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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01276-00

Fecha
26 de abril de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodríguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01276-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por Yeison Andrés Avellaneda Camargo por los motivos expuestos en las consideraciones de esta providencia SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR la presente providencia, si no fuere impugnada, a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-01276-00

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

26 de abril de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01276-00
Accionante: Yeison Andrés Avellaneda Camargo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., veintiséis (26) de abril de dos mil veinticuatro (2024).

Radicado número: 11001-03-15-000-2024-01276-00.
Accionante: Yeison Andrés Avellaneda Camargo.
Accionados: Juzgado Único Administrativo del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina y Tribunal Administrativo del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina.
Referencia: Acción de tutela.

Tema. Tutela contra providencia judicial.
Subtema 1. Requisitos generales de la acción de tutela contra providencia judicial.
Subtema 2. Procedibilidad de la acción de tutela/relevancia constitucional/subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide en primera instancia la acción de tutela incoada por Yeison Andrés
Avellaneda Camargo en contra del Juzgado Único Administrativo del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y el Tribunal
Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina.

I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de tutela

El señor Yeison Andrés Avellaneda Camargo solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia que
consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y el Juzgado Único Administrativo del
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina con
ocasión del auto del 30 de octubre de 2023 en el que, esta última autoridad judicial
negó la solicitud de nulidad de todo lo actuado por falta de competencia dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado
88-001-33-33-001-2020-00045-00/01.

1.2. Hechos probados

De lo narrado por el accionante en el escrito de tutela y de las pruebas allegadas al
expediente la Sala resume los siguientes:

1.2.1. El señor Yeison Andrés Avellaneda Camargo por medio de apoderado,
formuló demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, orientada a obtener la nulidad de
la Resolución número 04332 del 30 de septiembre de 2019 — notificada el 15 de
octubre siguiente —, mediante la que, la Dirección General de la Policía Nacional
ejecutó la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad por el término de 10 años
por abandono del cargo, así como de los fallos DESAP-2018-47 del 4 de diciembre
de 2018 y DESAP-2018-47 del 26 de agosto de 2019 dictados en primera y segunda
instancia, respectivamente, en el proceso disciplinario promovido en su contra. A
título de restablecimiento del derecho solicitó el reintegro al servicio activo y el pago
de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir hasta que sea efectivo su
reintegro.

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Accionante: Yeison Andrés Avellaneda Camargo

1.2.2. El proceso fue conocido en primera instancia por el Juzgado Único
Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina que, mediante sentencia del 7 de junio de 20221, negó las
pretensiones de la demanda por considerar2,“(…) que contrario a las
manifestaciones que se hacen en la demanda, i) el actor fue oído y vencido en la
actuación disciplinaria que se desarrolló por la autoridad competente y conforme al
procedimiento que resultaba aplicable al caso investigado; ii) que los actos
acusados tienen motivación explícita, razonable y suficiente; iii) que el hecho
imputado ocurrió, está previsto como falta gravísima y al mismo le corresponden las
sanciones de destitución e inhabilidad general(Ley 1015, arts. 38-1 y 39-1), no
existiendo así duda, atenuantes ni desproporción de la pena, ni causal alguna de
nulidad3. En consecuencia, se negarán las pretensiones de la demanda. (…).”4.

1.2.3. Inconforme con la decisión de primera instancia, el señor Avellaneda
Camargo por medio de apoderado, interpuso recurso de apelación, en el que
expuso una indebida aplicación normativa, ya que para el caso se regía por la Ley
1015 de 2006, adujo que no debía demostrar su inocencia o una causal de eximente
de responsabilidad y que en contraste estaba acreditada su condición médica y su
incidencia directa respecto de la no comparecencia al servicio.

1.2.3.1. El recurso fue desatado por el Tribunal Administrativo del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que, por medio de
sentencia del 15 de diciembre de 20225 confirmó la decisión de primera instancia
con base en varios argumentos de los que, la Sala resalta6:

“(…) Tal como se indicó en precedencia, la génesis de la investigación disciplinaria
fue el no haberse presentado al servicio activo luego de culminado su periodo de
vacaciones el 30 de octubre de 2017, sino hasta el 02 de enero de 2018. Contrario
a lo dicho en el recurso de alzada, para el Tribunal es evidente que en el proceso
disciplinario no se imputó al investigado un cargo de la Ley 734 de 2002. De la simple
lectura se observa que el cargo endilgado al señor Yeison Andrés Avellana Camargo
por su conducta fue el contenido en el numeral 23 del artículo 34 de la Ley 1015 de
2016, (…)

(…) en la decisión sancionatoria se mencionó con claridad la irregularidad de orden
legal en la que incurrió el uniformado. No se desconoció el principio de inocencia
que hace parte del derecho al debido proceso, dado que, la valoración de las
pruebas documentales y testimoniales recaudadas en la actuación administrativa se
hizo de forma integral y de conformidad con las reglas de la sana crítica. Del mismo
modo, para la Sala no existía una duda razonable, porque los hechos que soportaron
la investigación disciplinaria fueron debidamente probados por la accionada, luego
entonces, se considera que la sanción impuesta al demandante fue proporcionada
y estuvo en los límites que contempla la ley disciplinaria.

