Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01270-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01270-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01270-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
25 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01270-00
Accionante: Arnoldo Miguel Espitia Pérez
Accionados: Tribunal Administrativo de Córdoba
Temas: Acción de tutela por vulneración del derecho fundamental de
petición ante autoridad judicial
Decisión: Se niega el amparo porque no se encuentra acreditada la
vulneración del derecho fundamental de petición
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
I. ANTECEDENTES
La Sala de Subsección decide la acción de tutela interpuesta por el señor Arnoldo
Miguel Espitia Pérez, actuando a nombre propio, en contra del Tribunal
Administrativo de Córdoba.
1. HECHOS
El 1 de diciembre de 2023 el señor Arnoldo Miguel Espitia Pérez radicó petición
ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, despacho a cargo de la Dra. Nadia
Patricia Benites Vega, con el fin de solicitar información sobre el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 23001-23-33-
000-2013-00054-00.
Manifiesta que a la fecha de radicación de la presente tutela, no ha obtenido
respuesta alguna.
2. PRETENSIONES
Con fundamento en lo anterior, solicita:
«PRIMERO: EN TUTELAR (sic) el Derecho fundamental de PETICIÓN Y
DEBIDO PROCESO, con ocasión a la omisión de parte de la entidad accionada.
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ACCIÓN DE TUTELA
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Accionante: Arnoldo Miguel Espitia Pérez
SEGUNDO: ORDENAR a la magistrada del tribunal administrativo de
Córdoba Dra. NADIA PATRICIA BENITES VEGA, a que, en el término de 48
horas contadas a partir de la notificación del fallo, proceda a dar respuesta del
derecho de petición objeto de esta demanda».
3. INFORMES
El 19 de marzo se admitió la acción de tutela de la referencia y se ordenó notificar
como accionado a la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de
Córdoba.
El Tribunal Administrativo de Córdoba, por conducto de la magistrada a
cargo del proceso seguido por el accionante, manifestó que dio contestación a
la petición de información sobre el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 23001-23-33-000-
2013-00054-00, en la que manifestó que los datos de ese proceso no se
encuentran en los sistemas informáticos.
En ese orden de ideas, mediante correo electrónico del 5 de diciembre de 2023
le informó que la “plataforma tyba es de uso exclusivo de la jurisdicción ordinaria
y constitucional, los procesos que cursan en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo se deben consultar en la plataforma SAMAI.”, por lo que, la
información del proceso referenciado sí se encuentra en el aplicativo.
Asimismo, le remitió el link correspondiente para que pudiera consultar cualquier
proceso que requiriera.
Por lo expuesto, solicitó negar el amparo del derecho fundamental de petición
solicitado por el señor Arnoldo Miguel Espitia Pérez.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.
2. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de Subsección
que el problema jurídico se circunscribe a establecer si la autoridad judicial
accionada vulneró los derechos fundamentales de petición y debido proceso del
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Accionante: Arnoldo Miguel Espitia Pérez
señor Arnoldo Miguel Espitia Pérez.
3. Procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000 y fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando éstos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Ahora bien, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que, “cuando se
trata de proteger el derecho de petición, el ordenamiento jurídico colombiano no
tiene previsto un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz diferente a la acción
de tutela”1. En ese orden de ideas, cuando se genere una presunta afectación al
derecho fundamental de petición no existe otro mecanismo que permita
efectivizar el mismo y se puede acudir directamente a la acción constitucional.
4. Del derecho fundamental de petición
El derecho fundamental de petición, consagrado en el Artículo 23 de la
Constitución Política de Colombia, permite el establecimiento de una
comunicación efectiva entre la Administración y los ciudadanos, cuya fluidez y
eficacia constituye una exigencia impostergable para los ordenamientos
organizados bajo la insignia del Estado Democrático de Derecho.
Así mismo, las reglas consagradas en la Constitución y la ley y desarrolladas
por la jurisprudencia, dan cuenta de la calidad que debe tener la respuesta que
se brinde: la misma debe resolver el fondo del asunto, sin que ello implique la
concesión o la negación de lo pedido; y debe ser coherente, entendiendo por
ello la armonía entre lo solicitado por el peticionario y la decisión adoptada por
la peticionada. Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado:
“Al respecto, esta Corporación ha señalado que la respuesta de la autoridad
debe ser: “(i) clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil
comprensión; (ii) precisa, de manera que atienda directamente lo pedido sin
reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas
1 Sentencia T-410 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Véase también, entre otras, la sentencia T-
T-149 de 2013.
