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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01167-00

Fecha
25 de abril de 2024
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01167-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por la UGPP contra el Tribunal Administrativo de La Guajira y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Riohacha, por las razones aquí expuestas. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-01167-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

25 de abril de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01167-00
Actor: UGPP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01167-00
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL, UGPP
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA Y JUZGADO
PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE RIOHACHA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Reliquidación pensional a empleado del
Inpec. Presupuesto de la subsidiariedad. Recurso extraordinario de
revisión para controvertir sentencias judiciales que establecen montos
pensionales que presuntamente desbordan lo establecido en el
ordenamiento jurídico

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP), quien
actúa mediante la subdirectora de Defensa Judicial Pensional, contra el Tribunal
Administrativo de La Guajira y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Riohacha, en la que pide el amparo constitucional de sus derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, así como el principio
de sostenibilidad financiera del sistema pensional, supuestamente vulnerados con
las sentencias de 30 de agosto de 2023 y de 25 de octubre de 2019, en su orden,
mediante las cuales se accedió a la pretensión de reliquidar la pensión de
jubilación dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
No. 44001-33-40-001-2017-00292-01.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La entidad accionante relató que el señor Carlos Eduardo Chaparro Sarmiento
adquirió el estatus jurídico de pensionado el 19 de mayo de 2009, a lo que agregó
que laboró durante 24 años, 1 mes y 11 días al servicio del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, Inpec.

Sostuvo que mediante Resolución No. 001507 de 22 de octubre de 2009, la
extinta Cajanal reconoció una pensión de jubilación al señor Carlos Eduardo
Chaparro Sarmiento, la cual se liquidó con el 75% del promedio de lo devengado
en los últimos diez años de servicios, con los factores bonificación de servicios
prestados, asignación básica y sobresueldo.

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Actor: UGPP

Indicó que por medio de la Resolución No. 00346 de 6 de enero de 2015, la
UGPP reliquidó la prestación, efectiva a partir del 1 de mayo de 2013, con efectos
fiscales una vez se demostrara retiro definitivo del servicio, de conformidad con el
régimen de transición de la Ley 32 de 1986, para lo cual se tuvo en cuenta los
factores salariales devengados en el último año de servicio y con el 75% sobre un
IBL conformado por el promedio de los salarios cotizados por el peticionario como
la asignación básica, auxilios de alimentación y transporte, bonificación de
servicios prestados, prima de navidad y de servicios.

Resaltó que mediante la Resolución No. RDP 039921 de 24 de octubre de 2016,
la UGPP señaló que era procedente reliquidar la pensión de jubilación con la
inclusión de la prima de vacaciones, pues conforme con el artículo 1 del Decreto
1158 de 1994, dicha prima no aparece enlistada. Esa decisión fue confirmada
mediante las Resoluciones Nos. 048758 de 23 de diciembre de 2016 y 006011 de
20 de febrero de 2017, que resolvieron los recursos de reposición y apelación,
respectivamente.

Afirmó que el señor Carlos Eduardo Chaparro Sarmiento presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la UGPP, con el fin de que se
reliquidara la pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores salariales
devengados en el último año el servicio, aplicando una tasa de reemplazo del
75%, efectiva a partir del retiro del servicio, conforme al régimen especial del
Inpec.

Señaló que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Riohacha en fallo de
25 de octubre de 2019, declaró la nulidad de la Resolución No. 001507 de 22 de
octubre de 2019, por medio de la cual se reconoció la pensión de jubilación del
señor Carlos Eduardo Chaparro Sarmiento, así como de las Resoluciones No.
000346 de 6 de enero de 2015, 039921 de 24 de octubre de 2016, 048758 de 23
de diciembre de 2016 y 004269 de 12 de junio de 2017, y a título de
restablecimiento del derecho ordenó a la UGPP reliquidar la pensión teniendo en
cuenta el 75% de los factores salariales devengados durante el año
inmediatamente anterior al retiro del servicio, para lo cual solo adiciona la prima
de vacaciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 del Decreto 1045 de
1978.

Finalmente, manifestó que las partes interpusieron recurso de apelación contra la
decisión de primera de instancia. El Tribunal Administrativo de La Guajira en
sentencia de 30 de agosto de 2023, la confirmó íntegramente.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, así como el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional,
supuestamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de La Guajira y el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Riohacha, con las sentencias de
30 de agosto de 2023 y 25 de octubre de 2019, en su orden, por medio de las
cuales se ordenó reliquidar la pensión del señor Carlos Eduardo Chaparro
Sarmiento con el 75% del promedio devengado durante el último año de servicio y
con la inclusión de la prima de vacaciones.

