Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-01218-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-01218-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-01218-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
9 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01218-01
Referencia: Acción de tutela
ACTOR: FERNANDO ELIÉCER MALDONADO CALA
TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR FALTA DEL REQUISITO
GENERAL DE INMEDIATEZ. LOS REPAROS DEL ACTOR ÚNICAMENTE ESTÁN
DIRIGIDOS A CONTROVERTIR LA SENTENCIA DE 21 DE OCTUBRE DE 2021.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra
la sentencia de 6 de junio de 2024, mediante la cual la SECCIÓN
SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO1
declaró improcedente la solicitud de amparo de la referencia, por no
cumplir con el requisito general de la inmediatez.
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En adelante la Sección Segunda
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NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2024-01218-01
ACTOR: FERNANDO ELIÉCER MALDONADO CALA
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El señor FERNANDO ELIÉCER MALDONADO CALA, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a los principios de confianza legítima y
seguridad jurídica, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN NÚM 16 del CONSEJO DE
ESTADO al haber proferido las providencias de 21 de octubre de
2021, 26 de abril de 2022 y 30 de agosto de 2023, dentro de los
recursos extraordinarios de revisión -acumulados- identificados con
los números únicos de radicación 11001-03-15-000-2012-01251-00
y 11001-03-15-000-2012-01250-00.
I.2.- Hechos
Relató que el señor ISMAEL ENRIQUE PEÑA GALVIS el 18 de
febrero de 1987 fue condenado por el Juzgado Penal del Circuito de
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ACTOR: FERNANDO ELIÉCER MALDONADO CALA
Girardot a 3 años de prisión y al pago de una multa de $5.000 por el
delito de tráfico de estupefacientes, decisión confirmada por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en sentencia de 5 de
junio de 1987.
Afirmó que el señor ISMAEL ENRIQUE PEÑA GALVIS formuló
recurso de revisión ante la Corte Suprema de Justicia que, en
providencia de 8 de marzo de 1991, ordenó la revisión y reapertura
del proceso condenatorio y dispuso la libertad provisional del mismo.
Comentó que el Juzgado de Orden Público de Bogotá, en sentencia
de 9 de junio de 1992, determinó que el señor ISMAEL ENRIQUE
PEÑA GALVIS no era quien había cometido el delito, por lo que fue
absuelto de todo cargo.
Alegó que, como consecuencia de lo anterior, el señor ISMAEL
ENRIQUE PEÑA GALVIS promovió demanda de reparación directa
contra la Nación – Ministerio de Justicia, por la privación injusta de
la libertad, a la cual le fue asignado el número de radicación 25000-
23-26-000-1993-08801-00 y le correspondió en primera instancia a
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la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que,
en el curso del proceso, lo vinculó en llamamiento en garantía, como
magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, junto con los
magistrados que conformaron la terna, esto es, JORGE AUGUSTO
LOZANO DELGADO y PANTALEÓN MEJÍA GARZÓN, así como a la
Juez Penal del Circuito de Girardot MARÍA SOLEDAD BERNAL DE
CARDONA.
Refirió que la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en sentencia de 23 de abril de 1998 condenó
solidariamente a la juez MARÍA SOLEDAD BERNAL DE CARDONA
y al magistrado ponente del Tribunal Superior de Bogotá JORGE
AUGUSTO LOZANO DELGADO como responsables de los perjuicios
causados al señor ISMAEL ENRIQUE PEÑA GALVIS y lo absolvió
junto con el magistrado PANTALEÓN MEJÍA GARZÓN.
Sostuvo que, en sede de apelación, la Sección Tercera del Consejo
de Estado, en providencia de 5 de diciembre de 2007, modificó la
decisión del a quo y, en su lugar, lo declaró responsable junto con
los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá JORGE AUGUSTO
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LOZANO DELGADO y PANTALEÓN MEJÍA GARZÓN y absolvió a
la Juez Penal del Circuito de Girardot MARÍA SOLEDAD BERNAL DE
CARDONA, por lo que los condenó a pagar a la Nación la suma a la
que resultó condenada, en partes iguales.
