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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01212-00

Fecha
2 de mayo de 2024
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01212-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE Primero.- DESVINCÚLASE al Consejo Superior de la Judicatura y al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, del presente trámite constitucional. 8 Fuente: https://www.ramajudicial.gov.co/web/consejo-superior-de-la-judicatura/-/direccion-seccional-de- administracion-judicial-de-bogota-trabaja-para-superar-deficit-operacional-en-archivo-de-procesos-ya-fallados Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 10 www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2024-01212-00 Demandante: Patricia Pérez Peña Segundo.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela incoada por la señora Patricia Pérez Peña, quien actúa en nombre propio, por las razones aquí expuestas. Tercero.- ÍNSTASE a la Oficina de Archivo Central de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, para que una vez culmine la búsqueda del expediente No. 11001-40-037-09-2015-00092-00, se informe en un plazo no mayor a veinte (20) días hábiles conforme se indicó en la respuesta de 18 de abril de 2024, límite temporal que se precisó de conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 14 de la Ley 1437 de 2011. Cuarto.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-01212-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

2 de mayo de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01212-00
Demandante: Patricia Pérez Peña

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., dos (2) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01212-00
Demandante: PATRICIA PÉREZ PEÑA
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, CONSEJO
SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTÁ, OFICINA DE
ARCHIVO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ,
JUZGADO NOVENO CIVIL MUNICIPAL DE
DESCONGESTIÓN DE BOGOTÁ Y JUZGADO OCHENTA Y
TRES CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ

Temas: Tutela contra autoridad administrativa y judicial. Solicitud de
desarchivo de expediente que contiene actuaciones de proceso
ejecutivo. Derecho fundamental de petición

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Patricia Pérez Peña1, quien actúa en nombre propio,
contra el Consejo Superior de la Judicatura -Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial-, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, la Oficina de Archivo
Central de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá,
el Juzgado Noveno Civil Municipal de Descongestión de Bogotá y el Juzgado
Ochenta y Tres Civil Municipal de Bogotá, con el objeto de que se acceda al
amparo constitucional de los derechos fundamentales de petición, información,
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, los cuales considera
vulnerados por la falta de respuesta a la solicitud presentada el 30 de enero de
2024, en la que pidió el desarchivo del expediente que contiene el proceso
ejecutivo con radicado No. 11001-40-037-09-2015-00092-00.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La accionante indicó que el 30 de enero de 2024 presentó a través del aplicativo
web solicitud de desarchivo del proceso ejecutivo singular promovido por
Tractomulas y Dobletroques Ltda, el cual fue adelantado por el Juzgado Noveno
Civil Municipal de Descongestión de Bogotá (radicado No. 11001-40-037-09-2015-
00092-00), a la que le fue asignada el No. SDUE24-00929 y para lo cual canceló
el correspondiente arancel judicial.

Relató que en el proceso ejecutivo se decretó la medida cautelar de embargo por
$22.845.000 pesos, que se encontraban en la cuenta corriente No. 001960020772

1 Presentada el 12 de marzo de 2024.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01212-00
Demandante: Patricia Pérez Peña

del Banco Davivienda. Agregó que el proceso culminó sin llevarse a cabo el
levantamiento de la cautela impuesta, y que según la información suministrada fue
remitido al archivo en el año 2018.

Refirió que el 26 de febrero de 2024, ante la falta de respuesta sobre la solicitud
de desarchivo, envió un correo electrónico al Juzgado Ochenta y Tres Civil
Municipal de Bogotá, en el que solicitó información respecto de la cual se le indicó
que hasta que el archivo central no haga entrega del proceso no es posible
realizar ninguna actuación.

Por último, mencionó que requiere una solución urgente toda vez que la medida
cautelar le está causando graves perjuicios de carácter económico y social, al
impedirle acceder a trámites comerciales y bancarios, por encontrarse reportada
ante la central de riesgos debido a la falta de levantamiento del embargo.

