Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01137-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01137-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01137-01
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
12 de julio de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01137-01
Accionantes: María Patricia Tobón Yagarí y otra
Se modifica la sentencia de primera instancia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., doce (12) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01137-01
Accionantes: María Patricia Tobón Yagarí y otra
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Tutela contra providencia proferida dentro
del trámite incidental de desacato / Inaplicación de la sanción por desacato / Se modifica la
sentencia de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación presentada por Luis Alberto Pérez Zapata contra la
sentencia proferida el 2 de mayo de 2024 por la Sección Primera del Consejo de
Estado, mediante la cual se concedió el amparo de los derechos fundamentales
invocados en la acción de tutela y se ordenó dejar sin efectos los autos proferidos el
18 de octubre de 2023 y el 15 de enero de 2024 por el Juzgado Segundo Administrativo
de Medellín, y el 24 de octubre de 2023 y el 17 de enero de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia. Todos ellos fueron dictados en el incidente de desacato
con radicado 05001-33-33-002-2022-00426-07/08
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer del asunto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y
en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1.- El 7 de marzo de 2024 María Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yara
interpusieron, en nombre propio, una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
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Accionantes: María Patricia Tobón Yagarí y otra
Se modifica la sentencia de primera instancia
de Antioquia y el Juzgado Segundo Administrativo de Medellín. Las accionantes
consideraron vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y buen nombre por los autos antes mencionados, que
impusieron, confirmaron y se abstuvieron de inaplicar sanciones por desacato a lo
ordenado en la sentencia de tutela del 5 de octubre de 2022.
2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones (se transcriben):
<<PRIMERO: AMPARAR nuestros derechos fundamentales al debido proceso, a la
tutela judicial efectiva, buen nombre, y patrimonio de las suscritas.
SEGUNDO: En consecuencia, se ORDENE al JUZGADO SEGUNDO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, inaplicar las sanciones impuestas
a las suscritas, a través de autos fechados del 01 de marzo de 2023 – 11 de mayo de
2023 – 18 de octubre de 2023 – 15 de enero de 2024, confirmados en autos de fecha
07 de marzo de 2023 – 18 de mayo de 2023 – 24 de octubre de 2023 – 17 de enero de
2024 por el TRIBUNAL ADMINISTRTAIVO DE ANTIOQUIA en sus diferentes salas,
consistentes en multa de un (01) S.M.M.L.V., contra las suscritas.
TERCERO: Se ORDENE al JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE MEDELLÍN, proferir una nueva decisión que estudie de fondo las solicitudes de
inaplicación de la sanción presentada por parte de la Unidad para las Víctimas,
observando los asuntos relevantes dentro del trámite sancionatorio por desacato
descrito en el acápite de los hechos y las consideraciones la Sentencia SU- 034 de 2018
y el Auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional.
CUARTO: ORDENAR al JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
MEDELLÍN Y Al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, que comunique a la
autoridad encargada de la ejecución de la sanción de multa, que la misma se han
levantado con ocasión a la acreditación de la imposibilidad del cumplimiento de la orden
judicial de tutela y atendiendo lo dispuesto en la Resolución No. 1049 de 2019 y la
jurisprudencia aplicable al caso del Consejo de estado y la Corte Suprema de Justicia.
QUINTO: CONMINAR al JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE MEDELLÍN y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, a que acate y
aplique los precedentes jurisprudenciales frente a la procedencia del levantamiento de
la sanción, previa acreditación del cumplimiento de la orden y/o acreditando las razones
que imposibilitan su cumplimiento, con base en la naturaleza persuasiva del incidente
de desacato>>.
B. Hechos
3.- Las accionantes basaron su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:
3.1.- El 5 de septiembre de 2022 Luis Alberto Pérez Zapata instauró una acción de
tutela contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV)
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para obtener el amparo de sus derechos fundamentales de petición y debido proceso.
En la solicitud de amparo expuso que no recibió una respuesta oportuna y de fondo a
la solicitud que elevó ante la UARIV, relacionada con el pago efectivo de la
indemnización administrativa que le fue reconocida en la Resolución 04102019-93677
del 6 de diciembre de 2019.
3.2.- La tutela correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo de
Medellín, que declaró la carencia actual de objeto por hecho superado en sentencia del
19 de diciembre de 2022. El accionante, señor Luis Alberto Pérez Zapata, impugnó la
decisión.
