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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01124-01

Fecha
25 de julio de 2024
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01124-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la presente providencia. En su lugar: 2. Amparar el derecho fundamental al debido proceso del señor Jorge Mario Lombana Jaramillo, conforme a la parte motiva. 3. Dejar sin valor ni efecto la sentencia del 20 de septiembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76001-33-33-013-2020-00073-01. 4. Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, en el término de 20 días, contados a partir de la notificación de esta decisión, dicte providencia de reemplazo, en la que tenga en cuenta las consideraciones aquí expuestas. 5. Notificar la presente decisión por el medio más expedito y eficaz. 6. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 7. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-01124-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

25 de julio de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01124-01
Demandante: Jorge Mario Lombana Jaramillo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01124-01
Demandante: JORGE MARIO LOMBANA JARAMILLO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Tema:
Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor Jorge Mario Lombana Jaramillo
contra la sentencia del 19 de abril de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 7 de marzo de 2024, en ejercicio de la acción de tutela y mediante apoderado judicial,
el señor Jorge Mario Lombana Jaramillo pidió la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la pensión, al mínimo vital, a la igualdad y del
principio de favorabilidad.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de las sentencias del
24 de noviembre de 2022 y del 20 de septiembre de 2023, proferidas respectivamente
por el Juzgado 13 Administrativo de Cali y por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, que denegaron las pretensiones en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 76001-33-33-013-2020-00073-00/01.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
Primero. se (sic) tutelen los derechos fundamentales al debido proceso, principio de favorabilidad en
materia laboral, derecho a la igualdad ante la ley, mínimo vital, todos en concordancia con el derecho
a la seguridad social en pensiones, a la justicia y los demás que su señoría considere conculcados.

Segundo. Solicito se revoque el fallo de segunda instancia proferido por el Honorable Tribunal del
Valle del Cauca – Sala de Decisión, dentro del proceso de la referencia, por ser violatorio de la
Constitución Política de Colombia, el espíritu del Constituyente Derivado, y la legislación aplicable al
caso en concreto.

Tercero. Como consecuencia de las peticiones anteriores, solicito se ordene al Honorable Tribunal
del Valle del Cauca – Sala de Decisión, se emita fallo en el cual se reconozca la pensión de jubilación

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01124-01
Demandante: Jorge Mario Lombana Jaramillo

al señor JORGE MARIO LOMBANA JARAMILLO, de conformidad con la ley 32 de 1986 artículos 96
y 114, la ley 4 de 1966 artículo 4 y el decreto 1045 de 1978 artículos 5 y 45 y/o el decreto 446 de
1994, ordenando su reliquidación.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

3.1. Actuación administrativa

Jorge Mario Lombana Jaramillo nació el 18 de mayo de 1972 y estuvo vinculado al
INPEC desde el 1 de noviembre de 1995 hasta el 31 de diciembre de 2017, por más de
22 años.

Mediante Resolución VPB 2046 del 17 de enero de 2017, la Administradora Colombiana
de Pensiones (en adelante Colpensiones) reconoció la pensión de vejez al señor
Lombana Jaramillo, de conformidad con el artículo 96 de la Ley 32 de 1986. La pensión
se liquidó con el promedio de los factores salariales cotizados en los últimos 10 años
de servicio, según la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

Con Resolución SUB-39006 del 12 de febrero de 2018, Colpensiones reliquidó la
pensión de vejez y mantuvo como régimen aplicable la Ley 32 de 1986 y el parágrafo
transitorio 5º del Acto Legislativo 01 de 2005.

El 9 de noviembre de 2018, el señor Lombana Jaramillo solicitó la reliquidación de la
pensión de vejez con el 75% de lo devengado en último año de servicio. Colpensiones
mediante las Resoluciones 39997 del 15 de febrero de 2019 y DPE-6017 del 17 de julio
de 2019, negó lo peticionado.

3.2 Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

El señor Lombana Jaramillo presentó demanda contra Colpensiones, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para que se declarara la
nulidad parcial de las resoluciones (i) VPB 2046 del 17 de enero de 2017, (ii) SUB-
39006 del 12 de febrero de 2018, (iii) 39997 del 15 de febrero de 2019 y (iv) DPE-6017
del 17 de julio de 2019.

A título de restablecimiento del derecho, pidió, entre otras cosas, que (i) se ordenara el
reconocimiento y pago de la pensión conforme al artículo 48 de la Constitución Política,
la Ley 32 de 1986, la Ley 4 de 1966, y el Decreto 1045 de 1978, y (ii) se liquidara la
mesada pensional con el 75% del promedio de los salarios devengados en el último
año de servicio.

La demanda se adelantó con el radicado 76001-33-33-013-2020-00073-00 y le
correspondió al Juzgado 13 Administrativo de Cali, que por sentencia del 24 de
noviembre de 2022 denegó las pretensiones y declaró probada la excepción de cobro
de lo no debido.

