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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01213-00

Fecha
18 de abril de 2024
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01213-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo del señor Javier Mauricio Hernández Álvarez, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-01213-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

18 de abril de 2024

Demandante: Javier Mauricio Hernández Álvarez
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01213-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01213-00
Demandante: JAVIER MAURICIO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ
Demandado: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

Tema: Derecho de petición - Niega.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a pronunciarse sobre la acción de tutela presentada por el señor
Javier Mauricio Hernández Álvarez, contra la Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Con escrito presentado el 11 de marzo de 2024 al buzón web del aplicativo de
Tutelas y Habeas Corpus de la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial1, el
señor Javier Mauricio Hernández Álvarez, por medio de apoderado judicial, ejerció
acción de tutela contra la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., con el
fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales de petición y de acceso
a la administración de justicia.

En sentir de la parte accionante, la trasgresión de las referidas garantías
constitucionales, se dio con ocasión de que «han trascurrido los términos de ley a fin
de que la entidad demandada efectúe el correspondiente cumplimiento de fallo,

1 Mediante auto del 12 de febrero de 2024 el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de

Control de Garantías de Bogotá remitió por competencia la solicitud de tutela para que esta
Corporación avocara su conocimiento.

1

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Demandante: Javier Mauricio Hernández Álvarez
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01213-00

razón por la cual el 14 de febrero del 2024» presentó petición ante la entidad, para
que le devuelva las primeras copias de las sentencias, sin que a la fecha se le haya
dado respuesta de fondo.

Lo anterior, por cuanto el 6 de febrero del 2023 radicó ante la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur E.S.E. una solicitud de cumplimiento de la sentencia del 16
de diciembre de 2021, proferida por el Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá y confirmada parcialmente el 20 de octubre de 2022 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-
028-2018- 00523-00, e hizo entrega de las primeras copias de dichas sentencias.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales y, en consecuencia, pidió:

2. Solicito con todo comedimiento al(a) Señor(a) Juez, se sirva ordenar al
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, o quien haga
sus veces, se me haga entrega de:

• Primera copia del fallo proferido por el JUZGADO (28)
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ fechado el 16 de
diciembre de 2021 Sentencia confirmada parcialmente el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN "A* HONORABLE MAGISTRADA: DRA CARMEN
ALICIA REGIO SANGUINO el 20 de octubre de 2022, dentro del
proceso 11001-33-35-028-2018-00523-00; SENTENCIA
DEBIDAMENTE EJECUTORIADA2.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

El 14 de febrero del 2024 el señor Javier Mauricio Hernández Álvarez, presentó una
petición ante Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., donde solicitó la
entrega de las primeras copias que prestan mérito ejecutivo, de las sentencias3 que
allegó para la obtención de su cumplimiento, en los siguientes términos:

2 Transcripción del texto original con posibles errores.
3 Las cuales fueron aportadas con el propósito de que se diera cumplimiento a las órdenes impartidas,

así: «solicitar que se dé cumplimiento al fallo proferido por el JUZGADO (28) ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE BOGOTÁ fechado el 16 de diciembre de 2021 sentencia confirmada parcialmente por
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN "A"
HONORABLE MAGISTRADA: DRA CARMEN ALICIA RENGIFO SANGUINO el 20 de octubre de
2022, dentro del proceso 11001-33-35-028-2018-00523-00 SENTENCIA DEBIDAMENTE
2

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Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01213-00

(…)
3. Solicito se desglose y se me haga entrega de la primera copia que presta merito ejecutivo
del Fallo de Primera y Segunda Instancia expedida por el JUZGADO (28) ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ fechado el 16 de diciembre de 2021 sentencia confirmada
parcialmente por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA SUBSECCIÓN "A' HONORABLE MAGISTRADA DRA CARMEN ALICIA
RENGIFO SANGUINO el 20 de octubre de 2022, dentro del proceso 11001-33-35-028-2018-
00523-00; SENTENCIA DEBIDAMENTE EJECUTORIADA., las cuales fueron RADICADAS
EN SUS DEPENDENCIAS con las debidas formalidades legales el 6 de febrero de 2023.
(…)

Mediante oficio 2024200005575-1 del 1.° de marzo del 2024 la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur E.S.E. dio respuesta4 así:

(...)
1. Desglose de los fallos de primera y segunda instancia proferidos dentro del
proceso de la referencia, sobre el particular, es preciso informarle que no es posible
entregar la primera copia que hace parte integral de la carpeta administrativa para el
pago de la sentencia, por lo anterior, se remite adjunto en medio magnético, copia de
lo solicitado.
(...)

1.4. Fundamentos de la vulneración

La parte actora adujo que la entidad accionada vulneró sus garantías
constitucionales toda vez que, a la fecha no se le ha dado una contestación de fondo
a la petición presentada el 14 de febrero del 2024, puesto que no le ha hecho la
entrega material y efectiva de las primeras copias que prestan mérito ejecutivo y que
el haber suministrado la información en medio magnético no responde de fondo a su
solicitud.

