Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01129-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01129-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01129-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
25 de abril de 2024
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01129-00
Demandante: María Consuelo Dulce Rosero
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01129-00
Demandante: María Consuelo Dulce Rosero
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de
Carrera Judicial y otro
Temas: Tutela contra actos administrativos proferidos en el marco de la
Convocatoria 27 en los que se negó la solicitud de homologación
del curso de formación judicial inicial.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela interpuesta en contra del Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial y de la Escuela Judicial
«Rodrigo Lara Bonilla».
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, la señora María Consuelo Dulce Rosero, quien actúa en nombre propio,
promovió demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales a la
igualdad y al acceso a cargos públicos.
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Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se dejen sin efectos la Resolución
EJR23-113 del 22 de junio de 2023, mediante la cual la Escuela Judicial «Rodrigo
Lara Bonilla» negó su solicitud de homologación del «IX Curso de Formación
Judicial Inicial para aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la República
en todas las especialidades, promoción 2020-2021», y la Resolución EJR23-288 del
31 de agosto de 2023, que resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de
la anterior decisión, confirmando lo resuelto; y, en su lugar, que se ordene a la
entidad tramitar su solicitud de exoneración o, en su defecto, se permita acceder a la
homologación con el puntaje obtenido en el «VII Curso de Formación Judicial Inicial».
1.1.2. Los hechos
La accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:
i) Participó en la Convocatoria 27, adoptada mediante el Acuerdo PCSJA18-11077
del 16 de agosto de 2018 «por medio del cual se adelanta el proceso de selección y
se convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de
la Rama Judicial», conformada por las etapas de selección y clasificación, la primera,
dividida en tres fases con carácter eliminatorio y, la segunda, compuesta por la
calificación de diferentes factores con carácter clasificatorio.
ii) Superó las fases I y II de la primera etapa, correspondiente a la prueba de
aptitudes y conocimientos, y de verificación de requisitos mínimos, y, actualmente, se
encuentra en la fase III de la primera etapa, referente al adelantamiento del «IX
Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de Magistrados/as y
Jueces de la República en todas las especialidades, promoción 2020-2021».
iii) Así, dentro de la fase III, de la primera etapa, solicitó a la Escuela Judicial
«Rodrigo Lara Bonilla» la homologación del «IX Curso de Formación Judicial Inicial»,
con la calificación obtenida en el «VII Curso de Formación Judicial Inicial para
Jueces/zas y Magistrados/as de todas las especialidades de la Rama Judicial,
Promoción 2016-2017», el cual aprobó con un puntaje de 941,89, según Resolución
EJR17-439 del 11 de septiembre de 2017.
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iv) Mediante Resolución EJR23-113 del 22 de junio de 2023, la Escuela Judicial
«Rodrigo Lara Bonilla» negó la solicitud de homologación, bajo el considerando de
que la situación fáctica no se adecuaba a lo dispuesto en el artículo primero, capítulo
V, numeral 3, del Acuerdo Pedagógico PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de
2019, pues al haberse desempeñado como funcionaria en carrera judicial, lo
procedente era la exoneración del «IX Curso de Formación Judicial Inicial», con base
en la última calificación de servicios.
v) Se encontraba en imposibilidad de ser calificada, pues pese a que el día 16 de
octubre de 2018 se posesionó en el cargo de juez municipal de pequeñas causas
laborales de Duitama, en propiedad, en el año 2019 fue designada en dos
oportunidades como juez laboral del circuito —con el fin de cubrir licencias
concedidas a los titulares de dichos despachos— y al presentarse las estadísticas
del juzgado en el cual está nombrada en propiedad, así como las de los despachos
en donde fungió como juez laboral del circuito, se cometieron errores, por cuanto no
se diligenciaron de la forma correcta.
vi) Así, pese a realizar las solicitudes pertinentes ante el Consejo Seccional de la
Judicatura de Boyacá y Casanare para que se autorizara la corrección de la
estadística, solo hasta el 27 de agosto de 2021 le contestaron que la solicitud debía
hacerse de forma conjunta con los demás jueces involucrados, proceso que procedió
a iniciar el 2 de septiembre de 2021 y que finalizó sólo hasta el 7 de junio de 2023,
esto es, cuando las fechas para presentar solicitud de exoneración habían finalizado.
vii) El 30 de junio de 2023, fue notificada por parte de la Secretaría del Consejo
Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare de la calificación integral de
servicios del año 2019, data en la cual renunció a los términos de ejecutoria.
viii) En razón de lo anterior, interpuso recurso de reposición en contra de la
Resolución EJR23-113 del 22 de junio de 2023, en orden a que se diera trámite a la
solicitud de exoneración, pues ya contaba con calificación de servicios en firme o, en
su defecto, que se accediera a la homologación, teniendo en cuenta la calificación
obtenida en el «VII Curso de Formación Judicial Inicial»
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ix) A través de la Resolución EJR23-288 del 31 de agosto de 2023, la Escuela
Judicial negó la solicitud y confirmó lo resuelto.
x) El hecho de no contar con una calificación en firme para la fecha de radicación de
la solicitud de homologación obedeció a una causa ajena a su voluntad, pues
dependía de la autorización de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del
Consejo Superior de la Judicatura para la corrección de la estadística, la cual, pese a
ser solicitada desde el año 2021, solo hasta junio de 2023 se le permitió el acceso,
cuando las fechas para la petición de exoneración habían vencido.
