RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-01219-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01219-00

Fecha
11 de abril de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01219-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental al trabajo de la señora Aidée del Carmen Toro Álvarez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: ORDENAR a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín que, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente sentencia, si aún no lo hubiere hecho, adelante todas las gestiones tendientes a expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para garantizar la provisión de los recursos necesarios con el propósito de autorizar el reemplazo de las vacaciones de la señora Aidée del Carmen Toro Álvarez. Una vez cuente con los recursos necesarios deberá COMUNICAR tal novedad de manera inmediata al Juez Coordinador del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia. CUARTO: ORDENAR al Juez Coordinador del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia que, una vez se disponga de los certificados de disponibilidad presupuestal para nombrar en provisionalidad el reemplazo de la señora Aidée del Carmen Toro Álvarez, deberá PRONUNCIARSE, en un término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de dicha comunicación, sobre la concesión del disfrute de las vacaciones de la accionante. QUINTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. SEXTO: De no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. 15 Radicación: 11001-03-15-000-2024-01219-00 Accionante: Aidée del Carmen Toro Álvarez

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-01219-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

11 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01219-00
Accionante: AIDÉE DEL CARMEN TORO ÁLVAREZ
Accionados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – SE AMPARA. Los obstáculos de índole administrativo no
pueden ser una justificación para negar el disfrute de las vacaciones a que tienen
derecho los empleados judiciales.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Aidée del Carmen Toro
Álvarez contra el Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín
y la Juez Coordinadora del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora Aidée del Carmen Toro Álvarez solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al descanso, a la dignidad humana, a la igualdad y a la salud, cuya
vulneración le atribuyó a las Resoluciones núms. 0171 y 0242 de 4 y 6 de marzo de
2024, respectivamente, proferidas por la Juez Coordinadora del Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Antioquia, y mediante las cuales se negó el disfrute de sus vacaciones individuales
hasta que se disponga de presupuesto para su reemplazo.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

1
“Por la cual se niega VACACIONES a una empleada del Centro de Servicios” [Negrilla y mayúscula original del texto].
2
“Por la cual se procede a resolver el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto en contra de la Resolución 017 del cuatro
(04) de marzo de dos mil veinticuatro (2024) por medio de la cual se NEGÓ EL DISFRUTE DE LAS VACACIONES a una
empleada del CENTRO DE SERVICIOS” [Negrilla y mayúscula original del texto].

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01219-00
Accionante: Aidée del Carmen Toro Álvarez

2.1. Informó que se encuentra vinculada a la Rama Judicial en el cargo en propiedad
denominado “[…] Escribiente del Circuito […]” del Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Antioquia.

2.2. Indicó que el 26 de febrero de 2023 solicitó a la Juez Coordinadora del Centro
de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Antioquia, le concediera el disfrute de dos (2) periodos de vacaciones
individuales causadas entre “[…] el 18 de noviembre de 2021 a 17 de noviembre de
2022 y de 18 de noviembre de 2022 a 17 de noviembre de 2023 […]”, las cuales
desea disfrutar entre “[…] el 18 de marzo de 2023 a 06 de mayo de 2023 [sic] […]”.

2.3. Señaló que, mediante Resolución núm. 017 del 4 de marzo de 2024, la Juez
Coordinadora del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia negó el disfrute de las vacaciones
solicitadas “[…] hasta tanto se disponga de presupuesto para su reemplazo […]”.

2.4. Relató que el 5 de marzo de 2024 presentó recurso de reposición contra la
anterior resolución, sin embargo, por Resolución núm. 024 del 6 de marzo de 2024
no se repuso la decisión y se mantuvo la negativa del disfrute de los periodos de
vacaciones, hasta tanto se disponga de presupuesto para su reemplazo.

2.5. Manifestó que la necesidad del servicio es plenamente válida por cuanto dentro
de las funciones que desarrolla se encuentran las de “[…] PUBLICIDAD DE LAS
EXTINCIONES DE PENA DE 5 JUZGADOS, LAS ACUMULACIONES Y LAS
REPUESTAS A LOS DERECHOS DE PETICIÓN QUE CON ESTE FIN ELEVEN
LOS SENTENCIADOS […]”, situación que “[…] representan una carga excesiva
para una sola persona, comprenderán la desazón y el estrés cuando al regresar de
vacaciones encuentras que nadie pudo asumir sobrecarga laboral […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1) TUTELAR a mi favor el derecho fundamental al DESCANSO CON
CALIDAD, en conexidad con el DERECHO AL TRABAJO EN CONDICIONES
DIGNAS, SALUD FÍSICA Y MENTAL.

