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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01133-01

Fecha
6 de junio de 2024
Consejero ponente
Gloria Maria Gomez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01133-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 8 de abril de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-01133-01

Consejero ponente: Gloria Maria Gomez Montoya

6 de junio de 2024

Demandantes: Yorman Andrés Castillo Prado y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Rad: 11001-03-15-000-2024-01133-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., seis (6) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01133-01
Demandantes: YORMAN ANDRÉS CASTILLO PRADO Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
A

Tema: Tutela contra providencia judicial. Confirma decisión de primera
instancia que declaró improcedente el amparo constitucional por
no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante,
contra la sentencia del 8 de abril de 2024, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo1

Los señores Yorman Andrés Castillo Prado2, Luis Armando Castillo Moreno, Luz
Stella Prado Cardona, Diego Armando Castillo Prado, Hermilia Arrechea Moreno,
Alba Rosa Cardona López y José Alberto Pernia, obrando por medio de apoderado
judicial3, promovieron acción de tutela4 contra el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, en la que pretenden el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y el acceso a la administración de justicia.

En sentir de los accionantes, la vulneración de las citadas garantías encontró
sustento en la sentencia proferida por la autoridad judicial accionada, el 4 de
septiembre de 2023 que confirmó la decisión de primera instancia del 6 de diciembre
de 2018, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca al interior del
proceso de reparación directa identificado con radicado 76001-23-33-000-2013-
00396-00, la cual, a su turno, negó las pretensiones de la demanda formuladas

1 Índice 2 de Samai – Cuaderno de primera instancia.
2 Por conducto de agente oficioso, el señor Luis Armando Castillo Moreno.
3 Según mandato conferido a la abogada Diana María Aranzazu Victoria.
4 El escrito se radicó el 7 de marzo de 2024.

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Demandantes: Yorman Andrés Castillo Prado y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Rad: 11001-03-15-000-2024-01133-01

contra el Instituto Nacional de Vías -en adelante INVIAS, el departamento del Valle
del Cauca, y el municipio de Pradera

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

SEFGUNDO. – DEJAR SIN EFECTO la Sentencia de Segunda Instancia proferida
por el CONSEJO DE ESTADO Sala de lo CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A, de fecha cuatro (04) de septiembre de 2023,
Consejero Ponente José Roberto Sáchica Méndez, providencia proferida dentro del
medio de control de reparación directa adelantado por Yorman Andres Castillo Prado
y otros en contra de Invias, el Departamento del Valle del Cauca y el municipio de
Pradera, bajo la radicación No. 76-001-23-33-000-2013-00396-01.

TERCERO: ORDENAR al Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala de lo CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A, que profiera una sentencia teniendo en cuenta una valoración
debida del acervo probatorio, y por lo tanto condenando al DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA al reconocimiento y pago de la pretensiones de los demandantes
en el medio de control de reparación directa adelantado por Yorman Andres Castillo
Prado y otros en contra de Invias, el Departamento del Valle del Cauca y el municipio
de Pradera, bajo la radicación No. 76-001-23-33-000-2013-00396-01.5

1.3. Hechos probados y/o admitidos6

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

El señor Yorman Andrés Castillo Prado, el día 9 de junio de 2011 en la vía que
conduce de los municipios de Pradera a Candelaria, departamento del Valle del
Cauca, se encontraba conduciendo la motocicleta de placas JAV-91 la cual colisionó
contra un montículo de escombros que fueron dejados en el medio de la carretera,
con ocasión de las obras que adelantaba la empresa Acuavalle S.A. E.S.P.

Como consecuencia del citado accidente, la víctima sufrió múltiples lesiones las
cuales fueron valoradas por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Valle
del Cauca, estableciendo una pérdida de capacidad del 66.55%.

