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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01266-00

Fecha
18 de abril de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01266-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al trabajo de la señora Gloria Amparo García Bonilla, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ORDENAR a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali - Valle del Cauca que, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente sentencia, si aún no lo hubiere hecho, adelante todas las gestiones tendientes a expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para garantizar la provisión de los recursos necesarios con el propósito de autorizar el reemplazo de las vacaciones de la señora Gloria Amparo García Bonilla. Una vez cuente con los recursos necesarios deberá COMUNICAR tal novedad de manera inmediata a la Juez Primero Promiscuo de Familia del Circuito de Buenaventura. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-01266-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

18 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01266-00
Accionante: GLORIA AMPARO GARCÍA BONILLA
Accionado: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – SE AMPARA. Los obstáculos de índole administrativo no
pueden ser una justificación para negar el disfrute de las vacaciones a que tienen
derecho los empleados judiciales.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Gloria Amparo García
Bonilla contra la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora Gloria Amparo García Bonilla solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales a la igualdad, a la seguridad social y a “[…] gozar de vacaciones
[…]”, cuya vulneración le atribuyó al Oficio núm. DESAJCLO24-1014 de 7 de marzo
de 20241, proferido por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali,
mediante el cual se negó la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal
para garantizar la contratación de su reemplazo.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Informó que se encuentra vinculada a la Rama Judicial en el cargo en propiedad
denominado “[…] Asistente Social […]” del Juzgado Primero Promiscuo de Familia
de Buenaventura.

1
Mediante el cual se resolvió la “Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal para reemplazo de Vacaciones de
Gloria Amparo García Bonilla – Asistente Social”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01266-00
Accionante: Gloria Amparo García Bonilla

2.2. Indicó que el 6 de marzo de 2024 solicitó a la Juez Primero Promiscuo de Familia
de Buenaventura que le concediera el disfrute de sus vacaciones individuales
causadas entre “[…] el 4 de julio del 2021 hasta 03 de julio del año 2022 […]”, las
cuales desea disfrutar entre “[…] el 08 de julio al 01 de agosto de 2024, inclusive
[…]”.

2.3. Señaló que, mediante Resolución núm. 002-2024 del 6 de marzo de 2024, la
Juez Primero Promiscuo de Familia de Buenaventura, le concedió el disfrute de las
vacaciones solicitadas, pero señaló que “[…] el disfrute de las vacaciones aquí
reconocidas y concedidas está supeditado a la expedición del respectivo certificado
de disponibilidad presupuestal que debe emanar de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial del Valle del Cauca […]”.

2.4. Relató que el 6 de marzo de 2024 la Juez Primero Promiscuo de Familia de
Buenaventura solicitó a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali -
Valle del Cauca, expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para el
reemplazo de las vacaciones individuales concedidas a la empleada Gloria Amparo
García Bonilla.

2.5. Refirió que, mediante Oficio núm. DESAJCLO24-1014 de 7 de marzo de 2024,
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali negó la expedición de
dicho certificado, bajo el argumento de que “[…] no le está dado, gestionar recursos
presupuestales para reemplazos por vacaciones de empleados judiciales […]”.

2.6. Manifestó que el despacho en el que presta sus servicios como asistente social,
está conformado por “[…] Juez, secretaria, un asistente social, un escribiente y un
citador […]” y que, no es posible asignar sus funciones a otro empleado, lo que
conlleva a que el trabajo quede suspendido afectando con ello la prestación del
servicio.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1º.- Se ordene a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DEL VALLE del Cauca que proceda a emitir el
respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal con el fin de allegarlo al
Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Buenaventura Valle y poder gozar
de mi periodo de vacaciones al cual hice alusión en el acápite de hechos […]”.
[Mayúscula original del texto]

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 20 de marzo de 2024, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la acción de tutela contra la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Cali. Asimismo, vinculó en calidad de terceros con interés
directo en el resultado del proceso al Consejo Superior de la Judicatura - Dirección

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Accionante: Gloria Amparo García Bonilla

Ejecutiva de Administración Judicial y al Juzgado Primero Promiscuo de Familia del
Circuito de Buenaventura.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,
se allegó el siguiente informe:

5.1. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali, a través de la
Directora Seccional de Administración Judicial (E), solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela en virtud a que “[…] no es decisión caprichosa de
la administración el no disponer recursos para el reemplazo del descanso de los
empleados, sino que, obedece al cumplimiento de las directrices del Consejo
Superior de la Judicatura en la Circular PSAC11-44 del año 2011; la cual, no ha sido
derogada, ni suspendida […]”.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia de la Sala

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20153, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20214, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195.

