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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-01186-00

Fecha
12 de julio de 2024
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-01186-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: ACEPTAR las solicitudes de coadyuvancia que obran en el presente trámite y en los expedientes acumulados. SEGUNDO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el medio más expedito. CUARTO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-01186-00

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

12 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., doce (12) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01186-00, acumulado con 11001-03-15-000-2024-
01192-00 y 11001-03-15-000-2024-01197-00
Accionantes: Asociación de Mineros Artesanales de Monsalve (ASOMAR) y otras
personas en los expedientes acumulados
Accionados: Presidencia de la República, Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y Ministerio de Minas y Energía
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por Asociación de Mineros Artesanales de
Monsalve (ASOMAR) y otros actores en los expedientes acumulados en contra de la
Presidencia de la República, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el
Ministerio de Minas y Energía.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

Adrián Maldonado Lizcano, representante legal1 de la Asociación de Mineros Artesanales
de Monsalve2 ─ ASOMAR (rad. 11001-03-15-000-2024-01186-00)3; Ivonne Consuelo
González Jácome, en nombre propio y en representación de la Asociación de Mineros y
Joyeros de Vetas4 ─ ASOMINEROS VETAS (rad. 11001-03-15-000-2024-01192-00)5; y
Ferney Botina, José Ismael García Zapata, Joselyn Gutiérrez Vega y Ronal Cecilio
González Rojas, quienes afirmaron actuar en nombre propio y en representación de la
Federación de Pequeños Mineros Ancestrales en Procesos de Formalización en
Colombia ─ FEDEMAPEC (rad. 11001-03-15-000-2024-01197-00)6, solicitaron la
protección de sus derechos fundamentales a la participación ciudadana en materia
ambiental, al debido proceso administrativo, a la buena fe, a la confianza legítima, al

1 Obra certificado de matrícula mercantil en el certificado 1EC626BBE1EAC410 27AAC0432258130E
C249A3C0A8E70D00 4E94EB77E3322132, índice 2, expediente de tutela 11001-03-15-000-2024-01186-00.
2 Obra acta de constitución en el certificado EEB3F44E4858FD20 0E2312841BB12453 AEA2B580064AEF02

161F4103307B8A8B, índice 2, expediente de tutela digital 11001-03-15-000-2024-01186-00.
3 Obra escrito de tutela en el certificado E44FBA70F96DCD11 D9FE3BD875B9A45C C00C09D4CCAEDE42

89A9B7FF9B25359E, índice 2, expediente de tutela digital 11001-03-15-000-2024-01186-00.
4 Obra certificado de existencia y representación de la Cámara de Comercio a folios 73-79, certificado

8BD34AD3BC101831 208354B6A38CFF1B BB14879E27B95F68 6BA9361AC07C95D1, índice 2, expediente de
tutela digital 11001-03-15-000-2024-01192-00.
5 Obra acción de tutela a folios 1-71, Ibídem.
6 Obra acción de tutela en el certificado B13FC3B7E111230D BA86DDED358E278C 1CD8AB060BA9E09B

39DAB2E13C6D5ED9, índice 2, expediente de tutela digital 11001-03-15-000-2024-01197-00.

2
Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01186-00, acumulado
Accionantes: Asociación de Mineros Artesanales de Monsalve (ASOMAR) y otros
Accionados: Presidencia de la República y otros

trabajo, a la libertad de escogencia de oficio y al mínimo vital, a la protección de los
derechos adquiridos y a las expectativas legítimas. Tales garantías las consideraron
vulneradas por la Presidencia de la República, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y el Ministerio de Minas y Energía, con ocasión de la expedición del Decreto
núm. 0044 del 30 de enero de 2024 “[p]or el cual se establecen criterios para declarar y
delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal en el marco del
ordenamiento minero-ambiental y se dictan otras disposiciones”, pues, según indicaron,
en el trámite de formación normativa no se garantizó su derecho de participación.

