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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01236-00

Acción de tutela contra providencias judiciales: procede estudio

Fecha
19 de abril de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01236-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela, por incumplimiento del requisito de inmediatez, en lo que concierne a la decisión de negar la prueba testimonial, adoptada por auto del 16 noviembre de 2016, confirmado mediante providencia dictada el 18 de mayo de 2018 por el Tribunal Administrativo de Nariño. SEGUNDO. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de los señores Jhon Jairo y Liliana Marcela Atiz Yaguapaz; Rosa Elvira, María Olga y Campos Laureano Yaguapaz Puerchambud; María Albina Puerchambud, María Carmela Yaguapaz Quistanchala y Alfredo Atiz vulnerados por el Juzgado Quinto Administrativo de Pasto y el Tribunal Administrativo de Nariño. TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, dejar sin efectos la sentencia dictada el 29 de septiembre de 2023, por el Tribunal Administrativo de Nariño, para que, en el término de treinta (30) días, contado a partir de la notificación del presente fallo, profiera una providencia de reemplazo, conforme a lo señalado en las consideraciones de este fallo. CUARTO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-01236-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

19 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01236-00
Demandante: JHON JAIRO ATIZ YAGUAPAZ Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Procede estudio
de fondo porque se acreditó el cumplimiento de los requisitos generales / DEFECTO
FÁCTICO – Se configura en este caso, porque la autoridad judicial no hizo uso de
la prerrogativa para decretar pruebas de oficio/auto para mejor proveer, a partir de
las particularidades del caso.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por los señores Jhon Jairo y Liliana
Marcela Atiz Yaguapaz; Rosa Elvira, María Olga y Campos Laureano Yaguapaz
Puerchambud; María Albina Puerchambud, María Carmela Yaguapaz Quistanchala
y Alfredo Atiz contra el Juzgado Quinto Administrativo de Pasto y el Tribunal
Administrativo de Nariño.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 12 de marzo de la presente anualidad1, los señores Jhon Jairo y Liliana Marcela
Atiz Yaguapaz; Rosa Elvira, María Olga y Campos Laureano Yaguapaz
Puerchambud; María Albina Puerchambud, María Carmela Yaguapaz Quistanchala
y Alfredo Atiz interpusieron acción de tutela contra el Juzgado Quinto Administrativo
de Pasto y el Tribunal Administrativo de Nariño, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, con ocasión de las sentencias proferidas el 23 de enero de 2017 y el 29 de

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Se advierte que, el 2 de abril de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente,
para elaborar el correspondiente proyecto de sentencia.

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01236-00
Demandante: Jhon Jairo Atiz Yaguapaz y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño y
otro
Sentencia de tutela de primera instancia

septiembre de 2023, en el proceso de reparación directa con radicado 52001-33-
33-005-2016-00075-00/01. Formularon las siguientes pretensiones (se transcriben
literalmente):

1. Tutelar los Derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la justicia,
los cuales fueron vulnerados con: a) La sentencia emitida por el JUZGADO
QUINTO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
PASTO y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO dentro del proceso de
reparación directa No. 2016-00075, y b) El auto de decreto de pruebas emitido
el 16 de noviembre de 2016, mediante el cual se negó la prueba testimonial.

2. Ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO revocar el auto de
fecha 16 de noviembre de 2016 donde confirmó negar el Decreto de Pruebas
testimoniales de la parte demandante, y fije fecha y hora para llevar a cabo
audiencia para la recepción de las declaraciones de los testigos solicitados con
el escrito de demanda.

3. Ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO que revoque
parcialmente la decisión adoptada por el JUZGADO QUINTO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PASTO dentro del proceso de
reparación directa No. 2016-00075, y acceda a las pretensiones solicitadas con
la demanda, condenando el pago de los perjuicios causados a los
demandantes

1.2. Hechos

De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

El señor Esteban Alfredo Atiz Yaguapaz estaba vinculado como soldado regular en
el Ejército Nacional, y durante la prestación del servicio militar obligatorio, presentó
una «sintomatología que no fue atendida oportunamente», generándole una serie
de complicaciones de salud que, el 1º de junio de 2015, desembocaron en su
muerte.

Por lo anterior, el señor Jhon Jairo Atiz Yaguapaz y demás familiares del fallecido,
presentaron demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional, con el fin de que se declarara administrativamente
responsable de los perjuicios causados por la muerte del soldado Esteban Alfredo
Atiz Yaguapaz.

En sentencia del 23 de enero de 2017, el Juzgado Quinto Administrativo de Pasto
negó las pretensiones indemnizatorias pues, a pesar de que encontró probada la
responsabilidad de la entidad, estimó que no se acreditó la legitimación en la causa

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Demandante: Jhon Jairo Atiz Yaguapaz y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño y
otro
Sentencia de tutela de primera instancia

de los demandantes, debido a que no se obraba el registro civil de nacimiento del
fallecido.

La parte demandante apeló la anterior decisión y, en sentencia del 29 de septiembre
de 2023, el Tribunal Administrativo de Nariño la confirmó.

1.3. Argumentos de la tutela

La parte demandante alegó que las autoridades judiciales accionadas negar las
pretensiones por falta de legitimación en la causa por activa, pero que, en realidad,
ello obedeció al extravío del folio 25 del expediente que correspondía a la copia del
registro civil de nacimiento del fallecido Esteban Alfredo Atiz Yaguapaz, aportado
con la demanda.

Señaló que tanto el Juzgado como el Tribunal tuvieron la oportunidad y el deber de
solicitar o, en su defecto, decretar la prueba de oficio pertinente que permitiera
acreditar a los demandantes la calidad en la que actuaban, con mayor razón si
encontraron probada la responsabilidad del Ejército Nacional.