Explicó que según las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y la de unificación
del Consejo de Estado del 28 de agosto de 20181, el régimen de transición únicamente
se aplica respecto a la edad, el tiempo y la tasa de remplazo, pero en cuanto al IBL se

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Demandante: Jorge Mario Lombana Jaramillo

aplica la Ley 100 de 1993; y frente a los factores salariales el Decreto 1158 de 1994,
que son los efectivamente cotizados.

Inconforme, el señor Lombana Jaramillo presentó recurso de apelación y mediante
sentencia del 20 de septiembre de 2023 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
la confirmó. En concreto, determinó que el demandante no cumplía con los requisitos
para beneficiarse del régimen pensional previsto en la Ley 32 de 1986, y, por ende, no
tenía derecho al reconocimiento pensional, sin embargo, adujo que, como ese asunto
no fue objeto de controversia en sede administrativa, no efectuó un pronunciamiento de
fondo sobre el particular en atención al principio de congruencia de la sentencia.

Además, exhortó a Colpensiones para que, de oficio, verificara el cumplimiento de
requisitos pensionales del demandante.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, el demandante expuso que la acción de tutela cumple los
requisitos generales de procedibilidad. Que no procede ningún otro recurso ordinario o
extraordinario, que no han transcurrido más de seis meses desde la ejecutoria de la
providencia que resolvió la situación jurídica, y que se identificaron de forma razonable
los hechos y derechos vulnerados. Que no se trata de una sentencia de tutela y que
tiene relevancia constitucional porque el tribunal demandado afectó su derecho
pensional con la decisión cuestionada.

En cuanto al fondo del asunto, la parte actora alegó que la providencia acusada incurrió
en los siguientes vicios de fondo:

Violación directa de la Constitución porque las autoridades judiciales demandadas
inaplicaron el artículo 48 de la Constitución Política, concretamente, el parágrafo
transitorio 5º, inciso 2.

Explicó que, si bien el inciso 13 del artículo 48 de la Constitución Política buscó eliminar
los regímenes especiales y exceptuados, el constituyente derivado mantuvo los de la
fuerza pública, el del Presidente de la República, el de los docentes y el de los miembros
del cuerpo de custodia y vigilancia.

Que, con ocasión del Decreto 2090 de 2003, los miembros del cuerpo de custodia y
vigilancia se dividieron en dos grupos a efectos de reconocer la pensión. Por un lado,
los que ingresaron antes de la vigencia del Decreto 2090, esto es, antes del 26 de julio
de 2003 y, por otro, los que ingresaron a partir de esa fecha por actividad de alto riesgo.

En cuanto a los que ingresaron con posterioridad al 26 de julio de 2003, manifestó que
no existe discusión, pues se aplica el Decreto 2090 de 2003, que definió las actividades
de alto riesgo y señaló las condiciones del régimen de pensiones de los trabajadores
que laboran en dichas actividades. Por el contrario, frente a los que ingresaron al cuerpo
de custodia y vigilancia antes del 26 de julio de 2003, como es el caso del tutelante,
adujo que el régimen pensional aplicable estaba integrado por (i) una norma especial,
la Ley 32 de 1986 (artículos 96 y 114); y (ii) dos normas generales para los empleados
públicos, la Ley 4 de 1966 (artículo 4), y el Decreto 1045 de 1978 (artículos 5 y 45).

Adicionalmente, puso de presente que en el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 se
reguló un régimen de transición para acceder a la pensión con las normas anteriores,

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para quienes a la fecha de entrada en vigencia del decreto hubieren cotizado 500
semanas de cotización especial por actividad de algo riesgo.

Al respecto, el tutelante adujo que ningún miembro del cuerpo de custodia y vigilancia
cumplía con las 500 semanas especiales de cotización, porque (i) para esa fecha solo
existían cotizaciones normales, no especiales, por falta de reglamentación; sumado a
que (ii) era imposible cotizarlas debido a que el tiempo no daba, pues lo máximo que
se podía cotizar entre el 20 de febrero de 1994 y el 25 de julio de 2003, era 483
semanas. Adicional a lo anterior, manifestó que el Decreto 2090 de 2003 incluyó un
requisito adicional para acceder a la pensión, que consiste en cumplir los requisitos del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, conocido como régimen de transición, que consiste
en acreditar años de servicio o edad.

Explicó, que posteriormente se expidió el Acto Legislativo 1 del 22 de julio de 2005, que
adicionó el parágrafo transitorio 5 al artículo 48 constitucional, y mantuvo el régimen
pensional especial para los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia que ingresaron
antes del 26 de julio de 2003.

Adicionalmente, sostuvo que, según la sentencia C-651 de 2015 de la Corte
Constitucional, en la cual se estudió la constitucionalidad del Decreto 2090 de 2003 y
se analizó el Acto Legislativo 1 de 2005, se aclaró que, uno es el régimen que se aplica
a los miembros del INPEC que se hubieran vinculado con anterioridad a la entrada en
vigencia del Decreto 2090 de 2003, y otro, el que rige a los vinculados con posterioridad.