1.1.3. Los fundamentos jurídicos
La accionante presentó como fundamentos jurídicos de la acción, los siguientes:
i) El artículo 160 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia,
previó que «el acceso por primera vez a cualquier cargo de funcionario de carrera
requerirá de la previa aprobación del curso de formación judicial», y que «los
funcionarios de carrera que acrediten haber realizado el curso de formación judicial,
no están obligados a repetirlo para obtener eventuales ascensos», ya que, para ese
evento, se deberán tomar «las respectivas calificaciones de servicio como factor
sustitutivo de evaluación».
ii) A su turno, el artículo primero, capítulo V, numeral 3, del Acuerdo Pedagógico
PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019, dispuso que «los discentes que, sin
haber ocupado un cargo de funcionario en carrera, hubiesen cursado y aprobado un
curso de formación judicial inicial como etapa de procesos de selección o
convocatorias anteriores, podrán solicitar la homologación y se tomará la calificación
obtenida en el curso de formación judicial inicial cursado como sustituta de las dos
(2) subfases, siempre que la calificación sea superior a 800 puntos. De haber
cursado y aprobado más de un curso de formación judicial inicial se tomará como
sustitutiva la mayor calificación obtenida».
iii) Con su solicitud no pretende que se modifiquen las reglas establecidas en el
Acuerdo Pedagógico, por el contrario, acatando su determinación y teniendo en
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cuenta que, por factores ajenos a su voluntad, no había podido ser calificada por
parte de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y
Casanare, es del caso tener en cuenta la calificación, la cual fue aportada con el
recurso interpuesto y que, en consecuencia, se proceda a realizar el estudio de la
exoneración o, en su defecto, de la homologación con la clasificación obtenida en el
VII Curso de Formación Judicial Inicial.
iv) Finalmente, es oportuno que se considere lo concerniente a la prevalencia del
derecho sustancial sobre las formas, en especial, lo resuelto por la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Penal, en el fallo de tutela del 31 de mayo de 2023,
STP284-2023, radicación: 129939, en el que señaló que dicho principio tiene como
«propósito final [...] garantizar la realización de los derechos fundamentales y evitar
que las formas obstaculicen su concreción, especialmente en procesos tan
relevantes para la consolidación de los principios constitucionales de carrera
administrativa y mérito como los concursos públicos».
1.2. Actuación procesal
1.2.1. El 11 de marzo de 2024, el consejero de Estado Luis Alberto Álvarez Parra
ordenó remitir el expediente al despacho del magistrado Rafael Francisco Suárez
Vargas para que resolviera sobre la avocación del proceso, en atención a que
admitió y dictó fallo de primera instancia dentro de la tutela 11001- 03-15-000-2023-
04922-00, la cual guarda iguales características al presente caso.
1.2.2. El 13 de marzo de 2024, el consejero Rafael Francisco Suárez Vargas avocó
el conocimiento de la presente acción de tutela, por guardar similitud fáctica y jurídica
con la controversia planteada con el radicado 11001-03-15-000-2023-04922-00, y
ordenó notificar de la providencia a las partes y comunicar del proveído al consejero
de Estado Luis Alberto Álvarez Parra. De igual forma, admitió la acción de tutela y,
en consecuencia, ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura y a la
Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla», como accionados, y al Consejo Seccional
de la Judicatura de Boyacá y Casanare, en calidad de tercero con interés en las
resultas de proceso; tuvo como pruebas, con el valor que les asigna la ley, los
documentos aportados con la solicitud de tutela; y ordenó remitir copia del libelo a la
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parte accionada y al tercero con interés para que, dentro de los tres (3) días
siguientes a la notificación de la providencia, procedieran a ejercer su derecho de
defensa, si a bien lo tenían, y a rendir el respectivo informe.
1.3. Contestación de la demanda
1.3.1. La Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla»
El 21 de marzo de 2024, la directora Mary Lucero Novoa Moreno solicitó declarar
improcedente la acción o, en su defecto, negar las pretensiones de tutela, dados los
siguientes argumentos:
i) La Resolución EJR23-113 del 22 de junio de 2023 es un acto administrativo que se
expidió con el fin de dar respuesta a una petición de homologación realizada por la
aspirante, y la decisión allí contenida está en concordancia con lo dispuesto en el
Acuerdo Pedagógico PCSJA19- 11400, que regula el «IX Curso de Formación
Judicial Inicial», en consecuencia, le corresponde al tutelante hacer uso del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho para su controversia, más aún,
cuando en el marco de este medio de control existe la posibilidad de solicitar
medidas cautelares, que pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas o de
suspensión. Además, en el caso no se configura un perjuicio irremediable ni una
vulneración flagrante de los derechos fundamentales de la aspirante, ya que esta se
encuentra inscrita para adelantar el curso concurso, en el que, en ningún momento,
se le ha obstaculizado o negado su participación.
ii) En reciente sentencia del 18 de enero de 2024, la Sección Quinta del Consejo de
Estado ratificó su posición sobre la improcedencia de la acción de tutela contra actos
administrativos expedidos en el marco de concursos de méritos en la Rama Judicial,
y señaló que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, solo se admite como
excepción a la regla general de improcedencia la configuración de algunos de los
siguientes casos: a) el empleo ofertado en el proceso de selección cuenta con un
periodo fijo determinado por la Constitución o la ley; b) se imponen trabas para
nombrar en el cargo a quien ocupó el primer lugar en la lista de elegibles; c) el caso
presenta elementos que podrían escapar del control del juez de lo contencioso
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administrativo, por lo que tiene una marcada relevancia constitucional; y/o d) cuando
por las condiciones particulares del accionante —edad, estado de salud, condición
social, entre otras—, le resulta desproporcionado acudir al mecanismo ordinario.
iii) En el caso no se evidencia que la actora haya acreditado alguna de las
circunstancias excepcionales que la jurisprudencia ha admitido como válidas para
superar el requisito de la subsidiariedad, pues: a) los cargos ofertados en la
Convocatoria 27 no son aquellos de periodo fijo determinado por la Constitución o la
ley; b) no se imponen trabas para nombrar en el cargo a quien ocupó el primer lugar
en la lista de elegibles, puesto que aún no se ha llegado a esa etapa del concurso de
méritos; c) no se avizoran circunstancias que podrían afectar los derechos
fundamentales de la concursante, así como tampoco que los fundamentos de las
pretensiones y la afectación puedan escapar del control del juez de lo contencioso
administrativo, por consiguiente, no se configura una relevancia constitucional; y d) la
parte actora no constató en el proceso que se encontrara bajo condiciones
particulares de edad, estado de salud, condición social u otras, por las cuales
implicaría una desproporción exigirle acudir al mecanismo ordinario.
