.”29[…]”.

53. En el presente caso no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable
que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio. En efecto, del
análisis del acervo probatorio no es posible establecer que la actora se encuentre
en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas urgentes,
impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos fundamentales.

54. La Sala considera que la acción de tutela no es un mecanismo alternativo
para lograr la protección de los derechos alegados, en atención a que se trata de
un mecanismo residual y subsidiario, es decir que solo procede cuando no existan
otros recursos o medios de defensa judicial que permitan proteger los intereses de
los afectados, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable que en el presente caso no se configuró.

Conclusiones de la Sala

55. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala confirmará la sentencia de tutela de 23 de mayo
de 2024 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por medio de la
cual declaró improcedente la solicitud de tutela.

29 Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.

22

Núm. único de radicación: 110010315000202401119-01
Actora: Ana Raquel Bobadilla Méndez

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 23 de mayo de 2024 proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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