Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01176-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01176-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01176-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
18 de julio de 2024
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01176-01
Demandante: Dagoberto Hernández Madrigal
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01176-01
Demandante: Dagoberto Hernández Madrigal
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Temas: Tutela contra providencia judicial emitida en un proceso disciplinario.
Ausencia de los defectos fáctico y sustantivo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del
19 de abril de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, que declaró improcedente el amparo constitucional.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, el señor Dagoberto Hernández Madrigal, quien actúa en nombre propio,
promovió demanda en orden a que se tutele su derecho fundamental al debido
proceso disciplinario.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se deje sin efectos la sentencia del
31 de enero de 2024, proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
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Demandante: Dagoberto Hernández Madrigal
dentro del proceso disciplinario con radicación 73001-11-020-00-2018-00004-02 y,
en su lugar, que se ordene a la corporación emitir una nueva decisión en la que se
observen los parámetros del debido proceso disciplinario, según las directrices
trazadas en el fallo de tutela, y se oficie a las autoridades competentes para que, en
lo relacionado con el Registro Nacional de Abogados, hagan las anotaciones
pertinentes respecto de la decisión.
1.1.2. Los hechos
El accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:
i) El señor Dionisio Devia (q. e. p. d.) compró un bien inmueble en la ciudad de
Ibagué, el cual demolió para posteriormente construir una edificación de tres plantas,
que comprende un local comercial en el primer nivel, un apartamento en el segundo
nivel y otro en el tercero.
ii) El apartamento del segundo piso fue tomado en arriendo bajo contrato verbal por
el señor José Everardo Devia, quien luego de la muerte señor Dionisio Devia, pagó
dos o tres meses más de arriendo a la señora Fabiola Lasso Sánchez —madre de
dos de los herederos menores para la época— y luego suspendió los pagos, bajo el
argumento de que le pertenecía el 50% del inmueble, por haber sido adquirido en
sociedad de hecho con el fallecido.
iii) La señora Fabiola Lasso Sánchez, contrató sus servicios profesionales para
promover demanda de restitución de inmueble arrendado en contra del señor José
Everardo Devia, el cual terminó con la declaratoria de inexistencia del contrato de
arrendamiento y la orden de restitución de tenencia del apartamento a favor del
señor José Everardo Devia. La parte demandante intentó múltiples actuaciones
procesales tendientes a impedir la materialización de la entrega de la tenencia del
inmueble, las cuales, como apoderado, le correspondió adelantar.
iv) El señor José Everardo Devia demandó a los herederos determinados e
indeterminados del señor Dionisio Devia para que fuera declarada la sociedad de
hecho, pero la demanda no se tramitó ante la prosperidad de una excepción previa;
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Demandante: Dagoberto Hernández Madrigal
por lo que, posteriormente, los demandó en juicio de pertenencia, con el propósito de
probar que al momento del desalojo del apartamento —ordenado como medida
cautelar en el proceso de restitución de inmueble arrendado— ostentaba la calidad
de poseedor propietario producto de la relación de socio de hecho con el causante,
sin embargo, las pretensiones de la demanda le fueron negadas.
v) Dado lo anterior, el señor José Everardo Devia interpuso queja disciplinaria en su
contra para que se juzgaran las actuaciones adelantadas en el proceso de restitución
de inmueble arrendado, de la cual fue absuelto, quedando cerrada cualquier
posibilidad de que pudiera volver a ser juzgado disciplinariamente por las
actuaciones realizadas al interior de dicho proceso.
vi) Con posterioridad a la sentencia adoptada en el juicio de restitución de inmueble
arrendado, el señor Raúl Antonio Durán Gutiérrez adquirió el edificio de propiedad
del señor Dionisio Devia (q. e. p. d.) —en el que se encontraba el apartamento en
litigio—, quien también contrató sus servicios profesionales en orden a que
defendiera sus derechos adquiridos sobre el apartamento, para lo cual, promovió
acción de amparo posesorio en contra del señor José Everardo Devia.
vii) En razón de lo anterior, el señor José Everardo Devia promovió una nueva queja
disciplinaria en su contra, en la cual fue declarado disciplinariamente responsable y
se le suspendió en el ejercicio de su profesión como abogado por el lapso de un año.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial consideró que se incurrió en abuso de
las vías del derecho al promover la acción de amparo posesorio en contra del señor
José Everardo Devia, con el fin específico de torpedear la orden judicial de entrega
del apartamento, cuando lo único procedente respecto de Raúl Antonio Durán
Gutiérrez —frente al apartamento en litigio— era proceder a la entrega a José
Everardo Devia, en obedecimiento de la orden judicial que lo obligaba, lo cual le
impedía ejercer cualquier acción en contra del señor José Everardo Devia distinta de
cumplir con la entrega.
1.1.3. Los defectos invocados
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En sentir del accionante, el fallo de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
incurrió en un defecto fáctico, en concurso con un defecto material o sustantivo, en
atención a las siguientes circunstancias:
1.1.3.1. Defecto fáctico
i) No se tomaron en cuenta los argumentos expuestos en el recurso de apelación en
los cuales se solicitó tener en cuenta: a) que el señor José Devia promovió juicio de
pertenencia en contra de los herederos determinados e indeterminados de Dionisio
Devia (q. e. p. d.), y de personas indeterminadas, dentro de las que se contó a Raúl
Antonio Durán Gutiérrez, debidamente representado en el proceso por curador, el
cual terminó con sentencia de fondo actualmente ejecutoriada y en firme que negó la
pretensión de usucapir el apartamento en litigio al señor José Devia; b) que el señor
Raúl Antonio promovió acción de tutela en contra de lo resuelto por el Juzgado
Octavo Civil Municipal de Ibagué, en el que se le ordenó hacer efectiva la orden de
entrega del inmueble, sin haber sido parte en el proceso de restitución de inmueble
arrendado, y que en la sentencia se señaló que con la imposición de la orden de
entrega del apartamento se vulneraba al señor Raúl Antonio Durán Gutiérrez su
derecho fundamental del debido proceso, sólo que para su defensa existía en el
proceso de restitución de inmueble arrendado el medio de defensa; y c) que en el
primer proceso disciplinario promovido en su contra reposaba copia de todo lo
actuado en los procesos de restitución de inmueble arrendado y amparo posesorio.
