Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01171-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01171-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-01171-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
11 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01171-00
Accionante: MAURICIO ROJAS JIMÉNEZ
Accionado: SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A” DEL CONSEJO DE ESTADO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se declara
improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con el requisito general de
procedencia de inmediatez.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Mauricio Rojas
Jiménez contra la Sección Tercera Subsección “A” del Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. Elseñor Mauricio Rojas Jiménez solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya
vulneración le atribuyó a la sentencia del 23 de mayo de 2023, proferida por la
Sección Tercera - Subsección “A” del Consejo de Estado, dentro del medio de
control de reparación directa identificado con el núm. de radicación 68001-23-31-
000-2006-00483-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo
siguiente:
2.1. Relató que junto a su grupo familiar promovió la demanda de reparación directa
núm. 68001-23-31-000-2006-00483-00/01 en contra de la Nación – Fiscalía
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionante: Mauricio Rojas Jiménez
General de la Nación, con el fin de que se repararan los daños padecidos, con
ocasión de la privación injusta de su libertad.
2.2. Adujó
que la Subsección de Descongestión del Tribunal Administrativo de
Santander, mediante sentencia de 9 de mayo de 2014, accedió a las pretensiones
de la demanda.
2.3. Indicó que dicha decisión fue apelada por la entidad demandada y que la Sección
Tercera Subsección “A” del Consejo de Estado, mediante sentencia del 23 de
mayo de 2023, revocó el fallo apelado y en su lugar negó las pretensiones de la
demanda argumentando que “[…] en el presente proceso no se allegó la
providencia en la que se impuso la medida de aseguramiento consistente en
detención preventiva frente al señor Mauricio Rojas Jiménez […]”.
2.4. Señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en: i) defecto fáctico debido a
que no se valoraron las pruebas obrantes en el proceso, ii) desconocimiento del
precedente jurisprudencial, en razón a que se desconocieron las sentencias
proferidas por la Corporación, en las que se han fallado casos similares de manera
favorable, iii) violación directa de la Constitución por cuanto no se aplicaron las
normas constitucionales que regulan el caso, y finalmente iv) en decisión sin
motivación.
2.5. Expuso que debido a la privación de su libertad padece de depresión exógena y
que actualmente se encuentra en la “[…] Cárcel del Distrito Judicial la Modelo de
Bucaramanga […]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 14 de junio de 2023 por
la Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Consejo de Estado, la que, en segunda instancia,
REVOCO [sic] la sentencia de fecha nueve (9) de mayo de dos mil catorce
(2014), proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, de Medio de
Control, siendo demandante: Mauricio Rojas Jiménez y otra. Y Demandada la
NACION [sic]-FISCALIA [sic] GENERAL DE LA NACION [sic]. Y en su lugar
TUTELAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, DEFENSA,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DERECHO
FUNDAMENTAL A LA SALUD por debilidad manifiesta “daño
psiquiátrico” como consecuencia de la privación injusta de la libertad de mi
Agente Oficioso Mauricio Rojas Jiménez.
SEGUNDO. En consecuencia, ORDENAR a la Subsección A de la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de Estado,
para que, en el término máximo de un mes, contado a partir de la notificación
de la presente decisión, vuelva a resolver el Recurso de Apelación dentro
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Accionante: Mauricio Rojas Jiménez
Medio de Control por repacían [sic] directa, promovido por el señor Mauricio
Rojas Jiménez y otra. Y en contra de la NACION [sic]-FISCALIA [sic]
GENERAL DE LA NACION [sic], sin incurrir en los defectos previamente
identificados […]”. [Negrilla original del texto]
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 15 de marzo de 2024, el Despacho a cargo de la
sustanciación del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se
vincularon en calidad de terceros con interés en el resultado del proceso a la
señora Teresa Jiménez Adarme, a la Nación - Fiscalía General de la Nación y al
Tribunal Administrativo de Santander.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a los
vinculados, se allegaron los siguientes informes:
5.1. LaFiscalía General de la Nación, a través de apoderada judicial, solicitó
declarar improcedente la acción de tutela, por cuanto la parte accionante: i) no
hizo uso del mecanismo judicial con el que contaba para obtener la protección de
sus derechos fundamentales; ii) no sustentó las causales generales y específicas
de procedibilidad de la acción de tutela, iii) pretende retrotraer actuaciones
procesales y iv) no sustentó la configuración del presunto defecto en el que habría
incurrido la autoridad judicial accionada.