Los señores Yorman Andrés Castillo Prado, Luis Armando Castillo Moreno, Luz
Stella Prado Cardona, Diego Armando Castillo Prado, Hermilia Arrechea Moreno,
Alba Rosa Cardona López y José Alberto Pernia promovieron demanda en ejercicio
del medio de control de reparación directa contra el INVIAS, el departamento del

5 Transcripción original del texto con posibles errores.
6 Para la reconstrucción de los antecedentes del caso, se tuvieron en cuenta las piezas del proceso

ordinario 76001-23-33-000-2013-00396-00 de Yorman Andrés Castillo Prado y otros contra el
Instituto Nacional de Vías y otros; las decisiones de primera y segunda instancia, proferidas en el
citado asunto; y los documentos aportados con la solicitud de amparo.

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Valle del Cauca, y el municipio de Pradera, en la que solicitaron el reconocimiento
y pago de una indemnización de perjuicios estimada en la suma de $707’969.549 7.

El asunto correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, el cual, luego de agotadas las etapas procesales establecidas, dictó
sentencia el 6 de diciembre de 2018 en la que negó las pretensiones de la demanda.

Para arribar a la anterior conclusión, analizó el régimen de responsabilidad aplicable
al caso, para acto seguido dar por demostradas las circunstancias de modo, tiempo
y lugar que rodearon el hecho generador del daño y la lesión padecida por la víctima.

Del mismo modo, encontró acreditado que la señalización utilizada para advertir la
existencia de los escombros en la vía pública resultaba insuficiente, para alertar a
los conductores sobre la existencia del peligro. Lo anterior, por cuanto no se tuvo
en cuenta el manual que para tal efecto había expedido el Ministerio de Transporte 8.

No obstante, en atención a que el obstáculo ubicado en el sitio de los hechos fue
dejado por la empresa Acuavalle S.A. E.S.P., que se encontraba realizando obras
para la instalación de tubos para el servicio público de acueducto y alcantarillado,
encontró que dicha empresa era la que tenía la obligación de instalar la señalización
y, en consecuencia, declaró la falta de legitimación en causa por pasiva de las
demandadas.

Contra dicha decisión, se interpuso recurso de apelación el cual fue desatado por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A mediante sentencia del 4 de
septiembre de 2023, en la que confirmó íntegramente la providencia de primera
instancia. Para tal efecto, señaló:

36. Aclarado lo anterior, se infiere que ACUAVALLE S.A. E.S.P., en desarrollo de su
objeto social, por su cuenta y riesgo, estaba ejecutando una obra y, en tal virtud, era
la entidad responsable de señalizar la obra que estaba ejecutando de conformidad
con lo reglado en el artículo 101 de la Ley 769 de 2002 -vigente al momento del
siniestro-, artículo 101, el cual establece que cuando se deba adelantar trabajos que
alteren la circulación en las vías públicas, el interesado en la labor no solo debe
obtener la autorización correspondiente por parte de la autoridad competente sino
que también está obligado a señalizar el lugar de la obra a través de dispositivos
preventivos, reglamentarios e informativos.

[…]

38. Por su parte, la Resolución 1050 de 2004 -vigente para la época de los hechos-,
a través de la cual el Ministerio de Transporte adoptó el manual sobre Dispositivos
para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas, en su capítulo IV
alusivo a la señalización de calles y carreteras afectadas por obras, estableció que,
cuando se ejecuten trabajos de construcción, rehabilitación, mantenimiento o
actividades relacionadas con servicios públicos en una determinada vía que afecten
la circulación de vehículos y personas, dichas situaciones debían ser atendidas con
el objetivo de reducir el riesgo de accidentes y hacer más ágil y expedito el tránsito

7 Cifra tomada del texto de la demanda. (fl.291 cuaderno principal Exp. Ord.)
8 Resolución 1050 del 5 de mayo de 2004.

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de los usuarios, procurando los riesgos en la vía. Así, se estipuló que competía “a la
entidad contratante [entendiéndose como la que está ejecutando la obra] establecer
la responsabilidad de la instalación de señales en las obras que se realicen en la vía
o en zonas adyacentes a ella”, por manera que debía ubicar todos los dispositivos
necesarios para la regulación del tránsito con anterioridad al inicio de la obra, los
cuales debían permanecer durante la ejecución de la misma y ser retirarlos una vez
cesaran las condiciones que dieron origen a su instalación.

