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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01244-01

Fecha
28 de junio de 2024
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01244-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 9 de mayo de 2024 por el Consejo de Estado – Sección Cuarta. 6 Radicación: 11001-03-15-000-2024-01244-01 Accionante: Edwin Yamel González Bohórquez Accionado:Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia) SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-01244-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

28 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01244-01
Accionante: Edwin Yamel González Bohórquez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – CONFIRMA /
Improcedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Carga argumentativa.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora, contra la
sentencia proferida el 9 de mayo de 2024, por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 21 de marzo de 2024, el señor Edwin Yamel González Bohórquez, interpuso
acción de tutela contra el Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A1.
Solicitó que se dejara sin efectos el proveído de 18 de octubre de 20232, dictado en
el marco del proceso ejecutivo 3 que adelantó contra la Unidad Administrativa
Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, con el propósito de que se librara
mandamiento ejecutivo en contra de tal entidad.

2.
El referido proceso ejecutivo se inició con fundamento en las sentencias del 4 de
junio de 20154 y 5 de octubre de 20175, dictadas dentro de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, en el que se ordenó reconocer y pagar a su favor horas
extras diurnas y nocturnas, compensatorios por exceso de horas extras, recargos
ordinarios nocturnos, recargos dominicales y festivos diurnos y nocturnos,
compensatorios por trabajo en días dominicales y festivos y la reliquidación de
prestaciones sociales desde el 11 de julio de 2008 en adelante.

1 Invocó sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, así como los principios de cosa juzgada e

inmutabilidad de las sentencias.
2 Notificado el 25 de octubre de 2023.
3 Radicado número 25000-23-42-000-2022-00276-01.
4 Proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F.
5 Proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01244-01
Accionante: Edwin Yamel González Bohórquez
Accionado:Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

3.
Por auto del 6 de septiembre de 20226 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
• Sección Segunda - Subsección F libró mandamiento de pago por la suma de
$12.599.879 por concepto de intereses moratorios. Estimó que la entidad
demandada, mediante Resolución 965 del 27 de diciembre de 2018, dio
cumplimiento a la sentencia que servía de título ejecutivo, quedando solamente el
saldo restante por el que se dispuso la orden de pago.
4.
El Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A, en providencia del 18
de octubre de 20237, confirmó la anterior decisión. Sostuvo que en las sentencias
del 4 de junio de 2015 y 5 de octubre de 2017 no se ordenó reconocer a favor del
accionante recargos dominicales y festivos, diurnos y nocturnos, en cuantías
equivalentes a 200% y 235% y que, por el contrario, se advertía que la orden era
determinar los recargos según los porcentajes establecidos en el Decreto 1042 de
1978.
5.
La parte ejecutante solicitó la aclaración, corrección y adición de la anterior
providencia. Peticiones que fueron negadas en auto del 1º de febrero de 20248. Entre
otras cosas, la autoridad judicial resaltó que los planteamientos de la parte
demandante iban encaminados a rebatir el análisis realizado frente a los porcentajes
con los cuales se calcularon los recargos por el trabajo en días festivos, lo cual era
una insistencia de varios de los argumentos expuestos en el recurso de apelación9.
6.
En el escrito de tutela, la parte accionante indicó que la autoridad judicial incurrió
en un desconocimiento del precedente judicial. Sostuvo que al definirse en la
liquidación del crédito sobre los porcentajes del 100% para recargos festivos diurnos
y el 135% para los recargos festivos nocturnos, la accionada modificó y desconoció
de plano la sentencia cuya ejecución se pretendía, en lo referente a reliquidar y pagar
los recargos ordinarios nocturnos y los festivos diurnos y nocturnos. Esto, por cuanto
en el cuadro a folios 14 - 16 de la misma, se estableció que el valor a reconocer por
concepto de recargos festivos es el doble, conforme al artículo 39 del Decreto 1042
de 1978.
7.
Según el actor, el valor para liquidar correspondía a: recargos nocturnos ordinarios
del 35%, recargos festivos diurnos del 200% y recargos festivos nocturnos del 235%,
tomando como divisor 190 horas mensuales, que eran la jornada máxima legal del
ejecutante como empleado público territorial, y no 240 horas mensuales; por lo que
se le pagó de forma incompleta. Sumado a ello, existe una diferencia en contra de
su patrimonio. En esa medida, afirmó que la autoridad judicial accionada desconoció
la inmutabilidad de las sentencias y la cosa juzgada.

