Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01155-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01155-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01155-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
8 de agosto de 2024
Demandante: María Eugenia Santa García
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01155-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01155-01
Demandante: MARÍA EUGENIA SANTA GARCÍA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS
Temas: Tutela contra providencia judicial, Requisito de relevancia
constitucional. Confirma providencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación formulada por la parte accionante,
contra la sentencia del 3 de mayo de 2024, en virtud de la cual el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, declaró improcedente la acción de
tutela.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
Con escrito radicado el 8 de marzo de 2024 a través de la ventanilla virtual, la
señora María Eugenia Santa García, actuando en nombre propio, promovió
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Caldas, en la que pretende
el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y la dignidad
humana.
En criterio del accionante, la vulneración de las citadas garantías
constitucionales se materializó en la sentencia del 20 de octubre de 2023,
proferida al interior del proceso identificado con el radicado 17001-33-33-002-
2016-00020-02, la cual revocó la decisión de primera instancia dictada por el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Manizales.
Dicho asunto versó sobre la pretensión de repetición de la Nación – Rama
Judicial - Dirección de Administración Judicial contra la señora María Eugenia
Santa García y en vista de los perjuicios sufridos por la entidad causados por
la condena en contra dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 17001-33-31-002-2006-00059-00/01.
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Demandante: María Eugenia Santa García
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01155-01
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, formuló las siguientes pretensiones:
[…]
SEGUNDO: DEJAR sin valor ni efecto la sentencia proferida el 20 de octubre de
2023 por los Magistrados Fernando Alberto Álvarez Beltrán, Dohor Edwin Varón
Vivas y Augusto Morales Valencia.
TERCERO: DECLARAR, como consecuencia de lo anterior, la firmeza de la
sentencia proferida el 31 de julio de 2019, por el Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito de Manizales, que tuvo en cuenta el precedente jurisprudencial
vigente en la materia para la época de los hechos y respetó el principio de
congruencia, entre otras.1
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes
para la decisión que se adoptará en la sentencia:
A través de Resolución No. 008 del 25 de mayo de 2006, la señora María
Eugenia Santa García, como titular del Juzgado Décimo Civil Municipal de
Manizales, declaró insubsistente al señor Luis Gabriel Herrera Chica, quien
fungía en provisionalidad como asistente judicial.
En vista de lo anterior, el señor Luis Gabriel Herrera Chica instauró demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho2 contra la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial pretendiendo, por un lado, la
nulidad del acto administrativo que declaró su insubsistencia y, por otro lado,
su reintegro.
Por medio de sentencia del 21 de junio de 2010, el Juzgado Administrativo de
Manizales identificó en la Resolución No. 008 del 25 de mayo de 2006 vicios
concernientes a su motivación y, en esta medida, accedió a las pretensiones y
condenó a la entidad a indemnizar al accionante por suma equivalente a los
salarios y prestaciones dejadas de percibir desde su retiro del servicio y hasta
su reintegro.
Esta providencia fue objeto de apelación por parte de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial. En consecuencia, el 10 de diciembre de 2012, el
Tribunal Administrativo de Caldas profirió sentencia de segunda instancia que
confirmó parcialmente la condena impuesta, únicamente revocando el numeral
tercero del fallo del a quo que dispuso descontar lo percibido por el actor por el
ejercicio de otro empleo público.
1 Transcripción literal del texto original con posibles errores.
2 Identificado con radicado No. 17001-33-31-002-2006-00059-00
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Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
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Posteriormente, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial promovió
acción de repetición contra la señora María Eugenia Santa García por
considerar que fue responsable, a título de culpa grave, de la condena impuesta
a la Rama Judicial en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
antes mencionado. En consonancia, solicitó que se ordenara a la aquí actora a
reintegrar el monto a cuyo pago fue condenada la entidad a favor del señor Luis
Gabriel Herrera Chica.
El asunto correspondió en primera instancia al Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito de Manizales, quien emitió fallo el 31 de julio de 2019 negando lo
pretendido. En sustento de su decisión, advirtió la ausencia de culpa grave en
la conducta de la señora María Eugenia Santa García al expedir la Resolución
No. 008 del 25 de mayo de 2006, toda vez que, para la época de expedición de
este acto administrativo, la jurisprudencia del Consejo de Estado precisaba que
los nombrados en provisionalidad podían ser separados del servicio sin
motivación alguna.
Apelada la anterior decisión, mediante sentencia del 20 de octubre de 2023 el
Tribunal Administrativo de Caldas revocó el fallo de primera instancia y, en su
lugar, accedió a las pretensiones invocadas.