Señaló que existían indicios de que, en su momento, el registro civil de nacimiento
hizo parte del expediente, así:

• La demanda fue recibida por la Oficina de Reparto con el total de los anexos
• Para la admisión no se hizo requerimiento alguno
• En la demanda se menciona como anexo el registro civil de nacimiento
• La foliatura del expediente salta del folio 24 a 26, por lo que el folio 25
correspondía al del registro civil de nacimiento.
• La copia del expediente en poder de la parte actora contiene el registro civil
de nacimiento
• La entidad demandada en el proceso ordinario no propuso excepciones
relacionadas con la ausencia de la prueba del parentesco
• La foliatura original no contiene tachaduras ni enmendaduras

Adujo que, dada la importancia y relevancia del registro civil de nacimiento de la
víctima, se estaba en presencia del supuesto en el que «la omisión en el decreto
oficioso de pruebas puede concurrir en las dos categorías de procedibilidad de la
tutela contra providencia judicial: defecto procedimental por exceso ritual manifiesto

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y defecto fáctico».

Concluyó con que las accionadas incurrieron (i) en omisión en el decreto de pruebas
documentales y testimoniales que habrían permitido una sentencia de fondo; (ii) en
«exceso de ritualidad», por omitir decretar la prueba de oficio y por negar el decreto
de pruebas testimoniales por el solo hecho de que no se incluyó toda la información
de que trata el artículo 212 del CGP, cuando en últimas la prueba era necesaria y
conducente y «hubiesen permitido a los demandantes » probar «su cercanía y [los]
perjuicios que fueron causados con la muerte del soldado regular».

2. Trámite impartido e intervenciones

Mediante auto del 15 de marzo de 2024, se admitió la solicitud de amparo y ordenó
que aquel se notificara a la titular del Juzgado Quinto Administrativo de Pasto y a
los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Nariño, como parte
demandada, y al ministro de Defensa Nacional y al comandante general del Ejército
Nacional, como terceros con interés. Asimismo, se ordenó notificar a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado

2.1. El Tribunal Administrativo de Nariño, luego de citar las consideraciones de la
providencia cuestionada, señaló que no incurrió en ninguna vulneración de los
derechos alegados por la parte demandante, toda vez que la providencia se ajustó
a la normativa y jurisprudencia vigente, concretamente, al artículo 167 del Código
General del Proceso que establece la carga de la prueba.

Destacó que la tutela no podía convertirse en «una etapa procesal adicional», en la
que se controvierta un asunto que ya fue resuelto por los jueces.

2.2. El Ejército Nacional alegó falta de legitimación en la causa en su favor, toda vez
se trata de una discusión relacionada con decisiones proferidas por autoridades
judiciales.

2.3. La titular del Juzgado Quinto Administrativo de Pasto señaló que la parte actora
pretende crear una tercera instancia a fin de que prosperen las pretensiones de la
demanda ordinaria.

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otro
Sentencia de tutela de primera instancia

Alegó que no se configura el exceso ritual manifiesto, porque no hay certeza de que
el registro civil de nacimiento haya sido efectivamente aportado con la demanda ni
que fuera responsabilidad del Juzgado la ausencia del documento; y que, en todo
caso, esa circunstancia no fue discutida antes de la sentencia ni en el curso de la
audiencia inicial en la que se decretaron las pruebas.

De otra parte, alegó que no se cumplió con el requisito de inmediatez, porque la
tutela se presentó 5 meses después de la notificación de la providencia cuestionada.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema Jurídico

En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos
generales de la tutela contra providencia judicial. De acreditarse, se abordará el
estudio de fondo, con el fin de establecer si las sentencias dictadas el 23 de enero
de 2017 y el 29 de septiembre de 2023, por el Juzgado Quinto Administrativo de
Pasto y el Tribunal Administrativo de Nariño, incurrieron en los defectos fáctico y de
exceso ritual manifiesto alegados, y si como consecuencia vulneraron los derechos
fundamentales de la parte demandante, en el proceso de reparación directa con
radicado 52001-33-33-005-2016-00075-00/01.

2. Análisis del caso

2.1. Requisitos generales de procedibilidad

2.1.1. Inmediatez: la tutela cumple con este requisito, toda vez que la sentencia de
segunda instancia fue proferida el 29 de septiembre de 2023 y notificada el 5 de
octubre siguiente, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 12 de marzo
de 2024, es decir, dentro de los seis meses siguientes a la notificación.

Dicho término resulta razonable y, por tanto, no es de recibo el argumento de la
titular del Juzgado Quinto Administrativo de Pasto, en cuanto a que no se satisfizo
este presupuesto por haber transcurrido cinco meses entre la notificación de la
sentencia y la radicación de la demanda. Lo anterior, dado que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo de esta Corporación, en sentencia del 5 de agosto de
2014, acogió como regla general «un plazo de seis meses, contados a partir de la

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otro
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notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción
de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente»2.

Sea la oportunidad para precisar que, en lo atinente a la decisión que negó la prueba
testimonial, la tutela no cumple el requisito de inmediatez, debido a que dicha
determinación se adoptó el 16 de noviembre de 2016, en el desarrollo de la
audiencia inicial; fue apelada y confirmada por el Tribunal, en proveído del 18 de
mayo de 2018, por consiguiente, resulta irrazonable la tardanza para discutir la
negativa de las pruebas testimoniales.

2.1.2. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.

La Sala advierte que, luego de notificada la sentencia de primera instancia en el
proceso de reparación directa, la parte actora presentó solicitud de reconstrucción
del expediente. Dicha petición fue negada por improcedente en auto del 7 de febrero
de 2017.

Por lo anterior, la parte actora presentó solicitud de tutela bajo el radicado 52001-
23-33-2017-00085-00, con el fin de que se ordenara al Juzgado proceder con la
reconstrucción del expediente.

En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Nariño «negó» la tutela porque
no recurrió el auto que rechazó la reconstrucción del expediente.

La decisión fue impugnada y, en fallo del 8 de junio de 2017, la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado la revocó, para, en su lugar, «rechazar por
improcedente» la tutela, porque la discusión sobre la existencia y la prueba del
registro civil de nacimiento era un debate en trámite, dado que fue un punto
planteado en el recurso de apelación contra la sentencia de reparación directa, cuya
valoración debía hacer el Tribunal de segunda instancia.