2) REQUERIR DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE ANTIOQUIA y su ÁREA FINANCIERA,
acrediten con los actos administrativos, las medidas y reglamentación que se
hayan expedido, entre los meses de agosto de 2023 a marzo 12 de 2024 (ya
venció el plazo de 6 meses), además de acreditar la PARTICIPACIÓN DE LOS
JUECES, conforme a lo dispuesto por la Honorable Corte Constitucional, en
sentencia SU 296 de 2023, de acuerdo con las necesidades para garantizar la
efectividad del derecho a las vacaciones que se disfrutan en forma individual al
interior de la Rama Judicial.

3
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01219-00
Accionante: Aidée del Carmen Toro Álvarez

3) Lo anterior de cara a que la DEBIDA PLANEACIÓN es necesaria para aplicar
las razones del orden PRESUPUESTAL, LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO
para superar las BARRERAS para el disfrute de dicho derecho, toda vez que
las explicaciones aportadas desde el área FINANCIERA LOCAL, se han
limitado a correos SIN SOPORTE ALGUNO de las gestiones realizadas y del
acto administrativo mediante el cual se adoptaban por parte de la Judicatura las
medidas de AUSTERIDAD, las cuales, a mi juicio, deben ser socializadas al
interior de la Rama Judicial.

4) Se ordene a la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL,
MEDELLÍN, ANT., apropie las disponibilidades presupuestales pertinentes,
para el nombramiento de una persona que REEMPLACE MI CARGO EN
VACACIONES COMO ESCRIBIENTE DE CIRCUITO, labor que cumplo en el
centro de Servicios de los JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y
MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ANTIOQUIA, y de esta forma poder acceder y
disfrutar de DOS PERIODOS DE VACACIONES YA VENCIDOS, para efectos
de que el amparo de GARANTÍA FUNDAMENTAL AL DESCANSO.

5) ORDENAR a la JUEZ COORDINADORA de EJECUCIÓN DE PENAS Y
MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ANTIOQUIA, que se emita la respectiva
resolución que me conceda el disfrute de las vacaciones negadas.

6) CONMINAR a las autoridades respectivas para que en el futuro esta situación
no sea repita conmigo u otro empleado, se dé cumplimiento a lo dispuesto por
la H. Corte Constitucional en sentencia SU 296 de 2023 y se gestione ante las
Entidades respectivas, la disponibilidad presupuestal para REEMPLAZAR las
vacaciones de los EMPLEADOS DE VACACIONES INDIVIDUALES, en
condiciones de IGUALDAD con los FUNCIONARIOS Y LOS EMPLEADOS DE
VACACIONES COLECTIVAS, para designar como empleado encargado a otra
persona con la respectiva y justa remuneración que se deriva de la ejecución
del trabajo, para que los empleados en esta condición, podamos disfrutar de
nuestras vacaciones sin dilaciones y sin perjuicio para la eficiente
Administración de Justicia.

7) FINALMENTE se ordene al área de ASUNTOS LABORALES, se LIQUIDEN
LOS DOS PERIODOS VACACIONALES, por fuera de los plazos que tienen
establecidos, pues para esa área es EXTEMPORÁNEA cualquier novedad
después del día 10 de cada mes, ello porque el perjuicio se generó por las
acciones y omisiones al interior de la Rama Judicial y requiero el dinero al que
ya tengo derecho, para disfrutar plenamente mis vacaciones […]”. [Negrilla
original del texto y mayúscula original del texto]

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 15 de marzo de 2024, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura
• Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Medellín y la Juez Coordinadora del Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Antioquia.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas, se allegaron
los siguientes informes:

4
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01219-00
Accionante: Aidée del Carmen Toro Álvarez

5.1. LaJuez Coordinadora del Centro de Servicios Administrativos de los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia
manifestó que las razones que motivaron las Resoluciones 017 y 024 del 4 y 6 de
marzo del año 2024, respetivamente, quedaron consignadas en los citados actos
administrativos, y como en ellas se indicó “[…] se sustenta en la necesidad de
atender en debida forma la prestación del servicio, pues la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Medellín, Antioquia, se negó a expedir el
correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal por el periodo de
vacaciones indicado, y la alta carga de trabajo que se maneja en este centro de
servicios, demanda la necesidad de contar con un empleado que reemplace a aquel
que sale al disfrute de sus vacaciones […]”.

5.2. Solicitó que se protejan los derechos fundamentales invocados por la accionante
y en consecuencia se ordene a la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Antioquia, expedir el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal para el
remplazo de las vacaciones de la hoy accionante.

5.3. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín, a través de
la Directora Ejecutiva Seccional, refirió que esa entidad expidió el certificado de
disponibilidad presupuestal núm. 011724, para cancelar las vacaciones y primas de
la accionante.

