Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01209-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01209-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01209-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
16 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01209-00
Demandantes: Martha Judith García Núñez
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho para cuestionar el acto que negó la nivelación y
homologación salarial a defensora de familia grado 15 / Defectos
sustantivos, fáctico y violación directa de la Constitución Política
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala la solicitud de tutela formulada por Martha Judith García Núñez, en
ejercicio de la solicitud de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
y desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, y 333 de 2021.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
Martha Judith García Núñez promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la
sentencia proferida el 10 de agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Santander, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 680813331001201200044/01.
Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
i) Presentó, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, demanda en contra del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar2, con el
fin de que i) se declarara la nulidad de los actos administrativos con los que se le
negó el reconocimiento y pago de la diferencia salarial y prestacional, producto de la
homologación y nivelación salarial pretendida del cargo de defensora de familia
grado 15, respecto del de defensora de familia código 3125 grado 17, y ii) se
1 Visible en el índice 2 de SAMAI del expediente 11001-03-15-000-2024-01209-00, actuación
denominada «2ED_03ESCRITOTUTELAPDF(.pdf) NroActua 2»
2 En adelante ICBF.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01209-00
Demandante: Martha Judith García Núñez
inaplicara por inconstitucional el artículo 2 de los Decretos 3265 de 2002, 0423 de
2008 y 4482 de 2009, mediante los cuales se modificó la planta de personal del ICBF.
ii) El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Barrancabermeja, en
sentencia del 20 de marzo de 2018 negó las pretensiones de la demanda al
considerar que a la demandante no le asiste el derecho al pago de la diferencia
salarial, toda vez que lo pretendido se fundamentó en la inconstitucionalidad de
normas3 que están revestidas de total legalidad. En contra de esta decisión la parte
demandante interpuso recurso de apelación.
iii) El Tribunal Administrativo de Santander en sentencia del 10 de agosto de 2023
confirmó lo resuelto por el a quo en la medida que no se logró acreditar que las
funciones desempañadas por la demandante y por la defensora grado 17 con la cual
pretendió realizar la comparación, fueran exactamente iguales, pues, aunque según
lo dispuesto en la Ley 1098 de 20064 parecieran ser similares, quedó demostrado
que en el centro zonal La Floresta si existió una asignación específica, la cual era
distinta para cada defensor.
iv) En relación con esa decisión, consideró que el Tribunal Administrativo de
Santander vulneró sus derechos fundamentales al incurrir en defecto sustantivo, toda
vez que cuando se profirieron las sentencias en ambas instancias y se ordenó la
suspensión del proceso por prejudicialidad al estar en curso el proceso 2012-00177
sobre la nulidad de los artículos 25 y 46 del Decreto 2489 del 20067, estas
disposiciones ya habían sido suprimidas del ordenamiento jurídico, por la entrada en
vigencia del Decreto 1863 de 20138 .
Asimismo, adujó decisión sin motivación fáctica y jurídica, pues, el a quem no tenía
conocimiento que la figura del defensor de familia exclusivo del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar es un servidor público, no una «madre comunitaria» como
erróneamente la calificó.
Además, desconoció que existió una discriminación salarial entre el defensor grado
15 y el de grado 17 que ejercen las mismas funciones, pues, en su argumentación
expuso que la suscrita no logró demostrar que ejercían funciones idénticas al estar
en distintas áreas, cuando es claro que el ICBF no puede colocar a todos sus
funcionarios en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, porque hay
muchas más áreas.
Las pruebas testimoniales fueron desconocidas totalmente, toda vez que bastaba
con los testimonios de los defensores de familia del Centro Zonal la Floresta, para
3 Decretos 03265 de 2008, 4482 de 2009, 2489 de 2006 y 1031 de 2011.
4 Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia.
5 Artículo 2. Nomenclatura y clasificación de empleos
6 Artículo 4. Equivalencia de empleo
7 Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos públicos de las
instituciones pertenecientes a la Rama Ejecutiva y demás organismos y entidades públicas del Orden
Nacional y se dictan otras disposiciones.