Agregó que para poder adelantar el proceso ejecutivo es indispensable contar con el
primer ejemplar de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A del 20 de octubre de 2022, dentro
del proceso 11001-33-35-028-2018-00523-00, tal como lo señala el artículo 297
numeral 4 de la Ley 1437 de 2011, pues es esta la que se constituye en el título
ejecutivo que hace exigible y procedente el trámite ante la jurisdicción contenciosa.

Indicó que, con la respuesta de la accionada se vulneran sus derechos
fundamentales de petición y de acceso a la administración de justicia, desconociendo
las sentencias de la Corte Constitucional T-665 de 2012 y T-698 de 2013 y del
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C del 8 de noviembre de 2016, M.

EJECUTORIADA, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 9, 187, 192 al 195 del
C.P.A.C.A., y demás concordantes (…).
4 Notificada el 1.° de marzo de 2024 por correo electrónico enviado a a.p.asesores@hotmail.com.

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P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, radicado 41001-23-33-000-2013-00112-
01(52779).

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante auto del 20 de marzo de 2024, el magistrado encargado admitió la acción
de tutela y ordenó su notificación a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
E.S.E. como entidad accionada.

De otra parte, vinculó en calidad de terceros con interés al Juzgado Veintiocho
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, quienes actuaron en calidad a quo
y ad quem, respectivamente, al interior del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35- 028-2018-00523-00.

Así mismo, se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y se
reconoció personería jurídica al abogado Jorge Iván González Lizarazo.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes intervenciones:

1.6.1. Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá

El juez titular de este despacho adjuntó link de acceso al expediente digital e indicó
que no ha desconocido derecho fundamental alguno. Afirmó que, lo que el
accionante pretende es la entrega por parte de la entidad accionada de la primera
copia auténtica de las sentencias que le fueron favorables, las cuales ya fueron
expedidas por parte de la secretaría del superior funcional, como se evidencia en el
folio 283 del expediente digitalizado:

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1.6.2. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

La jefe de la oficina jurídica de esta entidad, pidió «negar por improcedente» la
solicitud de amparo en consideración a que dio respuesta a la solicitud presentada
por la parte actora, misma que no necesariamente tiene que acceder a lo pretendido
por el tutelante en su escrito, indicó que:

las entidades tienen un plazo para efectuar los pagos tal y como se le informó en la
respuesta al derecho de petición, incluso en caso de sanción si a ello hubiere lugar se
cancelarían los intereses comerciales.

Adicional a lo anterior la entidad cuenta con más de 400 sentencias ejecutoriadas
pendientes de pagar, las cuales son más antiguas y por tanto requieren de una
priorización mayor para el pago, ajustada o dependiendo de la disponibilidad
presupuestal que tenga la entidad.

Señaló que, tal como se informó al señor Javier Mauricio Hernández Álvarez, no
cuentan con los recursos presupuestales, pero que cuando se tengan y una vez
surtido el trámite legal correspondiente, se le notificará «el acto administrativo de
cumplimiento para que se acerque a recibir el pago, sin perjuicio de que, en caso de

5

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no comparecer, la entidad pueda consignar las sumas a pagar en la cuenta de
Depósitos Judiciales del Banco Agrario a órdenes del beneficiario».

Agregó que la presente demanda no cumple con el requisito de la subsidiariedad, por
cuanto el «accionante puede iniciar un proceso ejecutivo con la finalidad de hacer
efectivo el pago de la sentencia, sin necesidad de acudir a la acción de tutela para
este trámite».

Así mismo aportó constancia del correo electrónico a través del cual se envió la
respuesta, así:

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
guardó silencio pese a haber sido debidamente notificado5.

5 El 2 de abril de 2024, a los correos electrónicos: scsec02tadmincdm@cendoj.ramajudicial.gov.co y

scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co, tal como consta en la actuación 7 del expediente digital de
Samai.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por el
señor Javier Mauricio Hernández Álvarez, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, el artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1.° del Decreto 333
de 2021.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la sala dar respuesta al siguiente interrogante:

• ¿La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E vulneró el derecho
fundamental de petición del actor al no entregarle las primeras copias que
prestan mérito ejecutivo de las sentencias proferidas al interior del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-028-2018-
00523-00?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) las
generalidades de la acción de tutela; (ii) el derecho de petición, y (iii) el caso
concreto.

2.3. Generalidades de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de
las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto
2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional, de manera enfática y uniforme, ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no
sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable6.

6Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 del 28.01.2009, M.P. Rodrigo
Escobar Gil y T-764 del 22.07.2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
7

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2.4. Del derecho de petición

La Constitución Política de 1991, consagró en su artículo 23 el derecho fundamental
de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de «presentar
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y
a obtener pronta resolución»7. El mismo artículo superior precisa que el legislador
podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los
derechos fundamentales.

La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido algunos
parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho: «El núcleo
esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la
cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido».8

Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la contestación de la
petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala 15 días para resolver la misma, de no
ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.

Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y congruente
con lo solicitado. Ello significa que «la respuesta al derecho de petición debe versar
sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al
asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario
debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el
propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado.
// Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que
la autoridad suministre información adicional relacionada con los intereses del
peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la
respuesta dada».9

Así las cosas, se tiene que la contestación debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su contenido y lograr constancia de ello (…)
la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el

7 Corte Constitucional. C-510-04. Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis.
8 Sentencia T-332-15, Magistrado Ponente Alberto Rojas Ríos.
9 Sentencia T-149-13, Magistrado Ponente Luis Guillermo Pérez Pérez.

8

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propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante.»10

En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la Corte
Constitucional ha explicado que:

i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos
de la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información,
a la participación política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial
comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar,
en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se
nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es
decir, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la
respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad entre
en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose
de manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia
entre la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la
pronta comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia de que su
sentido sea positivo o negativo11.

Así pues, la contestación requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la
satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca12.

Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha
sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el derecho
a lo pedido, por lo que el derecho de petición se ejerce y agota en la solicitud y la
respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del derecho
subjetivo.

2.5. Caso concreto

Al revisar el escrito introductorio, los memoriales de contestación y las pruebas
incorporadas al trámite, se observa que la Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E. el 1.° de marzo de 2024 dio contestación de fondo y en forma congruente
a la petición elevada el 14 de febrero de 2024 por el accionante, pues le manifestó
que no era posible entregar la primera copia porque «hace parte integral de la
carpeta administrativa para el pago de la sentencia» y que por tal razón remitía copia
de lo solicitado en medio magnético.

10 Ibidem.
11 Corte Constitucional, sentencia T-161 de 10 de marzo de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
12 Sobre el tema, ver sentencia de 22.03.2012., Radicación: 25000-23-25-000-2012-00150-01, Actor:

Robert Wilson Molina Sambony M.P. Susana Buitrago Valencia.
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Se debe resaltar que al actor se le notificó en debida forma y que su inconformidad
radica en que no se accedió a lo pretendido en su solicitud.

Al respecto, como se indicó en un acápite anterior, la Corte Constitucional ha
precisado que la satisfacción del derecho de petición no depende de una respuesta
favorable a lo solicitado, por lo que se entiende que hay contestación incluso si no se
accede al requerimiento. De ahí que se diferencie el derecho de petición
del «derecho a lo pedido»13, que se usa para destacar que «el ámbito de protección
constitucional de la petición se circunscribe al derecho a la solicitud y a tener una
contestación para la misma, [y] en ningún caso implica otorgar la materia de la
solicitud como tal»14.

En ese sentido, la negativa comunicada al señor Javier Mauricio Hernández Álvarez,
dentro de los términos establecidos15, no significa una vulneración del derecho de
petición, puesto que, si efectivamente se contesta de fondo el asunto expuesto, se
satisface el derecho. «En efecto, la respuesta puede o no satisfacer los intereses de
quien ha elevado la petición, en el sentido de acceder o no a sus pretensiones, pero
siempre debe ser una contestación que permita al peticionario conocer, frente al
asunto planteado, cuál es la situación y disposición o criterio de la entidad
competente»16.

En este caso, la negativa en entregar las primeras copias que prestan mérito
ejecutivo de las sentencias17, se debe a que son un requisito indispensable para
continuar con el trámite de cobro administrativo que está adelantando el accionante
ante la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Ahora bien, en lo que respecta al derecho fundamental de acceso a la administración
de justicia, la Corte Constitucional «ha sostenido que tanto las autoridades como los
particulares deben abstenerse de obstruir el acceso a la jurisdicción de las personas,
por ejemplo, entregando copias de documentos que sean necesarios para ello. En tal
sentido la Corte ha protegido los derechos de petición en relación con el de acceso a
la administración de justicia, en casos en los que autoridades administrativas
imponen una barrera a los ciudadanos, al negar la entrega de copias de documentos
que prestan mérito ejecutivo»18.

13 Sentencias T-242 de 1993, C-510 de 2004, T-867 de 2013, C-951 de 2014, T-058 de 2018 y T-424

de 2019.
14 Sentencias C-007 de 2017 y T-424 de 2019.
15 De conformidad con el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala 15 días para resolver la

misma, como se observa: “Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición
deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción.”
16 M. P. Mauricio González Cuervo
17 De primera instancia del 16 de diciembre de 2021 proferida por el Juzgado Veintiocho

Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y de segundo grado del 20 de octubre de 2022 dictada
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
18 T-103 de 2019, M. P. Diana Fajardo Rivera.

