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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01218-00

Fecha
6 de junio de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01218-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar la improcedencia de la acción de tutela presentada por el señor Fernando Eliécer Maldonado Cala para la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia por no cumplir con el requisito general de inmediatez. Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-01218-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

6 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D. C. seis (6) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01218-00
Accionante: Fernando Eliécer Maldonado Cala
Accionado: Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión núm. 16

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial mediante la cual se declaró la
caducidad del recurso extraordinario de revisión interpuesto por el accionante
contra la sentencia del 5 de diciembre de 2007 en la que se condenó
solidariamente a la Nación, Ministerio de Justicia y al hoy accionante, en su
calidad de magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por
los perjuicios derivados de la privación injusta de la libertad de que fue víctima el
señor Ismael Peña Galvis. Requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela.

Decisión: Se declara la improcedencia de la acción por no cumplir con el
requisito de la inmediatez.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela presentada por el señor Fernando Eliécer Maldonado Cala, por la
presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso
a la administración de justicia así como el principio de confianza legítima,
presuntamente vulnerados por la Sala Especial de Decisión núm. 16 del Consejo
de Estado, al proferir la providencia del 21 de octubre de 2021 mediante la cual
declaró la caducidad del recurso extraordinario de revisión seguido bajo el
radicado acumulado 11001-03-15-000-2012-01251-00 y 11001-03-15-000-2012-
01250-00.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

El señor Ismael Enrique Peña Galvis fue condenado el 18 de febrero de 1987 por
el Juzgado Penal del Circuito de Girardot a 3 años de prisión y al pago de multa
de $ 5.000 por el delito de tráfico de estupefacientes. El 5 de junio de 1987, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó la condena impuesta.

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Acción de Tutela
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Accionante: Fernando Eliécer Maldonado Cala

Posteriormente, en virtud de una acción de revisión presentada, la Corte
Suprema de Justicia mediante providencia del 8 de marzo de 1991 ordenó la
revisión y reapertura del proceso condenatorio y dispuso la libertad provisional.
El juzgado al que le correspondió la revisión del proceso, después de practicar
nuevas pruebas, profirió sentencia el 9 de junio de 1992 en la que determinó que
el señor Ismael Peña Galvis no era quien había cometido el delito y lo absolvió
de todo cargo.

El 21 de mayo de 1993, el señor Peña Galvis instauró demanda de reparación
directa contra la Nación, Ministerio de Justicia por la privación injusta de la
libertad, cuyo conocimiento correspondió en primera instancia al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca bajo el radicado núm. 25000-23-26-000-1993-
08801-00, que en el curso del proceso, a petición del Ministerio Público, vinculó
en llamamiento en garantía a la juez María Soledad Bernal de Cardona y a los
magistrados del Tribunal Superior de Bogotá Jorge Augusto Lozano Delgado,
Fernando Eliécer Maldonado Cala y Pantaleón Mejía Garzón.

En sentencia del 23 de abril de 1998, el Tribunal condenó solidariamente a la
Nación y a la juez María Soledad Bernal de Cardona y al magistrado ponente del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Jorge Augusto Lozano Delgado
como responsables de los perjuicios causados al señor Ismael Enrique Peña
Galvis y absolvió a los magistrados Fernando Eliécer Maldonado Cala y
Pantaleón Mejía Garzón.

En sede de apelación, el 5 de diciembre de 2007, la Sección Tercera del Consejo
de Estado declaró responsables, también, a los magistrados Fernando Eliécer
Maldonado Cala y Pantaleón Mejía Garzón, por los perjuicios causados.

En atención a ello, el hoy accionante formuló incidente alegando la existencia de
una nulidad originada en la sentencia, aduciendo que al haber sido absuelto en
la primera instancia y no haber sido apelada la sentencia en ese aspecto
determinado, el Consejo de Estado carecía de competencia para pronunciarse
sobre el punto. Iguales incidentes de nulidad interpusieron los demás
magistrados condenados.

Dichas solicitudes fueron negadas a través de auto del 18 de noviembre de 2008,
el cual fue objeto de recurso de súplica que fue rechazado por improcedente el
28 de enero de 2010, decisión que fue confirmada en sede de reposición el 13
de mayo de 2010.