8 por el cual se modifica el Decreto 2489 de 2006 y se dictan otras disposiciones
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obtener un fallo favorable, pues, con ellos se demostraba que las funciones se
encontraban ordenadas en la ley y eran similares a las que cumplían los demás
defensores de familia de grado superior al de la demandante.
Finalmente, violación directa de la Constitución Política al no aplicar el principio de
legalidad, y los artículos 13 y 29 ibidem, máxime cuando la Ley 1098 del 2006 unificó
las funciones del defensor de familia sin hacer escalafón para asimismo asignarles
una remuneración diferente, adicionalmente se inaplicó el principio de favorabilidad
contenido en el artículo 53 de la norma fundamental y desconoció el principio de «a
trabajo igual salario igual».
1.1.2. Pretensiones
Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitaron:
«[…] PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD, Y AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, toda vez que el Juzgado Administrativo
de Descongestión del Circuito Judicial de Barrancabermeja y el Tribunal Administrativo
de Santander, en sus sentencias sin motivación de fechas 20 de marzo del 2018 y 10 de
agosto del 2023 respectivamente, incurrieron en Defecto material o sustantivo, además
que Violan directamente la Constitución Nacional , pues se observa que de manera errada
desconocieron las pruebas aportadas durante el debate procesal y los artículos 29, 13, 6º
y 122 de la Constitución Nacional, Ley 1098 del 2006 Código de la Infancia y
Adolescencia.
SEGUNDO: QUE SE DEJE SIN EFECTOS la Sentencia de Primera Instancia dictada el
20 de marzo del 2018 por el Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito
Judicial de Barrancabermeja, Hoy: Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de
Barrancabermeja dentro del Radicado 680813331001-2012- 00044 Acción de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho, y se ordene que se declare Nulo el Acto administrativo
contenido en el memorando 20300-063889- 011609 de fecha 11 de Noviembre del 2011
de la Dirección de Gestión Humana de la Dirección Nacional del ICBF, y que se abstenga
de pronunciarse frente a la aplicación de los Decretos expedidos por el Gobierno Nacional
que crean diferentes grados para los Defensores de Familia y/o en su defecto que se
inapliquen por ser violatorias del Principio Universal a la Igualdad.
TERCERO: QUE SE DEJE SIN EFECTOS la Sentencia de Segunda Instancia dictada el
(10) de agosto de dos mil veintitrés (2023) por el H. Tribunal Administrativo de Santander,
Magistrada Ponente: Dra. Claudia Ximena Ardila Pérez dentro del radicado
680813331001-2012-00044-01 (expediente físico) Acción de Nulidad y Restablecimiento
del Derecho , y se ordene que se declare Nulo el acto administrativo contenido en el
memorando 20300-063889-011609 de fecha 11 de Noviembre del 2011 de la Dirección
de Gestión Humana de la Dirección Nacional del ICBF, y que se abstenga de
pronunciarse frente a la aplicación de los decretos expedidos por el Gobierno Nacional
que crean diferentes grados para los Defensores de Familia y/o en su defecto que se
inapliquen por ser violatorias del Principio Universal a la Igualdad.
CUARTO: ORDENAR al Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial
de Barrancabermeja, Hoy: Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de
Barrancabermeja que, en el término de esta providencia, profiera una nueva sentencia
dentro de esta Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, teniendo en cuenta los
lineamientos establecidos por la Constitución, la Ley y la Jurisprudencia y los demás
medios de prueba que se aportan al presente escrito y que versan sobre la presente Litis,
reconociéndome las pretensiones de la demanda, nivelándome al grado 17 hasta el día
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Demandante: Martha Judith García Núñez
31 de Diciembre del 2014 , y que el ICBF me cancele las diferencias salariales existentes
entre el grado 15 y el 17, y los demás emolumentos de ley.
