Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01195-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01195-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-01195-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
18 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01195-00
Referencia: Acción de tutela
ACTORES: RAMÓN ARTURO MONTAÑO FLÓREZ Y OTROS.
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA RESPECTO A
ALGUNOS ACTORES POR FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA,
COMOQUIERA QUE NO SE HICIERON PARTE COMO SUCESORES PROCESALES
DENTRO DEL PROCESO DE REPARACIÓN DIRECTA EN EL QUE FUE PROFERIDA
LA PROVIDENCIA CUESTIONADA. SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD
DE AMPARO, TODA VEZ QUE CARECE DEL REQUISITO GENERAL DE
SUBSIDIARIEDAD, AL ENCONTRARSE EN CURSO EL PROCESO DE
REPARACIÓN DIRECTA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y AL TRABAJO.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por los
actores contra la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1.
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En adelante el Tribunal
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01195-00
Actores: RAMÓN ARTURO MONTAÑO FLÓREZ Y OTROS.
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
Los señores RAMÓN ARTURO MONTAÑO FLÓREZ, SILKY CUAN
CAMARGO, BEATRIZ SOFÍA, BERNARDO JOSÉ y JORGE LUIS
GARCÍA ARAUJO, actuando a través de apoderada especial, en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Constitución Política, solicitaron la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y al trabajo, los cuales estiman vulnerados por el TRIBUNAL
al haber proferido la providencia de 30 de agosto de 2023, dentro del
medio de control de reparación directa identificado con el número
único de radicación 2017-00080-01.
I.2.- Hechos
Manifestaron que los señores ROSA SOFÍA ARAÚJO MENDOZA,
SILKY CUAN CARMARGO y RAMÓN ARTURO MONTAÑO
FLÓREZ, laboraban como servidores públicos de la extinta
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EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES2, que fue
liquidada el 31 de enero de 2006, motivo por el cual fueron retirados
del servicio, desconociendo que pertenecían al retén social y su
condición de madres y padre cabeza de familia, respectivamente.
Alegaron que el MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES y el PAR
TELECOM omitieron adoptar un plan de reubicación de los padres y
madres cabeza de familia desvinculados, en cumplimiento de la SU-
377 de 2014, proferida por la Corte Constitucional.
Comentaron que el 27 de marzo de 2017, por conducto de apoderado
judicial, la parte demandante integrada por ROSA SOFÍA ARAÚJO
MENDOZA, RAMÓN ARTURO MONTAÑO FLÓREZ y SILKY CUAN
CARMARGO, presentó demanda de reparación directa en contra de
la NACIÓN-MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES y el CONSORCIO
DE REMANENTES DE TELECOM, INTEGRADO POR
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En adelante TELECOM
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FIDUAGRARIA y FIDUCIARIA POPULAR S.A., por los daños y
perjuicios materiales e inmateriales sufridos por no haberles
asegurado su derecho preferencial a ingresar a un empleo en
condiciones similares a las que tenían en TELECOM, devengando
salarios y prestaciones, por lo menos, partir del año siguiente a la
publicación de la SU-377 de 2014.
Indicaron que la anterior demanda fue identificada con el número
único de radicación 11001-33-36-033-2017-00080-01 y le
correspondió por reparto en primera instancia al JUZGADO 33
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ3 que,
mediante providencia de 18 de enero de 2022, denegó las
pretensiones de la demanda.
Aseveraron que inconformes con la anterior decisión, los
demandantes formularon recurso de apelación ante el TRIBUNAL
que, en providencia de 30 de agosto de 2023, revocó la decisión del
a quo y rechazó la demanda por haber operado la caducidad.
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En adelante el Juzgado
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Informaron que el 23 de agosto de 2023, la señora ROSA SOFÍA
ARAUJO MENDOZA falleció y era la progenitora de los accionantes
BEATRIZ SOFÍA, BERNARDO JOSÉ y JORGE LUIS GARCÍA
ARAUJO, por lo que aquellos acuden al presente mecanismo
constitucional como herederos.