iv) De igual forma, es del caso traer a colación el fallo de tutela del 29 de noviembre
de 2023, STC13459-2023, proferido por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de
la Corte Suprema de Justicia, en el proceso 11001-02-30-000-2023-01075-01, en la
que se confirmó la sentencia expedida por la Sala de Casación Penal de esa alta
corte, en la que se resolvió una situación similar a la que hoy se estudia, es decir, la
solicitud de amparo promovida por un funcionario judicial inscrito en la Convocatoria
27, que no tenía calificación de servicios y solicitó la homologación del IX CFJI, en la
cual se declaró improcedente la acción por no superar el requisito de subsidiariedad.
v) Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del artículo 164 de la
Ley 270 de 1996, así como en el artículo 3 del Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de
agosto de 2018, la convocatoria es norma obligatoria y reguladora del proceso de
selección, por lo que goza de fuerza vinculante y es de obligatorio cumplimiento tanto
para la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla como para los aspirantes; y en el caso,
se advirtió que la tutelante no cumplió́ con los requisitos para lograr la homologación,
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por lo que la Escuela Judicial solamente puso de presente dicho incumplimiento, a
través del acto administrativo que ahora discute.
vi) La Escuela Judicial está obligada a dispensar igual tratamiento para todos los
aspirantes, siendo de obligatorio cumplimiento para la administración la aplicación de
las reglas que fueron establecidas y aceptadas al momento de su inscripción, como
se estableció́ en el artículo 3 del Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018, por lo que, al
realizar algún tipo de excepción —cuando la norma es clara— se vulnerarían los
principios de legalidad, igualdad y confianza legítima a los demás aspirantes.
1.3.2. El Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare
El 22 de marzo de 2024, la presidenta de la corporación, Claudia Lucía Rincón
Arango, solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de la entidad,
en atención a lo siguiente:
i) La accionante manifestó que la demanda de tutela se interponía en contra del
Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Carrera Judicial y de la Escuela
Judicial «Rodrigo Lara Bonilla», por lo que al Consejo Seccional no le asiste
competencia para precaver una actuación que evite, corrija o atienda la presunta
vulneración a los derechos fundamentales invocados con ocasión de la
homologación del «IX Curso de Formación Judicial Inicial».
ii) En todo caso, se advierte que la corporación fue vinculada producto de la solitud
de la actora en relación con la eliminación de los formularios de estadística del 2, 3 y
4 trimestre del año 2019, reportado por los Juzgados Municipal de Pequeñas Causas
Laborales de Duitama, y Primero y Segundo Laboral del Circuito de Sogamoso, por
haberse registrado datos estadísticos con inconsistencias, sin embargo, la gestión
desplegada por la entidad —en lo que respecta a la corrección de los formularios
estadísticos y de su calificación— ha sido diligente y adecuada.
iii) Lo anterior, porque conforme al Acuerdo PSAA16-10618 del 7 diciembre de 2016,
que regula la calificación de servicios de los funcionarios, el componente rendimiento
o factor eficiencia se obtiene de los datos estadísticos registrados, y ello, es
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responsabilidad de cada funcionario, luego, al no contar con los datos, no es posible
consolidar un periodo calificable, tal como ocurrió en el caso, deviniendo de la
accionante los yerros o la ausencia de datos registrados durante los periodos que
ocupó en provisionalidad, y que solamente fueron subsanados hasta que la Unidad
de Desarrollo Estadístico lo autorizó, mediando previamente petición de quienes
ocuparon el cargo de juez en los dos juzgados de injerencia para la accionante.
iv) Así, una vez se superaron las inconsistencias en los datos estadísticos de la
accionante, se procedió a consolidar su calificación para los periodos 2019, 2020 y
2021, siendo atribuible a su causa el lapso transcurrido hasta el momento de la
consolidación de su calificación, pues de ella devinieron las inconsistencias en el
registro de los datos estadísticos y, si bien, es función del Consejo Seccional de la
Judicatura la calificación de funcionarios de carrera, para el caso, la situación
presentada para la calificación de la funcionaria sí se generó por su conducta.
v) Significa lo anterior que, la accionante al originar las inconsistencias, y solicitar la
eliminación de los formularios, condujo inequívocamente a que su calificación de
servicios del periodo 2019 y, por tanto, de los siguientes, no pudiera consolidarse,
sino hasta tanto se solucionaran los yerros presentados, lo que realizó una vez la
Unidad de Desarrollo Estadístico habilitó los formularios para la corrección, esto es,
para ser diligenciarlos nuevamente por los jueces responsables.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
De acuerdo con lo previsto en el numeral 8 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069
de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021, según el cual «las
acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas para su conocimiento en primera
instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se resolverá por
la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el
reglamento al que se refiere el artículo 2 .2.3.1.2.4.», esta Sala de decisión es
competente para conocer del presente asunto.
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2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala dilucidar, en primer lugar, si la acción de tutela cumple con
los requisitos de procedibilidad para cuestionar los actos administrativos por medio
de los cuales la Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla» negó a la accionante la
homologación del «IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos
de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las especialidades, promoción
2020-2021». En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con los referidos
actos se vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad y al acceso a cargos
públicos invocados.
2.3. Marco Normativo y jurisprudencial
2.3.1. Sobre la acción de tutela dirigida a controvertir actos administrativos
adoptados en el marco de un concurso público
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha estimado que aunque, en principio,
los afectados por algunas de las disposiciones adoptadas dentro de las etapas de un
concurso público de méritos —contenidas en actos administrativos de carácter
general o particular— pueden controvertirse mediante los medios de control
señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, las vías judiciales ordinarias no son siempre idóneas y eficaces para
restaurar los derechos fundamentales conculcados.