En virtud de la anterior explicación, el tutelante manifestó que el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca violó de manera directa el inciso 2 del parágrafo transitorio 5 del
artículo 48 de la Constitución Política, pues no le es aplicable la Ley 100 de 1993 y
tampoco el Decreto 2090 de 2003. En esa medida, no se le debían exigir las 500
semanas de cotización para el 26 de julio de 2003.

Desconocimiento del precedente de (i) la sentencia T-012 de 2022, (ii) el concepto
del 4 de febrero de 2020 de la Sala de Consulta y Servicio Civil2 y (iii) sentencias de
nulidad y restablecimiento del derecho del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A.

Frente a la sentencia T-012 de 2022, adujo que estudió el régimen pensional de los
miembros del INPEC y ordenó rehacer un fallo en aplicación del artículo 48
constitucional. Explicó que la Corte Constitucional manifestó que hay dos posibles
interpretaciones sobre los requisitos del régimen de transición para acceder a la
pensión de vejez bajo los lineamientos de la Ley 32 de 1986, que son: (i) el artículo 6°
del Decreto 2090 de 2003, que exige 500 semanas cotizadas y además el cumplimiento
de los requisitos del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y (ii) el Decreto 1950
de 2005 y el parágrafo 5° del artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2005, que establece
que quienes se hubieran vinculado al cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y
carcelaria nacional con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Ley 2090 de
2003 (28 de Julio de 2003), se les aplicaría la Ley 32 de 1986.

Por lo anterior, concluyó que se debe aplicar el parágrafo transitorio 5, es decir, la Ley
32 de 1986, a quienes ingresaron antes de la vigencia del Decreto 2090 de 2003, con
fundamento en el principio de favorabilidad y los criterios de interpretación (jerárquico,

2 Consejo de Estado, Exp. 23011-001-03-06-000-2019-00196-00, CP. Óscar Darío Amaya Navas.

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cronológico, de especialidad), según las Leyes 57 y 153 de 1887, y las sentencias C-
439 de 2016 y C-451 de 2015.

En cuanto al concepto del 4 de febrero de 20203, sostuvo que la Sala de Consulta y
Servicio Civil consideró que el Acto Legislativo 1 de 2005 suprimió todos los regímenes
especiales, pero tomó medidas respecto de los miembros del cuerpo de custodia y
vigilancia penitenciaria y carcelaria nacional que ingresaron con anterioridad a la
entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, a los cuales se aplica la Ley 32 de 1986.
Por ende, para acceder a la pensión de jubilación, se deben cumplir 20 años de manera
continua o discontinua, sin importar la edad.

En relación con las sentencias de nulidad y restablecimiento del derecho de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, invocó las siguientes:

La sentencia del 21 de mayo de 20204, en la que la UGPP demandó sus propios actos
administrativos, en los que se había reconocido una pensión de vejez conforme con la
Ley 32 de 1986, al no ser la entidad de previsión que debía asumir dicho
reconocimiento.

La sentencia del 2 de febrero de 20235, que estudió la reliquidación pensional de un
miembro del INPEC que se encontraba en el régimen de transición y concluyó: (i) que,
por favorabilidad, no era aplicable lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 2090 de
2003, sino el Acto Legislativo 1 de 2005, por lo que basta con acreditar que la
vinculación al INPEC se dio con anterioridad al 26 de julio de 2003 para que tenga
derecho a las prerrogativas de la Ley 32 de 1986 y (ii) que, debido a que el régimen
específico del INPEC no estableció la forma en la que se debía liquidar la pensión para
los beneficiarios de la Ley 32 de 1986, el derecho pensional se debía tasar con el 75%
del promedio mensual obtenido en el último año de servicio, conforme los factores del
Decreto 446 de 1994. Que, respecto a este último aspecto, el Consejo de Estado 6 ya
se había pronunciado con anterioridad, en los mismos términos.

En virtud de lo anterior, el tutelante adujo que existe una línea jurisprudencial sobre el
régimen pensional especial de los funcionarios del INPEC, consagrado en la Ley 32 de
1986, la Ley 4 de 1966 y el Decreto 446 de 1994.

Defecto sustantivo debido a que las providencias cuestionadas incurrieron en: (i)
aplicación de normas existentes pero inaplicables al caso concreto, (ii) omisión en la
norma aplicada; y (iii) interpretación errónea de las normas que fundan la decisión.

Explicó que las autoridades judiciales demandadas aplicaron el Decreto 2090 de 2003,
a pesar de que el tutelante no cumplía los requisitos de este, pasando por alto que el
Acto Legislativo 1 de 2005 estableció un régimen de transición, consistente en que a
las personas que ingresaron al INPEC antes del 26 de julio de 2003, se les aplicaría el
régimen pensional establecido en la Ley 32 de 1996.