1.1. Hechos

1.1.1. El 15 de julio de 2023 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publicó en
su página web7 el proyecto de decreto “[p]or el cual se establecen criterios para declarar
y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal en el marco del
ordenamiento minero-ambiental y se dictan otras disposiciones”, con el fin de que los
ciudadanos, empresas, asociaciones y entidades interesadas participaran en la
construcción de las políticas, planes y programas, mediante la presentación de sus
comentarios y observaciones. Esta publicación estuvo habilitada del quince (15) de julio
al cuatro (4) de agosto del mismo año.

1.1.2. Con ocasión de lo anterior (i) el 28 de julio de 2023 Daniel Maldonado Lizcano, en
representación de ASOMAR, presentó sus observaciones y comentarios al proyecto8; (ii)
el 1 de agosto de 2023 Ivonne González Jácome, en calidad de directora de
FEDEMAPEC, radicó su escrito de comentarios9; así como (iii) Ronal Cecilio González
Rojas y Ferney Botina también presentaron sus comentarios10.

1.1.3. El 15 de diciembre de 2023 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
publicó el “informe de observaciones y respuestas de los proyectos específicos de
regulación”11, en el que relacionó los 400 comentarios que recibió de los 118
participantes, con sus respectivas respuestas.

1.1.4. El 15 de diciembre de 2023 la Oficina Asesora Jurídica remitió concepto de

7 Consultas Públicas - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (minambiente.gov.co)
8 Obra en el certificado 739D0270B4E96719 E54A18E515A03089 C723826FA315BF17 5B2EB42B999CB3FE, índice

2, expediente de tutela digital 11001-03-15-000-2024-01186-00.
9 Obra a folios 3-4, certificado 4901C7E843DBA849 037EE516661FF86E BAA679E8AFAF5710 6A4D36A8F8302201,

índice 2, expediente de tutela digital 11001-03-15-000-2024-01197-00.
10 Obra en el certificado 202BC5ED04A74A73 07DCAC597A94A374 B34B7D89A95853A3 FAB55FB23EB13232,

índice 2, 11001-03-15-000-2024-01192-00.
11 Ibídem.

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Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01186-00, acumulado
Accionantes: Asociación de Mineros Artesanales de Monsalve (ASOMAR) y otros
Accionados: Presidencia de la República y otros

viabilidad del proyecto de decreto a la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible12, en
el que afirmó que, luego de haber revisado los documentos del proyecto normativo y la
memoria justificativa13, lo encontraba ajustado a lo dispuesto en el Decreto 1081 de 2015,
al manual para la elaboración de textos normativos y al procedimiento de elaboración de
instrumentos normativos.

1.1.5. Conforme con lo anterior, el 30 de enero de 2024, la Presidencia de la República
junto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y el Ministerio de Minas y
Energía expidieron el Decreto 44, “[p]or el cual se establecen criterios para declarar y
delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal en el marco del
ordenamiento minero-ambiental y se dictan otras disposiciones”14.

1.2. Fundamentos de la acción de tutela

1.2.1. Los accionantes de manera conjunta plantean, en síntesis, los siguientes
argumentos de manera coincidente.

1.2.1.1. El Decreto 44 de 2024 no previó la existencia de un escenario en el que las
comunidades de mineros tradicionales puedan participar, a pesar de que las decisiones
sobre dichas reservas pueden afectar significativamente sus intereses y condiciones de
vida.

1.2.1.2. En el trámite de expedición del Decreto 44 de 2024 no se garantizó el derecho
de participación, dado que los comentarios presentados al proyecto de decreto no fueron
tenidos en cuenta por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pues dicha
autoridad brindó respuestas superficiales y sin un debido análisis que respaldara su
decisión de rechazo.

1.2.1.3. Para la expedición del decreto cuestionado no se realizaron estudios de impacto
socioeconómico y, en ese orden, no se tuvieron en cuenta las consecuencias negativas
que se podrían derivar de su aplicación.