2. Fundamentos de la acción

La demandante, quien actúa en nombre propio, presentó acción de tutela con el
objeto de que se amparen los derechos fundamentales de petición, información,
debido proceso y acceso a la administración de justicia, vulnerados
supuestamente por la falta de respuesta a la solicitud presentada el 30 de enero
de 2024, en la que pidió el desarchivo del expediente que contiene las actuaciones
del proceso ejecutivo con radicado No. 11001-40-037-09-2015-00092-00.

Manifestó que no ha obtenido una respuesta de fondo respecto de la solicitud de
desarchivo y continúa la medida cautelar vigente sobre la cuenta corriente No.
00196002077, lo que respaldó con los artículos 23, 29 y 74 de la Constitución
Política, así como de la sentencia T-348 de 2020, en relación con el debido
proceso como elemento integrante del derecho de acceso a la administración de
justicia.

Mencionó que en relación con la custodia y conservación de los expedientes
judiciales, en el Acuerdo No. 1746 de 2003 -modificado por el Acuerdo No.
PSAA14-10137 de 2014-, el Consejo Superior de la Judicatura ha regulado lo
atinente a la administración de documentos en la Rama Judicial, lo que reiteró en
los artículos 1 y 3 del Acuerdo No. PCSJA17-10784 de 2017, el objeto y principios
que rigen la administración documental.

Respecto del derecho de petición, información y de acceso a la administración de
justicia, citó un aparte de las sentencias T-845 de 2010 y T-511 de 2011 y, por
último, relacionó el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción
de tutela en el caso concreto.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela la demandante formuló las siguientes:

“PRIMERA: Con fundamento en los hechos narrados, y en las condiciones
expuestas, respetuosamente solicito señor Juez TUTELAR, se amparen los
derechos constitucionales fundamentales que considero vulnerado,
ordenándole al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, la
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL- ARCHIVO
CENTRAL, al JUZGADO NOVENO CIVIL MUNICIPAL DE
DESCONGESTIÓN BOGOTÁ, que proceda en el término que el Despacho
estime pertinente, entregarse el expediente al Juzgado 83 Civil Municipal
para que adopte las decisiones necesarias y requeridas para levantar la
medida cautelar que reposa sobre la cuenta de corriente No. 001960020772
del Banco DAVIVIENDA y cesar de esta forma el perjuicio comercial y
laboral ocasionado con el reporte en la central de riesgos DATACREDITO”.

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Demandante: Patricia Pérez Peña

4. Pruebas relevantes

En el expediente reposan los siguientes documentos:

• Copia de la imagen que da cuenta de la solicitud de desarchivo presentada el 30
de enero de 2024 por el aplicativo en línea.
• Correo electrónico de la reiteración de la solicitud de desarchivo enviado el 19 de
febrero de 2024.
• Correo electrónico de 18 de abril de 2024, por medio del cual se dispensa
respuesta a la demandante.

5. Trámite procesal

Por auto de 20 de marzo de 2024, la magistrada sustanciadora dispuso la
admisión de la acción de tutela y ordenó notificar el contenido de esa providencia
a la demandante, a las entidades demandadas -Consejo Superior de la Judicatura
-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá, la Oficina de Archivo Central de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá, el Juzgado Noveno Civil Municipal
de Descongestión de Bogotá y el Juzgado Ochenta y Tres Civil Municipal de
Bogotá-, así como a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a
quienes se les remitió copia de la solicitud de amparo.

La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones Nos. 183225 a
183232 de 2 de abril de 2024, con el fin de poner en conocimiento la citada
decisión a las partes2.

6. Oposición

6.1. Respuesta de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá

El director seccional de administración judicial de Bogotá rindió informe sobre los
hechos que dieron origen a la acción de tutela, en el que solicitó declarar
improcedente la solicitud de tutela por configurarse la carencia actual de objeto por
hecho superado. Mencionó que la accionante el 30 de enero del presente año
solicitó el desarchivo del proceso ejecutivo No. 11001-40-037-09-2015-00920-00,
el cual se encuentra ubicado en la caja 136 del año 2018.

