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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01206-00

Fecha
19 de abril de 2024
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01206-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR el amparo constitucional solicitado, en los términos expuestos en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-01206-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

19 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01206-00
Accionante: Alfonso Enrique Ochoa Miranda
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA / Niega amparo –mora judicial.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del proceso de amparo constitucional formulado por Alfonso Enrique Ochoa Miranda
contra la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado.

I.A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 11 de marzo de 2024, el señor Alfonso Enrique Ochoa Miranda instauró
demanda de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales
de acceso a la administración de justicia, vida digna, salud, “especial protección a
las personas de tercera edad” y “a un plazo razonable”.

2.
En el año 2017 impetró una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 2
en contra de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP-, con el fin de que se declarara la nulidad del acto
administrativo mediante el cual se le negó el reconocimiento y pago de la pensión
gracia.

3.
El conocimiento de ese asunto fue asignado por reparto al Tribunal Administrativo
de Magdalena el 15 de septiembre de 2017. Alegó que durante el trámite de primera
instancia ocurrieron una serie de situaciones que implicaron una prolongación en los
términos para dirimir la controversia, que solo fue resuelta hasta el 26 de octubre de
2022.

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Tramitada con número de radicado 47001-23-33-000-2017-00349-00/01.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01206-00
Accionante: Alfonso Enrique Ochoa Miranda
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

4.
En la actualidad el proceso se encuentra asignado a la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado para decidir sobre el recurso de apelación que
interpuso la entidad demanda contra la decisión de primera instancia. El accionante
indicó que el caso fue sometido a reparto desde hace aproximadamente un año y
que ha presentado diferentes solicitudes con el fin de que se le de prelación a su
caso, dada su avanzada edad (78 años) y las múltiples patologías de salud que
padece.

5.
Su inconformidad radica en el término en que se surtió su proceso durante el
trámite de primera instancia, pues lleva 9 años esperando a que se le otorgue el
reconocimiento de la pensión gracia a la que, según afirma, tiene derecho, pues así
lo declaró el A quo.

6.
Manifestó que actualmente padece de depresión debido al fallecimiento de su
esposa y que no posee una estabilidad económica que le permita trasladarse a la
ciudad en la que vive su hija y sus nietos. Atendiendo a tales circunstancias, con la
demanda de tutela pretende que se ordene a la autoridad judicial accionada dar
prelación de turno para proferir una decisión definitiva dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho en cuestión.

B. Trámite procesal y contestación de la demanda

7.
Mediante auto del 15 de marzo de 2024, se dispuso: (i) admitir la acción de tutela;
(ii) notificar de su presentación a la autoridad judicial demandada; (iii) vincular a la
UGPP, en calidad de tercero con interés; (iv) comunicar la decisión a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado y; (v) requerir a la Sección Segunda de esta
Corporación para que remitiera, en medio magnético, copia del expediente
identificado con el radicado número 47001-23-33-000-2017-00349-01.

(i) Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B3

8.
El magistrado a cargo del asunto cuestionado informó que en la actualidad su
despacho se encuentra tramitando un promedio de 2.115 procesos activos, sin
contar el alto volumen de asuntos constitucionales que imponen un trámite
preferencial, lo que ha ocasionado una carga laboral considerable que justifica la
creación del sistema de turnos en torno a su reparto.

9.
Con todo, adujo que ha actuado con la mayor celeridad posible en el trámite del
proceso ordinario incoado por el accionante y que el 14 de marzo del año en curso
llevó a Sala de Subsección el proyecto de fallo de segunda instancia. Sin embargo,
en esa misma fecha, se profirió -de oficio- un auto de decreto de pruebas ante la
necesidad de esclarecer unos puntos oscuros o difusos de la controversia.

3 Intervención digital contenida en 2 folios.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01206-00
Accionante: Alfonso Enrique Ochoa Miranda
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

10.
Sin perjuicio de lo anterior, alegó que la solicitud de amparo se torna improcedente
por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, en la medida que el demandante
cuenta con la posibilidad de formular una solicitud de prelación en los términos del
artículo 18 de la Ley 449 de 1998, instrumento que permite al juez de conocimiento
adoptar las medidas pertinentes para decidir con prontitud el asunto, atendiendo a
las situaciones particulares y concretas del interesado.