5.4. Informó que el 12 de marzo de 2024 solicitó a través del oficio DESAJMEO24-
998 a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial “[…] apropiación
presupuestal para gastos personales con el fin de garantizar el derecho al descanso
de los servidores judiciales […]” sin que a la fecha se hayan situado recursos para
cubrir los reemplazos de vacaciones.

5.5. Concluyó que “[…] la negativa al disfrute de las vacaciones del accionante [sic]
emanó directamente de su nominador, la Juez Coordinadora de los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y Antioquia […]” y que
“[…] la falta de presupuesto para el reemplazo no es óbice para negar el disfrute de
vacaciones al empleado, carga que no debería endilgarse a esta Dirección
Seccional […]”.

5.6. Por todo lo dicho, solicitó declarar improcedente la acción constitucional.

5.7. El Consejo Superior de la Judicatura, a través de la magistrada auxiliar del
Despacho de la Presidencia de esa Corporación, manifestó que carecía de
legitimación en la causa por pasiva porque las acciones u omisiones constitutivas
de la vulneración de sus derechos, recaía exclusivamente sobre la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Medellín, entidad que actúa como
ordenadora del gasto y quien tiene a su cargo la expedición del CDP.

5.8. Por lo anterior, solicitó su desvinculación de la acción de amparo.

5
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01219-00
Accionante: Aidée del Carmen Toro Álvarez

5.9. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a través del abogado de
la División de procesos de la Unidad de Asistencia Legal, solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela, toda vez que no cumple con el requisito
general de la subsidiariedad, por cuanto la tutela se encuentra dirigida contra un
acto administrativo de carácter general y abstracto, como lo es la Circular núm.
PSAC11-44 de 23 de noviembre de 20113. Además, tampoco se observa
procedente como mecanismo transitorio para salvaguardar un derecho fundamental

5.10. Asimismo, solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva frente
a esa Dirección “[…] al no estar llamada ni obligada a la disposición de recursos que
permitan la contratación del reemplazo de la Accionante para la concesión del
periodo de vacaciones […]”.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia de la Sala

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19914, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20155, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20216, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20197.

VI.2. Cuestión previa

7. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se ha
de resolver, resulta necesario pronunciarse sobre las solicitudes de desvinculación
procesal presentadas por el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial.

8. La Sala pone de presente, lo preceptuado en el artículo 75, los numerales 2° y 7° del
artículo 99 y el artículo 103 -numerales 2° y 6°- de la Ley Estatutaria de Administración
de Justicia, que en su tenor literal disponen:

“[…] ARTÍCULO 75. FUNCIONES BÁSICAS. Al Consejo Superior de la
Judicatura le corresponde la administración de la Rama Judicial y ejercer la
función disciplinaria, de conformidad con la Constitución Política y lo dispuesto
en esta ley.

[…]

ARTÍCULO 99. DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION
JUDICIAL.

3
Asunto: “PROGRAMACIÓN DE VACACIONES DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES DEL RÉGIMEN DE VACACIONES
INDIVIDUALES”.
4
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
5
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
6
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.

6
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01219-00
Accionante: Aidée del Carmen Toro Álvarez

[…]

Son funciones del Director Ejecutivo de Administración Judicial:

[…]

2. Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la
Rama Judicial y responder por su correcta aplicación o utilización.

[…]

7. Actuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones
que correspondan.

[…]

ARTÍCULO 103. DIRECTOR SECCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL.
Corresponde al Director Seccional de la Rama Judicial, ejercer en el ámbito de
su jurisdicción y conforme a las órdenes, directrices y orientaciones del Director
Ejecutivo Nacional de la Administración Judicial

[…]

2. Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la
Rama Judicial y responder por su correcta aplicación o utilización.

[…]

6. Actuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones
que correspondan […]”. [Subrayado fuera del texto]

9. En ese orden de ideas, para la Sala es claro que el Consejo Superior de la Judicatura
tiene funciones relacionadas con la administración de la Rama Judicial, lo cual está
unido con el manejo de los bienes y los recursos para su debido funcionamiento. Es
así, como en cumplimiento de esas atribuciones, esa autoridad expidió la Circular
núm. PSAC11-44 de 2011.

10. Igualmente, la Dirección Ejecutiva asigna los recursos a cada una de las direcciones
seccionales, y a estas últimas le corresponde expedir el certificado de disponibilidad
presupuestal necesario para la contratación del reemplazo durante las vacaciones de
la accionante.