Señaló que con ocasión al requerimiento efectuado al Grupo de Trabajo de
Archivo Central el 18 de abril de 2024, se generó respuesta a lo solicitado la cual
se remitió a la dirección electrónica de la accionante, en la que informó que se
continúa en la búsqueda y una vez se encuentre el proceso solicitado le sería
comunicado, a lo que agregó que “en virtud de lo aquí referido y soportado en
adjuntos, esta Seccional ha adelantado lo que está a su alcance para obtener la
consecución del expediente judicial requerido por la accionante para su respectivo
desarchivo y así mismo ha emitido la respuesta correspondiente, informando el resultado
de la búsqueda”.

Manifestó que otorgar una respuesta no implica acceder a lo solicitado por la
interesada, para lo cual citó la sentencia T-292 de 2022, y se refirió a la figura de

2 Las partes fueron notificadas a las siguientes direcciones de correo electrónico:
patriciaperezpena@icloud.com; presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co;
solicitudesarchivocentraldesajbta@cendoj.ramajudicial.gov.co; tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co;
deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co; notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co;
notificacioncsjbta@cendoj.ramajudicial.gov.co; csjsabta@cendoj.ramajudicial.gov.co;
notificacionesacbta@cendoj.ramajudicial.gov.co; archivocentralbogota@cendoj.ramajudicial.gov.co;
desajbtanotif@cendoj.ramajudicial.gov.co; cmpl83bt@cendoj.ramajudicial.gov.co;
cmpl09bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

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Demandante: Patricia Pérez Peña

la carencia actual por hecho superado con sustento en las sentencias T-070 de
2022 y T-086 de 2020.

6.2. Respuesta del Consejo Superior de la Judicatura

La magistrada auxiliar de la oficina de la Presidencia pidió que se declare la falta
de legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia, que se desvincule del
trámite constitucional, teniendo en cuenta que las acciones que manifiesta la
demandante como vulneradoras recaen en la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, en razón a que solo tiene custodia del archivo y
de sus actuaciones administrativas, tales como actas, resoluciones, oficios,
circulares y demás.

Indicó que en virtud de la desconcentración de funciones realizada por el Consejo
Superior de la Judicatura, no es la autoridad competente para proceder con el
desarchivo del expediente, toda vez que las funciones asignadas por el artículo
257 de la Constitución Política y el artículo 85 de la Ley Estatutaria 270 de 1996,
son las de trazar las políticas y direcciones estratégicas que han sido
desconcentradas en diferentes órganos.

Señaló que el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 contempló que el
cumplimiento del fallo lo debe dar la autoridad que sea responsable de la
vulneración alegada, que para el caso no es el llamado a responder, máxime
cuando de las pruebas allegadas se tiene que la solicitud ha sido reiterada al
correo electrónico: solicitudesarchivocentraldesajbta@cendoj.ramajudicial.gov.co,
que corresponde al dominio de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá.

Para terminar, citó una sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado en
el que se declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto la
petición no había sido radicada en el Consejo Superior de la Judicatura.

6.3. Respuesta del Juzgado Ochenta y Tres Civil Municipal de Bogotá

La titular del despacho judicial se pronunció sobre la acción de tutela y consideró
que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionante, en tanto el
trámite que se reclama no está a su cargo.

Sostuvo que el proceso ejecutivo con radicado No. 2015-00092 promovido por la
sociedad Tractomulas y Dobletroques Ltda contra la accionante, fue asignado a
ese despacho cuando era el Juzgado Noveno Civil Municipal de Descongestión de
Bogotá, que fue transformado, hoy transitoriamente Juzgado Sesenta y Cinco de
Pequeñas Causas y Competencia Múltiple, por disposición del Acuerdo PCSJA18-
11127 de 2018.

Informó que la terminación del proceso se dio en virtud del desistimiento tácito
declarado por la autoridad judicial por auto de 29 de septiembre de 2017 y aclaró
que para esa época no se contaba con el Sistema de Gestión Judicial Siglo XXI,
por lo que consultada la base de datos del personal del juzgado se encontró oficio
de levantamiento de las medidas cautelares, sin que exista constancia del retiro
del mismo.