QUINTA: ORDENAR al H. Tribunal Administrativo de Santander, Magistrada Ponente:
Dra. Claudia Ximena Ardila Pérez que, en el término de esta providencia, profiera una
nueva sentencia dentro de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
promovida, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la Constitución, la Ley ,
la Jurisprudencia y los demás medios de prueba que se aportan al presente escrito y que
versan sobre la presente Litis, reconociéndome las pretensiones de la demanda,
nivelándome al grado 17 hasta el día 31 de Diciembre del 2014 , y que el ICBF me cancele
las diferencias salariales existentes entre el grado 15 y el 17 , y los demás emolumentos
de ley […]» [sic].
1.2. Informes rendidos en el proceso
1.3.1. El Juzgado Segundo Administrativo de Barrancabermeja9, si bien allegó
copia del expediente digital, guardó silencio frente a la petición de amparo.
1.3.2. El ICBF10 solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva por cuanto no es la entidad llamada a responder por la presunta vulneración
alegada por la demandante, lo cual corresponde a las autoridades judiciales
demandadas.
Asimismo, refirió la improcedencia del amparo pretendido, pues, la verdadera
intención de la demandante es reabrir un proceso judicial, el cual ya hizo tránsito a
cosa juzgada toda vez que la demandante no hizo uso de los recursos judiciales de
defensa.
1.3.3. El Tribunal Administrativo de Santander11 solicitó negar el amparo
pretendido, en la medida que no satisface los requisitos específicos de procedencia
de la de tutela contra providencia judicial, pues, no se configuró el defecto sustantivo
por desconocimiento de la Ley 1098 de 2006 y el Decreto 1863 de 2013 ya que su
vigencia es posterior a los hechos de la demanda y no tuvieron efectos retroactivos,
razón por la cual sus consecuencias jurídicas no eran aplicables al caso.
Tampoco se configuró el defecto fáctico por indebido análisis de la prueba
testimonial, pues se valoraron de manera integral y razonable todas las pruebas
aportadas al plenario, las cuales permitieron concluir que no se vulneró el principio
de igualdad de la demandante; ni viola directamente la Constitución Política pues
cada caso es distinto.
9 Visible en el índice 8 de SAMAI del expediente 11001-03-15-000-2024-01209-00, actuación
denominada «14_MemorialWeb_Respuesta(.pdf) NroActua 8»
10 Visible en el índice 9 de SAMAI del expediente 11001-03-15-000-2024-01209-00, actuación
denominada «15_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda(.pdf) NroActua 9»
11 Visible en el índice 11 de SAMAI del expediente 11001-03-15-000-2024-01209-00, actuación
denominada «7_MemorialWeb_InformedentrodeacciOndetutelaNo.11001-03-15-000-
20240120900(.pdf) NroActua 11»
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Demandante: Martha Judith García Núñez
2. Consideraciones
En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa iii) falta de
legitimación en la causa por pasiva; iv) procedencia de la tutela contra providencia
judicial; v) determinación del problema jurídico y; vi) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021,12 esta Sala es competente para
conocer de la presente solicitud de amparo contra el Tribunal Administrativo de
Santander y otro.
2.2. Cuestión previa
Se advierte que, pese a que en el escrito inicial se cuestiona la legalidad de las
decisiones proferidas por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Barrancabermeja y el Tribunal Administrativo de Santander, se observa que los
argumentos que sustentan sus pretensiones son similares respecto a una y otra.
Por lo anterior y en atención a que la providencia del 20 de marzo de 2018, proferida
en primera instancia fue apelada y el Tribunal Administrativo de Santander desató el
recurso a través de la sentencia del 10 de agosto de 2023, el reclamo constitucional
formulado será estudiado solo respecto a esta última, en tanto fue la que puso fin al
proceso
2.3. Falta de legitimación en la causa por pasiva
El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho a
presentar solicitud de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién
actúe en su nombre, la protección de sus derechos constitucionales fundamentales
cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, tal como lo señala el
artículo 13 del Decreto 2591 de 1991:
Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá
contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o
amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación,
la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo.
De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra
el superior.
12 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
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La Corte Constitucional13 en relación con la legitimación en la causa por pasiva en
los trámites de solicitudes de tutela ha considerado:
«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por
la vulneración o amenaza del derecho fundamental14. En la medida que refleja la calidad
subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso”15, la misma, en principio, no se predica del funcionario que comparece o es
citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será la llamada a
responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya lugar a ello.
Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por
los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe
dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o
dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples
condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta Fundamental.”16
Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales (oficiosidad) y a
interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección del derecho
fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es demandado. […]»
El ICBF alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que no es
la entidad llamada a responder por la presunta vulneración alegada por la
demandante.
Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad de
tercero con interés al ser la entidad demandada en el proceso contencioso-
administrativo cuestionado, en aras de garantizarle su derecho de defensa y
contradicción, por lo que se negará su solicitud.
2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado17 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema.18 Al respecto señaló lo
siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
13 Sentencia T-1015/2006. MP. Álvaro Tafur Galvis.
14 Sentencia T-025 de 1995. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
15 Sentencia T-416 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
16 Sentencia T-379 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
18 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
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esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al
efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. [Resalta la
Sala]. […]»
Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo19 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
Ahora bien, la Corte Constitucional20 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean
idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no
se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar
improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos,21 el juez
deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial,
a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales
que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de la solicitud de
amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos
específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal
trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales.22
Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que
incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate
que se había planteado en la instancia correspondiente.
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
20 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
21 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
22 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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2.4. Problema jurídico
La Sala deberá definir si: ¿el Tribunal Administrativo de Santander vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de
justicia de Martha Judith García Núñez con ocasión de la sentencia del 10 de agosto
de 2023, a través de la cual confirmó lo resuelto por el a quo respecto de negar las
pretensiones de nivelación y homologación salarial, con lo cual incurrió,
presuntamente, en violación directa de la Constitución Política y en defectos
sustantivo y fáctico?
2.5. Análisis de la Sala
2.5.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva
La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela
y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
2.5.2. Defecto sustantivo o material
En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte Constitucional
ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión que desborda
del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable
al caso concreto23. En su jurisprudencia, la corporación ha resaltado que este defecto
encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces gozan de autonomía e
independencia judicial para interpretar y aplicar normas jurídicas, esta no es una
facultad absoluta24, para lo cual precisó que los límites se encuentran en el orden
jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y garantías que identifican
al actual Estado Social de Derecho.
El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en las
que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en una
norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad,
es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las
partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta sentencias que hayan
definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición aplicada se torna
regresiva o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una interpretación sistémica
de la norma y (vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.
A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en que
se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad
debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
23 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
24 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018
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Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales25.
2.5.3. Defecto fáctico
El defecto fáctico, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional,26 tiene una
dimensión negativa y otra positiva. La primera se configura cuando en desarrollo de
la actividad probatoria el juez omite la «valoración de pruebas determinantes para
identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez»,27 «o cuando sin razón
valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge
clara y objetivamente».28 La segunda, se acredita cuando el operador judicial
«aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron
indebidamente recaudadas».29
Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que
adelanta el juez natural, solo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.
2.5.4. Violación directa de la Constitución Política
La vía de hecho que se fundamenta en lo preceptuado en el artículo 4.° de la
Constitución Política, según el cual “La Constitución es norma de normas. En todo
caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se
aplicarán las disposiciones constitucionales”, disposición que obliga a todos los
connacionales a procurar el cumplimiento y la supremacía de la carta fundamental
como génesis del marco jurídico colombiano. Al respecto, la Corte Constitucional, a
través de la Sentencia SU-024 de 2018, sintetizó el desarrollo jurisprudencial que se
le ha dado a este concepto como causal específica de procedencia del recurso de
amparo para cuestionar providencias judiciales, de la siguiente manera:
«[…] Todas las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales conllevan en sí mismas un quebrantamiento de la Carta
Fundamental; sin embargo, esta Corte estableció una causal denominada violación
directa de la Constitución, originada en la obligación que le asiste a todas las
autoridades judiciales de velar por el cumplimiento del mandato consagrado en el
artículo 4° de la Carta Política, según el cual “la Constitución es norma de normas”. De
manera que en caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma
jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.