11. Por lo anterior, se negarán las solicitudes de desvinculación elevadas, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

VI.3. Problemas jurídicos

12. De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer si existe
una vulneración de los derechos fundamentales de la accionante, con ocasión de la
expedición de las Resoluciones núms. 017 y 024 de 4 y 6 de marzo de 2024, que
negaron el disfrute del derecho a sus vacaciones individuales.

7
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01219-00
Accionante: Aidée del Carmen Toro Álvarez

13. Conel fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: (i) derecho al trabajo en conexidad con el disfrute de las
vacaciones de los empleados judiciales; para luego proceder a (ii) resolver el caso
concreto.

VIII.4. Derecho al trabajo en conexidad con el disfrute de las vacaciones de los
empleados judiciales

14. La Constitución Política prevé, en su artículo 25, que el trabajo es un derecho y
una obligación social que goza de especial protección por parte del Estado.
Asimismo, señala que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones
dignas y justas.

15. Por su parte, el artículo 53 superior detalla varias garantías fundamentales de
obligatoria e ineludible observancia, entre las que se encuentran: el derecho a la
igualdad de oportunidades y la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales. Igualmente, establece como una garantía mínima
en favor de los trabajadores, la concerniente al descanso remunerado, el cual tiene
como propósito que el empleado recupere las energías ante el desgaste normal de
las mismas originado por la actividad laboral.

16. Al respecto, la Corte Constitucional ha definido las vacaciones como:

“[…] [U]n derecho del que gozan todos los trabajadores, como quiera que
el reposo es una condición mínima que ofrece la posibilidad de que el
empleado renueve la fuerza y la dedicación para el desarrollo de sus
actividades. Las vacaciones no son entonces un sobre sueldo sino un derecho
a un descanso remunerado. Por ello, la compensación en dinero de las
vacaciones está prohibida, salvo en los casos taxativamente señalados en la
ley, puesto que la finalidad es que el trabajador efectivamente descanse. Una
de las situaciones de excepción es en caso de que los trabajadores se
desvinculen del servicio, y no hayan gozado de su derecho al descanso
remunerado, pueden recibir una indemnización monetaria […]”8. [Negrilla fuera
del texto]

17. Aunado a lo anterior, la citada corporación ha sostenido que: “[…] uno de los
derechos fundamentales del trabajador, es el descanso, el cual está definido por el
Diccionario de la Real Academia como quietud o pausa en el trabajo o fatiga […]”9.

18. En efecto, la naturaleza iusfundamental de este derecho se deduce de la
interpretación sistemática10 de los artículos 1.º, 25 y 53 de la Constitución Política,
en tanto el descanso es una consecuencia necesaria de la relación laboral y
constituye uno de los principios mínimos fundamentales del trabajo.

19. Ahora bien, el régimen de vacaciones de los funcionarios y empleados de la
Rama Judicial se encuentra establecido en el artículo 146 de la Ley 270 de 7 de

8
Corte Constitucional. Sentencia C-598 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero; 20 de noviembre de 1997.
9
Corte Constitucional. Sentencia C-710 de 1996, M.P. Jorge Arango Mejía; 9 de diciembre de 1996.
10
Al respecto, también puede consultarse las sentencias T-09 de 1993 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-024 de 1998 M.P.
Hernando Herrera Vergara.

8
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01219-00
Accionante: Aidée del Carmen Toro Álvarez

marzo de 199611, en los siguientes términos:

“[…] Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial serán
colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos Superiores
y Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados
Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales
Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades
del servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la
Judicatura por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el
respectivo nominador en los demás casos, por un término de veintidós días
continuos por cada año de servicio […]”.

20. Cabe resaltar que la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad del citado
artículo, precisó lo siguiente:

“[…] Según se señaló a propósito del artículo 12 del presente proyecto de ley,
el ejercicio de la función pública y permanente de administrar justicia deberá
realizarse “con las excepciones que establezca la ley” (Art. 228). Significa ello,
como se explicó, que el legislador tiene plena competencia para determinar
los casos en que la rama judicial pueda cesar transitoriamente sus
actividades, en las mismas condiciones que las normas laborales lo
establecen para los demás funcionarios del Estado y los particulares. Así,
entonces, puede la ley -o en su defecto la autoridad competente- fijar o
modificar, dentro de unos márgenes razonables, los horarios de trabajo,
disponer los días de descanso y determinar los períodos de vacaciones -
individuales o colectivas-, sin que ello atente o comprometa el carácter de
permanente que la Carta Política le ha dado a la administración de justicia […]”.
[Negrilla fuera del texto]

21. A partir de lo anterior, se puede concluir que, en atención al contenido del artículo
146 de la Ley 270 de 1996, el régimen de vacaciones de los empleados de la Rama
Judicial se escinde en dos modalidades, a saber: a) los servidores que disfrutan sus
vacaciones de manera colectiva, y b) los empleados cuyo régimen vacacional es
individual y que pertenecen a la “[…] Sala Administrativa de los Consejos Superiores
y Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados
Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales
Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses […]”.