6 Notificado por estado el 29 de septiembre de 2022.
7 Notificado por estado el 25 de octubre de 2023.
8 Notificada por estado el 19 de febrero de 2024.
9 Los negó porque no se evidenciaban: (i) conceptos o frases que generen duda, (ii) situaciones que hubieran

dejado de resolverse ni (iii) errores puramente aritméticos o por alteración de palabras.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01244-01
Accionante: Edwin Yamel González Bohórquez
Accionado:Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

8.
También citó las sentencias de 30 de noviembre de 2017 (radicado 25000-23-25-
000-2010-01147) proferida por el Consejo de Estado – Sección Segunda, 30 de
mayo de 2019 (radicado 11001-33-42-056-2016-00500-01) dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A y, 2 de junio de
2022 (radicado 25000-23-42-000-2019-01070-01) proferida por el Consejo de
Estado – Sección Segunda, relacionadas con la inmutabilidad de las sentencias.
9.
Finalmente, indicó que se desconoció el siguiente precedente: (i) sentencias de
tutela del 25 de septiembre y 27 de noviembre de 2023, proferidas por la Sección
Tercera - Subsección B y la Sección Segunda - Subsección B del Consejo de Estado,
dentro del expediente 11001-03-15-000-2023-04299-00/01; (ii) sentencia de
unificación 25000-23-25000-2010-00725-01, proferida el 12 de febrero de 2015 por
el Consejo de Estado- Sección Segunda; (iii) sentencia de 22 de junio de 2023,
radicado 25000-23-42-000-2018-01477-01, proferida por el Consejo de Estado –
Sección Segunda – Subsección A; (iv) sentencia de tutela del 10 de junio de 2021
proferida por la Sección Quinta de esta Corporación, radicado 11001-03-15-000-
2021-01379-00 y; (vi) sentencia de tutela del 9 de septiembre de 2021 proferida por
la Sección Segunda - Subsección A del Consejo de Estado, radicado 11001-03-15-
000-2021-05248-00.

B. Sentencia de primera instancia
10.
En fallo de 9 de mayo de 2024, la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró
improcedente el amparo. Consideró que los argumentos presentados por la parte
actora están dirigidos a insistir en la forma como debían ser liquidados los valores a
pagar por conceptos reconocidos en una sentencia judicial, cuyo cumplimiento
pretendía a través del proceso ejecutivo. No obstante, los mismos ya fueron resueltos
por el juez de la ejecución en segunda instancia. De manera que, la solicitud de
amparo está siendo empleada como una tercera instancia para discutir asuntos
económicos y de mera legalidad.

C. La impugnación
11.
La parte accionante reiteró los argumentos del escrito de tutela. Además de ello,
sostuvo que el juez constitucional de primera instancia omitió realizar un análisis
integral de la situación planteada en la tutela, toda vez que no estudió y desconoció
la existencia del defecto fáctico y sustantivo, a pesar de que en un caso idéntico la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la sentencia de tutela
de 25 de septiembre de 2023 (radicado 11001-03-15-00-2023-04299-00) concedió
el amparo, y esa providencia fue transcrita en esta acción de tutela.
12.
Agregó que en primera instancia tampoco se tuvo en cuenta la jurisprudencia
transcrita en el escrito de tutela. Concretamente hizo referencia a los fallos de 10 de
junio de 2021 (radicado 11001-03-15-000-2021-01379-00), 9 de septiembre de 202
(radicado 11001-03-15-000-2021-05248-00), 25 de septiembre y 27 de noviembre

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01244-01
Accionante: Edwin Yamel González Bohórquez
Accionado:Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

de 2023 (radicado 11001-03-15-000-2023-04299-00/01) y 12 de febrero de 2015
(radicado 25000-23-25000-2010-00725-01).