En un principio, esta causal se concibió como un defecto sustantivo. Posteriormente,
en la Sentencia T-949 de 2003 se determinó como una causal específica de
25 Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018
26 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015,
T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.
27 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
28 Sentencia SU-159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería,
Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
29 Sentencia T-538 de 1994.
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Demandante: Martha Judith García Núñez
procedibilidad de la acción de tutela de carácter independiente y autónomo,
interpretación que se consolidó en la Sentencia C-590 de 2005 ya citada, en la que la
este Tribunal incluyó la violación directa de la Constitución como un defecto autónomo
que justifica la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, dado que “(…)
la violación directa de la Constitución opera en dos circunstancias: uno (i), cuando se
deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto, dos (ii), al aplicar
la ley al margen de los dictados de la Constitución”. […]»
En el entendido que la Constitución Política es la norma suprema, sus postulados
deben ser aplicados de manera directa y prevalente por las distintas autoridades
públicas y particulares, razón por la cual en aquellos eventos en que se profiera una
decisión judicial en contrario puede ser cuestionada a través de la solicitud de tutela.
Así pues, la Corte Constitucional, mediante sentencia T-024 de 2023, precisó
aquellos eventos en los que se configura tal vía de hecho:
«[…] La jurisprudencia de este tribunal ha señalado que este defecto se configura en los
siguientes eventos : (a) cuando en la solución del caso se deja de interpretar y aplicar una
disposición legal de conformidad con el precedente constitucional; (b) en el evento de que
se presente una violación evidente a un derecho fundamental de aplicación inmediata; (c)
cuando los jueces, con sus fallos, vulneran derechos fundamentales, al no tener en cuenta
el principio de interpretación conforme; y (d) en aquellos casos en que el juez aplica, le
otorga valor o prioriza la exigibilidad de una norma incompatible con la Constitución,
debiendo, en su lugar, darle preferencia a los mandatos superiores, a través del uso de
la excepción de inconstitucionalidad. […]»
2.5.6. Caso concreto
Martha Judith García Núñez acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la sentencia
proferida el 20 de agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo de Santander, a
través de la cual confirmó lo resuelto por el a quo, respecto de negar las súplicas de
homologación y nivelación salarial por considerar que no se logró acreditar que las
funciones que desempeñaba y las de defensora grado 17, con la cual pretendió
realizar la comparación, fueran exactamente iguales, pues, aunque según lo
dispuesto en la Ley 1098 de 200630 parecieran ser similares, quedó demostrado que
en el centro zonal La Floresta si existió una asignación específica, la cual era distinta
para cada defensor.
Lo anterior, en tanto, a su parecer, la referida decisión judicial incurrió en defecto
sustantivo, fático y violación directa de la Constitución Política, los cuales se
analizarán de manera conjunta en atención a que todos se enfocan en reclamar el
derecho de la demandante al reconocimiento de la diferencia salarial y prestacional
solicitada, que, a su parecer, se encuentra acreditados en el encartado, como la
unificación de funciones para los defensores de familia sin discriminación salarial
alguna por grados, precedentes que han estudiado el reconocimiento de diferencias
salariales en situaciones similares y el desconocimiento de principios
constitucionales como el de «a trabajo igual, salario igual».
30 Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia.
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Demandante: Martha Judith García Núñez
Ahora bien, pese a que la demandante no indicó de manera específica que la
autoridad judicial demandada incurrió en defecto fáctico, si indicó que la prueba
testimonial de los diferentes defensores de familia fue desconocida al momento de
fallar, razón por la cual dicho defecto también se estudiará en conjunto con los
anteriormente mencionados.
Así, en la decisión judicial cuestionada, se observa que el Tribunal Administrativo de
Santander concluyó que las funciones que cumplía la demandante no eran similares
a las que desempeñaba la defensora de familia grado 17, con la cual pretendía su
comparación, y pese a que en un lapso también realizó funciones del área penal no
fue durante el mismo periodo, razón por la cual existe ausencia de identidad en
especificidad y en tiempo. Al respecto, consideró en su providencia:
«[…] Por otra parte, durante el proceso se recepcionaron los testimonios de los
defensores de familia Jaime José Garizábalo Santodomingo, Mario Enrique Mendoza
Sandoval, Jenny Patricia Navas Torres, Pedro José Caballero y Sandra Paola Díaz Meza,
quienes afirmaron que todos los defensores de familia sin importar el grado
desempeñaban las mismas funciones, es decir, las contempladas en el artículo 82 de la
Ley 1098 de 2006.