3.3.- Mediante sentencia del 5 de octubre de 2022, el Tribunal Administrativo de
Antioquia revocó el fallo impugnado y concedió la solicitud de amparo. En
consecuencia, le ordenó a la UARIV emitir una respuesta de fondo a la solicitud elevada
por el accionante, indicando un plazo razonable para el pago de la indemnización
administrativa.
3.4.- Luis Alberto Pérez Zapata solicitó la apertura de cuatro incidentes de desacato
contra la UARIV por incumplimiento de la sentencia del 5 de octubre de 2022.
3.4.1.- Mediante auto del 1° de marzo de 2023, el Juzgado Segundo Administrativo de
Medellín declaró en desacato a la accionante María Patricia Tobón Yagarí (directora
general de la UARIV) y la sancionó con una multa de un (1) salario mínimo legal
mensual vigente. Al resolver el grado jurisdiccional de consulta, el Tribunal
Administrativo de Antioquia confirmó la decisión en el auto del 7 de marzo de 2023.
3.4.2.- Mediante auto del 11 de mayo de 2023, el Juzgado Segundo Administrativo de
Medellín declaró en desacato a la accionante María Patricia Tobón Yagarí (directora
general de la UARIV) y la sancionó con una multa de un (1) salario mínimo legal
mensual vigente. El Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la decisión en el auto
del 18 de mayo de 2023, que resolvió el grado jurisdiccional de consulta.
3.4.3.- Mediante auto del 18 de octubre de 2023, el Juzgado Segundo Administrativo
de Medellín declaró en desacato a las accionantes María Patricia Tobón Yagarí
(directora general de la UARIV) y Sandra Viviana Alfaro Yara (directora técnica de la
UARIV) y las sancionó con una multa de un (1) salario mínimo legal mensual vigente.
El Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la decisión en el auto del 24 de octubre
de 2023, que resolvió el grado jurisdiccional de consulta.
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3.4.4.- Mediante auto del 15 de enero de 2024, el Juzgado Segundo Administrativo de
Medellín declaró en desacato a las accionantes María Patricia Tobón Yagarí (directora
general de la UARIV) y Sandra Viviana Alfaro Yara (directora técnica de la UARIV) y
las sancionó con una multa de un (1) salario mínimo legal mensual vigente. El Tribunal
Administrativo de Antioquia confirmó la decisión en el auto del 17 de enero de 2024,
que resolvió el grado jurisdiccional de consulta.
3.5.- El 16 de enero de 2024 las accionantes presentaron una solicitud de inaplicación
de la sanción por desacato ante el Juzgado Segundo Administrativo de Medellín.
C. Fundamentos de la vulneración
4.- Las accionantes sostienen que el Juzgado Segundo Administrativo de Medellín y el
Tribunal Administrativo de Antioquia incurrieron en los defectos sustantivo, fáctico, por
desconocimiento del precedente y por violación directa de la Constitución.
4.1.- Señalan que se configuró un defecto sustantivo y por desconocimiento del
precedente porque no se aplicó la regla jurisprudencial contenida en la sentencia SU-
034 de 2018 de la Corte Constitucional, según la cual el juez debe modular las
sanciones por desacato impuestas a funcionarios de la UARIV que incumplieron
órdenes de amparo relacionadas con el pago efectivo de la indemnización
administrativa a favor de víctimas del conflicto armado.
4.2.- Afirman que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un defecto fáctico
porque valoraron arbitrariamente (i) la Resolución 04102019-93677 del 6 de diciembre
de 2019 que reconoció a Luis Alberto Pérez Zapata como beneficiario de la
indemnización administrativa y (ii) los informes que rindió la UARIV en el incidente de
desacato, que dan cuenta de la imposibilidad material y jurídica de indicar un plazo
razonable para el pago efectivo de la indemnización administrativa. Además, alegan
que las providencias reprochadas vulneraron directamente las garantías
constitucionales del debido proceso, la igualdad, la seguridad jurídica, la confianza
legítima y la buena fe.