Adujeron que la sentencia de segunda instancia fue notificada el 9 de
octubre de 2023 y al día siguiente, la parte demandada, el
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES solicitó al TRIBUNAL la aclaración de
sentencia de segunda instancia y que dicha petición se encuentra al
despacho y pendiente de pronunciamiento desde el 9 de febrero de
2024.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio de la parte actora, en la providencia cuestionada se incurrió
en defecto sustantivo y en violación directa a la Constitución Política,
pues la autoridad accionada declaró la caducidad del medio de control
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de reparación directa con fundamento en lo establecido en el literal
“i” del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, sin que dicha norma
resultara aplicable a la situación fáctica objeto de estudio, habida
cuenta que contabilizó erradamente el término de dos años para
promover la demanda, a partir del año 2006, cuando se extinguió
TELECOM.
Señalaron que el daño antijurídico invocado no se configuró con la
extinción de TELECOM, ni con la sentencia de la Corte Constitucional
que garantizó el derecho a los accionantes, pues lo cierto era que el
daño ocurrió con posterioridad a esa fecha, esto es, en 2014, dado
que el tutelado era el Consorcio a cargo de la administración del PAR
TELECOM que fue notificado del fallo el día 23 de septiembre de
2014, por lo cual tenía plazo para dar cumplimiento a la orden de
reubicación de los padres y madres cabeza de familia desvinculados
hasta el día 23 de septiembre de 2015 y, en consecuencia, la
demanda podía ser radicada hasta el 23 de septiembre de 2017.
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Afirmaron que el daño antijurídico se configuró con la omisión de un
deber constitucional y legal de cumplir debidamente los fallos
judiciales, en relación con los derechos al debido proceso, acceso a
la justicia y tutela judicial efectiva.
Indicaron que la providencia cuestionada incurrió en defecto fáctico
por la indebida valoración del material probatorio, específicamente,
de la sentencia y autos de la Corte Constitucional y la demanda de
reparación directa, que implicó que la accionada se separara por
completo de los hechos debidamente probados, como lo fue el que el
daño antijurídico demandado no se configuró en el año 2006, con la
liquidación de TELECOM.
Alegaron que, pese a que contra la sentencia cuestionada procede el
recurso extraordinario de revisión, bajo la causal de nulidad originada
en la sentencia por la defectuosa motivación, resultaría ineficaz
debido al tiempo que tardaría en surtirse, por lo cual se debía acceder
a la solicitud de amparo de forma transitoria.
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I.3.- Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] Solicito al honorable CONSEJO DE ESTADO, se sirva
conceder la tutela a los accionantes, a fin de garantizar sus
derechos fundamentales violados, disponiendo la
descalificación judicial de la sentencia de 30 de agosto de
2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C, en el proceso radicado con el N°
11001-33-36-033-2017-00080-1, por la cual se declaró
probada de oficio la excepción de caducidad, por
configurarse de manera ostensible y manifiesta las causales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
indicados y demostrados, por lo que para tal efecto, debe:
Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C, en el proceso radicado con el N° 11001-
33-36-033-2017-00080-1, que vuelva a proferir una nueva
sentencia constitucional, legal y congruente con la demanda (los
hechos) las pruebas y derechos invocados, a fin de que mediante
un análisis integral y dándole prevalencia al derecho sustancial
y al derecho de acceso a la justicia, revoque el fallo del Juzgado
y acceda a las pretensiones de la demanda […]”.
I.4.- Defensa
I.4.1.- El TRIBUNAL solicitó declarar improcedente la acción de
tutela de la referencia o, en su defecto, denegar las pretensiones.
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Afirmó que la decisión de declarar de oficio la caducidad del medio
de control, estuvo soportada en la expedición de los autos 664 de
2017 y 111 de 13 de marzo de 2019 de la Corte Constitucional, a
través de los cuales se moduló la orden trigésima contenida en la SU-
337 de 2014.
Alegó que se evidenció que la fuente del daño cuya indemnización
persiguen los demandantes no ocurrió con ocasión de la expedición
de la sentencia SU-377 de 2014, modulada por el auto 664 de 2017,
sino que tuvo ocurrencia y se consolidó efectivamente el 31 de enero
de 2006, cuando TELECOM fue liquidada definitivamente con la
consecuencial supresión de cargos y terminación de los contratos de
trabajo.
I.5.- Intervinientes
I.5.1.- El JUZGADO solicitó denegar las pretensiones de la acción,
toda vez que no incurrió en ninguno de los defectos señalados en la
solicitud de tutela y, además, siempre ha garantizado los derechos
fundamentales de los actores.