VI.2. Problemas jurídicos

7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer si existe
una vulneración de los derechos fundamentales de la señora Gloria Amparo García
Bonilla, con ocasión del Oficio núm. DESAJCLO24-1014 de 7 de marzo de 2024,
que dispuso no expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para la
contratación de su reemplazo por vacaciones individuales.

8. Con el fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: (i) derecho al trabajo en conexidad con el disfrute de las
vacaciones de los empleados judiciales; para luego proceder a (ii) resolver el caso
concreto.

VI.3. Derecho al trabajo en conexidad con el disfrute de las vacaciones de los
empleados judiciales

2
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
3
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
4
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Accionante: Gloria Amparo García Bonilla

9. La Constitución Política prevé, en su artículo 25, que el trabajo es un derecho y
una obligación social que goza de especial protección por parte del Estado.
Asimismo, señala que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones
dignas y justas.

10. Por su parte, el artículo 53 superior detalla varias garantías fundamentales de
obligatoria e ineludible observancia, entre las que se encuentran: el derecho a la
igualdad de oportunidades y la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales. Igualmente, establece como una garantía mínima
en favor de los trabajadores, la concerniente al descanso remunerado, el cual tiene
como propósito que el empleado recupere las energías ante el desgaste normal de
las mismas originado por la actividad laboral.

11. Al respecto, la Corte Constitucional ha definido las vacaciones como:

“[…] [U]n derecho del que gozan todos los trabajadores, como quiera que
el reposo es una condición mínima que ofrece la posibilidad de que el
empleado renueve la fuerza y la dedicación para el desarrollo de sus
actividades. Las vacaciones no son entonces un sobre sueldo sino un derecho
a un descanso remunerado. Por ello, la compensación en dinero de las
vacaciones está prohibida, salvo en los casos taxativamente señalados en la
ley, puesto que la finalidad es que el trabajador efectivamente descanse. Una
de las situaciones de excepción es en caso de que los trabajadores se
desvinculen del servicio, y no hayan gozado de su derecho al descanso
remunerado, pueden recibir una indemnización monetaria […]”6. [Negrilla fuera
del texto]

12. Aunado a lo anterior, la citada corporación ha sostenido que: “[…] uno de los
derechos fundamentales del trabajador, es el descanso, el cual está definido por el
Diccionario de la Real Academia como quietud o pausa en el trabajo o fatiga […]”7.

13. En efecto, la naturaleza iusfundamental de este derecho se deduce de la
interpretación sistemática8 de los artículos 1º, 25 y 53 de la Constitución Política, en
tanto el descanso es una consecuencia necesaria de la relación laboral y constituye
uno de los principios mínimos fundamentales del trabajo.

14. Ahora bien, el régimen de vacaciones de los funcionarios y empleados de la
Rama Judicial se encuentra establecido en el artículo 146 de la Ley 270 de 7 de
marzo de 19969, en los siguientes términos:

“[…] Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial serán
colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos Superiores
y Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados
Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales
Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

6
Corte Constitucional. Sentencia C-598 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero; 20 de noviembre de 1997.
7
Corte Constitucional. Sentencia C-710 de 1996, M.P. Jorge Arango Mejía; 9 de diciembre de 1996.
8
Al respecto, también puede consultarse las sentencias T-09 de 1993 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-024 de 1998 M.P.
Hernando Herrera Vergara.
9
“Estatutaria de la Administración de Justicia”.

5
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01266-00
Accionante: Gloria Amparo García Bonilla

Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades
del servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la
Judicatura por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el
respectivo nominador en los demás casos, por un término de veintidós días
continuos por cada año de servicio […]”.