22. Sin embargo, en ambos supuestos, el empleado de la Rama Judicial se hace
merecedor del derecho a disfrutar de sus vacaciones, el cual se considera
fundamental e irrenunciable y, por tanto, su afectación debe ser protegida a través
de la acción de tutela.

11
“Estatutaria de la Administración de Justicia”.

9
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01219-00
Accionante: Aidée del Carmen Toro Álvarez

VIII.5. El caso concreto

23. La señora Aidée del Carmen Toro Álvarez solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al descanso, a la dignidad humana, a la igualdad y a la salud, cuya
vulneración le atribuyó a las Resoluciones núms. 017 y 024 de 4 y 6 de marzo de
2024, respectivamente, proferidas por la Juez Coordinadora del Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Antioquia, y mediante las cuales se negó el disfrute de sus vacaciones individuales
hasta que se disponga de presupuesto para su reemplazo.

VIII.5.1. De la vulneración al derecho al trabajo en conexidad con el disfrute de
las vacaciones de los empleados judiciales en el sub lite

24. Descendiendo al caso objeto de estudio, se observa que lo pretendido por la
accionante es disfrutar de las vacaciones causadas en los periodos
correspondientes a los años 2022 y 2023, lo cual le fue negado mediante las
Resoluciones núm. 017 y 024 de 2024, proferidas por la Juez Coordinadora del
Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Antioquia, argumentando que por necesidades del
servicio se requería de la contratación de un reemplazo.

25. En ese sentido, las vacaciones, de acuerdo a los pronunciamientos de la Corte
Constitucional, deben ser entendidas como un derecho de naturaleza fundamental
y una garantía mínima del trabajador, pues a través de este se busca la
recuperación de las energías del empleado afectadas con ocasión del desgaste
físico y mental producto del cumplimiento de las labores asignadas por el
empleador. Significa lo anterior, que en esta ocasión la acción de tutela constituye
un mecanismo idóneo para proteger la posible afectación de una garantía
constitucional.

26. En múltiples ocasiones esta Sección12 ha desatado asuntos similares al presente
accediendo a las solicitudes de amparo y, como consecuencia de ello, se ha emitido
órdenes para que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - DEAJ asigne
los recursos necesarios, para que las Direcciones Seccionales de Administración
Judicial puedan expedir el certificado de disponibilidad presupuestal que permita la
vinculación de una persona que cubra la ausencia de los actores, por encontrarse
disfrutando sus vacaciones.

27. Valga mencionar que el fundamento del amparo en dichas oportunidades
consistió en que: “[…] los asuntos de índole administrativo no pueden afectar el
derecho al goce y disfrute del período vacacional que legalmente les asiste a los

12
Ver, entre otras, las siguientes sentencias: i) de 5 de julio de 2019, expediente número 11001-03-15-000-2019-02681-00,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; ii) de 11 de octubre de 2019, expediente número 11001-03-15-000-2019-04170-00,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; iii) de 8 de mayo de 2021, expediente número 11001-03-15-000-2021-01627-00, C.P.
Hernando Sánchez Sánchez; iv) de 1° de julio de 2021, expediente número 11001-03-15-000-2021-01869-01, C.P. Nubia
Margoth Peña Garzón; v) de 11 de noviembre de 2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-04335-01, C.P. Nubia
Margoth Peña Garzón; vi) de 20 de enero de 2022, expediente número 11001-03-15-000-2021-10377-00, C.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés y vii) de 9 de junio de 2022, expediente número 25000-23-15-000-2022-00451-01, Hernando Sánchez
Sánchez.

10
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01219-00
Accionante: Aidée del Carmen Toro Álvarez

trabajadores […]”13. En efecto, en sentencia de 1.° de julio de 2021, esta Sala de
Decisión explicó lo siguiente:

“[…] [V]isto el marco normativo y jurisprudencial aplicable al asunto bajo estudio,
la Sala también comparte el criterio de la Sección Cuarta, en el sentido de que
las circunstancias administrativas no se compadecen con el derecho al
goce y disfrute del período vacacional que legalmente le asiste al actor,
teniendo en cuenta la injerencia del derecho a las vacaciones en el
derecho al trabajo en condiciones dignas, donde el descanso constituye una
garantía fundamental del empleado, además de una prestación social y un
derecho económico relacionado con la salud y la seguridad social de las
personas.
[…]