Así pues, debe aclararse que, si bien se tramitó una tutela previa y relacionada con
la discusión que hoy concita a la Sala, en aquella ocasión el juez de segundo grado
se abstuvo de hacer un examen del asunto, por considerar que este estaba en
trámite, sujeto, precisamente, al resultado de la apelación de la sentencia. Por tanto,

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Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Radicado: Radicado 11001-03-
15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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otro
Sentencia de tutela de primera instancia

no existe impedimento alguno para emitir decisión en esta oportunidad, dado que
ya se dictó la sentencia que decidió el recurso de apelación, decisión que, por
demás, es objeto de tutela.

2.1.3. Subsidiariedad: la Sala estima que este requisito también está acreditado,
pues se agotaron todos los recursos procedentes en el proceso de reparación
directa frente a la sentencia que negó las pretensiones.

Debe aclararse que, a pesar de que se rechazó la solicitud de reconstrucción del
expediente y contra ella no se interpuso recurso alguno, esa discusión hizo parte
del recurso de apelación por estar ligada al debate de fondo contenido en la
sentencia de primera instancia, relativa a la legitimación en la causa de los
demandantes derivada de la existencia o no del registro civil de nacimiento del
soldado fallecido.

De allí que, por las particularidades del debate, a partir de los hechos narrados, de
lo alegado frente al registro civil de nacimiento y de que la prueba de la legitimación
en la causa fue un cargo contra la sentencia, no resulta acertado sostener que la
parte demandante debía invocar ese aspecto en el decreto de pruebas, habida
cuenta de que estaba convencida de que la prueba existía, amén de que no se
observa que el Juzgado se hubiese pronunciado expresamente sobre ese punto,
por lo cual sería desproporcionado y sorpresivo exigir que protestara sobre una
materia que vino a conocer apenas en la sentencia de primera instancia, y no por
situaciones previas al fallo.

2.1.4 De la relevancia constitucional: la Sala encuentra satisfecha esta exigencia,
dado que los cargos se encuentran suficientemente argumentados, toda vez que la
parte actora explicó las razones por las cuales considera que las autoridades
judiciales accionadas vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia, prerrogativas tradicionalmente relevantes
en la institución de la acción de tutela.

Valga agregar que el requisito de relevancia constitucional se satisface no por el
simple hecho de que se invocara la vulneración de ciertos derechos fundamentales,
sino porque aun cuando el asunto en términos generales fue abordado por los
jueces naturales, existen argumentos que revelan una tensión entre la razonabilidad

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de la decisión enjuiciada y el alcance de los derechos fundamentales invocados en
la tutela.

Las razones por las que se cuestiona la decisión involucran un problema de
naturaleza constitucional, en la medida en que están en juego la afectación de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la
reparación integral y, de paso, un posible desconocimiento del principio de buena
fe y de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal.

No se trata, pues, de un asunto de mera legalidad o de discrepancia interpretativa,
sino de un evento de naturaleza excepcional que habilita la intervención del juez
constitucional porque, valga insistir, se está frente a una duda sobre la potencial
afectación de derechos constitucionales que desbordaría el juicio de los jueces
naturales.

De esta manera, y al tenor de lo reiterado por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-215 de 2022, en este caso, lejos de pretenderse que la tutela se erija en una
instancia adicional al proceso de reparación directa o un medio para resolver
desacuerdos de aspectos meramente legales o económicos, se trata de un asunto
que tiene «la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental» y se justifica en la medida de
una posible «afectación desproporcionada a derechos fundamentales».

2.2. Análisis de los defectos alegados

En la sentencia del 23 de enero de 2017, el Juzgado Quinto Administrativo de Pasto
estudió la responsabilidad del Ejército Nacional frente al fallecimiento del joven
Esteban Alfredo Atiz Yaguapaz, y determinó que estaba acreditada la falla del
servicio, porque, ante la enfermedad y sintomatología del soldado, no se le brindó
una adecuada prestación del servicio de salud en términos de atención y
accesibilidad a medicamentos, procedimientos y oportunidad.

En suma, el Juzgado concluyó que, «si bien se probó la concurrencia de los
elementos constitutivos de la falla del servicio en que incurrió el EJÉRCITO
NACIONAL no se acreditó que los accionantes se encuentran legitimados» debido
a que «NO OBRA el registro civil de nacimiento del señor ESTEBAN ALFREDO

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ATIZ YAGUAPAZ», documento relevante para establecer la vinculación de quienes
demandaron atribuyéndose la calidad de hermanos, abuelos y tíos del fallecido.

La parte demandante apeló la decisión bajo el argumento de que el registro civil sí
fue aportado, que fue relacionado en la demanda, que se recibió por la Oficina
Judicial, y que en ninguna fase del proceso se alegó la ausencia del documento. En
ese sentido, aportó con la apelación una copia del registro civil con el número 25
que, en su sentir, es una copia del aportado, y que integra los archivos de los
demandantes. Por último, solicitó al Tribunal que oficiara a la Notaría para que
remitiera copia auténtica del documento o requiera a la parte para ese mismo fin.

A la par de la apelación, los demandantes solicitaron la reconstrucción parcial del
expediente, sin embargo, la petición fue negada por el Juzgado porque, aunque
existía «una inconsistencia relacionada con la foliatura realizada por la misma parte
demandante, en la que se hecha (sic) de menos lo que correspondería al folio 25…
tras verificar el acta de audiencia inicial se constata que por parte del Despacho se
procedió al decreto de pruebas documentales a partir del folio 26, lo que constituye
una prueba determinante de que el folio 25 no se aportó con la demanda».

Por su parte, el Tribunal Administrativo de Nariño, al resolver la alzada, coincidió en
que se acreditó la responsabilidad de la entidad demandada, al señalar que:

(...) en el presente caso, la responsabilidad del Ejército se ve comprometida
bajo el título de imputación de falla en el servicio, toda vez que el Soldado
Regular Esteban Alfredo Atiz Yaguapaz, tal y como lo mencionan en las
pruebas allegadas al proceso, el deterioro de su estado de salud inició mientras
estaba prestando el servicio militar obligatorio, momento en el que, siendo
atendido de manera poco diligente por la entidad accionada pese a encontrarse
en posición de garante, al no contar con los medios para emitir un adecuado
diagnóstico y tratamiento a lo patología del paciente, su deceso se produjo en
misión del servicio, mientras se desempeñaba como Soldado Regular del
Ejército Nacional.