El tribunal determinó que la señora María Eugenia Santa García incurrió en
culpa grave con la expedición de la Resolución No.008 de 2006, pues en esta
«recreo una situación de renuncia inexistente» generando una declaratoria
implícita de insubsistencia, lo cual motivó la declaratoria de nulidad del acto
administrativo y la consecuente condena en contra de la Rama Judicial.
1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora, arguyó que la sentencia objeto de controversia constituye una
vía de hecho en contravía de sus garantías constitucionales. Así mismo,
sintetizó los reparos formulados a la providencia judicial en la solicitud de
amparo de la siguiente manera:
La providencia judicial emitida el 20 de octubre de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Caldas (…) (i) desconoció los precedentes jurisprudenciales
en la materia, vigentes para la época de los hechos [mayo de 2006]; (ii) omitió
por completo tener en cuenta las pruebas que aporté y reposan en el
expediente, como si no existieran dentro del proceso; (iii) guardó absoluto
silencio sobre la legitimación en la causa de la que adolecía La Nación - Rama
Judicial - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Manizales, para demandar, como era su deber, y no obstante que se le planteó
como excepción de mérito; (iv) contrarió el principio de congruencia que debe
preceder a las sentencias judiciales; y (v) desconoció el carácter autónomo e
independiente que la ley le otorga al medio del control de repetición frente al
de nulidad y restablecimiento del derecho.
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En concreto, citó la sentencia C-285 de 2002 para sostener que la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial no tenía legitimación para demandarla a
través de la acción de repetición, pues dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho la misma entidad, en ejercicio de su derecho de
defensa y contradicción, pregonó que no era necesario motivar la Resolución
No.008 de 2006 en exclusión de una conducta gravemente culposa de la
funcionaria que la expidió.
Reprochó que la sentencia del Tribunal Administrativo de Caldas del 20 de
octubre de 2023 motivó su decisión en la falsa motivación del acto de
desvinculación del señor Luis Gabriel Herrera, cuanto este vicio nunca fue
referido en la demanda de repetición en desconocimiento del principio de
congruencia. Igualmente, cuestionó que el tribunal revocó la sentencia del a
quo omitiendo indicar el error cometido en esta última
Indicó que la autoridad judicial accionada desconoció la autonomía e
independencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho frente a
la acción de repetición, manifestando que una condena en contra del Estado
no da lugar, necesariamente, a la prosperidad de la pretensión de repetición,
pues esta última requiere acreditar el dolo o la culpa grave del funcionario.
Adicionalmente, criticó que el Tribunal Administrativo de Caldas ignoró tanto
los testimonios rendidos por quienes laboraban en el Juzgado Décimo Civil
Municipal de Manizales en el 2006, así como las copias de las Resoluciones
004 y 008 del 2 de febrero y del 6 de abril del 2006. Precisó que la valoración
de las anteriores pruebas le hubiese permitido al tribunal desvirtuar la presunta
falta de motivación de la Resolución No. 008 de 2006 y concluir que la misma
no fue arbitraria y que, por el contrario, buscaba proteger la integridad de la
administración de justicia.
Reprobó que en la providencia objeto de reproche, no se realizó
pronunciamiento a las excepciones que formuló en su contestación y que
estas únicamente fueron enunciadas por el tribunal incumpliendo con su deber
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos para no declarar la
prosperidad de las excepciones propuestas.
Indicó que la autoridad judicial accionada erró al concluir su culpa grave por
falta de motivación del acto de desvinculación de Luis Gabriel Herrera, pues
para arribar a esta determinación, el tribunal ignoró que, para la fecha de
expedición de este acto administrativo, el Consejo de Estado sostenía que no
se requería motivar la desvinculación para cargos en provisionalidad.
Aseveró que, dentro del proceso de repetición, la Rama Judicial nunca
acreditó el contenido del error u omisión inexcusable que motivaba su
pretensión. Así las cosas, alegó que el fallo acusado pasó por alto que al
momento de proferirse la Resolución No. 008 del 25 de mayo de 2006, no
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existía ninguna norma dentro del ordenamiento jurídico vigente para aquel
entonces que hubiese sido violada.
Tras exponer que su solicitud de amparo superaba todos los requisitos de
procedibilidad de tutela contra providencia judicial, enfatizó en que el Tribunal
Administrativo de Caldas incurrió en un defecto fáctico, ya que las pruebas
testimoniales y documentales aportadas para demostrar la ausencia de dolo o
culpa graves en su actuar no fueron valoradas por la autoridad judicial.