ii) El juez disciplinario no valoró todo lo anterior para determinar si en verdad se
incurrió en el abuso de las vías del derecho por el sólo hecho de promover una
acción posesoria en nombre y representación del señor Raúl Antonio Durán
Gutiérrez. De haberse valorado integralmente las pruebas, se hubiese establecido
que entre José Everardo Devia y los herederos determinados e indeterminados de
Dionisio Devia, y personas indeterminadas, se registró como medida cautelar la
inscripción de la demanda de pertenencia, la cual no sacaba el bien del comercio, en
términos del artículo 591 del CGP, y que solo quien lo adquiriera con posterioridad a
dicha inscripción quedaba sujeto a los efectos de la sentencia, al tenor de lo
dispuesto por el artículo 303 ibidem. Es decir, que si los efectos de la sentencia de
pertenencia hubiesen sido favorables a las pretensiones de José Everardo Devia, el
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señor Raúl Antonio Durán Gutiérrez debía allanarse a reconocerle la posesión de
propietario, y proceder a la entrega del apartamento, ergo ello no ocurrió.
iii) Como en el caso no se valoraron integralmente los expedientes relacionados, el
ad quem no se enteró que la sentencia de pertenencia le fue adversa a los intereses
del señor José Everardo Devia, y por ende, favorables a los intereses de los
herederos de Dioniso Devia respecto de la posesión del apartamento,
posteriormente, transmitida al causahabiente señor Raúl Antonio Durán, por negocio
entre vivos. Con dicho acervo probatorio resulta evidente que Raúl Antonio se
encontraba legitimado por la sentencia del juicio de pertenencia, para exigirle a José
Everardo Devia que no le generara temor de privarlo de ella con base en la sentencia
proferida por el juez de restitución de inmueble, luego de habérsela ganado con
efectos de cosa juzgada, pues como quedó demostrado con el fallo de tutela,
materializar dicha orden en su contra constituía una violación de su derecho
fundamental al debido proceso, solo que su amparo por vía de tutela le fue negado
por improcedente al existir en la jurisdicción ordinario su medio de defensa judicial.
iv) Conforme a lo anterior, no se entiende cómo el juez disciplinario calificó la
interposición de la demanda de amparo posesorio en favor del señor Raúl Antonio
Durán Gutiérrez, como una falta disciplinaria, bajo el supuesto de que a su
representado no le quedaba otra alternativa judicial que la de cumplir la orden,
entregando el apartamento de su propiedad al señor José Everardo Devia, cuando
sus derechos sobre el apartamento fueron adquiridos con arreglo a las leyes civiles,
y con audiencia del señor José Everardo Devia.
1.1.3.2. Defecto sustantivo
i) El defecto fáctico lo llevó a inaplicar el artículo 977 del Código Civil, que establece
la legitimación sustancial de todo poseedor para acudir ante la jurisdicción a defender
su posesión. Aparece evidente que contra quien fundadamente temía el señor Raúl
Antonio que lo despojara de la posesión era del señor José Everardo, con base en la
orden dispuesta por el juez de restitución de inmueble, que ante el fracaso de privarlo
de ella mediante el proceso de pertenencia, acudió a la orden de entrega —
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inoponible a su representado— causándole un temor fundado, desconocido por el
juez de segunda instancia del amparo posesorio.
ii) Además, al aplicarse la obligatoriedad de la sentencia al señor Raúl Antonio Durán
Gutiérrez, se desconoció lo dispuesto en el artículo 17 del Código Civil, según el
cual, las sentencias judiciales solo son obligatorias respecto de las causas en que se
dictaron, a más de lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-461 de
2013, puesto que la sentencia que se le impuso de facto al señor Raúl Antonio Duran
Gutiérrez no comporta efectos erga omnes.
iii) También se desconoció el principio del non bis in ídem, por cuanto las acciones
por medio de las cuales se concatenó su actuación en el proceso de amparo
posesorio ya habían sido juzgadas disciplinariamente y, por ende, hicieron tránsito a
cosa juzgada. Asimismo, no es cierto que el derecho de propiedad privada del señor
Raúl Antonio Durán Gutiérrez debía ceder a la orden judicial de entrega proferida al
interior del proceso de restitución de inmueble arrendado, pues este nunca fue parte
del proceso como para aseverar que desconoció la orden a él impartida, distinto
hubiera sido que conociendo la orden, como oponible al señor Raúl Antonio, haya
promovido en su nombre y contra José Everardo Devia la acción posesoria aludida.
iv) La Comisión Nacional de Disciplina Judicial no acudió al ordenamiento sustancial
para determinar con certeza jurídica, si en verdad los herederos de Dionisio Devia (q.
e. p. d.), por ende el señor Raúl Antonio Durán Gutiérrez, como causahabiente de
este por negocio entre vivos (compraventa herederos), se encontraban frente a su
tenor legitimado para intentar la acción posesoria contra el señor José Everardo
Devia, pues de haberlo hecho el fallo cuestionado hubiese sido absolutorio, pues
resulta evidente que su actuación en representación del señor Raúl Antonio, la
realizó para salvar sus derechos sobre el apartamento en litigio, ajenos a la
pretensión de entrega del quejoso como quedó demostrado.
v) En conclusión, si no hubiese existido por parte de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, la omisión de valoración integral de los expedientes y demás
pruebas relacionadas como del acervo probatorio recaudado, aunado a la falta de
aplicación del ordenamiento sustantivo y adjetivo citado, la sentencia de segunda
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instancia en el proceso disciplinario hubiese sido revocatoria de la de primera, por
ende, absolutoria de responsabilidad disciplinaria.
1.2. Actuación procesal
1.2.1. Mediante auto del 15 de marzo de 2024, el consejero de Estado José Roberto
Sáchica Méndez admitió la acción de tutela y, en consecuencia, ordenó i) notificar
del proveído al señor Dagoberto Hernández Madrigal, en calidad de demandante, y a
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, como demandada, para que, en el
término de dos días, rindiera informe sobre los hechos objeto de la solicitud de
amparo; y ii) comunicar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ara
que, si lo consideraba pertinente, interviniera en el asunto. Asimismo, requirió a la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima y a la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial para que remitieran, en medio magnético, copia del expediente
disciplinario 73001-11-02-000-2018-00004-00 [02]; y decretó como pruebas, con el
valor que les asigna la ley, los documentos allegados con la demanda.
