Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01161-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01161-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01161-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
18 de abril de 2024
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01161-00
Demandante: Hermes de Jesús Marín Ferrer
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01161-00
Demandante: Hermes de Jesús Marín Ferrer
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Temas: Acción de tutela por la no expedición del certificado de disponibilidad
presupuestal para conceder las vacaciones individuales de
empleado de la Rama Judicial, adscrito al Juzgado Diecisiete Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla.
Violación a los derechos fundamentales al descanso, al trabajo en
condiciones dignas, a la salud y a la igualdad.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela interpuesta en contra del Consejo Superior de la
Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Barranquilla (Atlántico).
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
el señor Hermes de Jesús Marín Ferrer, actuando en nombre propio, promovió
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Demandante: Hermes de Jesús Marín Ferrer
demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al trabajo, a la
dignidad humana, a la igualdad y a la salud. En consecuencia, solicitó lo siguiente:
i) Se ordene a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla (Atlántico) que, dentro
de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, inicie las acciones pertinentes para
la provisión de los recursos y expedición del certificado de disponibilidad presupuestal
que se requiere para conceder las vacaciones.
ii) Se ordene a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla (Atlántico), omita tener
como fundamento la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011, para la
expedición del certificado de disponibilidad presupuestal, en futuras solicitudes de
vacaciones de los empleados del Juzgado Diecisiete Penal Municipal con Funciones
de Control de Garantías de Barranquilla.
iii) Solicitó, que como empleado del Juzgado Diecisiete Penal Municipal con Funciones
de Control de Garantías de Barranquilla, siempre que solicite vacaciones, una vez
causadas y concedidas por el juez y, ante la petición del Juzgado, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Barranquilla (Atlántico), adelante el trámite para la
expedición del certificado de disponibilidad presupuestal.
1.1.2. Los hechos
El accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:
i) Perteneciente al régimen individual de vacaciones de la Rama Judicial el 24 de
noviembre de 2023, solicitó al Juzgado Diecisiete Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Barranquilla (Atlántico), el disfrute de las vacaciones por haber
cumplido un año de servicio de manera ininterrumpida, en el periodo comprendido
entre el 1.° de noviembre de 2022 y el 1.° de noviembre de 2023.
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Demandante: Hermes de Jesús Marín Ferrer
ii) El nominador del Juzgado, inició el trámite ante la Oficina de Presupuestos y la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla (Atlántico),
por medio de correo electrónico los días 24 de noviembre y 22 de diciembre de 2022,
con el objetivo de que se expidiera el certificado de disponibilidad presupuestal. Sin
embargo, tal solicitud no tuvo respuesta.
iii) El día 11 de enero de 2024, el nominador expidió la Resolución 001-2024, por medio
de la cual negó el disfrute de las vacaciones, en razón a las necesidades del servicio;
y a la fecha de la presentación de la tutela, dichas vacaciones no han sido concedidas.
iv) Le asiste razón al juez nominador, cuando manifiesta que la no expedición del
certificado de disponibilidad presupuestal es lo que lo lleva a no poder conceder las
vacaciones, toda vez que no hay personal que cubra la ausencia en tal periodo.
Adicionalmente, la ley le impone que para la realización de las audiencias preliminares
debe estar acompañado de un empleado del despacho, es decir, en caso de
concederse las vacaciones, el despacho no podría adelantar otras funciones, o en su
lugar, todas estas deberían ser asignadas a la secretaria, lo cual sería una carga
excesiva de trabajo.
v) En el año 2023, interpuso acción de tutela por los mismos motivos, y los jueces
constitucionales de primera y segunda instancia le otorgaron el derecho, ordenando a
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla (Atlántico),
expedir el certificado de disponibilidad presupuestal. En dicha acción, la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla (Atlántico), para negar
la solicitud se amparó en la Circular PSAC 11-44 de noviembre de 2011.
vi) Indicó, que por medio de tutela fallada por el Tribunal y confirmada por el Consejo
de Estado, se obligó a la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Barranquilla, expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para los empleados
de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla,
vulnerando flagrantemente el derecho a la igualdad.
1.1.3. Los fundamentos jurídicos
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El accionante presenta como fundamentos de tutela los siguientes:
i) Se desconoce el artículo 53 de la Constitución Política, en el cual se encuentra
inmerso el derecho al disfrute del periodo vacacional, y que es ratificado por el artículo
146 de la Ley 270 de 19961, en la cual se estableció lo siguiente:
ARTÍCULO 146. VACACIONES. Las vacaciones de los funcionarios y empleados de
la Rama Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los
Consejos Superiores y Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las
de los Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia,
Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del
servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura
por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo
nominador en los demás casos, por un término de veintidós días continuos por cada
año de servicio.
ii) Las acciones y omisiones del presente caso, vulneran el Acuerdo Colectivo del 2017,
Serie Documento No. 28, que consagra que «se garantiza la estabilidad laboral en los
términos de la Constitución Política y la [l]ey. En toda actuación administrativa, disciplinaria y
judicial, se atenderán los presupuestos y formas propias del debido proceso y los principios de
favorabilidad y condición más beneficiosa.»
iii) La administración judicial desconoce que las vacaciones, es un derecho adquirido
solo con el hecho de haber laborado un año continúo, colocando toda la capacidad
laboral e intelectual al servicio de un patrono, como ha sucedido en el presente caso,
obviando lo establecido por la Corte Constitucional en sentencia C-019 de 2004, en la
que se señaló que «el descanso conviene entenderlo como la oportunidad que se le otorga
al empleado para recuperar sus fuerzas intelectuales y materiales, proteger su integridad física
y mental, para que comparta con su familia mayores y mejores espacio de encuentro fraternal,
para abordar actividades idóneas al solaz espiritual, para incursionar mas en la lectura y el
conocimiento, y, a manera de posibilidad estética, para acercarse puntualmente al hacer
artístico en sus múltiples manifestaciones».