De igual manera, señaló que el tribunal desconoció el precedente
jurisprudencial aplicable al caso, pues para el momento de expedición de la
Resolución No. 008 del 25 de mayo de 2006, el Consejo de Estado sostenía
que no era necesario motivar la decisión de desvinculación de los empleados
nombrados en provisionalidad.
1.5. Trámite de la acción de tutela
El magistrado ponente de la decisión de primera instancia, por auto del 15 de
marzo de 2024, admitió la tutela; negó la medida cautelar solicitada por la parte
actora; y ordenó la notificación de la autoridad judicial accionada y del extremo
activo del proceso de repetición con radicado 17001-33-33-002-2016-00020-02
en calidad de tercero con interés.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, de
conformidad con las constancias que obran en el expediente digital se
recibieron los siguientes escritos:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Caldas
La autoridad judicial accionada sostuvo que la sentencia del 20 de octubre de
2023 se profirió tras un estudio juicioso de los fundamentos fácticos y jurídicos
pertinentes, de manera que no se vulneraron los derechos fundamentales de la
accionante. En este sentido, solicitó que se nieguen las pretensiones de la
acción.
1.6.2. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Manizales
La entidad solicitó la desvinculación del proceso en consideración a que ha
actuado en procura de la defensa de los recursos públicos. Por otro lado,
subrayó que según lo estipulado dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho así como el propio de repetición, la actora
efectivamente surtió un retiro irregular del señor Luis Gabriel Herrera Chica al
declarar su insubsistencia sin la debida motivación que se requería.
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1.6.3. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial afirmó que el Tribunal
administrativo de Caldas adelantó las etapas procesales correspondientes en
el trámite de la acción de reparación y profirió sentencia en derecho tras valorar
el material probatorio aportado por la accionante.
Formuló que lo pretendido por la señora Santa García es la declaratoria de
nulidad de un proceso de cobro coactivo, de manera que el juez de tutela no
está llamado a intervenir en atención a que no se está generando un perjuicio
a la accionante puesto que no se han librado órdenes cautelares.
Asimismo, consideró que la solicitud de amparo es improcedente al no
superarse el requisito de subsidiariedad puesto que la actora debe acudir a la
jurisdicción administrativa para demandar la nulidad de los actos proferidos por
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dentro del proceso de cobro
coactivo.
1.7. Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, profirió sentencia el 3
de mayo de 2024 en la que declaró la improcedencia de la acción de tutela.
Para arribar a la anterior conclusión, estimó que la acción no superó el requisito
de relevancia constitucional. Planteó que del escrito de tutela no se acredita
una vulneración a los derechos fundamentales de la actora sino que se advierte
una inconformidad con la decisión tomada por la autoridad judicial accionada.
Concluyó que el Tribunal Administrativo de Caldas no actuó de manera
arbitraria al proferir la sentencia del 20 de octubre de 2023. Por el contrario,
esbozó fundamentos jurídicos que atienden a las pruebas aportadas al proceso
y las normas y la jurisprudencia aplicable al caso.
Finalmente, precisó que la pretensión de la actora esta revestida de un carácter
netamente económico que escapa a la órbita del juez constitucional, pues
según la Corte Constitucional estas solicitudes deben ser resueltos mediante
los mecanismos ordinarios dentro de la jurisdicción correspondiente.
La anterior decisión se notificó mediante correo electrónico enviado por la
secretaría el 11 de junio de 2024.
1.8. Impugnación
Con escrito radicado el 14 de junio de 2024, la señora María Eugenia Santa
García impugnación a la decisión de primera instancia.
En concreto, explicó que su solicitud de amparo no se fundamenta en una mera
inconformidad con la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
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Caldas. Seguidamente, se opuso a la determinación del a quo según la cual la
providencia controvertida contiene una interpretación razonable de las normas,
la jurisprudencia aplicable y las pruebas aportadas al proceso.
Reiteró la omisión en la que presuntamente incurrió la autoridad judicial
accionada respecto a la valoración de las pruebas aportadas al proceso y el
pronunciamiento sobre las excepciones de mérito que formuló. Así mismo,
volvió a reprochar el silencio del tribunal en lo que atañe al desacierto en que
incurrió el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Manizales en el fallo
de primera instancia.
Finalmente, manifestó que su pretensión no es meramente económica, sino
que se deriva de protección a su derecho fundamental al debido proceso
respecto del cual no cuenta con otro mecanismo ordinario para su defensa.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de impugnación al fallo de tutela
proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991
y el Acuerdo 080 de 2019 del Consejo de Estado.