1.2.1.4. El Decreto 44 de 2024 coarta el núcleo esencial de los derechos a la libre

12 Obra a folio 3, certificado 679F667223651C20 D9DC1937F58A6F27 EE3FF49622A0737B E78258F9CCBBB841,

índice 12, expediente de tutela digital 11001-03-15-000-2024-01186-00.
13 Obra en el certificado 9B63DA2F13BD97D2 4522D3FB8E8E2260 14CA5E55B382948A BEA905F48C964AD2,

índice 12 del expediente digital con número de radicado 11001-03-15-000-2024-01186-00.
14 Obra en el certificado 3A18683D38CF287A 1C45D5EC40155586 EA819050F334EBC6 8BD703ECA5E2163B,

índice 12, expediente de tutela digital 11001-03-15-000-2024-01186-00.

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Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01186-00, acumulado
Accionantes: Asociación de Mineros Artesanales de Monsalve (ASOMAR) y otros
Accionados: Presidencia de la República y otros

escogencia de profesión u oficio y al trabajo, en conexidad con el mínimo vital, pues la
declaración de reserva temporal en alguno de los territorios en los que la parte accionante
ejerce sus labores tendría como efecto que no podrían continuar desarrollando sus
actividades de minería.

1.2.1.5. Afirmaron que en este caso se configura un perjuicio irremediable, ante la
posibilidad de que se declare una reserva temporal en alguno de los territorios que
ocupan, por lo que entienden que es necesario dictar medidas urgentes para
salvaguardar los derechos fundamentales que invocaron en los escritos de tutela.

1.3. Pretensiones de la acción de tutela

Las partes accionantes solicitaron lo siguiente:

1.3.1. Que se declare que la Presidencia de la República, el Ministerio de Minas y Energía
y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible violaron el derecho fundamental a la
participación ciudadana de los accionantes.

1.3.2. Que se declare que existe una grave amenaza de que el derecho fundamental a
la participación ciudadana y al debido proceso de los accionantes resulten vulnerados
con la aplicación del Decreto 44 de 2024.

1.3.3. Que se deje sin efectos el Decreto 44 de 2024.

1.3.4. Que se ordene a la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible que se abstenga
de ejercer las facultades otorgadas en el referido acto.

1.3.5. Que se ordene a la Presidencia de la República, al Ministerio de Minas y Energía
y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que garanticen los derechos
fundamentales invocados, en los procesos de expedición de actos administrativos de
carácter general y abstracto, en materia de ordenamiento minero ambiental.

1.3.6. Como pretensión subsidiaria, pidieron que se decrete la suspensión provisional del
Decreto 44 de 2024, hasta que se resuelvan las demandas de nulidad que se han
presentado en su contra.

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Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01186-00, acumulado
Accionantes: Asociación de Mineros Artesanales de Monsalve (ASOMAR) y otros
Accionados: Presidencia de la República y otros

2. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición

El 15 de marzo de 2024 el despacho del magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas
admitió la acción de tutela identificada con radicado 11001-03-15-000-2024-01186-00 y
ordenó comunicar a las partes accionadas para que se pronunciaran sobre los hechos
en que se sustentó la solicitud de amparo15.

2.1. El 18 y 19 de marzo de 2024 los consejeros de Estado Wilson Ramos y César
Palomino, respectivamente, remitieron las acciones de tutela que cursan bajo los
números de radicado 1001-03-15-000-2024-01197-0016 y 1001-03-15-000-2024-01192-
0017, con el fin de que se estudiara su posible acumulación al presente trámite.