(…)
Bajo ese orden de ideas, para la Sala en el proceso disciplinario ni judicial se
demostró con elementos probatorios suficientes o necesarios un eximente de

1
Páginas 18 a 74 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela y sus anexos, ubicado en
el índice 2 del expediente digital en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado
B4F3A9D3689D5F90 07235654AA92014D ADA78B2A5B9979AE BEBAEBD0A5292F29.
2
Páginas 72 a 73 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela y sus anexos, ubicado en
el índice 2 del expediente digital en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado
B4F3A9D3689D5F90 07235654AA92014D ADA78B2A5B9979AE BEBAEBD0A5292F29.
3
Cita original: “Como en caso similar lo indicó Tribunal Administrativo de Casanare, sentencia de 28
de febrero de 2019, expediente radicación No.850012333002-2017-00021-00.”.
4
Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto
original.
5
Páginas 75 a 102 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela y sus anexos, ubicado en
el índice 2 del expediente digital de tutela, en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado
B4F3A9D3689D5F90 07235654AA92014D ADA78B2A5B9979AE BEBAEBD0A5292F29.
6
Página 100 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela y sus anexos, ubicado en el
índice 2 del expediente digital de tutela, en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado
B4F3A9D3689D5F90 07235654AA92014D ADA78B2A5B9979AE BEBAEBD0A5292F29.
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Accionante: Yeison Andrés Avellaneda Camargo

responsabilidad para la conducta ilícita cometida por el entonces PT Yeison Andrés
Avellana tipificada en el numeral 23 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2016, que
permita desvirtuar la legalidad de los fallos disciplinarios en los cuales se les
sancionó con destitución e inhabilidad por 10 años.

(…).”7.

1.2.4. Luego, el señor Avellaneda Camargo por medio de su apoderado, radicó
solicitud de nulidad por supuesta falta de competencia funcional en términos del
numeral 1 del artículo 133 del CGP8, por considerar que en el caso concreto la
autoridad de primera instancia debió realizar el control de legalidad por factor
funcional de competencia dispuesto en el numeral 23 del artículo 152 del CPACA
por lo que, el asunto debió ser conocido en principio por el Tribunal Administrativo
del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

1.2.4.1. La solicitud fue resuelta por el Juzgado Único Administrativo del
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que,
mediante auto del 30 de octubre de 20239, rechazó de plano la nulidad propuesta.
Como fundamento de su decisión, expuso que:

La oportunidad para solicitar la nulidad por falta de competencia debió hacerse
antes de dictar sentencia y no luego de haber quedado ejecutoriadas las
providencias que resolvieron de fondo el asunto, incluso en el término procesal para
interponer el recurso de alzada.

El demandante plantea la causal de nulidad prevista en el numeral 1 del artículo 133
del CPACA que, en estricto sentido no guarda relación con lo ocurrido dado que el
despacho no adujo una falta de competencia ya que de haber ocurrido, se tendría
por subsanada en tanto que no fue impugnada oportunamente y la parte actora
actúo sin proponerla.

1.3. Pretensiones y argumentos de tutela

1.3.1. El señor Yeison Andrés Avellaneda Camargo en su escrito de tutela pidió10
declarar la nulidad del proceso con radicado número 88001-33-33-001-2020-00045-
00/01 a partir del auto admisorio de la demanda dictado por el Juzgado Único
Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina y de todo lo actuado en el Tribunal Contencioso Administrativo del
Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

1.3.2. El accionante adujo que su solicitud tiene relevancia constitucional en la
medida en que, el control jurisdiccional en materia contenciosa administrativa está
previsto en el numeral 23 del artículo 152 del CPACA, en tanto, la competencia para
conocer las destituciones de funcionarios públicos realizadas por los organismos de
control disciplinario, deben ser conocidas en la jurisdicción administrativa por un
Tribunal Contencioso Administrativo en primera instancia.