2.2. Cuestión previa
En el escrito de contestación, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional.
Si bien tal solicitud se formuló en intervención que se allegó en el término
procesal para ello dispuesto, se advierte que el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C omitió pronunciarse sobre ella, por lo cual corresponde
resolverla en esta oportunidad.
La referida petición será negada ya que la vinculación de la entidad solicitante
al proceso se hizo en calidad de tercero con interés. En este sentido, la falta de
legitimación en la causa por pasiva que conduzca a una desvinculación
únicamente puede ser alegada por alguna de las partes.
2.2. Problema jurídico
Conforme lo establecido en los antecedentes, la pretensión invocada por la
parte accionante, el material probatorio recaudado, corresponde a la Sala
determinar si confirma, modifica o revoca la decisión de primera instancia, para
lo cual se debe resolver el siguiente problema jurídico:
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• ¿Se superan los requisitos adjetivos de procedencia de la acción de
tutela en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la respuesta a la anterior interrogante, se resolverá lo
siguiente:
• ¿El Tribunal Administrativo de Caldas vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte actora, con ocasión de la
sentencia del 20 de octubre de 2023, al interior del proceso de repetición
identificado con radicado 17001-33-33-002-2016- 00020-02?
Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción
de tutela contra providencia judicial; ii) de los requisitos generales de
procedibilidad de la tutela contra providencia judicial y iii) análisis del caso en
concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 3
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema4 y declaró
su procedencia.5
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y, iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse
el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia
del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado,
se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión
sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que
la acción no intente reabrir el debate de instancia.
3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
5 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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Es necesario manifestar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para
revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias
del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de
la referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Relevancia constitucional
El criterio de relevancia constitucional establece la distinción que debe existir
entre el juez natural del caso y el juez constitucional, respetando la competencia
que cada uno tiene. Pues, como se ha sostenido en líneas anteriores, con la
acción de tutela no se erige una tercera instancia. Al respecto, la Sala considera
pertinente traer a colación lo expuesto por la Corte Constitucional en la
sentencia SU 215 de 20226, la cual, desarrolló y explicó los derroteros que
deben observarse en aplicación de este requisito de relevancia constitucional.
En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias
judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo
de amparo constitucional contra una decisión judicial:
el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una
alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en
cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo
tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los
jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio
de igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción
de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias
o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.
Lo anterior como un eje fundamental para:
lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico,
pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son
de su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de
la Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
6 M.P. Natalia Ángel Cabo.
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(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de
los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción
como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal7 (Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico8; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional.”9
(…)
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
(…)
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal.”10 En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales”11
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos
a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.
(…)
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto12, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o
violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni
es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal13. (Resaltado de la Sala)
2.5. Caso concreto
Al revisar el escrito introductorio, los memoriales de contestación al amparo
constitucional y las pruebas incorporadas al trámite, la Sala colige que la
7 Sentencia SU-573 de 2019.
8 Sentencia SU-103 de 2022.
9 Sentencia SU-103 de 2022.
10 Sentencia SU-103 de 2022.
11 Sentencia SU-128 de 2021.
12 Sentencia SU-573 de 2019.
13 Ibid.
10
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solicitud de amparo debe ser declarada improcedente por cuanto no supera el
requisito de relevancia constitucional expuesto en líneas anteriores.
Si bien la señora María Eugenia Santa García formuló variados reproches
contra la sentencia proferida el 20 de octubre de 2023, al interior del proceso
de repetición identificado con radicado 17001-33-33-002-2016- 00020-02,
tratándose de una acción de tutela contra providencia judicial, únicamente es
pertinente el análisis de la controversia propuesta en punto del supuesto
defecto por desconocimiento del precedente y el yerro fáctico en que
presuntamente incurrió el Tribunal Administrativo de Caldas.
La parte actora señala, por un lado, que la autoridad judicial accionada dejó de
valorar injustificadamente los testimonios rendidos por quienes laboraban en el
Juzgado Décimo Civil Municipal de Manizales en el 2006, como las copias de
las Resoluciones 004 y 008 de 2006. Así mismo, afirmó que de haberse
valorado las anteriores pruebas el tribunal hubiese encontrado desvirtuada la
culpa grave en la expedición del acto de desvinculación del señor Luis Gabriel
Herrera.
Esta Sala advierte que, desde el ámbito argumentativo, los reparos que son
expuestos en la demanda, pese a hacer una enunciación de garantías
constitucionales, no exponen con suficiencia las razones de peso que
justifiquen la intervención del juez constitucional.