En efecto, impedir el derecho al goce de las vacaciones por cuenta de
restricciones administrativas, no es una carga que deba soportar el
tutelante, por cuanto ello no implica que se puedan soslayar las
dificultades que la carga laboral, la insuficiencia de recursos, y algunas
veces, la acción desprendida y descuidada de quienes tienen a su cargo
la organización de los asuntos administrativos, de recursos humanos y
presupuestales de la rama, puedan proyectarse sobre los derechos de quienes
laboran en los despachos judiciales […]”14. [Negrilla fuera del texto]

28. Siguiendo esa misma línea argumentativa, esta Sección15 así como la
Subsección B de la Sección Segunda16, la Sección Cuarta y la Sección Quinta del
Consejo de Estado, han venido sosteniendo el criterio consistente en que los
asuntos de índole administrativo no pueden afectar el derecho al goce y disfrute del
período vacacional que legalmente les asiste a los trabajadores, por lo que, como
medida de protección del derecho, resulta procedente que el juez constitucional
ordene adelantar las gestiones pertinentes para obtener la expedición del CDP.

29. Teniendo en cuenta lo anterior, en criterio de la Sala existe una vulneración de
los derechos fundamentales de la señora Aidée del Carmen Toro Álvarez,
comoquiera que no han podido disfrutar de sus periodos vacacionales.

30. En este punto, resulta necesario precisar que es competencia de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial “[…] [a]ctuar como ordenador del gasto para el
cumplimiento de las obligaciones que correspondan […]”.

31. Asimismo, se resalta que el fundamento utilizado por la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Medellín para abstenerse de expedir el certificado de
disponibilidad presupuestal para el reemplazo de la accionante, radica en que:

“[…] [D]e acuerdo con la apropiación presupuestal, actualmente no hay
disponibilidad, debido a las medidas de austeridad en el gasto implementadas
por el Gobierno Nacional, por este motivo, aún NO es posible expedir su
certificado de disponibilidad presupuestal para el reemplazo de sus vacaciones.

13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de enero de 2022, expediente
número 11001-03-15-000-2021-10377-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1° de julio de 2021, expediente
número 11001-03-15-000-2021-01869-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
15
20 de agosto de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-04569-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 16 de junio de
2021, expediente número 05001-23-33-000-2021-00738-01, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

11
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01219-00
Accionante: Aidée del Carmen Toro Álvarez

Ahora bien, si de apropiarse recursos para esta vigencia, se estaría en la
posibilidad de expedir el respectivo CDP, en un futuro […]”

32. A su vez, la Dirección Seccional informó que a través del Oficio DESAJMEO24-
998, solicitó a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial:

“[…]

[M]e permito solicitar adición presupuestal para los rubros de planta transitoria
-CAPÍTULO REMPLAZO POR VACACIONES-. Lo anterior con el fin de
garantizar el derecho al descanso con ocasión de la sentencia de la H. Corte
Constitucional SU-296 de 2023, derecho sobre el cual persisten acciones de
Tutela contra la Rama Judicial por falta de la apropiación necesaria.

JUSTIFICACIÓN. La anterior solicitud es puntual para generar el CDP y
compromiso independiente que garantice el pago de NÓMINA TEMPORAL
remplazo vacaciones de los funcionarios y empleados de la administración de
justicia que pertenecen al régimen de vacaciones individuales; disfrute sobre el
cual se encuentra pendiente la debida reglamentación ordenada en la
mencionada sentencia, a cargo del Consejo Superior de La Judicatura.

Para lo pertinente allego la proyección ya remitida sobre la cual se esperaba
asignación de recursos en este mes.

Es preciso señalar que, el saldo existente en nuestra apropiación, corresponde
a CDP exclusivo para el cumplimiento de las sentencias de tutela FALLADAS
en año anterior y certificaciones de funcionarios y empleados que solicitaron
con la debida antelación recursos para el disfrute y remplazo; el que mantiene
COMPROMISO TÁCITO y no es susceptible de uso tal recurso […]”. [Cursiva
original del texto]

33. Los textos transcritos permiten evidenciar que el motivo por el que no se ha
accedido a conceder las vacaciones a la accionante obedece a que no se ha
expedido el certificado de disponibilidad presupuestal, que garantice la contratación
del reemplazo de la accionante.