5.2. LaSección Tercera Subsección “A” del Consejo de Estado, se limitó a
indicar lo siguiente: “[…] respetaré y acataré lo que se resuelva en este caso […]”.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
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Accionante: Mauricio Rojas Jiménez
de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20194.
VI.2. Problemas jurídicos
7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá:
b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido,
presuntamente, en un defecto fáctico, en un desconocimiento del
precedente jurisprudencial, en una violación directa de la Constitución y en
una decisión sin motivación.
8. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo
posteriormente a (ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos
alegados, siempre y cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias
adjetivas.
VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
9. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20125, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
10. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
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Accionante: Mauricio Rojas Jiménez
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la
sentencia SU-627 de 2015.
12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial6, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución7.
13. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”8 que encaje en
dichos parámetros.
14. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
6
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
7
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una
situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
8
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01171-00
Accionante: Mauricio Rojas Jiménez
15. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.
VI.4. El caso concreto
16. Elseñor Mauricio Rojas Jiménez solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya
vulneración le atribuyó a la sentencia del 23 de mayo de 2023, proferida por la
Sección Tercera - Subsección “A” del Consejo de Estado, dentro del medio de
control de reparación directa identificado con el núm. de radicación 68001-23-31-
000-2006-00483-00/01.
17. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
en especial, el requisito de inmediatez.
VI.4.1. De incumplimiento del requisito general de procedencia de la
inmediatez
18. En cuanto al requisito general de inmediatez, se debe señalar que la acción de
tutela no tiene un plazo específico para su interposición. Sin embargo, la Corte
Constitucional ha dicho, refiriéndose a este requisito, que la acción de tutela debe
ser interpuesta: “[…] en un término razonable y proporcionado a partir del hecho
que originó la vulneración9. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de
tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de solución de conflictos
[…]”10.
19. Al respecto, la jurisprudencia constitucional11, ha señalado lo siguiente:
“[…] En el caso específico de tutelas contra providencias judiciales, el
requisito de inmediatez adquiere una connotación aún más precisa y
exigente, pues el carácter excepcional de esta figura obedece
precisamente a la necesidad que existe de conciliar la protección de
derechos fundamentales con los principios constitucionales de
seguridad jurídica y autonomía judicial, que podrían comprometerse si
la tutela contra providencias judiciales se convierte en práctica
generalizada. De ahí que la jurisprudencia de la Corte Constitucional
haya sido particularmente reiterativa en considerar que el principio de
inmediatez es particularmente importante cuando se trata de examinar
9
Ver entre otras, Sentencia T-315 de 2005.
10
Sentencia C-590 de 2005, T-743 de 2008, T-343 de 2012.
11
Corte Constitucional, Sentencia T-739 de 2010.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01171-00
Accionante: Mauricio Rojas Jiménez
la procedencia de tutelas contra providencias judiciales. En la citada
sentencia C-590 de 2005, se afirmó que “de permitir que la acción de tutela
proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos” […]”12. [Negrilla fuera del texto y cursiva original del texto]
20. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
mediante sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, fijó una regla
jurisprudencial según la cual el plazo considerado como razonable era de seis (6)
meses, contados a partir de la notificación de la decisión judicial objeto de tutela.
Ello con sustento en el siguiente raciocinio:
“[…] Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se
ejerza en un tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza la
realización del principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el grado de certeza
material, que la hace definitiva e inmutable.