Pese a que en la sentencia cuestionada el Tribunal Administrativo de Caldas
no se detuvo en la valoración de los testimonios decretados y practicados por
el Juzgado Administrativo del Circuito de Manizales, en ella se contemplaron
múltiples elementos de prueba, incluyendo la copia de la Resolución No. 008
del 25 de mayo de 2006.
Solo tras la respectiva valoración probatoria, el tribunal determinó que la actora
incurrió en culpa grave «relacionada con la omisión de las formas sustanciales
o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por
error inexcusable».
Para llegar a dicha conclusión el Tribunal Administrativo de Caldas examinó el
acto de desvinculación del señor Luis Gabriel Herrera, para definir, entre otras
cosas que:
No se puede perder de vista que, en este caso, la demandada, quien ocupaba
el cargo de Juez de la República, nombró a un empleado en reemplazo de otro,
sin más consideración que, hasta ese día 24 de mayo de 2006 había ejercido
el cargo, sin expresar de manera clara el sustento de dicha afirmación,
agregando la consideración de hacerse necesario nombrar un reemplazo,
constituyendo así una declaratoria de insubsistencia implícita; consideración en
la cual, a juicio de la Sala, deviene en un injustificado yerro.
Por otro lado, aunque la accionante señala que el tribunal omitió el precedente
del Consejo de Estado aplicable a su caso concreto, tal aseveración no resiste
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01155-01
el contraste con la sentencia atacada, en la cual, sobre este punto concreto, la
autoridad judicial accionada razonó:
Con relación a que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado para la
época de los hechos consideraban que no era necesaria la motivación del
acto de desvinculación de un empleado en provisionalidad, dicho
argumento, cómo único en defensa de la demandada no es del todo
aceptado, pues en las mismas providencias que resolvieron sobre la nulidad
de la resolución 008 de 25 de mayo de 2006 se citaron como fundamento
sentencias como la SU 250 de 1998, más de 10 sentencias de tutela de los
años 1998 a 2007; y, sentencias del Consejo de Estado de los años 2006 a
2010. Así mismo, la Corte Constitucional desde el año 1998 determinó el
deber de motivar esos actos administrativos, como lo dispuso en sentencia
T-254 de 2006; al igual que la Sala de Consulta y Servicio Civil al proferir
concepto de 14 de julio de 2005 con radicado número 11001-03-06-000-
2005-01652-00(1652), que puede tomarse en este caso, como un
antecedente sobre el tema (…)
Ahora bien, para esta Sala, la discusión debe ir más allá de si en el momento
de declarar la insubsistencia implícita del señor Herrera Chica existía o no
jurisprudencia que considerara innecesario motivar el acto de declaratoria
de insubsistencia; por cuanto lo que se advierte del estudio del acto
proferido es que, la demandada señora María Eugenia Santa García quien
fungía como Juez Décima Civil Municipal, omitió encaminar su voluntad a
proferir el acto necesario con el fin de desvincular a un empleado que
ocupaba en provisionalidad el cargo de asistente judicial; y, no sólo, no
expidió un acto administrativo de insubsistencia motivado; sino que, más
grave aún, elaboró una situación administrativa inexistente en este caso, so
pretexto de aceptación de una renuncia que jamás existió (…)
En este orden de ideas, se encuentra que el amparo constitucional estudiado
no tiene la identidad o trascendencia para aplicar, interpretar o desarrollar
mandatos constitucionales, ya que lo pretendido por la entidad es que se dirima
un asunto de mera legalidad y de naturaleza económica.
Para esta Sala es claro que lo pretendido por la accionante es reabrir el debate
legal y probatorio que fue debidamente agotado en el proceso de repetición,
utilizando la acción de tutela a modo de instancia adicional. En este sentido, no
le es dable al juez constitucional inmiscuirse en la órbita del juez ordinario para
decidir sobre cuestiones que carecen de relevancia constitucional, pues de lo
contrario se pasaría por alto la autonomía con la que cuenta el juez natural del
asunto.
Conforme lo anterior, la pretensión del accionante refleja un inconformismo con
las conclusiones a las que llegó la autoridad judicial accionada, lo cual, per se
no implica una trasgresión de los derechos fundamentales.
En línea con los argumentos expuestos, el asunto que se debate en esta
oportunidad carece de relevancia constitucional. Por las razones expuestas, se
confirmará la sentencia objeto de impugnación.
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III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial por lo expuesto en la cuestión previa de esta sentencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 3 de mayo de 2024 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que declaró improcedente
la acción de tutela promovida por la señora María Eugenia Santa García.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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