La decisión se notificó a las partes e intervinientes mediante correo electrónico
remitido el 25 de septiembre de 20239.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora acusó la sentencia de haber incurrido en defecto fáctico por indebida
valoración de los medios de prueba aportados al proceso, pues, según su entender,
de haber realizado de forma correcta el ejercicio, el resultado del proceso hubiese
sido sustancialmente diferente.

Luego de hacer una extensa transcripción de varias decisiones de la Corte
Constitucional, sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, explicó que se encontraban satisfechos los requisitos generales que
permiten su viabilidad.

Frente al yerro atribuido a la decisión del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, consideró que:

• Tuvo por demostrado que el departamento del Valle del Cauca ya no se
encontraba en la obligación de responder por la vía donde sucedieron los
hechos objeto del proceso.
• Sostuvo que el único responsable era la empresa Acuavalle S.A. E.S.P.,
respecto a la vía en la que se presentó el accidente de tránsito.
• Desconoció las pruebas que acreditaban que el departamento del Valle del
Cauca tenía una obligación sobre la vía anteriormente indicada.

En ese sentido, precisó que con base en el Oficio No. 200-060-112239-0295 del 22
de febrero de 2013, del secretario de infraestructura del departamento del Valle del
Cauca, indicó que la vía donde ocurrió el accidente se encuentra a cargo de dicho
departamento.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Por auto del 8 de marzo de 202410, el magistrado sustanciador de primera instancia
avocó el conocimiento de la solicitud de amparo, ordenó notificar al Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A y al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca; y vinculó como terceros con interés al INVIAS, al municipio de Pradera, al
departamento de Valle del Cauca, y a la empresa Acuavalle S.A. E.S.P.

9 Oficios No.45036 al 45042. Índice 27 de Samai. Exp. Ord. Cuaderno de 2ª Instancia.
10 Índice 5 de Samai. Cuaderno de primera instancia.

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1.6. Intervenciones11

1.6.1. Tribunal Administrativo de Valle del Cauca12

Remitió el link de acceso al expediente ordinario 76001-23-33-000-2013-00396-00
y, frente a los hechos y pretensiones, guardó silencio.

1.6.2. Acuavalle S.A. E.S.P.13

Frente a los hechos que dieron origen al proceso de reparación directa explicó que
no le constan por cuanto la sociedad no fue parte en el asunto.

1.6.3. Departamento del Valle del Cauca14

De manera principal solicitó la desvinculación del trámite constitucional, en la
medida que las pretensiones de la parte accionante cuestionan la decisión que dictó
la autoridad judicial accionada.

1.6.4. INVIAS15

Explicó que el asunto no goza de relevancia constitucional y, en ese sentido, es
improcedente. Lo anterior, dado que no se encuentra conforme con la decisión y
busca que el juez constitucional nuevamente analice los medios de prueba
aportados al proceso.

Frente al debate que plantea la parte actora, estimó que en el proceso ordinario de
reparación directa no se configuró la vulneración de los derechos fundamentales
alegados.

1.6.5. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A16

Por conducto del magistrado ponente de la decisión cuestionada, solicitó que se
declare improcedente la acción de tutela por cuanto el accionante pretende reabrir
el debate probatorio estudiado en el proceso ordinario.

11 Índice 7. Mediante Oficios No. 179210 al 179216 del 18 de marzo de 2024, remitidos a las
siguientes direcciones de correo electrónico: diamarita@gmail.com;
notifmmarin@consejodeestado.gov.co; kdiazl@consejodeestado.gov.co;
cmartinezg@consejodeestado.gov.co; marialc_94@hotmail.com;
notifjsachica@consejodeestado.gov.co; notiffpardo@consejodeestado.gov.co;
s02tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co; s01tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co;
notificacionjudicial@acuavalle.gov.co; oficinajuridica@pradera-valle.gov.co;
njudiciales@valledelcauca.gov.co; ntutelas@valledelcauca.gov.co; njudiciales@invias.gov.co;
12 Índice 9 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
13 Índice 13 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
14 Índice 14 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
15 Índice 15 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
16 Índice 11 de Samai. Cuaderno de primera instancia.