1.2.2. El 21 de marzo de 2024, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó
de la providencia al señor Dagoberto Hernández Madrigal, a la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
1.3. Contestación de la demanda
1.3.1. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima. El 21 de marzo
de 2024, el secretario de la corporación remitió el enlace para consulta del
expediente requerido.
1.3.2. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial. El 1 de abril de 2024, el
magistrado Julio Andrés Sampedro Arrubla remitió el enlace para consulta del
expediente disciplinario y solicitó declarar improcedente la acción o, en su defecto,
denegar el amparo deprecado, en atención a los siguientes argumentos:
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i) La tutela no cumple con las exigencias de procedibilidad. Lo pretendido por el
accionante a través del mecanismo constitucional es reabrir un debate judicial sobre
el cual se pronunció el juez natural de la causa y que quedó zanjado dentro del
proceso disciplinario.
ii) No se incurrió en defecto fáctico. El análisis probatorio realizado por la corporación
fue razonable, ajustado e integral, pues valoró la totalidad de las pruebas obrantes
en el plenario, conforme a las reglas de la sana crítica, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 96 de la Ley 1123 de 2007 o Código Disciplinario del Abogado, e, incluso,
incluyó aquellas que el actor consideró que no fueron revisadas y que presuntamente
tenían la entidad suficiente de modificar la decisión sancionatoria.
iii) Para sustentar la configuración de la falta disciplinaria descrita en el numeral 8 del
artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, la Sala de decisión tuvo en consideración,
especialmente, la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Ibagué, Sala Civil-Familia, al interior del proceso de amparo posesorio, en el cual se
constató que la acción posesoria impetrada por el doctor Hernández Madrigal en
favor de su representado Raúl Antonio Durán Gutiérrez no tenía razón de ser, toda
vez que «solo las perturbaciones irregulares o anormales que causan incomodidad o
molestias graves fundamentan el ejercicio de la [mentada] acción» y, en el caso, no
existía elemento de juicio que demostrara un intento de despojo o una perturbación
del bien por parte del señor José Everardo Devia.
iv) Tampoco se incurrió en defecto sustantivo. La corporación en pretéritas
oportunidades ha sostenido que la falta contra la recta y leal realización de la justicia
y fines del Estado, prevista en el numeral 8 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007,
es un tipo «altamente complejo» en la medida en que contempla una variedad de
conductas alternativas. Por un lado, se puede configurar al proponer incidentes,
interponer recursos, formular oposiciones o excepciones con la finalidad de
entorpecer o demorar el desarrollo normal del proceso, este último considerado como
elemento subjetivo del tipo común a dichas conductas, y por otro, el abuso de las
vías del derecho o su empleo en forma contraria a su finalidad. Así, para entender
que la conducta que se reprocha del profesional del derecho se adecua al tipo, basta
con que dicho elemento subjetivo, esto es la finalidad de entorpecer o demorar el
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normal desarrollo del proceso, esté orientada de forma manifiesta a ese fin ilegítimo
de obstaculizar o retardar el trámite sin que sea necesaria su materialización,
concluyéndose entonces que la verificación de dicha intención obedece a criterios de
irracionalidad en la proposición, interposición y/o formulación de incidentes, recursos,
excepciones y/u oposiciones.
v) No se desconoció el principio del non bis in ídem. Mediante sentencia del 15 de
julio de 2020, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura determinó que si bien algunos hechos objeto de queja ya habían sido
discutidos en el proceso disciplinario con radicado 2014-00392, entre ellos, no se
encontraba el proceso de amparo posesorio, motivo por el que resolvió revocar la
decisión de terminación para que se continuara con la investigación.
1.4. Sentencia impugnada
Mediante sentencia del 19 de abril de 2024, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, declaró improcedente el amparo constitucional, dados los siguientes
considerandos:
i) No se cumple con el requisito de relevancia constitucional. Los alegatos propuestos
por la parte actora están encaminados a crear una instancia adicional al proceso
disciplinario, con el único fin de continuar de manera indefinida con un debate que ya
fue resuelto por el juez natural de la causa. Lo anterior, porque se sometieron a juicio
iguales argumentos expuestos en el recurso de apelación interpuesto dentro del
proceso disciplinario, esto es, que se omitió valorar el acervo probatorio que
demostraba que se encontraba legitimado para promover el proceso de amparo
posesorio en representación del señor Raúl Antonio Durán Gutiérrez, y que se
desconoció el principio de non bis in ídem.
ii) Tampoco se satisface el requisito de subsidiariedad. En el recurso de alzada el
recurrente no realizó ningún reproche en torno a la aplicación normativa efectuada en
el caso y al no haber sido un asunto debatido en el trámite disciplinario, no puede el
juez constitucional realizar un juicio de revisión sobre el particular. Además, existe
falta de suficiencia en cuanto a su carga argumentativa, en tanto el accionante se
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limitó a alegar que la autoridad accionada empleó una disposición general que no
resultaba aplicable al caso, sin especificar a qué norma hacía referencia, ni la
supuesta normativa sustancial que se dejó de aplicar.
iii) Con todo, se advierte que aunque al resolver el recurso de alzada, la corporación
accionada no hizo una mención explícita a cada una de las pruebas recaudadas en
el trámite disciplinario, sí explicó de forma puntual el por qué no tenían vocación de
prosperidad. Así, señaló que, aun cuando el derecho de propiedad del inmueble
objeto de la controversia se encontrara en cabeza de su representado, ello no
implicaba que aquel pudiera desconocer la orden judicial de entrega del bien, dado
que, además de estar revestida de legalidad, fue decretada por la autoridad judicial
competente antes de que el señor Durán Gutiérrez celebrara con los herederos del
causante Dionisio Devia el negocio de compraventa respecto del referido inmueble.
Igual conclusión se predica del supuesto desconocimiento del principio de non bis in
idem, frente a lo cual la autoridad accionada señaló que no existió vulneración alguna
a dicha prerrogativa.
iv) A la accionada no le correspondía determinar en cabeza de quien se encontraba
el derecho de propiedad, la forma en que se había adquirido o los medios judiciales
que tenía a su disposición para ejercer su defensa, pues eso escapa de la órbita de
su competencia como autoridad disciplinaria. Lo que debía examinar era la manera
en que el profesional del derecho hizo uso de tales mecanismos, a fin de constatar si
la conducta del abogado constituía un incumplimiento a sus deberes.
