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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-01263-00

Fecha
25 de abril de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-01263-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Declarar improcedente la acción de tutela en relación con las sentencias de 5 de diciembre de 2018 y 15 de octubre de 2020 emitidas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-37-000- 2014-00488-00 [01] y, negar el amparo invocado respecto a la decisión del 31 de Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11 Radicado: 11001-03-15-000-2024-01263-00 enero de 2024 proferida en el recurso de revisión con radicado 11001-03-15-000- 2021-07295-00, por los motivos expuestos en esta providencia. Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2024-01263-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

25 de abril de 2024

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01263-00

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01263-00
Accionante: LUIS ESTRADA & CIA. SUCESORES SAS
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otro

Temas: Acción de Tutela contra sentencia de nulidad y restablecimiento
del derecho de primera y segunda instancia y contra decisión que
declara infundado recurso extraordinario.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la sociedad LUIS ESTRADA &
CIA. SUCESORES SAS, mediante apoderado, en contra del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Cuarta y el Consejo de Estado, Sección Cuarta.

ANTECEDENTES

La sociedad LUIS ESTRADA & CIA. SUCESORES SAS instauró acción de tutela,
en aras de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, el
acceso a la administración de justicia y la igualdad, los cuales considera vulnerados
por las autoridades judiciales accionadas antes referidas, con ocasión de las
providencias de 5 de diciembre de 2018, 15 de octubre de 2020 y 31 de enero de
2024, emitidas, respectivamente dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-37-000-2014-00488-00 [01] y
en el recurso de revisión con radicado 11001-03-15-000-2021-07295-00.

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HECHOS

Manifestó la sociedad que mediante la Resolución núm. 322412013000026 de 7 de
febrero de 2013 la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN le impuso
una sanción por $327.632.000, por no presentar la declaración informativa de
precios de transferencia del año gravable 2007 contra dicha decisión presentó
recurso de reconsideración, el cual fue resuelto de manera desfavorable a través de
la Resolución 900.059 de 28 de febrero de 2014.

Que el 15 de mayo de 2014 interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho. El 5 de diciembre de 2018 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
declaró la nulidad parcial de las resoluciones antes citadas y reliquidó la sanción por
valor de $ 131.052.801, contra esta decisión interpuso recurso de alzada el cual fue
resuelto el 15 de octubre de 2020 por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, quien
confirmó la providencia de primera instancia.

Adujo que, mediante sentencia del 31 de enero de 2024 la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sala 21 Especial de Decisión declaró infundado el
recurso extraordinario de revisión.

La sociedad considera que la Sección Cuarta del Consejo de Estado incurrió en el
defecto material o sustantivo, pues desconoció que la norma vigente para el
momento de emitirse la sentencia eximía a la accionante de presentar declaración
informativa de precios de transferencia, por no ser considerada como vinculado
económico o partes relacionadas, de acuerdo con el artículo 260-1 del Estatuto
Tributario.

Que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia del 5 de diciembre
de 2018 desconoció la providencia del 8 de noviembre de 2017 donde el Consejo
de Estado consideró que, al desaparecer del marco normativo la obligación de
presentar la declaración informativa de precios de transferencia, tampoco existe el
supuesto que genera la obligación, esto, en aplicación del principio de favorabilidad
en materia sancionatoria tributaria.

Afirmó que se le transgrede su derecho a la igualdad, pues el Tribunal Administrativo

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de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, en el proceso con radicado
25000-2337-000-2014-00484-00 dirimió otro proceso que tenía la sociedad, donde
demandó la nulidad de la Resolución Sanción por no declarar núm.
322412013000003 de 4 de febrero de 2013, expedida por el jefe del Grupo Interno
de Trabajo de Auditoría II de la División de Gestión de Fiscalización para Personas
Jurídicas y Asimiladas, y en aquella oportunidad el Tribunal determinó que la
accionante no era sujeto de la sanción impuesta por la DIAN, porque desapareció
del marco normativo el supuesto que la generó.