34. Por otro lado, recientemente, la Corte Constitucional en sentencia SU-296 de
202317 puntualizó que para garantizarle al empleado el disfrute de su derecho
fundamental al descanso, es necesario que durante el tiempo que duren las
vacaciones se le asignen las funciones a otra persona, para evitar que cuando este
se reincorpore a sus labores tenga tareas represadas que afecten su salud física y
mental y por ello dispuso:

“[…] [S]e definió que la acción de tutela era procedente para reclamar la
protección del derecho al descanso, cuando quiera que se advierta la negativa
de la DESAJ de expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para que
el nominador pueda conceder el periodo vacacional al cual tienen derecho los
funcionarios y empleados judiciales. Esto, bajo el entendido de que, en estos
casos, resulta desproporcionado exigirle a los funcionarios y empleados
judiciales que han causado periodos vacacionales, como es el caso de los
actores en los procesos sub examine, que acudan ante al juez contencioso
administrativo, cuando lo que se encuentra en juego es la salud mental y física
17
Sentencia SU 296 de 3 de agosto de 23, M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar, Expedientes: T-8.735.764, T-8.939.602, T-
9.060.048, T-9.064.149, T-9.065.761, T-9.065.871, T-9.069.227, T-9.069.440, T-9.073.539, T-9.085.220, T-9.096.728, T-
9.098.050, T-9.101.700 y T-9.117.442.

12
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01219-00
Accionante: Aidée del Carmen Toro Álvarez

del trabajador y esta afectación se causa por una compleja interacción entre al
menos tres actos administrativos: la circular del Consejo Superior de la
Judicatura, que regula en términos generales el asunto; la negativa de las
Seccionales, que con fundamento en la circular niegan el certificado de
disponibilidad presupuestal; y la cancelación, suspensión o negativa de las
vacaciones, por parte de los nominadores, al no tener dicho certificado y, por
tanto, no poder designar un reemplazo. Al aplicar esta regla a los casos
acumulados, el estudio de procedencia concluyó que las tutelas son
procedentes y que, por tanto, era necesario analizar el fondo cada uno de estos
asuntos.

[…]

224. Para concluir este apartado, la Sala sostuvo que el Estado debe encontrar
fórmulas de arreglo que concilien estos dos intereses: los derechos de sus
servidores y la prestación continua de un servicio público esencial como la
administración de justicia. Sin que lo segundo pueda alcanzarse en desmedro
de lo primero, so pena de transgredir los derechos fundamentales al descanso
y a la dignidad humana de la población trabajadora vinculada a la administración
de justicia, pues las razones de índole administrativa no pueden ser utilizadas
de manera arbitraria para desconocer estos derechos.

225. En tercer lugar, al abordar la descripción del trámite administrativo que
actualmente regula la concesión de vacaciones a los empleados y funcionarios
judiciales cuyo régimen de vacaciones es individual, previsto en la Circular
PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011, expedida por el Consejo Superior de
la Judicatura, encontró que el reglamento administrativo que actualmente rige
en este asunto no regula el trámite administrativo de concesión de vacaciones
individuales a empleados judiciales, pues únicamente se refiere de forma
expresa al procedimiento para la concesión de vacaciones individuales a los
funcionarios judiciales de dicho régimen.

226. En cuarto lugar, al analizar los casos en concreto, la Sala encontró que la
situación administrativa a la cual se enfrentan los diferentes nominadores como
directores de los despachos judiciales es compleja y refleja que su negativa a
conceder las vacaciones a los actores no es necesariamente caprichosa e
injustificada, como lo afirman las diferentes DESAJ. Para arribar a esta
conclusión, tuvo en cuenta que, ante la negativa de las DESAJ a conceder los
certificados de disponibilidad presupuestal, el nominador se encuentra forzado
a elegir entre garantizar el adecuado funcionamiento del despacho a su cargo y
la satisfacción de los derechos laborales de los empleados que lo conforman.
Esto, porque los despachos judiciales cuyo régimen de vacaciones es individual
tienen una característica en común que se refiere a la urgencia, importancia y
volumen de los asuntos que deben tramitar de forma ininterrumpida, lo cual
implica, además, la necesidad de garantizar la evacuación expedita de los
trámites a su cargo.

[…]

228. A partir de lo anterior, concluyó que en los casos analizados tanto las
DESAJ como el Consejo Superior de la Judicatura han contribuido a la
vulneración del derecho fundamental al descanso de los actores, pues no lo han
garantizado en debida forma. Frente a este aspecto, insistió en que a las
autoridades administrativas de la Rama Judicial les corresponde, por mandato
constitucional y legal, procurar la protección de los trabajadores judiciales y el
adecuado funcionamiento de la administración de justicia. De esta manera, se
planteó que los argumentos que aducen la ausencia de regulación del trámite
administrativo de concesión de vacaciones por parte del Consejo Superior de la
Judicatura, así como la inferencia de su prohibición tácita para el caso de la

13
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01219-00
Accionante: Aidée del Carmen Toro Álvarez

contratación de remplazos para los empleados judiciales, desatienden las
obligaciones que le son exigibles a estas entidades frente a los derechos de los
funcionarios y empleados judiciales. Esto se ve intensificado por el hecho de
que en varios de los casos los actores cuentan con más de dos periodos de
vacaciones acumulados e, incluso, han tenido que recurrir en más de una
ocasión a la presentación de tutelas para que se les concedan las vacaciones.