Los magistrados Maldonado Cala y Lozano Delgado solicitaron la nulidad de lo
actuado en el trámite del recurso de súplica y por medio de auto del 12 de agosto
de 2010 se declaró la nulidad de las providencias del 28 de enero y 13 de mayo
de 2010.

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En atención a ello, a través de providencia del 7 de junio de 2012, la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró la nulidad de lo actuado a partir del 18 de
noviembre de 2008 ante la violación del debido proceso y le otorgó a los
incidentantes el término improrrogable de 10 días para presentar el recurso
extraordinario de revisión.

En cumplimiento de lo anterior, los magistrados Maldonado Cala y Lozano
Delgado radicaron los recursos extraordinarios de revisión, que fueron admitidos
por autos del 21 de agosto de 2012 y 8 de agosto de 2013 y, posteriormente,
acumulados mediante proveído del 8 de agosto de 2013.

Sin embargo, a través de providencia del 21 de octubre de 2021, la Sala Especial
de Decisión núm. 16 del Consejo de Estado declaró la caducidad del recurso
extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia del 5 de diciembre de
2007. Contra esta decisión, el hoy accionante interpuso solicitud de nulidad,
argumentando que esta desconoció lo decidido en el auto del 7 de agosto de
2012 que le concedió un término judicial para presentar el recurso. Señaló,
además, que dicha decisión había sido proferida sin competencia pues, en su
entender, dicho asunto le correspondía a la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo y no a una Sala Especial de Decisión.

Mediante proveído del 26 de abril de 2022 el magistrado sustanciador del proceso
rechazó por extemporánea la solicitud de nulidad, decisión que fue confirmada
en sede de súplica el 30 de agosto de 2023.

2.2. Fundamento jurídico

El accionante manifestó que la Sala Especial de Decisión núm. 16 incurrió en
defecto orgánico, toda vez que carecía de competencia funcional para decidir los
recursos extraordinarios de revisión contra el fallo del 5 de diciembre de 2007.

Por otra parte señaló que incurrió en defecto sustantivo, toda vez que pese a que
los recursos extraordinarios de revisión se instauraron el 2 y 4 de julio de 2012,
es decir, en vigencia de la Ley 1437 de 2011, se tramitaron bajo las normas del
Código Contencioso Administrativo.

Por otra parte, adujo que se dejó sin valor lo decidido en el auto del 7 de junio de
2012, mediante el cual la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la
nulidad de lo actuado en el proceso de reparación directa y les concedió el
término de 10 días para interponer el recurso extraordinario de revisión, tanto así
que al momento de su admisión, en los autos del 21 de agosto de 2012 y 8 de
agosto de 2013, se consideró que estos se habían interpuesto de manera
oportuna «conforme a las circunstancias sui generis que rodean el presente
asunto descritas en la providencia de 7 de junio de 2012 proferida por el
consejero Danilo Rojas Betancourth».

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Accionante: Fernando Eliécer Maldonado Cala

Al proceder así, «desconoció la confianza legítima de los recurrentes y
sacrificó el derecho del debido proceso y defensa” y “privilegió los
principios de cosa juzgada, seguridad jurídica, preclusión, interés general,
sobre el debido proceso con claro desconocimiento del artículo 5º de la
Constitución que reconoce la primacía de los derechos inalienables de la
persona que están en el epicentro del Estado Social de Derecho con
fundamento en el respeto de la dignidad humana».

2.3. Pretensiones

La parte accionante solicitó:

«1.- Declarar que la Sala Especial de Decisión No. (sic) 16 del Consejo de Estado
incurrió en defecto orgánico al haber proferido la sentencia del 21 de octubre de
2021, como también las providencias subsiguientes del 26 de abril de 2022 que
rechazó la nulidad, y la de 30 de agosto de 2023 que negó la súplica, por carencia
de competencia funcional.

2.- Declarar que la Sala Especial de Decisión No. (sic) 16 del Consejo de Estado
incurrió en defecto sustantivo al dictar la sentencia del 21 de octubre de 2021, con
fundamento en normas del Código Contencioso Administrativo (CCA) derogado
desde antes de formularse los recursos de revisión.