2.2. Con ocasión de lo anterior, el 21 de marzo de 202418, el despacho del magistrado
Jaime Enrique Rodríguez Navas dictó auto en el que: (i) decretó la acumulación de la
acción de tutela con número de radicado 1001-03-15-000-2024-01197-00 al presente
trámite; (ii) admitió la solicitud de amparo; y (iii) requirió a Ferney Botina, a José Ismael
García Zapata, a Joselyn Gutiérrez Vega, a Andrea Lizeth Vásquez y a Ronal Cecilio
González Rojas para que aportaran el certificado de existencia y representación legal de
FEDEMAPEC.

2.3. El 8 de abril de 202419 el despacho del magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas
decretó la acumulación de la solicitud de amparo con número de radicado 11001-03-15-
000-2024-01192-00 a este trámite.

2.4. En Sala del 17 de mayo de 2024 la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado improbó el proyecto de fallo que el magistrado Jaime Enrique Rodríguez
Navas presentó para resolver la solicitud de amparo de la referencia20.

2.5. Mediante auto del 12 de junio de 202421 se ordenó a la Secretaría General de esta
Corporación remitir el expediente de la referencia al magistrado de la Subsección C de

15 Obra en el certificado F539932617321B90 42841EBB7F96A841 1F842C75686C9D21 F9580412DA329283, índice

4, expediente de tutela digital 11001-03-15-000-2024-01186-00.
16 Obra en el certificado 782045F1B6DAF681 1EB7D5198B9F3D02 DA79A328F1360A85 0115FD18D75C8B9B,

índice 4, expediente de tutela digital 11001-03-15-000-2024-01197-00.
17 Obra en el certificado 6C230248A49CD3AB 6928B68AE6204E05 35A922DD9CBAFB80 4B7347DD88A3A710,

índice 8, expediente de tutela digital 11001-03-15-000-2024-01192-00.
18 Obra en el certificado 32BBBA5DED56FFD1 7879858A9EB395A7 401B0B4F277A3413 9024553504EE5CD1,

índice 11, expediente de tutela digital 11001-03-15-000-2024-01197-00.
19 Obra en el certificado 6D5A05B2C5B7E42A D92CCB545FD58C7C E17A208C1566E986 37E919E07585E8BF,

índice 120, expediente de tutela digital 11001-03-15-000-2024-01192-00.
20 Ver acta núm. 4 de 2024, expediente de tutela digital 11001-03-15-000-2024-01186-00.
21 Obra en el certificado 1C16F60B1E6F8830 DA4606D887921BC6 B729B6B9FB7160EC 9FEDC635674B867B,

índice 46, expediente de tutela digital 11001-03-15-000-2024-01186-00.

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Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01186-00, acumulado
Accionantes: Asociación de Mineros Artesanales de Monsalve (ASOMAR) y otros
Accionados: Presidencia de la República y otros

la Sección Tercera del Consejo de Estado que sigue en turno para lo de su competencia,
asunto asignado al ponente el 17 de junio de 202422.

2.1. Contestaciones

2.1.1. El Ministerio de Minas y Energía23 solicitó que se declare la improcedencia o que
se nieguen las pretensiones de la acción de tutela, dado que el proceso de expedición
del decreto cuestionado se desarrolló en cumplimiento de las garantías de participación
en el proceso de producción normativa establecidas en el artículo 2.1.2.1.14 del Decreto
1081 de 201524, así, procedió a publicar la iniciativa normativa en su página web, durante
16 días calendario, esto es, del 15 al 30 de julio de 2023, plazo que además extendió
hasta el 4 de agosto siguiente, con el fin de garantizar la participación de la comunidad
y de los actores interesados. Aclaró que durante dicho lapso se recibieron 400
comentarios provenientes de 118 actores, los que fueron atendidos en debida forma, al
dar respuesta de fondo e informar qué aspectos serían acogidos y cuáles no.

Explicó que el Decreto 44 de 2024 fue expedido en cumplimiento de la sentencia del 4
de agosto de 2022, dictada en el marco de la acción popular que cursó bajo el número
de radicado 25000-23-41-000-2013-02459-01 en la Sección Primera de esta
Corporación, pues, en aquella oportunidad, la Sala de decisión consideró que existía una
debilidad en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas ─ SINAP ─ que permitía que en
zonas de especial protección ambiental se realizaran actividades mineras.