En primer lugar, se refirieron a los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en los casos en los que se reproche la constitucionalidad de una
providencia judicial, específicamente se refirió a la subsidiariedad, en el sentido
que “esta causal de procedencia de la acción constitucional para la UGPP está
acreditada, pues los recursos ordinarios, se encuentran agotados en virtud de que una de
las sentencias que se controvierten es la dictada en segunda instancia el 30 de agosto de

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Actor: UGPP

2023 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA. ”. Igualmente, manifestó
que “ante la grave irregularidad que se da en grave detrimento del Erario, por la
orden de incluir unos factores no enlistados en el decreto 1158 de 1994 y sobre
los que no se realizaron cotizaciones, y en un periodo de liquidación que no
corresponde, hace que la mesada pensional a la fecha se hubiere incrementado a
la suma de $ 2.801.900m/cte, cuando lo pertinente es que el valor fuera de
$2.075.012 m/cte, generando así una diferencia mensual que no le corresponde
por la suma de $726.888m/cte, más el pago de un retroactivo por la suma
aproximada de $18.786.655m/cte, lo que hace que podamos incoar esta acción
constitucional como medio principal para evitar dicho pago y obtener se dejen sin
efectos las sentencias del 25 de octubre de 2019 y 30 de agosto de 2023
proferidas por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO MIXTO DEL CIRCUITO
DE RIOHACHA y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA dentro del
proceso contencioso Rad. 44001333300120170029200 por ser contrarias a
derecho”.

Agregó que ante la gravedad de las órdenes judiciales la UGPP puede utilizar la
facultad extraordinaria otorgada no solo por el artículo 86 de la Constitución
Política, el Decreto 2591 de 1991 sino por la sentencia SU-427 de 2016, esto es,
de acudir a la acción de tutela como el medio principal para proteger el erario, así
exista otro medio de defensa.

Luego, resaltó que el daño que hoy se ve configurado con la orden de reliquidar la
pensión de jubilación del señor Carlos Eduardo Chaparro Sarmiento, con el
promedio de lo devengado el último año de servicios y con la inclusión de todos
los factores por él devengados, entre ellos la prima de vacaciones enlistada en el
Decreto 446 de 1994, lo cual no era procedente realizar, pues no podían integrar
el IBL de la prestación del antes mencionado en los términos de dicho decreto, en
razón a la remisión expresa del Decreto 2090 de 2003 a la Ley 100 de 1993, lo
que hacía que la forma de liquidar el IBL debía regirse por lo dispuesto en el
artículo 21 de dicha ley y respecto de los factores a tener en cuenta debían ser los
enlistados en el Decreto 1158 de 1994.

Indicó que con las sentencias atacadas le generó un perjuicio grave, en virtud de
que la mesada pensional del señor Chaparro Sarmiento aumentó en un valor
$726.888, el cual se debe pagar mes a mes. Adicionalmente, del retroactivo que
debe cancelar que corresponde a una suma aproximada de $18.786.655.

Agregó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en abuso palmario
del derecho, pues para efectos del IBL y los factores salariales a tener en cuenta
para la reliquidación de la pensión i) no se debió aplicar el Decreto 446 de 1994 y
ii) que lo que regulaba el presente asunto, era lo dispuesto en el artículo 21 de la
Ley 100 de 1993, es decir, que la prestación se debió calcular con el promedio de
lo devengado en los últimos 10 años de servicio y el mismo debía estar integrado
por los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994 y sobre los cuales se
hubieran hecho cotizaciones.

Por otra parte, afirmó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
defecto sustantivo, toda vez que “es incorrecto adoptar el IBL y los factores
integrantes del IBL con fundamento en Normas que no regulan la situación
pensional del causante, por ende, no es posible aplicarle los factores enlistados en
el decreto 1045 de 1978 como lo ordenó el Juez de primera instancia, ni tampoco
los consagrados en el decreto 446 de 1994 como lo dispuso el Despacho judicial
de segunda instancia, así mismo tampoco resulta procedente liquidarle la
prestación con último año de servicio, pues para ese tema la norma a regular su
caso es la Ley 100 de 1993 artículo 21 con los factores enlistados en el Decreto
1158 de 1994 en razón a que el decreto 2090 de 1993 en concordancia con el
decreto 1950 de 2005 si bien consagró el régimen especial para funcionarios del

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INPEC vinculados antes del 28 de julio de 2003, determinado que se les aplicaría
la ley 32 de 1986, no se puede pretermitir que estos decretos y esta ley no
consagran IBL ni factores integrantes el mismo, por lo que en atención al artículo 7
del decreto 2090 de 1993 en lo no previsto para las pensiones especiales, se
deben aplicar las normas generales contenidas en la ley 100 de 1993 y sus
decretos reglamentarios, lo que denota un desconocimiento del régimen aplicable
al señor CARLOS EDUARDO CHAPARRO SARMIENTO”.