229. A juicio de la Corte, tanto los empleados como los funcionarios judiciales
contribuyen en conjunto al funcionamiento efectivo y eficiente del sistema
judicial. Por lo tanto, garantizar un enfoque coherente y equitativo en cuanto al
descanso remunerado no solo apunta a proteger los derechos individuales de
los trabajadores, sino también a fortalecer la salud y el bienestar general del
sistema judicial. De manera que resulta inadmisible que, al amparo de una
supuesta ausencia de regulación del trámite administrativo, se dispensen
tratamientos diferenciados en la garantía de los derechos fundamentales entre
los funcionarios y empleados judiciales, así como entre aquellos que pertenecen
al régimen individual y los que están vinculados a juzgados cuyo régimen
vacacional es colectivo. Aunque la Circular PSAC11-44 del Consejo Superior
de la Judicatura no regula el trámite para la concesión de vacaciones
individuales a los empleados judiciales, la Sala afirmó que esto no significa que
aquellos no tengan derecho a que se programen sus vacaciones o a ser
remplazados durante el periodo en el cual disfrutan de dicha prestación, pues
ni la referida circular reglamenta el asunto ni lo prohíbe, como parecieran
entenderlo las DESAJ en sus respuestas durante los diferentes trámites de
tutela.

[…]

233. De este modo, al margen de los remedios judiciales a adoptar en cada
expediente en específico, la Sala encontró necesario impartir una orden al
Consejo Superior de la Judicatura para que, en un plazo que no exceda los seis
(6) meses contados a partir de la notificación de esta providencia, y previa
consulta y o participación de los jueces, adopte la reglamentación necesaria
para garantizar la efectividad del derecho a las vacaciones que se ejerzan en
forma individual al interior de la Rama Judicial, y, a partir de la debida
planeación, se prevenga la aplicación de razones de orden presupuestal,
logístico o administrativo como barreras para el disfrute de dicho derecho. Esta
reglamentación debe ser integral y suficiente para proteger y promover el
derecho al trabajo de los funcionarios y empleados judiciales en condiciones
dignas, lo cual debe comprender aspectos como el descanso, la salud mental y
física, el equilibrio entre la vida laboral y personal y la prevención del
agotamiento laboral […]”. [Subrayado fuera del texto]

35. Por lo anterior y teniendo en cuenta que a la accionante se le negó el disfrute de
sus vacaciones individuales por la falta de expedición del certificado de
disponibilidad presupuestal para su reemplazo y, en atención a que no se acreditó
que la solicitud de “[…] adición presupuestal para los rubros de planta transitoria -
CAPÍTULO REMPLAZO POR VACACIONES […]” esté relacionada con el caso de
la señora Aidée del Carmen Toro Álvarez, se concluye que se transgredió el derecho
fundamental al trabajo digno en conexidad con el derecho al descanso, cuya
vulneración es imputable a las accionadas.

36. Por esto, se ampararán los derechos citados supra y se ordenará a la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Medellín que realice los trámites requeridos
para la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal, a efectos de

14
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01219-00
Accionante: Aidée del Carmen Toro Álvarez

garantizar los recursos necesarios con el propósito de contratar el reemplazo de la
señora Aidée del Carmen Toro Álvarez en su periodo vacacional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por el Consejo
Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental al trabajo de la señora Aidée del
Carmen Toro Álvarez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO: ORDENAR a la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Medellín que, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la
notificación de la presente sentencia, si aún no lo hubiere hecho, adelante todas las
gestiones tendientes a expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para
garantizar la provisión de los recursos necesarios con el propósito de autorizar el
reemplazo de las vacaciones de la señora Aidée del Carmen Toro Álvarez. Una vez
cuente con los recursos necesarios deberá COMUNICAR tal novedad de manera
inmediata al Juez Coordinador del Centro de Servicios Administrativos de los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia.

CUARTO: ORDENAR al Juez Coordinador del Centro de Servicios Administrativos
de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia que,
una vez se disponga de los certificados de disponibilidad presupuestal para nombrar
en provisionalidad el reemplazo de la señora Aidée del Carmen Toro Álvarez,
deberá PRONUNCIARSE, en un término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a
partir de dicha comunicación, sobre la concesión del disfrute de las vacaciones de
la accionante.

QUINTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

SEXTO: De no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

15
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01219-00
Accionante: Aidée del Carmen Toro Álvarez

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Salva voto parcial

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.