Segundo, sostuvo que las providencias reprochadas omitieron los artículos 48 y 53 de
la Constitución Política y las Leyes 57 y 153 de 1887, porque debieron aplicar los
criterios jerárquicos, cronológico, de especialidad, y el principio de favorabilidad,

3 Consejo de Estado, Exp. 23011-001-03-06-000-2019-00196-00, CP. Óscar Darío Amaya Navas.
4 Expediente 20001-23-39-000-2015-00434-01 (4589-2018), MP. Gabriel Valbuena Hernández.
5 Expediente 23001-23-33-000-2016-00445-01 (3423- 2018), MP. Rafael Francisco Suarez Vargas.
6 Sentencia del 22 de octubre de 2020, expediente 88001-23-33-000-2014-00006-01.

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además del precedente de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.

Por último, manifestó que se hizo una interpretación errónea y perjudicial para el
tutelante, al solicitarle a Colpensiones que revisara la pensión por no tener derecho a
la misma, a pesar de que ya contaba con un reconocimiento pensional. También adujo
que no procedía la condena en costas, puesto que los argumentos se encuentran
conforme a derecho y la jurisprudencia.

5. Intervenciones

El magistrado del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, ponente de la decisión
cuestionada, pidió que se declare improcedente o, en su defecto, se deniegue la
solicitud de amparo. Manifestó que no se advierte la vulneración de los derechos
fundamentales invocados y que el derecho de defensa fue garantizado. Que lo que se
pretende es reabrir el debate resuelto en el proceso ordinario. Que el tutelante no
cumplía los requisitos para acceder a la pensión, y como ese no era el objeto del litigio,
no realizó un pronunciamiento de fondo, pero decidió exhortar a Colpensiones por el
presunto detrimento patrimonial.

La directora de acciones constitucionales de Colpensiones solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela, ya que no se materializó ningún vicio, defecto o
vulneración de derechos fundamentales en el proceso ordinario. Manifestó que el
interés del demandante es constituir una tercera instancia, pues busca el
reconocimiento de prestaciones periódicas, sumado a que no acredita la existencia de
un perjuicio irremediable.

Tras hacer un recuento del trámite constitucional, la juez 13 administrativa de Cali
solicitó su desvinculación del presente proceso, por considerar que no se trasgredieron
derechos fundamentales al tutelante.

6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante sentencia del 19 de
abril de 2024, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito
general de relevancia constitucional. Sostuvo que la intención del tutelante es reabrir el
debate sobre el régimen pensional aplicable a los miembros del INPEC, como si se
tratara de una instancia adicional. Adujo que no se presentan argumentos con
relevancia constitucional que permitan entrar al análisis de fondo, más allá de la
inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural.

7. Impugnación

La parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia y reiteró los argumentos
de la demanda, esto es, (i) que tiene derecho al reconocimiento de la pensión de
acuerdo con la Ley 32 de 1986 y, por lo tanto, (ii) a la reliquidación con inclusión de
todos los factores salariales devengados durante el último año de servicio.

Señaló que la tutela sí cumple el requisito de relevancia constitucional, por cuanto las
autoridades judiciales demandadas de forma arbitraria no aplicaron la Constitución
Política, los preceptos legales, y la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional, sino que aplicaron la ley 100 de 1993 y el Decreto 2090 de 2003.

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II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el señor
Jorge Mario Lombana Jaramillo para dejar sin efectos la sentencia del 20 de septiembre
de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, que confirmó la decisión de primera instancia
de negar las pretensiones.

La Sala anticipa que, revocará la decisión de primera instancia para, en su lugar,
amparar el derecho fundamental al debido proceso porque el tribunal demandado
incurrió en los defectos sustantivo, de violación directa de la Constitución y
desconocimiento del precedente, en relación con el análisis del régimen pensional de
los miembros del INPEC, lo que impacta, a su vez, la reliquidación de la mesada
pensional.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción
de tutela contra providencias judiciales, (ii) la verificación de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y (iii) el análisis del
caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales7 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos8 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando
se han superado los requisitos generales.

3. Verificación de los requisitos generales de la acción de tutela contra
providencias judiciales

La Sala comienza por verificar si la acción de tutela promovida por la parte actora
cumple los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales.

La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada pues, si bien las
pretensiones del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho fueron denegadas
en ambas instancias, lo cierto es que, no obedecieron a las mismas razones, de modo
que el demandante no cuenta con otra oportunidad para exponer sus inconformidades.

La demanda de tutela también cumple el requisito de inmediatez, porque la sentencia
cuestionada fue notificada el 26 de septiembre de 2023 y la demanda de tutela se radicó

7 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y
que no se cuestione un fallo de tutela.
8 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.

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el 7 de marzo de 2024, esto es, en el término de seis meses previstos por la Sala Plena
de esta Corporación.

Se agotaron los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios dado que el
demandante presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera
instancia y no se evidencia la viabilidad del recurso extraordinario de revisión, puesto
que los errores endilgados no pueden encuadrarse en las causales de procedibilidad
previstas en el artículo 2509 del CPACA.

Así mismo, advierte la Sala que la actora identificó de manera razonable los hechos
que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, esto es, expuso
de manera clara que la vulneración de los derechos fundamentales invocados proviene
de la existencia de los defectos de violación directa de la Constitución, desconocimiento
del precedente y sustantivo, al proferir la sentencia del 20 de septiembre de 2023,
dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la actora reprocha una
sentencia de segunda instancia de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.