Con todo, también concordó con el juez de primera instancia de que no se acreditó
la legitimación en la causa por activa ante la ausencia del registro civil de nacimiento
del soldado Esteban Alfredo Atiz Yaguapaz. Además, se valió de las razones
expuestas por el Juzgado cuando rechazó la solicitud de reconstrucción para
concluir que el documento no fue aportado con la demanda:

74. No sobra advertir, que contrario a lo indicado por la parte demandante, en
el momento de presentar la demanda, dentro de los respectivos anexos,

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sostiene que se adjuntó copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor
Esteban Alfredo Atiz Yaguapaz, correspondiéndole en la foliación respectiva el
número 25, siendo además descrito en el Capítulo VII. Pruebas literal a. "Folio
auténtico de Registro civil de nacimiento de ESTEBAN ALFREDO ATIZ
YAGUAPAZ", lo cual menciona se puede observar a folio 14 del escrito de
demanda; sobre su figura debe describirse, que, dentro del acta de audiencia
inicial, para la Juez A-quo, fue determínate en destacar, haberse procedido al
decreto de pruebas documentales a partir del folio 26, lo que constituyera como
una prueba determinante de que el folio n° 25, no se aportara con la demanda
como lo afirma el apoderado de los accionantes, al punto que pese a haber
intervenido en la audiencia inicial el profesional del derecho, no realizó
manifestación alguna sobre la ausencia o pérdida del registro civil de
nacimiento del citado occiso, y sumado, a no estarle permitido suplir su error
con la procuración de una nueva reconstrucción.

Precisados los aspectos medulares de la cuestión litigiosa, esta Subsección advierte
que el Tribunal accionado sí incurrió en defecto fáctico y en exceso ritual manifiesto,
al omitir el deber que le asiste para decretar pruebas de oficio o auto para mejor
proveer, a fin de esclarecer puntos oscuros de la controversia, en aras de dictar una
sentencia que cumpliera con los fines esenciales de un Estado Social de Derecho
y, en particular, el de la justicia previsto en el artículo 1º de la Ley 270 de 1996, que
dispone:

La administración de justicia es la parte de la función pública que cumple el
Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los
derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin
de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional.

La Sala no obvia que de la sentencia del Tribunal se deduce una aplicación del
principio de la carga de la prueba, consagrado en el artículo 167 de la Ley 1564 de
2012, que exigiría a los demandantes acreditar su posición en el litigio, incluida la
calidad en la que actuaban. Sin embargo, este no es un evento de aquellos en los
que la parte actuó con desidia o al margen del principio de responsabilidad en
materia de pruebas, o que no se allanó con sus obligaciones procesales.

Tanto en la apelación como en la tutela, la parte actora alegó fundadamente la tesis
de que el registro civil de nacimiento del soldado Esteban Alfredo Atiz Yaguapaz, sí
fue aportado con la demanda. Aún más, relacionó diferentes indicios que permitían
inferir un principio de discusión de que la asistía razón al respecto.

En cambio, el Tribunal, en lugar de sopesar la posición de los demandantes con la
del Juzgado, dio por sentado que no se aportó la prueba, a partir de lo expuesto en
el rechazo de la solicitud de reconstrucción del expediente, a pesar de que el
Juzgado reconoció una inconsistencia en la foliatura que daba cuenta de que el folio

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25 no se encontraba. Además, la Sala constata que el expediente no tiene
tachaduras ni enmendaduras.

La sentencia del Tribunal no expone la forma en que se acreditó que la ausencia
del registro civil devino de una omisión de la parte en aportar la prueba, y no en el
extravío de la misma. No luce razonable concluir que, como al momento de
celebrarse la audiencia inicial se decretaron las pruebas documentales a partir del
folio 26, ello fuera una razón concluyente e irrefutable de que el documento nunca
fue aportado. Esa inferencia está desprovista de elementos que la soporten, más
allá de la afirmación que se hizo al rechazar la reconstrucción, y se acerca a un
criterio de autoridad, pues debieron decirse las razones y pruebas que le daban
fuerza.

No existió en la audiencia inicial un pronunciamiento expreso de la autoridad judicial
acerca de la ausencia del documento o de la exclusión de pruebas relacionadas y
no aportadas. La forma en que se decretaron las pruebas documentales,
corresponde a una expresión protocolaria y a la enunciación del inicio de unos folios,
pero no a la discrepancia o rechazo del documento en debate.

No parece existir ninguna razón jurídica ni lógica para que, en un escenario de esos,
la parte actora, precisamente, omitiera el registro civil de nacimiento del
demandante, cuyo orden, y según se explicará, razonablemente sí podía
corresponder al folio 25.

Valga insistir que resulta consistente la afirmación de la parte actora de que se
aportó el registro, porque se relacionó en la demanda como prueba, tanto así que
todas se encuentran en el orden establecido en la demanda, conforme al cual la
prueba uno era el registro civil de nacimiento del soldado Esteban Alfredo Atiz
Yaguapaz, le seguía el de su defunción, en tercer lugar el de nacimiento de la
madre, y así sucesivamente todos concuerdan con el orden y la foliatura, para
deducir que no es absurdo ni irracional que el folio 25 fuese el del registro civil de
nacimiento.

La demanda no fue devuelta por falta de anexos ni de inconsistencias en los folios,
no fue inadmitida ni discutida por falta de correspondencia de las pruebas. Por ende,
existía una clara duda en favor de que se aportó el documento y que sólo al
momento del fallo se reparó en su ausencia, pues, se reitera, ni las partes ni el

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Juzgado pretextaron su existencia. No hubo inadmisión de la demanda, no porque
fuese un requisito de admisibilidad, sino porque debía cotejarse el cumplimiento de
la relación de las pruebas mencionadas con las aportadas.

Si bien la prueba del parentesco se encuentra reglada en el ordenamiento jurídico,
concretamente en el Decreto 1260 de 1970, este caso tenía sobrados elementos
para deducir que, ante una real relación entre los demandantes y el fallecido
Esteban Alfredo Atiz Yaguapaz, era imprescindible el uso de los poderes oficiosos
del juez en materia probatoria como forma de superar la duda de lo ocurrido con el
registro civil.