Indicó que, inconforme con ello, junto con los demás magistrados,
formuló incidente de nulidad pues al haber sido absuelto en primera
instancia y no haber sido apelada la sentencia en ese aspecto, el
Consejo de Estado carecía de competencia para pronunciarse sobre
dicho punto, el cual fue resuelto de forma negativa en auto de 18 de
noviembre de 2008, decisión que fue objeto de recurso de súplica
rechazada por improcedente en proveído de 28 de enero de 2010 y
confirmada en auto de 13 de mayo de 2010.
Adujo que junto con el magistrado JORGE AUGUSTO LOZANO
DELGADO solicitaron la nulidad de lo actuado en el recurso de
súplica, por lo que la Sección Tercera del Consejo de Estado, en auto
de 7 de junio de 2012, declaró la nulidad a partir del 18 de noviembre
de 2008 y otorgó el término de 10 días para presentar el recurso
extraordinario de revisión.
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Afirmó que, en cumplimiento de lo anterior, en compañía del
magistrado JORGE AUGUSTO LOZANO DELGADO, radicaron los
recursos extraordinarios de revisión que fueron admitidos y
acumulados en providencia de 8 de agosto de 2013.
Destacó que la Sala Especial de Decisión núm. 16 del Consejo de
Estado, en providencia de 21 de octubre de 2021, declaró la
caducidad del recurso extraordinario de revisión interpuesto contra
la sentencia de 5 de diciembre de 2007, decisión contra la cual
presentó solicitud de nulidad, el cual fue rechazado por
extemporáneo en auto de 26 de abril de 2022 y confirmado en sede
de súplica el 30 de agosto de 2023.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en
defecto orgánico, pues carecía de competencia funcional para decidir
los recursos extraordinarios de revisión interpuestos.
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Adujo que la SALA ESPECIAL DE DECISIÓN NÚM 16 del
CONSEJO DE ESTADO también incurrió en defecto sustantivo, toda
vez que se fundó en una norma claramente inaplicable al caso
concreto, especialmente, porque dio aplicación al Código Contencioso
Administrativo que para esa fecha ya estaba derogado, toda vez que
los recursos extraordinarios de revisión se formularon en vigencia del
CPACA.
Alegó que también se incurrió en defecto procedimental, en la
medida en que se desconoció lo dispuesto en providencias
debidamente ejecutoriadas, esto es, en los autos admisorios de los
recursos extraordinarios de revisión y del auto de 7 de junio de 2012
que declaró la nulidad de lo actuado a partir del proveído de 18 de
noviembre de 2008 y les concedió el término de 10 días para
interponer el recurso de revisión.
Finalmente, aseveró que se desconoció la confianza legítima de los
recurrentes, así como el debido proceso y la defensa.
I.4.- Pretensiones
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El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados
como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] 1.- Declarar que la Sala Especial de Decisión No.16 del
Consejo de Estado incurrió en defecto orgánico al haber proferido
la sentencia del 21 de octubre de 2021, como también las
providencias subsiguientes del 26 de abril de 2022 que rechazó la
nulidad, y la de 30 de agosto de 2023 que negó la súplica, por
carencia de competencia funcional.
2.- Declarar que la Sala Especial de Decisión No.16 del Consejo de
Estado incurrió en defecto sustantivo al dictar la sentencia del 21
de octubre de 2021, con fundamento en normas del Código
Contencioso Administrativo (CCA) derogado desde antes de
formularse los recursos de revisión.
3.- Declarar que la Sala Especial de Decisión No.16 del Consejo de
Estado incurrió en defectos procedimentales al proferir la sentencia
del 21 de octubre de 2021 en cuanto: procedió: […]
4.- Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se deje
sin efecto legal alguno la sentencia de la Sala Especial de Decisión
No.16 del Consejo de Estado proferida el 21 de octubre de 2021,
así como las providencias subsiguientes.
5.- Ordenar que por el JUEZ NATURAL respectivo se profiera la
providencia, que acatando el impero de la ley, correspondan en
derecho […]”.