II. C O N S I D E R A C I O N E S
13.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 199110.

E. Análisis del caso concreto

14.
La Sala anticipa que se confirmará la decisión de primera instancia. El asunto
carece de relevancia constitucional, en la medida en que la solicitud de amparo no
se acompaña de una carga argumentativa suficiente.

15.
La relevancia constitucional como requisito general de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales, supone la presentación de un conflicto que
trascienda las discusiones legales ante el juez constitucional, puesto que tiene como
objetivo (i) garantizar la independencia y la competencia de los jueces ordinarios,
evitando que el juez constitucional se inmiscuya en la esfera de acción de las demás
jurisdicciones; así como (ii) impedir que el amparo constitucional sea utilizado como
una instancia adicional para cuestionar decisiones judiciales, que conduzca a
trasformar la estructura de los procesos y que lleve a infringir las formas propias de
cada juicio11, además de hacerlo compatible con los principios de seguridad jurídica
y cosa juzgada12. Lo anterior, impone al accionante el deber de presentar una carga
mínima de argumentación, en la identifique los hechos que generaron la presunta
vulneración de los derechos fundamentales, y haga evidente los defectos que endilga
a la providencia censurada.

16.
En esta oportunidad la acción de tutela se fundamenta en argumentos reiterativos
que, primero, ya fueron objeto de discusión al interior del proceso ejecutivo y,
segundo, carecen de una carga argumentativa suficiente, dado que se alega una
conducta vulneradora hipotética y se discute un asunto cuya naturaleza, en principio,
es eminentemente económica.

17.
Así, se tiene que la acción de tutela de la referencia tiene como fundamento
cuestionar el auto de segunda instancia proferido por el Consejo de Estado - Sección
Segunda – Subsección A en el marco de un proceso ejecutivo, porque a juicio del
accionante la citada corporación desconoció el contenido del título ejecutivo,
concretamente, la forma en la que se deben liquidar los recargos ordinarios
nocturnos y los festivos diurnos y nocturnos. Argumento que propuso tanto en la
respectiva instancia, como en las solicitudes de adición, aclaración y corrección, y
fue resuelto de forma clara, extensa y coherente en el proveído acusado.

10 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
11 Corte Constitucional, Sentencia SU-573 de 2019.
12 Corte Constitucional, Sentencia SU-081 de 2020.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01244-01
Accionante: Edwin Yamel González Bohórquez
Accionado:Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

18.
La corporación judicial accionada indicó que en las sentencias del 4 de junio de
2015 y 5 de octubre de 2017 no se ordenaron reconocer a favor del accionante
recargos dominicales y festivos, diurnos y nocturnos, en cuantías equivalentes a
200% y 235% respectivamente y que, por el contrario, se advertía en la sentencia de
cierre que la orden era determinar los recargos según los porcentajes establecidos
en el Decreto 1042 de 1978, tal como se había realizado.

19.
Además, explicó que si bien en la sentencia del 5 de octubre de 2017 se puso de
presente cómo la entidad ejecutada estaba calculando los mencionados recargos,
aquello se hizo con el propósito de aclarar que la liquidación se estaba haciendo
sobre la base de una jornada laboral mensual de 240 horas, cuando lo correcto era
tomar en cuenta 190 horas. Es decir, la autoridad judicial no ordenó el cálculo de
dichos recargos en las cuantías que reclama el actor (200 % y 235 %). En esa
medida, recalcó que, sin mayor esfuerzo interpretativo, se observaba que la orden
iba encaminada a determinar los recargos según los porcentajes establecidos en el
Decreto 1042 de 1978. Además, de acogerse la tesis planteada por el actor, se
estaría reconociendo a su favor el pago de la jornada de trabajo más 2 días de labor
adicionales, que no es la intención de la norma.
20.
Bajo el anterior escenario, no cabe duda de que la parte actora esgrimió parte de
los argumentos que expuso en su recurso de apelación contra la decisión de primera
instancia, que a su vez, fueron resueltos en forma razonable por el Consejo de
Estado – Sección Segunda – Subsección A en el proveído ahora cuestionado. Motivo
por el cual no observa esta Sala de Subsección alguna razón para intervenir en el
asunto bajo estudio. Máxime cuando la inconformidad de la parte actora se
circunscribe a una discrepancia interpretativa, y su pretensión se orienta a que en
virtud de este amparo constitucional se acoja su postura sobre la del operador
judicial. Lo cual a todas luces desnaturaliza la acción de tutela.