Así, en la sentencia T-256 de 1995, sostuvo que la provisión de empleos públicos a
través de la figura del concurso obedece a la satisfacción de los altos intereses
públicos y sociales del Estado, en cuanto i) garantiza un derecho fundamental como
es el acceso a la función pública, ii) realiza el principio de igualdad de tratamiento y
de oportunidades de quienes aspiran a los cargos públicos en razón del mérito y la
calidad, y iii) constituye un factor de moralidad, eficiencia e imparcialidad en el
ejercicio de la función administrativa.
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Por lo tanto, la oportuna provisión de los empleos con arreglo al cumplimiento estricto
de las reglas del concurso y el reconocimiento efectivo de las calidades y el mérito de
los concursantes asegura el buen servicio administrativo y demanda, cuando se
presenten controversias entre la administración y los participantes en el concurso, de
decisiones rápidas que garanticen en forma oportuna la efectividad de sus derechos,
más aún cuando se trata de amparar los que tienen el carácter de fundamentales.
Ahora bien, en la sentencia SU-553 de 2015, recogió la jurisprudencia constitucional
en torno a la procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos que
regulan o ejecutan un proceso de concurso de méritos, señalando que, por regla
general, la acción de tutela es improcedente contra actos administrativos que se
profieran en el marco de un concurso de méritos, pero que, excepcionalmente,
procederá el mecanismo de amparo i) cuando se demuestre la existencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual el juez concederá la protección transitoria
mientras la jurisdicción competente decide de manera definitiva sobre la legalidad del
acto, y/o ii) cuando a pesar de que existe un medio defensa judicial, este resulta
ineficaz para conjurar la violación del derecho fundamental invocado.
Y, posteriormente, en la Sentencia SU-067 de 2022, varió las excepciones a la regla
general de improcedencia de la acción de tutela, en el campo específico de los
concursos de mérito, en el siguiente sentido: «Los actos administrativos que se
dicten en el curso de estas actuaciones administrativas podrán ser demandados por
esta vía cuando se presente alguno de los siguientes supuestos: i) inexistencia de un
mecanismo judicial que permita demandar la protección del derecho fundamental
infringido,1 ii) configuración de un perjuicio irremediable2 y iii) planteamiento de un
1 Se basa en el reconocimiento de la existencia de ciertos actos que, de conformidad con las reglas
del derecho administrativo, no pueden ser sometidos a escrutinio judicial. En estos casos, la solicitud
de amparo resulta procedente por cuanto la persona afectada no tiene mecanismo distinto de la
acción de tutela, para defender eficazmente sus derechos porque no está legitimada para impugnar
los actos administrativos que los vulneran. Habida cuenta de esta circunstancia, la acción de tutela
actúa como mecanismo definitivo, cuando se controvierten actos de trámite o de ejecución que
vulneren derechos fundamentales, comoquiera que tales decisiones no son susceptibles de discusión
jurisdiccional ante lo Contencioso Administrativo.
2 Este supuesto de hecho se presenta cuando «por las circunstancias excepcionales del caso
concreto, es posible afirmar que, de no producirse la orden de amparo, podrían resultar
irremediablemente afectados los derechos fundamentales de la persona que interpone la acción.
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problema constitucional que desborde el marco de competencias del juez
administrativo»3.
En virtud de lo anterior, la presente Sala de decisión considera que la procedibilidad
de las acciones de tutela en las que se invoca la vulneración de los derechos
fundamentales al interior de un concurso de méritos debe analizarse en cada caso
concreto, configurándose solo en casos en que se avizore que los medios de control
dispuestos por el ordenamiento jurídico no garantizan la inmediatez de las medidas
que se llegaren a necesitar para conjurar el daño ocasionado a los intereses de quien
acude al mecanismo de amparo, por cuanto las etapas del concurso de méritos se
desarrollan de manera ágil y pronta.
2.3.2. Sobre la Convocatoria 27
Por medio del Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, el Consejo
Superior de la Judicatura adelantó el proceso de selección —Convocatoria 27— para
la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial, convocando a los
interesados para que se inscribieran y participaran.
El artículo 3 del referido Acuerdo dispuso que el concurso sería público, abierto y que
la convocatoria es norma obligatoria y reguladora del proceso de selección, por lo
que es de perentorio cumplimiento tanto para la administración como para los
participantes, quienes, con su inscripción, aceptaron las condiciones y términos
señalados en el Acuerdo.
El artículo 4, por su parte, definió que el concurso de méritos comprende las etapas
de selección y clasificación, y que la etapa de selección estaría compuesta por tres
fases, así: fase I. Prueba de aptitudes y conocimientos; fase II. Verificación de
requisitos mínimos; y la fase III. Curso de Formación Judicial Inicial; las cuales
ostentan carácter eliminatorio.
3 Se basa en la especial índole que presentan ciertos problemas jurídicos. De conformidad con el
criterio expresado en las sentencias T-160 de 2018 y T-438 de 2018, algunas demandas plantean
controversias que desbordan el ámbito de acción del juez de lo contencioso administrativo. En tales
casos, las pretensiones del accionante no se dirigen a determinar la legalidad de los actos
administrativos expedidos en desarrollo de la convocatoria, pretensión para la cual puede acudir a los
medios de control de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino que pretende demostrar que
la aplicación de estas normas, en su caso concreto, lesiona sus derechos fundamentales».
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Posteriormente, el Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo
PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019, adoptó el Acuerdo Pedagógico que
regiría el «IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de
magistrados y jueces de la República en todas las especialidades, Promoción 2020-
2021», aclarado, posteriormente, por el Acuerdo PCSJA19-11405 del 25 de
septiembre de 2019.
Así, el artículo 3 del mencionado Acuerdo PCSJA19-11400, estableció la posibilidad
de solicitar homologaciones o exoneraciones del «IX Curso de Formación Judicial
Inicial» para los concursantes que sean o hayan sido funcionarios judiciales de
carrera y para quienes, sin haber ocupado un cargo de funcionario de carrera,
hubiesen cursado y aprobado un curso de formación judicial inicial anterior en la
misma especialidad, como etapa de un proceso de selección anterior.