15. Cabe resaltar que la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad del citado
artículo, precisó lo siguiente:

“[…] Según se señaló a propósito del artículo 12 del presente proyecto de ley,
el ejercicio de la función pública y permanente de administrar justicia deberá
realizarse “con las excepciones que establezca la ley” (Art. 228). Significa ello,
como se explicó, que el legislador tiene plena competencia para determinar
los casos en que la rama judicial pueda cesar transitoriamente sus
actividades, en las mismas condiciones que las normas laborales lo
establecen para los demás funcionarios del Estado y los particulares. Así,
entonces, puede la ley -o en su defecto la autoridad competente- fijar o
modificar, dentro de unos márgenes razonables, los horarios de trabajo,
disponer los días de descanso y determinar los períodos de vacaciones -
individuales o colectivas-, sin que ello atente o comprometa el carácter de
permanente que la Carta Política le ha dado a la administración de justicia […]”.
[Negrilla fuera del texto]

16. A partir de lo anterior, se puede concluir que, en atención al contenido del artículo
146 de la Ley 270 de 1996, el régimen de vacaciones de los empleados de la Rama
Judicial se escinde en dos modalidades, a saber: a) los servidores que disfrutan sus
vacaciones de manera colectiva, y b) los empleados cuyo régimen vacacional es
individual y que pertenecen a la “[…] Sala Administrativa de los Consejos Superiores
y Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados
Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales
Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses […]”.

17. Sin embargo, en ambos supuestos, el empleado de la Rama Judicial se hace
merecedor del derecho a disfrutar de sus vacaciones, el cual se considera
fundamental e irrenunciable y, por tanto, su afectación debe ser protegida a través
de la acción de tutela.

VI.4. El caso concreto

18. La señora Gloria Amparo García Bonilla solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales a la igualdad, a la seguridad social y a “[…] gozar de vacaciones
[…]”, cuya vulneración le atribuyó al Oficio núm. DESAJCLO24-1014 de 7 de marzo
de 2024, proferido por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali,
mediante el cual se negó la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal
para garantizar la contratación de su reemplazo.

VI.4.1. De la vulneración al derecho al trabajo en conexidad con el disfrute de
las vacaciones de los empleados judiciales en el sub lite

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01266-00
Accionante: Gloria Amparo García Bonilla

19. Descendiendo al caso objeto de estudio, se observa que lo pretendido por la
accionante es disfrutar de las vacaciones causadas en el periodo comprendido entre
el 4 de julio de 2021 hasta el 3 de julio de 2022, las cuales le fueron concedidas de
manera condicionada mediante Resolución núm. 002-2024 del 6 de marzo de 2024,
proferida por la Juez Primero Promiscuo de Familia de Buenaventura, esto es hasta
tanto se expida el certificado de disponibilidad presupuestal por parte de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, con el fin de nombrar el
respectivo reemplazo.

20. En ese sentido, las vacaciones, de acuerdo a los pronunciamientos de la Corte
Constitucional, deben ser entendidas como un derecho de naturaleza fundamental
y una garantía mínima del trabajador, pues a través de este se busca la
recuperación de las energías del empleado, afectadas con ocasión del desgaste
físico y mental producto del cumplimiento de las labores asignadas por el
empleador. Significa lo anterior, que en esta ocasión la acción de tutela constituye
un mecanismo idóneo para proteger la posible afectación de una garantía
constitucional.

21. En múltiples ocasiones esta Sección10 ha desatado asuntos similares al presente
accediendo a las solicitudes de amparo y, como consecuencia de ello, se ha emitido
órdenes para que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - DEAJ asigne
los recursos necesarios, para que las Direcciones Seccionales de Administración
Judicial puedan expedir el certificado de disponibilidad presupuestal que permita la
vinculación de una persona que cubra la ausencia de los accionantes, por
encontrarse disfrutando sus vacaciones.

22. Valga mencionar que el fundamento del amparo en dichas oportunidades
consistió en que: “[…] los asuntos de índole administrativo no pueden afectar el
derecho al goce y disfrute del período vacacional que legalmente les asiste a los
trabajadores […]”11. En efecto, en sentencia de 1.° de julio de 2021, esta Sala de
Decisión explicó lo siguiente:

“[…] [V]isto el marco normativo y jurisprudencial aplicable al asunto bajo estudio,
la Sala también comparte el criterio de la Sección Cuarta, en el sentido de que
las circunstancias administrativas no se compadecen con el derecho al
goce y disfrute del período vacacional que legalmente le asiste al actor,
teniendo en cuenta la injerencia del derecho a las vacaciones en el
derecho al trabajo en condiciones dignas, donde el descanso constituye una
garantía fundamental del empleado, además de una prestación social y un
derecho económico relacionado con la salud y la seguridad social de las
personas.
[…]