Adujo, que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado,
“vulneraron el derecho fundamental al debido proceso por no dar aplicación íntegra
al principio de favorabilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la
Constitución Política, aplicado en materia tributaria por virtud de lo consagrado en
el artículo 282 de la Ley 1819 de 2016”.

Adicionalmente, señaló que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 21
Especial de Decisión en la providencia del 31 de enero de 2024 incurrió en los
defectos material o sustancial, sin motivación y violación de la Constitución, dado
que centró su argumento para declarar infundado el recurso, en que lo pretendido
por la sociedad era reabrir el debate jurídico del proceso ordinario, sin analizar el
principio de favorabilidad aplicable y que la transgresión del debido proceso
constituye una causal de nulidad de la sentencia.

PRETENSIONES

Solicita que se amparen los derechos invocados, se deje sin efectos las sentencias
del 5 de diciembre de 2018 y 15 de octubre de 2020, emitidas, respectivamente por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A y la
Sección Cuarta de esta corporación y, en consecuencia, se le ordene al Tribunal
proferir una nueva decisión donde se analice si la sociedad LUIS ESTRADA & CIA.
SUCESORES SAS está obligada o no a presentar la declaración de precios de
transferencia del año gravable 2007, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
1607 de 2012.

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TRÁMITE DEL PROCESO

La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente y
el 15 de marzo y 8 de abril de 2024 se dispuso su admisión, se ordenó la notificación
de las autoridades judiciales accionadas, se vinculó a la DIAN y a la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, Sala 21 Especial de Decisión y, se negó la medida
provisional solicitada.

POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A
allegó informe donde expuso que la acción de tutela es improcedente porque excede
el término de 6 meses para controvertir decisiones judiciales y no se acredita el
cumplimiento de los requisitos genéricos y específicos.

Por último, adujo que las decisiones del Tribunal y del Consejo de Estado están
sustentadas y fundadas en razonamientos legítimos basados en una interpretación
plausible, más no única, para resolver el caso concreto, con fundamento en las
pruebas aportadas.

El Consejo de Estado, Sección Cuarta rindió informe donde pidió que se declare
improcedente la acción de tutela, por incumplir con el criterio temporal de inmediatez
fijado en la sentencia de unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado, del 05
de agosto de 2014 (exp. 2012-02201, CP: Jorge Octavio Ramírez).

Adicionalmente, señaló que el término de ejecutoria de la sentencia de la Sección
Cuarta contra la que se dirige la acción de tutela no se vio alterado ni ampliado de
ninguna manera por el hecho de que la demandante haya interpuesto un recurso
extraordinario de revisión contra esa misma providencia, el cual fue declarado
infundado mediante sentencia proferida el 31 de enero de 2024.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

La Subdirectora de Representación Externa de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales- DIAN presentó informe donde solicitó que se declare

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improcedente la acción de tutela por no tener relevancia constitucional y, además,
encontrarse configurada la temeridad, pues la sociedad ya había instaurado otra
acción constitucional donde pretendía dejar sin efectos las providencias proferidas
en primera y segunda instancia en el proceso objeto de controversia. Por reparto le
correspondió a la Sección Primera de esta corporación con radicado 11001-03-15-
000-2020-04709-00, quien declaró improcedente la acción.

El consejero ponente de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala
21 Especial de Decisión allegó informe donde señaló que los planteamientos del
recurso extraordinario de revisión no configuraban la causal 5.° invocada, sino que
por el contrario, pretendían que se analizara nuevamente el litigio. Además, expuso
que en la decisión cuestionada se le indicó a la accionante porque la presunta
inaplicación del principio de favorabilidad no se enmarcaba como un vicio de
nulidad.

Por lo anterior, solicitó que se niegue el amparo invocado, pues la acción de tutela
se encamina a habilitar una nueva oportunidad para reiterar los argumentos ya
expuestos y analizados por la jurisdicción contencioso administrativa.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales alegados por la accionante, para lo cual se abordarán los siguientes
temas: I) la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II) el
caso concreto.