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Adujo que en el proceso controvertido se llevaron a cabo las etapas
procesales que por ley deben adelantarse en ese tipo de asuntos,
observando el derecho de defensa y contradicción bajo los principios
de publicidad y celeridad.
Refirió que el medio de control de reparación directa se adelantó bajo
los lineamientos de las leyes sustanciales, la jurisprudencia y la
doctrina aplicables al asunto.
I.5.2.- El Consorcio de Remanentes TELECOM, conformado por
FIDUAGRARIA S.A. y FIDUCIAR S.A. en representación del
PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES PAR solicitó
declarar improcedente la acción de tutela de la referencia.
Manifestó que no existe vulneración alguna de los derechos
fundamentales deprecados, habida cuenta que los análisis de
derecho efectuados en las instancias procesales denotan que se
efectuó un análisis íntegro del acervo probatorio, quedando
plenamente demostrado que no hay lugar al pago de la
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indemnización solicitada, teniendo en cuenta que la Corte
Constitucional determinó que la obligación de elaborar un plan de
reubicación era de medio, más no de resultado, lo cual quedó
plasmado en el Auto 111 de 2019, en el que se determinó que el PAR
y el MINTIC dieron pleno cumplimiento a la SU 377 de 2014.
Sostuvo que los accionantes no cumplieron con la carga
argumentativa de demostrar que al menos se había configurado una
causal o un requisito de procedibilidad especial requerido para la
procedencia de este tipo de acciones y, además, la decisión acusada
fue respetuosa del debido proceso, se encuentra debidamente
motivada y no puede cuestionarse vía tutela bajo el argumento de
no encontrarse de acuerdo con la misma.
I.4.3.- El MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES solicitó denegar las pretensiones de la
acción constitucional de la referencia, teniendo en cuenta que la
providencia cuestionada no incurrió en los defectos invocados por los
accionantes.
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Sostuvo que en el presente caso no puede emplearse la tutela como
una tercera instancia judicial, para reabrir el debate o revivir los
términos del mismo, pues dichos reproches, a todas luces, no
trascienden al plano legal, sino que se trata de una discusión de mero
derecho ante el acaecimiento de la caducidad de la acción de la
reparación directa.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Cuestión previa
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Respecto de la legitimación en la causa por activa de los
señores BEATRIZ SOFÍA, BERNARDO JOSÉ y JORGE LUIS
GARCÍA ARAUJO
El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona
podrá ejercer la acción de tutela en nombre propio o mediante
apoderado para obtener la protección inmediata de sus derechos
fundamentales.
En relación con la legitimación en la causa por activa, el artículo 10°
del Decreto 2591 de 19914 preceptúa:
“[…] Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela
podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular
de los mismos no esté en condiciones de promover su propia
defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse
en la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los
personeros municipales […]”.
4
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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De la norma transcrita, se desprende que quien promueve acción de
tutela puede hacerlo i) en nombre propio, actuando por sí mismo o
mediante apoderado, o ii) a través de la figura de la agencia oficiosa,
caso en el cual se debe manifestar expresamente tal circunstancia,
además de demostrar las razones por las cuales el agenciado no está
en capacidad de ejercer su propia defensa.
La Corte Constitucional ha establecido que la legitimación en la causa
por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la
medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto
del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela, de modo
que el derecho cuya protección se persigue debe ser propio del
demandante y no de otra persona5.
Ahora bien, conforme con las piezas procesales del expediente digital
que se encuentra en el aplicativo de consulta Samai 6, así como del
escrito de tutela y las pruebas obrantes en el plenario, se observa
5
Sentencia T-086 de 2010; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Caljub.
6
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202401
195001100103
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que los actores RAMÓN ARTURO MONTAÑO FLÓREZ, SILKY
CUAN CARMARGO y ROSA SOFÍA ARAUJO MENDOZA (q.e.p.d.),
el 27 de marzo de 2017 presentaron demanda de reparación directa7
contra la NACIÓN-MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES y el CONSORCIO
DE REMANENTES DE TELECOM, INTEGRADO POR
FIDUAGRARIA y FIDUCIARIA POPULAR S.A., por los daños y
perjuicios materiales e inmateriales sufridos por no haberles
asegurado su derecho preferencial a ingresar a un empleo en
condiciones similares a las que tenían en TELECOM, devengando
salarios y prestaciones, por lo menos a partir del año siguiente a la
publicación de la SU-377 de 2014.