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Ley estatutaria de la administración de justicia
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iv) La interpretación que la Administración Judicial le da a la circular PSAC11-44 de
2015, es violatoria del derecho a la igualdad, toda vez que, niega derechos
fundamentales adquiridos por los servidores judiciales en el rango de empleados, pero
sí los reconoce a los servidores de rango funcionario, es decir, a los jueces y
magistrados.
v) La negativa del disfrute al periodo vacacional es violatorio al derecho de la salud,
desde el punto de vista de la carga laboral que manejan los despachos, sumado a la
atención del público sensible y reacio a las decisiones judiciales. Adicionalmente, el
periodo vacacional, es el espacio que tiene el trabajador para reflexionar sobre
aspectos que en la jornada laboral se descuidan y no se atienden como es el caso de
la salud.
1.2. Actuación Procesal
1.2.1. El 18 de marzo de 2024, el consejero Rafael Francisco Suárez Vargas admitió
la acción de tutela y, en consecuencia, ordenó i) notificar del proveído al Consejo
Superior de la Judicatura, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Nivel
Central, al Consejo Superior de la Judicatura – Seccional – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, Seccional Atlántico, como demandados; ii) notificar como
tercero con interés en las resultas del proceso al Juzgado Diecisiete Penal Municipal
de Barranquilla; y iii) requerir a las mencionadas autoridades, para que enviaran al
despacho, el expediente administrativo relacionado con la solicitud del certificado de
disponibilidad presupuestal, para el disfrute de las vacaciones del señor Hermes de
Jesús Marín Ferrer, radicada los días 24 de noviembre y 22 de diciembre de 2023, por
el Juzgado Diecisiete Penal Municipal de Barranquilla.
De igual forma, ordenó remitir copia de la solicitud de tutela a la parte accionada y a
los terceros con interés, para que procedieran a ejercer su derecho a la defensa, si a
bien lo tenían, y rendir el respectivo informe dentro de los tres (3) días siguientes a la
notificación del proveído.
1.2.4. El 20 de marzo de 2024, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó
del proveído al accionante, al Consejo Superior de la Judicatura, al Consejo Seccional
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del Atlántico, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Atlántico, a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Barranquilla y al Juzgado Diecisiete Penal
Municipal de Barranquilla.
1.3. Contestación de la demanda
1.3.1. Consejo Superior de la Judicatura
El Consejo Superior de la Judicatura alegó la falta de legitimación en la causa por
pasiva, señalando que, como órgano de gobierno y administración de la Rama Judicial,
tiene funciones administrativas sujetas a la Constitución y a la Ley 270 de 1996.
Además, mencionó decisiones judiciales y normativas que respaldaron la autonomía
administrativa de entidades como la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y
manifestó que la responsabilidad de la expedición del certificado de disponibilidad
presupuestal recae en las direcciones seccionales de administración judicial.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó desvincular al Consejo Superior de la
Judicatura del proceso, argumentando que no es la entidad llamada a responder o a
cumplir con las órdenes que amparen las garantías constitucionales de la accionante,
por cuanto la entidad legitimada en la causa por pasiva es la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Ibagué.
1.3.2. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Ronald Jefferssón Gómez Díaz, en calidad de abogado de la División de Procesos de
la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
solicitó la desvinculación del trámite constitucional, por existir falta de legitimación en
la causa por pasiva y decretar la improcedencia del amparo constitucional, para lo cual,
argumentó que la presente acción no está llamada a prosperar, toda vez que no
cumple con los requisitos generales y específicos para su procedencia y, en su lugar,
sugirió que este derecho laboral debía ser atendido por un juez jurisdiccional.
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Adicionalmente, señaló que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de
acuerdo al artículo 99 de la Ley 270 de 1996, se encarga de la ejecución,
administración y representación de la Rama Judicial, por lo tanto, no ha puesto en
riesgo ni violado ningún derecho fundamental de la accionante, toda vez que, la
apropiación de recursos para la contratación de los reemplazos de los empleados
judiciales con régimen de vacaciones individuales está prohibida.
Conforme con lo anterior, indicó que dar una respuesta positiva a la petición del disfrute
de las vacaciones sería un error, por cuanto esa facultad está por fuera de sus
competencias. Adicional a lo anterior, explicó que el trámite respectivo le corresponde
a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, sin que se entienda
que el actuar de esta sea incorrecto, y que, la situación que se presentaba
correspondía únicamente a un capricho de la entidad o de las seccionales, pues, tal
situación es el resultado, en primer lugar, de la imposibilidad presupuestal al no contar
con los recursos para ello, y en segundo lugar, porque internamente por el reglamento
está prohibido apropiar recursos con ese objetivo.
1.3.3. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Barranquilla
El apoderado, Nelson Emilio Robles Coronel, solicitó desestimar las pretensiones
invocadas por el accionante, por configurarse la falta de legitimación en la causa por
pasiva y no existir vulneración de los derechos fundamentales alegados, en razón a lo
siguiente:
i) La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, no
vulnero los derechos invocados por el accionante, toda vez que, esta no es la
nominadora del accionante, como quiera que trabaja actualmente como oficial mayor,
en el Juzgado Diecisiete Penal Municipal Con Función De Control De Garantías De
Barranquilla, por lo anterior, indicó que quien es el competente para otorgar o no las
vacaciones, es el Juez Nominador, quien conforme a la facultad discrecional que tiene,
decidió de forma libre, consciente y voluntaria negarle el disfrute del periodo
vacacional.