Agregó que la Ley 32 de 1986, el Decreto 2090 de 2003 y el Decreto 1950 de
2005 no contemplaron IBL ni los factores a tener en cuenta para efectos de la
liquidación de la pensión especial de jubilación de los miembros del Inpec allí
regulada, razón por la cual conforme lo previsto en su artículo 7 del Decreto 2090
de 2003, es procedente la remisión respecto de los aspectos no regulados a las
normas generales contenidas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, por tanto y dado que el estatus de pensionado lo adquiere en
vigencia de la Ley 100 de 1993, le resulta aplicable el artículo 21 de la
mencionada norma en lo que se refiere al IBL correspondiente al promedio de lo
devengado en los últimos 10 años de servicio, integrando los factores salariales
enlistados en el Decreto 1158 de 1994.

Resaltó que de acuerdo lo establecido en los Decreto 2090 de 2003 y 1950 de
2005 y el Acto Legislativo 01 de 2005, el señor Carlos Eduardo Chaparro, al
haberse vinculado al servicio del Inpec el 19 de mayo de 1989, esto es con
antelación a la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, lo hace beneficiario
de las reglas para reconocimiento y liquidación de la pensión especial de jubilación
de los miembros del Inpec consagradas en la Ley 32 de 1986, por tanto, se le
respeta el cumplimiento de los requisitos de edad, tiempo de servicio y tasa de
remplazo de dicho régimen, pero para liquidar el IBL, así como de determinar los
factores salariales a tener en cuenta para el reconocimiento pensional este se rige
por lo dispuesto para el efecto en la ley 100 de 1993, ya que se probó que el
causante adquirió su estatus de pensionado con el cumplimiento de los 20 años
de servicio con funciones de Cabo de Prisiones en el año 2009, cuando los
Decretos 1045 de 1978 y 446 de 1994, habían perdido vigencia, por lo que solo
resultan aplicables en cuanto al IBL el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y en lo
que se refiere a factores salariales el Decreto 1158 de 1994, por remisión expresa
del Decreto 2090 de 2003.

De otro lado, afirmó que se incurrió en desconocimiento del precedente
judicial, pues se apartaron de la sentencia SU-395 de 20171 de la Corte
Constitucional y en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018 2 del
Consejo de Estado, las cuales para determinaron los factores salariales que
integran el IBL.

Manifestó que “IBL y los factores salariales que integrarían la prestación del
causante debió haberse tenido en cuenta la norma vigente al momento en que se
acreditaron los requisitos exigidos en la norma que regiría su situación pensional,
por tanto no podía aplicarse para el efecto lo reglado en el decreto 446 de 1994
fundamento normativo acogido por los estrados judiciales accionados, por cuanto
el requisito de tiempo de servicio lo acreditó en el año 2009, momento en que el
único régimen pensional aplicable era la Ley 100 de 1993 que para este tema fijó
los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994 e IBL de acuerdo a lo reglado
en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993”. Además, que el IBL debe ser el
consagrado en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, es decir, con el promedio de
lo devengado en los últimos 10 años de servicio de servicio y el mismo debía estar

1
M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
2
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado No.: 52001-23-33-000-2012-00143-01, C.P.:
César Palomino Cortés.

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integrado por los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994 y sobre los
cuales se hubieran hecho cotizaciones.

Por último, resaltó que las sentencias objetadas generan un pago ilegítimo que
afecta el erario, además que constituye un fraude a la ley con sustento en lo
establecido en las sentencias SU-1122 de 2001 y C-258 de 2013 de la Corte
Constitucional, al conceder una reliquidación de una prestación contrario a los
requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico y las posiciones
jurisprudenciales, además que afecta gravemente la sostenibilidad financiera del
Sistema General de Pensiones.