Refirió que el expediente fue remitido en el 2018 al archivo central en el paquete
136, sin que se tenga control sobre este. Agregó que la actora elevó solicitudes de
desarchivo el 9 de agosto de 2021 y el 29 de enero de 2024, las cuales han sido
atendidas en el sentido de informar los datos de ubicación y el procedimiento que
debe promover ante la oficina de archivo.

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Por último, manifestó que una vez se encuentre el expediente y se remita al
juzgado, estará a disposición de la interesada para su revisión y el trámite de lo
que considere.

6.4. Respuesta del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá

El presidente de la corporación solicitó la desvinculación de la solicitud de amparo
por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Adujo que procedió a verificar en las bases de datos si se había remitido por la
accionante alguna solicitud relacionada con la situación fáctica de la acción de
tutela, frente a lo cual se expidió la certificación No. CSJBTCER24-99 de 2 de abril
de 2024, en la que se indica que revisada la base de datos no se encontró ningún
escrito radicado por la actora.

Finalmente, refirió que según las funciones establecidas para la corporación en el
artículo 101 de la Ley Estatutaria 270 de 1996, le corresponde ejercer la vigilancia
judicial, sin que la demandante hubiese promovido dicho mecanismo, por lo que al
tratarse de una solicitud de desarchivo, la misma debe ser objeto de
pronunciamiento por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá.

6.5. la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a pesar de haber sido
notificada en debida forma, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Cuestión previa

El Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura de
Bogotá solicitaron que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva,
debido a que la petición frente a la cual se reclama el amparo no les fue remitida.

Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política y el 5 del Decreto
2591 de 1991, “la acción de tutela procede en contra de las autoridades públicas o
particulares que amenacen o vulneren derechos fundamentales”. Bajo esa línea, la
Corte Constitucional en la sentencia T-005 de 20223 señaló que dicho requisito
“hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la
llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de
que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada”.

De conformidad con lo expuesto, la Sala accederá a la desvinculación del Consejo
Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá,
porque ante esas entidades no se presentó la solicitud respecto de la cual se
alega la supuesta vulneración del derecho fundamental de petición.

3 M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.

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3. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si la Oficina de Archivo Central de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá vulneró a la
demandante los derechos fundamentales de petición, información, debido proceso
y acceso a la administración de justicia, al no resolver la solicitud de desarchivo
del expediente que contiene las actuaciones del proceso ejecutivo con radicado
No. 11001-40-037-09-2015-00092-00, formulada por medio de correo electrónico
el 30 de enero de 2024 bajo el No. SDUE24-00929.

4. El derecho fundamental de petición

El artículo 23 de la Constitución Política establece que “Toda persona tiene derecho
a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante
organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.

En lo atinente al núcleo esencial del derecho de petición, la Corte Constitucional
ha precisado que:

“(…) el derecho de petición se satisface cuando concurren los siguientes
elementos que constituyen su núcleo esencial: (i) la posibilidad cierta y
efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las
autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de
tramitarlas; (ii) la respuesta debe ser pronta y oportuna, es decir, la
respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, que debe ser lo más
corto posible, así como clara, precisa y de fondo o material, que supone que
la autoridad competente se pronuncie sobre la materia propia de la solicitud y
de manera completa y congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos y
cada uno de los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo
decidido al peticionario, independiente de que la respuesta sea favorable o
no, pues no necesariamente se debe acceder a lo pedido.

Respecto del último punto, la Corte ha sido enfática en señalar que la
satisfacción de este derecho no sólo se materializa mediante una respuesta
clara, precisa y de fondo o material dentro del término previsto en la ley:

‘Cabe recordar que el derecho de petición, se concreta en dos momentos
sucesivos, ambos subordinados a la actividad administrativa del servidor
que conozca de aquél. En primer lugar, se encuentra la recepción y
trámite de la petición, que supone el contacto del ciudadano con la
entidad que, en principio, examinará su solicitud y seguidamente, el
momento de la respuesta, cuyo significado supera la simple adopción de
una decisión para llevarla a conocimiento directo e informado del
solicitante.