5.- Por otra parte, indican que han desplegado acciones tendientes al cumplimiento del
fallo de tutela, pero que en el momento les era imposible señalar una fecha cierta para
el pago de la indemnización administrativa. En concreto, explican que la Unidad aplica
anualmente un Método Técnico de Priorización1 para determinar el orden de los pagos
en la respectiva vigencia fiscal, y el señor Luis Alberto Pérez Zapata aún no ha obtenido
1 Reglamentado en la Resolución 1049 de 2019 de la UARIV.
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el puntaje mínimo para priorizar el desembolso de su indemnización. Por lo tanto,
afirman que la Unidad continuará aplicando el Método Técnico de Priorización cada
año hasta que el resultado permita indicar una fecha cierta para el pago.
5.1.- Agregan que el derecho a la indemnización administrativa de las víctimas del
conflicto armado es una obligación a cargo del Estado, pero no constituye un derecho
fundamental susceptible de amparo por los jueces de tutela. Además, sostienen que
las decisiones judiciales en materia de indemnizaciones administrativas deben ser
armónicas con los principios de progresividad y sostenibilidad fiscal de los artículos 17
y 19 de la Ley 1448 de 2011.
5.2.- Finalmente, argumentan que las sanciones por desacato no <<cumple[n] una
función sancionatoria per se, sino que se trata de una función persuasiva y coercitiva>>,
de manera que el acatamiento de la orden judicial –en cualquier tiempo– conlleva una
exoneración de la multa. Indican que para imponer la sanción era necesario que las
autoridades judiciales accionadas valoraran el <<elemento subjetivo de la
responsabilidad>>; esto es, que constataran que no hubo acciones positivas por parte
de las incidentadas para dar cumplimiento al fallo en la medida de lo posible. Lo
anterior, con fundamento en que, en casos similares al suyo, se ha concedido el
amparo y ordenado la inaplicación de la sanción por desacato porque no se tuvieron
en cuenta las explicaciones que justifican la falta de cumplimiento íntegro de la orden2.
D. Oposiciones e intervenciones
6.- El Tribunal Administrativo de Antioquia (accionado) afirmó que las accionantes no
han acreditado el cumplimiento de la sentencia del 5 de octubre de 2022, por lo cual
no se han vulnerado sus derechos fundamentales. Indicó que las respuestas que ha
emitido la UARIV a la petición de Luis Alberto Pérez Zapata <<no constituyen
contestaciones de fondo puesto que únicamente se limita a indicarle que su resultado
no le permitió acceder a la medida en 2023 y que nuevamente se aplicará el método
técnico de priorización en la vigencia 2024>>.
7.- El Juzgado Segundo Administrativo de Medellín (accionado) solicitó negar el
amparo porque en todas las etapas del trámite incidental de desacato se han observado
2 En particular, se citaron las siguientes providencias: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
sentencias del 13 de diciembre de 2022, 31 de mayo de 2023, 29 de noviembre de 2023; Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Penal, sentencia del 12 de octubre de 2023; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y
Agraria, sentencia del 3 de agosto de 2023; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, sentencias del 12 de octubre de 2023 y 4 de agosto de 2023; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 31 de marzo de 2023; Corte Constitucional, sentencia
SU-034 de 2018.
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las garantías y los derechos constitucionales de las accionantes. Agregó que las
providencias reprochadas se ajustaron a derecho porque la UARIV no ha acreditado el
cumplimiento del fallo de tutela del 5 de octubre de 2022, toda vez que <<no se ha
allanado a informar dicho plazo al accionante, sino que ha puesto de presente la no
disponibilidad de recursos para el pago>>.
E. Fallo impugnado
8.- Mediante sentencia del 2 de mayo de 2024, la Sección Primera del Consejo de
Estado accedió parcialmente a la solicitud de amparo. En particular, resolvió (i) declarar
la improcedencia de la acción de tutela respecto de los autos del 7 de marzo de 2023
y 18 de mayo de 2023 del Tribunal Administrativo de Antioquia por incumplimiento del
requisito de inmediatez; (ii) amparar los derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia de las accionantes; (iii) dejar sin efectos los autos
del 18 de octubre de 2023 y 15 de enero de 2024 del Juzgado Segundo Administrativo
de Medellín y los autos del 24 de octubre de 2023 y 17 de enero de 2024 del Tribunal
Administrativo de Antioquia; y (iv) instar a la Dirección Técnica de Reparaciones de la
UARIV para que continúe aplicando anualmente el Método Técnico de Priorización
para el pago de la indemnización administrativa de la que es beneficiario Luis Alberto
Pérez Zapata.