(ii) Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP-4

11.
El tercero solicitó ser desvinculado de la presente acción constitucional por
carecer de legitimación en la causa por activa, toda vez que no es la llamada atender
las pretensiones formuladas por la parte actora.

12.
Con todo, señaló que no se evidencia vulneración alguna de los derechos
fundamentales invocados por la parte actora, pues en la actualidad la autoridad
accionada se encuentra adelantando las etapas procesales correspondientes, a fin
de garantizar el debido proceso de las partes. Además, informó que actualmente el
señor Alfonso Enrique Ochoa Miranda recibe una mesada pensional por parte de la
Fiduprevisora S.A., en virtud de la pensión de jubilación que le fue reconocida, lo que
garantiza su mínimo vital y la seguridad social.

II.C O N S I D E R A C I O N E S

C. Cuestión previa

13.
La Sala negará la solicitud de desvinculación formulada por la UGPP, dado que
dicha entidad ostenta la calidad de parte demandada en el proceso cuya mora se
alega. Por esa razón, es claro que le asiste un interés legítimo para actuar en el
presente trámite de tutela.

D. Procedencia de la acción de tutela por mora judicial

14.
En cuanto a la mora judicial, esta Corporación ha sido categórica en advertir que
el juez de tutela en cada caso específico deberá valorar si la conducta del funcionario
o de la corporación judicial es injustificada y negligente, toda vez que “no toda
dilación en proferir una decisión judicial genera la llamada mora judicial ni vulnera
derechos fundamentales”5.

15.
Así pues, se advierte que para determinar si la autoridad judicial demandada ha
incurrido en una mora judicial injustificada, y previo a verificar si tal mora se proyecta

4 Intervención digital contenida en 11 folios.
5 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 22 de octubre de 2020, radicado: Expediente 11001-03-15-

000-2020-04601-00. M.P. Milton Chaves García.
3

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01206-00
Accionante: Alfonso Enrique Ochoa Miranda
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

como afrenta a un derecho constitucional iusfundamental, se debe analizar: (i) la
complejidad del asunto; (ii) la actividad procesal del interesado; (iii) la conducta de
la autoridad judicial competente; (iv) el análisis global de procedimiento; y (iv) el
turno en el que el expediente pasó al despacho, de conformidad con lo establecido
en el artículo 18 de la Ley 446 de 19987.

16.
En ese contexto, esta Corporación ha considerado que la acción de tutela se abre
paso por mora judicial cuando se trate de una dilación injustificada como resultado
de la falta de diligencia en el actuar del funcionario judicial. Esto significa que “no
existe mora judicial por el solo transcurso del tiempo, sino que ésta debe ser
injustificada y estar probada la negligencia de la autoridad judicial accionada”6.

17.
Así, la mora judicial injustificada se presenta cuando: (i) existe un incumplimiento
objetivo del plazo judicial, (ii) no existe un motivo razonable que justifique la dilación;
y, (iii) la tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión sistemática de los
deberes del funcionario judicial7.

E. Análisis del caso concreto

18.
Revisados los elementos de juicio obrantes en el expediente, la Sala advierte que
no hay lugar acceder a la solicitud de amparo, habida cuenta que en el presente
asunto no se evidencia la existencia de una mora judicial que amerite la intervención
del juez de tutela. La autoridad judicial accionada, quien en la actualidad tiene a su
cargo el conocimiento del proceso ordinario cuestionado, ha realizado todas las
gestiones pertinentes para darle celeridad al proceso y adoptar una decisión
definitiva dentro de un plazo razonable.

19.
De la revisión del expediente requerido y de acuerdo a la información
suministrada por la accionada en la contestación de la demanda, se observa que el
22 de marzo de 2023 se sometió a reparto la apelación presentada contra el fallo de
primera instancia adoptado por el Tribunal Administrativo de Magdalena al interior
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho propuesto por el accionante
contra la UGPP, siendo asignada al despacho a cargo del Magistrado Jorge Edison
Portocarrero Banguera. Por auto del 21 de noviembre siguiente se dispuso su
admisión, precisando que al no existir pruebas que decretar se prescindiría del
término para correr traslado, por lo que, una vez ejecutoriada dicha decisión, el
expediente regresaría para proferir fallo.