I.5.- Defensa
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I.5.1.- El magistrado NICOLÁS YEPES CORRALES, integrante de
la SALA ESPECIAL DE DECISIÓN NÚM. 16 DEL CONSEJO DE
ESTADO, solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo de la
referencia, toda vez que no se cumple con los requisitos generales,
específicamente, el de relevancia constitucional y el de inmediatez.
Adujo que, en su defecto, de encontrarse superados los requisitos
generales de procedibilidad, solicitó denegar el amparo deprecado en
tanto que las providencias acusadas no incurrieron en los defectos
alegados.
I.5.2.- La magistrada MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO,
integrante de la SALA ESPECIAL DE DECISIÓN NÚM. 16 DEL
CONSEJO DE ESTADO, sostuvo que la solicitud de amparo carece
de relevancia constitucional, comoquiera que lo pretendido es reabrir
un debate adelantado en la instancia respectiva; además, que no se
configuran los defectos alegados.
Refirió que, en cuanto al defecto orgánico, según los incisos 4° y 5º
del artículo 111 del CPACA, a la Sala Plena de lo Contencioso
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Administrativo le corresponde conocer los recursos extraordinarios
de revisión interpuestos contra las sentencias dictadas por las
secciones o subsecciones y los demás que sean de su competencia,
norma que converge con lo dispuesto en el inciso 1º del artículo 249
de la misma codificación, por lo que para la fecha de expedición de
la sentencia cuestionada, se encontraba vigente la asignación de
competencias que la Sala Plena del Consejo de Estado realizó en
cabeza de las salas especiales de decisión, de tal forma que mal
puede concluirse la falta de competencia.
Sumado a lo anterior, resaltó que no se incurrió en los defectos
sustantivo y procedimental, máxime cuando quedaron debidamente
consignadas en la sentencia las razones por las que no había lugar a
validar el término concedido en el auto de 7 de junio de 2012 para
interponer el recurso extraordinario de revisión.
I.5.3.- La DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL solicitó que se despachen desfavorablemente las
pretensiones de la solicitud de amparo, toda vez que no se cumple
con los requisitos generales y específicos de procedencia, máxime
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cuando la decisión judicial cuestionada fue proferida en ejercicio de
la autonomía judicial en la cual se consignaron de forma razonada
cada uno de los argumentos jurídicos, lo que descarta una actitud
arbitraria.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN SEGUNDA mediante sentencia de 6 de junio de 2024,
declaro improcedente la solicitud de amparo de la referencia al
considerar que no se cumplió con el requisito general de la
inmediatez, en la medida en que la providencia objeto de debate
quedó ejecutoriada el 14 de enero de 2022, mientras que la acción
de tutela se promovió el 27 de febrero de 2024.
Advirtió que la parte actora presentó solicitud de nulidad el 21 de
enero de 2022, esto es, de forma posterior a la fecha de ejecutoria
de la sentencia, momento en el cual ya no era posible modificar la
decisión puesto que esta se encontraba en firme.
Así las cosas, destacó que a pesar de que la Sala Especial de Decisión
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notificó el auto que decidió el recurso de súplica interpuesto contra
la decisión de rechazar la nulidad propuesta hasta el 31 de agosto de
2023, ello no podía tener la virtud de ampliar el término para
presentar la acción de tutela, pues de permitirse esta forma de
proceder, bastaría con interponer la nulidad de los fallos de forma
extemporánea para habilitar a un demandante a presentar una
acción de tutela en cualquier tiempo.
Por lo anterior, consideró que el actor contaba con 6 meses para
presentar la acción de tutela, contados a partir del 14 de enero de
2022, fecha de ejecutoria de la providencia cuestionada.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El actor impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN SEGUNDA,
en los siguientes términos:
Sostuvo que el juez de primera instancia al evaluar el amparo
solicitado omitió los precedentes de la Corte Constitucional que
tienen carácter vinculante y que con absoluta nitidez señalan que no
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existe ningún término legal ni judicial para interponer la acción de
tutela.
Refirió que en la motivación sobre el requisito de la inmediatez
tampoco se tuvieron en cuenta los principales supuestos fácticos y
jurídicos consignados en el escrito de tutela, pese a que se hizo
abstracción de las circunstancias fácticas y que se agotaron todos los
medios de defensa.