Así las cosas, se tiene que, en principio, las legitimadas en la causa
para promover la presente acción de tutela son las víctimas del daño
antijuridico, esto es, los señores RAMÓN ARTURO MONTAÑO
FLÓREZ, SILKY CUAN CARMARGO y ROSA SOFÍA ARAUJO
MENDOZA (q.e.p.d.).
7
Identificada con el número único de radicación 11001-33-36-033-2017-00080-01
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Sin embargo, la solicitud de amparo de la referencia fue promovida
por los señores BEATRIZ SOFÍA, BERNARDO JOSÉ y JORGE LUIS
GARCÍA ARAUJO, quienes acuden a esta instancia constitucional
como herederos de su progenitora, la señora ROSA SOFÍA ARAUJO
MENDOZA (q.e.p.d.); no obstante, dichas personas no figuran como
partes o sucesores procesales de la accionante en el medio de control
de reparación directa identificado con el número único de radicación
11001-33-36-033-2017-00080-01, objeto del presente estudio.
Al respecto, se advierte que esta Sala ha considerado que la
legitimación en la causa por activa de quien promueve acción de
tutela contra providencia judicial y alega la vulneración de sus
derechos fundamentales, está determinada por la participación
en el proceso judicial cuya revisión depreca en ejercicio del
amparo constitucional.
Así lo sostuvo la Sala en la sentencia de 27 de abril de 2017 8, en la
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P: doctor Roberto
Augusto Serrato Valdés. También se puede ver sentencia de 27 de abril de 2017, expediente 11001 03
15 000 2016 02676 00. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
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que se indicó:
“[…] En ese orden de ideas, la controversia gira en torno a
establecer si la mencionada autoridad judicial quebrantó los
referidos derechos fundamentales del accionante, con la
providencia cuestionada.
Ahora bien, antes de entrar a examinar el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, de acuerdo con la jurisprudencia
trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala
Plena de esta Corporación, resulta necesario determinar
la legitimación en la causa por activa, en tanto que uno de
los derechos alegados como vulnerados es el del debido
proceso.
Sobre el particular, la Sala ha sido del criterio según el cual,
quien promueva una acción de tutela con el propósito de buscar
la protección del derecho fundamental al debido proceso,
presuntamente vulnerado con ocasión de las providencias o
actuaciones que se surtan en el trámite de un proceso judicial,
debe acreditar que es o fue parte en el mismo [9].
Lo anterior, atendiendo lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, artículo 10, que
determina que en la acción de tutela la legitimidad para actuar
está radicada en la persona vulnerada o amenazada en uno
9
Sobre el particular, la Sala se pronunció en ese sentido, reiterando dicho criterio en varias
acciones de tutela promovidas por los electores de la señora Johana Chaves García, que
interpusieron numerosas solicitudes de amparo, tendientes a controvertir las decisiones
tomadas en el medio de control de nulidad electoral, radicado con el número (acumulados)
2014-00057-00 y 2014-00083-00, demanda promovida por el señor Yorgin Harvey Cely Ovalle
y otro. Ver: Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 12 de febrero de 2015. Radicado:
2014-03603-00. Actor: Daul Monroy Mendoza. C.P.: Dra. María Elizabeth García González;
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 12 de febrero de 2015. Radicado: 2014-
03802-00. Actor: Carmen Cecilia Rodríguez Guerrero. C.P.: Dra. María Elizabeth García
González; Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 19 de febrero de 2015. Radicado:
2014-04113-00. Actor: Julio Edgar Cuesta Areiza. C.P.: Dra. María Elizabeth García González;
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 19 de febrero de 2015. Radicado: 2014-
03870-00. Actor: Dora Silva Ordúz. C.P.: Dra. María Elizabeth García González; Consejo de
Estado. Sección Primera. Sentencia de 5 de marzo de 2015. Radicado: 2014-03803-00. Actor:
Deryan Johan Monsalve Barajas. M.P.: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno.
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de sus derechos fundamentales, quien ejercerá la acción,
directamente o a través de apoderado, debidamente
acreditado [10].