3. Pretensiones

La parte accionante formuló las siguientes:

• “PRINCIPALES

Primero. AMPARAR los derechos fundamentales deprecados por la UGPP, vulnerados
por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO MIXTO DEL CIRCUITO DE
RIOHACHA y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA por el evidente
detrimento del erario que se generó con los fallos controvertidos en razón a la
reliquidación prestacional superior al que realmente tiene derecho.

Segundo. Como consecuencia de lo anterior:

a.- DEJAR sin efectos los fallos del 25 de octubre de 2019 y 30 de agosto de 2023
dictados por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO MIXTO DEL CIRCUITO DE
RIOHACHA y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA, respectivamente, en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 44001333300120170029200,
en razón a que aplicó, de manera errada, a la prestación del causante el decreto 446
de 1994, para efectos de determinar el IBL y los factores salariales integrantes del
mismo, desconociendo así que la norma aplicable para el IBL es el artículo 21 de la Ley
100 de 1993, pues el causante adquirió su estatus de pensionado en el año 2009, lo
que implica que solo podían tenerse en cuenta para la liquidación de ese IBL los
factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994 calculando el promedio de lo
devengado los últimos 10 años de servicio para acceder a la prestación, lo implica por
parte de las autoridades judiciales accionadas, una errada interpretación de la norma
que debía regir el caso del señor CARLOS EDUARDO CHAPARRO SARMIENTO
generando un detrimento a la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional por la
evidente irregularidad sustancial en las órdenes impartidas.

b.- Se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA, dictar nueva
sentencia ajustada a derecho de cara a lo regulado en el régimen de transición de los
miembros del INPEC contenido en el decreto 2090 de 2003, en concordancia con el
decreto 1950 de 2005, esto es revocando la sentencia dictada por el JUZGADO
PRIMERO ADMINISTRATIVO MIXTO DEL CIRCUITO DE RIOHACHA para en su lugar
negar las pretensiones de la demanda.

• SUBSIDIARIAS

En caso de que esa H. Magistratura no acceda a lo anterior en razón a no estar
superado el requisito de subsidiariedad solicitamos:

Primero. Sean amparados TRANSITORIAMENTE los derechos fundamentales
deprecados por la UGPP y vulnerados por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO
MIXTO DEL CIRCUITO DE RIOHACHA y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA
GUAJIRA.

Segundo. Como consecuencia de lo anterior se SUSPENDAN de manera transitoria los
fallos del 25 de octubre de 2019 y 30 de agosto de 2023 dictados en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho No. 44001333300120170029200, hasta tanto se
resuelva el recurso extraordinario de revisión que se iniciaría en virtud de su orden
tutelar”.

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4. Pruebas relevantes

En correo electrónico de 4 de abril de 2024, el Tribunal Administrativo de La
Guajira remitió el link de acceso al expediente con radicado No. 44001 -33-40-001-
2017-00292-01, correspondiente al medio de control que adelantó el señor Carlos
Eduardo Chaparro Sarmiento contra la UGPP.

5. Trámite procesal

Por auto de 20 de marzo de 2024, el despacho de la magistrada sustanciadora
admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a las autoridades judiciales
demandadas, así como al señor Carlos Eduardo Chaparro Sarmiento y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Igualmente, se negó la solicitud
de medida provisional elevada por la entidad demandante.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 183018 a 183022,
3
183088 de 1 de abril de 2024, con el fin de notificar a las partes .

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de La Guajira

En escrito de 4 de abril de 2024, la magistrada ponente de la decisión de segunda
instancia solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela, pues no
cumple con los requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional.

Afirmó que la accionante pudo solicitar la aclaración o complementación de la
sentencia objetada o, en su defecto, puede acudir al recurso extraordinario de
revisión dispuesto en la Ley 1437 de 2011 -CPACA- o al recurso extraordinario de
revisión especial para estos casos a que alude el artículo 20 de la Ley 797 de
2003.

Por último, señaló que los cargos planteados en los defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente judicial, los planteó a manera de una nueva
instancia.

6.2. Respuesta del señor Carlos Eduardo Chaparro Sarmiento

En correo electrónico de 2 de abril de 2023, el apoderado del tercero con interés
pidió que se declare la improcedencia de la acción de tutela, por no cumplir con el
requisito general de la subsidiariedad.