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1.6.6. Municipio de Pradera

Pese a haber sido notificado de la existencia de la acción constitucional, dentro de
la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

1.7. Sentencia de primera instancia17

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B dictó sentencia el 8 de abril
de 2024 en la que declaró improcedente la acción constitucional, por cuanto no se
superó el requisito de relevancia constitucional.

Precisó que los reproches que son planteados en sede de tutela son idénticos a los
expuestos en el recurso de apelación interpuesto contra la decisión de primera
instancia que dictó en su oportunidad el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Asimismo, enfatizó que lo pretendido por los accionantes es que el juez de tutela
reabra el debate que quedó zanjado con ocasión de las providencias proferidas al
interior del proceso de reparación directa.

1.8. Impugnación18

La apoderada judicial de los accionantes impugnó la decisión de primera instancia;
sin embargo, en el escrito no pone de presente las razones de hecho y de derecho
que lo separan de la decisión de primera instancia.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para resolver la impugnación formulada por la parte
accionante, conforme lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el numeral 5º del
artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Cuestión previa

La parte accionante, en su escrito de impugnación no realizó ninguna exposición
sobre los motivos de hecho y de derecho que lo apartaban de la decisión de primera
instancia, así como tampoco presentó escrito alguno en el trámite de segunda
instancia.

17 Índice 18 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
18 Índice 24 de Samai. Cuaderno de primera instancia. En este punto se acota que la sentencia se

notificó mediante Oficio No. 181850 remitido a través de correo electrónico del 18 de abril de 2024 y
el escrito contentivo de la impugnación fue radicado el 19 siguiente y, en consecuencia, se tiene por
presentado de forma oportuna.

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Al respecto, esta Sala debe precisar que el criterio mayoritario de la Sección era
que, constituía una carga para el impugnante exponer los motivos de inconformidad
con base en los cuales recurría un fallo de tutela. Tal requerimiento se sustentaba
tanto en las disposiciones del Decreto 2591 de 1991, como en los pronunciamientos
de la Corte Constitucional19 y esta Corporación20.

No obstante, en sentencia del 16 de mayo de 202421 la Sala recogió dicha postura
atendiendo a que el órgano de cierre en materia constitucional ha sostenido que el
término legal de 3 días para recurrir, debe entenderse como el plazo para manifestar
tal voluntad, lo que es suficiente para que aquella se tramite. Esto con fundamento
en que el Decreto Ley 2591 de 1991, norma especial, no exige la carga de
motivación.22

A su vez, la Corte Constitucional ha manifestado una postura pacífica y reiterada en
cuanto a que la impugnación: (i) es un recurso de rango constitucional; (ii) apunta a
garantizar los derechos a la defensa y contradicción; (iii) contribuye a la corrección
de la decisión; (iv) tiene como única exigencia que se presente dentro del término
legal23; (v) se concede en el efecto devolutivo24, con el fin de garantizar la protección
inmediata de los derechos fundamentales25, y (vi) autoriza al juez de tutela para que
revise los argumentos presentados desde el escrito inicial y, en caso de estimarlo
necesario, solicite informes o decrete pruebas con el fin de contrastar las
actuaciones adelantadas ante la primera instancia26.