Lo anterior cobra relevancia en el sub lite, toda vez que el objeto
de la acción de amparo es el de controvertir y dejar sin efecto el
numeral segundo de la parte resolutiva de la providencia del 3
de marzo de 2016, dictada en el medio de control de nulidad
electoral bajo el radicado (…); pues de ésta es que el actor deriva
la vulneración, en primer lugar, del derecho fundamental al
debido proceso, y, como consecuencia de ello, de los de buena
fe y de elegir y ser elegido; sin que él se hubiere constituido
como parte en el mismo.
En efecto, de la revisión del expediente contentivo del medio de
control de nulidad electoral (…), la Sala pudo determinar que el
actor no fue quien promovió tal acción ni realizó solicitud alguna
de coadyuvancia, razón por la que no puede ser considerado
como parte en ese proceso.
En ese orden de ideas, de conformidad con la jurisprudencia
arriba citada respecto de la legitimación en la causa y con base
en el criterio prohijado por la Sala, solo podrían promover una
acción de tutela por la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso con ocasión de las
decisiones que se profieran en el respectivo medio de
control, quienes ostenten la calidad de partes en el
mismo, […].
Así las cosas, en razón a que el actor no ostenta ninguna de esas
calidades, no se encuentra legitimado para promover la
presente acción de amparo, en tanto no es titular del
derecho fundamental al debido proceso cuya vulneración
depreca; por lo que se declarará la falta de legitimación
en la causa por activa […]” (Resaltado es del texto original).
10
Respecto de la legitimación en la causa, la jurisprudencia constitucional explicó que la razón de
ser de la exigencia de acreditar el interés para demandar en tutela, obedece “al verdadero
significado que la Constitución de 1991 le ha dado al reconocimiento de la dignidad humana, en el
sentido de que, no obstante las buenas intenciones de terceros, quien decide si pone en marcha
los mecanismos para la defensa de sus propios intereses, es sólo la persona capaz para hacerlo”
(Subrayado y negrilla fuera de texto).
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En el mismo sentido, la Sala mediante providencia 29 de julio de
202111, señaló:
“[…] En ese sentido, quienes ostentan la legitimación en la causa
por activa para cuestionar las providencias proferidas dentro del
trámite del incidente de desacato objeto de estudio son las
personas respecto de las cuales se tramitó el incidente de
desacato, que en este caso resultaron sancionadas y conminadas
a cumplir la orden de tutela, es decir, los señores i) Darío Antonio
Valen Trujillo, en calidad de Director del Establecimiento
Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario de Alta
Seguridad de Popayán – EPAMSCAS Popayán; ii) Mauricio Iregui
Tarquino, en calidad de Representante Legal del Consorcio
Fondo de Atención en Salud PPL 2019 – 2020; iii) Andrés Ernesto
Díaz Hernández, en calidad de Director de la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios – USPEC; y iv) Mariano De La Cruz
Botero Coy, en la calidad de Director del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario – INPEC, último frente al cual el
Tribunal Administrativo del Cauca resolvió revocar la sanción
impuesta.
Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia, T-1020 de 30
de octubre de 200312, manifestó que la acción de tutela es un
medio de defensa que se encuentra al alcance de todas las
personas y que la legitimidad para interponerla radica en la
persona afectada, quien podrá presentarla directamente o por
quien actúe en su nombre.
[…]
En ese orden de ideas, para la Sala no se advierte que la
USPEC tenga un interés directo y particular respecto al
amparo que se solicita ante el juez constitucional que
permita establecer que el derecho fundamental
presuntamente vulnerado sea propio del actor, razón por
la cual esta Sala no puede emitir un pronunciamiento de
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P: doctor Hernando
Sánchez Sánchez. expediente 11001-03-15-000-2021-03712-00.
12
Corte Constitucional, sentencia T-1020 de 30 de octubre de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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fondo, para establecer si en el presente caso concreto
hubo o no la afectación de su derecho fundamental.
En ese sentido, se considera que, en el caso sub examine,
la USPEC carece de legitimación en la causa por activa
[…]” (Resaltado por la Sala).