Así las cosas, adujo que la decisión impugnada fijó de manera
absoluta el límite de seis meses para interponer la acción de tutela,
desconociendo así el principio de inmediatez y el de confianza
legítima, situación que vulnera su derecho fundamental al acceso a
la administración de justicia y los principios de prevalencia del
derecho sustancial sobre el formal, la autonomía e independencia
judicial, la primacía de los derechos de la persona y la
imprescriptibilidad de los derechos fundamentales.
Por lo anterior, solicitó que revocar la decisión del a quo y, en su
lugar, que se profiera una decisión que en derecho corresponda.
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IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
Cuestión previa
Previo a resolver el asunto sub examine, la Sala advierte que el señor
consejero de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, mediante
escrito visible en el índice 4 del expediente digital 2, manifestó su
2
El expediente digital se encuentra en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial, SAMAI.
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impedimento para actuar en el proceso de la referencia, por cuanto
como integrante de la Sala núm. 16 Especial de Decisión participó en
la adopción de las providencias de 21 de octubre de 2021 y 30 de
agosto de 2023, proferidas dentro del recurso extraordinario de
revisión identificado con el número único de radicación 11001-03-
15-000-2012-01251-00, objeto de la presente tutela.
Por lo anterior, considera que se encuentra incurso en la causal de
impedimento prevista en el numeral 6 del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal -en adelante CPP-.
Para resolver, SE CONSIDERA:
La causal prevista en el numeral 6 del artículo 56 del CPP, prevé lo
siguiente:
“[…] Causales de impedimento.
Son causales de impedimento:
6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya
revisión se trata, o hubiere participado dentro del
proceso, o sea cónyuge o compañero o compañera
permanente o pariente dentro del cuarto grado de
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consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, del funcionario
que dictó la providencia a revisar […]” (Resaltado fuera del
texto original).
A juicio de la Sala, los hechos que soportan el impedimento
manifestado por el señor consejero HERNANDO SÁNCHEZ
SÁNCHEZ, configuran la causal alegada, como quiera que el citado
magistrado suscribió las providencias de 21 de octubre de 2021 y 30
de agosto de 2023, proferidas por la Sala núm. 16 Especial de
Decisión dentro del recurso extraordinario de revisión objeto de la
presente solicitud de amparo.
Consecuente con lo anterior, la Sala declarará fundado el impedimento
manifestado por el citado consejero para intervenir en la acción
constitucional de la referencia, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
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(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de
forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que
la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la
acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre
que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.
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d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada
en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a
la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y
que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
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c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
dejen sin efecto las providencias de 21 de octubre de 2021, 26
de abril de 2022 y 30 de agosto de 2023, proferidas por la SALA
ESPECIAL DE DECISIÓN NÚM. 16, a través de las cuales se
declaró la caducidad del recurso extraordinario de revisión, se
rechazó por extemporánea la solicitud de nulidad interpuesta contra
la anterior decisión y se resolvió el recurso de súplica, dentro de los
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recursos extraordinarios de revisión identificados con los números
únicos de radicación 11001-03-15-000-2012-01251-00 y 11001-03-
15-000-2012-01250-00, acumulados.
A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a los principios de confianza legítima y
seguridad jurídica, en la medida en que se incurrió en los defectos
orgánico, sustantivo y procedimental.
Para el efecto, el actor alegó que la autoridad judicial accionada
carecía de competencia funcional para conocer de los recursos
extraordinarios de revisión interpuestos y, además, se fundamentó
en una norma que no era aplicable al asunto, pues los recursos
extraordinarios de revisión se formularon en vigencia del CPACA.
Finalmente, aseveró que la SALA ESPECIAL DE DECISIÓN NÚM.
16 desconoció lo dispuesto en los autos admisorios de los recursos
extraordinarios de revisión y el auto de 7 de junio de 2012, que
declaró la nulidad de lo actuado a partir del proveído de 18 de
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noviembre de 2008 y les concedió el término de 10 días para
interponer el recurso de revisión.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN SEGUNDA que, mediante sentencia de 6 de junio de
2024, declaró improcedente la solicitud de amparo por falta del
requisito general de inmediatez.