De la forma en que se plantearon los hechos de la demanda, las pruebas aportadas
y la discusión sobre el registro civil configuraba una duda en favor de la existencia
de una relación filial de los demandantes con el soldado Esteban Alfredo Atiz
Yaguapaz, como era, (i) la convergencia de los apellidos, (ii) que en los registros
civiles de nacimiento (fls. 31 y 33) de los demandantes Jhon Jairo y Lilinana Ariz
Yaguapaz, quienes alegaron ser hermanos de la víctima, se identifican como sus
padres los señores Julio Hernando Atiz y Esperanza Yaguapaz Puerchambud,
nombres que corresponden a los que el fallecido también relacionó como sus
progenitores en la hoja de datos personales de incorporación al Ejército Nacional.
(fl. 50)

Además, en la hoja de estudio del riesgo, la víctima enlistó como sus hermanos a
los señores Jhon Jairo y Liliana Marcela Atiz Yaguapaz (fl. 55). Todo ello demuestra
la correlación y convergencia de un tronco común entre esos demandantes y la
víctima. Ello no significa que sea la prueba fehaciente del parentesco, pero sí fijaba
una relación especial de cuidado y análisis del juez, por el hecho de atribuir la falta
del registro civil de la que no tenía certeza que no fue aportada.

Cierto es que el artículo 169 de la Ley 1564 de 2012 resultaba claro en señalar que
«las pruebas pueden ser decretadas a petición de parte o de oficio cuando sean
útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las
partes», y el artículo 170 complementa que «el juez deberá decretar pruebas de
oficio…antes de fallar cuando sean necesarias para esclarecen los hechos objeto
de la controversia».

Por tanto, era ineludible acudir a esos poderes para aclarar lo concerniente al
registro civil de nacimiento y la verdadera relación de los demandantes con la

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víctima. La respuesta judicial no podía ser la afirmación llana de que no se probó
que se hubiera aportado el documento, cuando existían elementos que generaban
un principio de duda al respecto.

En este punto, es oportuno recordar que, en sentencia T-113 de 2019, la Corte
Constitucional expuso sobre las facultades oficiosas del juez en materia probatoria:

21. En primer lugar, en relación con la carga de la prueba, el artículo 103 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
que refiere al objeto y los principios de la jurisdicción contencioso
administrativa, dispone que “(…) [q]uien acuda ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, en cumplimiento del deber constitucional de
colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia,
estará en la obligación de cumplir con las cargas procesales y probatorias
previstas en este Código”.

Lo anterior implica que, en términos generales, en el proceso contencioso
administrativo es la parte que alega el hecho y reclama el derecho o se opone
a él, quien está obligada a probarlo.

No obstante, el régimen conserva elementos del sistema inquisitivo tales como
el poder para decretar pruebas de oficio en primera y segunda instancia con el
fin de esclarecer los hechos materia de controversia. En ese orden de ideas,
corresponde a las partes demostrar los hechos que pretenden hacer valer y
excepcionalmente el juez decretará de oficio las pruebas necesarias para
garantizar la efectividad de los derechos la justicia y la defensa del orden
jurídico.

(…)

Así pues, las pruebas de oficio se podrán decretar:

(i) En la primera instancia en la audiencia inicial, sólo si las partes piden
pruebas. Es decir que si no han solicitado pruebas, el juez no está facultado
para decretarlas de oficio.

(ii) En la segunda instancia, cuando procedan las pruebas pedidas por
las partes.

(iii) Mediante auto de mejor proveer, cuando las etapas procesales
probatorias para la postulación de las partes ya han sido superadas. En efecto,
el auto de mejor proveer se profiere una vez oídas las alegaciones de
conclusión y antes dictar sentencia, con el fin de esclarecer puntos oscuros o
difusos del debate.

En ese sentido, el auto de mejor proveer “(…) está sometido al arbitrio del juez,
pues hace parte de su poder instructivo facultativo, en contraste con el
impositivo que propende por el esclarecimiento de la verdad dentro de las
instancias y bajo el iter de la facultad instructiva propiamente dicha -no en la
excepcional que se analiza-”.3

Cuando se decretan pruebas de oficio antes de fallar, las partes pueden aportar
o solicitar nuevas pruebas que consideren indispensables para controvertir

3
Cita de la providencia: «Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 9 de febrero de 2017.
C.P. Lucy Jeannette Bermúdez. Radicado No 41001233300020160008001».

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aquellas decretadas por el juez. La finalidad de esta oportunidad probatoria es
garantizar a las partes sus derechos de defensa y contradicción de cara a las
pruebas decretadas de oficio

En síntesis, el CPACA adoptó un sistema que, en principio, impone la carga
probatoria a las partes, a quienes corresponde imprimir dinamismo al debate
probatorio. Sin embargo, ese principio no es absoluto, pues el juez tiene la
facultad de redistribuir la carga de la prueba y decretar pruebas de oficio, con
el fin de esclarecer la verdad y contar con los elementos de convicción
necesarios para resolver de fondo la controversia.

En lo concerniente a la prueba idónea para acreditar el parentesco en la
misma sentencia se dijo:

(…) la legitimación para reclamar los perjuicios derivados de la muerte, en
principio, depende de la prueba del parentesco. Así pues, en los procesos de
reparación directa el registro civil de nacimiento es un requisito necesario para
la acreditación del parentesco, circunstancia que permite inferir el dolor, la
aflicción y el sufrimiento de quien solicita la reparación por daño moral.

29. Ahora bien, aunque es claro que el Consejo de Estado ha establecido que
los registros civiles de nacimiento, matrimonio y defunción son los medios
idóneos para probar el parentesco y el fallecimiento de las personas, en
ocasiones la Sección Tercera ha estudiado demandas en las que los
accionantes no aportan esa prueba capaz de demostrar el Estado Civil.

