Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-01263-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-01263-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-01263-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2024-01263-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
8 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Fredy Ibarra Martínez (E)
Bogotá D.C., 8 de julio de 2024
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01263-01
Demandante: Luis Estrada & Cía., Sucesores SAS
Demandado: Consejo de Estado - Sección Cuarta y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Inmediatez | Relevancia
constitucional
Síntesis del caso: La parte demandante enjuició las providencias que se profirieron tanto
en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter tributario como en
un recurso extraordinario de revisión.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia de 25 de
abril de 2024, por medio de la cual la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado declaró improcedente y negó la presente acción
de tutela2.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 14 de marzo de 2024, la sociedad Luis Estrada & Cía., Sucesores
SAS, mediante apoderada judicial, presentó acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado y la Sala Especial de Decisión No. 21 del Consejo de Estado,
para obtener la protección de su derecho fundamental al debido proceso,
junto con los principios de legalidad, favorabilidad e igualdad procesal, los
cuales consideró vulnerados con ocasión de las Sentencias de 5 de
diciembre de 2018 y 15 de octubre de 2020, proferidas dentro del proceso
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “Primero: Declarar improcedente la acción de tutela en relación con lase sentencias de 5 de diciembre de
2018 y 15 de octubre de 2020 emitidas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 25000-23-37-000-2014-00488-00 [01] y, negar el amparo invocado respecto a la decisión del 31 de
enero de 2024 proferida en el recurso de revisión con radicado 11001-03-15-000-2021-07295-00, por los motivos
expuestos en esta providencia.”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01263-01
Demandante: Luis Estrada & Cía. Sucesores SAS
Demandado: Consejo de Estado - Sección Cuarta y otro
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Modifica
______________________________________________________________________________________________________________
de nulidad y restablecimiento del derecho No. 25000-23-37-000-2014-00488-
00/01, así como la providencia de 31 de enero de 2024, dictada en el
recurso extraordinario de revisión No. 11001-03-15-000-2021-07295-00.
2. A título de amparo constitucional, el demandante solicitó (se trascribe):
“-Solicito respetuosamente, se tutelen los derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso, el principio de legalidad, de favorabilidad,
la igualdad procesal, entre otros.
• Se ordene dejar sin efectos las sentencias de primera y segunda instancia,
proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección A, del 5 de diciembre de 2018, radicado No. 25000-23-37-000-
2014-00488-00 y por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
administrativo – Sección cuarta- del 15 de octubre de 2020, radicado No.
25000-23-37-000-2014-00488-01 dentro del proceso adelantado en contra de
las resoluciones proferidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN).
• Se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proferir un nuevo
fallo que analice si la sociedad LUIS ESTRADA & CIA. SUCESORES SAS está
obligada o no a presentar la Declaración de Informativa Precios de
Transferencia (DIPT), de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron narrados los siguientes:
4. 1) A través de la Resolución No. 322412013000026 de 7 de febrero de
2013, la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de
Impuestos de Bogotá sancionó a la sociedad Luis Estrada & Cía., Sucesores
SAS con una multa de $327.632.000, por no haber presentado la
declaración informativa de precios de transferencia (DIIPT),
correspondiente al periodo gravable de 2007. Contra dicha decisión, la
referida sociedad presentó recurso de reconsideración, el cual fue resuelto
de manera desfavorable por la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN,
mediante la Resolución No. 900.059 de 28 de febrero de 2014.
5. 2) El 15 de mayo de 2014, la sociedad Luis Estrada & Cía., Sucesores
SAS presentó demanda3 contra la DIAN, orientada a obtener la nulidad
parcial de las resoluciones antes citadas y, a título y restablecimiento del
derecho, la modificación del valor de la sanción por la suma de
$131.052.801.