No obstante, los testigos declararon que en el centro zonal La Floresta la coordinadora
Alicia Mercedes Torres Trujillo se encargaba de distribuir las cargas laborales y las áreas
en las cuales cada defensor iba a desempeñar ciertas funciones específicas según la
necesidad del servicio. Este hecho se corrobora con el memorando 68-106000 del 22 de
agosto de 2013 en el que se establece la distribución de equipos del centro zonal La
Floresta, y del cual se extrae que a la demandante y al defensor de familia Mario Mendoza
Sandoval les fueron asignados los trámites extraprocesales conciliables (alimentos,
visitas, custodia, permisos de salida del país etc.), los trámites no conciliables
(investigación de paternidad, ordinarios de filiación e impugnación de paternidad), y la
realización de conceptos de divorcio y cancelación de patrimonio.
Además de lo anterior, el testigo Mario Mendoza Sandoval (defensor de familia grado 15),
al igual que la señora Jenny Patricia Navas (defensora de familia grado 13) y el señor
Pedro José Caballero (defensor de familia grado 15), manifestaron que la defensora
Sandra Paola Díaz Meza quien ostentaba para el momento de los hechos el grado 17, y
se encontraba laborando en el centro zonal La Floresta de Barrancabermeja, era la
encargada de los asuntos penales donde intervenían menores de edad, función que
siguió desempeñando en Bucaramanga luego de ser trasladada.
Para la Sala, las anteriores afirmaciones dejan claro que existían diferencias en las
funciones que desempeñaba cada defensor, ya que, si bien todos tenían un marco
funcional general previsto en la norma de infancia y adolescencia que debían cumplir sin
importar el grado, sí existió una asignación específica para cada uno, por lo que, no es
cierto que todos los defensores realizaban idénticas funciones.
En efecto, a los defensores del centro zonal La Floresta les asignaban funciones
específicas, de las cuales, algunas si parecen estar relacionadas con el grado en el que
cada defensor se encuentra
[…]
Es necesario señalar que, aunque algunos testigos manifestaron que la demandante en
algún momento estuvo encargada también de asuntos penales, lo que consta también en
los oficios No. 106000-0067 y 106000-0068 del 2 de febrero de 2009, mediante los cuales
la coordinadora del Centro Zonal La Floresta manifestaba a los Jefes de Unidad del
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Sistema Penal para Adolescentes que la demandante y el defensor Jaime José
Garizábalo integrarían la defensoría de familia del Sistema de Responsabilidad Penal
para Adolescentes, también se observa que mediante oficio 10600-000180 del 1 de
febrero de 2011, expedido por la misma coordinadora, se realizó un cambio de funciones
y se asignó a la demandante al área de conciliaciones. Lo anterior evidencia que, aunque
la demandante realizó funciones del área penal al igual que la defensora de grado 17, no
fue durante el mismo periodo que alega en la demanda, ni durante el mismo tiempo que
la defensora de grado 17 lo hizo, lo que no permite hacer una justa comparación frente a
el supuesto desarrollo de idénticas funciones. No puede afirmarse que dos personas
realizan exactamente las mismas labores cuando coinciden en la ejecución de algunas
de ellas durante algún periodo de tiempo, porque esto denota ausencia de identidad en
especificidad y tiempo.
De otra parte, se encuentra en el plenario un documento que prueba que en el Sistema
de Responsabilidad Penal de Adolescentes se realizaban turnos para cada fin de semana
y eran organizados por la coordinadora del centro zonal, sin embargo, la Sala considera
que esto tampoco corresponde a una situación comparable con las funciones de los
defensores del grado 17, más aún cuando era una función desempeñada también por los
demás defensores de familia de acuerdo con su disponibilidad […]» [sic].