De este segundo momento, emerge para la administración un mandato
explícito de notificación, que implica el agotamiento de los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia
de ello.

Por lo anterior es dable afirmar que, de acuerdo con la jurisprudencia de la
Corte, el derecho de petición se concreta con la respuesta clara, concisa y
de fondo a lo solicitado y cuando se cumple con la obligación de notificar al
particular sobre la respuesta adoptada por la entidad”4. (destacado fuera de
texto)

Por su parte, el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1º de
la Ley 1755 de 2015, establece los términos en los que deben resolverse las

4 Sentencia T-527 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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peticiones, incluyendo una posibilidad excepcional de resolver por fuera del
mismo, en cuyo caso, tal circunstancia debe ser informada por la autoridad, antes
del vencimiento del término, señalando expresamente los motivos de la demora
así como el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá
exceder del doble del inicialmente previsto. La citada disposición establece:

“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones.
Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición
deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción.
Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro
de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado
respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la
respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya
no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades
en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta
(30) días siguientes a su recepción.

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en
los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al
interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando
los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se
resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto”.

En definitiva, la garantía del derecho fundamental de petición conlleva el deber
constitucional y legal de dar respuesta a las peticiones de fondo, en forma clara,
precisa y congruente con lo solicitado, dentro de los términos establecidos por la
ley, siendo así que su inobservancia, hace procedente la protección por el juez
constitucional, a través de la acción de la tutela. Empero, la autoridad respectiva,
en caso de no ser competente para atender la solicitud, tiene el imperativo legal de
remitirla a quien sí lo sea, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la
Ley 1437 de 20115.

5. Estudio y solución del caso concreto

5.1. La señora Patricia Pérez Peña presentó acción de tutela en defensa de los
derechos fundamentales de petición, información, debido proceso y acceso a la
administración de justicia, los cuales considera vulnerados por la falta de
respuesta a la solicitud presentada el 30 de enero de 2024, en la que pidió el
desarchivo del expediente que contiene las actuaciones del proceso ejecutivo
radicado bajo No. 11001-40-037-09-2015-00092-00.

De conformidad con las pruebas allegadas con la demanda de tutela, se encuentra
que la demandante elevó solicitud ante la Mesa de Ayuda de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá, en la que solicitó información
sobre el desarchivo del expediente con radicado No. 11001-40-037-09-2015-
00092-00. En ese orden, la autoridad remitió lo pedido al Juzgado Ochenta y Tres
Civil Municipal de Bogotá, con el fin de que atendiera lo solicitado. Al respecto, la

5 La disposición en cita establece: “ARTÍCULO 21. FUNCIONARIO SIN COMPETENCIA. <Artículo modificado

por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Si la autoridad a quien se dirige la
petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de
los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la
petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario
competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente
a la recepción de la Petición por la autoridad competente”.

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Demandante: Patricia Pérez Peña

autoridad judicial por correo electrónico enviado el 29 de enero de 2024, le indicó
a la accionante, lo siguiente:

Con ocasión a la información suministrada, la demandante presentó la solicitud
con data 30 de enero de 2024, a través del formulario de recepción de solicitudes
de desarchivo en línea disponible en la página web de la Oficina de Archivo
Central de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá 6,
lo cual, como ya lo ha precisado esta Sala7, implica el ejercicio del derecho
fundamental de petición, en tanto de conformidad con el artículo 13 de la Ley 1755
de 2015 –Ley Estatutaria del Derecho de Petición–, “toda actuación que inicie
cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición (…), sin
que sea necesario invocarlo”. De allí que el análisis de la Sala se circunscribirá a
esta garantía constitucional, aun cuando la demandante hizo mención a los
derechos de información, debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.