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No obstante, respecto al proceso ejecutivo que debe adelantar el accionante, el
artículo 298 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA) establece:

Artículo 298. Procedimiento

Una vez transcurridos los términos previstos en el artículo 192 de este código, sin
que se haya cumplido la condena impuesta por esta jurisdicción, el juez o
magistrado competente, según el factor de conexidad, librará mandamiento
ejecutivo según las reglas previstas en el Código General del Proceso para la
ejecución de providencias, previa solicitud del acreedor.

Si el título lo constituye una conciliación aprobada por esta jurisdicción o un laudo
arbitral en que hubiere sido parte una entidad pública, el mandamiento ejecutivo se
librará, previa solicitud del acreedor, una vez transcurridos seis (6) meses desde la
firmeza de la decisión o desde la fecha que en ella se señale, bajo las mismas
condiciones y consecuencias establecidas para las sentencias como título ejecutivo.
En este caso, se observarán las reglas establecidas en el Código General del
Proceso para la ejecución de providencias judiciales.

Si la ejecución se inicia con título derivado de conciliación aprobada por esta
jurisdicción, se aplicará el factor de competencia por conexidad. Si la base de
ejecución es un laudo arbitral, operarán los criterios de competencia por cuantía y
territorial, definidos en este código.

Parágrafo. Los defectos formales del título ejecutivo podrán declararse por el juez de
oficio en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según
fuere el caso. (Negritas propias)

Por su parte el artículo 297, en su numeral 1.° de esta misma ley dispone que
constituyen título ejecutivo «las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a
una entidad pública al pago de sumas dinerarias».

En tal sentido se ha pronunciado el Consejo de Estado al indicar que allegar la
primera copia de la sentencia que presta mérito ejecutivo no es exigible tratándose
de la ejecución ante el mismo juez de conocimiento, ya que esta se adelanta dentro
del mismo expediente en que fue dictada con fundamento en la sola petición que al
efecto presente el demandante19.

La competencia de los procesos ejecutivos que buscan el cumplimiento de las
órdenes judiciales recae en el juez que profirió la providencia cuyo cumplimiento se
solicita, puesto que regula un asunto de carácter concreto, la ejecución de condenas

19 Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-1999-00831-02, febrero 2 de 2018,

M. P. Oswaldo Giraldo.
11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Javier Mauricio Hernández Álvarez
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01213-00

impuestas por la jurisdicción contenciosa administrativa a las entidades públicas de
sumas dinerarias20.

Esta regla de competencia se reitera en el artículo 306 del Código General del
Proceso que expresamente consagra:

ARTÍCULO 306. EJECUCIÓN. Cuando la sentencia condene al pago de una suma de
dinero, a la entrega de cosas muebles que no hayan sido secuestradas en el mismo
proceso, o al cumplimiento de una obligación de hacer, el acreedor, sin necesidad de
formular demanda, deberá solicitar la ejecución con base en la sentencia, ante el juez
del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuación y dentro
del mismo expediente en que fue dictada.

Formulada la solicitud el juez librará mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo
señalado en la parte resolutiva de la sentencia y, de ser el caso, por las costas
aprobadas, sin que sea necesario, para iniciar la ejecución, esperar a que se surta el
trámite anterior. (. ..)

Además de ello, el artículo 114 del Código General del Proceso eliminó la exigencia
de la primera copia de la sentencia y basta que se aporte la copia simple con la
constancia de ejecutoria, así:

ARTÍCULO 114. COPIAS DE ACTUACIONES JUDICIALES. Salvo que exista
reserva, del expediente se podrá solicitar y obtener la expedición y entrega de copias,
con observancia de las reglas siguientes:

2. Las copias de las providencias que se pretendan utilizar como título ejecutivo
requerirán constancia de su ejecutoria.

De conformidad con lo anterior, tampoco se entiende vulnerado el derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia, por cuanto el señor Hernández
Álvarez puede iniciar el proceso ejecutivo sin necesidad de la primera copia auténtica
de las sentencias.

2.6. Conclusión

De acuerdo con lo manifestado, esta Sala de Decisión negará la solicitud de amparo
de los derechos fundamentales de petición y de acceso a la administración de
justicia, en primer lugar, porque la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E
resolvió la petición del actor de manera clara, precisa y congruente con lo solicitado
y, en segundo lugar, la negativa en entregar las copias pretendidas no le impiden al
accionante adelantar el proceso ejecutivo correspondiente.

20 Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-00537-00, abril 5 de 2018, M.

P. Carlos Enrique Moreno.

12

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Demandante: Javier Mauricio Hernández Álvarez
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01213-00

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo del señor Javier Mauricio Hernández
Álvarez, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, al día siguiente a su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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