Inconforme con lo anterior, el actor impugnó la decisión proferida en
primera instancia, para lo cual sostuvo que el a quo omitió los
precedentes de la Corte Constitucional que tienen carácter vinculante
y que señalan que no existe ningún término legal ni judicial para
interponer la acción de tutela, además que tampoco se tuvieron en
cuenta los principales supuestos fácticos y jurídicos consignados en
el escrito de tutela, pese a que se hizo abstracción de las
circunstancias fácticas y que se agotaron todos los medios de
defensa.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico que
debe resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
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confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual, en
primer lugar, se debe estudiar si el presente caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial y, de ser así, establecer si la SALA
ESPECIAL DE DECISIÓN NÚM. 16 vulneró los derechos
deprecados e incurrió en los defectos alegados.
En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en especial, el requisito de la inmediatez.
Al respecto, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha
sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está instituida
como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de
los derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que
aunque no tenga previsto un término de caducidad para su
presentación, es necesario que se invoque tal protección dentro de
un plazo razonable y prudente, dado que, “[…] de transcurrir un lapso
injustificadamente largo, se desvirtúa la urgencia de la protección y
la gravedad de la afectación, por ende, no cabría la procedencia del
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mecanismo […]”3.
Desde luego que el juez debe valorar las circunstancias de cada caso,
para determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el
momento en que ocurre la presunta vulneración de los derechos y la
instauración de la tutela.
Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción
constitucional se ejerce contra una providencia judicial, en razón a
que exige un examen más riguroso en aras de preservar los principios
de cosa juzgada y seguridad jurídica y de salvaguardar el interés de
terceros, cuya situación podría verse injustamente afectada por el
otorgamiento tardío de la protección constitucional. En este sentido,
la Corte Constitucional ha señalado que4:
“[…] Según la Jurisprudencia Constitucional, la exigencia de
inmediatez responde a necesidades adicionales. En primer lugar,
proteger derechos de terceros que pueden verse vulnerados por
una tutela ejercida en un plazo irrazonable, caso en el que ‘se
rompe la congruencia entre el medio de protección y la finalidad
que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos
fundamentales de las personas’. En segundo lugar, impedir que
3
Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
4
Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
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el amparo ‘se convierta en factor de inseguridad [jurídica]’. En
tercer lugar, evitar ‘el uso de este mecanismo constitucional
como herramienta supletiva de la propia negligencia’ en la
agencia de los derechos […]”.
En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, al unificar la jurisprudencia en torno a los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, sostuvo5:
“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales y el
respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros
afectados.
[…]
De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la
situación que vulnera o amenaza vulnerar un derecho
fundamental sea un elemento consustancial para la
protección que se ofrece.
Este requisito que opera de forma general frente a todas
las acciones de tutela es más estricto cuando se interpone
contra providencias judiciales, por lo que, como lo ha
sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un tiempo
significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos, resulta
claramente desproporcionado el control constitucional de una
providencia judicial por la vía de tutela’. Por tal razón, debe
mediar un término razonable entre la ejecutoria de la decisión
judicial que se aduce como violatoria de los derechos
fundamentales del accionante y la presentación de la acción de
tutela para buscar su amparo.
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, op. cit.
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[…]
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere
que la acción se ejerza en un tiempo razonable,
prudencial, requisito que garantiza la realización del
principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el
grado de certeza material, que la hace definitiva e
inmutable.
[…]
[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela
contra providencias judiciales se ejerce oportunamente […]”.
(Destacado fuera de texto).
En el examen de la razonabilidad y oportunidad en la interposición
de la acción de tutela, ha dicho la jurisprudencia que el juez debe
tener en cuenta los siguientes eventos:
(i) Si existen razones válidas para la inactividad, como un caso
fortuito o de fuerza mayor, la incapacidad o imposibilidad del actor
para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de
un hecho nuevo e inesperado, entre otras6;
(ii) Si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la
6
Corte Constitucional, sentencia T-678 de 17 de agosto de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
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vulneración de los derechos fundamentales del interesado7;
(iii) Si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión8;
(iv) Si el fundamento de la acción de tutela surgió después de
acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales9;
(v) Si el accionante se encuentra en situación de debilidad
manifiesta10.