(…)

34. En conclusión, de conformidad con la jurisprudencia de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, cuando los demandantes no aportan prueba del estado
civil a fin de acreditar el parentesco con la víctima en los procesos de reparación
directa o el daño causado, el juez: (i) debe hacer uso de sus facultades oficiosas
con el fin de solicitar a la Registraduría o a los demandantes que aporten el
registro para acreditar la legitimación en la causa por activa (cuando falta el
registro civil de nacimiento para probar el parentesco o el registro civil de
matrimonio para probar la relación), la existencia del hecho o el hecho dañoso
(cuando se requiere el registro civil de defunción para probar la muerte); y (ii)
excepcionalmente, ante la imposibilidad de obtener el registro, debe analizar si
existen indicios que permitan dar por probada la situación que se pretende
acreditar (como la relación familiar entre las personas o la muerte).

Seguidamente, la Corte Constitucional ahondó en la convergencia de los defectos
procedimental por exceso ritual manifiesto y fáctico cuando se omiten decretar
pruebas de oficio:

La formulación del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto contra
providencias judiciales tiene como objetivo resolver la aparente tensión entre el
derecho al debido proceso (artículo 29 Superior) y la prevalencia del derecho
sustancial (artículo 228). En principio, estos dos mandatos son
complementarios, pero en ocasiones la justicia material parecería subordinada
a los procedimientos. No obstante, la jurisprudencia de esta Corte ha señalado
que las formalidades procedimentales son un medio para la realización de los
derechos sustantivos y no fines en sí mismos.4

4
Cita de la providencia: «Cfr. sentencias T-104 de 2014 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, T-747 de
2013 M.P. Jorge Ignacio Pretelt y T-591 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva».

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36. Como puede observarse, tal defecto tiene una estrecha relación con el
denominado defecto fáctico, que se refiere a la existencia de problemas de
hecho y de apreciación de pruebas que llevan a una conclusión errada al juez.
Adicionalmente, tiene conexión con problemas sustanciales vinculados con la
aplicación preferente de la Constitución cuando los requisitos y formalidades
legales amenazan la vigencia de los derechos constitucionales.5

En ese sentido, la valoración probatoria no puede negar la realidad que
muestran las pruebas, por dar prevalencia a los trámites. En efecto, aun cuando
los jueces gozan de libertad para valorar el material probatorio con sujeción a
la sana crítica, no pueden llegar al extremo de desconocer la justicia material,
pues su deber es dar por probado un hecho o circunstancia cuando de dicho
material emerge clara y objetivamente su existencia6.

(…)

Así pues, resulta claro que cuando se aplican rigurosamente las normas
procesales y con ello se anulan derechos fundamentales, se configura un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto que hace procedente la
acción de tutela contra providencias judiciales, correspondiéndole entonces, al
juez constitucional, inaplicar la regla procesal en beneficio de las garantías
constitucionales.

En esa medida, la Corte enfatizó sobre el deber de emplear las facultades oficiosas
del juez en materia de prueba del parentesco:

(…) en las actuaciones de la administración de justicia debe prevalecer la
aplicación del derecho sustancial, lo que implica que al momento de interpretar
la ley procesal, el juez está obligado a tener en cuenta que el objeto de los
procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos en las normas
sustanciales. Por consiguiente, las formas no deben convertirse en un
obstáculo para la efectividad del derecho sustancial, sino que deben propender
por su realización, más aún cuando la exigencia documental refiere a asuntos
respecto de los que existe soporte probatorio en el respectivo trámite judicial.
Asimismo, el exceso ritual manifiesto en materia de exigencia probatoria puede
comportar un defecto fáctico, en aquellos casos en que se omita la práctica de
una prueba de oficio para aclarar un asunto difuso del debate, a pesar de que
de los otros medios de prueba puedan inferirse los hechos que sustentan la
pretensión correspondiente.

Por esa razón, cuando en el proceso contencioso un juez advierte que
existen indicios sobre la relación de parentesco de los familiares con la
víctima o del hecho dañoso, es preciso que ejerza sus facultades
oficiosas y solicite los registros civiles correspondientes.

De esta forma, la Corte Constitucional concluyó que «cuando los demandantes no
aportan prueba del estado civil, el juez: (i) debe hacer uso de sus facultades oficiosas con
el fin de solicitar a la Registraduría o a los demandantes que aporten el registro para
acreditar la legitimación en la causa por activa (cuando falta el registro civil de nacimiento

5
Cita de la providencia: «Cfr. Sentencia T-264 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-591 de
2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva».
6
Cita de la providencia: «Sentencia T-974 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil».

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para probar el parentesco), o el hecho dañoso (cuando se requiere el registro civil de
defunción para probar la muerte); y (ii) excepcionalmente, ante la imposibilidad de obtener
el registro, debe analizar si los indicios existentes permiten dar por probada la situación que
se pretende acreditar (como la relación familiar entre las personas o la muerte)7.

De hecho, esta misma Corporación reconoció los perjuicios morales reclamados por
los padres de un menor que falleció sin haberse registrado, a partir del análisis de
otras pruebas que daban cuenta de la relación de los demandantes con el fallecido:

Como se aprecia, si bien no existe prueba del registro civil del menor Juan
Carlos López, lo cierto es que está acreditado el perjuicio directo que sufrieron
los señores Arinda Isabel Basilio y Luís Felipe López, puesto que, se insiste,
del acta de necropsia y de la historia clínica, así como de los demás
documentos públicos allegados al proceso es posible establecer que ellos
eran los padres del neonato, circunstancia que representa un profundo dolor,
máxime si el niño y su madre estaban en posición de garante al momento de
ocurrencia de los hechos.