10
Ver, entre otras, las siguientes sentencias: i) de 5 de julio de 2019, expediente número 11001-03-15-000-2019-02681-00,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; ii) de 11 de octubre de 2019, expediente número 11001-03-15-000-2019-04170-00,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; iii) de 8 de mayo de 2021, expediente número 11001-03-15-000-2021-01627-00, C.P.
Hernando Sánchez Sánchez; iv) de 1° de julio de 2021, expediente número 11001-03-15-000-2021-01869-01, C.P. Nubia
Margoth Peña Garzón; v) de 11 de noviembre de 2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-04335-01, C.P. Nubia
Margoth Peña Garzón; vi) de 20 de enero de 2022, expediente número 11001-03-15-000-2021-10377-00, C.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés y vii) de 9 de junio de 2022, expediente número 25000-23-15-000-2022-00451-01, Hernando Sánchez
Sánchez.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de enero de 2022, expediente
número 11001-03-15-000-2021-10377-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Accionante: Gloria Amparo García Bonilla

En efecto, impedir el derecho al goce de las vacaciones por cuenta de
restricciones administrativas, no es una carga que deba soportar el
tutelante, por cuanto ello no implica que se puedan soslayar las
dificultades que la carga laboral, la insuficiencia de recursos, y algunas
veces, la acción desprendida y descuidada de quienes tienen a su cargo
la organización de los asuntos administrativos, de recursos humanos y
presupuestales de la rama, puedan proyectarse sobre los derechos de quienes
laboran en los despachos judiciales […]”12. [Negrilla fuera del texto]

23. Siguiendo esa misma línea argumentativa, esta Sección13 así como la
Subsección “B” de la Sección Segunda14, la Sección Cuarta y la Sección Quinta del
Consejo de Estado, han venido sosteniendo el criterio consistente en que los
asuntos de índole administrativo no pueden afectar el derecho al goce y disfrute del
período vacacional que legalmente les asiste a los trabajadores, por lo que, como
medida de protección del derecho, resulta procedente que el juez constitucional
ordene adelantar las gestiones pertinentes para obtener la expedición del CDP.

24. Teniendo en cuenta lo anterior, en criterio de la Sala existe una vulneración de
los derechos fundamentales de la señora Gloria Amparo García Bonilla, comoquiera
que no ha podido disfrutar de su periodo vacacional.

25. En este punto, resulta necesario precisar que es competencia de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial “[…] [a]ctuar como ordenador del gasto para el
cumplimiento de las obligaciones que correspondan […]”.

26. Asimismo, se resalta que el fundamento utilizado por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Cali para abstenerse de expedir el
certificado de disponibilidad presupuestal para el reemplazo de la accionante, radica
en que:

“[…] [L]a Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2023, emitida por el
Consejo Superior de la Judicatura, mediante la cual se deroga las circulares 44
y 89 de 2005, estableció el procedimiento para el nombramiento de reemplazos
en provisionalidad de los funcionarios judiciales que se encuentran sujetos al
régimen de vacaciones individuales, guardando silencio o excluyendo a los
servidores judiciales que ostentan la calidad de “empleados” […]”.

27. Lo anterior permite evidenciar que el motivo por el que la señora Gloria Amparo
García Bonilla no ha podido disfrutar de sus vacaciones, las cuales se encuentran
condicionadas, obedece a que no se ha expedido el certificado de disponibilidad
presupuestal, que garantice la contratación del reemplazo de la accionante.

28. En ese orden de ideas, recientemente, la Corte Constitucional en sentencia SU-
296 de 202315 puntualizó que para garantizarle al empleado el disfrute de su
derecho fundamental al descanso, es necesario que durante el tiempo que duren

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1° de julio de 2021, expediente
número 11001-03-15-000-2021-01869-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
13
20 de agosto de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-04569-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 16 de junio de
2021, expediente número 05001-23-33-000-2021-00738-01, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
15
Sentencia SU 296 de 3 de agosto de 23, M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar, Expedientes: T-8.735.764, T-8.939.602, T-
9.060.048, T-9.064.149, T-9.065.761, T-9.065.871, T-9.069.227, T-9.069.440, T-9.073.539, T-9.085.220, T-9.096.728, T-
9.098.050, T-9.101.700 y T-9.117.442.