Finalmente, argumentó que la acción de tutela no procede para controvertir la legalidad
de actos administrativos de carácter general y abstracto, pues para ello, el mecanismo
idóneo y eficaz es el medio de control de nulidad, y que, en todo caso, la vulneración
protestada corresponde a un hecho futuro e incierto y a una expectativa que no se ha
materializado, toda vez que “no es seguro que se vayan a declarar áreas reservadas de
carácter temporal en las zonas donde el accionante y/o la asociación a la que representa
desempeñan sus actividades o ejercen sus derechos, razón por la cual no existe la
vulneración esgrimida”25.

22 Obra en el índice 50, expediente de tutela digital 11001-03-15-000-2024-01186-00.
23 Obra en el certificado 32CAA432A30F6D0B EA00A1ABBBF23928 AD8540C38CA970D1 877AB87F9D36AF21,

índice 11, expediente de tutela digital 11001-03-15-000-2024-01186-00.
24 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República”.
25 Obra a folio 7, certificado 32CAA432A30F6D0B EA00A1ABBBF23928 AD8540C38CA970D1 877AB87F9D36AF21,

índice 11, expediente de tutela digital 11001-03-15-000-2024-01186-00.

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Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01186-00, acumulado
Accionantes: Asociación de Mineros Artesanales de Monsalve (ASOMAR) y otros
Accionados: Presidencia de la República y otros

2.1.2. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible26 solicitó declarar la
improcedencia del amparo, en razón a que el derecho de participación no fue vulnerado,
toda vez que en el marco de la expedición del Decreto 44 de 2024 se garantizaron los
espacios de publicidad y participación. Adujo que la disposición normativa demandada
es un acto de carácter general y abstracto que no modificó situación jurídica alguna de
la parte accionante.

Resaltó que el mecanismo de amparo no procede contra actos de carácter general,
impersonal y abstracto, y que en el caso concreto no se acreditó la existencia de un
perjuicio irremediable que haga que proceda la acción de tutela como un mecanismo
transitorio. Agregó que no se cumplió el requisito de inmediatez, puesto que, si el objeto
de la acción de tutela es que se proteja el derecho de participación, la solicitud debía ser
ejercida en la etapa de comentarios y no alrededor de 8 meses después de la culminación
de dicha etapa.

2.1.3. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República ─ DAPRE
─27 argumentó no estar legitimado en la causa por pasiva, por cuanto no tiene
competencia en dicho asunto y no puede intervenir en temas propios de los Ministerios
de Medio Ambiente y de Minas. Añadió que, en todo caso, la parte accionante no hizo
referencia a acción u omisión alguna de la Presidencia de la República, frente a la que
se pudiera realizar el análisis de vulneración de un derecho fundamental.

2.1.4. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ─ANDJE─28 indicó que
con la expedición del Decreto 44 de 2024: (i) no se afectarán los títulos existentes; (ii) la
declaración y delimitación de reservas de recursos naturales de carácter temporal se
haría con observancia de criterios técnicos, económicos, jurídicos y ambientales; (iii) se
garantizó la participación e inclusión ciudadana, puesto que se atendió lo dispuesto en
el Decreto 1081 de 2015, además se concedió un plazo mayor al inicial para presentar
comentarios; y (iv) no fue estigmatizada la actividad minera tradicional.