I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU034/18,
estas se enlistaron así:

“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en controversias
cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole entonces la carga
de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a la esfera constitucional,
por estar comprometidos derechos fundamentales.

(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos
fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir
el medio judicial ordinario.

(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que
se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre
las decisiones de las autoridades judiciales.

(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación. Empero,
de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye una grave
lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se genera
independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a la
anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de lesa
humanidad).

(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al
interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.

(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no
se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los
derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso
proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas
de revisión.”

Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la
Corte Constitucional identificó los siguientes:

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en
normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.

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“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño
por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta
derechos fundamentales.

“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el
entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional.

“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando
la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

“i. Violación directa de la Constitución.”

En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedencia de la acción de tutela cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que
habilite el amparo constitucional.

II) Caso concreto

La inconformidad de la accionante está dirigida contra las providencias de 5 de
diciembre de 2018, 15 de octubre de 2020 y 31 de enero de 2024, emitidas,
respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 25000-23-37-000-2014-00488-00 [01] y en el recurso de
revisión con radicado 11001-03-15-000-2021-07295-00.

Al respecto, advierte la Sala que la accionante el 10 de noviembre de 2020
interpuso otra acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta y el Consejo de Estado, Sección Cuarta, la cual fue
tramitada bajo el radicado 11001-03-15-000-2020-04709-00 [01]. Las pretensiones
y fundamentos de dicha acción fueron los mismos que los del caso bajo estudio, tal
como se cita a continuación:

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01263-00

“(…) Solicito respetuosamente, se tutelen los derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso, el principio de legalidad, de favorabilidad, la
igualdad procesal, entre otros.

• Se ordene dejar sin efectos las sentencias de primera y segunda instancia,
proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección A, del 5 de diciembre de 2018, radicado No. 25000-23-37-000-2014-
00488-00 y por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección
Cuarta- del día 15 de octubre de 2020 (…).

• Se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proferir un nuevo fallo en el
que analice si la sociedad LUIS ESTRADA & CIA. SUCESORES SAS está obligado
o no presentar la Declaración Informativa Precios de Transferencia (DIPT), de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012 (…)”

Así mismo, conforme con lo estudiado por el juez constitucional de dicha causa, la
controversia de la accionante también radicaba en que las autoridades judiciales
incurrieron en el defecto sustantivo por no dar aplicación al principio de
favorabilidad, previsto en el parágrafo 5.° del artículo 282 de la Ley 1819 de 2016;
en el desconocimiento del precedente jurisprudencial sobre la procedencia de este
principio en materia de sanción tributaria, para lo cual citó las sentencias de 8 de
noviembre de 20173 y 11 de marzo de 20204, y en violación directa de la
Constitución.

Teniendo en cuenta lo anterior, se declarará improcedente la acción de tutela
respecto a las inconformidades expuestas por la accionante sobre las sentencias
del 5 de diciembre de 2018 y 15 de octubre de 2020, proferidas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta y el Consejo de Estado, Sección
Cuarta, respectivamente, pues sobre estas se configuró la cosa juzgada, al ser
resuelta la revisión eventual por parte de la Corte Constitucional5.

Por otra parte, encuentra la Sala que respecto a la sentencia del 31 de enero de
2024 se tienen por cumplidos los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela

3 Proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado
4 Emitida por la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
5 La Corte Constitucional mediante auto del 29 de junio de 2021 decidió excluir para revisión la tutela T-

8.211.428.

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contra esta, pues a) la relevancia constitucional está dada por los derechos
fundamentales invocados como vulnerados por la providencia cuestionada; b) la
accionante no cuenta con otro medio de defensa para discutir lo aquí expuesto; c)
se cumple con el requisito de inmediatez, pues la acción se presentó dentro de los
seis meses siguientes a la notificación de la providencia; d) no se invoca una
irregularidad procesal y e) la tutela no se dirige contra un fallo de tutela.