Anotase que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que
las diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes
sobre este aspecto. Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un
plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de
la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra
providencias judiciales se ejerce oportunamente.
Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza
del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de
los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la
tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas
logren certeza y estabilidad. La regla general del plazo de seis meses se
acoge, además, teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado
como razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se
trata de una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional
[…]”13. [Negrilla fuera del texto]
21. La jurisprudencia constitucional14 ha establecido excepciones a la aplicación
del requisito de inmediatez, las cuales deberán demostrarse y justificarse por el
accionante en cada caso particular15, así:
“[…] La acción de tutela sería procedente cuando fuere promovida
transcurrido un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración,
siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes,
por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de
edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el
12
Ibidem.
13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, expediente 11001-
03-15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
14
Sentencia T-584 de 2011.
15
Sentencia T-695 de 2017 de la Corte Constitucional. Cfr. Sentencia de Unificación proferida por la Sala Plena del
Consejo de Estado el 5 de agosto de 2014. Exp. 2012-02201-01 (IJ).
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Accionante: Mauricio Rojas Jiménez
núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii)
exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la
vulneración de los derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre
que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho
que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la
situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos,
continúa y es actual […]”16.
22. Precisado lo anterior, la Sala pone de presente que, para determinar si la
presente acción de tutela satisface el requisito general de procedibilidad de
inmediatez, se debe tener en cuenta la fecha de notificación de la providencia
proferida por la Sección Tercera Subsección “A” del Consejo de Estado, esto es,
el 16 de junio de 2023. Ello en razón a que la jurisprudencia de esta Sección ha
sido pacífica en sostener que el plazo razonable se contabiliza partir de la fecha
en que se notifique la providencia objeto de la acción de tutela.
23. Con fundamento en lo expuesto, la Sala estima pertinente poner de relieve
que: (i) el fallo que motivó la interposición de la presente acción de tutela fue
notificado por edicto fijado entre el 16 y el 21 de junio de 202317, y (ii) que la
presente solicitud de amparo se radicó a través de la plataforma habilitada en la
página web de la Rama Judicial “Recepción de Tutelas y Hábeas Corpus en
Línea”, el día 11 de marzo de 202418.
24. Así las cosas, y comoquiera que la solicitud de amparo fue radicada el 11 de
marzo de 2024, para la Sala es claro que la misma se ejerció por fuera de los 6
meses, término fijado tanto por esta Corporación como por la Corte
Constitucional.
25. Por último, y si bien el actor manifiesta que se encuentra recluido en la “[…]
Cárcel del Distrito Judicial la Modelo de Bucaramanga […]”, esta Sección ha
señalado en ocasiones anteriores que este hecho por sí solo no permite flexibilizar
el requisito general de procedibilidad de inmediatez19.
26. En ese orden de ideas, y en atención a que, tampoco se observa otra causal
adicional que justifique la demora en la interposición de la presente acción
constitucional, la Sala considera que no se satisface el requisito general de
procedibilidad atinente a la inmediatez, resaltándose que tampoco se cumplen los
presupuestos para acceder a la aplicación de la sentencia SU-354 de 2017,
dictada por la Corte Constitucional.
16
Sentencia T-246 de 2015, Corte Constitucional.
17
Índice 0038 de SAMAI, Edicto, radicado núm. 68001-23-31-000-2006-00483-01.
18
Índice 00002 de SAMAI, “ESCRITOCORREOELECTR”, radicado núm. 11001-03-15-000-2024-01171-00.
19
Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 1.° de julio de
2021. Exp. núm. 11001-03-15-000-2021-03490-00. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01171-00
Accionante: Mauricio Rojas Jiménez
27. Con fundamento en los anteriores razonamientos, esta Sección declarará la
improcedencia de la solicitud de amparo al no cumplir el requisito general de
procedencia de inmediatez.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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