2.4. Hechos probados
2.4.1. Respecto del trámite realizado para efectos de la corrección de la estadística,
la Sala establece lo siguiente:
i) El 2 de julio de 2021, el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare
solicitó información al Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Desarrollo y
Análisis Estadístico, respecto del trámite a realizar para corregir el error de
diligenciamiento de la estadística del segundo y tercer trimestre del año 2019 por
parte de la doctora María Consuelo Dulce Rosero.
ii) El 22 de julio de 2021, por medio del Oficio UDAEO21-1179, la Unidad de
Desarrollo y Análisis Estadístico informó al Consejo Seccional de la Judicatura de
Boyacá del trámite requerido para corregir el error de diligenciamiento de la
estadística de los tres despachos donde la juez se desempeñó, así:
[T]eniendo en cuenta que los formularios FOR201101M y FOR2120002M, estuvieron
vigentes hasta el 31 de diciembre de 2019, se requiere para subsanar este error,
eliminar los formularios del segundo, tercero y cuarto trimestre de 2019 para los
despachos Juzgado Primero de Pequeñas Causas Laborales de Duitama y Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Sogamoso, y los formularios del tercer y cuarto
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trimestre de 2019 del despacho Juzgado Segundo Laboral de Sogamoso en donde
estuvo laborando la doctora María Consuelo Dulce.
Finalmente, hacer la solicitud a la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico para que
se habiliten los formularios mencionados y se proceda a realizar el diligenciamiento de
forma correcta.
iii) El 20 de agosto de 2021, a través del Oficio CSJBOY21-2221, el Consejo
Seccional de la Judicatura de Boyacá le remitió a la peticionaria copia del
mencionado oficio y le solicitó proceder a adelantar los trámites necesarios ante los
despachos judiciales para la respectiva modificación.
iv) El 30 de agosto de 2021, la jueza María Consuelo Dulce Rosero, coadyuvada por
los despachos judiciales correspondientes, solicitaron al Consejo Seccional de la
Judicatura de Boyacá eliminar los formularios del segundo, tercero y cuarto trimestre
del año 2019, correspondientes al Juzgado Municipal de Pequeñas Causas
Laborales de Duitama, con el fin de realizar las correcciones a la estadística
presentada en el segundo y tercer trimestre de dicha anualidad.
v) El 18 de febrero y 15 de marzo de 2022, por medio de los Oficios CSJBOYO22-
602 y CSJBOYO23-821, el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá solicitó a
la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico la habilitación de los formularios
correspondientes, con el propósito de solucionar las inconsistencias en el reporte de
la gestión del año 2019 de la jueza María Consuelo Dulce Rosero, quien se
desempeñó como juez laboral del circuito y de pequeñas causas laborales.
vi) El 26 de abril de 2022, a través el Oficio UDAEO22-661, la Unidad de Desarrollo y
Análisis Estadístico informó al Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá, lo
siguiente:
Una vez finalice el periodo de reporte y consolidación del primer trimestre del presente
año y con el propósito que se registre la información del año 2019 de conformidad con
los períodos que fungieron los diferentes funcionarios informados, se dispondrán por
un tiempo máximo de 2 días contados a partir del 2 de mayo del presente año, los
formularios en el aplicativo SIERJU i) FOR201101M para el registro del movimiento de
procesos y ii) FOR2164 para el registro de las tutelas.
Finalmente se recuerda que una vez haya finalizado el reporte, se debe informar al
correo soportesierju@cendoj.ramajudicial.gov.co a fin de inhabilitar estos formularios
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en el sistema y así poder evitar posibles errores de diligenciamiento en otros
despachos.
vii) El 27 de abril de 2022, mediante el Oficio CSJBOYO22-1308, el Consejo
Seccional de la Judicatura de Boyacá informó a la peticionaria lo señalado en el
anterior oficio, a efectos de realizar las correcciones a la estadística del periodo
2019, por lo que le solicitó realizar las modificaciones pertinentes, en aras de que el
Consejo Seccional pudiera realizar la eliminación de los formularios y crear los
usuarios a que hubiera lugar, previa solicitud de su parte, como titular del despacho.
viii) El 6 de junio de 2023, por medio del Oficio UDAEO23-1305, la Unidad de
Desarrollo y Análisis Estadístico informó al Consejo Seccional de la Judicatura de
Boyacá, lo siguiente:
Esta Unidad recibió el oficio del asunto del pasado 15 de marzo, mediante el cual
solicita se autorice habilitar los formularios FOR2120002M y FOR2164 vigentes hasta
febrero de 2020, con el propósito de ajustar el reporte de la gestión estadística del año
2019 de la doctora MARÍA CONSUELO DULCE ROSERO en los juzgados 1 y 2
laborales de Sogamoso, como complemento al ajuste realizado en el Juzgado 001
Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Duitama para el mencionado año.
Al respecto, de manera atenta me permito informarle que se dispondrá en el aplicativo
SIERJU por un tiempo máximo de 2 días contados a partir del 06 de junio del presente
año, los formularios FOR2120002M - Juzgado Laboral Circuito y FOR2164 -
Movimiento de Tutelas e Incidentes de Desacato, para el registro y ajuste de la gestión
estadística de los mencionados juzgados laborales de Sogamoso.
De otra parte, me permito comunicarle que estos cambios no se verán reflejados en los
cortes oficiales, siempre que, a la fecha de corte oficial de información, no se
generaron novedades para ajustes en la estadística en los términos del artículo 15 del
Acuerdo PSAA16-10476 de 2016.
Finalmente, se recuerda que una vez haya finalizado el reporte, se debe comunicar al
correo soportesierju@cendoj.ramajudicial.gov.co a fin de inhabilitar estos formularios
en el sistema y así poder evitar posibles errores de diligenciamiento en otros
despachos.
ix) El 30 de junio de 2023, la jueza María Consuelo Dulce Rosero fue notificada de la
calificación de servicios correspondiente al año 2019; el 18 de julio de 2023, de la
calificación del año 2020; el 1 de agosto de 2023, de la calificación del año 2021; y el
20 de octubre de 2023, de la del año 2022.