Resaltó que “la entidad falta a la LEALTAD PROCESAL e induce al despacho en
error, cuando por un lado presenta una acción Constitucional en contra de los
despachos judiciales que profirieron sentencia favorable de manera parcial a las
pretensiones de mi defendido y por otro lado presentan demanda DE LESIVIDAD
contra mi poderdante y que además no informan a su despacho sobre la
existencia de la demanda bajo el radicado 440012340 000 201800092 01 mp.
FRANCISCO SUAREZ VARGAS, proceso que se encuentra en apelación por
sentencia que hubiese proferido el honorable tribunal Contencioso administrativo
de la Guajira de fecha 03 de noviembre de 2021, el cual negó las pretensiones de
la demanda”.

3
La parte accionante, las autoridades judiciales demandadas y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes
direcciones de correo electrónico: carchasar@gmail.com; defensajudicial@ugpp.gov.co,
stcarioha@cendoj.ramajudicial.gov.co; sgtadmingjr@notificacionesrj.gov.co,
notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co, correaisma@hotmail.com y j01admctorioha@cendoj.ramajudicial.gov.co.

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Agregó que la entidad accionante alega un abuso del derecho, lo cual no
corresponde de acuerdo con lo decidido y probado en las diferentes instancias
procesales, pues quien en verdad se encuentra incurriendo en abuso del derecho
lo es la UGPP cuando al mismo tiempo que hace uso de la acción de tutela, al
mismo tiempo adelanta un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
contra sus propios actos administrativos que reconocieron y reliquidaron la
pensión del señor Chaparro Sarmiento.

Aseguró que no es cierto que con las sentencias objetadas se incurriera en un
perjuicio al erario público, toda vez que se trata de un derecho fundamental del
actor a ser liquidada su pensión conforme a derecho en condiciones justas y
dignas, por lo que le corresponde a la entidad o fondo de pensiones hacer el
respectivo recobro al empleador (Inpec) de aquellos factores reconocidos y sobre
los cuales no se haya cotizado.

Para terminar, manifestó que las autoridades judiciales accionadas actuaron de
acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, es decir, no existe el defecto
sustantivo, realmente la entidad accionante reprocha es la interpretación del juez
natural del asunto, lo cual fue objeto de análisis y que lo que pretende es revivir
“de manera maliciosa al ocultar la existencia de la demanda de lesividad, lo cual
podría hacer inducir en error al despacho, pues estamos frente a los mismos
actores, los mismos hechos y sobre los mismos actos administrativos en disputa.
Con lo cual no se cumple el requisito de RESIDUAL de la acción”.

6.3. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Riohacha, a pesar de
que se le notificó en debida forma el auto admisorio, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de La Guajira y el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Riohacha, con las sentencias de
30 de agosto de 2023 y 25 de octubre de 2019, en su orden, por medio de las
cuales ordenaron la reliquidación de la pensión del señor Carlos Eduardo
Chaparro Sarmiento, vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia, así como al principio de sostenibilidad
fiscal del Sistema General de Pensiones, y si incurrieron en los defectos i)
sustantivo, pues no se ajustaron al ordenamiento jurídico, es decir, de acuerdo a
lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994, en razón a que el
señor Carlos Eduardo Chaparro Sarmiento adquirió el estatus pensional en
vigencia de la Ley 100 de 1993 y, en consecuencia se debía liquidar la prestación
con el promedio de lo devengado durante los 10 últimos años y con los factores
salariales enlistados en el Decreto 1158 de 1994 y ii) desconocimiento del
precedente judicial, pues se apartaron de la sentencia SU-395 de 2017 de la
Corte Constitucional y en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018 del
Consejo de Estado, y por incurrir en abuso palmario del derecho.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01167-00
Actor: UGPP

3. El requisito de la subsidiariedad en la acción de tutela cuando se
cuestionan providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”.

Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción solo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.

A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en
los siguientes términos:

“(..) La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante”.

Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al
juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar
si la acción de tutela es procedente o si, por el contrario, existen otros
mecanismos jurídicos que permitan satisfacer los derechos fundamentales del
actor.

En relación con la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, en particular del requisito de la subsidiaridad, en la sentencia T-016 de
4
2022 , la Corte Constitucional recordó que este mecanismo no puede ser utilizado
de manera alternativa, adicional o complementaria a los procesos ordinarios o
especiales, por cuanto no es prima facie “el instrumento judicial adecuado para
solicitar la protección de los derechos que sean lesionados en un proceso judicial,
“pues el ordenamiento jurídico ha diseñado para este efecto la estructura de
órganos de la rama judicial, estableciendo un modelo jerárquico cuyo movimiento
se activa a partir de la utilización de una serie de mecanismos judiciales que
5
buscan garantizar la corrección de las providencias judiciales” .