1.5. Impugnación
El 29 de abril de 2024, el accionante presentó memorial en el que impugnó la
sentencia de primera instancia en orden a que se revoque y, en su lugar, se
concedan las pretensiones de tutela, en atención a los siguientes argumentos:
i) Lo expuesto en el libelo respecto de los efectos y/o situaciones fácticas y jurídicas
cumplen con la exigencia argumentativa suficiente para controvertir la providencia
judicial enjuiciada por configuración de los defectos fáctico y sustantivo.
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ii) En cuanto al defecto fáctico, se indicó que el juez disciplinario omitió su deber
procesal de valorar integralmente el acervo probatorio y que ello lo llevó a proferir
una decisión contraria a la ley sustancial civil, incluso con vulneración del principio
rector de la actividad disciplinaria del non bis in ídem.
iii) Y en lo que corresponde con el defecto sustantivo, se argumentó que el juez
disciplinario no aplicó el artículo 17 del Código Civil, en armonía con lo dispuesto en
la sentencia C-461 de 2013, respecto de los efectos de las sentencias judiciales, así
como el artículo 977 de igual normativa, en torno de los derechos del poseedor.
iv) Con todo, es del caso acotar lo siguiente: para resolver la situación jurídica el
operador judicial invocó como soporte probatorio lo actuado en los expedientes de
los procesos de restitución de inmueble arrendado y de amparo posesorio,
especialmente, las sentencias definitivas, interpretando que la intención de la acción
posesoria fue torpedear la entrega del bien al señor José Everardo.
v) El juez disciplinario no tomó en cuenta que para imponerle los efectos de la
sentencia del proceso de restitución de inmueble arrendado se debía atender los
reglado en el artículo 17 del Código Civil, según el cual las sentencias judiciales solo
son obligatorias respecto de las causas en que se dictaron y, por ende, entre las
partes del proceso en que se dictaron, con excepción de aquellas que tengan efectos
erga omnes en voces de la dicho por la Corte Constitucional en la sentencia C-461
de 2013. En el caso, la causa por la que en el proceso de restitución de inmueble se
dictó sentencia fue por la tenencia del apartamento en cuestión, aclarándose que el
título con el que se encontraba ocupando el inmueble al momento del desalojo era
objeto de otro proceso entre las partes.
vi) Además, inaplicó el artículo 977 del Código Civil, que establece la legitimación
sustancial de todo poseedor para acudir ante la jurisdicción a defender su posesión.
Ello, porque no reconoció la calidad de poseedor del señor Raúl Antonio Durán
Gutiérrez, tal como se reconoció en el proceso de amparo posesorio, sino que se
negó a ello —pese a que se solicitó en el recurso de apelación— aduciendo que la
sentencia del proceso de restitución de inmueble le impedía ejercer dicha acción y,
por contera, le imponía la obligación de su cumplimiento.
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vii) Es de tener en cuenta que el señor José Everardo Devia, sin que se hubiese
cumplido la orden de restablecimiento de la mera tenencia, promovió contra los
herederos del señor Dionisio Devia un proceso de pertenencia —para demostrarles
que al momento del desalojo ocupaba el bien como poseedor-propietario, producto
de la calidad de socio de hecho del causante—, pero en este proceso se negaron las
pretensiones reconociendo que el señor Dionisio Devia fue el poseedor propietario
no solo del apartamento pretendido por José Everardo, sino de la totalidad de la
unidad habitacional a la que pertenece.
viii) Así, bajo la nueva circunstancia del inmueble entre José Everardo Devia y los
herederos de Dionisio Devia, producto del juzgamiento respecto de su tenencia como
poseedor-propietario, a los herederos se le adjudicó en el proceso de sucesión la
titularidad del domino y, por contera, la posesión derivada de este, quedando
legitimados conforme al ordenamiento para ejercer los atributos del derecho de
propiedad sobre el inmueble y, en consecuencia, lo enajenaron a título de
compraventa al señor Raúl Antonio, aún estando en trámite la decisión de fondo en
el juicio de pertenencia, motivo por el cual dicha negociación quedó legitimada
conforme a las leyes civiles una vez cobró ejecutoria la sentencia que lo resolvió de
fondo sobre la pertenencia del inmueble.
ix) No obstante, el señor José Everardo Devia, sin tener en cuenta lo resuelto en la
sentencia de pertenencia y, por ende, sus efectos respecto de la tenencia del
apartamento por parte del señor Raúl Antonio, procedió a solicitar al juez del proceso
de restitución de inmueble arrendado la entrega del apartamento, esto es, cuando ya
se tornaba inane respecto de la situación jurídica resuelta de fondo y con efectos de
cosa juzgada entre José Everardo y los herederos de Dionisio Devia.
x) Si el operador disciplinario hubiera tenido en cuenta el artículo 17 en concordancia
con la decisión de la Corte Constitucional, no hubiese tenido como obligatoria la
sentencia del proceso de restitución de inmueble arrendado en la que se ordenó la
entrega del apartamento; asimismo, si hubiera aplicado el artículo 977 del Código
Civil, no hubiera desconocido la legitimidad sustancial y adjetiva para adelantar la
acción de amparo posesorio, ni hubiera dejado de valorar y aplicar la sentencia del
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juicio de pertenencia; en consecuencia, no habría tenido la actuación del disciplinable
como dolosa; y no hubiera dictado la sentencia sancionatoria que se impugna por
este medio extraordinario.
1.6. Otras actuaciones
1.6.1. El 24 de junio de 2024, el consejero de Estado Rafael Francisco Suárez
Vargas requirió i) a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Ibagué, Sala
Disciplinaria, para que allegara, en medio digitalizado, el expediente disciplinario con
radicación 73001-11-02-000-2018-00004-00; ii) al Juzgado Primero Civil Municipal de
Ibagué para que allegara, en medio digitalizado, el expediente de acción
posesionaria con radicación 73001-31-030-01-2019-00178-00 [01-02]; iii) al Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Ibagué para que allegara, en medio digital, la
sentencias del 16 de febrero de 2017 y 7 de febrero de 2018, proferidas dentro del
proceso de pertenencia con radicación 73001-31-030-02-2014-00380-00 [01]; iv) al
Juzgado Octavo Civil Municipal de Ibagué para que allegara, en medio digital, la
sentencia del 20 de febrero de 2013 y su aclaratoria del 4 de marzo de 2013, así
como el acta de diligencia de entrega del 26 de enero de 2023, emitidas dentro del
proceso de restitución de inmueble arrendado con radicación 73001-40-030-08-2008-
00035-00; y v) al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagué para que allegara, en
medio digital, la sentencias de primera y segunda instancia proferidas el 5 de julio de
2022 y 24 de agosto de 2022, dentro del proceso de acción de tutela con radicación
73001-31-030-05-2022-00140-00 [01].