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2.4.2. Respecto de la solicitud de homologación y/o exoneración, la Sala establece lo
siguiente:
i) El 11 de septiembre de 2017, a través de la Resolución EJR17-439 de 2017, el
Consejo Superior de la Judicatura, Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla», publicó
los puntajes del «VII Curso de Formación Judicial Inicial para Jueces/zas y
Magistrados/as de todas las especialidades de la Rama Judicial, Promoción 2016-
2017», en la que se aprecia que la señora María Consuelo Dulce Rosero lo aprobó
con un puntaje de 941,89.
ii) El 16 de octubre de 2018, la señora María Consuelo Dulce Rosero tomó posesión
en el cargo de juez municipal de pequeñas causas laborales de Duitama, en
propiedad.
iii) El 26 de abril de 2023, la señora María Consuelo Dulce Rosero solicitó a la
Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla» la homologación del «IX Curso de Formación
Judicial Inicial para aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la República
en todas las especialidades, promoción 2020-2021», con la calificación obtenida en
el «VII Curso de Formación Judicial Inicial». En la petición, aclaró que aunque se
encontraba vinculada como juez municipal de pequeñas causas laborales de
Duitama, en propiedad, no contaba con ninguna calificación en firme que le
permitiera hacer uso de la figura de exoneración.
iv) El 22 de junio de 2023, mediante la Resolución EJR23-113, la Escuela Judicial
«Rodrigo Lara Bonilla» negó la solicitud de homologación, bajo el considerando de
que la situación fáctica no se adecuaba a lo dispuesto en el artículo primero, capítulo
V, numeral 3, del Acuerdo Pedagógico PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de
2019, pues al haberse desempeñado como funcionario en carrera judicial, lo
procedente era la exoneración del «IX Curso de Formación Judicial Inicial», con base
en la última calificación de servicios.
v) El 14 de julio de 2023, la señora María Consuelo Dulce Rosero interpuso recurso
de reposición en contra de la anterior decisión, solicitando su revocatoria y, en su
lugar, la exoneración del «IX Curso de Formación Judicial Inicial», teniendo en
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cuenta que, para la fecha, ya contaba con calificación integral de servicios del año
2019, como juez municipal de pequeñas causas laborales de Duitama o, en su
defecto, que se aplicara la figura de la homologación.
vi) El 31 de agosto de 2023, por medio de la Resolución EJR23-288, la Escuela
Judicial confirmó lo resuelto en la Resolución EJR23-113 del 22 de junio de 2023.
2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto
2.5.1. En el sub judice, se advierte que aunque el contenido de las Resoluciones
mediante las cuales el Consejo Superior de la Judicatura, Escuela Judicial «Rodrigo
Lara Bonilla», negó a la accionante la exoneración y/o homologación del «IX Curso
de Formación Judicial Inicial» pueden ser demandadas ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho —previsto en el artículo 138 del CPACA—, por tratarse
de actos administrativos de carácter definitivo4 que contienen la manifestación plena
y acabada de la voluntad de la entidad en torno a la obligatoriedad del participante en
aprobar un nuevo curso de formación judicial, dicho mecanismo de defensa judicial
no resulta idóneo ni eficaz.
Lo anterior, por cuanto, si bien, en el medio de control se otorga a la parte
demandante la posibilidad de solicitar la medida cautelar preventiva, conservativa,
anticipativa o de suspensión, en términos de lo dispuesto en el artículo 230 del
CPACA, y que conforme al artículo 233 ibidem, se puede pedir desde la presentación
de la demanda y en cualquier estado del proceso, para evitar la configuración de un
perjuicio irremediable, la decisión de la entidad accionada de no exonerar y/o
homologar el curso de formación judicial comprende para los participantes la
definición de su situación jurídica respecto de la obligación de inscripción y
aprobación de un nuevo curso de formación judicial, el cual está actualmente en
desarrollo, etapa, por demás, con carácter eliminatorio, por lo que la acción de tutela
resulta ser el mecanismo idóneo y eficaz para precaver el perjuicio.
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 9 de diciembre de 2021.
Expediente 11001-03-15-000-2021-05927-01 AC.
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Así las cosas, la Sala asume como procedente el ejercicio de la presente acción de
tutela y, en consecuencia, realizará el estudio de los alegatos conjurados.
2.5.2. En el caso, la señora María Consuelo Dulce Rosero controvierte la vulneración
de sus derechos fundamentales a la igualdad y al acceso a cargos públicos con
ocasión de lo resuelto por la Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla», en las
Resoluciones EJR23-113 del 22 de junio de 2023 y EJR23-288 del 31 de agosto de
2023, en torno de las solitudes de homologación —presentada el 26 de abril de
2023— y de exoneración —radicada el 14 de julio de 2023— del «IX Curso de
Formación Judicial Inicial».
Pues bien, se tiene que en la Resolución EJR23-113 del 22 de junio de 2023, la
Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla» señaló que en el caso no era procedente
acceder a la solicitud de homologación de la participante por cuanto su situación
fáctica no se adecuaba a lo previsto en el Acuerdo Pedagógico, en el que, de manera
clara, se señaló que la homologación operaba solo para aquellos aspirantes que,
habiendo cursado y aprobado un curso de formación judicial inicial, no han ocupado
un cargo de funcionario en carrera, y en el asunto, se trataba de una funcionaria
judicial en carrera.
Ahora, se encuentra que el 14 de julio de 2023, la señora María Consuelo Dulce
Rosero presentó recurso de reposición en contra de la Resolución EJR23-113 del 22
de junio de 2023, solicitando la revocatoria de la decisión y, en su lugar, que se
concediera la exoneración del «IX Curso de Formación Judicial Inicial», teniendo en
cuenta que el 30 de junio de 2023 fue notificada por parte de la Secretaría del
Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare de la calificación integral
de servicios del año 2019, data en la que renunció a los términos de ejecutoria, o, en
su defecto, que se ordenara la homologación, pues el hecho de no contar para la
fecha de radicación de la solicitud con una calificación de servicios en firme obedeció
a una causa ajena a su voluntad, esto es, a la mora en el trámite de la corrección de
los formularios para corregir el reporte de estadísticas del año 2019, a cargo del
Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá, aunado a que se vulneraría su
derecho a la igualdad, al impedirse ejercer su derecho de abstenerse de realizar un
curso de formación judicial inicial.