Mediante correo electrónico de 30 de enero de 2024, la referida Oficina de Archivo
Central de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá
acusó el recibo de la solicitud y le informó a la actora lo siguiente:

“Señor (a)
Patricia Pérez Peña

Cordial saludo,
Usted radicó solicitud de desarchive con los siguientes datos:

Proceso No. 110014003709 - 20150092000 de TRACTOMULAS Y
DOBLETROQUES LTDA contra Patricia Pérez Peña

Según la información por usted suministrada Archivo Central realizará la
búsqueda en el paquete o caja 136 año 2018 radicado 2015-092 del año 2018
enviado al Archivo Central por el Juzgado 9 CIVIL MUNICIPAL DE
DESCONGESTION Señor (a) Patricia Pérez Peña le Informamos que la
solicitud de desarchive será remitida al Archivo Central el día siguiente hábil a
la radicación, en adelante cualquier trámite relacionado con la misma, deberá
ser tratado directamente con esa área, que es la encargada de realizar el
desarchive del expediente solicitado.

6 Disponible en:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mLosYviA80GN9Y65mQFZi1fTBb6jYmxNrzMbNoTHe
OVURFpKRFVPRFlNRFpRQjEyUjREVkdVNVJJOS4u.
7 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 22 de octubre de 2020, exp. No. 11001-03-15-000-2020-

04110-00, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez (E).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 8
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01212-00
Demandante: Patricia Pérez Peña

Así las cosas, si no recibe respuesta de su desarchive en un plazo de 60 días
hábiles, puede solicitar información en la dirección de correo electrónico
solicitudesarchivocentraldesajbta@cendoj.ramajudicial.gov.co recuerde que
debe adjuntar el presente correo como evidencia de la radicación de su
solicitud”.

A su vez, está demostrado que el 19 de febrero de 2024 la demandante insistió en
el desarchivo del expediente por medio correo electrónico remitido a la dirección:
solicitudesarchivocentraldesajbta@cendoj.ramajudicial.gov.co, en el que manifestó
lo siguiente:

“Cordial saludo, por medio de la presente me permito solicitar informe del
estado de desarchivo de la solicitud con radicado SDUE24-00929, a la solicitud
de desarchivo realizado el día 30 de enero de 2024, del proceso con los
siguientes datos:

Proceso No. 110014003709 - 20150092000 de TRACTOMULAS Y
DOBLETROQUES LTDA contra Patricia Pérez Peña

Según la información por usted suministrada Archivo Central realizará la
búsqueda en el paquete o caja 136 año 2018 radicado 2015-092 del año 2018
enviado al Archivo Central por el Juzgado 9 CIVIL MUNICIPAL DE
DESCONGESTION.

La anterior solicitud se reitera atendiendo que, la demora en el desarchivo está
causando un grave perjuicio, pues el proceso ejecutivo singular ya fue
terminado y sin embargo, mi cuenta bancaria personal sigue con la medida
cautelar de embargo, imposibilitándome la posibilidad de adquirir créditos con
entidades bancarias. Gracias por su atención y pronta colaboración”.

La Oficina de Archivo Central de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, con el informe rendido a este trámite
constitucional aportó copia de la respuesta dispensada a la demandante el 18 de
abril de 2024, en la cual le informó:

“Señora
PATRICIA PÉREZ PEÑA
JUZGADO 09 CIVIL MUNICIPAL DE DESCONGESTION
Cordial saludo,

En atención a Tutela de la referencia, me permito informar que, revisada la
base de datos de solicitudes radicadas a través del formulario en línea para
requerir desarchives, se evidencia petición en la cual se solicita los desarchive
del proceso: 11001400370902015009200 del JUZGADO 09 CIVIL MUNICIPAL
DE DESCONGESTION, donde figuran las siguientes partes: Demandante:
TRACTOMULAS Y DOBLE TROQUES LTDA, Demandado: PATRICIA PEREZ
PEÑA de la caja/paquete 136 - 2018.

Por lo anterior, me permito informar que, de momento sus solicitudes presentan
un resultado NEGATIVO en la búsqueda a corto plazo. No obstante, en la
bodega Santo Domingo se continúa realizando la gestión de búsqueda y en un
plazo no mayor a 20 días hábiles, estaremos informando por este medio el
nuevo resultado de la gestión realizada.