19 Ver entre otras la Sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional. La misma Corporación en

sentencia T-094-13 indicó: «e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración
en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. Esta exigencia es comprensible pues,
sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al
interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional
de sus derechos».
20 Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate. Sentencia 19 de septiembre de

2018. Exp. 11001-03-15-000-2018-01300-01. Ver entre otras las sentencias del Consejo de Estado
del 12 de mayo de 2016 Exp. 2015-03501-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, del 25 de
agosto de 2016 Exp. 2016-01130-01, 27 de octubre de 2016 Exp. 2016-01234-01, 19 de septiembre
de 2018. Exp. 11001-03-15-000-2018-01300-01 M.P. Rocío Araújo Oñate, del 15 de diciembre de
2015 Exp. 11001-03-15-000-2015-01828-01. M.P Carlos Enrique Moreno Rubio, del 9 de febrero de
2017. M.P. Rocío Araújo Oñate. Exp. 11001-03-15-000-2016-02014-01, del 15 de noviembre de
2017. M.P. Rocío Araújo Oñate. Exp. 11001-03-15-000-2017-01880-01 y del 26 de abril de 2018.
Exp. 11001-03-15-000-2017-02928-01. M.P. Rocío Araújo Oñate, del 9 de noviembre de 2017. Exp.
11001-03-15-000-2016-02743-01. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 16 de

mayo de 2024, expediente 11001-03-15-000-2023-06476-01. MP. Gloria María Gómez Montoya. Se
aclara que el doctor Omar Joaquín Barreto Suárez manifestó que aclaraba el voto y el doctor Luis
Alberto Álvarez Parra no participó en dicha decisión.
22 Corte Constitucional, Auto 567 de 2019 y las Sentencias T-286 de 2018 y T-538 de 2017.
23 Corte Constitucional, Auto A 014A de 1997, 033 de 2000 y 078 de 2001; y las sentencias T-225

de 1993, T-034 de 1994, T-661 de 2014 y T-286 de 2018.
24 El artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 dispone que el fallo de primera instancia puede ser

impugnado, “sin perjuicio de su cumplimiento inmediato”. Esto ha sido reiterado en las Sentencias
C-122 de 2018, reiterando en los fallos T-577 de 1993, T-068 de 1995, T-559 de 1995, T-162 de
1997 y los Autos 567 de 2019 y 132 de 2012.
25 Ello quiere decir que, las órdenes del juez de primera instancia son de obligatorio cumplimiento

con independencia de si se interpuso el recurso de impugnación.
26 Corte Constitucional, Sentencia C-227 de 2009.

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Por lo anterior, si la impugnación presentada por la parte actora se pone en
conocimiento del juez de tutela de segunda instancia de manera oportuna, no puede
negarse el estudio de fondo de su caso, argumentando la falta de carga
argumentativa de la misma, por cuanto no se requiere sustentar el recurso de
impugnación cuando de acciones de tutela se trata.

En tal sentido, la simple manifestación del recurrente de que impugna la decisión
del a quo resulta suficiente para que el operador jurídico estudie la solicitud inicial y
los demás elementos que aparezcan en el expediente para basar en ellos su
decisión.

Por lo mismo, no es posible exigirle a la parte tutelante que reitere la totalidad de
los argumentos expuestos en el escrito inicial con el fin de que estos puedan ser
estudiados.

Así las cosas, si bien el actor se limitó a indicar que impugnaba la decisión, esta
Sala tiene el deber legal y constitucional de estudiar todos los reparos expuestos en
el escrito inicial, pues como ya fue advertido, el único requisito de procedibilidad
para el trámite de la impugnación es que se presente dentro del término
legalmente establecido.

2.3. Problema jurídico

Conforme lo establecido en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
accionante, el material probatorio recaudado y la decisión dictada en primera
instancia corresponde a la Sala definir si confirma, modifica o revoca la sentencia
del 8 de abril de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B. Para lo cual, se deberán abordar los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan los requisitos adjetivos de procedencia de la acción de tutela en
contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:

• ¿El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A vulneró derechos
fundamentales al debido proceso y el acceso a la administración de justicia
de los señores Yorman Andrés Castillo Prado, Luis Armando Castillo Moreno,
Luz Stella Prado Cardona, Diego Armando Castillo Prado, Hermilia Arrechea
Moreno, Alba Rosa Cardona López y José Alberto Pernia; con ocasión de la
sentencia del 7 de septiembre de 2023, proferida al interior del proceso
ordinario 76001-23-33-000-2013-00396-00?