6. 3) La demanda fue conocida por la Subsección A de la Sección
Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual, mediante
Sentencia de 5 de diciembre de 2018, accedió a las pretensiones de la
demanda, tras dar aplicación, en virtud del principio de favorabilidad, a la
norma posterior [artículo 111 de la Ley 1819 de 2016] que redujo la sanción
3 En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
2 de 10
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01263-01
Demandante: Luis Estrada & Cía. Sucesores SAS
Demandado: Consejo de Estado - Sección Cuarta y otro
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Modifica
______________________________________________________________________________________________________________
por no presentar la DIIPT de que trata el artículo 260-11 del Estatuto
Tributario (ET) al 4% del valor total de las operaciones sometidas al régimen
de precios de transferencia realizadas durante la vigencia fiscal
correspondiente, sin exceder los 20.000 UVT. De manera que, de
$3.276.320.026 de operaciones, correspondería una sanción por el valor de
$131.052.801.
7. 4) Contra la anterior decisión, la parte demandante presentó recurso
de apelación, en el que manifestó que se debía aplicar el término previsto
en el artículo 638 del ET, según el cual la demandada contaba con 2 años
y no con 5 para ejercer su potestad sancionatoria. De igual manera señaló
que, según la jurisprudencia, cuando se impone sanción mediante
resolución independiente, el término con que cuenta la Administración
para imponer la sanción, debe contarse desde la fecha en que se
presentó o debió presentarse la declaración de renta del año en el que
ocurrió la irregularidad sancionable.
8. 5) El 15 de octubre de 2020, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
confirmó la decisión apelada, al determinar que no operó la pérdida de
competencia alegada, comoquiera que el artículo 260-10 literal b) del ET,
vigente para la época, (se trascribe) “previó que la sanción pecuniaria por
no presentar la declaración ‘prescribía’, refiriéndose a la caducidad, en el
término de cinco años, desde el vencimiento del plazo para presentar la
declaración [DIIPT]”, por lo que la remisión a los artículos 637 y 638 del ET se
circunscribía a las reglas de procedimiento allí dispuestas, pero no
modificaba el término de caducidad, el cual, para el caso concreto,
fenecía el 7 de julio de 2013, es decir, después de que la demandada
notificara el pliego de cargos [17 de julio de 2012].
9. 6) El 27 de octubre de 2021, la parte actora presentó recurso
extraordinario de revisión contra la decisión anterior, el cual, a través de la
Sentencia de 31 de enero de 2024, fue declarado infundado por la Sala
Especial de Decisión No. 21 del Consejo de Estado, tras advertir que (se
trascribe) “el propósito de la recurrente es reabrir el proceso ordinario con
la invocación de argumentos que correspondían ser examinados por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado; es decir, el propósito de la
recurrente es convertir el recurso extraordinario de revisión en una tercera
instancia ordinaria, so pretexto del principio de favorabilidad, situación que
no se adecúa a la causal de nulidad de la sentencia contenida en el
numeral 5º del artículo 250 del CPACA”.
10. Para la parte actora, el fundamento de la vulneración radicó en que
las Sentencias de 5 de diciembre de 2018 y 15 de octubre de 2020 no
aplicaron el principio de favorabilidad y, con ello, trasgredieron su derecho
3 de 10
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01263-01
Demandante: Luis Estrada & Cía. Sucesores SAS
Demandado: Consejo de Estado - Sección Cuarta y otro
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Modifica
______________________________________________________________________________________________________________
al debido proceso. Sustentó que ninguno tuvo en cuenta que la norma
que obligaba a que la sociedad presentara la declaración informativa de
precios de transferencia (DIIPT) había desaparecido, habida cuenta de
que el artículo 111 de la Ley 1607 de 2012 subrogó el artículo 260-1 del ET.
11. Respecto de la Sentencia de 31 de enero de 2024, refirió que, en
aquella, se incurrió en un defecto sustantivo, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución
porque la Sala Especial de Decisión No. 21 del Consejo de Estado, al
interpretar y aplicar la norma, no tuvo en cuenta el principio de
favorabilidad en materia tributaria ni que la violación al debido proceso
también permite estructurar la causal de revisión. En esa medida, precisó
que no pretendía reabrir un debate judicial, sino buscar el respeto de
garantías constitucionales4.