Explicó que, la omisión de las entidades cuestionada para la aplicación de la referida
normativa está vinculada con la garantía de los derechos fundamentales al debido

7
Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto
original.
8
“ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en
los siguientes casos:
1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.
(…)”.
9
Páginas 103 a 111 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela y sus anexos, ubicado
en el índice 2 del expediente digital de tutela, en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado
B4F3A9D3689D5F90 07235654AA92014D ADA78B2A5B9979AE BEBAEBD0A5292F29.
10
Página 2 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela y sus anexos, ubicado en el
índice 2 del expediente digital de tutela, en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado
B4F3A9D3689D5F90 07235654AA92014D ADA78B2A5B9979AE BEBAEBD0A5292F29.
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Accionante: Yeison Andrés Avellaneda Camargo

proceso y de acceso a la administración de justicia por lo que, al no obtener una
solución en sede judicial, tal circunstancia origina un perjuicio irremediable que solo
puede ser planteado por medio de la presente acción constitucional.

Reiteró que, las autoridades cuestionas omitieron el control jurisdiccional que debió
hacerse y en consecuencia rechazaron de plano la solicitud de nulidad incoada, por
lo que tuvo que recurrir al trámite de tutela ya que el asunto está viciado por la falta
de aplicación del numeral 23 del artículo 152 del CPACA.

De otra parte, expuso varios argumentos y providencias relacionados con los
derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. También
citó apartes de varias sentencias dictadas por el Consejo de Estado que, a su juicio,
sustentan la competencia de los Tribunales administrativos en primera instancia11.

1.4. Trámite de tutela e intervenciones

1.4.1. El Despacho del magistrado ponente, con auto del 18 de marzo de 202412,
admitió la acción, vinculó como terceros con interés a la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Policía Nacional y a quienes hubieran participado en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicado 88-001-
33-33-001-2020-00045-00/01.

En el mismo proveído solicitó el expediente del proceso ordinario objeto de estudio,
identificado con radicado número 88-001-33-33-001-2020-00045-00/01, decretó
como pruebas los documentos aportados con el escrito de tutela, ordenó la
notificación a las partes y terceros con interés y, suspendió los términos de la acción
hasta tanto se cumpliera lo ordenado.

1.4.2. Enviadas las notificaciones de rigor, recibió respuesta del Juzgado Único
Administrativo del Circuito de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 13 que
además allegó copia digital del expediente del proceso ordinario 14, del Tribunal
Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina15 que también remitió copia digital del expediente del proceso objeto de
estudio16 y de la Policía Nacional17.
11
Al respecto enunció las siguientes: i) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 8 de agosto de 2013, expediente 11001-03-25-000-2012-00786-00 (2557-12); ii)
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 8 de agosto de 2013, expediente
11001-03-25-000-2012-00557-00 (2125-12); iii) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 30 de abril de 2014, expediente 11001-03-25-000-2014-00150-00 (0374-14); y iv)
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 30 de abril de 2014, expediente
11001-03-25-000-2013-01598-00 (4087-13).
12
Archivo electrónico ubicado en el índice 4 del expediente digital de tutela del aplicativo SAMAI,
identificado con certificado: 2502D0BD6C69E035 5A1542C14591C5E4 15EAA86EE922EA11
95FAC2D4621C35CD.
13
Archivos electrónicos ubicados en el índice 11 del expediente digital de tutela del aplicativo SAMAI,
identificados con certificados: 62AE8FDD7847502F 0E0FDD8635D5A01D 42F8BCD2455E5F30
94073BEFC4B25460 y BEB5631A76DBEF3E 95615629D3402E11 44CE665DA4B70900
F7C10DDC0FADCF74.
14
Archivos electrónicos ubicados en los índices 8 y 11 del expediente digital de tutela del aplicativo
SAMAI, identificados con certificados: 94713B6ACA0B1A54 7DC99210B052B384
DD64E4FD0754E727 38005CC4F7F39AC0 y 1F8391B293F03041 6F64E34700FDEA19
82601A74392FB0BD 1175BEEC15C94CA6.
15
Archivos electrónicos ubicados en el índice 9 del expediente digital de tutela del aplicativo SAMAI,
identificados con certificados: A9A115CC853E3776 BF833C18A8809561 352C974359E23F65
82C2A5B3FA88B795 y A9E5BCBBAC927A53 CE1D83442187E10F 90C613BE2D3A3A26
56E1FF7BE332310E.
16
Archivos electrónicos ubicados en el índice 9 del expediente digital de tutela del aplicativo SAMAI,
identificados con certificados: 367CE9F265EB3F03 065BFF0D86A17125 023FD0A4E11D9572
BAA2B6D901C5FB63, B738A5A5791E797A CF84A489FFA729EC 840ADBBA9AEFE3AB
6CF4C6F7A5B7B078, FBA2EF5966670E73 F4F781CB3B316786 D45C39E85C0356FD
329E81F5077CE97F y F010D0D7FDB00649 9770BF611311441F A8DEB812C598A5DB
A817878DCF3CDA49.
17
Archivos electrónicos ubicados en el índice 10 del expediente digital de tutela del aplicativo SAMAI,
identificados con certificados: FAA156C71E0BE3CB 44857636C9810D5D 2FE30F81F2C69E11
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1.4.2.1. El Juzgado Único Administrativo del Circuito de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina a través del titular del Despacho, solicitó declarar
improcedente la acción de la referencia y manifestó que las actuaciones fueron
promovidas de acuerdo con trámite propio del proceso por lo que, de haber ocurrido
una situación inhabilitante, esta se tendría por subsanada en tanto no fue planteada
oportunamente, ya que, en contraste, la parte actora actuó sin proponerla.