20.
Surtidas las notificaciones respectivas, el 26 de enero de 2024 el expediente
ingresó nuevamente al despacho para dictar sentencia. El 14 de marzo siguiente, el
consejero ponente presentó el proyecto de fallo a la Sala de Subsección para discutir

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 18 de febrero de 2009,

exp. 25000-23-15-000-2008-01246-01 (AC), M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
7 En este aspecto, la Corte Constitucional reiteró los criterios enunciados en la sentencia T-230 de 2013, M.P.

Luis Guillermo Guerrero Pérez.
4

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01206-00
Accionante: Alfonso Enrique Ochoa Miranda
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

su aprobación. En el marco del debate, se encontró la necesidad de, previo adoptar
una decisión de segunda instancia, decretar una serie de pruebas a fin de esclarecer
unos puntos oscuros o difusos de la contienda, proveído que fue dictado en esa
misma fecha, es decir, incluso antes de que se notificara a la demandada acerca de
la existencia de la presente acción constitucional.

21.
De acuerdo con lo anterior, resulta claro que aun cuando no se ha proferido el
fallo de segunda instancia, el proceso ha sido impulsado, pues se han adelantado
las actuaciones correspondientes tendientes a adoptar una decisión definitiva en el
menor tiempo posible, diligencias que, por demás, se consideran necesarias e
indispensables para que el operador judicial pueda decidir el fondo del asunto, de
ahí que no sea posible predicar un actuar negligente por parte de la autoridad
accionada.

22.
Por lo tanto, el tiempo que ha transcurrido para decidir el asunto en segunda
instancia se estima razonable, no solo atendiendo a la diligencia con la que ha
actuado la autoridad enjuiciada, sino también considerando la congestión judicial que
atraviesan los despachos, generada por defectos estructurales en la administración,
particularmente en la Rama Judicial, situación que dificulta poder cumplir a cabalidad
con los términos judiciales.

23.
Tampoco se advierte que el tiempo que se ha tardado resolver el asunto
cuestionado inclusive desde el trámite de primera instancia, comprometa un derecho
fundamental del accionante cuya afectación sea irremediable e inminente, pues
aunque alegó unas afectaciones a su salud y una aparente dificultad económica que,
a su juicio, ameritan darle prelación a su caso, lo cierto es que, según el informe
rendido por la UGPP y la consulta en el sistema del Registro Único de Afiliados -
RUAF-, desde el 12 de febrero de 2019 el señor Alfonso Enrique Ochoa Miranda
percibe una mesada pensional por parte de la Fiduprevisora S.A. con ocasión de la
pensión de jubilación que le fue reconocida.

24.
Frente a la pretensión en concreto, relativa a ordenar a la accionada dar prelación
de turno al caso del accionante para proferir fallo de segunda instancia, la Sala debe
precisar que en el curso de la acción de tutela acaeció una situación que implicó un
cambio en la etapa en la que se encontraba el proceso ordinario que se cuestiona,
que impide al juez de tutela referirse a esa solicitud de prelación.

25.
Al momento de la interposición de solicitud de amparo el expediente ordinario se
encontraba al despacho para proferir fallo. Sin embargo, a la fecha se encuentra en
la Secretaría surtiendo el trámite de notificaciones del auto en el que se ordenó el
decreto de pruebas, por lo que no es procedente referirse a la prelación deprecada
hasta tanto se agote la etapa probatoria que surgió en el proceso. Esto, debido a que
el presupuesto indispensable para imponer una orden de tales características es que
el proceso se encuentre en el despacho para proferir fallo, lo que no ocurre en la
actualidad, de manera que en este caso la intervención del juez de tutela, además
5

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01206-00
Accionante: Alfonso Enrique Ochoa Miranda
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

de no advertirse necesaria como se explicó en precedencia, supondría una
afectación al desarrollo normal del proceso.

26.
Por lo reseñado anteriormente, la Sala habrá de negar la solicitud de amparo.

27.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III.RESUELVE

PRIMERO: NEGAR el amparo constitucional solicitado, en los términos expuestos
en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE8
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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