12. Sobre el desconocimiento del precedente, agregó que, en la
Sentencia de 5 de diciembre de 2018, la Subsección A de la Sección
Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca desconoció la
Sentencia de 8 de noviembre de 2017 del Consejo de Estado5, en la que la
se aplicó el principio de favorabilidad y, con base en ello, se dispuso que,
al desparecer el numeral 9 del artículo 450 del ET, también desparecía el
supuesto de la sanción que le fue impuesta a la sociedad Luis Estrada &
Cía., Sucesores SAS. Por lo anterior, alegó que la situación fáctica y el
problema jurídico eran era los mismos y, en consecuencia, se debió
declarar la nulidad de las resoluciones atacadas.
1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación
13. Mediante Sentencia de 25 de abril de 2024, la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, de un lado, declaró
improcedente la solicitud de amparo respecto de las Sentencias de 5 de
diciembre de 2018 y 15 de octubre de 2020, tras advertir que sobre
aquellas se configuró la cosa juzgada, ya que la Corte Constitucional las
excluyó de su revisión eventual.
14. De otro lado, negó el amparo solicitado frente a la Sentencia de 31
de enero de 2024, con fundamento en que no se configuraron los defectos
alegados, ya que la Sala Especial de Decisión No. 21, al dictar la
providencia enjuiciada, con fundamento en la normativa y jurisprudencia
aplicable al caso, concluyó que no se materializaba la causal 5 para
declarar fundado el recurso extraordinario de revisión. En esa medida,
adujo que lo planteado en sede constitucional evidenciaba la
4 Al respecto, indicó que el principio de favorabilidad debía ser aplicado de forma oficiosa y citó la Sentencia de
25 de septiembre de 2017, Rad. 68001-23-33-000- 2013-00687-01(20910).
5 Consejo de Estado, Sección Cuarta. Rad. 25000-23-37-000- 2012-00024-01 (20268).
4 de 10
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01263-01
Demandante: Luis Estrada & Cía. Sucesores SAS
Demandado: Consejo de Estado - Sección Cuarta y otro
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Modifica
______________________________________________________________________________________________________________
inconformidad de la parte actora con la aludida decisión que, en virtud de
los principios de autonomía e independencia judicial, debía ser respetada.
15. La parte actora impugnó la decisión de primera instancia. En su
escrito, reiteró que no se tuvo en cuenta la vulneración al debido proceso
como causal de revisión6, por lo que, a su juicio, la Sentencia de 31 de
enero de 2024, que declaró infundado el recurso extraordinario de revisión
impetrado contra la Sentencia de 15 de octubre de 2020 que confirmó la
de 5 de diciembre de 2018, contenía yerros y, en esa medida, era
susceptible de ser analizada por el juez constitucional.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Identificación de las providencias objeto de estudio. 2.2. Procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. 2.3. Conclusión.
2.1. Identificación de las providencias objeto de estudio
16. La Sala, de superarse los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela, se centrará en analizar los reparos invocados respecto
de la Sentencia de segunda instancia proferida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado el 15 de octubre de 2020, puesto que, pese a que
también se enjuició la sentencia de primera instancia de 5 de diciembre
de 20187, dictada por la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, lo cierto es que, con ocasión del recurso
de apelación, la decisión de esta corporación fue la que resolvió el litigio.
Asimismo, ante una eventual decisión favorable a las súplicas de amparo,
será la autoridad que resolvió la controversia en segunda instancia, la
encargada de dar cumplimiento a lo que se ordene.
17. En consecuencia, se estudiará la Sentencia de 15 de octubre de
2020, junto con la providencia de 31 de enero de 2024 que fue proferida
dentro del recurso extraordinario de revisión No. 11001-03-15-000-2021-
07295-00 y que también se enjuició.