2.1.5. Ivonne González Jácome29, en representación de ASOMINEROS VETAS, y Daniel

26 Obra en el certificado 5706E855883DBB6D 4A431BF97DA2E7D5 256BF8CB9BA95F1B 2FCDFDC9C7996FFE,

índice 12, expediente de tutela digital 11001-03-15-000-2024-01186-00.
27 Obra en el certificado EC4B537B2824E1FC 3B422C48B6580B70 9130F48290EB205D 9C20C6C48A9B06AF,

índice 10, expediente de tutela digital 11001-03-15-000-2024-01186-00.
28 Obra en el certificado 3762629E594CF344 CB1051CB352172AB C99084FA515C7C5C 20C3335A7A9C380F,

índice 13, expediente de tutela digital 11001-03-15-000-2024-01186-00. Intervino en este trámite con fundamento en
el artículo 610 del Código General del Proceso.
29 Obra en el certificado F83D69B2784C3C58 27521E93080B0E34 D9464EF87FA13199 88F98699859CFAF6, índice

27, expediente de tutela digital 11001-03-15-000-2024-01186-00.

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Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01186-00, acumulado
Accionantes: Asociación de Mineros Artesanales de Monsalve (ASOMAR) y otros
Accionados: Presidencia de la República y otros

Maldonado Lizcano30, en condición de representante legal de ASOMAR, allegaron
memoriales en escritos separados en los que informaron que actualmente cursa una
demanda de nulidad contra el Decreto 44 de 2024, bajo el número de radicado 11001-
03-26-000-2024-00036-00 en la Sección Primera del Consejo de Estado, en la que
solicitaron su reconocimiento como litisconsortes necesarios y coadyuvantes. Lo anterior,
con el fin de acreditar el cumplimiento del requisito de subsidiariedad.

2.1.6. Posteriormente, Adrián Maldonado Lizcano envió memorial31, en el que informó
que el 20 y 21 de abril de 2024, junto con otras personas, sostuvo una reunión con el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para avanzar en la concertación de la
nueva delimitación del Páramo de Santurbán. Según afirmó, una funcionaria del
Ministerio de Ambiente le indicó que se está elaborando una resolución que creará una
Zona de Reserva de Recursos Naturales Temporales que tiene por objeto la exclusión
de la minería en toda la provincia de Soto Norte, por lo que considera inminente y real la
amenaza de continuar con su actividad minera.

2.2. Solicitudes de coadyuvancia

En el expediente con número de radicado 11001-03-15-000-2024-01186-00 se
presentaron 4 solicitudes de coadyuvancia32; en el expediente con radicado número
11001-03-15-000-2024-01192-00 se presentaron 97 solicitudes de coadyuvancia33; y en
el expediente con número de radicado 11001-03-15-000-2024-01197-00 se presentaron
2 solicitudes de coadyuvancia34. Tales peticiones fueron radicadas por diferentes
personas que afirmaron tener un interés legítimo en el resultado de la acción de tutela
por su condición de mineros tradicionales. En sus respectivos escritos manifestaron que:
(i) en el trámite de la expedición del decreto cuestionado se vulneró su derecho a la
participación; (ii) dicha norma representa una amenaza a sus derechos de libertad de
oficio, mínimo vital y a no ser desplazados de su territorio. En ese orden, solicitaron su
reconocimiento como coadyuvantes y que se concedan las pretensiones de las acciones
de tutela objeto de este trámite.

30 Obra en el certificado 5B49F2419CDE2C5F C4DAC40B07F4FCB8 5BEFE57A4AC093A5 14ADC3E38E0BE99B,

índice 29, expediente de tutela digital 11001-03-15-000-2024-01186-00.
31 Obra en el certificado 374ADF31A3A8DE7D 53D7DB7449321917 F5DE8133D80CF011 4734A2D5B2424860,

índice 43, expediente de tutela digital 11001-03-15-000-2024-01186-00.
32 Índices 14 a 17 expediente de tutela digital 11001-03-15-000-2024-01186-00.
33 Índices 4, 6, 11 a 33, 35 a 49, 51, 52, 59, 61 a 100, y 112 a 114, expediente de tutela digital 11001-03-15-000-2024-

01192-00.
34 Índices 15 y 16 expediente de tutela digital 11001-03-15-000-2024-01197-00.