Luego expuso, las actuaciones surtidas en el proceso y finalmente adujo que la
sentencia de segunda instancia fue dictada el 15 de diciembre de 2022 por el
Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina por lo que, respecto de la radiación de la acción constitucional de
la referencia, había trascurrido más de un año de haberse conocido y en ese orden,
la solicitud no cumplía el requisito de inmediatez.

1.4.2.2. El Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina a través del magistrado que dictó la
providencia de segunda instancia en el proceso ordinario objeto de estudio de tutela
adujo que la parte accionante instauró la acción constitucional 15 meses después
de haberse notificado la decisión de segunda instancia, lo que, supera el tiempo
razonable para su presentación, sin que hubiere expuesto un motivo razonable para
su inactividad. Por lo tanto, solicitó declarar improcedente la solicitud por falta del
requisito de inmediatez.

1.4.2.3. La Policía Nacional a través del Asesor del Sector Defensa del Área
Jurídica de la institución, solicitó negar el amparo solicitado en la medida en que, a
su juicio, el accionante no expuso la configuración de un perjuicio irremediable
derivado de la decisión dictada en segunda instancia del proceso ordinario, por lo
que, en ese sentido no estaba acreditada la vulneración de sus garantías
fundamentales.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.

2.2. Procedibilidad de la acción

Como lo ha establecido la jurisprudencia constitucional y particularmente la
sistematización realizada en la sentencia C-590 de 2005, en los casos en que la
solicitud de amparo se dirige contra una providencia judicial, es pertinente realizar,
primero, un examen de procedibilidad general18 para, luego, en caso de resultar
superado dicho estudio, pasar a hacer el pronunciamiento de fondo en el que se
resuelva el problema jurídico, en los términos de los defectos aducidos por la

40E8BC12600275A8 y 8476391FDBEEE52D D4638C85F98CAEEA 15C7846C5E03F1DC
E2ECE5D7256FF9F4.
18
Antes que todo es necesario (i) verificar la legitimación en la causa como una exigencia preliminar
en cualquier acción de amparo, para, posteriormente, pasar a constatar los demás requisitos
generales de procedibilidad, en los siguientes términos: (ii) que en la solicitud de tutela se expresen
de manera clara los hechos y los fundamentos de la afectación de derechos que se imputa a la
decisión judicial; (iii) que la cuestión que se discute tenga relevancia constitucional; (iv) que previo a
la solicitud de tutela se hayan agotado todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la
persona afectada; (v) que se cumpla con el principio de inmediatez; (vi) que en caso de que se alegue
una irregularidad procesal, la misma tenga la entidad de afectar la decisión; y de manera general,
(vii) no procede elevar una solicitud de amparo contra decisiones proferidas dentro de procesos de
tutela.
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accionante conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial19.

2.3. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque
el accionante es el titular de los derechos que afirma son vulnerados, en su
condición de parte demandante dentro del proceso ordinario en el que fue proferida
la providencia objeto de tutela.

En ese contexto, también está probada la legitimación en la causa por pasiva
porque el Juzgado Único Administrativo del Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina y el Tribunal Contencioso Administrativo del
Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
intervinieron en los hechos que el accionante aduce como vulneradores de sus
garantías fundamentales.

2.4. Los requisitos establecidos en el Decreto 2591 de 199120, permiten que la
acción de tutela como mecanismo de protección constitucional sea presentada con
un margen de informalidad, tanto en el escrito como en su despliegue
argumentativo, sin embargo, las acciones constitucionales contra providencias
judiciales exigen una carga argumentativa más sólida, pues, de prosperar el amparo
se afectaría el principio de cosa juzgada de la sentencia o el auto cuya revisión se
pretende en sede de tutela.