3.- Declarar que la Sala Especial de Decisión No. (sic) 16 del Consejo de Estado
incurrió en defectos procedimentales al proferir la sentencia del 21 de octubre de
2021 en cuanto procedió:

a) Contra providencias debidamente ejecutoriadas del 7 de junio de 2012, que
declaró la nulidad de lo actuado a partir del auto de 18 de noviembre de
2008 y de los autos admisorios de los recursos de revisión.
b) Desconoció la confianza legítima de los recurrentes y sacrificó el derecho
del debido proceso y de defensa.
c) Privilegió los principios de cosa juzgada, seguridad jurídica, preclusión,
interés general, sobre el debido proceso con claro desconocimiento del
artículo 5º de la Constitución que reconoce la primacía de los derechos
inalienables de la persona que están en el epicentro del Estado Social de
Derecho con fundamento en el respeto de la dignidad humana.

4.- Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se deje sin efecto legal
alguno la sentencia de la Sala Especial de Decisión No. (sic) 16 del Consejo de
Estado proferida el 21 de octubre de 2021, así como las providencias subsiguientes.

5.- Ordenar que por el JUEZ NATURAL respectivo se profiera la providencia, que
acatando el imperio de la ley, correspondan en derecho».

2.4. Intervenciones

La acción de tutela fue admitida mediante auto del 18 de marzo de 2024, a través
del cual se ordenó notificar al Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión 16
como accionado y a la Nación – Rama Judicial, a la Procuraduría Quinta
Delegada ante el Consejo de Estado y a los señores Ismael Enrique Peña Galvis
y Jorge Augusto Lozano Delgado como terceros interesados en el resultado del
proceso.

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2.4.1. La Sala Especial de Decisión 16, a través de una de sus integrantes,
señaló que el presente asunto no tiene relevancia constitucional, toda vez que se
encamina a reabrir el debate adelantado en la instancia respectiva.

Pese a ello, sostuvo que en el asunto no se configuran los defectos alegados.
Sobre el defecto orgánico, señaló que según los incisos 4.º y 5.º del artículo 111
del CPACA, a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo le corresponde
«resolver los recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas
por las secciones o subsecciones y los demás que sean de su competencia»,
norma que converge con lo dispuesto en el inciso 1.º del artículo 249 de la misma
codificación al establecer que «de los recursos de revisión contra las sentencias
dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que
profirió la decisión1».

De esta manera, precisó que en las salas especiales de decisión podía radicarse
la competencia para el trámite y definición de esos asuntos, más cuando los
mismos no correspondían a aquellos excluidos expresamente por el legislador;
cuestión que efectivamente se dispuso en el numeral 1 del artículo 2 del Acuerdo
321 del 2 de diciembre de 2014, al tenor del cual:

«Artículo 2°. Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes
asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:

1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las
sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado. (…)».

Así las cosas, explicó que como para la fecha de expedición de la sentencia
cuestionada se encontraba vigente la asignación de competencias que la Sala
Plena del Consejo de Estado realizó en cabeza de las salas especiales de
decisión, mal puede concluirse que la misma carecía de competencia para
resolver el recurso interpuesto por el accionante.

De igual forma, precisó que no es dable considerar que al expedir la providencia
la Sala Especial incurrió en los defectos sustantivo y procedimental, pues allí
quedaron debidamente consignadas las razones por las cuales la mayoría
consideró que no había lugar a validar el término concedido en el auto del 7 de
junio de 2012 para interponer el recurso extraordinario de revisión.

2.4.2. Por su parte, el magistrado ponente de la sentencia del 21 de octubre
de 2021 objeto de cuestionamiento, pidió que se declare la improcedencia del
amparo constitucional solicitado, por considerar que no se acreditan los requisitos
de relevancia constitucional e inmediatez, si se tiene en cuenta que la sentencia
fue proferida el 21 de octubre de 2021 y la tutela se radicó el 28 de febrero de
2024.