21.
Sumado a ello, el escrito de tutela tampoco es claro en explicar de qué forma el
Consejo de Estado - Sección Segunda – Subsección A incurrió en la violación del
principio de inmutabilidad de la sentencia, por cuanto no desarrolla un argumento
claro en el que demuestre cómo el juez del proceso ejecutivo cambió las decisiones
proferidas en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. La
lectura de las sentencias dictadas el 4 de junio de 2015 y el 5 de octubre de 2017,
que sirven como título ejecutivo, permite evidenciar que la orden impartida a la
Unidad Administrativa Especial – Cuerpo Oficial de Bomberos fue la de reliquidar los
recargos de la referencia con fundamento en el artículo 33 del Decreto Ley 1042 de
1978 y teniendo en cuenta la jornada máxima laboral para los empleados públicos,
tal como se hizo en el proceso ejecutivo.

22.
Además, esta Sala advierte que la decisión acusada se profirió por la autoridad
judicial accionada en ejercicio de su autonomía judicial y el juez ordinario valoró de
forma razonable el título objeto de recaudo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01244-01
Accionante: Edwin Yamel González Bohórquez
Accionado:Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

23.
Ahora, en cuanto al argumento relacionado con el desconocimiento del
precedente horizontal, dentro del cual el actor citó de forma extensa extractos de las
sentencias que considera desconocidas, se tiene que tampoco se encuentra
acreditado el requisito de relevancia constitucional. Aunque el accionante indica
cuáles son las providencias que, a su juicio, fueron omitidas, lo cierto es que no
explica tres elementos que, desde el punto de vista de esta Sala, son esenciales
para verificar de fondo la configuración de ese defecto.
24.
Omitió precisar (i) cuáles fueron los fundamentos fácticos que dieron origen a esas
providencias; (ii) cuáles son las subreglas jurisprudenciales que se derivan de las
sentencias y; (iii) por qué esas subreglas debían aplicarse al caso en concreto. Es
decir, por qué la autoridad judicial accionada en este caso estaba obligada a emplear
las sentencias en la resolución del asunto que tenía a su cargo. Se limitó
simplemente a citar las referidas providencias, sin exponer la razón por la cual
considera que las mismas constituyen precedentes que vinculen el criterio de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
25.
Sumando a ello, muchas de las providencias judiciales traídas a colación como
desconocidas fueron dictadas en el marco de acciones de tutela, las cuales tienen
efectos inter partes, y por ende no constituyen precedente vinculante.
26.
Por último, respecto de la supuesta omisión por parte del juez constitucional de
primera instancia de estudiar los defectos fáctico y sustantivo, se advierte que los
mismos no fueron alegados por el actor en el escrito de tutela. La cita textual de esa
sentencia no podía llevar al a quo a estudiar defectos que ni siquiera fueron
endilgados a la providencia atacada ni a revisar situaciones que no fueron
destacadas en el caso bajo estudio, más aún teniendo en cuenta que el accionante
se limitó a citar en su escrito de tutela la sentencia de 25 de septiembre de 2023
(radicado 11001-03-15-000-2023-04299-00) en la que se concedió un amparo, sin
construir un argumento tendiente a explicar el motivo por el cual en su caso concreto
se presentaba la misma situación y se estructuraban los mismos defectos. A lo cual
se suma que la referida sentencia se profirió en el marco de una acción de tutela, y
como ya se indicó, tiene efectos inter partes.
27.
En los términos precedentes, la Sala confirmará la sentencia de 9 de mayo de
2024 proferida por el Consejo de Estado – Sección Cuarta.
28.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 9 de mayo de 2024 por el Consejo
de Estado – Sección Cuarta.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01244-01
Accionante: Edwin Yamel González Bohórquez
Accionado:Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE13
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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