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de

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tutela contra providencia judicial; ii) de los requisitos generales de procedibilidad de
la tutela contra providencia judicial y iii) el caso en concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201227
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema28 y declaró su
procedencia.29

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Relevancia constitucional

Para el caso en concreto, la Sala anticipa que confirmará la sentencia del 8 de abril
de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que
declaró la falta de relevancia constitucional, puesto que no cumple con las reglas
establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202230.

27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María

Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
28 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
29 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
30 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de
los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de
igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una
instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes
o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal31 (Énfasis de la
Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico32; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional33.

[…]

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

[…]

31 Sentencia SU-573 de 2019.
32 Sentencia SU-103 de 2022.
33 Sentencia SU-103 de 2022.

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Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales]
y no a problemas de carácter legal34”. En este orden, se reitera que el examen de
relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera
“inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales35”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.

[…]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto36, lo que implica verificar que en efecto
se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los
derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal37. (Resaltado de
la Sala)

Tras analizar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche una
decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte
Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S. no
cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad para
interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el alcance de
un derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal; (iii)
planteaba una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con la
carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación
de los derechos fundamentales invocados.

2.6. Caso concreto

La Sala confirmará la decisión de primera instancia, por cuanto el debate que se
pretende ventilar vía acción de tutela no goza de relevancia constitucional.

Los señores Yorman Andrés Castillo Prado, Luis Armando Castillo Moreno, Luz
Stella Prado Cardona, Diego Armando Castillo Prado, Hermilia Arrechea Moreno,
Alba Rosa Cardona López y José Alberto Pernia promovieron demanda de
reparación directa contra el INVIAS, el departamento del Valle del Cauca, y el
municipio de Pradera, en la que solicitaron el reconocimiento y pago de una
indemnización de perjuicios.

El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca y el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A concluyeron que las entidades demandadas no gozaban de
legitimación en la causa por pasiva, por cuanto, conforme los medios de prueba

34 Sentencia SU-103 de 2022.
35 Sentencia SU-128 de 2021.
36 Sentencia SU-573 de 2019.
37 Ibid.

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arrimados al proceso, la responsable era la empresa Acuavalle S.A. E.S.P., la cual
no fue demandada y tampoco llamada en garantía.

En el escrito contentivo de la acción de tutela se acusó la decisión de haber incurrido
en defecto fáctico, por cuanto, estiman los accionantes, el departamento del Valle
del Cauca si se encuentra en la obligación de responder por el daño que soportó la
víctima y su núcleo familiar. Es decir, en otros términos, se insiste en que dicho ente
territorial si debe soportar la pretensión procesal formulada en la demanda de
reparación directa.

A partir del mencionado panorama, prontamente se colige que el objetivo de la
acción de tutela es que el juez constitucional realice un tercer estudio del caudal
probatorio arrimado al proceso, para acoger la tesis analizada tanto en primera
como en segunda instancia.

En ese sentido, el simple alegato de una vulneración no conlleva a que el asunto
puesto en conocimiento del juez de tutela revista necesariamente relevancia
constitucional, pues para ello se requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio
hermenéutico y argumentativo que permita entrever que la controversia gira en torno
al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental. Esto, pues la competencia
de este juez se restringe a la protección efectiva de las garantías constitucionales y
no a problemas de carácter legal o a estudiar una mera inconformidad con las
decisiones adoptadas por los jueces naturales.