Así, la carga argumentativa implica un ejercicio de concreción que, primeramente,
se cumple a partir del requisito de que la parte actora presente con suficiencia y
claridad el cuestionamiento que endilga a la providencia que considera vulneradora
de sus derechos fundamentales. Luego, este debe tener la suficiente relevancia
constitucional para trascender de la discusión litigiosa propia del proceso ordinario,
a un asunto que, por referirse a una posible amenaza o vulneración de un derecho
fundamental, haga procedente la intervención del juez de tutela. Intervención que
debe ser subsidiaria21 y excepcional, pues, en todo caso, las providencias son
proferidas en un proceso judicial que cuenta con los mecanismos de defensa de los
derechos fundamentales, y que, una vez en firme, goza de presunción de
constitucionalidad y de legalidad.
19
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se
concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si
en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente
para el amparo constitucional. A saber:
a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto
procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento
establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba
obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina en
el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía
de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error
inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a
tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces
desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º
de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
20
Artículo 14 íbidem: i) exponer con claridad los hechos y derechos que motiva la acción; ii)
identificación del accionante y autoridad demandada; iii) declaración juramentada de no haber
impuesto otra acción por los mismos hechos y derechos.
21
El artículo 86 de la Constitución establece:
“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
[…]
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo
que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
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En ese orden, el cargo que se formule contra una decisión judicial tendrá relevancia
constitucional si presenta un problema constitucional y no se limita a revivir una
controversia estricta y exclusivamente legal22. De ese modo, en sede de tutela se
ponderará entre la finalidad de la acción de tutela como garantía iusfundamental y
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que gobiernan las decisiones
judiciales23. Así las cosas, el juez de tutela debe resolver asuntos de dimensión
constitucional, con respeto de las competencias legales y del principio de autonomía
de los jueces24.

En suma, el requisito de relevancia constitucional persigue tres fines: (i) preservar
la competencia y la independencia de los falladores ordinarios y, así, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad25; (ii) restringir el
ejercicio del amparo a cuestiones que afecten los derechos fundamentales de las
personas, e (iii) impedir que la tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales26.

Definir lo que es o no relevante en el plano constitucional depende de verificar que,
a primera vista, el cuestionamiento esté dirigido contra una posible afectación o
vulneración de las garantías relacionadas con el núcleo de los derechos
fundamentales. En especial, debe hacerse énfasis en el derecho al debido proceso
constitucional27. Para ello, la jurisprudencia constitucional28 ha definido cuáles son
los requisitos específicos de procedencia que pueden ser invocados como únicas
causales que habilitan el control constitucional concreto.

El requisito de relevancia constitucional, por tanto, exige que el cuestionamiento en
la solicitud de amparo esté dirigido a exponer una valoración en sentido negativo de
la actuación jurisdiccional en clave de los defectos, como han sido definidos por la
jurisprudencia. Así, son improcedentes los argumentos destinados a proponer
fórmulas que habrían podido ser tenidas en cuenta en el proceso ordinario, o reiterar
las ya expuestas en este. En efecto, como lo ha establecido la Corte Constitucional,
“la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del
procedimiento judicial que se cuestiona29, pues ello desconocería la competencia y
finalidad de administración de justicia por parte de los jueces naturales, así como
su autonomía funcional”30.

22
“[L]os fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a
estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces de un mecanismo que permita al juez
constitucional ordenar la anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en
su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se trata es de
un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales de
quien […] se encuentra en condición de indefensión y que permite la aplicación uniforme y coherente
– es decir segura y en condiciones de igualdad – de los derechos fundamentales a los distintos
ámbitos del derecho”. Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005.
23
“No se trata de convertir la tutela en un mecanismo ritualista, sino de exigir una actuación razonable
para conciliar la protección eficaz de los derechos fundamentales, con los principios y valores en
juego, al controvertir una providencia judicial”. Corte Constitucional. Sentencia T-066 de 2019.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.
Sentencias del 21 de febrero de 2020, expediente n.° 2019-5066-00; 4 de mayo de 2020, expediente
n.° 2020-836-00.
25
Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de
2009, T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012,
T-1061 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014, citadas en la sentencia T-422 de
2018.
26
“[T]eniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera
instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental” Corte
Constitucional. Sentencia T-422 de 2018.
27
Corte Constitucional, sentencia T-102 de 16 de febrero de 2006. En igual sentido: T-075-18, T-
451-18, T-422-18 y T-248-18.
28
Cfr. sentencia C-590 de 2005.
29
Cita original: “Ver sentencia T-336/04”.
30
Sentencia de la Corte Constitucional T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
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Por otro lado, respecto del requisito de subsidiariedad31, el artículo 86 superior
establece que el mecanismo de amparo “solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”32. Así mismo, el numeral
1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 advierte que “la existencia de dichos
medios [judiciales de defensa] será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”. Ello indica que el
juez constitucional deberá verificar que los mecanismos jurisdiccionales con los que
cuente una persona sean idóneos para la defensa de sus intereses33. De lo
contrario, la mera existencia de un conducto judicial no será suficiente34.