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Pues bien, en la Resolución EJR23-288 del 31 de agosto de 2023, la Escuela
Judicial confirmó lo resulto en la Resolución EJR23-113 del 22 de junio de 2023,
argumentando, con respecto de la aplicación de la figura de la exoneración, lo
siguiente:
Frente a la nueva solicitud contenida en el recurso, que se refiere a la exoneración del
IX Curso de Formación Judicial Inicial, revisada la petición inicial que radicó la
aspirante se evidencia que en esa ocasión ella no pidió la aplicación de esa figura,
pues su solicitud se limitó a requerir la homologación, siendo esa la oportunidad legal
pertinente para hacerlo. Ahora, en gracia de discusión, considerando que [el] asunto
surge con motivo del recurso, se tiene que a la recurrente tampoco le asiste el derecho
a que se le exonere de adelantar el referido curso porque no acreditó el cumplimiento
de los requisitos para que proceda ese reconocimiento, toda vez que la calificación que
allegó con el recurso deviene en extemporánea, pues data del 28 de junio de 2023,
fecha en la que había cerrado el término establecido en la convocatoria para esos
efectos, esto es, el 8 de mayo de este mismo mes y año.
Señaló la Escuela Judicial, en suma, que en el caso no era procedente el estudio de
la solicitud de exoneración en tanto esta fue presentada de manera extemporánea,
considerando que esta Sala de decisión no advierte vulnerador de derechos
fundamentales, puesto que lo expuesto por la autoridad accionada se encuentra
debidamente razonado y adecuado con la normativa aplicable.
Lo anterior, por cuanto según el cronograma de la fase III de la etapa de selección de
la Convocatoria 27, publicado el 29 de marzo de 2023, se establecieron como plazos
y términos, los siguientes:
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Es decir, que según el cronograma de la fase III de la etapa de selección,
correspondiente al «IX Curso de Formación Judicial Inicial», el plazo para presentar
las solicitudes de exoneración y/o homologación corrió entre el 24 de abril y el 8 de
mayo de 2023, mientras que la petición de la participante en torno a la exoneración
se radicó hasta el 14 de julio siguiente, esto es, luego de 2 meses y 27 días.
Ahora bien, se alega que la Escuela judicial no tomó en cuenta que la imposibilidad
de ser calificada por servicios se realizó por causas ajenas a su voluntad, esto es,
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porque dependía de la autorización de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico
para la corrección de la estadística reportada en los periodos II, III y IV del año 2019,
la cual, pese a ser solicitada desde el año 2021, solo se permitió hasta junio de 2023,
cuando las fechas para la petición de exoneración habían vencido.
Es de advertir, sobre el particular, que las reglas del concurso son de obligatorio
cumplimiento tanto por la administración como para el participante dentro del proceso
de selección, de manera que, independientemente de las circunstancias por las
cuales se procedió a la calificación de servicios de los años 2019 a 2022, entre junio
y octubre del año 2023, el no verificarse en el caso el cumplimiento del término para
presentar la solicitud de exoneración, se justifica su rechazo por extemporaneidad.
De igual forma, se solicita aplicar la prevalencia del derecho sustancial sobre las
formas, según lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
en el fallo de tutela del 31 de mayo de 2023, STP284-2023, radicación: 129939, en el
que se señaló que dicho principio tiene como «propósito final [...] garantizar la
realización de los derechos fundamentales y evitar que las formas obstaculicen su
concreción, especialmente en procesos tan relevantes para la consolidación de los
principios constitucionales de carrera administrativa y mérito como los concursos
públicos».
En lo referente, se encuentra que en el caso no es dable aplicar dicho
pronunciamiento, por cuanto lo querido por la accionante es que se pretermitan los
términos dispuestos en el cronograma, evento que el juez de tutela no puede validar,
ya que ello implicaría actuar en contra de aquellos participantes que sí atendieron los
términos de la convocatoria.
2.5.3. Ahora bien, se solicitó como pretensión subsidiaria que en caso de que no
prosperaran los disensos expuestos en torno a la exoneración del curso concurso, se
analizaran los argumentos señalados por la autoridad accionada en torno a la
negativa de la homologación.
Se tiene que en la Resolución EJR23-288 del 31 de agosto de 2023, la Escuela
Judicial confirmó lo resuelto en la Resolución EJR23-113 del 22 de junio de 2023,
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argumentando, grosso modo, que el Acuerdo PCSJA19-11400 del 19 de septiembre
de 2019, se encuentra vigente, posee fuerza vinculante y goza de presunción de
legalidad y que, por tanto, era de su obligación el respetar y acoger las reglas de la
convocatoria previstas por el Consejo Superior de la Judicatura. Asimismo, que dado
que no se determinó alguna excepción para la inobservancia de los requisitos
concurrentes relativos a la homologación, la entidad no podía distinguir lo que la
propia convocatoria no previó y, en tal sentido, bajo el respeto al principio de
legalidad, debía exigirse la totalidad de los requisitos previstos por la norma para la
aplicación de dicha figura.
Así, tal como se encuentran expuestos los elementos del caso, la Sala no advierte
vulneración de derechos fundamentales en cuanto a la negativa en la homologación
del curso de formación judicial, según se pasa a explicar:
En el asunto que se aborda, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala
Administrativa, como encargado de expedir las normas que reglamentan los
concursos para la provisión de los cargos de funcionarios y empleados de la Rama
Judicial, expidió el Acuerdo Pedagógico PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de
2019 en el que, atendiendo a los lineamientos generales previstos en los artículos
160, 162, 164 y 168 de la Ley 270 de 1996, definió las reglas por las cuales se regiría
el «IX Curso de Formación Judicial Inicial».