Con base en ese marco de referencia, la jurisprudencia constitucional ha
precisado tres eventos en los que es improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, a saber: i) el asunto está en trámite; ii) el actor no ha
agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios para oponerse
al proceso judicial; y, iii) la persona recurre al recurso de amparo constitucional
para revivir etapas procesales en donde dejó de emplear los recursos previstos en
6
el ordenamiento jurídico .

4
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
5
Sentencia SU-026 de 2012, M.P Humberto Antonio Sierra Porto.
6
A este respecto, ver las sentencias T-396 de 2014, M.P Jorge Iván Palacio Palacio; SU-115 de 2018, M.P Carlos Bernal
Pulido; T-016 de 2019, M.P Cristina Pardo Schlesinger, entre otras.

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Actor: UGPP

En relación con el primer supuesto, ha indicado que “si el proceso judicial que el
accionante pretende cuestionar está en curso, en principio, la intervención del juez
constitucional está vedada, toda vez que la acción de tutela no constituye un
mecanismo alternativo o paralelo para resolver asuntos que deben analizarse al
interior del trámite ordinario. En definitiva, no es admisible que el afectado alegue
la vulneración o amenaza de derechos fundamentales cuando no ha solicitado el
7
amparo de dichas garantías dentro del proceso .

Respecto del segundo ha precisado que “si el proceso judicial ya ha concluido y el
ciudadano desea controvertir la decisión correspondiente, está en la obligación de
acudir de manera preferente a los mecanismos ordinarios y extraordinarios para
ello. Esta exigencia asegura que la acción de tutela no se torne en una instancia
adicional en el trámite procesal, ni en un mecanismo de defensa que reemplace
8
aquellos diseñados por el Legislador” .

Finalmente, en lo que atañe con el tercer supuesto ha destacado que dado el
carácter exceptivo de la acción de tutela “resulta improcedente cuando el actor
pretende revivir etapas procesales que por negligencia, descuido o distracción, se
encuentran debidamente resueltos”.

En definitiva, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
en punto del cumplimiento del requisito de la subsidiariedad se torna más
exigente, cuando no se han agotado los mecanismos de defensa judicial
ordinarios y extraordinarios previstos en el ordenamiento jurídico, exigencia que
“asegura que el recurso de amparo no sea utilizado como una instancia más
dentro del trámite jurisdiccional, como un mecanismo que reemplace los demás
diseñados por el legislador o, como un instrumento para solucionar errores u
omisiones de las partes en los procesos ordinarios” .
9

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. La UGPP presentó acción de tutela con el fin de que se protejan los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, así
como al principio de sostenibilidad fiscal del Sistema General de Pensiones, y si
incurrieron en los defectos i) sustantivo, pues no se ajustaron al ordenamiento
jurídico en razón a que el señor Carlos Eduardo Chaparro Sarmiento adquirió el
estatus pensional en vigencia de la Ley 100 de 1993 y, en consecuencia, se debía
liquidar la prestación con el promedio de lo devengado durante los 10 últimos años
y con los factores salariales enlistados en el Decreto 1158 de 1994 y ii)
desconocimiento del precedente judicial, pues se apartaron de la sentencia
SU-395 de 2017 de la Corte Constitucional y en la sentencia de unificación de 28
de agosto de 2018 del Consejo de Estado, y por incurrir en abuso palmario del
derecho.

4.2. La Sala anticipa que declarará la improcedencia de la acción de tutela, en
razón a que no se cumple con el requisito de la subsidiariedad, con sustento en lo
siguiente:

En el caso concreto, se observa que la acción de tutela no cumple el requisito de
subsidiariedad, pues cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, el cual no se
agotó previamente a la radicación de la acción de tutela.

Al respecto, la Sala advierte que, para controvertir la providencia judicial
relacionada con el reconocimiento o reliquidación de prestaciones periódicas, el

7
Sentencia C-543 de 1992, M.P José Gregorio Hernández Galindo.
8
Sentencia T-417 de 2010, M.P María Victoria Calle Correa.
9
Ver T-016 de 2022, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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Actor: UGPP

ordenamiento jurídico dispone de herramientas de defensa judicial a las que
puede acudir la UGPP, como lo es el recurso extraordinario de revisión.