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Accionante: Gloria Amparo García Bonilla

las vacaciones se le asignen las funciones a otra persona, para evitar que cuando
este se reincorpore a sus labores tenga tareas represadas que afecten su salud
física y mental y por ello dispuso:

“[…] [S]e definió que la acción de tutela era procedente para reclamar la
protección del derecho al descanso, cuando quiera que se advierta la negativa
de la DESAJ de expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para que
el nominador pueda conceder el periodo vacacional al cual tienen derecho los
funcionarios y empleados judiciales. Esto, bajo el entendido de que, en estos
casos, resulta desproporcionado exigirle a los funcionarios y empleados
judiciales que han causado periodos vacacionales, como es el caso de los
actores en los procesos sub examine, que acudan ante al juez contencioso
administrativo, cuando lo que se encuentra en juego es la salud mental y física
del trabajador y esta afectación se causa por una compleja interacción entre al
menos tres actos administrativos: la circular del Consejo Superior de la
Judicatura, que regula en términos generales el asunto; la negativa de las
Seccionales, que con fundamento en la circular niegan el certificado de
disponibilidad presupuestal; y la cancelación, suspensión o negativa de las
vacaciones, por parte de los nominadores, al no tener dicho certificado y, por
tanto, no poder designar un reemplazo. Al aplicar esta regla a los casos
acumulados, el estudio de procedencia concluyó que las tutelas son
procedentes y que, por tanto, era necesario analizar el fondo cada uno de estos
asuntos.

[…]

224. Para concluir este apartado, la Sala sostuvo que el Estado debe encontrar
fórmulas de arreglo que concilien estos dos intereses: los derechos de sus
servidores y la prestación continua de un servicio público esencial como la
administración de justicia. Sin que lo segundo pueda alcanzarse en desmedro
de lo primero, so pena de transgredir los derechos fundamentales al descanso
y a la dignidad humana de la población trabajadora vinculada a la administración
de justicia, pues las razones de índole administrativa no pueden ser utilizadas
de manera arbitraria para desconocer estos derechos.

225. En tercer lugar, al abordar la descripción del trámite administrativo que
actualmente regula la concesión de vacaciones a los empleados y funcionarios
judiciales cuyo régimen de vacaciones es individual, previsto en la Circular
PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011, expedida por el Consejo Superior de
la Judicatura, encontró que el reglamento administrativo que actualmente rige
en este asunto no regula el trámite administrativo de concesión de vacaciones
individuales a empleados judiciales, pues únicamente se refiere de forma
expresa al procedimiento para la concesión de vacaciones individuales a los
funcionarios judiciales de dicho régimen.

226. En cuarto lugar, al analizar los casos en concreto, la Sala encontró que la
situación administrativa a la cual se enfrentan los diferentes nominadores como
directores de los despachos judiciales es compleja y refleja que su negativa a
conceder las vacaciones a los actores no es necesariamente caprichosa e
injustificada, como lo afirman las diferentes DESAJ. Para arribar a esta
conclusión, tuvo en cuenta que, ante la negativa de las DESAJ a conceder los
certificados de disponibilidad presupuestal, el nominador se encuentra forzado
a elegir entre garantizar el adecuado funcionamiento del despacho a su cargo y
la satisfacción de los derechos laborales de los empleados que lo conforman.
Esto, porque los despachos judiciales cuyo régimen de vacaciones es individual
tienen una característica en común que se refiere a la urgencia, importancia y
volumen de los asuntos que deben tramitar de forma ininterrumpida, lo cual

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Accionante: Gloria Amparo García Bonilla

implica, además, la necesidad de garantizar la evacuación expedita de los
trámites a su cargo.