1.6.2. El 2 de julio de 2024, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Ibagué,
en cumplimiento del numeral primero, remitió el enlace de acceso al expediente
electrónico del proceso disciplinario 73001-11-02-000-2018-00004-00.
1.6.3. El 2 de julio de 2024, al Juzgado Primero Civil Municipal de Ibagué, en torno
del numeral segundo, informó que en el despacho no se tramitaba el proceso de
acción posesoria con radicación 73001-31-030-01-2019-00178-00 [01-02], y que
según lo investigado, el expediente se encontraba a cargo del Juzgado Primero Civil
del Circuito de Ibagué, a quien le fue remitida copia de la respuesta para lo de su
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competencia, despacho judicial que una vez tuvo conocimiento del requerimiento
remitió el enlace para consulta del expediente.
1.6.4. El 2 de julio de 2024, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagué, en
cumplimiento del numeral tercero, remitió las actas de audiencias de primera y
segunda instancia en las cuales se profirieron las sentencias del 16 de febrero de
2017 y 7 de febrero de 2018, proferidas dentro del proceso de pertenencia con
radicación 73001-31-030-02-2014-00380-00 [01] e igualmente, el enlace de consulta
del expediente; y en lo referente al numeral quinto, informó que la radicación y partes
correspondían al Juzgado Quinto del Circuito de Ibagué, por lo que se le solicitó la
información al despacho, el cual procedió a remitirla.
1.6.5. El 2 de julio de 2024, el señor Dagoberto Hernández Madrigal, en torno del
numeral cuarto, aportó al plenario la sentencia del 20 de febrero de 2013 y su
aclaratoria del 4 de marzo de igual anualidad, proferidas por el Juzgado Octavo Civil
Municipal de Ibagué dentro del proceso de restitución de inmueble arrendado con
radicación 73001-40-030-08-2008-00035-00; y aclaró, en torno del numeral quinto,
que la acción de tutela con radicación 73001-31-030-05-2022-00140-00 [01], se
tramitó en el Juzgado Quinto del Circuito de Ibagué.
1.6.6. El 2 de julio de 2024, al Juzgado Octavo Civil Municipal de Ibagué allegó en
medio digital para que allegara, en medio digital, la sentencia del 20 de febrero de
2013 y su aclaratoria del 4 de marzo siguiente, así como el acta de diligencia de
entrega del 26 de enero de 2023, emitidas dentro del proceso de restitución de
inmueble arrendado con radicación 73001-40-030-08-2008-00035-00.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
De acuerdo con lo previsto en el numeral 8 del artículo 1.º del Decreto 1983 de 2017,
según el cual «Las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la
Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas, para su
conocimiento en primera instancia y a prevención, a la Corte Suprema de Justicia o
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al Consejo de Estado y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección
que corresponda, de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo
2.2.3.1.2.4», en concordancia con lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional y el
inciso 2, artículo 25 del Acuerdo n.º 080 de 20191, según el cual «Las tutelas que
sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda
instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de
lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la
cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es
competente para conocer de la presente impugnación, propuesta contra el fallo de
tutela proferido por la Sección Tercera de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad para controvertir la sentencia del 31 de enero de 2024,
proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, dentro del proceso
disciplinario con radicación 73001-11-020-00-2018-00004-02. En caso afirmativo, se
analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida providencia se
configuraron los defectos endilgados por la parte actora.
2.3. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales
La jurisprudencia constitucional2 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,3 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.
1Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.
2 Sentencias C-543 de 1992,T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de
1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de
2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
3Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv)
que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».
En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de
que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una
de las anteriores causales o defectos.
2.4. Hechos probados
2.4.1. Respecto del proceso de restitución de inmueble arrendado con
radicación 73001-40-030-08-2008-00035-00
i) En el año 2008, la señora Fabiola Lasso Sánchez, en representación de los
menores Duber Dionicio y Daniela Devia Lasso, a través del apoderado, promovió
demanda de restitución de inmueble arrendado en contra del señor José Everardo
Devia, en orden a que se declarara terminado el contrato verbal de arrendamiento
celebrado con el causante Dionisio Devia Devia, por el incumplimiento de la
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obligación de pagar las rentas de arrendamiento causadas entre agosto de 1999 y
enero de 2008, fecha de presentación de la demanda, con sus respectivos
incrementos legales anuales equivalentes al IPC.
ii) El 20 de febrero de 2013, el Juzgado Octavo Civil Municipal declaró probada la
excepción de inexistencia del contrato de arrendamiento, negó las pretensiones de la
demanda, ordenó que al señor José Everardo Devia le fueran restituidos los
derechos que tenía sobre el inmueble, antes de la diligencia de entrega efectuada el
31 de agosto de 2009, y condenó en costas y perjuicios a la parte actora.
iii) El 4 de marzo de 2013, el Juzgado Octavo Civil Municipal aclaró el numeral
tercero de la anterior decisión en el sentido de señalar que «cualquiera que sean los
derechos que el demandado tenga sobre el inmueble, le serán rehabilitados de
manera inmediata».
iv) El 26 de enero de 2023, se realizó diligencia de entrega de bien inmueble al señor
José Everardo Devia, por parte del señor Raúl Antonio Duran Gutiérrez, en
cumplimiento a lo ordenado en la sentencia del 20 de febrero de 2013.
2.4.2. Respecto del proceso de pertenencia con radicación 73001-31-030-02-
2014-00380-00 [01]
i) El 18 de noviembre de 2014, el señor José Everardo Devía presentó demanda de
pertenencia por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio en contra de los
herederos determinados de Dionisio Devia, señores Duver Dionisio Devia Lasso,
Daniela Devia Lasso, Diana Francy Devia Guerrero y Jael Devia Mora, así como en
contra de sus herederos indeterminados y demás personas indeterminadas.
ii) El 16 de febrero de 2017, en audiencia, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Ibagué negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte
demandante.
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iii) El 7 de febrero de 2018, en audiencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Ibagué, Sala Civil – Familia, confirmó la decisión de primera instancia y condenó en
costas a la parte apelante.