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ii) La Circular PSAC 11-44 de noviembre 23 de 2011, sólo permite que se obtengan
rubros para el caso de Jueces o Magistrados que entran en periodos de vacaciones,
esto por obvias razones, debido a que sería desproporcional asumir tal responsabilidad
sobre Servidores de menor rango. Adicionalmente, la circular en mención establece
una serie de procedimientos que se deben surtir para el disfrute de las vacaciones, de
lo cual el accionante no aporta siquiera prueba sumaria de haberlos agotado.
iii) Finalmente, indicó que, en primer lugar, conforme al régimen de vacaciones
individuales, desarrollado por el artículo 146 de la Ley 270 de 1996, el reconocimiento
del periodo vacacional corresponde únicamente al nominador, y en segundo lugar,
observó que a todas luces, la presente acción constitucional es improcedente, ya que
no existe ningún medio de prueba que demuestre el nexo causal directo con la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Barranquilla y la violación de
los derechos fundamentales invocados.
1.3.4. Juzgado Diecisiete Penal Municipal con Función de Control de Garantías
de Barranquilla
El juez Juan Carlos Stapper Ortega, manifestó no haber amenazado o violado ninguno
de los derechos fundamentales alegados por el accionante y adicionalmente, que su
conducta ha sido acorde con el ordenamiento jurídico y las obligaciones que tiene
como nominador.
Indicó que solicitó a la Pagaduría y/o Financiera de la Dirección Ejecutiva Seccional
de la Administración Judicial de Barranquilla, la expedición del certificado de
disponibilidad presupuestal, para nombrar el reemplazo del accionante, atendiendo la
necesidad del servicio. sin embargo, dicha solicitud no ha sido respondida, por lo que
concluyó que fue negada.
Conforme con lo anterior, se vio compelido a negar las vacaciones al accionante,
debido a que la necesidad del servicio así lo ameritaba, en tanto a que el despacho
judicial, solo está conformado por él y dos empleados más y, adicional a ello, expuso
que de acuerdo con el manual establecido en la Resolución 001-2023, del 17 de
febrero de 2023, son suficientes las funciones que desarrolla cada empleado y por tal
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razón, seria excesivo para uno solo, que, en este caso, sería la secretaria del
despacho, asumir dicha carga laboral.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
De acuerdo con lo previsto en el numeral 8 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069
de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021, según el cual «las
acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas para su conocimiento en primera
instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se resolverá por la
Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el
reglamento al que se refiere el artículo 2 .2.3.1.2.4.», esta Sala de decisión es
competente para conocer del presente asunto.
2.2. Problema jurídico
Consiste en dilucidar si en el caso sub examine, existe vulneración de los derechos
fundamentales al trabajo, a la dignidad humana, a la igualdad y a la salud del señor
Hermes de Jesús Marín Ferrer, por parte del Consejo Superior de la Judicatura, la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Barranquilla, ante la omisión en la expedición del certificado
de disponibilidad presupuestal para el disfrute de las vacaciones individuales del señor
Hermes de Jesús Marín Ferrer.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. De la procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos
fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y se
caracteriza por ser residual y subsidiaria. Dichos caracteres dan cuenta del ámbito
restringido de procedencia de las peticiones que se elevan en ejercicio de este medio
de amparo, ya que el ordenamiento jurídico establece diversas acciones ordinarias que
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se encaminan, igualmente, a la defensa de los derechos que no se pueden pasar por
alto.
En cuanto al instrumento constitucional, la acción de tutela se caracteriza por tener un
procedimiento preferente y sumario, mientras que su ejercicio es subsidiario ante la
existencia de otros mecanismos judiciales de protección. Por ello, cuando el afectado
tiene a su alcance alguna de las acciones ordinarias, igualmente eficaces para la
protección de sus derechos fundamentales, pero prescinde de ellas para beneficio de
las características del amparo, la acción de tutela deberá de ser declarada
improcedente.
Así lo previó el legislador al momento de desarrollar el ejercicio de la acción de tutela,
por lo que el numeral 1.° del artículo 6.° del Decreto 2591 de 1991 estableció
expresamente como causal de improcedencia de la tutela, el que existan otros
recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
A su turno, la jurisprudencia de la Corte Constitucional2 ha reiterado que el juez de
tutela debe analizar los asuntos que llegan a su conocimiento observando
estrictamente el carácter subsidiario y residual de la acción, es decir, que la acción de
tutela únicamente es procedente cuando dentro los diversos medios legales
existentes, ninguno de ellos resulte idóneo para proteger objetivamente el derecho
fundamental invocado.
De no tenerse en cuenta estos parámetros, se desconocería el principio de
subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría el juez constitucional en contravía del
sistema jurídico.
2.3.2. El derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas y justas y su
componente del derecho al descanso
Ha resaltado la Corte Constitucional que el derecho al descanso debe entenderse
como uno de los derechos fundamentales del trabajador, lo cual se deduce de los
2 Corte Constitucional, sentencias T-030 de 2015, T-871 de 1999, T-069 de 2001, T-1268 de 205, T-972 de 2006,
T-074 de 2009, T-954 de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 2011, T-890 de 2011 y T-205 de 2012, entre otras.
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artículos 1, 25 y 53 de la Constitución Política, puesto que tiene como fines, entre otros,
permitirle recuperar las energías gastadas en la actividad que desempeña, proteger su
salud física y mental, desarrollar otras tareas que permitan su desarrollo integral como
persona y, de esta manera, preservar su capacidad de trabajo que, por lo general, es
su único medio de subsistencia.3
Cabe recordar que el Convenio 52 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
aprobado mediante la Ley 54 de 1962, y ratificado por Colombia mediante la Ley 54
de 1962 del 7 de junio de 1963, estatuyó que «se considerará nulo todo acuerdo que
implique el abandono del derecho a vacaciones anuales pagadas o la renuncia a las
mismas»; y, además, que en el artículo 24 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos se prevé que «Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del
tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones
periódicas pagadas».