Por tal motivo, constituye una carga inadmisible exigir a los padres del bebé
que allegaran el registro civil de nacimiento para la acreditación de los
perjuicios morales, como quiera que existe una pluralidad de documentos
públicos y privados que permiten colegir no sólo la condición natural o
biológica –no jurídica debido a la ausencia de registros civiles– de padres del
menor, así como el dolor, la aflicción y sufrimiento que padecieron con el
secuestro y posterior deceso del menor.89

De igual forma, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, al resolver un caso de
tutela referido a la falta de prueba del estado civil de un hijo póstumo, señaló:

Para la Sala, es claro que, al denegar el reconocimiento de la indemnización a
William Eduardo Castillo Escorcia, la Sección Tercera, Subsección A, del

7
Corte Constitucional, sentencia T-113 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
8 Cita de la providencia: «A esta idea añadiría, a manera de crítica, de la mano del escritor J. M.
COETZE, en el Diario de un mal año, que:

“Nacemos súbditos. Desde el momento en que nacemos somos súbditos. Un distintivo de esa
condición es el certificado de nacimiento. El estado perfeccionado detenta el monopolio de certificar
el nacimiento. O bien te dan el certificado del estado (y lo llevas consigo), con lo que adquieres una
identidad que durante el curso de tu vida le permite al estado identificarse y seguir tu rastro (dar
contigo), o bien vives sin identidad y te condenas a vivir fuera del estado como un animal (los
animales no tienen documentos de identidad).

“No sólo no puedes ingresar en el estado sin certificaciones: para el estado no estás muerto hasta
que se certifica tu muerte; y sólo puede certificar tu muerte un funcionario que, a su vez, detenta una
certificación del estado. El estado procede a la certificación de la muerte con extraordinaria
meticulosidad, como lo prueba el envío de un gran número de científicos forenses y burócratas para
inspeccionar y fotografiar y manosear y empujar la montaña de cadáveres…

“Que el ciudadano viva o muera no es algo que preocupe al estado. Lo que importa al estado y sus
registros es saber si el ciudadano está vivo o muerto.” Editorial Mondaray, Barcelona, 2007, pp. 14».
9
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 9 de mayo de 2012, exp. 22308,
C.P. Enrique Gil Botero.

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Consejo de Estado esgrimió razones puramente formales, en detrimento del
derecho sustancial a la reparación que le asiste al menor.

En efecto, la conclusión de que el silencio del tribunal, respecto de la
admisibilidad del nuevo registro civil de nacimiento del niño William Eduardo,
constituye una denegatoria tácita y que, por ende, tal documento carece de
valor probatorio, es muestra inequívoca de que en la sentencia cuestionada la
apreciación de las pruebas se basó en rigorismos excesivos.

La Sala no puede pasar por alto que, en sentencia del 23 de agosto de 2012,
al resolver un caso con alguna similitud fáctica, la Sección Tercera de esta
Corporación reconoció la indemnización por perjuicios a un menor de edad,
cuyo parentesco con la víctima había sido descartado por el juez de primera
instancia porque en el registro civil de nacimiento que se allegó al expediente
no aparecía consignado el nombre del padre. En esa oportunidad, la Sección
Tercera, a partir de testimonios, concluyó que estaba demostrado el
parentesco, a pesar de que inicialmente adujo que el medio idóneo —en tanto
legal— para demostrarlo es el registro civil de nacimiento10.

En la sentencia del 23 de agosto de 2012, según lo entiende la Sala, la Sección
Tercera se apartó del criterio formalista de apreciación de las pruebas, en la
medida que puso a la justicia material y a los derechos de los niños por encima
del cumplimiento del requisito intrínseco de la conducencia de la prueba, que

10
Cita de la providencia: «Sentencia de unificación jurisprudencial, dictada en el proceso No.
18001-23-31-000-1999-00454-01(24392). M.P. Hernán Andrade Rincón. En lo que aquí interesa,
textualmente, la providencia dice lo siguiente:

“La parte actora, - como se indicó - igualmente expresa su reproche al fallo de primera instancia por
haber negado el reconocimiento de perjuicios morales para el hijo póstumo de HUGO ALEXANDER
GIRALDO BUENDIA, so pretexto –entiende- de no haberse demostrado su legitimación por activa,
teniendo en cuenta que en el registro civil de nacimiento no aparece el nombre del occiso como
padre del menor, aspecto éste que el apelante considera de orden meramente formal, toda vez que
estaba demostrado que su madre, LINABEL ARIAS LOZANO, era la compañera permanente de
HUGO ALEXANDER GIRALDO y que cuando éste falleció, ella se encontraba en estado de
embarazo. Sostiene, además, que si bien no fue posible adelantar dentro del mes siguiente al
nacimiento del menor el proceso de filiación, como lo contempla el Decreto 1265 de 1.970, cosa que
ocurrió por no haber sido asesorada la madre en forma debida, omisión no le quita el carácter de hijo
de HUGO ALEXANDER GIRALDO BUENDÍA, no empero lo cual solicitó que se tuviera al menor
como tercero damnificado.
(…)
En el presente caso se observa, ciertamente, que obra en el expediente copia auténtica del registro
civil de nacimiento del citado menor, en el cual figura LINABEL ARIAS LOZANO como madre, sin
que aparezca consignado el nombre del padre.
No obstante lo anterior que en verdad llevaría a entender –por disposición de la ley- que no se
encuentra probada la condición de hijo de la víctima, observa la Sala que en el expediente existen
elementos probatorios que permiten tener por acreditada la calidad de damnificado de HUGO
ALEXANDER ARIAS LOZANO. En efecto, se tiene demostrado que el menor nació el 19 de octubre
de 1.998, es decir a los 6 meses y 20 días de ocurrido el fallecimiento de HUGO ALEXANDER
GIRALDO BUENDIA. De igual forma, aparece acreditado que GIRALDO BUENDIA para la época de
su muerte estaba haciendo vida marital con LINABEL ARIAS LOZANO, quien, además, se
encontraba en estado de embarazo, conforme lo testifican LUIS OLIMPO NARVAEZ MENESES,
LEONEL PARRA RAMÓN, JUAN CARLOS LONDOÑO FORERO, HECTOR ACOSTA MAJARREZ,
ALBA LUZ RODRIGUEZ TORRES, FABIO HENRY BASTIDAS ORTIZ y CARLOS ALBERTO RUIZ
OVIEDO.
De tales probanzas, emerge con claridad la relación filial que existiría entre HUGO ALEXANDER
ARIAS LOZANO y HUGO ALEXANDER GIRALDO BUENDIA de no haberse producido el deceso de
este último, en las condiciones atrás anotadas. Por lo anterior, resulta claro que el menor ARIAS
LOZANO fue privado del derecho de tener una figura paterna que velara por él, y cercenadas las
manifestaciones de amor, afecto y compañía que de ella pudieren provenir. Por tanto, su carencia
desde el momento del nacimiento, como ocurrió con HUGO ALEXANDER ARIAS LOZANO, lleva a
que se produzca en el menor una afectación emocional que desde el vientre de su madre sentirá y
que, sin duda, repercutirá en su formación (…)” (se destaca)».