De acuerdo a lo anterior, la Sala ha sido enfática en señalar que, para
acreditar el requisito de la legitimación en la causa por activa en las
acciones de tutela contra providencias judiciales, se requiere que el
actor haya sido parte del respectivo proceso judicial que reprocha,
con el fin de que, como inferencia lógica, pueda alegar que se
vulneraron los derechos fundamentales de los que es titular.
En ese orden de ideas, es claro que los accionantes BEATRIZ
SOFÍA, BERNARDO JOSÉ y JORGE LUIS GARCÍA ARAUJO
carecen de legitimación en la causa por activa en el presente asunto
para formular solicitud de amparo contra la providencia cuestionada,
por cuanto no demuestran que se hayan hecho parte dentro del
proceso judicial en el que fue proferida.
Ahora bien, la Sala destaca que el hecho de que la señora ROSA
SOFÍA ARAUJO MENDOZA hubiese fallecido durante el trámite del
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medio de control, no legitima de manera automática a sus hijos para
promover la presente acción como eventuales beneficiarios y
herederos de la fallecida, comoquiera que aquellos debieron solicitar
su reconocimiento como parte dentro del proceso objeto de amparo
a través de la figura de sucesión procesal prevista en el artículo 68
del Código General del Proceso, lo cual no ha ocurrido.
En efecto, aun cuando los actores BEATRIZ SOFÍA, BERNARDO
JOSÉ y JORGE LUIS GARCÍA ARAUJO dentro del trámite de la
acción de tutela de la referencia aseguraron actuar en calidad de
herederos de la señora ROSA SOFÍA ARAUJO MENDOZA, no obra
prueba dentro del expediente, ni tampoco se advierte actuación
alguna en el aplicativo de consulta Samai en el que se evidencie que
estos solicitaron hacerse parte dentro del proceso ordinario, ni que
el TRIBUNAL les haya reconocido como sucesores procesales dentro
del mismo.
Por tal razón, la Sala declarará la falta de legitimación en la causa
por activa en la solicitud de amparo de la referencia respecto de los
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señores BEATRIZ SOFÍA, BERNARDO JOSÉ y JORGE LUIS
GARCÍA ARAUJO en calidad de herederos de la señora ROSA
SOFÍA ARAUJO MENDOZA, como en efecto se dispondrá en la
parte resolutiva de la presente providencia.
Aclarado lo anterior, se continuará el estudio de la presente acción
de tutela únicamente frente a las pretensiones de los señores
RAMÓN ARTURO MONTAÑO FLÓREZ y SILKY CUAN
CARMARGO, por cuanto fueron parte demandante dentro del
proceso de reparación objeto del presente estudio.
Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de
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la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
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asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se
correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes
a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
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e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
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que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[11].
i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).
En el presente asunto, la Sala advierte que los señores RAMÓN
ARTURO MONTAÑO FLÓREZ y SILKY CUAN CARMARGO
pretenden que se deje sin efectos la providencia de 30 de agosto
de 2023, proferida por el TRIBUNAL, dentro del medio de control
de reparación directa identificado con el número único de radicación
2017-00080-01.
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A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales invocados, habida cuenta que, a juicio de los actores,
la autoridad judicial accionada declaró la caducidad del medio de
control de reparación directa con fundamento en lo establecido en el
literal “i” del numeral 2º del artículo 164 del CPACA, sin que dicha
norma resultara aplicable a la situación fáctica objeto de estudio,
pues se contabilizó erradamente el término de dos años para
promover la demanda, a partir del año 2006, cuando se extinguió
TELECOM.
Agregaron que la autoridad judicial accionada desconoció que el daño
antijurídico invocado no se configuró con la extinción de TELECOM,
ni con la sentencia de la Corte Constitucional que garantizó el
derecho a los accionantes, sino con posterioridad a esa fecha, esto
es, en el 2014, dado que el demandado fue el Consorcio a cargo de
la administración del PAR TELECOM, por lo cual al serle notificado
ese fallo el día 23 de septiembre de 2014, tenía plazo para cumplirlo
hasta el día 23 de septiembre de 2015 y la demanda podía ser
radicada hasta el 23 de septiembre de 2017.
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Adujeron que el 10 de octubre de 2023, la parte demandada, esto
es, el MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACIONES solicitó al TRIBUNAL la aclaración de
sentencia de segunda instancia y que dicha petición se encuentra al
despacho y pendiente de pronunciamiento desde el 9 de febrero de
2024.