Precisado lo anterior, la Sala advierte que si bien en las pretensiones
el actor también solicitó que se dejen sin efectos los autos de 26 de
abril de 2022 y 30 de agosto de 2023, a través de los cuales se
rechazó por extemporánea la solicitud de nulidad y se negó la súplica
interpuesta contra dicha decisión, lo cierto es que los reparos
expuestos en el escrito primigenio de la acción de tutela y en el
7
Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1º de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
8
Corte Constitucional, sentencia T-326 de 3 de mayo de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo.
9
Corte constitucional, sentencia T-743 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
10
Estos eventos fueron reseñados en la sentencia T-1028 de 2010, Magistrado ponente: doctor
Humberto Antonio Sierra Porto.
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escrito de impugnación se encuentran dirigidos únicamente a
cuestionar la sentencia de 21 de octubre de 2021, por medio de la
cual se declaró la caducidad de los recursos extraordinarios de
revisión identificados con los números únicos de radicación 11001-
03-15-000-2012-01251-00 y 11001-03-15-000-2012-01250-00,
acumulados.
Así las cosas, toda vez que la acción de tutela de la referencia está
dirigida a cuestionar únicamente la decisión proferida en la
providencia de 21 de octubre de 2021, el término dispuesto por la
jurisprudencia constitucional para la acción de tutela contra
providencia judicial debe empezar a contabilizarse desde la
notificación de la misma, no así desde que se notificaron los autos de
26 de abril de 2022 y 30 de agosto de 2023, como erradamente lo
estima el accionante.
Por lo anterior, conforme con las constancias obrantes en el
expediente del proceso origen de la controversia visible en el
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aplicativo de consulta SAMAI11, la sentencia de 21 de octubre de
2021, aquí cuestionada, fue notificada al actor vía correo electrónico
el 15 de diciembre de 2021, sin embargo, en aplicación del numeral
segundo del artículo 205 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201112,
la Sala entenderá que la notificación de la sentencia cuestionada
se surtió el 14 de enero de 2022.
Ahora bien, la Sala observa que la solicitud de amparo de la
referencia se presentó el 27 de febrero de 2024, esto es,
transcurrido 2 años, 1 meses y 13 días, esto es, superados así
los 6 meses que han sido estimados por la jurisprudencia como
término razonable para impugnar por vía de tutela el contenido de
una decisión judicial, sin que la parte actora haya expuesto razón
alguna que justifique la inactividad o tardanza en la presentación de
la solicitud de amparo.
Precisado lo anterior, teniendo en cuenta que en la presente acción
de tutela no se evidenció situación que se enmarque en alguno de
11
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000201201
251001100103
12
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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los supuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional que
puedan excusar su presentación por fuera del término establecido
por la Sala Plena del Consejo de Estado, la Sala concluye que la
solicitud de amparo constitucional se presentó por fuera del término
razonable para cuestionar vía tutela providencias judiciales.
Se destaca que, en la sentencia SU-354 de 201713, la Corte
Constitucional, además de reiterar la importancia del requisito de
inmediatez en la acción de tutela contra providencia judicial, para
resolver el caso concreto exceptuó el término de los seis meses
establecido por regla general como tiempo razonable, dadas las
particularidades especiales del asunto que allí se estudiaba en el que
existió un hecho relevante que justificaba la tardanza en la
interposición de la solicitud de amparo. Empero, tal situación no se
observa en el presente caso.
Consecuente con lo anterior, la Sala confirmará la sentencia
impugnada que declaró improcedente el amparo solicitado por falta
del requisito general de inmediatez, como en efecto se dispondrá en
13
Magistrado ponente: doctor Iván Humberto Escrucería Mayolo.
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la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR fundado el impedimento manifestado por el
señor consejero HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, para intervenir
en la acción constitucional de la referencia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia impugnada que declaró
improcedente la acción de tutela, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
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eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 9 de agosto de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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