Aunado a lo anterior, se debe recordar que la Corte Constitucional en sentencia T-
106 de 202410, al referirse sobre la procedencia del recurso extraordinario de
revisión, precisó que “la acción de tutela desplazará el recurso extraordinario de
revisión siempre que (i) el derecho fundamental cuya protección se solicita no sea
susceptible de ser protegido de manera integral dentro del trámite del recurso; y
(ii) las causales de revisión no se encuadren dentro de los hechos denunciados
por el accionante”.

Valga indicar que el recurso en mención se encuentra consagrado en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003, que prevé la posibilidad de acudir a este para proteger el
patrimonio público, el interés general y el equilibrio financiero del sistema
pensional, “cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso,
y b) cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables ”, causales en las que
puede exponer los argumentos que plantea la entidad accionante en el escrito de
tutela.

En efecto, el Acto Legislativo 01 de 2005 que adicionó el artículo 48 de la
Constitución Política estableció que la ley definiría un procedimiento breve para la
revisión de las pensiones reconocidas (i) con abuso del derecho o (ii) sin el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley o en las convenciones y
laudos arbitrales válidamente celebrados, es decir, con fraude a la ley.

Entonces, teniendo en cuenta la existencia de otro mecanismo de defensa judicial,
por regla general, la acción de tutela resulta improcedente para controvertir
sentencias judiciales que establecen montos pensionales que presuntamente
desbordan lo establecido en el ordenamiento jurídico. No obstante, la Corte
Constitucional ha establecido que excepcionalmente se habilita el mecanismo de
protección constitucional cuando se presenta un abuso palmario del derecho que
puede presentarse cuando se alega el incremento excesivo en la mesada
pensional.

Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU-115 de 201811, reiteró las
reglas establecidas en las sentencias SU-427 de 201612 y SU-631 de 201713 y
precisó que el abuso palmario por el incremento de la mesada pensional surgirá
cuando “se presente un incremento excesivo de la mesada pensional y con él una
ventaja ilegítima, que comprometa los principios de igualdad y solidaridad en el caso
concreto”. Por tanto, según consideró la Sala, debe haberse “generado un incremento
protuberante de la mesada pensional”, pues, solo así, “la aplicación del IBL de un régimen
especial, cobra una importancia tal que es imperiosa la intervención del juez de tutela ”.

En ese sentido, la Corte Constitucional en la sentencia SU-136 de 202214 se refirió
a la revisión de las pensiones reconocidas con abuso palmario del derecho y
recordó que la acción de tutela resulta procedente en tales escenarios, aun
cuando el ordenamiento jurídico ha establecido el recurso extraordinario de
revisión, para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable que se traduce en la
afectación al erario por el pago de una prestación reconocida irregularmente.

Precisó que en estos eventos se debe acreditar las siguientes circunstancias: (i)
que el abuso debe “saltar a la vista” y que los mecanismos de defensa judicial

10
M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.
11
M.P. Carlos Bernal Pulido.
12
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
13
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
14
M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

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ordinarios no son idóneos para evitar el detrimento del sistema pensional, (ii)
también se debe evaluar la forma en que el beneficiario de la prestación pensional
accedió al reconocimiento de la misma y (iii) como criterio de identificación, que se
hubiere declarado judicialmente un incremento porcentual trascendental en el
monto pensional.

Finalmente, la Corte Constitucional también ha admitido, de manera excepcional,
la intervención del juez constitucional aun existiendo otros mecanismos de
defensa judicial para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable en el erario y
las finanzas del Estado en asuntos que involucra reconocimientos pensionales
derivados del “palmario abuso del derecho” por “vinculación precaria”, bajo los criterios
establecidos en la sentencia SU-631 de 2017 ya citados.

En el caso bajo estudio, la UGPP señaló que las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en abuso palmario del derecho y fraude a la ley, cargos que sustentó
en el hecho de que las autoridades judiciales accionadas aplicaron unas normas
que no regulaban el régimen pensional de la persona interesada y ordenó la
reliquidación de la prestación en un 75% de los factores percibidos durante el
último año de servicio que implica un incremento de la mesada pensional por valor
de $$726.888, además del pago de una retroactivo pensional por la suma de
$18.786.655.

No obstante, para la Sala esa circunstancia no permite acreditar la configuración
de los escenarios en los que la Corte Constitucional ha habilitado la acción de
tutela de manera excepcional, pese a la existencia de otra herramienta judicial
para que las administradoras de pensiones puedan controvertir mesadas
pensionales que exceden los montos establecidos en el ordenamiento jurídico y
que afectan gravemente la sostenibilidad financiera del sistema pensional, tales
como “abuso palmario del derecho” y “vinculación precaria”.