A su turno, el artículo 7 literal d) del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales4 —PIDESC—, ratificado por Colombia, contempló que los Estados
parte garantizan el «descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de
las horas de trabajo y las vacaciones periódicas, así como la remuneración de los días
festivos»; y el artículo 7 literal h) del Protocolo de San Salvador prevé las condiciones
justas, equitativas y satisfactorias del trabajo.5
Igualmente, en la sentencia C-171 de 2020,6 la Corte Constitucional hace alusión al
Convenio 32 que establece: i) la periodicidad del descanso al prever que el derecho
se causa luego de un año de servicio continuo (artículo 2), y ii) la remuneración del
3 Ver, entre otras, la sentencia de la Corte Constitucional T-076 de 2001. En el mismo sentido las
sentencias T-09 de 1993, C-024 de 1998, C-710 de 1996, y C-019 de 2004.
4 Ley 74 de 1968 «por la cual se aprueban los "Pactos Internacionales de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último,
aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación unánime, en Nueva York, el
16 de diciembre de 1966».
5 Suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988. Entró en vigor: 16.11.1999. Ley 319 de 1996.
«Por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Protocolo de San Salvador,
suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 198». En el literal h) se previó el descanso, el disfrute
del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la remuneración de los días feriados nacionales.
6 Referencia: expediente RE-252, revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 488 de 2020,
«Por el cual se dictan medidas de orden laboral, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica», magistrado Ponente: José Fernando Reyes Cuartas, sentencia del 10 de junio de 2020.
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tiempo de vacaciones, al señalar que quien las esté disfrutando deberá percibir la
remuneración habitual (artículo 3).7
2.3.3. El régimen de vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama
Judicial
Al respecto, es pertinente referir que salvo las excepciones legales, todo empleado
público tiene derecho a disfrutar de un descanso remunerado, por cada año de servicio
prestado en cualquiera de las entidades del Estado (artículos 8º Decretos 3135 de 968
7 «El descanso necesario y las vacaciones como derechos sociales de los trabajadores.
46. El descanso necesario tiene especial relevancia en el ejercicio del trabajo, y es por esta razón que
el Constituyente de 1991 lo incluyó en el artículo 53 como uno de los principios mínimos fundamentales.
Así, el derecho al descanso tiene como propósito que durante un tiempo determinado el trabajador cese
sus actividades laborales y se recupere del desgaste que genera el trabajo; lo cual no solo redunda en
el necesario equilibro de su calidad de vida, sino que además, le permite concretar y avanzar en su
proyecto de vida.
47. Este derecho ha sido materializado a través de la limitación de la jornada de trabajo, el otorgamiento
del descanso semanal y la consagración de un periodo de vacaciones anuales. (…)
48. Se ha entendido que las vacaciones no tienen como único propósito que el trabajador se recupere
del desgaste que le ocasionan las actividades laborales, sino que tiene por objeto permitirle al individuo
espacios en los cuales realice actividades en desarrollo de sus propias expectativas y las de su familia.
Lo anterior, ha llevado a que se reconozca que el derecho a las vacaciones se perfecciona a través del
goce del descanso remunerado.
49. Una vez causado el periodo de vacaciones, el trabajador puede entonces disfrutar del descanso
remunerado y, de esta forma, materializar los postulados contenidos en los artículos 1 y 25 de la
Constitución en lo referente a la dignidad humana y al trabajo en condiciones dignas y justas. Bajo esa
perspectiva, se ha señalado por la jurisprudencia constitucional que la compensación en dinero de las
vacaciones solo es posible cuando se presentan causales legalmente señaladas para ello; limitación
que responde a la protección del descanso en sí mismo, dado el impacto que como se indicó antes,
representa en el desarrollo individual y familiar. (…)
51. En conclusión, las vacaciones periódicas y remuneradas corresponden a uno de los mecanismos
para concretar el derecho humano y el principio mínimo fundamental al descanso del trabajador; cuyo
disfrute efectivo permite avanzar en el propósito de dignidad y justicia, en el ejercicio de sus actividades
laborales».
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y 1045 de 1978).8 Ahora bien, respecto de los servidores judiciales, las vacaciones se
encuentran previstas en el artículo 146 de la Ley 270 de 1996.9
Además, para efectos de examinar la controversia a la luz de los derechos
fundamentales involucrados, se aprecia que la citada normatividad distingue los
funcionarios de la Rama Judicial de los empleados10 y establece que la provisión de
cargos se efectúa a través de nombramientos en propiedad, en provisionalidad y en
encargo.11
8 «Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se
regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales».
Artículo 8: Vacaciones. Los empleados públicos o trabajadores oficiales tienen derecho a quince (15)
días hábiles de vacaciones, por cada año de servicio, salvo lo que se disponga por los reglamentos
especiales para empleados que desarrollan actividades especialmente insalubres o peligrosos.
Las vacaciones de los funcionarios de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y del ramo docente
se rigen por normas especiales.
Y el artículo 8 del Decreto 1045 de 1978 «Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de
las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector
nacional.» se estableció:
Artículo 8. De las vacaciones. Los empleados públicos y trabajadores oficiales tienen derecho a quince
(15) días hábiles de vacaciones por cada año de servicios, salvo lo que se disponga en normas o
estipulaciones especiales.
En los organismos cuya jornada semanal se desarrolle entre lunes y viernes, el sábado no se computará
como día hábil para efecto de vacaciones.
9 «Estatutaria de la Administración de Justicia. Artículo 146 Vacaciones. Las vacaciones de los
funcionarios y empleados de la Rama Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa
de los Consejos Superiores y Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los
Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de
Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses.
Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio por la Sala
Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de Gobierno del
respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador en los demás casos, por un término de
veintidós días continuos por cada año de servicio». La Corte Constitucional mediante sentencia C-037
del 5 de febrero de 1996, magistrado ponente: Vladimiro Naranjo Mesa, revisó la exequibilidad del
Proyecto de Ley 58 de 1994, Senado y 264 de 1995 Cámara, en cumplimiento del artículo 153 de la
Constitución Política y declaró exequible este artículo.