No obstante, el carácter residual y subsidiario de la acción de tutela hace procedente
la intervención del juez constitucional si: “(i) el recurso judicial no resulta idóneo o
eficaz o, (ii) si bien existe un mecanismo judicial ordinario o extraordinario de dichas
características, el demandante quiere evitar la consumación de un perjuicio
irremediable”35.

La Sala revisará a continuación los argumentos expuestos en el escrito de tutela, a
partir de los parámetros constitucionales fijados y de conformidad con el requisito
de relevancia constitucional. Solo en caso de encontrarlos satisfechos, continuará
con el estudio de las demás exigencias de procedibilidad, y si hay lugar a ello, a
emitir un pronunciamiento de fondo en lo que corresponda.

2.4.1. En el presente asunto la parte accionante consideró que las autoridades
cuestionadas vulneraron sus derechos fundamentales al rechazar la solicitud de
nulidad que radicó ya que, a su juicio, con sustento en lo dispuesto en el numeral
23 del artículo 152 del CPACA, el asunto debió ser conocido en principio por el
Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina y no por el Juzgado Único Administrativo del Departamento
Archipiélago de San Andrés, por lo que, en ese sentido no era viable lo resuelto en
el auto del 30 de octubre de 2023 en el que, esta última autoridad judicial negó la
solicitud de nulidad de todo lo actuado.

En relación con los cargos relacionados por el accionante, la Sala considera en
principio que, los argumentos aquí expuestos, son aquellos igualmente enunciados
en la solicitud de nulidad que radicó en el proceso ordinario, ya que, ha sido
consistente en afirmar que la autoridad de primera instancia desconoció lo previsto
en el el numeral 23 del artículo 152 del CPACA y en ese sentido quien debió
conocer el asunto era el Tribunal, por lo que, tal circunstancia vulneró sus garantías
fundamentales.
Así, la solicitud se torna de base improcedente, no solo porque, el defecto sustantivo
en el que aduce incurrió la autoridad cuestionada y que sustenta con fundamento
en una indebida aplicación de la disposición legal ya referida, no guarda relación

31
Corte Constitucional, sentencias T-013 de 1992 y T-134 de 1994.
32
Constitución Política de 1991, artículo 86.
33
Corte Constitucional. Sentencias T-414 de 1992, T-436 de 2009 y SU-712 de 2013.
34
Esto mismo fue considerado por esta Sala en el siguiente fallo: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 16 de marzo de 2020,
Expediente con número de radicado 2019-4563-01.
35
Ibid.
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con lo establecido por la Corte Constitucional respecto de su configuración36-37, sino
porque, además, contrario a lo referido por el accionante, de la lectura de la
providencia censurada la Sala pudo verificar que la autoridad cuestionada explicó
con claridad el rechazo de su solicitud con base en la normativa aplicable para las
causales de nulidad y respecto de las actuaciones propias del proceso.

Tal consideración está justificada en la medida en que, de una parte el Juzgado en
la providencia objeto de tutela explicó que:

i) Para el estudio de las causales de nulidad en los procesos de la jurisdicción
contencioso administrativa, el artículo 208 de la Ley 1437 de 2011, remite a
las establecidas en el artículo 133 del Código General del Proceso38;

ii) el CGP en sus artículos 134 y 135 dispone la oportunidad, trámite y
requisitos para alegar la nulidad, por lo que, en ese sentido puede ser
enunciada en cualquiera de las instancias antes de que se dicte sentencia o
con posterioridad a ella si el vicio recae en esta y solo por las causales
taxativas que dicta la norma.

iii) en el caso concreto la parte demandante pidió decretar la nulidad de lo
actuado manifestando una falta de competencia funcional del Juzgado, en
tanto la demanda estaba orientada a obtener la nulidad de los fallos
disciplinarios que resolvieron su retiro del servicio activo en la Policía
Nacional;