2.4.3. Respecto de proceso de acción posesoria con radicación 73001-31-030-
01-2019-00178-00 [02]
i) El 9 de julio de 2019, el señor Raúl Antonio Duran Gutiérrez, por intermedio del
apoderado Dagoberto Hernández Madrigal, promovió acción posesoria en contra del
señor José Everardo Devia, en orden a que se declarara la posesión pública, pacífica
e ininterrumpidamente de la totalidad del lote de terreno y el edificio ubicado en la
ciudad de Ibagué, desde el 24 de octubre de 2014, y por contera, que se declarara
que a partir del 31 de agosto de 2009, el señor José Everardo Devia perdió la
posesión que alegaba haber ejercido sobre el apartamento del segundo piso.
ii) El 22 de julio de 2020, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagué negó las
pretensiones de la demanda y condenó en costas al demandante.
iii) El 16 de julio de 2021, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala
Civil - Familia de Decisión, confirmó la sentencia de primera instancia, la adicionó el
sentido de ordenar el levantamiento de la medada cautelar decretada y practicada en
el asunto, respecto de la suspensión de la diligencia de entrega ordenada a favor del
señor José Everardo Devia por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Ibagué en el
proceso de restitución de inmueble arrendado, y condenó en costas al demandante.
2.4.4. Respecto de la acción de tutela con radicación 73001-31-030-05-2022-
00140-00 [01]
i) El 17 de junio de 2022, el señor Raúl Antonio Duran Gutiérrez promovió demanda
de tutela en contra del Juzgado Octavo Civil Municipal de Ibagué, como
consecuencia de los autos del 7 de marzo, 7 de abril y 6 de junio de 2022, mediante
los cuales se le ordenó entregar al señor José Everardo Devia el apartamento
ubicado en el segundo piso de su vivienda.
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ii) El 5 de julio de 2022, e Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagué concedió el
amparo de los derechos fundamentales invocados por el señor Raúl Antonio Durán
Gutiérrez y, en consecuencia, dejó sin efectos la providencia del 6 de junio de 2022,
emitida por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Ibagué, por medio de la cual se fijó
fecha para la entrega del apartamento ubicado en el segundo piso al señor José
Everardo Devia, so pena de proceder al retiro forzoso de los bienes, por ser
jurídicamente imposible, atendiendo a la ejecución de un fallo que ya no tenía
vigencia ni fuerza obligatoria.
iii) El 24 de agosto de 2022, el Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala Civil
Familia de Decisión, revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó
por improcedente el amparo de los derechos constitucionales reclamados, por ser lo
cuestionado decisiones emitidas en la etapa de ejecución de las sentencias del
proceso de restitución de inmueble arrendado, en la que el demandante podía
ejercer su derecho de defensa.
2.4.5. Respecto del proceso disciplinario con radicación 73001-11-02-000-2018-
0004-00 [02]
i) El 16 de enero de 2018, el señor José Everardo Devia promovió queja disciplinaria
en contra del abogado Dagoberto Hernández Madrigal por abuso de las vías del
derecho al iniciar un proceso de amparo posesorio en su contra e instaurar múltiples
actuaciones procesales en orden a evitar el cumplimiento de la diligencia de entrega
del apartamento, decretada en el proceso de restitución de inmueble arrendado.
ii) El 23 de noviembre de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del
Tolima declaró disciplinariamente responsable al abogado Dagoberto Hernández
Madrigal por incurrir en la falta prevista en el numeral 8 del artículo 33 de la Ley 1123
de 2007, a título de dolo, transgrediendo así el deber dispuesto en el numeral 6 del
artículo 28 ibidem, y en consecuencia, le impuso sanción de suspensión en el
ejercicio de la profesión por el término de doce (12) meses.
iii) El 31 de enero de 2024, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la
decisión de primera instancia.
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2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto
2.5.1. Sobre la procedibilidad de la presente acción de tutela
La Sala encuentra cumplidos en el caso los requisitos de procedibilidad de la acción,
puesto que «supera el requisito de inmediatez», dado que la providencia objeto de
censura data del 31 de enero de 2024, y la presente acción de tutela fue remitida al
correo electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado el 8 de marzo de
2024, esto es, en el término de los seis meses señalados por esta corporación como
prudencial para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial;4 y, de
igual forma, «cumple con el requisito de subsidiariedad», por cuanto lo que se
cuestiona es una decisión de segunda instancia que puso fin a una discusión
planteada dentro de un proceso de disciplinario.
De igual forma, se encuentra que en el escrito de tutela «se identificaron
razonablemente los hechos y argumentos frente a los cuales se alega la vulneración
de derechos fundamentales», pues la parte actora narró de manera clara los hechos
sujetos a examen, los derechos que estima vulnerados y adecuó sus alegatos a la
configuración de los defectos fáctico y sustantivo; «no se cuestiona una irregularidad
procesal» sino el hecho de realizarse un estudio del caso sin un adecuado análisis
probatorio y normativo; y «tampoco se controvierte una sentencia de tutela», sino la
proferida dentro de un proceso disciplinario.
Asimismo, se evidencia que «el caso bajo estudio reviste suficiente relevancia
constitucional», toda vez que el debate gira en torno a la presunta vulneración del
derecho fundamental al debido proceso,5 previsto en el artículo 29 de la Constitución
4El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 5 de agosto de
2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), como
garantía del principio de la seguridad jurídica, acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.
5 El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 31 de julio de
2012, C.P. María Elizabeth García, expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01 (IJ),unificó
su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de
providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el
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Política, pues según los alegatos presentados por los accionantes, no se realizó un
adecuado análisis probatorio y normativo, eventos que de encontrarse acreditados
conduciría a encontrar lesivo sus derechos fundamentales.
2.5.2. Sobre la procedencia del amparo invocado
Insiste el accionante, en sede de impugnación, que en la sentencia del 31 de enero
de 2024, emitida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, se configuraron los
defectos fáctico y sustantivo. El primero, por omitirse la valoración integral de los
expedientes y demás pruebas relacionadas en el acervo probatorio, y el segundo,
por inaplicación de lo dispuesto en los artículos 17 del Código Civil, en concordancia
con lo establecido en la sentencia C-461 de 2013, y 977 de igual normativa.