De esta forma, en el numeral 3 del artículo 1 del capítulo V del Acuerdo Pedagógico
PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019, determinó:
3. HOMOLOGACIONES Y/O EXONERACIONES DEL IX CURSO DE FORMACIÓN JUDICIAL INICIAL
De conformidad con lo establecido en el artículo 160 de la ley 270 de 1996, el acceso
por primera vez a cualquier cargo de funcionario de carrera requerirá de la previa
aprobación del Curso de Formación Judicial Inicial en los términos que señala la ley.
Por lo tanto, los discentes que sean o hayan sido funcionarios/as judiciales de carrera,
podrán solicitar la exoneración del IX Curso de Formación Judicial Inicial y en tal caso
se tomará la última calificación de servicio como sustitutiva de evaluación para las dos
(2) subfases, siempre que sea superior a 80 puntos.
Así mismo, los discentes que, sin haber ocupado un cargo de funcionario en carrera,
hubiesen cursado y aprobado un curso de formación judicial inicial como etapa de
procesos de selección o convocatorias anteriores, podrán solicitar la homologación y
se tomará la calificación obtenida en el curso de formación judicial inicial cursado como
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sustituta de las dos (2) subfases, siempre que la calificación sea superior a 800 puntos.
De haber cursado y aprobado más de un curso de formación judicial inicial se tomará
como sustitutiva la mayor calificación obtenida.
Se delega en la Directora de la Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla» la competencia
para tramitar y resolver las solicitudes de exoneración y homologación incluidos los
recursos contra los actos administrativos que las decidan, que sean presentados por
los discentes que hayan aprobado las fases I y II de la etapa de selección de la
convocatoria 27, de acuerdo con el listado que remita la Unidad de Administración de
Carrera Judicial.
La normativa refirió, de manera clara, que la figura de homologación es aplicable
solo para aquellos aspirantes que, sin haber ocupado un cargo de funcionario en
carrera, cursaron y aprobaron un curso de formación judicial inicial anterior,
teniéndose en cuenta la calificación allí obtenida, siempre que fuere mayor a 800
puntos, y la de exoneración, para los aspirantes que habiendo cursado y aprobado
un curso de formación judicial inicial, hayan sido funcionarios o exfuncionarios, caso
en el cual debe tomarse la última calificación de servicio como sustitutiva de la
evaluación, siempre que fuere mayor a 80 puntos.
En esos términos, es dable apreciar, tal como lo refirió la autoridad accionada, que al
encontrarse acreditado que la solicitante se ha desempeñado como funcionaria en
carrera, no le era aplicable la figura de la homologación, y al no determinarse
ninguna excepción para la inobservancia de los requisitos concurrentes para dicha
figura, era del caso verificar el cumplimiento estricto de lo allí dispuesto.
Es de amplio conocimiento que las normas de un concurso público de méritos fijan
en forma precisa y concreta cuáles son las condiciones que han de concurrir en los
aspirantes y establecen las pautas y procedimientos con los cuales deben regirse y,
en tal sentido, se convierten en una norma obligatoria en el concurso, por lo que
cualquier incumplimiento de las etapas y procedimientos consignados en ella
desconoce sus reglas y objetivos, y conlleva de suyo una respectiva consecuencia».5
De aquí que deba darse lugar a lo señalado por la autoridad accionada en cuanto
afirma que es de su deber el respetar y acoger las reglas de la convocatoria.
Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia T-470 de 2007, señaló: «[E]l
concurso se desenvuelve como un trámite estrictamente reglado, que impone
5 Corte Constitucional, sentencia C-588 de 2009.
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precisos límites a las autoridades encargadas de su administración y ciertas cargas a
los participantes. De manera particular, en orden a garantizar la transparencia del
concurso y la igualdad entre los participantes, el mismo debe desenvolverse con
estricta sujeción a las normas que lo rigen y, en especial, a las que se hayan fijado
en la convocatoria, que como se señala en el artículo 164 de la Ley 270 de 1996, es
la ley del concurso. Quiere esto decir que se reducen los espacios de libre
apreciación por las autoridades en la medida en que, en la aplicación rigurosa de las
reglas está la garantía de imparcialidad en la selección fundada en el mérito».
Ahora bien, los alegatos tendientes a señalar que la Escuela Judicial no realizó una
interpretación favorable de la norma, al no ponderar que en esta se omitió regular la
situación de quienes siendo funcionarios en carrera judicial no tienen calificación de
servicios, por situaciones ajenas a su voluntad y, además, que lo allí dispuesto
desconoció lo previsto en el artículo 160 de la Ley 270 de 1996, en el que se señala
que el curso de formación judicial solo debe realizarse una vez, esto es, para «el
acceso por primera vez a cualquier cargo de funcionario de carrera», lo que denotan
es un estricto juicio de legalidad.
Para dichos efectos, la recurrente debió acudir al medio de control de simple nulidad,
previsto en el artículo 137 del CPACA, sin embargo, ello no ocurrió, evidenciando, en
principio, una validación de lo allí previsto, no siendo ahora la acción de tutela el
mecanismo judicial para controvertir la legalidad de lo reglado en el Acuerdo
Pedagógico, máxime cuando lo discutido compromete no solo su situación jurídica
sino también la de los demás participantes de la Convocatoria 27.
En todo caso, es válido resaltar que, para este momento, la accionante tienen a su
disposición la acción de nulidad por inconstitucionalidad, prevista en el artículo 135
del CPACA, si considera que la disposición censurada infringe preceptos
constitucionales, mecanismo que tampoco acredita haber ejercido.
3. Conclusión
Con los anteriores argumentos la Sala denegará el amparo solicitado por la señora
María Consuelo Dulce Rosero.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01129-00
Demandante: María Consuelo Dulce Rosero
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Denegar el amparo solicitado por la señora María Consuelo Dulce Rosero,
en atención a las consideraciones que anteceden.
Segundo. En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado Electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
YASM
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