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; (iii) congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea
conforme con lo solicitado; y además (iv) consecuente con el trámite que se ha
surtido, de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de
petición formulada dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la
cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta
como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta
relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por
las cuales la petición resulta o no procedente”2 (se resalta fuera del original).
La respuesta de fondo no implica tener que otorgar necesariamente lo solicitado
por el interesado3, salvo cuando esté involucrado el derecho de acceso a la
información pública (art. 74 C.P.4),
(…)
4.5.5. Notificación de la decisión. Finalmente, para que el componente de
respuesta de la petición se materialice, es imperativo que el solicitante
conozca el contenido de la contestación realizada. Para ello, la autoridad
deberá realizar la efectiva notificación de su decisión, de conformidad con
los estándares contenidos en el CPACA5. El deber de notificación de
mantiene, incluso, cuando se trate de contestaciones dirigidas a explicar
sobre la falta de competencia de la autoridad e informar sobre la remisión
a la entidad encargada.”6
2. Del derecho de petición ante autoridades judiciales7
En lo que respecta al derecho de petición ante las autoridades judiciales, la Corte
Constitucional ha señalado8 que, si bien es cierto, este derecho puede ejercerse
ante los jueces y, en consecuencia, estos se hallan obligados a tramitar y
responder las solicitudes que se les presenten en los términos que la ley señale,
pues de no hacerlo desconocen esta garantía fundamental, también lo es que el
juez y las partes están sometidos a las reglas propias del proceso judicial:
«El juez o magistrado que conduce un proceso judicial está sometido -como
2 Sentencia T-610 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Véase también, entre otras, las sentencias T-430 de
2017, T-206 de 2018, T-217 de 2018, T-397 de 2018 y T-007 de 2019.
3 Desde sus inicios, esta Corporación diferenció el derecho de petición del derecho de lo pedido.
Puntualmente, se ha dicho que: “no se debe confundir el derecho de petición (…) con el contenido de lo que
se pide, es decir[,] con la materia de la petición. La falta de respuesta o la resolución tardía son formas de
violación de aquél y son susceptibles de la actuación protectora del juez mediante el uso de la acción de
tutela, pues en tales casos se conculca un derecho constitucional fundamental. En cambio, lo que se debate
ante la jurisdicción cuando se acusa el acto, expreso o presunto, proferido por la administración, alude al
fondo de lo pedido, de manera independiente del derecho de petición como tal. Allí se discute la legalidad
de la actuación administrativa o del acto correspondiente, de acuerdo con las normas a las que estaba
sometida la administración, es decir que no está en juego el derecho fundamental de que se trata sino otros
derechos para cuya defensa existen las vías judiciales contempladas en el Código Contencioso
Administrativo y, por tanto, respecto de ella no cabe la acción de tutela salvo la hipótesis del perjuicio
irremediable (artículo 86 C.N).” Sentencia T-242 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Véanse
también, entre otras, las Sentencias T-180 de 2001, T-192 de 2007, T-558 de 2012 y T-155 de 2018.
4
Artículo 74 de la Constitución Política: “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos
públicos salvo los casos que establezca la ley. (…)”
5 Capítulo V de la Ley 1437 de 2011, sobre PUBLICACIONES, CITACIOES, COMUNICACIONES Y
NOTIFICACIONES.
6 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-230 de 2020.
7
Corte Constitucional, sentencia T-192 de 2007.
8 Sentencia T-334 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
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Accionante: Arnoldo Miguel Espitia Pérez
también las partes y los intervinientes- a las reglas del mismo, fijadas por la
ley, lo que significa que las disposiciones legales contempladas para las
actuaciones administrativas no son necesariamente las mismas que debe
observar el juez cuando le son presentadas peticiones relativas a puntos
que habrán de ser resueltos en su oportunidad procesal y con arreglo a las
normas propias de cada juicio (artículo 29 C.P.)»9.
Por lo tanto, la misma Corte advirtió que:
«Debe distinguirse con claridad entre aquellos actos de carácter
estrictamente judicial y los administrativos que pueda tener a su cargo el
juez. Respecto de estos últimos son aplicables las normas que rigen la
actividad de la administración pública, es decir, en la materia bajo análisis,
las establecidas en el Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de
1984)»10.