10 «Artículo 125. De los servidores de la Rama Judicial según la naturaleza de sus funciones. Tienen la
calidad de funcionarios los Magistrados de las Corporaciones Judiciales, los Jueces de la República y
los Fiscales. Son empleados las demás personas que ocupen cargos en las Corporaciones y Despachos
Judiciales y en los órganos y entidades administrativas de la Rama Judicial.
La administración de justicia es un servicio público esencial.» Artículo condicionalmente exequible bajo
el entendido «de que los magistrados auxiliares que pertenecen a las altas cortes de la rama judicial,
habida cuenta de la naturaleza de las responsabilidades legales que les corresponde desempeñar, se
encuentran facultados para la práctica de las pruebas que les sean comisionadas por el titular del
despacho judicial».
11 Artículo 132. Formas de provisión de cargos de la Rama Judicial. La provisión de cargos en la Rama
Judicial se podrá hacer de las siguientes maneras:
1. En propiedad. Para los empleos en vacancia definitiva, en cuanto se hayan superado todas las etapas
del proceso de selección si el cargo es de Carrera, o se trate de traslado en los términos del artículo
siguiente.
2. En provisionalidad. El nombramiento se hará en provisionalidad en caso de vacancia definitiva, hasta
tanto se pueda hacer la designación por el sistema legalmente previsto, que no podrá exceder de seis
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2.4. Hechos probados
De los documentos obrantes en el expediente digital de tutela, la Sala establece lo
siguiente:
i) El 24 de noviembre de 2023, el señor Hermes de Jesús Marín Ferrer, oficial mayor
del Juzgado Diecisiete Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Barranquilla, solicitó a su nominador la autorización para el disfrute del periodo
vacacional, a partir del 26 de enero del 2024, el cual, para concederlo, solicitó a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, la expedición
del certificado de disponibilidad presupuestal, para nombrar el reemplazo, por el
periodo vacacional de 22 días.
ii) El 22 de diciembre de 2023, a través de correo electrónico, reiteró la solicitud
mencionada en el inciso anterior, de la cual nunca obtuvo respuesta.
iii) El 11 de enero de 2024, con ocasión de lo anterior, el juez nominador negó el
disfrute del periodo de vacaciones solicitado.
2.5. Legitimación en la causa
2.5.1. Sobre la legitimación en la causa por pasiva
meses, o en caso de vacancia temporal, cuando no se haga la designación en encargo, o la misma sea
superior a un mes.
Cuando el cargo sea de Carrera, inmediatamente se produzca la vacante el nominador solicitará a la
Sala Administrativa del Consejo Superior o Seccional de la Judicatura, según sea el caso, el envío de
la correspondiente lista de candidatos, quienes deberán reunir los requisitos mínimos para el
desempeño del cargo.
En caso de vacancia temporal en la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte
Constitucional o el Consejo Superior de la Judicatura o los Tribunales, la designación se hará
directamente por la respectiva Corporación.
3. En encargo. El nominador, cuando las necesidades del servicio lo exijan, podrá designar en encargo
hasta por un mes, prorrogable hasta por un período igual, a funcionario o empleado que se desempeñe
en propiedad. Vencido este término procederá al nombramiento en propiedad o provisionalidad según
sea el caso, de conformidad con las normas respectivas.
Parágrafo. Cuando la autoridad que deba efectuar el nombramiento se encuentre en vacaciones, la Sala
Administrativa del respectivo Consejo Seccional, designará un encargado mientras se provee la vacante
por el competente, a quien dará aviso inmediato. La citada norma fue declarada exequible por la Corte
Constitucional.
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Ahora bien, corresponde determinar si responde al ámbito funcional del Consejo
Superior de la Judicatura, de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Barranquilla, aquí accionados, ejercer alguna
actuación en torno a la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal
necesario para autorizar el remplazo del accionante durante el disfrute de sus
vacaciones en su condición de empleado judicial.
Se precisa que el análisis de la competencia que se examina en este acápite se efectúa
en aras de trazar el marco de competencia de los órganos demandados, sin que
comprenda adoptar determinaciones sobre el fondo del asunto, vale decir, la violación
de los derechos fundamentales invocados por la no expedición del certificado de
disponibilidad presupuestal para que se efectúe el nombramiento del reemplazo de la
parte actora durante su período de vacaciones y la negativa del nominador en
conceder el disfrute de las vacaciones, puesto que estos ítems se abordarán en el
acápite del análisis del caso concreto.
Sobre el particular, la Sala observa que el Congreso de la República expidió la Ley
2159 del 12 de noviembre de 202212 que en el artículo 2, sección presupuestal 2701
de 2022 apropió para la Rama Judicial la suma13 para atender los gastos de
funcionamiento, de servicio de la deuda pública y de inversión.
Y conforme al Decreto 111 de 1996,14 artículo 110, modificado por la Ley 1957 de
2019,15 artículo 124,16 corresponde al Consejo Superior de la Judicatura ordenar el
12 Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la
vigencia fiscal del 10. de enero al 31 de diciembre de 2022
13 5,648,197,892,753
14 Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman
el Estatuto Orgánico del Presupuesto.
15 Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz, dictada por el
Congreso de la República dictada por el Congreso de la República en en virtud del Procedimiento
Legislativo Especial para la Paz.
16 El texto del artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 se transcribe de la página web:
http:www.secretariasenado.gov.co: «Artículo 124. <Esta modificación a (sic) sido introducida en el
artículo 110 del Decreto 111 de 1996 que compiló la Ley 38 de 1989> El artículo 91 de la Ley 38 de
1989, modificado por el artículo 51 de la Ley 179 de 1994 quedará de la siguiente manera:
Artículo 91. Los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la
capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte, y ordenar
el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la
autonomía presupuestal a que se refieren la Constitución Política y la ley. Estas facultades estarán en
cabeza del jefe de cada órgano quien podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo, o quien haga
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gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo cual
se constituye en la autonomía presupuestal.