4. Análisis del caso concreto

Si bien la parte actora cuestiona las sentencias del Juzgado 13 Administrativo de Cali
y del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, esta Sala se enfocará en la decisión
de segunda instancia, por ser la que definió la situación jurídica.

En esa medida, el tutelante alega que se incurrió en los defectos de violación directa
de la Constitución, desconocimiento del precedente y sustantivo, al considerar que no
es acreedor del régimen pensional especial previsto en la Ley 32 de 1986, pues ello
llevó a que se confirmaran las pretensiones sobre la reliquidación de la pensión
reconocida.

La Sala advierte que los defectos alegados por el demandante están relacionados con
el régimen pensional aplicable y el desconocimiento del precedente de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado. En efecto, para el demandante la sentencia de
segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca omitió
aplicar el inciso 2 del parágrafo transitorio 5º del Acto Legislativo 01 de 2005, en cuanto
al régimen pensional de las personas que se vincularon al INPEC antes del 26 de julio
de 2003 y, que en esa medida se desconoció el principio de favorabilidad y el
precedente vigente.

9 Artículo 250. Causales de Revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales

de revisión: 1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los
cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. 2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos
falsos o adulterados. 3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por
ilícitos cometidos en su expedición. 4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho
en el pronunciamiento de la sentencia. 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la
que no procede recurso de apelación. 6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con
mejor derecho para reclamar. 7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del
reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna
de las causales legales para su pérdida. 8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada
entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo
proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.

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Como los defectos están relacionados, la Sala los decidirá de manera conjunta. Para
ello, se presentará (i) el régimen pensional de los miembros del INPEC, (ii) el análisis
realizado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y finalmente, (iii) el estudio
de los defectos invocados.

4.1. Sobre el régimen pensional de los funcionarios del INPEC

La Ley 32 de 1986 adoptó el estatuto orgánico del cuerpo de custodia y vigilancia y
reguló el régimen prestacional de la penitenciaria nacional. En su artículo 96 estableció
que dicho personal accedería a la pensión de jubilación cuando cumplieran 20 años de
servicio, continuos o discontinuos, sin tener en cuenta la edad.

Posteriormente, se profirió la Ley 100 de 1993, por el cual se creó el Sistema General
de Seguridad Social Integral para trabajadores de todos los sectores. En el artículo 140
se estableció que el Gobierno Nacional expediría «el régimen de los servidores públicos
que laboren en actividades de alto riesgo». A su vez, determinó que tales actividades
abarcaban las ejercidas por el cuerpo de custodia y vigilancia nacional penitenciaria, y
que en todo caso no se desconocerían los derechos adquiridos.

Mediante Decreto 407 de 1994, se creó el régimen de personal del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario y, el artículo 168 estableció que los miembros del INPEC que
se encuentren vinculados a la entrada en vigencia de dicho Decreto (21 de febrero de
1994), se pensionarían conforme con el artículo 96 de la Ley 32 de 1986.

Luego, mediante Decreto Ley 2090 de 2003 (que entró en vigencia el 26 de julio de
2003), se regularon las actividades de alto riesgo, dentro de las cuales se incluyeron
las labores desempeñadas por el «personal dedicado a la custodia y vigilancia de los
internos en los centros de reclusión carcelaria». Adicionalmente, derogó el artículo 168
del Decreto 407 de 1994, y dispuso nuevos requisitos para acceder a la pensión de
vejez para quienes realizaran tales actividades riesgosas, esto es:

1. Haber cumplido 55 años de edad.

2. Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el Sistema General de Seguridad
Social en Pensiones, al que se refiere el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el
artículo 9o de la Ley 797 de 2003.

La edad para el reconocimiento especial de vejez se disminuirá en un (1) año por cada (60) semanas
de cotización especial, adicionales a las mínimas requeridas en el Sistema General de Pensiones, sin
que dicha edad pueda ser inferior a cincuenta (50) años.

Por su parte, el artículo 6° del mencionado Decreto Ley 2090, fijó un régimen de
transición respecto a leyes anteriores, de la siguiente manera:

Quienes a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto hubieren cotizado cuando menos 500
semanas de cotización especial, tendrán derecho a que, una vez cumplido el número mínimo de
semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, esta les sea reconocida en las
mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto
riesgo.

PARÁGRAFO. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente decreto cuando las
personas se encuentren cubiertas por el régimen de transición, deberán cumplir en adición a los
requisitos especiales aquí señalados, los previstos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 18 de la Ley 797 de 2003.