Pues bien, se advierte que la queja disciplinaria promovida por el señor José
Everardo Devia en contra del abogado Dagoberto Hernández Madrigal se sustentó
en el abuso de las vías del derecho al iniciar, en representación del señor Raúl
Antonio Durán Gutiérrez, un proceso de amparo posesorio en su contra e instaurar
múltiples actuaciones procesales en orden a evitar el cumplimiento de la diligencia de
entrega del apartamento, decretada en el proceso de restitución de inmueble
arrendado.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, al analizar el asunto en segunda
instancia, dividió el estudio del caso, de acuerdo con cada uno de los argumentos
expuestos en el recurso de apelación, así:
Señaló que la acción de amparo posesorio impetrada por el señor Raúl Antonio
Durán Gutiérrez —representado por el abogado Dagoberto Hernández Madrigal— no
tenía razón de ser, pues dentro de dicho proceso se constató que el demandante
ejercía la posesión del inmueble de manera tranquila e ininterrumpida, es decir, sin
traumatismo alguno, en tanto no se acreditó ningún intento de despojo o perturbación
del bien por parte del señor José Everardo Devia y, según la normativa, «solo las
perturbaciones irregulares o anormales que causan incomodidad o molestias graves
acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, observando
para ello los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.
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fundamentan el ejercicio de la acción». De esta forma, concluyó que el proceso
posesorio se promovió con el propósito de suspender y dilatar la diligencia de
entrega del apartamento en litigio, en favor del señor José Everardo Devia y no
defender el derecho de posesión del señor Durán Gutiérrez, pues en ningún
momento se perturbó o desalojó de dicha posesión, ni se acreditó la presencia de un
temor fundado por parte del señor José Everardo Devia.
En tal sentido, indicó que en el caso se acreditaba: i) la tipicidad de la falta
disciplinaria descrita en el numeral 8º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, al
haberse encontrado que el proceso de amparo posesorio se promovió con el fin de
torpedear la orden judicial de entrega decretada por el Juzgado Octavo Civil
Municipal de Ibagué al interior del proceso de restitución de inmueble con radicado
2008-00035; ii) la conducta antijurídica, por cuanto el profesional del derecho
vulneró el deber establecido en el artículo 28 numeral 6º del Código Disciplinario del
Abogado sin justificación alguna, al haber desconocido la orden judicial de entrega
del apartamento objeto de litigio al impetrar el proceso posesorio en cuestión, con el
propósito de seguir dilatando la entrega; y iii) el elemento culpabilidad, puesto que
el abogado actuó de forma dolosa, pues conocía de la orden de entrega y, pese a
ello, decidió abusar de las vías del derecho al instaurar la acción posesoria en aras
de suspender y demorar la diligencia de entrega del inmueble, confluyendo así los
elementos volitivo y cognitivo del dolo.
Y en lo relativo al cuestionamiento de la trasgresión al principio del non bis in ídem,
dispuesto en el artículo 9º del Código Disciplinario del Abogado, precisó que ello no
ocurrió por cuanto la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura determinó en la providencia del 15 de julio de 2020 que si bien algunos
hechos objeto de queja ya habían sido discutidos en el proceso disciplinario 2014-
00392, entre ellos, no se encontraba el proceso de amparo posesorio con radicado
2017-00126 —el cual posteriormente se tramitó bajo el radicado No. 2019-00178—.
Además, el a quo en ningún momento se refirió a los hechos que anteriormente
habían sido objeto de estudio y pronunciamiento por parte de la jurisdicción
disciplinaria, al existir frente a los mismos cosa juzgada, motivo por el que no se
transgredió el principio del non bis in idem.
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Finalmente, con respecto de la causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria
contemplada en el numeral 4º del artículo 22 de la Ley 1123 de 2007, indicó que
aunque el derecho de propiedad del inmueble se encuentre en cabeza del cliente,
ello no implicaba que este pudiera desconocer la orden judicial de entrega, pues
además de estar revestida de legalidad, se decretó por parte del juzgado competente
incluso antes de que el señor Raúl Antonio Durán Gutiérrez celebrara con los
herederos del causante Dionisio Devia contrato de compraventa respecto del
mentado inmueble y, por ende, se convirtiera en el propietario.
De manera que, no se evidenciaba que el inculpado hubiera obrado para salvar un
derecho ajeno al cual debía ceder el cumplimiento del deber, toda vez que el proceso
posesorio promovido por este en favor de su poderdante ni siquiera era el medio
idóneo para defender el derecho de propiedad que presuntamente tiene el señor
Durán Gutiérrez sobre el bien inmueble en cuestión.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala no advierte la configuración un «defecto
fáctico»,6 pues es dable apreciar que el juzgador tomó en cuenta lo resuelto tanto en
el proceso de restitución de inmueble arrendado como de amparo de posesorio, fue
con fundamento en las decisiones allí adoptadas con las que evidenció que en el
caso se configuraba la falta disciplinaria descrita en el numeral 8º del artículo 33 de la
Ley 1123 de 2007, especialmente, en lo encontrado por el juez de segunda instancia
en el proceso de amparo posesorio, el cual fue determinante en señalar que en el
proceso no se acreditó ningún intento de despojo o perturbación del bien por parte
del señor José Everardo Devia, que es la premisa principal por la que procede la
acción posesoria, siendo lo que se acreditó en el plenario una posesión tranquila e
ininterrumpida, lo cual se contrapone con su objeto principal es recuperar o
conservar la posesión.
6 De acuerdo con la Sentencia T-923 de 2013, el defecto fáctico tiene dos dimensiones para su
configuración: «dimensión negativa», que ocurre por la valoración defectuosa del material probatorio
debidamente allegado al plenario, que se presenta cuando el funcionario judicial i) niega la práctica del
medio probatorio solicitado, ii) no ordena el que debía recaudar de oficio u, ii) omite la valoración de
elementos de juicio determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados y sin razón
valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de ella emerge; y «dimensión positiva»,
por desconocimiento de las reglas de la sana crítica en la apreciación de los medios de prueba que
conducen a valorarlos de manera arbitraria, irracional y caprichosa, que se da cuando el funcionario
judicial i) fundamenta su determinación en elementos de juicio que no le es permitido considerar
porque fueron indebidamente recaudados, son totalmente inconducentes al caso concreto, o se trata
de pruebas nulas de pleno derecho, y/o ii) apoya la decisión judicial en material probatorio que no
permite llegar a la certeza sobre el supuesto fáctico del cual parte la conclusión.