Por lo anterior, la Sala debe determinar i) si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales, y, de superarse tal derrotero,
ii) si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos invocados
por los actores, al haber proferido la providencia de 30 de agosto de
2023, dentro del medio de control de reparación directa identificado
con el número único de radicación 2017-00080-01.
Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
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Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la subsidiariedad.
De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del
requisito de subsidiariedad
El artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 prevé como causal de
improcedencia que «existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante»
(Subrayas y negrillas fuera del texto).
Lo anterior significa, que este mecanismo de amparo ostenta un
carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente
cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales
para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo
tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en
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aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.
Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,
afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los
derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural
idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las
competencias establecidas por el legislador.
No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría
intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos
fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo
contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de
amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se
dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer
del fondo del asunto.»13 (Subrayas y negrillas fuera del texto).
Ahora bien, precisado lo anterior, la Sala advierte que la presente
13
Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente doctor Jorge
Iván Palacio Palacio.
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acción de tutela no cumple el requisito general de la subsidiariedad,
toda vez que el proceso ordinario se encuentra en curso, comoquiera
que la solicitud de aclaración de la sentencia de segunda instancia
presentada por el MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES se encuentra
pendiente de ser resuelta y está siendo objeto de análisis por parte
del TRIBUNAL accionado.
En efecto, revisado el aplicativo de consulta Samai14 se advierte que
el 10 de octubre de 2023 el MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES le solicitó al
TRIBUNAL que se aclarara la sentencia de segunda instancia,
teniendo en cuenta que esa entidad propuso la excepción de
caducidad en la contestación de la demanda, por lo cual, a su juicio,
se debía tener por probada la misma y no resultaba procedente que
se declarara de oficio.
En ese orden de ideas, la Sala encuentra que la presente acción
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110013336033201700
14
080012500023
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de tutela resulta improcedente por carencia del requisito
general de subsidiariedad, toda vez que la acción de tutela no
procede contra providencias judiciales cuando el asunto está en
trámite y, en el presente asunto, la solicitud de aclaración de la
sentencia de segunda instancia del proceso de reparación directa
está siendo objeto de análisis por parte del TRIBUNAL, lo que impide
que este mecanismo constitucional suplante la competencia del juez
natural del asunto.
Ahora bien, con el fin de analizar si en el presente caso se configura
la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la
acción de tutela como mecanismo transitorio, la Sala se remite a lo
dispuesto por la Corte Constitucional15 que, frente al tema, ha
sostenido lo siguiente:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha
precisado que éste debe reunir las siguientes características:
“debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un
considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos
que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del
daño. (…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un
detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona
15
Corte Constitucional, sentencia T-641 de 2014
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(moral o material), pero que sea susceptible de determinación
jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el
daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una
respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como
respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por
último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto
es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de
evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable […]”.
De acuerdo con lo expuesto en precedencia, si bien los accionantes
alegaron que se configuraba un perjuicio irremediable, dado que
únicamente contaban con el plazo de un año para interponer el
recurso extraordinario de revisión contra la providencia cuestionada
y el trámite del mismo sería prolongado indefinidamente en el
tiempo, por lo cual dicho medio de defensa judicial no resultaba
idóneo para la protección inmediata de sus derechos fundamentales,
la Sala no advierte la existencia del mismo.
En efecto, para que proceda el amparo constitucional como
mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, este debe ser actual y las medidas que se requieran
para conjurarlo han de ser urgentes; no basta cualquier perjuicio, se
requiere que sea grave, lo que equivale a una gran intensidad del
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daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la
persona; y la urgencia y la gravedad determinan que la acción de
tutela sea impostergable, debido a que tiene que ser adecuada para
restablecer el orden social justo en toda su integridad, lo cual, no se
encontró probado en el presente caso.
En las condiciones anotadas, la Sala concluye que la solicitud de
amparo de la referencia debe ser declarada improcedente por no
cumplirse el requisito general de la subsidiariedad, como en efecto
se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA
CAUSA POR ACTIVA de los señores BEATRIZ SOFÍA, BERNARDO
JOSÉ y JORGE LUIS GARCÍA ARAUJO, por las razones expuestas
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en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 18 de abril de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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