Así, al cotejar las disposiciones precedentes con la Ley 270 de 1996, 17 se infieren las
siguientes conclusiones:
i) El Consejo Superior de la Judicatura a través de la Sala Administrativa elabora el
proyecto de presupuesto de la Rama Judicial que deberá remitirse al Gobierno
Nacional el cual se incorpora en el proyecto que proponga la Fiscalía General de la
Nación.18
ii) El Consejo Superior de la Judicatura en la Sección presupuestal correspondiente
tiene la capacidad de ordenar el gasto en desarrollo de sus apropiaciones, lo cual
constituye la autonomía presupuestal.19
iii) El Ministerio de Hacienda y Crédito Público en virtud de la autonomía presupuestal
de la Rama Judicial no tiene injerencia en la ordenación del gasto, puesto que las
apropiaciones de la Rama Judicial las dispone la Ley de Apropiaciones de la vigencia
correspondiente.20
iv) La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ejecuta las actividades
administrativas de la Rama Judicial con sujeción a las políticas y decisiones de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura21 y, en ese orden de ideas,
sus veces, y serán ejercidas teniendo en cuenta las normas consagradas en el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública y en las disposiciones legales vigentes.
En la sección correspondiente a la rama legislativa estas capacidades se ejercerán en la forma arriba
indicada y de manera independiente por el Senado y la Cámara de Representantes; en la sección
correspondiente a la Rama Judicial serán ejercidas por el Consejo Superior de la Judicatura; igualmente
en el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz serán ejercidas por la Secretaría Ejecutiva de la misma
(…) ( negrilla no original)
17 Estatutaria de la Administración de Justicia.
18 Artículo 85. Funciones administrativas. Corresponde a la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura:
1. Elaborar el proyecto de presupuesto de la Rama Judicial que deberá remitirse al Gobierno Nacional,
el cual deberá incorporar el proyecto que proponga la Fiscalía General de la Nación. (…)
19 Ibídem pie de página 9.
20 Ibídem
21 Artículo 98. De La Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial. La Dirección Ejecutiva de la
Administración Judicial es el órgano técnico y administrativo que tienen a su cargo la ejecución de las
actividades administrativas de la Rama Judicial con sujeción a las políticas y decisiones de la Sala
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corresponde al director ejecutivo de Administración Judicial administrar los bienes y
recursos destinados para el funcionamiento de los órganos que la integran y responder
por su correcta aplicación o utilización.22
v) El director ejecutivo seccional de la Rama Judicial ejerce en el ámbito de su
jurisdicción y conforme a las órdenes, directrices y orientaciones del director ejecutivo
Nacional de Administración Judicial, la función de actuar como ordenador del gasto
para el cumplimiento de las obligaciones que correspondan.23
De esta forma, se concluye entonces que la expedición del certificado de disponibilidad
presupuestal para el nombramiento del remplazo por vacaciones individuales de
empleados judiciales corresponde a las Direcciones Seccionales de Administración
Judicial correspondiente, para el caso, a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Barranquilla,24 conforme a la apropiación que le efectúa la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
En ese orden, la Sala mantendrá como parte demandada a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Barranquilla y a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, y en la parte resolutiva de esta providencia declarará la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Consejo Superior de la
Judicatura.
2.6. Sobre la procedencia de la acción de tutela
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. (…) De la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, dependerán las Unidades de Planeación, Recursos Humanos, Presupuesto, Informática y las
demás que cree el Consejo conforme a las necesidades del servicio.(…)
22 Artículo 103. Del director ejecutivo de Administración Judicial. Son funciones del director
ejecutivo de Administración Judicial: (…)
2. Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y responder
por su correcta aplicación o utilización.(…)
23 Artículo 99. Director Seccional de la Rama Judicial. Corresponde al director seccional de la Rama
Judicial, ejercer en el ámbito de su jurisdicción y conforme a las órdenes, directrices y orientaciones del
Director Ejecutivo Nacional de la Administración Judicial, las siguientes funciones:
2. Administrar los bienes y recursos destinaos para el funcionamiento de la Rama Judicial y responder
por su correcta aplicación o utilización (…).
6. Actuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que correspondan (…).
24 Se reitera que las afirmaciones del acápite cuestión previa buscan únicamente establecer quien tiene
la competencia para la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal y no comprenden las
razones por las cuales este no se expidió, aspecto que se examinará en el acápite: Análisis de la Sala.
Caso concreto.
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Discute el accionante, señor Hermes de Jesús Marín Ferrer, la vulneración de sus
derechos fundamentales al trabajo, a la dignidad humana, a la igualdad y a la salud
por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Barranquilla, por cuanto no dio respuesta a las solicitudes realizadas por su nominador
los días 24 de noviembre y 22 de diciembre de 2023, tendientes a obtener la
expedición del certificado de disponibilidad presupuestal para el nombramiento de su
reemplazo en el periodo de vacaciones.
La acción de tutela, según el artículo 86 constitucional, tiene un carácter excepcional,
en el que de manera clara se señala que el mecanismo de amparo procede solamente
cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial, a menos que en el
caso se presente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Sin embargo, a más de la excepción presentada como rango constitucional, esto es,
que la acción de tutela se presente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable, la Corte Constitucional en su jurisprudencia ha desarrollado como
excepción adicional, el evento en que el medio judicial ordinario no sea idóneo u eficaz
dadas las circunstancias del caso concreto, o las condiciones personales de
vulnerabilidad o debilidad del afectado, situaciones que de ser comprobadas en el
caso, procedería el mecanismo de amparo como solución definitiva del asunto.