Asimismo, señaló:
«Las actuaciones del juez dentro del proceso están gobernadas por la
normatividad correspondiente, por lo cual las solicitudes que presenten las
partes y los intervinientes dentro de aquél en asuntos relacionados con la
litis tienen un trámite en el que prevalecen las reglas del proceso»11.
En consecuencia, la solicitud de pruebas, acumulación de procesos, de denuncia
del pleito, entre otros, se deben tramitar conforme a las reglas señaladas por los
respectivos ordenamientos procesales.
En ese orden de ideas, el máximo tribunal constitucional estableció que la
omisión del funcionario judicial en resolver las solicitudes formuladas por las
partes o sus apoderados, propias de la actividad jurisdiccional, no configura una
violación del derecho fundamental de petición, sino al debido proceso12 y al
acceso de la administración de justicia,13 en la medida en que dicha conducta, al
desconocer los términos de ley sin motivo probado y razonable, implica una
dilación injustificada14 al interior del proceso judicial, la cual está proscrita por el
ordenamiento constitucional (CP, arts. 29 y 229).
9 Ibídem
10 Ibídem
11 Sentencia T-344 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
12
Ver las sentencias T-377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-178 de 2000, M.P. José Gregorio
Hernández Galindo; T-007 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra y T-604 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
13El derecho de acceso a la administración de justicia ha sido desarrollado por la Corte Constitucional en
varias sentencias; entre ellas, pueden citarse las siguientes: Sentencia T-006 de 1992, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz; T-173 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-416 de 1994 y T-268 de 1996,
M.P. Antonio Barrera Carbonell, entre muchas otras.
14 Corte Constitucional T-368/95 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01270-00
Accionante: Arnoldo Miguel Espitia Pérez
5. Caso concreto
El señor Arnoldo Miguel Espitia Pérez acude a la acción de tutela con el fin de
obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de
petición, los cuales considera vulnerados por la omisión en la contestación del
derecho de petición que radicó el 1 de diciembre de 2023, por parte del Tribunal
Administrativo de Córdoba.
Ahora bien, de las pruebas obrantes en el proceso, se observa que el señor
Miguel Espitia Pérez en el derecho de petición15 manifestó que una vez verificada
la plataforma tyba, no encontró el estado del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 23001-23-33-000-2013-
00054-00.
En dicho escrito solicitó: (i) información sobre el estado actual del proceso y los
motivos por los cuales no ha tenido más actuaciones registradas desde el año
2021; (ii) la decisión sobre la oferta de revocatoria y la respuesta de la
gobernación del Córdoba ; (iii) posición del Despacho frente a la expedición del
certificado de disponibilidad presupuestal proferido por el departamento de
Córdoba y; (iv) información sobre el estado de la liquidación y actualización de
los valores reconocidos (sanción moratoria, intereses e indexación).
En respuesta a los requerimientos del accionante, mediante correo electrónico
del 5 de diciembre de 202316 la secretaría del Tribunal Administrativo de Córdoba
le informó que la plataforma tyba es de uso exclusivo de la jurisdicción ordinaria
y constitucional, por lo que su proceso lo podía encontrar en el aplicativo SAMAI
y le envío el link para su respectiva consulta.
En ese orden de ideas, si bien se observa que en el derecho de petición obran
otros requerimientos, se advierte que tienen una relación concreta con el trámite
judicial que se está surtiendo en el Tribunal Administrativo de Córdoba, propio de
la ritualidad del proceso referenciado el cual puede ser consultado por el
accionante a través del sistema de gestión judicial SAMAI.
Así las cosas, la Sala advierte que la autoridad judicial accionada no incurrió en
la vulneración del derecho de petición del accionante, por cuanto le informó y le
remitió link del aplicativo a través del cual puede consultar el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 23001-23-33-000-
2013-00054-00.
15 Que reposa en el índice 2 del expediente visible en SAMAI.
16 Que reposa en el índice 10 del expediente visible en SAMAI.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01270-00
Accionante: Arnoldo Miguel Espitia Pérez
En ese orden de ideas, se negará la solicitud de amparo requerida por el señor
Arnoldo Miguel Espitia Pérez.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Negar el amparo solicitado por el señor Arnoldo Miguel Espitia Pérez,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada en el tiempo oportuno,
remítase el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTÍERREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
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