8.1.- Para sustentar su decisión, expuso que los cargos contra los autos del 7 de marzo
de 2023 y 18 de mayo de 2023 del Tribunal Administrativo de Antioquia no superan el
requisito de inmediatez, toda vez que no transcurrió un plazo razonable entre la
notificación de dichas providencias y la presentación de la solicitud de amparo. Sin
embargo, precisó que la acción de tutela sí era procedente respecto de los autos del
24 de octubre de 2023 y 17 de enero de 2024 del Tribunal Administrativo de Antioquia.
8.2.- Consideró que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un defecto
fáctico porque no valoraron racionalmente las pruebas aportadas al trámite incidental.
Particularmente, señaló que las solicitudes de inaplicación de la sanción y la
Resolución 04102019-93677 del 6 de diciembre de 2019 daban cuenta de la
imposibilidad de cumplir la orden judicial hasta tanto los resultados del Método Técnico
de Priorización lo permitieran. En consecuencia, concluyó que la UARIV se ha
mantenido en intentar <<persuadir al juez de tutela de abstenerse de aplicar una
sanción y valorar las gestiones adelantadas para descartar la hipótesis de un
incumplimiento deliberado de la sentencia de tutela>>.
8.3.- Así mismo, encontró que se configuró un <<defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial>> contenido en las sentencias SU-254 de
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Accionantes: María Patricia Tobón Yagarí y otra
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2013 y SU-034 de 2018 de la Corte Constitucional sobre los criterios de priorización
que deben tener en cuenta los jueces constitucionales en los casos en que se ordena
a la UARIV el reconocimiento y pago de indemnizaciones administrativas.
F. Impugnación
9.- Mediante escrito radicado el 22 de mayo de 2024, Luis Alberto Pérez Zapata (tercero
interesado) impugna la sentencia del 2 de mayo de 2024 de la Sección Primera del
Consejo de Estado. Sostiene que no es constitucionalmente admisible que las
respuestas brindadas por la UARIV se limiten a informar que aplicó el Método Técnico
de Priorización, sino que es necesario que se indique un plazo aproximado para el pago
de la indemnización. Argumenta que la falta de respuesta de fondo implica un
incumplimiento de la orden judicial proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia
en la sentencia del 5 de octubre de 2022, lo cual da lugar a una sanción por desacato.
Por último, afirma que el fallo impugnado vulnera los principios de la tutela judicial
efectiva, la seguridad jurídica, la buena fe y la confianza legítima, así como el derecho
a la atención y reparación integral de las víctimas del conflicto armado.
II. CONSIDERACIONES
10.- La Sala modificará la sentencia del 2 de mayo de 2024 de la Sección Primera del
Consejo de Estado, así: (i) confirmará la improcedencia de la solicitud de amparo frente
a los autos del 7 de marzo y 18 de mayo de 2023 del Tribunal Administrativo de
Antioquia; (ii) confirmará el amparo al derecho fundamental al debido proceso de las
accionantes y la orden de dejar sin efectos los autos proferidos por el Tribunal
Administrativo de Antioquia el 24 de octubre de 2023 y el 17 de enero de 2024 en los
incidentes de desacato con radicado 05001-33-33-002-2022-00426-07/08; (iii)
ordenará al Tribunal Administrativo de Antioquia proferir decisiones de reemplazo en
los referidos incidentes de desacato y (iv) confirmará la decisión de instar a la Dirección
Técnica de Reparaciones de la UARIV para que continúe aplicando anualmente el
Método Técnico de Priorización para el pago de la indemnización administrativa de la
que es beneficiario Luis Alberto Pérez Zapata.
G. Se encuentran satisfechos los requisitos generales que habilitan la
procedencia de la acción de tutela contra los autos del 24 de octubre de 2023 y
17 de enero de 2024 del Tribunal Administrativo de Antioquia
11.- En primer lugar, como lo señaló el juez de primer grado, los cargos contra los autos
del 7 de marzo y 18 de mayo de 2023 del Tribunal Administrativo de Antioquia son
improcedentes por incumplimiento del requisito de inmediatez, pues el amparo no se
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solicitó dentro de un término razonable y proporcional. Lo anterior, en virtud de que
transcurrieron más de 11 meses y 9 meses, respectivamente, entre la notificación de
las providencias y la presentación de la acción de tutela.