En lo que se refiere al caso, se tiene que el Consejo Superior de la Judicatura, Sala
Administrativa, expidió la Circular PSAC 44 del 12 de mayo de 2005, en la que previó el
procedimiento para la programación de vacaciones individuales de los servidores
judiciales del Sistema Penal Acusatorio; y, a través de la Circular PSAC05-89 del 18 de
noviembre de 2005, lo estableció para los funcionarios de los demás despachos
judiciales.25
25 En dicha circular se previeron las nuevas políticas para la asignación de recursos destinados a atender
los reemplazos por vacaciones, del personal titular en los diferentes Despachos Judiciales del país, que
pertenecen al régimen de vacaciones individuales, excepto los juzgados pertenecientes al Sistema
Penal Acusatorio. Para el efecto se previó que toda solicitud de asignación de recursos debe ser
presentada al Director Seccional de Administración Judicial, por parte del nominador del servidor judicial
que disfrutará de vacaciones individuales y para lo cual se requiera, además, nombrar en reemplazo a
una persona ajena al Despacho, previa verificación de la imposibilidad de designar en encargo a alguno
de los servidores del mismo. En ese orden de ideas, el Director Seccional deberá evaluar la solicitud
dentro de los tres días siguientes a su presentación y solicitará inmediatamente la asignación de
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Sin embargo, a través de la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011, el
Consejo Superior de la Judicatura, derogó las anteriores circulares, con el fin de no
incluir condicionamientos para el nombramiento de remplazos en provisionalidad de
los funcionarios judiciales sujetos al régimen de vacaciones individuales —cuando
pretendan hacer uso de este derecho—, debiendo gestionar los recursos para el
nombramiento en provisionalidad de los remplazos, cuando haya lugar a ello. Es decir,
que solo se reglamentó lo relacionado con la asignación de recursos de la Rama
Judicial para el reemplazo por vacaciones de los funcionarios judiciales que
pertenezcan al régimen de vacaciones individuales y no la de los empleados judiciales,
condición del aquí accionante.
No obstante, la Sala aprecia que en el asunto se evidencian las condiciones para que
proceda el análisis del instrumento constitucional como mecanismo definitivo de
protección, por cuanto: i) El perjuicio es cierto e inminente, porque el disfrute del
derecho al descanso de la parte actora no obedece a meras conjeturas o
especulaciones sino que resulta razonable en aras de garantizarle de manera plena el
derecho al trabajo en condiciones dignas y justas; grave, porque no solamente la
Constitución Política sino también las normas internacionales citadas, protegen al
accionante en tanto que la falta de descanso pone en riesgo sus condiciones físicas,
mentales e intelectuales; y es de urgente atención, en el sentido de que es necesario
que se permita recuperar sus fuerzas en tanto se acreditó que no ha disfrutado de este
derecho, pese a ya haberse causado; ii) se configura una afectación del derecho
fundamental al descanso que requiere con inminencia la adopción de medidas, para
el caso, la de permitir el disfrute de las vacaciones; y iii) no existe otro medio que tenga
un nivel de efectividad para proteger de forma inmediata el derecho fundamental
invocado, lo cual significa que sería injustificado imponer al accionante que ejercite
recursos a la Unidad de Planeación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, siempre y
cuando se cumpla al menos con una de las siguientes condiciones:
Que el número total de servidores del Despacho, incluido el Juez o del Centro de Servicios, sea menor
o igual a tres, toda vez que debido al personal escaso no es conveniente aplicar la figura del encargo
para nombrar el reemplazo del juez, y/o redistribuir las funciones del empleado que disfrutará de
vacaciones, entre los empleados restantes.
Cuando se trate de nombramientos de reemplazos por vacaciones de Jueces, cuyo despacho tenga
más de tres servidores, el Tribunal encargado de dicho nombramiento deberá certificar que en el
Despacho no existe ningún empleado que cumpla los requisitos para ser designado en encargo como
Juez.
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cualquier otro tipo de instrumento, dado que se prolongaría aún más el disfrute de las
vacaciones.
2.7. Análisis de la Sala. Caso concreto
Dejado sentado lo anterior, la Sala considera que la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Barranquilla, al omitir la expedición del certificado de
disponibilidad presupuestal, originó la negativa del disfrute del periodo vacacional por
parte del nominador, siendo entonces dicha omisión, restrictiva del derecho
fundamental al descanso, porque se constituye en una carga que el accionante no está
obligado a soportar.
Las circulares invocadas por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, en sus
respuestas a la acción de tutela, transgreden tanto la Carta Política como las
disposiciones internacionales que reconocen para todo servidor público la necesidad
de recuperación de fuerzas tanto mentales como físicas, las cuales, naturalmente,
resultan afectadas como consecuencia de la ardua y extenuante labor que desempeña
el actor en el despacho judicial en el que labora.
Además, las circulares instituyen un proceder discriminatorio que afecta el derecho al
trabajo en condiciones dignas y justas previsto en el artículo 53 de la Carta Política,
norma que eleva a derecho fundamental el descanso, pues es evidente que, con la
distinción entre los funcionarios y empleados consignada en estos pronunciamientos,
se establezca un parámetro para el otorgamiento del derecho a las vacaciones,
concediéndolo para los primeros y negándolo para los segundos. Se desconoce de
manera palmaria el derecho fundamental a la igualdad contemplado en el artículo 13
de la Carta Política, pues no existen razones válidas para justificar el trato diferente.26
El sometimiento de los empleados judiciales para que cumplan la delicada y fatigosa
labor en los despachos judiciales sin derecho al disfrute de las vacaciones, implica la
26 La prosperidad de la acción de tutela por la omisión en la expedición del certificado de disponibilidad
presupuestal, para designar en reemplazo del actor a otra persona durante el disfrute de sus vacaciones,
hace innecesario examinar si se vulnera el derecho a la igualdad, fundado en que según se afirma en
el escrito de tutela, a compañeros del accionante en situación similar, como consecuencia de la vía de
amparo, se les ordenó asignar la partida presupuestal.
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afectación de su derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, que encierra no
solamente el derecho al descanso sino a la salud, la cual se ve menguada por la falta
de oportunidad que todo ser humano necesita para nutrirse de espacios de
esparcimiento, de ocio y de convivencia familiar y social, lo cual redunda no solamente
en su integralidad sino que mejora la calidad de vida.