Así, se observa que la Sala 21 Especial de Decisión en la sentencia objeto de
cuestionamiento inicialmente trajo a colación la naturaleza y el alcance del recurso
excepcional de revisión.

Seguido a lo anterior, expuso que el fundamento que planteó la accionante en el
recurso fue dar aplicación al principio de favorabilidad, dado que la sentencia
recurrida no tuvo en cuenta que el artículo 111 de la Ley 1607 de 2012 subrogó
automáticamente el artículo 260 numeral 1.° del Estatuto Tributario, por lo que
desapareció del ordenamiento jurídico la norma que obligaba a la sociedad
demandante a presentar la declaración de precios de transferencia.

Posteriormente, la Sala de Decisión indicó que para que haya lugar a declarar la
nulidad de la sentencia6 es necesario invocar una de las causales del artículo 133
del CGP o cualquier otra irregularidad que atente contra el derecho al debido
proceso, cuyo origen en ambos casos debe establecerse en el momento en que se
expidió la decisión y excepcionalmente antes, siempre y cuando se pruebe que no
fue posible advertirla previamente.

Por último, la Sala 21 Especial de Decisión adujo que el argumento expuesto por la
sociedad no materializa la causal invocada, tal y como lo ha reiterado la
jurisprudencia de esta corporación7; pues no son alegaciones propias de un medio
extraordinario, sino que, por el contrario, pretenden reabrir un debate que tuvo que
darse ante el juez ordinario y no en esa etapa procesal, por lo que declaró infundado
el recurso de revisión.

6 causal 5.° del artículo 250 del CPACA “existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra

la que no procede recurso de apelación”
7 Consejo de Estado. Sección Segunda, sentencia de 17 de diciembre de 1998; radicado: 11942. “no es posible

plantear cuestionamientos frente a una sentencia relacionados con la no aplicación de una norma de derecho o
su indebida interpretación o aplicación, ya que todas estas circunstancias están por fuera de la naturaleza de la
causal invocada”

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En ese orden de ideas, esta Subsección no evidencia la configuración de los
defectos alegados en esta sede constitucional, sino que, por el contrario, observa
que la Sala 21 Especial de Decisión adoptó la providencia que aquí se controvierte,
luego de valorar la normativa y jurisprudencia aplicable al caso, lo que le permitió
concluir que no se materializaba la causal 5.° para declarar fundado el recurso
extraordinario de revisión, en tanto los argumentos esbozados estaban
encaminados a reabrir el debate jurídico que ya se había llevado a cabo ante el juez
ordinario.

Así mismo, se advierte que lo planteado en esta sede constitucional se limita a
evidenciar la inconformidad de la accionante con la decisión adoptada por la Sala
21 Especial, lo que no es suficiente para calificar una providencia como arbitraria o
caprichosa, y menos aún, violatoria de derecho fundamental alguno, pues, como
quedó visto, la autoridad judicial accionada resolvió el asunto bajo un análisis
plausible, con una carga de argumentación suficiente y razonable que debe ser
respetada en virtud de los principios de autonomía e independencia judicial.

En consecuencia, se declarará improcedente la acción de tutela en relación con las
sentencias de 5 de diciembre de 2018 y 15 de octubre de 2020 emitidas dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-
37-000-2014-00488-00 [01] y, se negará el amparo invocado respecto a la
providencia del 31 de enero de 2024 proferida en el recurso de revisión con
radicado 11001-03-15-000-2021-07295-00.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Declarar improcedente la acción de tutela en relación con las sentencias
de 5 de diciembre de 2018 y 15 de octubre de 2020 emitidas dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-37-000-
2014-00488-00 [01] y, negar el amparo invocado respecto a la decisión del 31 de

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01263-00

enero de 2024 proferida en el recurso de revisión con radicado 11001-03-15-000-
2021-07295-00, por los motivos expuestos en esta providencia.

Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente de la
actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

HAPC

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