Finalmente, es importante resaltar que, con este mensaje Archivo Central no
acredita que de encontrarse el paquete o caja el proceso se encuentre en su
interior.

Nota: Se precisa que la Bodega Santa Domingo es objeto de organización y
mapeo, toda vez que se recibió en traslado el acervo documental de los
diferentes despachos judiciales que se encontraban en bodega Montevideo I y
II”. (Subrayas y negrillas por fuera del texto original)

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01212-00
Demandante: Patricia Pérez Peña

5.2. Bajo ese contexto, la Sala evidencia que la Oficina de Archivo Central de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá no vulneró el
derecho fundamental de petición de la demandante, por las siguientes razones:

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, la
Sala advierte que la autoridad accionada dio respuesta a lo solicitado fuera del
plazo establecido. Sin embargo, ello no es óbice para pasar desapercibido que en
la comunicación dada el 18 de abril de 2024, explicó el resultado de la búsqueda a
corto plazo y mencionó que la bodega del archivo central es objeto de
organización, debido a que recibió el acervo documental de las bodegas
Montevideo I y II. Situación que puede ser entendida y no resulta desbordada
conforme se deriva de la información publicada por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá, en la que ha sostenido el déficit
operacional en la organización del archivo y que se encuentra realizando distintas
acciones para implementar un modelo operacional que permita optimizar las
condiciones de los expedientes que reposan en las bodegas8.

Según se desprende de la solicitud respecto de la cual se pide el amparo
constitucional, la misma está encaminada a que la referida autoridad desarchive el
proceso ejecutivo No. 11001-40-037-09-2015-00092-00. En ese orden, de la
respuesta brindada se extrae que la accionada realizó una búsqueda a corto plazo
con el fin de comunicar a la demandante el estado del trámite administrativo y le
indicó de manera precisa que continuará realizando gestiones con el fin de ubicar
el expediente, y que en un plazo no mayor a 20 días hábiles, contados a partir de
la notificación de la comunicación, le indicará el resultado final de la búsqueda,
con la precisión de que puede ocurrir que al encontrarse el paquete o caja, el
expediente no se encuentre. Término que se encuentra en armonía con lo previsto
en el parágrafo del artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, debido a que no supera el
doble del inicialmente previsto.

Ahora bien, como quiera que el propósito de la solicitud es que la accionante
tenga certeza de que el expediente fue o no ubicado para fines de desarchivo, la
Sala instará a la Oficina de Archivo Central de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá para que una vez culmine la búsqueda del
expediente No. 11001-40-037-09-2015-00092-00, se informe en un plazo no
mayor a veinte (20) días hábiles conforme se indicó en la respuesta de 18 de abril
de 2024, límite temporal que se precisó de conformidad con lo previsto en el
parágrafo del artículo 14 de la Ley 1437 de 2011.

Finalmente, se debe indicar a la parte actora que en caso de que no se llegare a
ubicar el referido expediente, puede acudir al trámite de reconstrucción del
expediente previsto en el artículo 126 del Código General del Proceso.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de
la Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero.- DESVINCÚLASE al Consejo Superior de la Judicatura y al Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá, del presente trámite constitucional.

8
Fuente: https://www.ramajudicial.gov.co/web/consejo-superior-de-la-judicatura/-/direccion-seccional-de-
administracion-judicial-de-bogota-trabaja-para-superar-deficit-operacional-en-archivo-de-procesos-ya-fallados

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01212-00
Demandante: Patricia Pérez Peña

Segundo.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela incoada por la
señora Patricia Pérez Peña, quien actúa en nombre propio, por las razones aquí
expuestas.

Tercero.- ÍNSTASE a la Oficina de Archivo Central de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá, para que una vez culmine la
búsqueda del expediente No. 11001-40-037-09-2015-00092-00, se informe en un
plazo no mayor a veinte (20) días hábiles conforme se indicó en la respuesta de
18 de abril de 2024, límite temporal que se precisó de conformidad con lo previsto
en el parágrafo del artículo 14 de la Ley 1437 de 2011.

Cuarto.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Quinto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Sexto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

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