La administración de justicia garantiza que los funcionarios judiciales gocen de
autonomía e independencia en sus decisiones, circunstancia por la que, en
principio, no es procedente reprochar sus decisiones vía acción de tutela; máxime
cuando se advierte, como en el presente caso, que el debate planteado por la parte
actora busca mutar el amparo constitucional en una tercera instancia. En ese
sentido, se tiene que:

Escrito de tutela Sentencia
Por el contrario, reposa en el expediente 36. Aclarado lo anterior, se infiere que
Oficio No. 200-060-112239-0295 del 22 de ACUAVALLE S.A. E.S.P., en desarrollo de
febrero de 2013, en el cual el Secretario de su objeto social, por su cuenta y riesgo,
Infraestructura del DEPARTAMENTO DEL estaba ejecutando una obra y, en tal virtud,
VALLE DEL CAUCA le informa a la era la entidad responsable de señalizar la
Secretaria de Planeación del MUNICIPIO obra que estaba ejecutando de
DE PRADERA que dicho trayecto era una conformidad con lo reglado en el artículo
vía secundaria a cargo del ente 101 de la Ley 769 de 200225 -vigente al
departamental y con código No. 25VL13 (fl. momento del siniestro-, artículo 101, el cual
73). Debe decirse que dicha información establece que cuando se deba adelantar
fue reiterada por el Director Territorial de trabajos que alteren la circulación en las
INVIAS en el Valle del Cauca mediante vías públicas, el interesado en la labor no
oficios Nos. DT-VAL 20744 del 23 de abril solo debe obtener la autorización
de 2014 y DT-VAL-2339 del 07 de mayo de correspondiente por parte de la autoridad
2014 (fl. 245 y 251). competente sino que también está obligado
a señalizar el lugar de la obra a través de
dispositivos preventivos, reglamentarios e
informativos.

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40. Bajo ese designio probatorio y
normativo, se impone concluir que si bien
el departamento del Valle del Cauca tenía
a su cargo la vía en la que ocurrió el
siniestro, lo cierto es que, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 101 y 102
de la Ley 769 de 2002 y en el capítulo IV de
la Resolución 1050 de 2004, la responsable
de instalar la señalización necesaria para
advertir el peligro y evitar la ocurrencia de
accidentes era ACUAVALLE S.A. E.S.P.,
pues, según el oficio No. AC-GER-7040,
“para el 9 de junio de 2011, dicha sociedad
se encontraba realizando la construcción
del acueducto Pradera – La Tupia Grupo 1
(K0+000 A K5+ 550) cuyas abscisas
terminaban en el sector Avícola Santa
Ana”.

En ese sentido, se advierte que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
A tuvo en cuenta los medios de prueba aportados al proceso, y a partir del ejercicio
de valoración concluyó una tesis, la cual, difiere de la que sostiene el accionante en
este estadio. Dicha situación, conforme se ha expuesto en precedencia, no da lugar
a acceder al amparo solicitado, pues, en últimas, es una mera inconformidad de la
parte con el juez natural.

A partir de lo expuesto, se reitera que el juez constitucional no está instituido como
órgano de control de las decisiones judiciales que son adoptadas en el curso de los
procesos, los cuales se adelantaron conforme las etapas que para tal efecto
estableció el legislador. De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de la
acción de tutela y la desarticulación de la organización judicial.

Lo expuesto adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que la decisión objeto
de acción de tutela, corresponde a un fallo dictado por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, esto es el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo en materias de responsabilidad del Estado, circunstancia que impone
en cabeza del accionante demostrar de manera contundente una conducta
caprichosa o arbitraria al momento de adoptarse la decisión.

Para la Sala resulta claro que, por un lado, la solicitud de amparo constitucional
busca una nueva valoración de los medios de prueba, en la que se acoja el criterio
del accionante; y, por otro lado, se tiene que la tutela no acredita que la autoridad
judicial accionada haya proferido la sentencia de forma irregular o en detrimento del
derecho fundamental al debido proceso de los accionantes.

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2.7. Conclusión

La Sala concluye que la discusión planteada en la acción de tutela no superó el
requisito de relevancia constitucional, por lo que se impone confirmar el fallo de
primera instancia.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 8 de abril de 2024, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
Aclara voto

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Salva voto

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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