12.- Respecto de los autos del 24 de octubre de 2023 y 17 de enero de 2024 del
Tribunal Administrativo de Antioquia, los requisitos generales de procedencia sí se
cumplen, toda vez que (i) las accionantes indicaron de manera clara los hechos y las
razones en que se fundamenta la acción; (ii) el asunto es de evidente relevancia
constitucional porque se alega la vulneración de los derechos al debido proceso,
acceso a la administración de justicia y buen nombre y se invocan los defectos en los
que habrían incurrido las providencias acusadas, los cuales no fueron objeto de análisis
en el proceso ordinario; (iii) se cumple el requisito de subsidiariedad porque las
accionantes agotaron todos los mecanismos judiciales a su alcance y contra la
providencia atacada no procede ningún recurso; (iv) la solicitud se presentó en un
término prudencial (inmediatez), puesto que las decisiones se notificaron el 25 de
octubre de 2023 y 18 de enero de 2024 y la tutela se presentó el 7 de marzo de 2024;
es decir, dentro del término de seis (6) meses precisado por esta Corporación y por la
Corte Constitucional3; y (v) no se trata de una decisión proferida en sede de tutela, sino
del trámite incidental de desacato.
H. Las autoridades judiciales accionadas vulneraron el debido proceso de las
accionantes porque impusieron la sanción sin valorar su conducta
13.- El impugnante afirma que la UARIV aún no ha acatado la orden impartida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia en la sentencia del 5 de octubre de 2022,
consistente en informar una fecha aproximada para el pago de la indemnización
administrativa reconocida en la Resolución 04102019-93677 del 6 de diciembre de
2019. Por lo tanto, sostiene que las sanciones por desacato se deben mantener hasta
que las accionantes cumplan con lo ordenado.
13.1.- Al respecto, amerita mencionar que esta Sala ha resuelto dos acciones de tutela4
análogas a la presente instauradas por las acá accionantes contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia. En los referidos antecedentes se concedió el amparo al
3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014 (C.P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez), rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01 y Corte Constitucional, sentencia T-031 de 2016,
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Sentencias del 28 de mayo de 2024 proferidas por esta Subsección en los procesos de tutela 11001-03-15-000-
2024-01620-00 y 11001-03-15-000-2024-01568-00.
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debido proceso y se ordenó dejar sin efectos las providencias que impusieron las
sanciones por desacato. En concreto, la Sala consideró:
<<41. Aunado a ello, como se mencionó líneas atrás, la Corte Constitucional, a través
de la Sentencia SU-34 de 2018, se pronunció respecto de la procedencia de las
acciones de tutela presentadas en contra de las providencias proferidas en incidentes
de desacato y también se refirió a las sanciones por desacato impuestas por temas
relacionados con el pago de indemnizaciones administrativas.
42. Así, la mencionada corporación recordó que existía un estado de cosas
inconstitucional, ante la vulneración masiva de los derechos de las víctimas del conflicto
y que para la UARIV existía una imposibilidad de efectuar todos los pagos de
indemnizaciones, en el escaso término otorgado por una sentencia de tutela.
43. En ese orden, indicó que las autoridades judiciales deberían contemplar la situación
que ha venido afrontando la UARIV, para cumplir con la obligación de reparar
integralmente a todas las víctimas del conflicto y, con base en esa perspectiva, entender
la imposibilidad de ejecutar de manera inmediata los fallos de tutela que imponen
órdenes de pago de reparaciones, aspecto que, además, escapaba de la capacidad
funcional de la persona encargada de cumplir lo dispuesto en el fallo de tutela. (…)
47. La señora Tobón Yagarí explicó, en los informes rendidos en el marco del incidente
de desacato, que sí brindo una respuesta a [la accionante], en la cual le informó que el
pago de la indemnización administrativa se evaluaba para cada vigencia, a través del
método técnico de priorización y que, una vez realizado el estudio respectivo se
encontró que no cumplía con los requisitos para ser priorizada en la vigencia 2023.
Adicional a ello le señaló que no era posible otorgarle una fecha aproximada o asignarle
un orden de pago pues eso dependía del estudio que se realizaba para cada vigencia.