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Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01186-00, acumulado
Accionantes: Asociación de Mineros Artesanales de Monsalve (ASOMAR) y otros
Accionados: Presidencia de la República y otros

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado 080 de
2019 esta Sala es competente para conocer de la tutela actual.

2. Sobre la solicitud de coadyuvancia

De conformidad con los parámetros fijados por la Corte Constitucional, la coadyuvancia
en materia de tutela debe regirse por las reglas que siguen:

“(i) la participación del coadyuvante debe estar acorde con las posiciones y pretensiones presentadas
por el accionante o el accionado en el trámite de tutela, es decir, no puede formular pretensiones
propias de amparo a sus derechos fundamentales; (ii) la coadyuvancia puede ser llevada a cabo hasta
antes de que se expida la sentencia que finalice el proceso de tutela, es decir, hasta antes de la
sentencia de única, de segunda instancia o de revisión ante la Corte Constitucional, según sea el
caso”35.

Así las cosas, como se indicó, en los expedientes acumulados se presentaron múltiples
solicitudes de coadyuvancia en las que se acompañaron las pretensiones formuladas en
los escritos de tutela, sin incluir intenciones u objetivos propios. Entonces, como las
peticiones de coadyuvancia en comento satisfacen las condiciones fijadas por el alto
tribunal constitucional para su procedencia, se aceptarán.

3. Problema jurídico

La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si las autoridades accionadas
vulneraron los derechos fundamentales invocados.

4. El cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso concreto

4.1. El inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política claramente expresa que la
acción de tutela resulta procedente cuando el afectado no dispone de otro medio de
defensa judicial. Sin embargo, la Corte Constitucional ha señalado que la solicitud de
amparo procede de forma excepcional (i) cuando a pesar de existir otros mecanismos,
estos no son idóneos ni eficaces para la protección de los derechos fundamentales o (ii)

35 Auto 410 de 2020.

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Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01186-00, acumulado
Accionantes: Asociación de Mineros Artesanales de Monsalve (ASOMAR) y otros
Accionados: Presidencia de la República y otros

cuando se ejerce para evitar la causación de un perjuicio irremediable36. En el primero
de los casos la orden de protección sería definitiva y, en el segundo, transitoria. Además,
en términos de la jurisprudencia constitucional “no es admisible la pretensión orientada
a revivir términos concluidos u oportunidades procesales vencidas por la negligencia o
inactividad injustificada del actor”37.

En materia de actos administrativos de contenido general, impersonal y abstracto, la
Corte Constitucional en la sentencia C-132 de 2018 precisó que la acción de tutela
solamente resulta procedente como mecanismo transitorio de protección de los derechos
fundamentales, siempre y cuando se trate de conjurar la posible ocurrencia de un perjuicio
irremediable y, además, sea posible establecer que el contenido del acto de carácter
general, impersonal y abstracto afecta clara y directamente un derecho fundamental de
una persona determinada o determinable. Por tanto, exclusivamente en estos casos el
juez puede hacer uso de la facultad excepcional consistente en ordenar la inaplicación
del acto para el caso concreto, con un carácter eminentemente transitorio mientras se
produce la decisión de fondo por parte del juez competente.

4.2. La Sala observa que la parte actora alega, en esencia, que: (i) el Decreto 44 de 2024
no previó la existencia de un escenario de participación para las comunidades de mineros
tradicionales, a pesar de que las decisiones sobre dichas reservas pueden afectar
significativamente sus intereses y condiciones de vida; y (ii) no se realizaron estudios de
impacto socioeconómico y, en ese orden, no se tuvieron en cuenta las consecuencias
negativas que se podrían derivar de su aplicación.

Frente a este aspecto, se tiene que la acción de tutela es improcedente, dado que se
dirige contra un acto de contenido general, impersonal y abstracto, como lo es el Decreto
44 de 2024 y no se logró determinar la configuración de un perjuicio irremediable.