2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial8
18. La Sala modificará la sentencia de primera instancia que declaró la
improcedencia respecto de las providencias proferidas en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho No. 25000-23-37-000-2014-00488-
00/01, y negó el amparo solicitado frente a la providencia dictada en el
6 Respecto de lo cual agregó que (se trascribe) “la jurisprudencia ha determinado que la violación al derecho
fundamental al debido proceso también permite estructurar la causal de revisión”, pero no identificó
providencia alguna.
7 Dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 25000-23-37-000-2014-00488-00/01.
8 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la
Sentencia T-066 de 2019.
5 de 10
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01263-01
Demandante: Luis Estrada & Cía. Sucesores SAS
Demandado: Consejo de Estado - Sección Cuarta y otro
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Modifica
______________________________________________________________________________________________________________
recurso extraordinario de revisión No. 11001-03-15-000-2021-07295-00, para,
en su lugar, declarar improcedente la acción de tutela frente a todos los
reparos en contra de las providencias referidas, por las siguientes razones:
19. En lo atinente a la Sentencia de 15 de octubre de 2020 del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho referido, la Sala considera que
no se satisfizo el requisito de inmediatez.
20. En lo relacionado con la inmediatez, la Corte Constitucional9 ha
sostenido que, aunque la acción de tutela no tiene un término de
caducidad, la misma debe presentarse dentro de un “término razonable y
proporcionado”, contado a partir del hecho u omisión generadora de la
vulneración o amenaza de derechos fundamentales, pues, de no ser así, se
afectaría la seguridad jurídica, los derechos de terceros, e incluso, se
desnaturalizaría la acción y, en relación con la acción de tutela contra
providencias judiciales, se comprometería la cosa juzgada y la firmeza de
las decisiones judiciales, por lo cual, según la Corte, aquí, el examen de
inmediatez debe ser más estricto.
21. Por su parte, la Sala Plena de esta Corporación, mediante Sentencia
de unificación de 5 de agosto de 201410, estableció, como regla general,
que el mecanismo de amparo debe promoverse en un plazo máximo de 6
meses contados a partir de la notificación o ejecutoria de la providencia
objeto de reproche constitucional. No obstante, al igual que la Corte
Constitucional, sostuvo que “en cada caso concreto deberá evaluarse
este requisito a fin de que no se desvirtúe la razón de ser de la acción de
tutela”.
22. Así, para estudiar o valorar la inmediatez en concreto y establecer si
la acción es procedente, se ha considerado que el plazo oportuno es de 6
meses, salvo que, según la Corte Constitucional, se configuren alguna de
estas circunstancias, que no son taxativas, en el caso sometido a revisión:
(1) el accionante presente razones válidas para su tardanza en presentar la
acción constitucional, (2) que a pesar del paso del tiempo, la vulneración
o amenaza de los derechos fundamentales continúe y sea actual o (3) que
la exigencia de la interposición de la acción en un término razonable
resulte desproporcionada, dadas las circunstancias de debilidad
manifiesta en la que se encuentra el demandante.
23. En el presente caso, la Sala observó que la acción de tutela no se
presentó dentro un plazo razonable, pues, entre la fecha de notificación
9 Sentencia SU-18 de 2018.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de unificación por importancia
jurídica de 5 de agosto de 2014. Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
6 de 10
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01263-01
Demandante: Luis Estrada & Cía. Sucesores SAS
Demandado: Consejo de Estado - Sección Cuarta y otro
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Modifica
______________________________________________________________________________________________________________
de dicha decisión (26/10/2011) y la presentación de la tutela (14/3/24),
trascurrieron más de 3 años y 4 meses, plazo que no resulta razonable. Más
si se tiene en cuenta que no se configuró algún supuesto o circunstancia
especial que permitiera aceptar una interposición después de ese plazo.