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Posteriormente, se profirió el Decreto 1950 del 13 de junio de 2005, para reglamentar
el artículo 140 de la Ley 100 de 1993, en el cual se fijaron las condiciones para la
aplicación de la Ley 32 de 1986, así:

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto-ley 2090 de
2003, a partir de la entrada en vigencia de este último decreto, a los miembros del Cuerpo de Custodia
y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo contemplado
en el mismo. Con anterioridad a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese entonces vigente para
dichas personas por razón de los riesgos de su labor, esto es, el dispuesto para el efecto por la Ley
32 de 1986, para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes de conformidad
con el Decreto-ley 407 de 1994 en concordancia con el artículo 1º del Decreto 1835 de 1994.

En el mismo sentido, el Acto Legislativo 01 de 2005 introdujo modificaciones al artículo
48 de la Constitución Política, y en el parágrafo 5° del artículo 1° se pronunció de
manera similar al Decreto 1950 de 2005, en los siguientes términos:

Parágrafo transitorio 5o. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 y
el Decreto 2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia de este último decreto, a los miembros del
cuerpo de custodia y vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen de alto
riesgo contemplado en el mismo. A quienes ingresaron con anterioridad a dicha fecha se aplicará el
régimen hasta ese entonces vigente para dichas personas por razón de los riesgos de su labor, este
es el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben haberse cubierto las
cotizaciones correspondientes.

4.2. Sobre la sentencia cuestionada

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca estudió el marco jurídico y jurisprudencial
aplicable al régimen de transición pensional de los miembros del INPEC y concluyó que
las actividades desplegadas tienen el carácter de alto riesgo, por lo que gozan de una
normatividad pensional especial establecida en el Decreto 2090 de 2003.

Explicó que ese decreto dispuso un régimen de transición especial con los siguientes
requisitos: (i) tener al menos 500 semanas de cotización especial al 28 de julio de 2003,
(ii) cumplir el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003, y (iii) tener
la edad o tiempo de servicios para ser beneficiarios del régimen de transición de la Ley
100 de 1993. Adujo que una vez se cumplan esos requisitos, surge el derecho a que la
pensión de vejez sea reconocida conforme a las normas anteriores que regulan las
actividades de alto riesgo.

En cuanto al ingreso base de liquidación, el tribunal explicó que se rige por las normas
del sistema general de pensiones, por remisión expresa del artículo 7 del Decreto 2090
de 2003; y frente a los factores salariales, sostuvo que corresponden a los previstos en
el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994.

Al resolver el caso concreto, el tribunal encontró que el demandante no contaba con las
500 semanas de cotización al 28 de julio de 2003 ni cumplía con la edad y tiempo de
servicios fijados en la Ley 100 de 1993, por lo que no se acreditaron los requisitos para
ser beneficiario del régimen de transición previsto en el Decreto 2090 de 2003, que lo
hiciera acreedor del régimen especial previsto en la Ley 32 de 1986. Por lo tanto,
concluyó que la pensión del señor Lombana Jaramillo debía regirse por las normas del
sistema general de pensiones.

En virtud de lo anterior, el tribunal sostuvo:

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Ahora, la Sala advierte que, si bien el demandante no cumplía con los requisitos para beneficiarse del
régimen pensional previsto en la ley 32 de 1986 y por ende, con arreglo a lo advertido en los
argumentos precedentes, no tenía derecho al reconocimiento pensional, también observa que en el
presente asunto no se discute el reconocimiento pensional como tal y no fue materia de controversia
en sede administrativa, motivo por el cual no puede efectuar pronunciamiento de fondo sobre el
particular.

Lo anterior teniendo en cuenta que la sentencia debe ser congruente con lo pedido y la controversia
jurídica puesta a su resolución, y que, de acuerdo con la jurisprudencia, el principio de congruencia
debe ser respetado por los jueces pues estos tienen el deber de fallar según lo pedido y de acuerdo
con lo probado. Además, porque existe una relación estrecha entre el debido proceso, manifestado
particularmente en el derecho de contradicción, y el ceñimiento de las decisiones judiciales a lo pedido
y probado dentro del proceso. De esta manera no se toma por asalto a ninguna de las partes.

Sin perjuicio de lo anterior la Sala exhortará a COLPENSIONES, facultado para adelantar la
verificación oficiosa del cumplimiento de los requisitos pensionales, para que proceda a revisar la
pensión del señor JORGE MARIO LOMBANA JARAMILLO y los demás reconocimientos pensionales
que se encuentren en igualdad de condiciones, con el fin de velar por los intereses de la entidad y
proteger el patrimonio público y del sistema público de pensiones; para lo cual deberá adelantar el
procedimiento que garantice a los afectados su derecho a la defensa y audiencia, con la posibilidad
de la interposición de los recursos pertinentes. Lo anterior en razón a la naturaleza de la discusión, la
presunción de buena fe que acompaña a los interesados, y la presunción de legalidad de los
respectivos actos administrativos, la cual deberá ser desvirtuada por la propia Administración en cada
caso específico con agotamiento de los canales legales y procesales previstos para el efecto.