Para arribar a tal conclusión, se observa que la autoridad judicial demandada
comenzó por fijar como marco normativo y jurisprudencial aplicable, las normas de
carácter fundamental preceptuadas en la Constitución Política, así como los
diferentes pronunciamientos emitidos por la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado31 para delimitar el concepto y alcance del principio general de igualdad en el
derecho laboral y la nivelación salarial, para descender al estudio de la evolución
normativa que ha implicado la unificación en un único grado correspondiente al 17,
respecto del cargo de defensor de familiar, sin prever efectos retroactivos.
De tal manera, evidenció que el proceso de unificación en un único grado en un
principio hizo posible la nivelación salarial, pero sin efectos retroactivos y a raíz de
esto, se han establecido unos criterios objetivos para la diferenciación salarial como
lo son las distintas funciones que realizan, experiencia, complejidad, lugar donde
prestan sus servicios y la carga laboral; lo que permite concluir que el Tribunal
Administrativo del Santander no incurrió en defecto sustantivo, decisión sin
motivación ni en violación directa de la Constitución Política.
Por su parte, en cuanto al defecto fáctico alegado, debe precisarse que, en la
providencia cuestionada, es posible avizorar el extenso estudio realizado por el
Tribunal Administrativo de Santander para discriminar los supuestos relevantes para
el asunto de acuerdo a la información contenida en las pruebas aportadas al
expediente para concluir que: «[…] la demandante no logró demostrar que las funciones
que desempeñó durante el periodo de tiempo del que pretende la nivelación salarial sean
exactamente las mismas que ejerció la defensora de grado 17 con la cual pretende realizar
la comparación. Y si bien, según lo contemplado en la Ley 1098 de 2006, las funciones
aparentan ser las mismas, quedó acreditado con el material probatorio allegado que durante
el periodo que laboró la defensora de familia grado 17 en el centro zonal La Floresta sí existió
31 Al respecto, mencionó las Sentencias T-833 de 2012, T-369 de 2016, T-833 de 2012, T-273 de
1997, T-707 de 1998, SU-519 de 1997, T-833 de 2012, T-369 de 2016, T-545A de 2007 de la Corte
Constitucional; y, las Sentencias del 19 de julio de dos 2018, radicado: 05001-23-31-000-2010-02233-
01(4879-14), C.P. César Palomino Cortés de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
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una asignación específica de funciones, las cuales eran diferentes para cada defensor […]».
Sin embargo, tal evidencia, como se pudo observar en el aparte de la decisión
cuestionada citado en líneas anteriores, no conducía a establecer que se incurrió en
un trato discriminatorio hacía la demandante, sino que, al contrario, no existió
identidad en especificidad y tiempo, pues, cada defensor de familia tenía funciones
que eran propias y particulares a su cargo.
De conformidad con todo lo expuesto, la Sala observa que la autoridad judicial realizó
una valoración normativa y probatoria acorde con los lineamientos en que se
adelantó el proceso de unificación en un único grado del cargo de defensor de
familia, los criterios objetivos para la diferenciación salarial, lo cual desvirtúa los
defectos alegados.
Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica del
juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de
derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial accionada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que, se reitera,
este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.
2.5.6.1. Cuestiones adicionales:
Ahora bien, la Sala observa que la demandante allegó varias sentencias, sin
embrago no explicó de qué manera pretendía hacerlas valer en el presenten proceso,
máxime, cuando no son decisiones de unificación y la situación fáctica y jurídica allí
resuelta es distinta a la que ahora se suscita.
En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la parte
demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo de los
derechos fundamentales de Martha Judith García Núñez, en la solicitud de tutela
presentada contra el Tribunal Administrativo de Santander y otro.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Negar la solicitud de desvinculación del Instituto Colombiano del Bienestar
Familiar, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
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Demandante: Martha Judith García Núñez
Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Martha Judith García
Núñez, en la solicitud de tutela presentada contra el Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito de Barrancabermeja y el Tribunal Administrativo de Santander, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del
presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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