24. Sobre este aspecto, la Sala precisa que, como el recurso
extraordinario de revisión, no constituye una instancia adicional del
proceso ordinario, que en este caso era el de nulidad y restablecimiento
del derecho, sino que se trata de un nuevo proceso ajeno e independiente
a aquel, el estudio y contabilización de la inmediatez se efectuó, de
manera autónoma y distinta, respecto de las providencias que se
profirieron en los procesos aludidos y se llegó a la conclusión de que no se
cumplió en relación con la Sentencia de 15 de octubre de 2020 del
proceso ordinario.
25. Ahora, frente a la Sentencia de 31 de enero de 2024 del recurso
extraordinario de revisión aludido, la Sala, contrario a lo expuesto por el
juez de primera instancia12, considera que no se cumplió con el requisito de
relevancia constitucional.
26. En términos de la Corte Constitucional, la relevancia constitucional
(se trascribe) “protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que
la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir
debates meramente legales”13.
27. Dicha Corporación, igualmente, ha establecido que, cuando la
acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta
corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales14.
28. En ese sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de
5 de agosto de 2014, adujo expresamente que el requisito que se analiza
requiere la conjunción de 2 elementos: la carga argumentativa por parte
del demandante en la que explique la relevancia de la controversia para
el juez de tutela15; que la solicitud de amparo no se presente con el objeto
11 Se precisa que, sobre la notificación realizada, en el índice 24 de SAMAI obra que la notificación se efectuó el
23 de octubre de 2020. Igualmente, consta en el expediente digital ordinario el Oficio No. 1859 de 6 de
noviembre de 2020 en donde el secretario de la Sección Curta del Consejo de Estado certificó que la Sentencia
de 15 de octubre de 2020 fue (se trascribe) “notificada legalmente a las partes por Estado (…) fijado el 26 de
octubre de 2020 y quedó ejecutoriada el día 29 de octubre de 2020 a las 5:00pm.”
12 El cual estimó que (se trascribe) “a) la relevancia está dada por los derechos fundamentales invocados como
vulnerados por la providencia cuestionada”.
13 Corte Constitucional, Sentencias SU 573 de 2019, SU 128 de 2021 y SU 215 de 2022.
14 Ibidem.
15 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El
primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el
asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
7 de 10
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01263-01
Demandante: Luis Estrada & Cía. Sucesores SAS
Demandado: Consejo de Estado - Sección Cuarta y otro
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Modifica
______________________________________________________________________________________________________________
de obtener una nueva instancia16; y que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad17.
29. De la revisión del escrito de tutela, la Sala evidenció que la
controversia carece de relevancia constitucional en la medida que, si bien
la parte actora hizo alusión a varios defectos, pretendió revivir un debate
propio del juez natural y utilizar la acción de tutela como una instancia
adicional, pues, reiteró lo relativo a la observancia del principio de
favorabilidad y, con ello, la revisión de los actos administrativos enjuiciados,
de conformidad con lo consagrado en el ET y la Ley 1607 de 2012. Reparos
que fueron objeto de pronunciamiento por parte de la Sala 21 Especial de
Decisión del Consejo de Estado, al analizar la causal de nulidad originada
en la sentencia (se trascribe):
“Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, es preciso señalar que
la recurrente alega que sentencia del Consejo de Estado, Sección del 15 de
octubre de 2020, incurrió en la causal del numeral 5 del artículo 250 del
CPACA, por violación del principio de favorabilidad.
Como antes se indicó para que haya lugar a la declaratoria de nulidad de la
sentencia es necesario que se invoque alguna de las causales del artículo 133
del CGP, o cualquier otra irregularidad que atente contra el derecho
fundamental al debido proceso, cuyo origen, en ambos casos, debe
establecerse en el momento en que se expidió la providencia o,
excepcionalmente antes, siempre que se pruebe que la nulidad no pudo ser
advertida durante el proceso. En el presente asunto tales irregularidades no se
configuraron, motivo por el cual no se materializa la causal de revisión
invocada, y lo que se avizora es la utilización de este medio de impugnación
para pretender convertirlo en una instancia adicional, con argumentos que
correspondía ser planteados en el proceso ordinario y que escapan al ámbito
del recurso extraordinario de revisión. Dichos argumentos consisten en que
debe darse cabida al principio de favorabilidad dado que la sentencia
recurrida no tuvo en cuenta que el artículo 111 de la Ley 1607 de 2012 subrogó
automáticamente el artículo 260 numeral 1 del E.T., por lo que desapareció del
ordenamiento jurídico la norma que obligaba a la Sociedad Luis Estrada &
CIA. Sucesores S.A.S a presentar la Declaración Informativa de Precios de
Transferencia –DIPT–-; es decir, como dejó de regir el numeral 9 del artículo 450
ibidem corrió igual suerte el motivo de sanción.