4.3. La autoridad judicial demandada incurrió en los defectos invocados

El tribunal confirmó la decisión de primera instancia de negar las pretensiones de la
demanda, en razón a que, verificados los requisitos para ser beneficiario del régimen
de transición previsto en el Decreto 2090 de 2003, que permitiera aplicar la Ley 32 de
1986 para el reconocimiento pensional, concluyó que el demandante no contaba con
las 500 semanas de cotización a la entrada en vigencia del Decreto 2090. Por tanto,
concluyó que el demandante no cumplía con los requisitos para beneficiarse del
régimen pensional previsto en la Ley 32 de 1986, y, por ende, no tenía derecho al
reconocimiento pensional de la forma realizada por Colpensiones, sin embargo, adujo
que, como ese asunto no fue objeto de controversia en sede administrativa, no efectuó
un pronunciamiento de fondo sobre el particular en atención al principio de congruencia
de la sentencia.

La Sala advierte que, al estudiar el régimen pensional aplicable a exfuncionarios del
INPEC, entran en conflicto múltiples normas, por un lado, el Decreto 1950 de 2005 y el
parágrafo transitorio 5º del Acto Legislativo 01 de 2005; y por el otro, el Decreto 2090
de 2003 y la Ley 100 de 1993. Sobre este punto, se han pronunciado, tanto la Corte
Constitucional como la Sección Segunda del Consejo de Estado -que precisamente son
las decisiones respecto de las cuales se invoca el desconocimiento del precedente- en los
siguientes términos:

➢ En la sentencia T-012 de 2022, la Corte Constitucional señaló que, «el sistema
pensional de los funcionarios del cuerpo de vigilancia carcelario fue regulado desde
1986 y ha variado con el paso del tiempo ante la promulgación de la Ley 100 de 1993,
el Decreto ley 2090 de 2003 y el Acto Legislativo 01 de 2005, lo cual ha conllevado
diferentes interpretaciones sobre el régimen de transición y, especialmente, sobre las
reglas necesarias para aplicar la Ley 32 de 1986».

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En ese sentido, concluyó que existen dos posibles interpretaciones del régimen
pensional de los funcionarios del INPEC, frente a los requisitos del régimen de
transición para acceder a la Ley 32 de 1986, las cuales son:

i. A la luz del artículo 6° del Decreto 2090 de 2003 se debería contar con 500 semanas cotizadas a
la entrada en vigencia de dicho Decreto (28 de julio de 2003). Además, tal disposición remite al
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo cual se debería cumplir con el requisito de tener 35 años
para mujeres, 40 años para hombres o 15 años de servicio para el momento en que entró a regir
la Ley 100 de 1993 (1° de abril de 1994).

ii. Con base en el Decreto 1950 de 2005 y el parágrafo 5° del artículo 1° del Acto Legislativo 01 de
2005, se aplicaría la Ley 32 de 1986 a quienes se hubieran vinculado al Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto
Ley 2090 de 2003 (28 de julio de 2003).

Para resolver ese conflicto interpretativo, la Corte Constitucional señaló que “los jueces
cuentan con herramientas para resolver las antinomias y los conflictos que se puedan generar
entre normas jurídicas o entre las diversas interpretaciones que puedan derivarse de éstas. Por
lo cual, en estos escenarios los operadores jurídicos deben acudir a los criterios de
prevalencia jerárquica, cronológica o de especialidad, y en materia laboral, es necesario que
apliquen el principio constitucional de favorabilidad”.

Por tanto, concluyó que “la interpretación que permite materializar los principios de
supremacía constitucional (artículo 4° Superior) y favorabilidad laboral (artículo 53 Superior) en
el caso concreto es aquella que le da primacía al Acto Legislativo 01 de 2005, parágrafo 5° del
artículo 1°, con base en el cual se aplica la Ley 32 de 1986 a los funcionarios del INPEC que
hubieren ingresado a la entidad antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley 2090 de 2003,
es decir, el 28 de julio de 2003”.

De acuerdo con lo anterior, encuentra la Sala que el régimen de transición aplicable a
los miembros del INPEC que ingresaron a laborar antes del 28 de julio de 2003 es el
establecido en el parágrafo transitorio 5º del Acto Legislativo 01 de 2005 y el Decreto
1950 de 2005, por lo que, para el reconocimiento pensional, se deben tener en cuenta
las previsiones de la Ley 32 de 1986.

Bajo esas consideraciones, la providencia cuestionada, al determinar la verificación del
cumplimiento de requisitos para el reconocimiento pensional no solo aplicó la norma
menos favorable para el pensionado, sino que, además, desconoció el precedente
jurisprudenciales de la Corte Constitucional que al analizar casos con situaciones
fácticas similares a las del aquí demandante, concluyó que el régimen pensional
aplicable a los miembros del INPEC vinculados antes de la entrada en vigencia del
Decreto Ley 2090 de 2003 (28 de julio de 2003), es la Ley 32 de 1986.

Al analizar el caso del señor Jorge Mario Lombana Jaramillo, la Sala advierte que, tal
como lo concluyó Colpensiones, es beneficiario del régimen de transición establecido
en el Acto Legislativo 01 de 2005 y el Decreto 1950 de 2005, y, por tanto, le es aplicable
la Ley 32 de 1986, pues ingresó a laborar el 1 de noviembre de 1995, esto es, antes 28
de julio de 2003.