[…]

228. A partir de lo anterior, concluyó que en los casos analizados tanto las
DESAJ como el Consejo Superior de la Judicatura han contribuido a la
vulneración del derecho fundamental al descanso de los actores, pues no lo han
garantizado en debida forma. Frente a este aspecto, insistió en que a las
autoridades administrativas de la Rama Judicial les corresponde, por mandato
constitucional y legal, procurar la protección de los trabajadores judiciales y el
adecuado funcionamiento de la administración de justicia. De esta manera, se
planteó que los argumentos que aducen la ausencia de regulación del trámite
administrativo de concesión de vacaciones por parte del Consejo Superior de la
Judicatura, así como la inferencia de su prohibición tácita para el caso de la
contratación de remplazos para los empleados judiciales, desatienden las
obligaciones que le son exigibles a estas entidades frente a los derechos de los
funcionarios y empleados judiciales. Esto se ve intensificado por el hecho de
que en varios de los casos los actores cuentan con más de dos periodos de
vacaciones acumulados e, incluso, han tenido que recurrir en más de una
ocasión a la presentación de tutelas para que se les concedan las vacaciones.

229. A juicio de la Corte, tanto los empleados como los funcionarios judiciales
contribuyen en conjunto al funcionamiento efectivo y eficiente del sistema
judicial. Por lo tanto, garantizar un enfoque coherente y equitativo en cuanto al
descanso remunerado no solo apunta a proteger los derechos individuales de
los trabajadores, sino también a fortalecer la salud y el bienestar general del
sistema judicial. De manera que resulta inadmisible que, al amparo de una
supuesta ausencia de regulación del trámite administrativo, se dispensen
tratamientos diferenciados en la garantía de los derechos fundamentales entre
los funcionarios y empleados judiciales, así como entre aquellos que pertenecen
al régimen individual y los que están vinculados a juzgados cuyo régimen
vacacional es colectivo. Aunque la Circular PSAC11-44 del Consejo Superior
de la Judicatura no regula el trámite para la concesión de vacaciones
individuales a los empleados judiciales, la Sala afirmó que esto no significa que
aquellos no tengan derecho a que se programen sus vacaciones o a ser
remplazados durante el periodo en el cual disfrutan de dicha prestación, pues
ni la referida circular reglamenta el asunto ni lo prohíbe, como parecieran
entenderlo las DESAJ en sus respuestas durante los diferentes trámites de
tutela.

[…]

233. De este modo, al margen de los remedios judiciales a adoptar en cada
expediente en específico, la Sala encontró necesario impartir una orden al
Consejo Superior de la Judicatura para que, en un plazo que no exceda los seis
(6) meses contados a partir de la notificación de esta providencia, y previa
consulta y o participación de los jueces, adopte la reglamentación necesaria
para garantizar la efectividad del derecho a las vacaciones que se ejerzan en
forma individual al interior de la Rama Judicial, y, a partir de la debida
planeación, se prevenga la aplicación de razones de orden presupuestal,
logístico o administrativo como barreras para el disfrute de dicho derecho. Esta
reglamentación debe ser integral y suficiente para proteger y promover el
derecho al trabajo de los funcionarios y empleados judiciales en condiciones
dignas, lo cual debe comprender aspectos como el descanso, la salud mental y
física, el equilibrio entre la vida laboral y personal y la prevención del
agotamiento laboral […]”. [Subrayado fuera del texto]

10
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01266-00
Accionante: Gloria Amparo García Bonilla

29. Por lo anterior y teniendo en cuenta que la accionante no ha podido disfrutar sus
vacaciones individuales por la falta de expedición del certificado de disponibilidad
presupuestal para su reemplazo, la Sala concluye que se transgredió el derecho
fundamental al trabajo digno en conexidad con el derecho al descanso, cuya
vulneración es imputable a la accionada.

30. Por esto, se ampararán los derechos citados supra y se ordenará a la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Cali que realice los trámites requeridos para
la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal, a efectos de garantizar
los recursos necesarios con el propósito de contratar el reemplazo de la señora
Gloria Amparo García Bonilla en su periodo vacacional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al trabajo de la señora Gloria
Amparo García Bonilla, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali
• Valle del Cauca que, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contados a
partir de la notificación de la presente sentencia, si aún no lo hubiere hecho,
adelante todas las gestiones tendientes a expedir el certificado de disponibilidad
presupuestal para garantizar la provisión de los recursos necesarios con el propósito
de autorizar el reemplazo de las vacaciones de la señora Gloria Amparo García
Bonilla. Una vez cuente con los recursos necesarios deberá COMUNICAR tal
novedad de manera inmediata a la Juez Primero Promiscuo de Familia del Circuito
de Buenaventura.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01266-00
Accionante: Gloria Amparo García Bonilla

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Salva voto parcial

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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