1
El aparte resaltado se declaró exequible mediante sentencia C-450 de 2015.

5
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En gracia de discusión, señaló que no se acreditan los defectos atribuidos a la
sentencia. Por una parte, explicó que el defecto orgánico no se configura, pues
el ordenamiento jurídico facultó expresamente a las salas especiales de decisión
para que, en nombre y representación de la Sala Plena del Consejo de Estado,
decidan los recursos extraordinarios de revisión a su cargo, incluso aquellos
formulados antes de la expedición de la Ley 1437 de 2011, como una herramienta
de descongestión de la Sala Plena y de dinamización del trámite de los procesos
a ella asignados. Por tanto, como a la fecha de expedición del Acuerdo en
comento el recurso extraordinario de revisión formulado por el señor Maldonado
Cala contra una sentencia de una Sección del Consejo de Estado estaba
pendiente de decisión, aquel quedó asignado a la Sala Especial de Decisión 16,
presidida por el Despacho que tenía la ponencia del recurso, sin que pueda
entenderse que con ello fue vulnerada la garantía del juez natural.

Señaló igualmente que no se acreditó el defecto procedimental, pues la Sala
consideró que el auto de 7 de junio de 2012 no se ajustaba al ordenamiento
jurídico y, por ende, no podía obligar a la adopción de una decisión de fondo
respecto de una herramienta que no cumplía con los requisitos que la ley previó
para su procedencia, pues con dicha providencia el juez del proceso ordinario de
responsabilidad ꟷactuando de oficio y por fuera de sus competenciasꟷ, había
resuelto el cúmulo de solicitudes de nulidad y de recursos presentados después
de la expedición de la sentencia del 5 de diciembre de 2007 por el Consejo de
Estado, otorgándole un término adicional para la presentación del recurso
extraordinario de revisión, pese a que éste se había vencido hacía más de 3 años
y sin considerar la forma como esa decisión podía afectar las garantías
fundamentales de la parte que había obtenido una decisión favorable a sus
intereses, después de un proceso que para ese momento llevaba casi 20 años
de trámite.

Así las cosas, adujo que no es dable predicar la configuración de un defecto
procedimental, pues lo que ocurrió es que la Sala Especial de Decisión, de
manera razonada y agotando las cargas de argumentación respectivas,
determinó la imposibilidad jurídica de mantener vigente una decisión judicial
dictada con falta de competencia, sin fundamento constitucional o legal alguno y
que, en sí misma, comportaba una clara afrenta a garantías fundamentales. De
hecho, la jurisprudencia pacífica del Consejo de Estado ha considerado que
decisiones judiciales contrarias al ordenamiento jurídico no resultan vinculantes,
dado que el juez no puede simplemente omitir la ilegalidad y permitir su vigencia
alegando la confianza depositada en dicha decisión, pues ello sí constituiría
violación a los derechos fundamentales de los sujetos procesales, en especial,
de quien resulta afectado por la decisión contraria a la ley, de manera que la Sala
simplemente dio aplicación a la jurisprudencia vigente sobre la materia.

Finalmente, en cuanto al defecto sustantivo planteado por el accionante por
haberse dado aplicación a las normas del Decreto 01 de 1984, pese a que los
recursos se formularon cuando ya estaba en vigencia la Ley 1437 de 2011,

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argumentó que las razones por las que se consideró que a este asunto le
resultaban aplicables las disposiciones del Decreto 01 de 1984 y no las de la Ley
1437 de 2011, están íntimamente relacionadas con las que esgrimió la Sala para
apartarse de lo dispuesto en el auto del 7 de junio de 2012.

En efecto, indicó que el hecho de que la Sala concluyera que el análisis sobre la
oportunidad del recurso de revisión debía efectuarse con independencia de lo
concluido en el auto del 7 de junio de 2012 aparejó dos consecuencias: la
primera, que el extremo desde el que debía computarse el término del recurso
no era dicha providencia, como sostenía el entonces recurrente, sino la fecha de
ejecutoria de la sentencia cuya infirmación se pretendía, tal y como lo exige la
ley, y, la segunda, que, por consiguiente, la codificación aplicable era la contenida
en el Decreto 01 de 1984, debido a que esa era la vigente para el momento en el
que la sentencia del 5 de diciembre de 2007 cobró ejecutoria .