La privación del derecho al descanso que le fue impuesta al accionante con respecto
a la facilidad que existe para los funcionarios judiciales, a los cuales se les desarrolló
un procedimiento para el disfrute de las vacaciones, no dignifica el derecho al trabajo
y configura un sacrificio que no tiene respaldo en el ordenamiento jurídico, puesto que
las implicaciones presupuestales no son un factor de sorpresa para los ordenadores
del gasto, en tanto que no es una simple casualidad que el empleado judicial decida
solicitar su derecho al disfrute de las vacaciones.
En síntesis, la falta de reglamentación en el disfrute de las vacaciones de los
empleados de la Rama Judicial en el régimen individual, aunque sería un instrumento
necesario para el conocimiento del trámite previo a su disfrute y para instrumentalizar
el nombramiento que corresponde efectuar al titular del despacho, no es óbice para
impedir la materialización del derecho al disfrute de las vacaciones y para expedir el
certificado de disponibilidad en orden a nombrar al reemplazo, en razón a que
prevalecen las normas de rango superior que salvaguardan el derecho al descanso.
Conforme a lo expuesto, la Sala considera que con la protección impartida a través de
esta vía de amparo, el operador judicial no se está inmiscuyendo de manera
injustificada en el ámbito de competencia de las autoridades que tienen a su cargo el
manejo del presupuesto, dado que resulta razonable que el Estado garantice de forma
eficaz el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas con la concesión del
derecho al descanso, el cual para el caso se ve entorpecido por una limitante de índole
presupuestal que debió preverse, porque es un derecho adquirido del empleado
judicial que una vez cumpla con la prestación del servicio durante un año, tenga
derecho al disfrute de sus vacaciones por el lapso de 22 días.
Además, la omisión de las Direcciones Seccionales de Administración Judicial —como
órganos estatales encargados de administrar los recursos destinados para el
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funcionamiento de la Rama Judicial— en incluir en el presupuesto la partida
correspondiente para el disfrute de las vacaciones del empleado judicial, en orden a
que el nominador efectúe el nombramiento durante el lapso de descanso, afecta el
servicio porque impone a los demás empleados e incluso al nominador, la tarea de
redistribuir las funciones, lo cual significa que por efectos de la sobrecarga de trabajo,
el ritmo de producción no pueda ser igual a si se contara con otra persona para que
asuma las ocupaciones del empleado en el periodo vacacional.
Así, puesta en la balanza la necesidad de continuidad en la prestación del servicio con
el derecho al disfrute de las vacaciones del empleado, prevalece este último, en tanto
no beneficia a la administración de justicia la redistribución de tareas en los demás
empleados o en el funcionario titular del despacho; por el contrario, la perjudica, toda
vez que aumentar el cúmulo de trabajo en los demás empleados del despacho
representa un mayor esfuerzo que conlleva desgaste físico y mental, y propicia el
riesgo de una menor producción.
Por otra parte, se aprecia que como la decisión del nominador dependía de la
expedición del certificado de disponibilidad presupuestal por parte de la Dirección
Seccional, no es necesario someter a examen de violación de los derechos
fundamentales la respuesta negativa al disfrute que emitió, porque el obstáculo para
otorgar la pausa en el ejercicio de las actividades que el ordenamiento jurídico
consagró en favor de la parte actora, estuvo representado en la falta del certificado de
disponibilidad presupuestal, omisión en la cual incurrió la Dirección Seccional de
Administración Judicial, y que propicia pronunciamientos como los emitidos por el
nominador, que aunque son razonables dada las necesidades del servicio privan del
núcleo esencial del derecho fundamental al descanso a los empleados judiciales del
régimen de vacaciones individuales.
De esta forma, se colige que corresponde a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, apropiar los recursos necesarios para que la Dirección Ejecutiva Seccional
correspondiente, expida el certificado de disponibilidad presupuestal necesario para
que el nominador del empleado judicial pueda efectuar el nombramiento de su
remplazo durante el disfrute de sus vacaciones.
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3. Conclusión
Con los anteriores argumentos la Sala amparará los derechos fundamentales al
descanso, al trabajo en condiciones dignas, a la salud y a la igualdad del señor Hermes
de Jesús Marín Ferrer y, en consecuencia, ordenará a la Nación, Rama Judicial,
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que, en el término de los cinco (5) días
siguientes a la notificación, proceda a apropiar los recursos, y seguidamente a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla que, dentro
de los cinco (5) días siguientes a que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
le notifique la apropiación de los recursos, adelante las gestiones administrativas y
presupuestales a que haya lugar, con el fin de expedir el certificado de disponibilidad
presupuestal para que el nominador del Juzgado Diecisiete Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Barranquilla, provea el reemplazo del señor
Hermes de Jesús Marín Ferrer y así garantizar que se concrete el disfrute de su
derecho al descanso remunerado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Amparar los derechos fundamentales al descanso, al trabajo en condiciones
dignas, la salud y a la igualdad, del señor Hermes de Jesús Marín Ferrer. En
consecuencia, se dispone:
Segundo. Ordenar a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial que, en el término de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta
providencia, apropie los recursos necesarios para que la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Barranquilla, emita el certificado de disponibilidad
presupuestal para el reemplazo por vacaciones del señor Hermes de Jesús Marín
Ferrer, por el periodo causado entre el 1.º de noviembre de 2022 y 1.º de noviembre
de 2023.
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Tercero. Ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Barranquilla que, dentro de los cinco (5) días siguientes a que la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial le notifique de la apropiación de los recursos, proceda a
emitir el certificado de disponibilidad presupuestal a favor del señor Hermes de Jesús
Marín Ferrer, para el disfrute de sus vacaciones por el periodo causado entre el 1.º de
noviembre de 2022 y 1.º de noviembre de 2023, a efectos de que el nominador del
Juzgado Diecisiete Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Barranquilla, resuelva sobre la concesión de dicho periodo vacacional.
Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente
ACVF
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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