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Ahora bien, el accionante se duele del hecho de que el juez no tomó en cuenta lo
resuelto en el proceso de pertenencia interpuesto por el señor José Everardo Devia,
en el cual le fueron negadas las pretensiones de usucapir del inmueble en cuestión,
como lo señalado en la acción de tutela presentada por el señor Raúl Antonio Duran
en contra de las decisiones adoptadas por el juez del proceso de restitución de
inmueble arrendado en las que se le ordenó hacer efectiva la entrega el inmueble sin
haber sido parte del proceso, pues, en su sentir, tales decisiones demostraban su
legitimidad para exigirle al señor José Everardo Devia, a través de la acción
posesoria, que no le generara temor de privarlo de la posesión con base en la
sentencia proferida por el juez de restitución de inmueble arrendado.
Tales planteamientos, en juicio de esta Sala de decisión, lo que pretenden es reabrir
el debate sentado en el proceso de acción posesoria, pues en este el juez dejó
expresa cuenta que no era admisible apreciar o catalogar la orden de entrega
dispuesta por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Ibagué a favor del señor José
Everardo Devia como un miedo racional, comoquiera que esa decisión no emanaba
de un proceder indebido, injusto, violento o ilícito, sino de causa legal, puntualmente,
de una sentencia en firme que ordenó la entrega, de ahí que la naturaleza de ese
procedimiento no pudiera tildarse de un temor fundado como lo pretendió la parte
demandante.
Y siendo así, lo que se extrae del asunto es que la parte actora está inconforme con
la lógica y estudio dado por el fallador y utiliza la acción de tutela para plantear un
análisis de la prueba que, en su juicio, es el que debe darse, lo cual está
completamente vedado para el juez constitucional, toda vez que el mecanismo de
amparo no es una instancia adicional para requerir una nueva revisión de las
pruebas obrantes en el juicio ordinario.
Esta Sala de decisión ha sido constante en sostener que la tarea de decidir ante
distintos medios probatorios cuál o cuáles de ellos, y con qué concreto alcance
deben ser utilizados para la resolución de un determinado supuesto litigioso, es una
materia de mera interpretación y valoración, conforme a las reglas de la lógica y de la
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sana crítica de la prueba, que en virtud del artículo 176 del Código General del
Proceso constituye una función exclusiva de los órganos judiciales ordinarios.
La valoración efectuada por el Tribunal lejos de constituir un defecto fáctico,
corresponde a la manifestación de la autonomía e independencia judicial de que
gozan los jueces al analizar el material probatorio puesto a su disposición, que como
lo ha fijado la Corte Constitucional es el «campo en el que la independencia del juez
se mantiene con mayor vigor […]. Ello por cuanto el juez de la causa es el que puede
apreciar y valorar de la manera más certera el material probatorio que obra dentro de
un proceso», sin que al juez de tutela le esté permitido «convertirse en una instancia
revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce
de un asunto», como lo pretende la parte actora.
De igual forma, tampoco se evidencia la configuración de un «defecto sustantivo»,7
pues, aunque en sentir del accionante, el juez disciplinario inaplicó el artículo 977 del
Código Civil, que establece la legitimación sustancial de todo poseedor para acudir
ante la jurisdicción a defender su posesión, como el artículo 17 del Código Civil, en el
que se señala que «las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino
respecto de las causas en que fueron pronunciadas», con excepción de aquellas que
tengan efectos erga omnes, en voces de la dicho por la Corte Constitucional en la
sentencia C-461 de 2013, lo cierto es que no era de su función analizar la calidad de
poseedor del señor Raúl Antonio Durán Gutiérrez y, por contera, la causa para
interponer la acción de amparo posesorio, ni tampoco determinar la oponibilidad
dentro del juicio de restitución de inmueble arrendado, pues tales circunstancias
fueron resueltas en dichos escenarios.
7
En diferentes decisiones, la Corte ha recogido los supuestos que pueden configurar este defecto.
Así, en las sentencias SU-168 de 2017 y SU-210 de 2017, se precisaron las siguientes: (i) cuando
existe una carencia absoluta de fundamento jurídico. En este caso la decisión se sustenta en una
norma que no existe, que ha sido derogada, o que ha sido declarada inconstitucional; (ii) la aplicación
de una norma requiere interpretación sistemática con otras que no son tenidas en cuenta y resultan
necesarias para la decisión adoptada; (iii) por aplicación de normas constitucionales pero no
aplicables al caso concreto. En este evento, la norma no es inconstitucional pero al ser aplicada al
caso concreto vulnera derechos fundamentales, razón por lo que debe ser igualmente inaplicada; (iv)
porque la providencia incurre en incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión. Esta
situación se configura cuando la resolución del juez no corresponde con las motivaciones expuestas
en la providencia; (v) al aplicar una norma cuya interpretación desconoce una sentencia de efectos
erga omnes. En esta hipótesis se aplica una norma cuyo sentido contraría la ratio decidendi de una
sentencia que irradia sus efectos a todo el ordenamiento jurídico; (vi) por aplicación de normas
abiertamente inconstitucionales, evento en el cual, si bien el contenido normativo no ha sido declarado
inexequible, este es abiertamente contrario a la Constitución.
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Al juez disciplinario le correspondía estudiar si con la interposición de la acción
posesoria se podía apreciar el entorpecimiento o normal desarrollo de la orden de
entrega del apartamento al señor José Everardo Devia ―dispuesta en el proceso de
restitución de inmueble arrendado―, y atendiendo lo señalado por el juez del
proceso de acción posesoria evidenció que la falta disciplinaria descrita en el
numeral 8 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, si se configuraba en el caso; de
aquí que la providencia discutida se encuentre debidamente motivada y justificada.
Así las cosas, la Sala encuentra que, al efectuar el estudio del caso, el Tribunal no
incurrió en los defectos fáctico y sustantivo endilgados que habiliten la procedencia
del amparo deprecado, por lo que los considera infundados y, en consecuencia, no
advierte vulneración del derecho al debido proceso del accionante.
3. Conclusión
Con los anteriores argumentos la Sala concluye que en el caso no se configuran las
causales indilgadas y, en tal sentido, revocará la sentencia impugnada, que declaró
improcedente el amparo constitucional, y en su lugar, denegará el amparo de tutela
invocado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia del 19 de abril de 2024, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, declaró improcedente el amparo
constitucional. En su lugar, se dispone:
Segundo. Denegar el amparo invocado por el señor Dagoberto Hernández Madrigal,
de acuerdo con lo expuesto en este proveído.
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Tercero. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
YASM
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