Respecto de la eventual estructuración de un perjuicio irremediable no se demostró: (i)
que exista un daño cierto y evidente sobre un derecho fundamental; (ii) que no exista
forma de reparar el daño producido; (iii) que su ocurrencia sea inminente; (iv) que resulte
urgente una medida de protección; y (v) que la gravedad de los hechos sea de tal
magnitud que haga evidente la impostergabilidad de la tutela . Lo anterior, teniendo en
cuenta que actualmente no se ha declarado ninguna zona de reserva de recursos

36 Corte Constitucional, sentencia T 230 de 2013.
37 Corte Constitucional, sentencias T-032 de 2011, T-237 de 2018 y T-021 de 2022.

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Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01186-00, acumulado
Accionantes: Asociación de Mineros Artesanales de Monsalve (ASOMAR) y otros
Accionados: Presidencia de la República y otros

naturales de carácter temporal, por lo que la eventual materialización de este
presupuesto obedece más a una percepción de la parte actora.

Aunado a lo expuesto, actualmente cursa ante la Sección Primera del Consejo de Estado
una demanda de nulidad contra el referido Decreto 44 de 2024 identificada con el
radicado 11001032600020240003600, la que se encuentra pendiente de corrección de
demanda para admisión y consecuentemente definir si procede la medida provisional
solicitada por los demandantes. En este punto se precisa que los actores presentaron
escrito para coadyuvar el aludido medio de control38.

Con todo, el medio de control de nulidad y la solicitud de medida provisional tienen el
mismo fin planteado en el escrito de tutela, esto es, dejar sin efectos el referido Decreto
44 de 2024, a partir de alegar que desconoce: (i) los trámites de su expedición; (ii) las
normas superiores en que debió fundarse; (iii) el principio y derecho constitucional de
participación ciudadana; (iv) la autonomía de las corporaciones autónomas regionales;
(v) el derecho a la consulta previa; y (vi) los principios de coordinación, colaboración,
concurrencia y subsidiariedad, así como también las órdenes de la sentencia que dice
cumplir, afectando gravemente derechos legítimamente adquiridos, la sostenibilidad de
los territorios y el patrimonio del Estado39.

4.3. Esta Subsección entiende que existe un proceso en curso ante el juez natural del
asunto, por lo que la intervención del constitucional está vedada, ya que la acción de
tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo, especialmente cuando no existe un
perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de derechos fundamentales.

4.4. En suma, la acción de tutela no tiene por fin sustituir al funcionario judicial en la labor
que le es propia, máxime cuando uno de los propósitos de la subsidiariedad de la tutela
radica en que el juez ordinario pueda pronunciarse, en primera instancia, sobre la
cuestión constitucional debatida.

5. En consecuencia, el presupuesto de subsidiariedad, como se expuso, no se encuentra
superado en este caso y hace que la acción constitucional resulte improcedente.

38 Obra en los certificados 247B711BA4DACFB2 89C28F9E19B47B60 E64F1EA9216F85EA 8171CCC8E75A1BAB,

índice 8 y 113005C061061D00 72E55B625400F825 CAE0A020DB36CEBD AAF0C99CCE8B8978, índice 9,
expediente de control de nulidad 11001032600020240003600.
39 Obra demanda de nulidad presentada en contra del Decreto 44 de 2024, folio 2, certificado 23B5118A16F40C4E

01D54AB8ABB6C1A6 794A0B192DCBEBAD 8DB67D0E358D0193, índice 2, expediente de control de nulidad
11001032600020240003600.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01186-00, acumulado
Accionantes: Asociación de Mineros Artesanales de Monsalve (ASOMAR) y otros
Accionados: Presidencia de la República y otros

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: ACEPTAR las solicitudes de coadyuvancia que obran en el presente trámite
y en los expedientes acumulados.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados
por el medio más expedito.

CUARTO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de no ser impugnada.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
Ausente con excusa

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