Bajo este panorama, no puede afirmarse que la Sala haya desconocido las
normas aplicables al caso o haya decidido el asunto con normas inexistentes,
pues el término no podía computarse con la norma que regía en la fecha en la
que materialmente se interpuso el recurso, como erradamente alega el tutelante,
sino con la que estaba vigente cuando la sentencia cuya infirmación se pretendía
quedó ejecutoriada que, como se indicó, es el extremo que la ley dispuso para
computar el referido lapso de caducidad. Además, recuérdese que de
conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo
624 de la Ley 1564 de 2012, si bien las leyes procesales deben ser aplicadas
desde el momento en que empiezan a regir, “[l]os recursos interpuestos, la
práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias
iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso
y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes
cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los
incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones” (se resalta).

En cualquier caso, señaló que el Decreto 01 de 1984 contempla un término
mucho más amplio y favorable para el recurrente que el dispuesto en la Ley 1437
de 2011, de manera que incluso si el asunto se hubiere analizado bajo esa
normativa, la conclusión habría sido que el recurso se interpuso por fuera del
término legal. Así las cosas, resulta palmario que tampoco está acreditado el
alegado defecto sustantivo atribuido a la sentencia de 21 de octubre de 2021, de
manera que esta censura también debe ser despachada desfavorablemente

2.4.3. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a través de
apoderado, pidió que se despachen desfavorablemente las pretensiones de la
acción de tutela, pues esta no cumple con los requisitos generales y específicos
de procedencia, en tanto la decisión judicial fue proferida en ejercicio de la
autonomía judicial y allí se consignaron en forma razonada cada uno de los

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argumentos jurídicos a lugar, por lo que mal puede predicarse arbitrariedad en la
decisión aquí controvertida.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.

3.2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a establecer
si la Sala Especial de Decisión 16 del Consejo de Estado al proferir la providencia
del 21 de octubre de 2021 mediante la cual declaró la caducidad del recurso
extraordinario de revisión formulado por el señor Fernando Eliécer Maldonado
Cala contra la sentencia del 5 de diciembre de 2007, incurrió en los defectos
procedimental, orgánico y sustantivo y, por consiguiente, en la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia del accionante.

Previamente, se deberá determinar la procedencia de la acción de tutela contra
la providencia judicial cuestionada.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000 y fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando éstos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,

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es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección
de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe
dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida
las controversias que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso.

De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar
el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.

3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional no cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia que habilitan su interposición, porque si bien es cierto que los
hechos con base en los cuales se demanda la protección de los derechos
fundamentales de la parte accionante están plenamente individualizados, y que
la providencia objeto de tutela carece de recursos ordinarios y extraordinarios
para obtener el amparo constitucional, también lo es que no se interpuso en un
lapso razonable y proporcionado, puesto que la providencia objeto de la acción
de tutela quedó ejecutoriada el 14 de enero de 2022 y la radicación de la acción
de tutela se realizó el 27 de febrero de 2024.

Al respecto, se advierte que la parte accionante presentó una solicitud de nulidad
el 21 de enero de 2022, esto es, de forma posterior a la fecha de ejecutoria de la
sentencia, momento en el cual ya no era posible modificar la decisión puesto que
esta se encontraba en firme.

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En ese sentido, se advierte que a pesar de que la Sala Especial de Decisión
notificó el auto que decidió el recurso de súplica contra la decisión de rechazar la
nulidad propuesta hasta el 31 de agosto de 2023, esto no puede tener por virtud
ampliar el término para presentar la acción de tutela, pues, de permitirse esta
forma de proceder, bastaría interponer la nulidad de los fallos de forma
extemporánea para habilitar a un demandante a presentar una acción de tutela
en cualquier tiempo.

En ese orden de ideas, es claro que el señor Maldonado Cala contaba con 6
meses para presentar la acción de tutela para proteger sus derechos
fundamentales, contados a partir del 14 de enero de 2022, fecha de ejecutoria de
la providencia cuestionada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Declarar la improcedencia de la acción de tutela presentada por el
señor Fernando Eliécer Maldonado Cala para la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia por no
cumplir con el requisito general de inmediatez.

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

Tercero: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

Ausente en comisión
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

10
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

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