36
La Corte Constitucional ha indicado que el defecto sustantivo (o material) se presenta, “(i)
Cuando la decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable, ya que … (v) “a
pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no resulta adecuada su aplicación
a la situación fáctica objeto de estudio …” o “(ii). Cuando pese a la autonomía judicial, la
interpretación o aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del
margen de interpretación razonable o el operador judicial hace una aplicación inaceptable de la
norma al interpretarla de forma contraevidente -interpretación contra legem- o claramente perjudicial
para los intereses legítimos de una de las partes o cuando en una decisión judicial se aplica una
norma jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del marco de la juridicidad y de la
hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial”.
37
En las sentencias T-343 de 2011, T-138 de 2011, T-792 de 2010, T-364 de 2009, T-808 de 2007
y T-086 de 2007, la Corte Constitucional se ha referido al defecto sustantivo en el siguiente sentido:
“(i)Cuando la decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable, ya que
(i) no es pertinente, (ii) ha perdido su vigencia por haber sido derogada, (iii) es inexistente, (iv) ha
sido declarada contraria a la Constitución, (v) a pesar de que la norma en cuestión está vigente
y es constitucional, no resulta adecuada su aplicación a la situación fáctica objeto de estudio,
así ocurre por ejemplo cuando se le reconocen efectos distintos a los señalados por el legislador.
(ii). Cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso
concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación razonable o el
operador judicial hace una aplicación inaceptable de la norma al interpretarla de forma
contraevidente -interpretación contra legem- o claramente perjudicial para los intereses
legítimos de una de las partes o cuando en una decisión judicial se aplica una norma jurídica
de manera manifiestamente errada, sacando del marco de la juridicidad y de la hermenéutica
jurídica aceptable tal decisión judicial.
(iii). Cuando no toma en cuenta sentencias que han definido su alcance con efectos erga omnes.
(iv) Cuando la disposición aplicada se muestra injustificadamente regresiva o contraria a la
Constitución.
(v) Cuando un poder concedido al juez por el ordenamiento se utiliza para un fin no previsto en la
disposición.
(vi) Cuando la decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma, omitiendo el
análisis de otras disposiciones aplicables al caso.
(vii) Cuando el operador judicial con una insuficiente sustentación o justificación de la actuación
afecta derechos fundamentales.
(viii) Cuando se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación
que hubiere permitido una decisión diferente de acogerse la jurisprudencia.” (Resaltado fuera del
texto original).
38
“ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente
en los siguientes casos:
1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.
(…)”.
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iv) la solicitud no cumple a cabalidad con los requisitos del artículo 133 en
concordancia con el 134 del CGP, ya que el trámite de nulidad fue iniciado
con posterioridad a la sentencia de primera y segunda instancia y no fue
advertida incluso, cuando se admitió la demanda y se surtió el trámite
procesal respectivo;

v) la oportunidad para solicitar la nulidad por falta de competencia debió ser
radicada antes de dictarse sentencia y no después de haber quedado
ejecutoriadas la providencias que resolvieron de fondo el asunto, lo que
además, también pudo ser propuesto por el demandante en el recurso de
alzada, sin embargo, guardó silencio;

vi) la causal de nulidad propuesta por el apoderado de la parte demandante
dispuesta en el numeral 1 del artículo 133 del CPACA, en estricto sentido no
guarda relación con lo ocurrido en el proceso, dado que el despacho no
declaró en ninguna oportunidad la falta de jurisdicción y/o competencia;

vii) de haber ocurrido una situación inhabilitante, al momento de ser
propuesto el incidente, se tendría por subsanada ya que no fue solicitado
oportunamente y en contraste la parte actora actuó sin proponerla.

De otra parte, respecto del trámite que regula las garantías al debido proceso y
acceso a la administración de justicia, una vez revisadas las pruebas allegadas al
expediente de tutela, está acreditado que para el asunto en estudio39:

i) el señor Yeison Andrés Avellaneda Camargo por medio de apoderado, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó el 2 de julio de 2020 demanda en contra de la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Policía Nacional orientada a obtener la nulidad de los
fallos dictados en primera y segunda instancia del proceso disciplinario y las
resoluciones que ordenaron y ejecutaron la sanción de inhabilidad por 10
años;

ii) mediante auto del 21 de agosto de 2020 el Juzgado Único Administrativo
del Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina admitió la demanda y ordenó el trámite previsto en el Título V,
Capitulo IV de la Ley 1437 de 2011;

iii) mediante auto del 18 de febrero de 2021 fue admitida la reforma de la
demanda;

iv) la audiencia inicial se llevó a cabo el 8 de junio de 2021 con participación
del apoderado de la parte demandante, en la que se surtió el saneamiento
del proceso y control de legalidad de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 207 del CPACA y 132 del CGP, sin que las partes se pronunciaran al
respecto;

v) la audiencia de pruebas tuvo lugar el 21 de julio de 2021 y se dio trámite
para alegatos de conclusión, así como el saneamiento del proceso y control
de legalidad previsto en el artículo 207 del CPACA y 132 del CGP, sin que
las partes manifestaran alguna inconformidad al respecto;