(…)
Además, la pretensión de que se infirme la sentencia para que se realice con
fundamento en el principio de favorabilidad un nuevo reexamen normativo,
no es una circunstancia que configure la causal invocada, pues, como lo ha
reiterado esta corporación en múltiples oportunidades «no es posible plantear
cuestionamientos frente a una sentencia relacionados con la no aplicación de
una norma de derecho o su indebida interpretación o aplicación, ya que
todas estas circunstancias están por fuera de la naturaleza de la causal
invocada».”
contra providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la
carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple
tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
16 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia
procesal adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión
del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
17 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos
fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no
involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
8 de 10
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01263-01
Demandante: Luis Estrada & Cía. Sucesores SAS
Demandado: Consejo de Estado - Sección Cuarta y otro
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Modifica
______________________________________________________________________________________________________________
(…)
En ese sentido, la procedencia del recurso extraordinario se limita al
cumplimiento de la causal específica; en este caso, a las previsiones del
numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, sin que haya lugar a
interpretaciones extensivas o analógicas —principio de taxatividad—18, 15
pues, como lo ha reiterado esta corporación en su jurisprudencia,16 la revisión
no constituye una instancia adicional en la que pueda replantearse el litigio ya
resuelto.”
30. Habida cuenta de lo anterior, esta Sala estima que la tutela no
puede convertirse en una instancia adicional en la que se estudien
aspectos debatidos y resueltos por el juez natural. En ese sentido, se
recuerda que las diferencias interpretativas que existieren entre el
demandante y el juez natural de la causa no constituyen, por sí mismas, la
justificación para que el juez de tutela revise las decisiones del juez
ordinario.
31. En otras palabras, la presentación simple de las discrepancias entre
lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia dicha decisión vía
tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por qué el asunto es
constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una tutela contra
providencia judicial, pues este es un mecanismo constitucional de amparo
de derechos fundamentales de carácter excepcional19.
2.3. Conclusión
32. Para la Sala, existen razones suficientes para tener por no cumplidos
los requisitos de inmediatez y relevancia constitucional y, en consecuencia,
se abstendrá de estudiar los demás requisitos y modificará la sentencia
impugnada para, en su lugar, declarar la improcedencia respecto de
todo.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia de tutela proferida el 25 de abril de
2024, por medio de la cual la Subsección A de la Sección Segunda del
18 “Sobre el particular, la Corte Constitucional, en sentencia T-125 de 2010, consideró que «[...] la taxatividad de
las causales de nulidad significa que solo se pueden considerar vicios invalidadores de una actuación aquellos
expresamente señalados por el legislador y, excepcionalmente, por la Constitución, como el caso de la nulidad
que se presenta por la práctica de una prueba con violación del debido proceso»”.
19 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659
de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
9 de 10
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01263-01
Demandante: Luis Estrada & Cía. Sucesores SAS
Demandado: Consejo de Estado - Sección Cuarta y otro
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Modifica
______________________________________________________________________________________________________________
Consejo de Estado declaró improcedente y negó la presente acción de
tutela, para que disponga:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela
presentada por Luis Estrada & Cía., Sucesores SAS, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin20.
TERCERO: Por Secretaría General REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con aclaración de voto
Ausente con excusa
ALBERTO MONTAÑA PLATA
20 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
10 de 10
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.