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se refiere a la idoneidad del medio utilizado para acreditar un hecho. En últimas,
la Sección Tercera en ese caso le dio prevalencia a los principios sobre las
reglas, lo que, visto desde el neoconstitucionalismo11, implica aceptar la
influencia del derecho constitucional en todas las áreas del derecho.

En contraste, bajo una mirada ritualista de las pruebas, la providencia objeto de
tutela concluyó que no estaba acreditado el parentesco porque la copia
auténtica del registro civil de nacimiento de William Eduardo Castillo Escorcia
no se aportó de manera regular. Tal conclusión no sólo desconoce los derechos
fundamentales, sino que, como se verá, desborda los requisitos exigidos para
la admisibilidad de la prueba12.

Volviendo al caso que se estudia, no cabe duda de que en la demanda existió una
convicción provista de diversas razones que daban lugar a inferir que el documento
echado de menos por los falladores fue aportado oportunamente, de suerte que,
como su ausencia fue conocida al dictarse la sentencia de primera instancia, al
Tribunal sí le era exigible hacer uso de las facultades oficiosas en los términos
señalados por la jurisprudencia constitucional, por las razones y pruebas que se
enunciaron de la posible y real relación de parentesco de los demandantes con la
víctima.

El artículo 228 de la Constitución es claro en dar mayor relevancia al derecho
sustancial, aun cuando no desconoce que los «términos procesales se observarán
con diligencia». Las formalidades son un instrumento para la realización de los
derechos subjetivos, constituyen elementos para que el proceso se desarrolle
válidamente y se pueda proferir una sentencia de mérito en la que, en realidad se
resuelva de fondo la cuestión litigiosa, en lugar de perseguir fórmulas que se alejen
de la justicia, de la lógica y el sentido común. El juez no puede anteponer caprichosa
o infundadamente barreras o condiciones como un obstáculo para alcanzar los fines
constitucionales.

En este caso, la solución adoptada desconoce la justicia material pues, a pesar de
que examinó y encontró probada la responsabilidad del Estado por el fallecimiento
de quien prestaba un servicio militar obligatorio y le fueron desconocidos sus
derechos a la vida, a la salud e integridad personal, privándose a la familia de la
existencia y presencia de uno de sus miembros, se negó la legitimación con total

11
Cita de la providencia: «Sobre el particular, ver: PRIETO SANCHÍS, Luis. “Neoconstitucionalismo
y ponderación judicial” en: Neoconstitucionalismo (s), edición de Miguel Carbonell, Madrid, Trotta,
2005. pp. 131-132».
12 Sentencia del 17 de septiembre de 2014, exp. 11001-03-15-000-2014-00813-00, M.P. Hugo

Fernando Bastidas Bárcenas.

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desconocimiento de las facultades oficiosas que eran exigibles por las
particularidades del caso.

La decisión evidencia un análisis automático e irreflexivo, contrario a la finalidad del
proceso contencioso administrativo, pues el artículo 103 de la Ley 1437 persigue
«la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y la
preservación del orden jurídico», de suerte que el Tribunal debió considerar que en
«la aplicación e interpretación de las normas… deberán observarse los principios
constitucionales y los del derecho procesal». Bajo esa lectura, el artículo 2 del
Código General del Proceso señala que «[t]oda persona o grupo de personas tiene
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus derechos y la
defensa de sus intereses».

La determinación de desconocer el derecho a la prueba de los demandantes y
abstenerse de decretar pruebas de oficio, al punto de que fue en la sentencia de
segunda instancia que el Tribunal las negó, privando a la parte de discutir su
contenido en la respectiva instancia, vulneró los derechos a la prueba, al debido
proceso, a la tutela judicial efectiva y de reparación integral; de paso, desconoció el
principio de buena fe de los demandantes y obstaculizó la realización de la
Constitución y la garantía de los derechos sustanciales en beneficio de la forma y el
culto a las ritualidades.

En suma, como la Sala encuentra que la falta de decreto de pruebas de oficio y/o
de autos para mejor proveer configuró los defectos alegados, se ampararán los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.

Como consecuencia, se dejará sin efectos la sentencia dictada el 29 de septiembre
de 2023, por el Tribunal Administrativo de Nariño, para que, en el término de treinta
(30) días, contado a partir de la notificación del presente fallo, profiera una
providencia de reemplazo en la que valore nuevamente las pruebas de las
relaciones familiares de los demandantes con el fallecido, para lo cual deberá tener
presente que, si surgen dudas respecto de ese punto, existe la posibilidad de proferir
un auto para mejor proveer.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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FALLA:

PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela, por incumplimiento del
requisito de inmediatez, en lo que concierne a la decisión de negar la prueba
testimonial, adoptada por auto del 16 noviembre de 2016, confirmado mediante
providencia dictada el 18 de mayo de 2018 por el Tribunal Administrativo de Nariño.

SEGUNDO. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia de los señores Jhon Jairo y Liliana Marcela Atiz
Yaguapaz; Rosa Elvira, María Olga y Campos Laureano Yaguapaz Puerchambud;
María Albina Puerchambud, María Carmela Yaguapaz Quistanchala y Alfredo Atiz
vulnerados por el Juzgado Quinto Administrativo de Pasto y el Tribunal
Administrativo de Nariño.

TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, dejar sin efectos la sentencia
dictada el 29 de septiembre de 2023, por el Tribunal Administrativo de Nariño, para
que, en el término de treinta (30) días, contado a partir de la notificación del presente
fallo, profiera una providencia de reemplazo, conforme a lo señalado en las
consideraciones de este fallo.

CUARTO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.

QUINTO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de tutela
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Esta providencia fue discutida en Sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su
contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la
derecha o dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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