vi) mediante sentencia número 0043-22 del 7 de junio de 2022 fueron
negadas las pretensiones de la demanda, luego la parte demandante
39
Archivos electrónicos que contienen el expediente del proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado número 88-001-33-33-001-2020-0045-00/01, ubicados en
los índices 9 y 11 del expediente digital en el aplicativo SAMAI, identificados con radicados:
367CE9F265EB3F03 065BFF0D86A17125 023FD0A4E11D9572 BAA2B6D901C5FB63,
B738A5A5791E797A CF84A489FFA729EC 840ADBBA9AEFE3AB 6CF4C6F7A5B7B078 y
1F8391B293F03041 6F64E34700FDEA19 82601A74392FB0BD 1175BEEC15C94CA6.
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interpuso recurso de apelación que fue concedido por auto del 23 de
septiembre de 2022,

vii) mediante sentencia número 182 del 15 de diciembre de 2002, el Tribunal
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, confirmó la
Sentencia dictada en primera instancia;

viii) por medio de auto del 8 de febrero de 2023, fue ordenado obedecer y
cumplir lo resuelto por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina en sentencia del 15 de diciembre de 2022;

Luego, como lo adujo el aquí accionante en su escrito de tutela 40, el 23 de agosto
de 2023 presentó incidente de nulidad que fue rechazado de plano por auto del 30
de octubre de 2023.

Por lo hasta aquí expuesto, es viable establecer que, el acceso y trámite de las
instancias, recursos y mecanismos que el accionante tuvo a su disposición dentro
del proceso y las actuaciones objeto de estudio, se cumplieron en garantía de sus
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
y en ese orden los argumentos consignados en las providencias cuestionadas, no
se advierten irrazonables, arbitrarios o producto del capricho, sino que responden
al contenido normativo y en especial a la facultad que tiene la parte interesada para
acudir en las oportunidades procesales pertinentes para exponer sus
inconformidades, por lo que, no puede este juez constitucional revisar nuevamente
la actuación como si este mecanismo residual y subsidiario constituyera una
instancia adicional o una opción para suplir la falta de diligencia que le compete a
las partes al interponer los mecanismos y/o recursos que tienen a su alcance.

En esta misma línea, la Sala considera pertinente resaltar, que de conformidad con
lo hasta aquí expuesto y con base en las pruebas allegadas a esta sede
constitucional, el aquí accionante tampoco interpuso algún recurso en sede judicial
en el que manifestara sus inconformidades con la decisión dictada el 30 de octubre
de 2023, por lo que, no es de recibo que la acción constitucional sea la vía que
estime idónea para suplir su falta de diligencia en las oportunidades procesales que
tenía a su disposición en el trámite del proceso ordinario.

Así, es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida como un mecanismo
de carácter excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho
constitucional fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza
residual y subsidiaria, por lo que, su procedencia está limitada a determinar la
vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte accionante
respecto de una posible agresión proveniente de una autoridad judicial a partir de
una decisión proferida por esta, sin que ello implique, como lo pretende la aquí
accionante, un nuevo estudio del caso como si fuera una instancia adicional a las
ya surtidas. El juicio que realiza el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada41, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho, que se resolvieron en el curso del
proceso ordinario42.

40
Hecho Quinto. Página 2 del del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela y sus anexos,
ubicado en el índice 2 del expediente digital de tutela, en el aplicativo SAMAI, identificado con
certificado B4F3A9D3689D5F90 07235654AA92014D ADA78B2A5B9979AE
BEBAEBD0A5292F29.
41 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2009.
42 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2018.

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De otra parte, el accionante no expuso con claridad la posible configuración de un
perjuicio irremediable43 a fin de habilitar la intervención del juez constitucional con
el objeto de garantizar sus derechos fundamentales44, en tanto solo manifestó que
tal presupuesto estaba configurado porque la decisión objeto de tutela vulneró sus
garantías fundamentales, argumento que, en todo caso, no es suficiente para
entender la inminente configuración de un perjuicio irremediable.

2.5. En suma, la solicitud incoada por el accionante no cumple los requisitos de
relevancia constitucional y subsidiariedad. En consecuencia, esta Subsección
declarará la improcedencia de las pretensiones del escrito tutela, con base en las
razones consignadas en este proveído.

III.DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por
Yeison Andrés Avellaneda Camargo por los motivos expuestos en las
consideraciones de esta providencia

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR la presente providencia, si no fuere impugnada, a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de Sala Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
Firmado electrónicamente
DSR

43
Corte Constitucional, sentencia SU-179 del 9 de junio de 2021. “La Corte ha definido el perjuicio
irremediable como un riesgo de carácter inminente que se produce de manera cierta y evidente sobre
un derecho fundamental.”.
44
Corte Constitucional, sentencia SU-179 del 9 de junio de 2021. De los criterios para establecer su
configuración: “En primer lugar, inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado
de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la
causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento
sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño,
entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia
del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las
medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad
y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable”.
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