Lo anterior, porque no se evidencia que hubiere existido una vinculación precaria
que se configura “cuando la relación de los empleados o funcionarios con el Estado
tiene una vigencia reducida en el tiempo, con lo cual la “fugacidad” es el elemento que lo
acredita ”, en tanto que la UGPP no acreditó a través de la historia laboral del
15

señor Carlos Eduardo Chaparro Sarmiento que se hubiera presentado una ventaja
irrazonable o una vinculación precaria y, además, ello no se deriva per se, de la
orden judicial al establecer el IBL en un 75% de los factores percibidos durante el
último año de servicios.

Adicionalmente, para la Sala la información expresada por la parte actora permite
evidenciar el monto, a su juicio excesivo, que percibiría el señor Chaparro
Sarmiento en cumplimiento de la orden judicial. No obstante, ello no es suficiente
para determinar las razones por las que esos valores puedan impactar el sistema
general de pensiones al punto que amerite la intervención del juez constitucional
en un asunto que corresponde resolver al juez del recurso de revisión.

De las pruebas aportadas lo que se evidencia es que la UGPP mediante una
operación aritmética, estableció la diferencia que resulta entre la pensión de
jubilación reconocida y la reliquidada, además del pago de un retroactivo que se
genera en virtud del cumplimiento de la orden judicial, sin que por esta simple
operación matemática se pueda concluir una desfinanciación del sistema o, en su
defecto, que se incurrió en un perjuicio irremediable que amerite la intervención
del juez de tutela.

En efecto, se recuerda que, el perjuicio irremediable alegado por la UGPP debe
ser inminente, es decir, que la amenaza esté por suceder prontamente, al punto

15
Sentencia SU-136 de 2022. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

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Actor: UGPP

que se deban dictar medidas urgentes para conjurar el mencionado perjuicio, la
gravedad se circunscribe a que el daño debe ser de gran intensidad y la
impostergabilidad que obedece a la urgencia y a la gravedad, por lo que la tutela
debe ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.

De hecho, la entidad accionante, junto con el escrito de tutela, no aportó pruebas
que evidencien que la intervención del juez de tutela es necesaria frente a los
efectos de las decisiones objetadas y el supuesto impacto fiscal desfavorable al
sistema, pues lo único que allegó fueron las providencias reprochadas y la
operación matemática correspondiente a las diferencias que se le debía pagar al
administrado por concepto de mesada pensional y de retroactivo.

Es decir, la UGPP no acreditó (i) la afectación inminente de sus derechos, en la
medida en que no demostró que con el pago de la mesada pensional y del
retroactivo se desfinancie el Sistema General de Pensiones; (ii) la urgencia de las
medidas para remediar o prevenir la afectación, por cuanto no se observa que la
intervención del juez constitucional sea imperiosa para garantizar sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
invocados en el escrito de tutela; (iii) la gravedad, en la medida que el pago de la
condena impuesta en la sentencia, no es una situación que pueda ser catalogadas
como grave y que, automáticamente, habilite la procedencia de la solicitud de
amparo y, por último, (iv) el carácter impostergable, pues no se demostró que los
efectos de la decisión objetada conlleve una vulneración actual de sus derechos
fundamentales que amerite la intervención del juez constitucional con un amparo
transitorio previo a la interposición del recurso extraordinario de revisión.

En ese sentido, la acción de tutela es improcedente en cuanto tiene otro medio de
defensa judicial extraordinario, a lo que se agrega que no demostró la ocurrencia
de un perjuicio irremediable, en los términos que ha precisado la jurisprudencia
constitucional frente a las sentencias de 30 de agosto de 2023 y 25 de octubre de
2019, proferidas por el Tribunal Administrativo de La Guajira y el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Riohacha, en su orden, que amerite la intervención
inmediata del juez de tutela de manera transitoria mientras que el juez natural del
asunto resuelve el asunto de manera definitiva, lo que permite descartar la
pretensión subsidiaria consistente en que se suspendan los efectos de las
decisiones objetadas hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de revisión.

Por las razones expuestas, se declarará la improcedencia de la acción de tutela,
habida cuenta de que la misma no cumple con el requisito de procedencia de la
subsidiariedad.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por la
UGPP contra el Tribunal Administrativo de La Guajira y el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Riohacha, por las razones aquí expuestas.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01167-00
Actor: UGPP

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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