48. Lo expuesto permite evidenciar que se configuró el desconocimiento de la Sentencia
SU-34 de 2018, pues pese a que la señora Tobón Yagarí, en el trámite de desacató,
demostró que realizó acciones tendientes al cumplimiento del fallo de tutela, no era
viable el cumplimiento del mismo, toda vez que, ante la existencia de un procedimiento
para el pago de la indemnización administrativa, dispuesto en la Resolución No. 1049
de 2019 de la UARIV, era necesario agotar el mismo con el fin de determinar, para cada
vigencia, las víctimas que cumplían con los criterios de priorización y de esa manera
otorgarles el pago>>.
13.2.- Las anteriores consideraciones son aplicables a este caso, pues se advierte que
las accionantes dieron respuesta a las solicitudes en la medida de lo jurídica y
materialmente posible y argumentaron de manera reiterada, suficiente, razonada y
conforme a la jurisprudencia constitucional, por qué no podían indicar una fecha cierta
o un turno de pago de la indemnización administrativa. Además, esas explicaciones no
fueron tenidas en cuenta en los trámites incidentales 05001-33-33-002-2022-00426-
07/08, en los que el Juzgado Segundo Administrativo de Medellín sancionó a las
accionantes mediante autos del 18 de octubre de 2023 y 15 de enero de 2024;
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sanciones que fueron confirmadas en el grado jurisdiccional de consulta por el Tribunal
Administrativo de Antioquia mediante autos del 24 de octubre de 2023 y 17 de enero
de 2024.
13.3.- La Sala advierte que les asiste razón a las accionantes cuando reprochan una
ausencia de valoración de su conducta en los trámites incidentales, que en la práctica
equivale a la aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad para la imposición
de una sanción. Y esto es contrario a la jurisprudencia constitucional invocada en el
escrito de tutela, a la naturaleza jurídica del incidente de desacato y al debido proceso
sancionatorio.
14.- Por lo tanto, si bien la UARIV aún no le ha indicado al impugnante una fecha para
el pago de la indemnización administrativa, ello se debe a una imposibilidad material y
jurídica que no fue tenida en cuenta por las autoridades judiciales accionadas al
imponer las sanciones por desacato. La Resolución 1049 de 2019 de la UARIV exige
que el orden de los pagos se determine según el Método Técnico de Priorización y el
impugnante aún no ha obtenido el resultado mínimo para priorizar el desembolso de su
indemnización. En consecuencia, como lo dispuso el juez de primer grado, la UARIV
deberá continuar aplicando anualmente el Método Técnico de Priorización a Luis
Alberto Pérez Zapata hasta que obtenga el puntaje necesario para que la Unidad pueda
fijar un plazo para el pago de su indemnización administrativa.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFÍCASE la sentencia de primera instancia proferida el 2 de mayo de
2024 por la Sección Primera del Consejo de Estado, que quedará así:
<< PRIMERO: DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela contra los
autos proferidos el 7 de marzo de 2023 y 18 de mayo de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia por incumplimiento del requisito de inmediatez.
SEGUNDO: AMPÁRASE el derecho fundamental al debido proceso de María
Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yara.
TERCERO: DÉJANSE SIN EFECTOS los autos proferidos por el Tribunal
Administrativo de Antioquia el 24 de octubre de 2023 y el 17 de enero de 2024
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Accionantes: María Patricia Tobón Yagarí y otra
Se modifica la sentencia de primera instancia
en los incidentes de desacato con radicado 05001-33-33-002-2022-00426-07 y
05001-33-33-002-2022-00426-08 y, en consecuencia, ORDÉNASE al Tribunal
Administrativo de Antioquia que, dentro de los diez (10) días siguientes a la
notificación de esta sentencia, profiera providencias de reemplazo en el grado
de consulta que se ajusten a lo dispuesto en la parte motiva aquí expuesta.
CUARTO: ÍNSTASE a la Dirección Técnica de Reparaciones de la Unidad para
la Atención y Reparación Integral de las Víctimas a que continúe aplicando
anualmente el Método Técnico de Priorización para establecer el turno de pago
de la indemnización administrativa de la que es beneficiario Luis Alberto Pérez
Zapata>>.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de esta
Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada a la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con salvamento de voto
11
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