En otras palabras, si el tribunal demandado hubiere dado aplicación al artículo 48 de la
Constitución Política y a la interpretación jurisprudencial de exigir únicamente estar
vinculado al Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional a la
entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, se habría concluido que cumple los

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requisitos para ser beneficiario de la Ley 32 de 1986 y, por ende, se hubiera estudiado
la forma de calcular el ingreso base de liquidación.

Ahora bien, el demandante también alega desconocimiento de la sentencia dictada por
la Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 2 de
febrero de 202310 pues, a su juicio, esa providencia además de reiterar que basta con
acreditar que la vinculación del servidor del INPEC se hubiese dado con anterioridad al
28 de julio de 2003 –por ser fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003–
para que tenga derecho a las prerrogativas señaladas en la Ley 32 de 1986 y, dice que,
accedió a la reliquidación pensional de la misma forma en la que él pretendía en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Sin embargo, la Sala encuentra que,
una vez el tribunal demandado resuelva nuevamente sobre el régimen pensional
aplicable al demandante le corresponderá resolver sobre la pretensión de reliquidación
de la pensión de vejez y, en consecuencia, determinar si esa providencia resulta
aplicable o no al caso del señor Lombana Jaramillo.

Por lo anterior, la Sala dejará sin efectos la sentencia del 20 de septiembre de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 76001-33-33-013-2020-00073-01, para que,
se dicte providencia de reemplazo en la cual se aplique la interpretación más favorable
al demandante sobre el régimen pensional aplicable y resuelva sobre la pretensión de
reliquidación de la pensión del demandante.

Finalmente, respecto de la decisión de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo
de Estado, invocada por la demandante, basta decir que se trata de una decisión
administrativa en el que se resolvió un conflicto de competencias entre la UGPP y
Colpensiones respecto al reconocimiento de la pensión de vejez por actividad de alto
riesgo de un antiguo funcionario del INPEC y no resulta aplicable ni vinculante para el
caso objeto de estudio.

En efecto, el artículo 112, numeral 10 de la Ley 1437 de 201111 prevé que, la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado resuelve sobre «los conflictos de
competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y
una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén
comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo».

En cuanto a la sentencia del 21 de mayo de 2020, de Subsección B, de la Sección
Segunda del Consejo de Estado12, se trata de un asunto diferente al acá analizado, pues
en ese caso la discusión se centró en la entidad de previsión que debía reconocer la
pensión al beneficiario.

10 Expediente 23001 23 33 000 2016 00445 01 (3423-2018).
11 Artículo 112. Integración y funciones de la sala de consulta y servicio civil. La Sala de Consulta y Servicio Civil

estará integrada por cuatro (4) Magistrados. Sus miembros no tomarán parte en el ejercicio de las funciones
jurisdiccionales.
Los conceptos de la Sala no serán vinculantes, salvo que la ley disponga lo contrario.
La Sala de Consulta y Servicio Civil tendrá las siguientes atribuciones:
1. Absolver las consultas generales o particulares que le formule el Gobierno Nacional, a través de sus Ministros y
Directores de Departamento Administrativo.
2. Revisar o preparar a petición del Gobierno Nacional proyectos de ley y de códigos. El proyecto se entregará al
Gobierno por conducto del Ministro o Director del Departamento Administrativo correspondiente, para su presentación
a la consideración del Congreso de la República.
3. Preparar a petición de la Sala Plena del Consejo de Estado o por iniciativa propia proyectos de acto legislativo y
de ley.
12 Expediente 20001-23-39-000-2015-00434-01 (4589-2018), MP. Gabriel Valbuena Hernández.

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Demandante: Jorge Mario Lombana Jaramillo

En conclusión, la Sala revocará la sentencia de primera instancia, que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia, para, en su lugar, amparar el derecho
fundamental al debido proceso, por encontrar que el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca incurrió en los defectos de violación directa de la Constitución,
desconocimiento del precedente y sustantivo.

En consecuencia, se dejará sin efectos la sentencia del 20 de septiembre de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 76001-33-33-013-2020-00073-01, para que,
se dicte providencia de reemplazo en la cual se aplique la interpretación más favorable
al demandante sobre el régimen pensional aplicable y resuelva sobre la pretensión de
reliquidación de la pensión del demandante.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Revocar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la presente
providencia. En su lugar:

2. Amparar el derecho fundamental al debido proceso del señor Jorge Mario
Lombana Jaramillo, conforme a la parte motiva.

3. Dejar sin valor ni efecto la sentencia del 20 de septiembre de 2023, proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 76001-33-33-013-2020-00073-01.

4. Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, en el término de 20
días, contados a partir de la notificación de esta decisión, dicte providencia de
reemplazo, en la que tenga en cuenta las consideraciones aquí expuestas.

5. Notificar la presente decisión por el medio más expedito y eficaz.

6. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

7. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

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